Gracias. Se abre la sesión y vamos a dar lectura a la cuenta, saludando también a los invitados que tenemos en la comisión. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos: en primer lugar, la excusa del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Álvaro García, de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos en su agenda que debe atender. También hay una carta de la señora Catalina Birkner, jefa de gabinete del Fiscal Nacional del Ministerio Público, respondiendo a un oficio enviado por esta comisión. Luego, hay un oficio del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero en relación a la glosa presupuestaria que indica de la Subsecretaría de Agricultura del segundo semestre.
Finalmente, hay solicitudes de audiencia. En primer lugar, respecto del proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea del señor Sebastián Errázuriz, director ejecutivo de Red Preventiva. Asimismo, respecto del proyecto de ley en tabla, que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor, de las siguientes instituciones: primero, Coopera, que es Cooperativa de Ahorro y Crédito Sociales, de su presidente, el señor Álex Figueroa; también de CNC, Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, de parte de su presidente, el señor José Pacomio; y finalmente, de la presidenta del sindicato de telecomunicaciones SINCOTEL, la señora Carmen del Pilar Miranda. Todas estas solicitudes, presidente, si le parece, se sumarían a las que tenemos pendientes en el mismo sentido.
Ya, perfecto. Bueno, vamos a partir saludando a los invitados que tenemos.
Saludo a los invitados en forma presencial a la Asociación de Bancos, ABIF, al presidente, señor José Manuel Mena; al gerente general, señor Luis Opazo; y al fiscal, señor Juan Esteban Laval. También saludamos a la Asociación del Retail Financiero, donde se encuentra el presidente, señor Claudio Ortiz, y el secretario general, señor Alejandro Arregada. Asimismo, tenemos por vía Zoom a la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, representada por su director y presidente de la mesa legal, señor Claudio Magliona.
Además, contamos con la presencia de la señora Romina Garrido, presidenta de la Comisión Asesora Ministerial que está viendo la implementación de la Ley sobre Protección de Datos. Sin embargo, le proponemos a la señora Garrido que su presentación se posponga para la próxima sesión, dado que entendemos que tiene que asistir al Congreso del Futuro. Esto se debe a que tenemos cuatro invitados y la sesión ha comenzado un poco tarde, por lo que estamos limitados por el tiempo y queremos escuchar a todos en su mérito. Así que, Romina, le comentamos que la pondríamos en primer lugar en la próxima sesión de la Comisión.
Aprovecho para dar la palabra al senador Edwards. Gracias, presidente. Quiero saludar a todos los invitados y a los colegas, y desearles un muy feliz año a quienes no he visto. Mi consulta, presidente, es sobre el proyecto de apuestas en línea. Me gustaría saber qué está sucediendo con ese proyecto, ya que, como usted sabe, están funcionando numerosas apuestas en línea de manera completamente ilegal. Esto es, a mi juicio, difícil de explicar y justificar, especialmente después de un segundo pronunciamiento de la Corte Suprema.
Además, hay un proyecto de ley que no está siendo revisado por un grupo de trabajo del gobierno con los asesores parlamentarios, y no se está viendo en la comisión. Entiendo que puede ser su decisión, pero siento que se requiere una explicación de por qué no estamos avanzando en este tema y por qué el gobierno no está apurando esta ley. Con la crisis que tenemos en las apuestas, no puedo entender que no estemos avanzando en este proyecto de ley, presidente.
Muy bien, senador Edwards, me parece razonable su inquietud. Lo que ocurre es que tuve que privilegiar proyectos de ley en base a los tiempos disponibles, y este era un proyecto que había sido solicitado por la Cámara de Diputados en reiteradas ocasiones en esta comisión. Por ello, comenzamos a ver este proyecto de ley, que es relativamente simple. Según la información que tengo, hay una gran cantidad de indicaciones en el proyecto de apuestas, cerca de 500, señor secretario. Esto implica una calendarización de la comisión en la que primero debemos tener audiencias y luego el tiempo requerido para tramitar todas las indicaciones.
En cuanto a lo que nos queda de enero, son solo dos semanas de sesiones. Podemos agregar una más los días lunes, lo que nos daría un total de cuatro sesiones, lo que podría permitirnos avanzar en este proyecto. Sin embargo, en ese plazo solo alcanzaría para realizar audiencias en el caso de las apuestas. Voy a conversar con el Ministro de Hacienda para ver la situación, ya que comparto plenamente su preocupación. No puedo comprometerme a que este tema se resuelva antes del término del periodo legislativo, porque en el ámbito de las apuestas en línea no se puede realizar un debate y una aprobación express; es un tema sensible.
