Antes de que hagamos pasar a las visitas, estamos tratando de ponernos de acuerdo con el ejecutivo respecto al tema de reajuste. Si logramos despacharlo en la Cámara entre hoy y mañana y nos dieran cuenta agregada en la sala el miércoles, la idea sería citar el jueves y el lunes, dado que el viernes el edificio estará cerrado por paseo. Por lo tanto, necesitamos que pueda entrar como cuenta agregada mañana a alguna hora en la sala. Si hubiera acuerdo, tratemos de dejarlo así consignado.
Además, la ministra Segegob y la subsecretaria de Hacienda han estado revisando los proyectos pendientes. Íbamos a ver hoy el subsidio unificado, pero no estaba el informe, lo que nos impidió realizar el cambio que me habían solicitado. La idea sería poder verlo mañana, siempre y cuando llegue el informe. Están haciendo todo lo posible para que podamos revisarlo.
También hay una petición del gobierno relacionada con el tema de turismo, que debemos considerar para ver si lo podemos sacar. Esto dependerá un poco de la situación. Eso es todo. Hacemos pasar.
Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, del Consejo de Alta Dirección Pública, a su director, Pedro Guerra, al jefe de gabinete, Joan Bass, a la secretaria técnica, Mariana George Nascimento, y a los candidatos para el cargo que vamos a analizar, doña Cristina Orellana y don Eduardo Riquelme. Así que, sin más trámite, colega, le damos la palabra a la subsecretaria, señora Heidi Berner.
Buenos días, senadoras, senadores. Además, creo que es la primera vez que me toca venir en este año 2026 a una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, así que aprovecho de desearles un feliz año 2026.
Efectivamente, hoy día lo que nos convoca es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuadragésimo primero de la ley 19.882, que estructura la Dirección Nacional del Servicio Civil e inserta el Consejo de Alta Dirección Pública, dicha entidad tiene cinco integrantes. Su presidente nos acompaña, que es el director del Servicio Civil, don Pedro Guerra, y cuatro consejeros.
En esta oportunidad, requerimos la aprobación, si tienen a bien, de dos consejeros que vencieron su primer período. Recordemos que los consejeros de alta dirección pública tienen una duración de tres años. En este caso, tanto la señora Cristina Orellana como don Eduardo Riquelme han sido consejeros de alta dirección pública durante el período previo de tres años. A nosotros, como Ejecutivo, nos pareció relevante conservar a ambos consejeros, considerando la experiencia adquirida en este período y su expertise profesional, lo que permite asegurar que el nombramiento recae en personas de reconocido prestigio con experiencia y conocimiento en la administración de personal y políticas públicas, conforme a lo que señala el artículo 43 respecto de los requisitos que deben cumplir los consejeros y consejeras de alta dirección pública.
Es importante recordar que el Consejo de Alta Dirección Pública selecciona a los directivos y directivas idóneos para conducir los servicios públicos, muchos de los cuales están expuestos a presión política, escrutinio ciudadano y diversas crisis. Hoy día están, por supuesto, insertos en la transformación digital y enfrentando distintos tipos de exigencias de desempeño y probidad.
El sistema de alta dirección pública, además, ha tenido un especial foco en cómo seleccionar el liderazgo de los servicios públicos, considerando el mérito, pero también los nuevos desafíos que se presentan. Entre ellos, el hecho de que actualmente estamos en una crisis de confianza respecto del servicio público, y en ese sentido, la selección de los consejeros cobra especial relevancia, así como lo que realiza el Consejo en los concursos de ADP.
Además, es importante consignar que desde que se instauró el sistema de alta dirección pública, hace dos décadas, en el año 2003, a propósito de la ley de nuevo trato, la selección a través del sistema ADP se ha consolidado como una política efectiva. De hecho, consideramos que ha actuado como un catalizador del mérito como elemento esencial en la provisión de los cargos públicos.
