Senado - Minería y Energía - 14 de enero de 2026

Corte de energía, robo de cables y situaciones similares nos llevan a buscar un camino que permita la realización de este proyecto en un plazo razonable. Es fundamental conocer la opinión de ustedes al respecto. Este debate no está pensado para ser votado ni nada por el estilo, sino para abrir la conversación sobre esta materia y despejar cualquier duda que puedan tener. Dicho esto, Ministro, no sé si desea comenzar exponiendo. Lo escuchamos a usted como ejecutivo y luego daremos la palabra a quienes nos acompañan. Gracias, Ministro. Tiene la palabra. Parto señalando que el soterramiento debiera ser un objetivo nacional, ya que sin duda ofrece una mejor calidad de servicio y mayor seguridad, aunque también presenta costos extraordinariamente significativos que deben ser considerados. Respecto al proyecto en sí, considero importante incluir consideraciones sobre la calidad del servicio, que son muy relevantes para definir los estándares en que este se suministrará. Hasta el momento, no he visto referencias directas a esta materia. Existen muchas referencias a cables en desuso u obsoletos que, indudablemente, ensucian la ciudad y generan conflictos con los vecinos; sin embargo, la gran mayoría de ellos, si no la totalidad, son redes de telecomunicaciones que no están relacionadas con el proyecto. Además, el proyecto inhibe el traspaso de los costos de soterramiento a la tarifa eléctrica, lo que es contrario a la regulación eléctrica vigente y ciertamente dificulta la operación de las empresas eléctricas. Este mismo año, el gremio participó en una reunión donde se señalaron las dificultades que implicaría una medida similar, referida a medidores inteligentes, que genera la misma dificultad, pero tiene un costo significativamente inferior al de soterramiento; por lo tanto, las dificultades serían mayores. Diversos estudios identifican los costos de soterramiento. Uno realizado por la consultora Edison Electric estima que un kilómetro de red aérea cuesta 377 mil dólares, mientras que un kilómetro subterráneo cuesta 3,5 millones de dólares, lo que implica casi diez veces el costo de soterrar. Hay otros estudios, como el realizado por la consultora Systep, que presentan rangos menores, pero aún así significativos para los costos de soterramiento. Por último, el proyecto establece un plazo de doce meses, contados desde la entrada en vigor de la ley, para la dictación del reglamento. Sin embargo, la elaboración de los planes requerirá la definición previa de existencias técnicas que deben ser incorporadas en la normativa técnica, y esta situación podría derivar en el incumplimiento de los plazos establecidos por la ley. Por lo tanto, la dictación de estas normativas debe ser considerada. Si se ha de considerar la incorporación de los costos de soterramiento en los procesos de tarificación, también debiese tenerse en cuenta, como ha sido la práctica, el incremento máximo que se desea en las tarifas de los clientes, lo que ciertamente significará un mayor plazo para los procesos de soterramiento. Es cuanto puedo informar, Presidenta. Gracias, Ministro. ¿Senadora, desea consultar al Ministro de inmediato o espera la disposición de...?

Don Juan Marichio, le ofrezco la palabra. Haciéndonos cargo de lo que dice el ministro, entendemos que hay un cuello de botella entre lo que se planteó, pero creo que es parte de lo que hay que trabajar y estudiar hacia adelante. Muchas de las cuestiones que hoy día están planteadas pueden ser modificadas en base a lo que la legislación actual establece. Así que, teniendo en consideración eso, le doy la palabra a don Juan. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de presentar. Efectivamente, hemos realizado una presentación que es un análisis del contexto en el que se da la discusión sobre el soterramiento, incluyendo algunos comentarios respecto al proyecto propiamente tal, así como nuestra visión sobre cómo abordar esta temática, que entendemos es compleja de implementar y que, por lo tanto, requiere una revisión exhaustiva. Primero, es importante señalar que hoy día Chile cuenta con una red que está crecientemente expuesta al cambio climático. Esto lo hemos comentado en numerosas ocasiones, pero solo para tener algunos datos de referencia: el 90% de las redes eléctricas en Chile son aéreas, mientras que solo el 10% son subterráneas. La principal causa de interrupciones durante eventos climáticos se produce por la caída de árboles o ramas sobre las redes. En este sentido, la red eléctrica en Chile carece de resiliencia frente a los fenómenos crecientes del cambio climático. Por lo tanto, debemos buscar, y coincidimos en ello como objetivo, las mejores maneras de contar con una red más resiliente. Uno de los elementos centrales tiene que ver con el manejo de la vegetación, tema que hemos discutido en sesiones anteriores, y la necesidad de que la ley eléctrica se cumpla. Esta ley no solo es exigible para las empresas eléctricas, sino también para todos los agentes que interactúan con ella. Desde esta perspectiva, creemos que hay un tema de fiscalización respecto a la vegetación fuera de franja y de los propietarios de esa vegetación, que no son las empresas eléctricas, lo que representa