Comparto plenamente su inquietud, pero esa es la situación que enfrento ahora. Por lo tanto, tomo en cuenta lo que usted plantea y me comprometo a conversar con el ministro, pero le expongo hasta dónde estamos. Supongo que la Comisión de Hacienda lo aprobó. Perfecto, entonces no lo veo. Muy bien.
Señoras y señores,
Hasta donde yo sé, hay una mesa técnica respecto al proyecto que está realizando análisis junto a los asesores. Lo que me han encargado desde esa mesa técnica es que el gobierno presente su parecer respecto de los avances que se tienen en esa discusión, para seguir avanzando con el proyecto, que está en movimiento. Sin embargo, no hemos traído este tema a la comisión, aunque hay un equipo de asesores trabajando en ello.
Entiendo que hemos recibido a mucha gente por el tema de las apuestas en línea. Corríjanme si me equivoco, quizás el abogado secretario pueda confirmarlo, pero hemos tenido una considerable cantidad de opiniones. Por lo tanto, podríamos acordar traer más personas, aunque creo que las opiniones ya se han escuchado. El problema es que, aunque la mesa está funcionando, no lo está haciendo dentro de la comisión, lo que puede ralentizar el proceso.
Quizás, y esto es solo una opinión, en una próxima reunión podríamos abordar ambos proyectos, al menos para dejar iniciado el debate y que la mesa técnica vea que se está avanzando. Creo que es urgente lo que está ocurriendo con las apuestas en línea, especialmente considerando los problemas de ludopatía que enfrentan nuestros jóvenes. Siento que estamos dejando pasar una urgencia con un proyecto que se está trabajando, y solo levanto esta preocupación para ver cómo podemos avanzar más rápidamente.
Aprovecho también para excusar a Romina Garrido, quien está pidiendo la palabra para despedirse. Romina, si deseas hacerlo, adelante.
Sí, señor presidente, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a los senadores presentes y a los demás invitados de la comisión. Me conectaré para la próxima sesión y espero la citación. Muchas gracias.
Volviendo al punto anterior, comparto plenamente la preocupación por las apuestas en línea. Quiero señalar que, aunque no estuve en la comisión, asumo que ustedes sí participaron en las audiencias, por lo que no considero necesario repetirlas, ya que no sería responsable. Sin embargo, quiero enfatizar que votar este proyecto de ley sobre apuestas requiere hacerlo con el tiempo y el rigor necesarios. No podemos decidir votar en dos o tres sesiones solo porque mi presidencia termina el 11 de marzo. Existen temas éticos, principios, impactos económicos significativos y un fenómeno de salud pública como la ludopatía que no podemos tomar a la ligera.
No descarto la posibilidad de abrir un periodo de nuevas audiencias, distintas a las anteriores, aunque sea de forma muy limitada. Esto es importante para evitar la sensación de que, frente a un tema de alto impacto, no se escuchó a quienes no estuvieron en las audiencias pasadas.
Además, me han planteado preocupaciones del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Turismo respecto al proyecto de ley que establece normas para el turismo aventura, especialmente tras los trágicos sucesos en Torres del Paine que resultaron en el fallecimiento de turistas extranjeros. El diputado Guzmán, autor del proyecto, me ha contactado y no tengo inconveniente en revisarlo, me parece razonable.
Por lo tanto, propongo que nos centremos en tratar de avanzar con ambos proyectos en el periodo que nos queda y, en paralelo, sesionar los lunes a una hora que sea conveniente para todos. En esas sesiones, podríamos iniciar el debate sobre el proyecto de apuestas, acordando lo que exponga la mesa técnica y estableciendo un formato de trabajo. Es fundamental que la presidencia que venga respete este proceso hasta el año 2026, considerando que habrá un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno también querrá opinar. Dada la importancia de estos temas, podemos dar un paso adelante y dejar iniciar la tramitación de ambos proyectos.
Es un tema muy sensible, ya que han ocurrido accidentes y faltan normas de certificación de calidad. Para ello, es necesario realizar sesiones los lunes, ya que partir a las 10 y terminar a las 11:30 es insuficiente para abordar dos proyectos de ley de manera eficiente. No sé si les parece adecuado. El horario en Santiago ha sido de 12:30 a 14:00 horas.