De acuerdo a lo señalado, me tocó participar en el lanzamiento del índice de desarrollo del BID con la senadora Rincón, donde se destacó especialmente la importancia del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que es líder en Latinoamérica. Esto ha llevado a que, en este Congreso, cada vez que se debate sobre distintas políticas públicas, se resalte que la forma de selección de los niveles jerárquicos primero y segundo debe ser a través del sistema ADP.
Hoy en día, partimos con 688 cargos en el año 2004, y actualmente contamos con más de 5.315 cargos en 503 instituciones, lo que evidencia la relevancia que ha adquirido la labor del Consejo. Entre estas instituciones se encuentran los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que explica la distinción entre adscritos y no adscritos, ya que forma parte del proceso general.
En este contexto, es pertinente presentar a los candidatos. La señora Cristina Orellana es ingeniero comercial e ingeniera en agronegocios de la Universidad Central, además de poseer un magíster en Administración de Empresas de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene especialización en gobiernos corporativos, libre competencia, control de inversiones, control de gestión y evaluación de proyectos, y ha sido académica en diversas universidades. Fue consejera de ADP durante el periodo 2019-2025 y ha desempeñado roles significativos en la experiencia pública, como directora regional de Corfo y gerenta general de SERCOTEC. También ha liderado procesos de reemprendimiento productivo y ha integrado directorios de empresas tanto privadas como públicas.
Por su parte, el señor Eduardo Riquelme es abogado de la Universidad del Mar y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, especialista en Derecho Penal. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica y autor de obras como "El Cohecho Parlamentario" y "Ética en lo Político". Ha ejercido su profesión de manera privada como socio de Riquelme y Abogados y ha sido asesor jurídico en diversas entidades, incluyendo el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Pesca.
Es importante señalar que esta nominación extiende un periodo de tres años para ambos consejeros, lo cual no es inédito, ya que también ocurrió con la actual consejera Bettina Horst, quien se encuentra en su segundo periodo. En un consejo de cinco miembros, donde el presidente es designado por el presidente de la República, contar con tres consejeros que ya poseen experiencia permite dar continuidad a un servicio que, en los primeros años de gobierno, enfrenta una carga adicional debido a los cambios de administración.
Eso es, presidenta, por su intermedio. Si les parece, ofrezcamos la palabra a los candidatos. ¿Quién va a hablar primero, señora Cristina? Gracias, presidenta. Agradezco la oportunidad de estar ante ustedes en esta presentación de la propuesta que trae la subsecretaria para integrar el Consejo de Alta Dirección Pública. Para nosotros, ha sido una instancia importante.
Es parte del fortalecimiento del Estado y la calidad de la gestión. En este caso, el Consejo de Alta Dirección Pública constituye sin duda uno de los pilares fundamentales en el ámbito de la modernización del Estado y la gestión pública. Hoy día, a través de este consejo, hemos podido establecer una distinción en los cargos de acceso, permitiendo que la ciudadanía postule a través de los sistemas y plataformas del Estado, basándose en criterios objetivos, en mérito, en competencias técnicas y trayectoria profesional, resguardando al mismo tiempo la probidad, la pertenencia a los territorios, la diversidad y la continuidad de las políticas públicas.
El correcto funcionamiento de este órgano, que es colegiado, es especialmente relevante desde la perspectiva fiscal, ya que debemos cuidar el gasto fiscal y la calidad de los equipos directivos que están directamente relacionados con la buena administración de los recursos del Estado. La ejecución oportuna de los programas, la confianza en la ciudadanía, como lo ha planteado la subsecretaria, y la confianza en las instituciones son factores clave que han dado gobernabilidad a este órgano colegiado.
El rol del Consejo exige a quienes lo integren una actuación independiente, transparente, fundada en evidencia y respetuosa del marco legal, velando siempre por el interés general y por la solidez técnica de los procesos de selección que conlleva la institución. De contar con la confianza de este honorable Senado, tendríamos la oportunidad de conducir este órgano colegiado con rigor, objetividad y sentido del servicio público. Creemos que fue un periodo importante en el que se materializaron aspiraciones significativas de los ciudadanos a través del acceso a los cargos del Estado. Agradezco este espacio y la oportunidad de estar ante ustedes.
Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Cristina. Le damos la palabra a don Eduardo Riquelme.
Gracias, Presidente, y por su intermedio a los señores senadores. Agradezco la invitación para comparecer ante esta honorable comisión con motivo de la nominación para integrar el Consejo de Alta Dirección Pública. Sabemos que el Consejo es un órgano del Estado enfocado en asegurar que el acceso a los cargos directivos superiores se funde en el mérito, en la idoneidad y en la probidad, garantizando el profesionalismo en la administración superior del Estado. La legitimación del sistema depende fundamentalmente de la confianza pública de la ciudadanía, y esa confianza se refuerza a través de procesos técnicos sólidos, decisiones imparciales y criterios consistentes en el tiempo.
Me gustaría destacar que más del 90% de las decisiones del Consejo de Alta Dirección Pública se adoptan por unanimidad, lo que indica que estas decisiones se fundamentan en la objetividad de los criterios. De ser confirmado por el Senado, agradeceré ese honor e intentaré ejercer el cargo con independencia de criterio, con mesura y responsabilidad institucional, entendiendo que la misión fundamental del Consejo es contribuir a que los altos cargos públicos sean liderados por directivos competentes y profesionales, cumpliendo con todos los principios del buen funcionamiento del sistema.
Muchas gracias, don Eduardo. Ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Macaya.
Una cuestión de orden más procedimental. Hubiese deseado que hubiésemos tenido una conversación previa para entender un poco las motivaciones del Ejecutivo. A ambos profesionales los he conocido y valoro muchísimo, y de hecho, voy a votar favorablemente su continuidad como consejeros. Sin embargo, es importante que en esta comisión, que muchas veces se encarga de los nombramientos, se realice una comunicación previa con los miembros de la comisión. En mi caso, eso no ocurrió. En el caso mío tampoco. Lo planteo porque creo que es un tema relevante, ya que se presenta algo aquí. No tengo inconveniente y votaré favorablemente, porque además conozco la trayectoria de ambos.
Me hubiese gustado que hubiese existido una comunicación previa, pero como no soy ni rencoroso ni ocupo argumentos pequeños para decisiones que deben ser racionales, valoro a ambos profesionales. He tenido la oportunidad de conocer al señor Riquelme en su trayectoria profesional y considero que son personas que han desempeñado una buena función, razón por la cual se ha tomado la decisión de que continúen.
Aprovechando la coyuntura del reajuste del sector público, quisiera preguntarles una breve opinión a ambos. A propósito de la discusión del reajuste, se ha dado un debate amplio respecto a prácticamente una reforma del sistema de empleo público, bien criticada por la oposición y también por la Contralora General de la República, quien supervisa el tema del empleo público en Chile. Quisiera saber, dado que se habla de 5.300 cargos en el aparato público, que es mucho más grande, y particularmente en los cargos de confianza, que uno esperaría que fueran disminuyendo. Es fundamental que tengamos cada vez más participación de la alta dirección pública y que no cambien los directores de hospitales porque cambia un gobierno. No es entendible que un director de un colegio o de un hospital, que son servicios que deben tener continuidad, obedezcan a motivaciones políticas a la hora de ser nominados.
En este contexto, quisiera entender si esta conversación se ha dado en el marco del Servicio Civil y del Consejo de Alta Dirección Pública. Creo que es urgente, a 23 años de la ley que estableció este sistema, tener una discusión más seria sobre hacia dónde vamos a seguir avanzando. Esta es una buena coyuntura, dado que en la discusión del reajuste del sector público se presentan más temas, y uno de los más relevantes es la modificación del empleo público en un plazo de dos semanas, lo cual me parece que no es la manera correcta.
Respecto a este tema en particular y a los desafíos que tiene la modernización del empleo público en el futuro, me gustaría pedir la opinión del Servicio Civil, de los consejeros y, si lo desean, también de la subsecretaria.