un vacío que el Estado debe abordar. Respecto al soterramiento, consideramos que es una herramienta útil, pero no una solución universal. La experiencia internacional demuestra que no hay países que tengan toda su red soterrada, ya que esto no es eficiente en términos económicos. Lo que se busca es identificar lugares donde la incidencia de problemas, como mencionó el ministro, en la mejora de la calidad del servicio sea significativa. En este sentido, típicamente en zonas urbanas, una red eléctrica subterránea cuesta entre seis a diez veces más que una red aérea, sin incluir los costos adicionales por reposición de pavimento o el retiro de instalaciones existentes. Sin embargo, en zonas rurales, esos costos son considerablemente menores, con diferencias de dos a tres veces, lo que puede tener efectos significativos. De hecho, existen pilotos en Chile que evidencian los beneficios del cambio de redes aéreas por subterráneas en términos de continuidad de suministro. Es importante considerar que la distribución eléctrica es un servicio público regulado. Desde esta perspectiva, todos sus componentes están determinados por la autoridad en términos de los costos del sistema en este modelo empresarial. Las tarifas que cobran las empresas distribuidoras también están reguladas y, por lo tanto, tienen límites. Un traspaso unilateral de costos, como lo propone el proyecto de ley, no solo contraviene el marco normativo vigente, sino que también atenta contra ciertas garantías constitucionales.

En el fondo, lo que creemos es que debiésemos apuntar hacia avanzar en soterramientos focalizados, y eso tiene una forma de avanzar. Aquí hago alusión a un antecedente que mencionaba el Ministro en su intervención: hay un estudio del 2017 de la consultora Systep que cifraba en 30 mil millones de dólares el costo de soterrar la red urbana de las ciudades en Chile con más de cincuenta mil habitantes. Si nosotros hiciéramos solo una actualización por efecto del dólar, estaríamos hablando de sobre 40 mil millones a la fecha, sin considerar el valor de variables como la inflación, los precios de materiales y la mano de obra, que también se han multiplicado. Solo para tener como referencia, este valor es más de cinco veces el Valor Neto Regulado (VNR) de la industria de distribución, que es el valor de todos los activos de distribución que existen hoy en Chile, en términos de su reconocimiento regulatorio. De eso estamos hablando, lo que significaría soterrar todo el sistema de distribución. Básicamente, lo que establece el proyecto de ley en su redacción creemos que, en la práctica, ordena una reconstrucción total de la red eléctrica, pero sin definir necesariamente cómo se financia esto dentro de un sistema regulado que no se condice con las normas constitucionales vigentes. Soterrar todo no tiene sentido; creemos que se debe hacer de manera progresiva y priorizada. Además, no hay un reconocimiento del costo que esto significa, y los plazos mencionados no necesariamente reflejan el desarrollo que tiene este tipo de infraestructura. Pensar en cuatro años para tener todo soterrado es prácticamente imposible, incluso aunque estuviera todo costeado. Solo como referencia, el reemplazo de las líneas de baja tensión en el centro de Valparaíso, que ocurrió hace algunos años, tardó cerca de tres años, pero no incluyó ni media tensión ni todo el radio urbano. Nosotros creemos que hay una alternativa. ¿Y cuál es esa alternativa? Es algo que en algún momento planteamos al Ministerio de Energía, cuando estaba el Ministro Pardo, y que hubo un avance y un trabajo técnico entre los equipos del Ministerio y la Comisión Nacional de Energía, que creemos que iba en la dirección correcta. Si queremos cumplir las metas de niveles de interrupción de suministro que establece nuestra política energética, que indica que al año 2035 tendremos un promedio de cuatro horas de interrupción, y en el año 2050 una hora, cuando hoy día estamos en torno a las 20 horas, especialmente tras el evento de agosto pasado, pero más o menos entre 12 y 13 horas en un año normal, debemos hacer algo distinto de lo que venimos haciendo. No lo vamos a conseguir con las consecuencias que esto tiene para el usuario final; no podemos perder el foco en esto. Creemos que mientras podamos discutir una reforma estructural a la distribución, que sabemos que es una discusión compleja y puede tardar, se puede habilitar un mecanismo transitorio de inversión que permita ejecutar obras urgentes y relevantes para los usuarios, con control del Estado, alineado con la política pública y con certezas de remuneraciones a largo plazo. Esto incluye realizar inversiones y financiar proyectos en soterramientos focalizados en zonas críticas y rurales, así como en la automatización y digitalización de redes, medición inteligente y refuerzo de infraestructura en temas de resiliencia climática. Estas inversiones podrían agruparse en una lógica de planes anuales de inversión, alineados con objetivos de política pública, calidad de servicio, adaptación al cambio climático y transición energética, permitiendo avanzar en soterrar donde realmente importa, sin paralizar ni desincentivar el resto de las inversiones en la red. ¿Cómo podría funcionar esto o cuál es la lógica?