Finalmente, solicito un reemplazo, solo para no dejar este asunto pendiente.
Gracias, señor presidente. En primer término, saludo a la comisión y a sus senadores integrantes, y agradezco los tiempos para esta exposición. Queremos hacer referencia al proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.496. Este proyecto aborda la regulación de llamados telefónicos y mensajería instantánea con objetivos publicitarios.
Es importante mencionar que el proyecto establece que los llamados telefónicos o la mensajería instantánea solo podrán realizarse con el consentimiento expreso del cliente. El proveedor deberá probar que cuenta con dicho consentimiento otorgado válidamente, y se contemplan multas de hasta 1.000 UTM en caso de incumplimiento. Además, se introducen nuevas reglas para la actuación de cobranza extrajudicial, donde el contacto telefónico deberá efectuarse a través de números reconocibles o identificables.
Desde nuestra perspectiva, esta regulación tiene un impacto significativo en la restricción de ofertas y en las limitaciones del crédito. La restricción en los llamados telefónicos y la mensajería instantánea limita el acceso a ofertas de productos o servicios, lo que puede tener consecuencias negativas relevantes para los clientes. En el caso de nuevos proveedores, no será posible contar con el consentimiento de los clientes, lo que restringirá naturalmente la oferta, beneficiando a aquellas empresas que ya tienen una relación establecida con sus clientes, pero limitando la competencia.
Un segundo punto que queremos destacar es que los marcos actuales de protección de datos personales buscan equilibrar el uso y la protección de los datos de los clientes. La Ley N° 19.555 perfeccionó la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, estableciendo un mecanismo denominado opt-out para el envío de comunicaciones promocionales. Adicionalmente, la Ley N° 21.719, que modificó la Ley sobre Protección de Datos Personales y que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, establece la fuente de licitud para estos fines, otorgando al titular de los datos el derecho de oponerse.
En consecuencia, consideramos que lo anterior podría afectar el principio de consistencia regulatoria, ya que un mismo hecho no puede tener un tratamiento contradictorio. Finalmente, la propuesta limita la cobranza, lo que podría tener consecuencias negativas no solo para el sistema financiero, sino también para los clientes.
Aquí puede haber un aumento de morosidad como impacto. De hecho, mencionar que el envío de información al cliente, recordándole su compromiso financiero, está demostrado que logra reducir significativamente la morosidad, según un estudio del año 2023. Los mayores costos para el cliente y las tasas más altas para acceder a nuevos financiamientos son consecuencias claras, ya que mientras más limitemos, más pasos adicionales se deben dar en la cobranza. Esto genera un problema mayor, porque la oferta de créditos formales se encarece. Además, existe una restricción de acceso a servicios, ya que las personas con morosidad deben ser informadas a los servicios como DICOM.
Para el sistema financiero, el impacto es evidente. El aumento de la morosidad tiene claras consecuencias en la lógica del crédito sano. Hay un efecto en la tasa de interés, puesto que mayores costos llevan a una mayor tasa implícita del producto. La palabra clave aquí es que este tipo de medidas lo que hace es aumentar la exclusión financiera. Existen múltiples factores que han contribuido a esta creciente exclusión financiera en el tiempo. Hay un entorno económico con una informalidad laboral que actualmente se sitúa en un 27%. La tasa máxima convencional ha dejado fuera del sistema formal a centenares de miles de personas. Además, normativas como la de prefijo de Subtel han reducido la efectividad de las acciones de cobranza.
La inclusión financiera debiera ser un objetivo común como país. Tenemos la posibilidad de que el 98% de los chilenos cuenten con medios de pago, lo que es característico de muy pocos países en el mundo. Sin embargo, la posibilidad de obtener un crédito sano, proporcionado por entidades formales, no solo bancos, ha sido limitada en el tiempo. Esto beneficia a la informalidad financiera, representada por el conocido sistema de "gota a gota" colombiano, que opera en nuestras ciudades, en las periferias y en las ferias de las comunas.
En cuanto a la regulación de la cobranza, es importante mencionar que ya existe una extensa normativa. Según el artículo 37 de la ley 19.496, hoy día hay límites a los gastos de cobranza extrajudicial. Se establece un formato para los contactos dentro de los primeros quince días siguientes a cada vencimiento impago. Existen procedimientos claros respecto al contacto telefónico o visitas, permitiendo solo un contacto por semana en días y horarios hábiles, de 8 a 20 horas. Las gestiones a través de otros medios, como correo, texto o mensajería, se limitan a dos por semana, y cada gestión debe estar separada de la siguiente por al menos dos días.