Gracias, senador Macaya. Senador Galilea, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Me sumo a los planteamientos del senador Macaya, en particular en relación a conocer la opinión sobre lo que se viene en la ley de reajuste, que efectivamente afectaría los modos en que abordamos el empleo público. Más allá de eso, me gustaría, dado que están presentes dos consejeros y el director del Consejo, que compartieran una pequeña reflexión o sugerencia. Llevan varios años en esto, y me gustaría saber qué aspectos debieran mejorarse en la alta dirección pública.
No sé si ocurre con frecuencia que ustedes envían la terna y, si algún director de servicio o ministro no está de acuerdo, la decisión queda estancada, lo que retrasa el proceso y provoca que las cosas se caigan. Estoy planteando un ejemplo que puede parecer trivial, pero que podría no ser inusual y que afecta la eficiencia y la independencia que siempre esperamos de nuestro sistema de alta dirección pública.
Me encantaría que pudieran hacer un breve comentario sobre esto, particularmente sobre quiénes son los candidatos. Si el director del Consejo desea sumarse, sería un placer. También, dado que ambos son conocidos, puedo votar a favor de su nombramiento y continuidad, a pesar de que me resulta perturbador que don Eduardo Riquelme se especialice en cohecho parlamentario, lo cual considero un tema delicado. Sin embargo, salvado este asunto, me gustaría escuchar una pequeña reflexión final.
Porque yo creo que es lo que nos toca ver, y esto que mencioné anecdóticamente ocurre. Entonces, si hubiese alguna tecla que pudiésemos ajustar, al menos nosotros dos, pero ellos dos sí pueden, para afinar mejor esa orquesta de la alta dirección pública y que cumpla los objetivos que nos hemos propuesto como país, yo lo agradecería.
Vamos a dar la palabra al senador Gastón Saavedra. Creo que se compensa el cohecho de don Eduardo con que la señora Cristina es curicana. Eso es peligroso, que termine solo en Maule, porque hay más regiones. La concentración nunca ha sido buena.
Mira, en un escenario en donde el Estado y su rol han sido atacados virulentamente, venimos saliendo de una campaña dura. Yo acostumbro a decir las cosas y puede que más de alguien se moleste, pero eso fue lo que ocurrió. Hoy estamos aquí, en la paradoja de la vida, viendo cómo dotamos al Estado con profesionales para hacer el trabajo de selección de personas que ingresan a funciones públicas necesarias para el país.
Esta alta dirección pública fue parte de la modernización del Estado durante el tiempo del presidente Lagos, si no mal recuerdo, lo que fue un tremendo avance. Sin embargo, ha pasado el tiempo y las cosas siempre son perfectibles. Desde una óptica positiva, ¿qué hacemos para mejorar esta alta dirección pública y garantizar que efectivamente la terna, la cuaterna, o lo que sea, al final dé como resultado la elección del mejor? Porque no necesariamente se elige al primero, puede ser elegido cualquiera de los tres, cuatro o cinco que lleguen.
¿Cómo mejoramos el resultado final de esta situación? En cuanto a las comunicaciones, en representación de la bancada del Partido Socialista, en esta oportunidad nos vamos a abstener respecto del voto.
Antes de dar la palabra para que respondan las consultas o solicitudes de opinión, quiero despejar que ninguno de los miembros de esta comisión fue contactado, o al menos no lo sé, para conversar sobre los nombres. No es solo en el caso del senador Macaya, sino que en el caso de ninguno.
En segundo lugar, no son consejeros, y me corrigen ambos, que estén en ejercicio, porque ya se venció. Ahí la pregunta para la subsecretaria es: ¿por qué tanto tiempo para nombrar? Si además van a llegar con dos nombres que ya estaban, que conocen, que saben y que tienen un buen currículum para mantenerse en el cargo. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué pasó en el intertanto? ¿Hubo nombramientos? ¿Se mantuvo la agenda de trabajo de la alta dirección pública? ¿Cómo se sesionó? ¿Por qué no se nombraron? Es una pregunta que me encantaría que pudieran responder desde el Ejecutivo, porque si al final iban a llegar con dos nombres que ya estaban, ¿cuál es el sentido de la demora?