Gracias. La lógica es que el Ministerio pueda definir objetivos de política pública sobre los cuales se requieren inversiones, y donde, por lo tanto, las empresas puedan presentar proyectos alineados con esos objetivos. Es fundamental que las empresas presenten costos, cronogramas y mejoras asociadas a la calidad de servicio que significan esos proyectos, y que su remuneración esté sujeta al desempeño y al cumplimiento de esa promesa. Es decir, si cumplen, se paga; si no cumplen, se paga menos; y si sobrecumplen, eventualmente puede haber algún tipo de premio asociado. Es crucial que estos proyectos sean revisados en su dimensión técnica y económica por parte de la Comisión Nacional de Energía, y que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pueda fiscalizar el cumplimiento de lo que las empresas se comprometen a realizar. Cada peso invertido debe ser transparente respecto a su destino, lo que hoy día, bajo el esquema vigente, no ocurre. Actualmente, las empresas reciben recursos, pero la definición de cómo se hace y cuánto se invierte queda a libre albedrío de cada compañía. Creemos que este mecanismo avanza en una lógica de transparencia distinta. Además, es muy importante que las inversiones solo se empiecen a remunerar una vez que están ejecutadas y no antes. Solo cuando están funcionando se comienza a pagar. Esto tampoco se está haciendo de esa manera actualmente. Aquí lo que se busca es que se puedan realizar inversiones de largo plazo con una remuneración de largo plazo; nadie espera que esto se pague de inmediato. La autoridad define qué proyectos se realizan y el control respecto del efecto tarifario de esos proyectos queda en el Estado. Hoy día, el peso de la distribución representa aproximadamente un 15% de la cuenta, lo que permite realizar inversiones significativas con un efecto tarifario bastante acotado. Hemos calculado que es posible realizar inversiones en torno a los cinco mil millones de dólares en los próximos doce a quince años, lo que significaría probablemente menos de un 1% en la cuenta final. De esos órdenes de magnitud estamos hablando. Cuando se dice que las inversiones en distribución van a significar un gran costo, recordemos que el año pasado hubo un incremento del 60% en la cuenta sin que eso necesariamente significara un beneficio específico para los usuarios. Creemos que es posible hacer una diferencia real en la calidad de suministro para la ciudadanía, con inversiones que, recuperadas en el largo plazo, pueden ser significativas, pero sin un efecto tarifario importante. Dicho esto, consideramos que la ciudadanía requiere menos cortes y más seguridad en su continuidad de suministro. No hay dos voces en ello, pero creemos que esto se puede hacer de mejor manera que lo propuesto. Esta obligación masiva es extremadamente cara y, sin un financiamiento regulado, pone en riesgo más que beneficia la calidad del servicio. Por lo tanto, creemos que existe una alternativa mejor: soterrar donde aporta más valor, invertir en resiliencia y digitalización, y hacerlo bajo un mecanismo de control público, eficiencia y protección tarifaria que hoy no necesariamente existe. Nuestro llamado es avanzar hacia redes más seguras y modernas, pero con una política pública bien diseñada.

Y no con una imposición que no entrega sostenibilidad financiera ni a una actividad regulada, que termina perjudicando a los propios usuarios desde nuestra perspectiva. Eso, presidente. Damos la palabra a don Patricio, quien representa a la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Por lo tanto, aquí está la zona rural, totalmente presente con lo que va a exponer, así que le damos la palabra a don Patricio. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarle, senadora, ministro, Juan. En el caso particular de nosotros, que estamos presentes casi en un 100% en los sectores rurales, nos vamos a centrar principalmente en el proyecto, en lo que se estipula, estando totalmente de acuerdo con lo que señaló el ministro y también Juan. Entrando en materia, para poder entender por qué es tan relevante este proyecto para nosotros, hay que conocer nuestra realidad. Contamos con 235 mil clientes en nuestra zona, que abarca 28 mil kilómetros cuadrados. Para ello, necesitamos 25 mil kilómetros de redes. Una comparación es que en el caso de Enel tenemos un 40% más de redes que ellos, lo que refleja nuestra situación. Sin embargo, nuestros clientes están disgregados, lo que resulta en una baja densidad: son nueve clientes por kilómetro. Además, tenemos alimentadores de hasta 100 kilómetros, donde, al ser radiales, una interrupción afecta a todos los clientes aguas abajo. Es importante destacar que gran parte de nuestras redes se encuentran en predios privados, lo que dificulta el acceso a las redes en esos sectores, con un porcentaje que varía entre un 46% y, en algunos casos, hasta un 96%. Esta es la realidad que enfrentamos. Por otro lado, es fundamental considerar que los eventos climatológicos, que antes eran esporádicos, han pasado a ser permanentes, afectándonos severamente, al