En términos operacionales, es fundamental que la cobranza no esté sujeta a la libre disposición de la entidad que desea cobrar. Por lo tanto, establecer una exigencia adicional de usar un número telefónico u otra fuente que sea reconocible e identificable previamente por el usuario resulta impracticable. La pregunta es, ¿cómo se puede identificar un número? Pensamos que esta situación lleva a un exceso que carece de lógica en la operación de cobranza, y nuestra sugerencia es eliminar este punto.
En conclusión, es necesario equilibrar el uso y la protección de los datos personales en la regulación. Las llamadas con fines promocionales tienen un valor tanto para el cliente como para la competencia. Nuestro orden jurídico, que incluye la ley de protección de datos personales y la ley de protección de los derechos del consumidor, ya regula estos aspectos.
Ya regula las acciones con fines publicitarios, generando derechos para los titulares de datos y obligaciones para los responsables de datos personales. Hacemos hincapié en que el principio de consistencia regulatoria exige que un mismo hecho no tenga un tratamiento contradictorio, lo cual, a nuestro juicio, afecta la certeza jurídica. Asimismo, la exigencia de un número telefónico u otra fuente que sea reconocible o identificable afecta necesariamente la eficacia de comunicación del producto de crédito con el deudor. No encontramos un sentido al respecto.
Finalmente, todo lo anterior impacta el riesgo de crédito, encareciendo el costo del mismo. Esto solo puede traducirse en una mayor exclusión del crédito formal, con los costos que todos conocemos, y va en contra de una idea que se ha transformado en un sentimiento importante en las personas que desean acceder a créditos con instituciones formales, con un marco de tratamiento de su relación que sea adecuado y civilizado, y no con la informalidad que, con vergüenza, observamos en nuestras poblaciones.
Agradezco el orden de ceñirse al tiempo, ya que esto facilitará el debate y la interacción, permitiéndonos profundizar en los temas. Comparto plenamente la preocupación que ustedes tienen por la expansión del crédito informal. Hemos trabajado en un proyecto de ley que aborda la usura extorsiva, para enfrentar este fenómeno nuevo que no conocíamos en Chile. Si bien existe el prestamista informal, lo que se ha dado en otras partes del mundo es usura extorsiva, un tema que no está bien tratado en nuestro ordenamiento jurídico y que también nos preocupa, al menos a mí como presidente de la comisión.
Damos la palabra entonces al señor Claudio Ortiz del Ridel Financiero. Gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, saludarlo a usted en particular y al resto de los integrantes de la Comisión de Economía, así como al diputado Vinter, quien se ha integrado como autor de la moción.
Presidente, nosotros tenemos una presentación de diez láminas, que será bastante corta y precisa. Me acompaña nuestro secretario general, Alejandro Arregada, quien realizará nuestra exposición. Antes de eso, quisiera hacer algunos comentarios generales como introducción.
Lo primero, respecto a los dos capítulos que contiene este proyecto de ley, uno de los cuales se refiere al consentimiento previo para los llamados promocionales. Respecto a esta iniciativa, compartimos la inquietud que plantea el legislador para justificarla. Lo que queremos aportar a esta comisión es que el análisis de ese capítulo se realice en relación con la actual ley de protección de datos personales y también con la resolución de la Subtel sobre los números 800. Consideramos que es muy importante el análisis técnico que se haga en relación con esos dos cuerpos regulatorios.
En segundo lugar, respecto a las nuevas regulaciones en materia de cobranza extrajudicial, quisiera sugerir que el debate y el análisis se realicen en relación con la ley de protección de datos personales y de derechos de los consumidores, así como con la ley de cobranza extrajudicial. Queremos hacernos eco de lo planteado por la directora del SERNAC, quien fue bastante enfática al expresar sus inquietudes y preocupaciones respecto a los efectos que pueden tener esas regulaciones en materia de cobranza extrajudicial, efectos que pueden resultar nocivos y complejos.
Las personas, para los consumidores, por lo tanto, creo que es necesario realizar un análisis en relación a este cuerpo legal. Finalmente, nosotros vamos a colaborar con información en la presentación que traemos, no con pronósticos ni futurología respecto a lo que puede suceder, sino con lo que ya está ocurriendo desde agosto, con la entrada en vigencia de los prefijos, específicamente el prefijo 600, que regula la cobranza extrajudicial. Estamos constatando los efectos nocivos que esto está trayendo para las personas y para el mercado en general.