Y en tercer lugar, esto tiene que ver con el director de la alta dirección pública. Recuerdo que hace muchos años, cuando asumí como senadora en mi segunda elección, se me invitó por parte de la alta dirección pública para conocer nuestra opinión, a varios colegas. Esa es la pregunta que hace el senador Macaya o el senador Galilea. Creo que ahí hay una experiencia que sería bueno saber qué pasó con eso, porque soy de las que cree que debe haber carrera funcionaria y que la alta dirección pública debe jugar un rol en ello. Los cargos directivos de alta responsabilidad deberían ser renovados por quien gobierna, porque él es quien le da conducción al tema, pero la carrera funcionaria debería pasar por la alta dirección pública para mejorar la pertinencia, la especialidad y la preparación de los funcionarios.
Eso lo conversamos con el Consejo en esa oportunidad, pero no sé si después se hizo algún trabajo o no se hizo nada. ¿Qué pasó con eso? Subsecretaria, candidatos y director, no sé si va a partir la subsecretaria. Sí, subsecretaria, le doy la palabra a usted.
Por los temas de forma. Sí, bueno, presidenta, por su intermedio. La verdad es que efectivamente el nombramiento de ambos venció. Perdón, tuve un percance. Cuando mencioné tres años, en realidad son seis años, porque lo que se busca es que tengan un periodo de duración mayor al que normalmente tienen los jefes de servicio, quienes son seleccionados a través del sistema de alta dirección pública, que tienen tres años y se pueden renovar hasta dos veces, por lo tanto, podrían llegar a completar nueve años. Ambos vencieron, si mal no lo recuerdo, en septiembre del año pasado.
La razón de la demora en el envío del oficio desde el Presidente de la República entiendo que se debe a un tema de agenda y otros factores. Entramos en septiembre en la ley de presupuestos, lo que generó distintas razones que hicieron que hoy estemos con este nombramiento. Respecto a la operación del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), creo que es importante señalar que, a pesar de esta situación, el Consejo ha seguido operando con una serie de concursos. A mí me consta, porque la semana pasada asistí a la revisión de perfiles para un concurso relacionado con las inversiones del cambio de la reforma previsional, que incluye un consejo de inversiones.
El único aspecto que no pudo llevarse a cabo son las normas que requieren mayor quórum. Desde julio en adelante, cuando hay un cambio de administración, si se desea cambiar un jefe de servicio de primer o segundo nivel jerárquico, se requiere autorización del Consejo para hacer la convocatoria del concurso. Esto no pudo ocurrir desde julio o más bien desde septiembre, ya que se requieren al menos cuatro aprobaciones, y si solo hay tres, no se puede proceder. Sin embargo, considero que esto es bastante acotado, porque en general, por la normativa, se entiende que en los períodos finales de los gobiernos, los cambios de primer y segundo nivel jerárquico se espera que ocurran durante la administración siguiente. Los cargos que no son de este tipo, que son la gran mayoría, como pueden ser cargos nuevos, como en el caso del Comité de Inversiones, en realidad siguieron operando.
Respecto a las conversaciones, voy a insistirle al Ministro Grau y a la Ministra Lobos, porque entendía que sí habían existido esas conversaciones. En cuanto a la mirada futura del ADP, nosotros como Gobierno estuvimos en esta comisión, hace aproximadamente un año, cuando estaba presidiendo el senador Kast. A propósito de esas conversaciones, nosotros como Ejecutivo fuimos al Consejo ADP para dar cuenta de los temas que nos interesaba reforzar respecto al sistema de alta dirección pública, en particular lo que se refiere a la rotación de los segundos niveles jerárquicos. Estos son, por ejemplo, los directores de servicios, como el Servicio de Impuestos Internos o Aduanas, y los subdirectores, que pueden ser los subdirectores regionales o de distintas materias en un mismo servicio.