igual que los incendios. En nuestro día a día, la vasta extensión de nuestra zona provoca que la ocurrencia de fallas sea simultánea, lo que nos obliga a desplazarnos de un extremo a otro, enfrentando dificultades logísticas. Dado que nuestro sistema es radial, no contamos con la flexibilidad de las zonas urbanas, donde se puede traspasar carga de un alimentador a otro. En nuestro caso, si hay una caída, afecta directamente a los clientes. Ya entrando al proyecto propiamente tal, es importante destacar que se tiene conciencia del exceso de cable, que no solo constituye una contaminación visual, sino que también genera efectos negativos para la salud, tal como se describe en el proyecto. Además, este exceso entorpece la operación y el mantenimiento de las redes por parte de las distribuidoras. La cantidad de cables en desuso también afecta la infraestructura, lo que representa un problema adicional, especialmente en relación a los cables de telecomunicaciones. Patricio, te voy a interrumpir, aprovechando que ha llegado un integrante de la comisión. Vamos a abrir la sesión y escuchar la cuenta del secretario, y después tú continuarás con tu exposición. En nombre de la Patria, se abre la sesión. Secretario, ¿puedes informarnos? Gracias, señor presidente. Corresponde informar que han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos: en primer lugar, de la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, señora Pilar Moraga, mediante la cual remite una carta abierta suscrita por la dirección de dicha institución, en la que manifiestan su preocupación por la no adjudicación de fondos destinados a asegurar la continuidad de este importante centro de investigación. También hay una solicitud de audiencia respecto del proyecto en tabla de parte del presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, señor Rodrigo Ramírez.

Con el fin de exponer su opinión respecto de este proyecto, agradezco al presidente y al secretario. Don Patricio, perdone la interrupción, pero es necesario formalizar. Saludo al senador, es un gusto. La problemática de los cables en desuso se ha discutido ampliamente y es conocida, pero trae consecuencias significativas en la infraestructura y aumenta los costos de operar y mantener nuestras redes. Además, como ya lo señalaba Juan, los daños de las redes aéreas, ya sea por eventos climáticos catastróficos, incendios o robos de cobre, son situaciones que enfrentamos diariamente. Esto genera graves cortes de suministro que afectan la calidad de vida de nuestros clientes y, por otro lado, también conlleva pérdidas económicas, no solo para los clientes, sino también para las propias empresas distribuidoras. Es importante destacar que este proyecto no puede dejar de lado los múltiples beneficios que ofrece el soterramiento. Esto nos permite tener una mejor calidad de servicio, evita la contaminación visual y otros efectos negativos para la salud, disminuye los robos, proporciona mayor seguridad y permite una menor poda de vegetación, entre otros beneficios. Sin embargo, se ha señalado el tema del costo, y aquí quiero presentar algunas cifras para justificar lo que vamos a discutir. Primero, me referiré a los costos constructivos, que implican realizar la red soterrada, dejando de lado los costos de retirar la red existente. Al revisar la bibliografía y consultar con técnicos, se observa que las redes eléctricas soterradas, al ser comparadas con las aéreas, son considerablemente más caras. Esta diferencia puede ser entre cuatro y ocho veces más costosa. Este alto valor inicial de inversión a menudo se convierte en una traba para realizar los cambios. Además, es necesario hacer una distinción entre el soterramiento en zonas urbanas y rurales. En la zona urbana, la diferencia de costo puede ser de hasta ocho veces entre lo soterrado y lo aéreo, mientras que en la zona rural puede ser poco más de dos veces. Como antecedente, en el caso rural, un kilómetro de red en los sectores rurales cuesta aproximadamente 50 millones de pesos, lo que implica que soterrar ese kilómetro estaría en el orden de los 100 millones de pesos. Esto es relevante al considerar que contamos con 25,000 kilómetros de red. Por otro lado, lo que llama la atención del proyecto son los plazos acotados para el soterramiento: cuatro años para la red urbana y diez años para la red rural. Al analizar los rendimientos, es importante entender cuánto se puede avanzar en estos cambios. En el caso de la zona urbana, a veces se avanza solo unos pocos metros por día debido a las obras civiles involucradas. En la zona rural, al referirme al caso más simple de soterramiento en tierra, este puede realizarse mediante zanja abierta, donde se hace un hoyo para colocar el cable y luego se compacta la tierra, o mediante arado, que es una máquina que hace un hoyo mientras instala los cables a cierta altura. En términos de rendimiento, cuando hablamos de zona abierta, se puede avanzar entre 100 y 200 metros por día. Por lo tanto, un cálculo rápido indicaría que en diez años se podría multiplicar por diez el avance.