Sin más comentarios, si me permite, presidente, cederé la palabra a nuestro secretario general. Solo tengo una duda: si pudieran identificar quiénes son las empresas que están en la Asociación de Retail Financiero, porque de lo contrario uno queda con... Perfecto. Son todas las filiales financieras vinculadas a las grandes cadenas del retail. Puedo enumerar: está el Banco Falabella, el Banco Ripley, la tarjeta Líder BCI, la tarjeta Cats & Cosud, ITES, Divarsa, Solventa, Asociados a Cruz Verde y SVP, vinculada a la cadena Salcobrand. Esto permite dimensionar mejor la situación, ya que uno podría tener la imagen de una institución emblemática, pero no logra entender el contexto completo.
Tiene la palabra el invitado. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludar a todos los señores senadores y diputados presentes, quisiera mencionar que este proyecto de ley propone dos ámbitos de regulación muy claros: uno relacionado con las llamadas publicitarias y otro con las llamadas de cobranza extrajudicial. En la primera parte, en lo que respecta a las llamadas publicitarias, se propone la existencia de un consentimiento previo, expreso, basado en un modelo opt-in, es decir, que el consumidor debe manifestar su voluntad para poder recibir información comercial.
En cuanto a las llamadas de cobranza extrajudicial, se plantean tres grandes ideas: un límite de contacto por deuda, una prohibición para obtener el consentimiento dentro del contrato de servicios y una exigencia de un número telefónico reconocible.
Es importante destacar que, dentro del modelo chileno de gestión de información o tratamiento de datos, contamos con una nueva ley que ha sido dictada y tramitada por este Parlamento, la Ley 21.719, que regula los datos personales. Esta normativa considera que los datos de contacto son datos personales y que las comunicaciones telefónicas constituyen un tratamiento de datos personales.
Además, define la posibilidad de tratar información a partir de lo que se denomina bases de licitud, es decir, otras autorizaciones que permite la ley para el tratamiento de datos, como la ejecución de contratos y el interés legítimo, que se refiere a la motivación que tiene quien posee esos datos para poder tratarlos en un contexto determinado y con ciertas reservas y prohibiciones. También se reconoce al titular un derecho particular de oposición.
Adicionalmente, esta ley genera una nueva institucionalidad, que es la agencia de protección de datos personales, encargada de fiscalizar y regular la ejecución de estos datos. Por lo tanto, creemos que la Ley 21.719, en la forma en que aborda el sistema de tratamiento de información, ya cuenta con un sistema recursivo para que los titulares puedan oponerse a la gestión de sus datos personales cuando se entiendan como llamadas de naturaleza publicitaria.
Esto se complementa con el hecho de que el SERNAC tiene un sistema de tratamiento denominado "no molestar", y existen otras estructuras del Estado que permiten fiscalizar este funcionamiento. Adicionalmente, la resolución número 286 de la Subtel, al dictar los números 600 y 809, especialmente el 809 en lo que respecta a llamadas publicitarias, ha propiciado un cambio cultural, donde las personas ya no contestan el número telefónico vinculado al 809.
Se ha producido una baja sustantiva en ese sentido, en lo que respecta a promociones y venta directa que no tienen una vinculación contractual directa con las personas, sino que son comunicadas a través de llamados generados por sistemas de tratamiento de información. En este sentido, consideramos que el tema está más o menos cubierto en esta dimensión por estas dos grandes normativas. Eso en cuanto a esta parte.
En esta etapa, esto en el tiempo puede afectar la morosidad, y al afectar la morosidad se producen otros efectos sistémicos en particular. En términos generales, en el tipo de empresas que nosotros representamos, Presidente, ha caído la contactabilidad cerca de un 40%. Si antes de cada mil personas que contactábamos efectivamente, hoy día estamos contactando 600.
¿Cuál es el efecto sistémico de esto? Porque es importante entender la globalidad del problema que tenemos. Lo que está en rojo representa dónde estamos. O sea, se dicta la resolución 286, se produce menor contactabilidad, lo cual es constatable, y luego se genera un menor recupero de los créditos, que hoy día calculamos en un 13%.