Esos segundos niveles jerárquicos deberían estar mucho más cercanos a la carrera, más que a una rotación, ya que la pérdida de confianza es del jefe de servicio, quien es designado por el ADP. En ese momento, expusimos varias estadísticas que mostraban que hay un porcentaje no menor de cargos que nunca terminan ocupándose. Esto se relaciona con un proyecto que está en segundo trámite en esta comisión, que busca fortalecer el sistema de ADP y que proviene de la administración anterior.
Y que nosotros quisimos reforzar, pero por distintas razones al final no pudimos, digamos, de agenda. Aún no sabemos cómo está la agenda de esta comisión y, en general, el cambio en el sistema de Alta Dirección Pública requiere de altos consensos políticos. En ese momento había distintas visiones, pero creo que efectivamente hay de dónde avanzar. Como menciono, está este proyecto que proviene de la administración anterior, que se encuentra en segundo trámite en esta comisión. Hay un trabajo del Consejo que ellos podrán señalar a posteriori, y trabajo que nosotros recogimos e hicimos una serie de sugerencias, especialmente en cuanto a darle mayor estabilidad al segundo nivel jerárquico, sobre todo respecto de las razones de desempeño.
Al final del día, el gran debate no está tanto en el proceso inicial de selección; hay consenso en que el proceso que realiza el Consejo en la selección basada en mérito de los altos directivos, sean de primer o segundo nivel, no es cuestionado. Donde hay más debate es respecto de si son autoridades de confianza política y si deben salir solo por la pérdida de confianza política, o si debería haber en algunos casos, especialmente en el segundo nivel, una mayor justificación que solo la confianza política.
Esto se relaciona con fundamentos de desempeño. Yo diría que ahí está el debate. Respecto de la primera parte, claramente todas las decisiones que se han tomado en materia de distintas leyes, entre ellas la reciente reforma previsional, donde el Consejo de Inversiones elige a esos consejeros a través del Fondo de Alta Dirección Pública, y el Consejo Tributario del Servicio de Impuestos Internos también se estableció a través de Alta Dirección Pública. Por tanto, entendemos que hay un consenso bastante amplio respecto de los beneficios que ha tenido el sistema en esas materias.
En cuanto al proyecto de ley de reajuste, asumo que me referiré a ello cuando nos toque venir mañana o pasado. Creo que ahí es mejor escuchar la opinión que tengan desde el Consejo de Alta Dirección Pública.
Le damos la palabra al director y luego a los candidatos. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. A los senadores, agradezco también la recepción a esta instancia. Voy a partir quizás por lo último. El Consejo de Alta Dirección Pública efectivamente sesiona con cinco miembros, como lo define la ley. Sin perjuicio de ello, existe un quórum mínimo de tres integrantes, donde hemos podido funcionar estos últimos cuatro meses con total normalidad, en casi la mayoría de las instancias.
Lo que sí ha afectado, por supuesto, es la capacidad del Consejo en su totalidad de asumir mayor trabajo y hacer más rápido algunos de los procesos concursales. Si alguien pensara que este es un cargo honorífico, el de consejero o consejera, está lejos de la realidad. Efectivamente, estamos sesionando al menos dos o tres veces a la semana, media jornada. Tenemos una nutrida agenda en materia de entrevistas de candidatos para cargos de primer nivel, que es a lo que se aboca el Consejo.
Sin embargo, hay un par de instancias definidas por la ley donde efectivamente hemos necesitado el quórum de cuatro quintos y no hemos podido proceder respecto a algunas convocatorias de concursos nuevos que nos solicitan. Afortunadamente, no han sido mayoritarios, pero en esa coyuntura, ante nuevas convocatorias de concursos de Alta Dirección Pública, hemos tenido que esperar la aprobación de cuatro quintos y, por tanto, hemos tenido que negarnos a esos procesos.