¿Qué puede venir después? Probablemente un posible incremento en la mora. La mora media en el retail financiero es de un 6,9%. Si consideramos que tenemos un volumen total de colocaciones cercano a los 8 mil millones de dólares, se puede deducir cómo se afectan esos números. Posteriormente, aumenta la morosidad, aumenta el riesgo, y esto puede generar un efecto que es natural en los reguladores: aumentar la regulación para las provisiones, para el costo de la colocación de los créditos y para los modelos de análisis de riesgo. Esto, a su vez, producirá mayores restricciones a las personas a quienes actualmente estamos otorgando créditos, a aquellos que sí contestan el teléfono.
Esto puede tener un impacto significativo en el modelo de inclusión financiera. Este modelo nos indica que logramos colocar nuestros productos y servicios financieros en un determinado grupo de la población chilena, que en el caso del retail financiero corresponde a los segmentos C1, C2, C3 y D, y hacia abajo. El problema radica en que si disminuimos la capacidad de colocar crédito en el mundo formal, que es un derecho del consumidor, se corre el riesgo de que se recurra al crédito informal, que hoy día tiene un comportamiento sumamente grave y que afecta a grupos importantes de la población en Chile.
Lo que quiero reflejar es que estamos en una etapa inicial donde podemos hacer algo para evitar que se produzcan estos efectos. Estos son efectos previsibles, ya que forman parte de los modelos de riesgo que están dentro del sistema financiero.
Desde nuestra perspectiva, proponemos que el proyecto incluya los ajustes pertinentes para evitar mayores efectos, al menos en el área de cobranza extrajudicial. Nos parece que en lo que se refiere al número 809 existe un mejor espacio regulatorio en esta dimensión, pero solicitamos que haya coordinación regulatoria. Observamos que la Subtel dictó esta resolución con la intención de regular, pero ha generado efectos no deseados. No se consultó a la CMF, al Sernac ni al Ministerio de Economía, que son quienes generalmente regulan esta materia.
Por lo tanto, proponemos que se establezcan coordinaciones y mesas de trabajo entre estas entidades y con la Agencia de Protección de Datos, así como con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que está implementando esta nueva ley. Además, solicitamos que, por vía administrativa, se haga una excepción en la cobranza extrajudicial para poder utilizar otros números, independientemente de que exista este modelo de gestión de 600 y 809, manteniéndolo vigente y siguiendo la experiencia internacional sobre cómo se permiten las gestiones de cobranza extrajudicial en otros países.
Agradezco el espacio para presentar nuestra opinión sobre esta importante iniciativa. Vamos a acumular todas las preguntas para el final, ya que consideramos que las presentaciones pueden dialogar entre sí, lo que nos proporcionará un marco más completo. Si el tiempo lo permite, prorrogaríamos la sesión de la comisión, porque esta discusión es fundamental.
Tenemos que tratar de profundizar el tema para que nos quede claro de cara a las indicaciones que podamos hacer y las normas que se deben establecer. Aprovechemos la sesión, ya que valoramos mucho más que hayan venido aquí, lo que nos permite una interacción más rica. Damos la palabra al director y presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, señor Claudio Magliona. Claudio, tiene quince minutos y también contamos con su presentación.
A todos los senadores presentes y a todos los amigos aquí presentes, si me permiten, voy a compartir pantalla y coordinamos con la secretaría. Estamos viendo la presentación, perfecto. Si no se mueve, por favor avísenme. Estoy compartiendo la pantalla y, si todo está bien, comenzamos.
Primero que todo, seré muy preciso en el sentido de que ACTI, como asociación de empresas de tecnología de la información, reúne una gran variedad de actores, incluyendo grandes empresas de tecnología reconocidas a nivel mundial, así como empresas locales de integración.
En cuanto a los comentarios generales, nos concentraremos en el tema del consentimiento, ya sea previo o posterior, y no son tan distintos a lo señalado en las cámaras anteriores. La situación actual de los prefijos es que el mercado es muy sensible a este tipo de medidas. No se trata de establecer una prohibición de contacto, ya que esto podría frenar el emprendimiento. ¿Cómo voy a contactar a un potencial cliente o consumidor? Al establecer este tipo de provisiones, si alguien sale favorecido, sería el actor incumbente dominante del mercado actual.
Esto se aplica a las principales empresas en el sector de retail, transporte aéreo y transporte urbano, y así podría seguir. Esto acaba con la competencia y genera un problema grave de libre competencia, porque existen otros mecanismos para contactar a los consumidores que son más costosos, como enviar un folleto a domicilio o incluirlo en el periódico del fin de semana, al cual solo pueden acceder las grandes empresas y no las más pequeñas.