La coyuntura específica de esto se debe a que la ley, en su reforma de 2016, establece que en los ocho meses anteriores a un cambio de gobierno debe haber una aprobación de parte de cuatro quintos del Consejo para poder iniciar los concursos solicitados. Esta es una de las pocas instancias en que hemos tenido que esperar la constitución del quórum completo del Consejo para tomar decisiones y aprobar la concursabilidad. Así que esa ha sido de las pocas instancias en que hemos podido incidir, por supuesto, con tres consejeros, y aquí aprovecho también para agradecer el trabajo de las consejeras Holtz y Martín. Ha sido más lento nuestro proceder, pero seguimos adelante.
Trabajando intensamente en cargos tanto adscritos como no adscritos al sistema. La limitación de estos ocho meses solo se circunscribe a los cargos adscritos, pero hay muchos cargos no adscritos que han ido aumentando con el tiempo. En el sistema se han incorporado directores de empresas estatales, tribunales ambientales y otros que han significado que este proceso continúe avanzando.
Ante la pregunta del senador Galilea, efectivamente hay aspectos que quedan por mejorar. Como ya mencionó la subsecretaria, ha habido una propuesta de este consejo que incluye las opiniones y el trabajo de los consejeros Orellana y Riquelme. Se ha presentado una propuesta de reforma en el año 2023 con algunos puntos específicos para mejorar. Quizás lo principal, como ya lo indicó la subsecretaria, es la posibilidad de revisar una modificación legal para establecer la causal de remoción en el caso de los segundos niveles jerárquicos, solo por motivos de desempeño y no de confianza. Esto nos permitiría mantener la estabilidad del sistema en los cargos de segundo nivel, mientras que en los cargos de primer nivel se mantendría la causal de confianza.
Es importante recordar que el sistema chileno y el de alta dirección pública están establecidos así en la ley. No es que sea una falla del sistema, sino que efectivamente la ley establece una lógica mixta donde hay un alto componente de mérito, pero finalmente en el espacio de confianza, que es donde se toma la decisión de quién va a la nómina, ese espacio está definido en la ley.
Respecto a las mejoras, efectivamente, la participación de parlamentarios y otras opiniones es fundamental. A mí me tocó ser subdirector del área paralela a la alta dirección pública por nueve años. Recuerdo la discusión que hubo previo a la reforma 20.955, la cual se aprobó por unanimidad en el Congreso, entre otras cosas, gracias a los insumos, comentarios y opiniones de quienes nos visitaron en el Consejo de Televisión Pública. Varias de esas opiniones y propuestas fueron recogidas en esta modificación que ya lleva siete años desde su promulgación.
En cuanto a los casos de no nombramiento, el senador Galilea planteó un tema relevante. Afortunadamente, la última ley acotó algunas de esas situaciones, limitando el número de cargos desiertos que se pueden declarar por la autoridad en cargos de segundo nivel jerárquico a un máximo de dos. Solo puede haber una situación de un cargo desierto; el siguiente debe ser nombrado. En el caso de los primeros niveles jerárquicos, la autoridad, en este caso el Presidente de la República o la Presidenta de la República, tiene un plazo no superior a 90 días para realizar el nombramiento. Esto también contribuye a mejorar el sistema. En los últimos años, hemos logrado reducir sostenidamente la tasa de concursos desiertos, que actualmente se sitúa en un 8%, en comparación con el 24% de años anteriores.
Por último, en relación con los temas de empleo público, la pregunta del senador Macaya es pertinente. El servicio civil tiene dos grandes áreas y ámbitos de acción: la alta dirección pública y el área que se ocupa de los temas de empleo público. Aunque se sabe poco sobre esto, el servicio civil, desde la última reforma de la ley 29.055, también tiene atribuciones normativas en materia de empleo público, lo que ha permitido regular los procesos de ingreso y selección de contratas en los últimos años. Sin embargo, hay muchas cosas que mejorar en una reforma de fondo respecto al empleo público, y es uno de los avances que ha tenido el servicio civil. Desde el punto de vista legal, requerimos una modificación para las atribuciones ante este consejo, que regula, supervisa, interviene y ejecuta los procesos de alta dirección pública. Se ha discutido la necesidad de un consejo que aborde el resto de los cargos de funcionariado hasta el tercer nivel jerárquico, y en ocasiones se ha propuesto la idea de incluirlos en el sistema de dirección pública.