Por lo tanto, no es correcto decir que la forma más barata de contactar a un potencial cliente es a través de mensajería o llamadas telefónicas, y que eso se acaba. No quiero que se toquen otros métodos tampoco. Buscamos que se mantenga el sistema de opt-out, que es esencial; el consumidor debe poder decir "ok, entendí, pero no me contactes más".
La contradicción que existe con la ley de datos personales es clara. Si uno revisa la ley del consumidor, la nueva ley que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 establece un derecho a contactar a un potencial consumidor, y que el consumidor pueda decir "no me moleste más". Esta situación que se está dando en base a los prefijos y la contactabilidad debe ser regulada. Desconocer el elefante blanco en la habitación sería ridículo. Negarnos a establecer que hoy día estamos recibiendo cincuenta, cuarenta o treinta llamadas y decir que eso es un proceso normal no es aceptable.
No el camino, ¿no es cierto? Tampoco uno, cuando está exponiendo con una asociación gremial, expone también por una visión país y también es consumidor; yo también soy una persona contactada. O sea, cuando digo que me contactan, y cuando recibo 50 llamadas durante el día del número 809 o número 600, hay un problema, claramente hay un problema. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Lo solucionamos con una prohibición de contacto, alterando el mercado, haciendo que las tasas de interés sean más caras, haciendo que el proceso de cobranza sea más caro? No, claramente que no.
Nosotros ahora mencionamos la propuesta de las multas, que es sumamente alta. No vamos a especificar cuáles son las multas necesarias, pero hay experiencias en Canadá y en Estados Unidos que mantienen un sistema de opt-in, de consentimiento posterior. Es necesario perfeccionar con el SERNAC, así como el derecho a no molestar, la lista Robinson y la lista de exclusión, reconociendo que es fundamental el derecho a no ser contactado. Quizás en la regulación, en el momento en que uno contrata con un cliente para el problema de las cobranzas, se debe establecer. Se mencionó que el tema de las cobranzas está ampliamente regulado. Bueno, habrá que ver dónde estamos fallando, pero prohibir y pasar de un sistema de opt-in a un sistema de opt-out generará una alteración en el mercado que favorecerá a los mismos de siempre, que son los más grandes, aquellos que pueden acceder a sistemas de contacto con potenciales consumidores o clientes de forma más económica.
También se mencionó en las presentaciones anteriores que hay una contradicción con la Ley de Protección de Datos Personales y con el tema de los prefijos, lo que genera incertidumbre en el mercado. De verdad que estamos muy claros en algo: el prohibir y cambiar el sistema de opt-in a un sistema de opt-out será un desastre, y no lo recomendamos de ninguna manera. Al mismo tiempo, reconocemos que tenemos problemas en las manos. No puedo decir que no tenemos problemas, pero creemos que si analizamos cómo otros países han solucionado esto, como Canadá y Estados Unidos, podemos encontrar experiencias mundiales que nos permitan abordar este fenómeno de manera prudente, sin afectar al mercado, manteniendo la democratización de los medios de pago y evitando la concentración y la afectación de la libre competencia.
Muchas gracias, Presidenta. Agradezco también al representante de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información, señor Claudio Maglione. Ahora, vamos a dar espacio a preguntas a los tres invitados que expusieron, y también, por supuesto, a las respuestas que puedan surgir. Tenemos sesión hasta las 11:30, si no me equivoco. Hasta las 11:00 vamos a prorrogar, ya que todos llegaron tarde por lo menos 15 minutos. No obstante, prorrogarse puede ser útil para seguir la discusión. Entiendo, senador Sanhueza, pero lo que estoy pidiendo es para poder escuchar la reflexión. Prorrogamos por 15 minutos.
¿Preguntas? Opiniones sobre las exposiciones que se hicieron, que en mi opinión son bastante interesantes para el debate y la discusión del proyecto de ley. El diputado Winter. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, quiero agradecer a todos los expositores. Creo que es sumamente importante escucharlos y que las exposiciones de hoy fueron bastante claras y se habían estudiado en profundidad. Yo lo primero que quisiera proponerles, presidente, a todos los invitados y a todos los parlamentarios, incluyéndome, es que como este proyecto de ley tiene dos áreas de regulación totalmente distintas.