...el tercer nivel jerárquico, pero no había consenso para hacer esa modificación legal al respecto, de tal manera que el Consejo pudiera tener atribuciones no solo en la supervisión del Consejo de Alta Dirección Pública, sino también en los temas de empleo público, funcionarios y funcionarias. Eso por ahora. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a los candidatos propuestos. Don Eduardo.
Gracias, Presidente, por su intermedio, señores senadores. Si uno mira el horizonte desde que nació el sistema de alta dirección pública, se originó en una crisis política, y es la verdad. Al observar la evolución de los valores y principios que dieron origen a este sistema, se puede apreciar que existía un equilibrio perfecto entre confianza política y mérito. Sin embargo, en la actualidad, el mérito ha comenzado a adquirir cada vez más importancia en detrimento de la confianza. Se han restringido y acotado las facultades del Presidente de la República y de la administración. Los nuevos cargos que se han creado y que se han entregado al sistema de alta dirección pública para su nominación son cargos que poseen ciertas inamovilidades. Lo vemos en el SLEP y en el CERNAC, por ejemplo. Ya no se puede remover a alguien solo por confianza, sin expresión de causa; deben existir causales y, en caso de mala evaluación, eso parece ser algo positivo.
Con motivo de los 20 años del sistema, realizamos una serie de seminarios con expertos, autoridades, exdirectores y exconsejeros, y llegamos a una conclusión común. Aunque hubo distintas miradas, se coincidió en que en el segundo nivel jerárquico, algunos cargos en particular, sería un aporte muy positivo que se tendiera hacia la estabilidad. Se mencionó también, por un senador, los directores de hospitales e incluso algunos cargos de primer nivel jerárquico en instituciones altamente técnicas, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Qué tiene que ver la confianza política con el director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear? ¿Deberíamos apuntar a que esos cargos sean inamovibles? No, parece que no. No creo que eso implique necesariamente un aseguramiento de la profesionalización y del buen funcionamiento de la administración pública. La naturaleza humana, muchas veces, hace que cuando uno es 100% inamovible, puede haber una tendencia a perder el impulso.
Pero, ¿basta la sola confianza política para que en algunos cargos técnicos se pueda cesar a alguien por una razón no explicada? Pareciera que tampoco. A los 20 años, creo que se podría, y es lo que estamos de acuerdo y lo que se propuso por parte del Consejo, identificar un grupo de cargos, fundamentalmente de segundo nivel jerárquico, que se pudiera dar un paso hacia una mayor estabilización, naturalmente con la posibilidad de remoción por confianza, pero siempre que sea algo justificado, que tenga algún fundamento y que no sea por una confianza política meramente desnuda.
Nos parece que, y con esto termino, el sistema de alta dirección pública, según lo que hemos podido conocer a partir del desarrollo de la función, tiene un alto prestigio en Latinoamérica y, por qué no decirlo, también en los países que forman parte de la OCDE. Es muy difícil que un sistema político, un presidente de la República, renuncie al poder de designar, sin ninguna limitación y sin ningún procedimiento, a personas que pudieran ser de su confianza. Por lo tanto, esto es lo positivo que tienen las crisis, que generan oportunidades. A partir de la crisis que vivimos hace un poco más de 20 años, se creó este sistema que se ha ido perfeccionando y que creo que es una fuente de orgullo legítimo para nuestro país, pero, como todas las instituciones, tiene desafíos importantes por delante.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cristina. Gracias, Presidente, por su intermedio a los senadores. No voy a ahondar en lo que planteó mi colega, pero creo que hoy día el sistema goza de reputación y credibilidad. Sin duda, a los 20 años de haberse creado este sistema, tiene que dar un salto sustantivo. Ese salto sustantivo está dado a través de lo que mi colega mencionó muy bien. Nadie habla de la inamovilidad, pero sí de la mejora en el desempeño. Hay un espacio importante de mejora, por ejemplo, en los convenios de desempeño y toda el área relacionada con ellos.