En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, hemos entregado el informe en la biblioteca del Congreso Nacional sobre el reajuste del sector público, el proyecto que se está viendo, que contiene evolución, costo fiscal y antecedentes sobre el empleo en el sector público en Chile y la OCDE, esperando que los antecedentes contenidos sean de utilidad para la discusión del proyecto de ley.
Asimismo, se ha recibido una carta de una funcionaria de la Dirección General de Aguas, señalando que la no prórroga del teletrabajo para muchos funcionarios públicos, a pesar de demostrar su cumplimiento laboral, provoca numerosos problemas. Además, deja fuera a la Dirección General de Aguas, que lista 40 servicios específicos donde se permite el teletrabajo; por lo tanto, es momento de poder revisar la norma.
¿Algo sobre la cuenta? No. Muy bien, seguimos entonces con el objeto de continuar la votación en particular del proyecto de ley. Quedan las preguntas y respuestas pendientes; estábamos conversando antes de comenzar sobre lo que teníamos acordado para votar hoy día, con el fin de hacer más expedita la votación.
Presidente, hablaba hace un momento con la subsecretaria, porque hay una duda que me gustaría que fuera respondida. Tiene que ver con la situación particular que está ocurriendo en las universidades respecto a aquellos profesionales de 75 años que deben dejar efectivamente los cargos. Hay un concepto que no recuerdo, que efectivamente no solo molesta, sino que ha sido objeto de mucha incomodidad por parte de funcionarias y funcionarios en general.
El mundo de las universidades estatales. Con respecto a la condición particularísima que podrían quedar aquellos profesionales de 75 años que efectivamente deben dejar el cargo, pero tendrían beneficios especiales, me gustaría que se me aclare. Muy bien, entonces, ¿se agrega otra pregunta más, subsecretaria? Tiene la palabra para responder eso, para que después comencemos con la votación. No obstante, quedaron unas preguntas de la sesión anterior.
Sí, presidente, por su intermedio, quiero saludar a todos los diputados y diputadas. Brevemente, voy a contestar tres cuestiones que quedaron pendientes de la sesión anterior. Lo primero, en relación al domicilio electrónico, corresponde a un artículo a propósito de la implementación de la ley de transformación digital. Esto significa que cada una de las personas jurídicas y personas naturales, es decir, el sector privado, va a tener su propia casilla electrónica del Estado, a la cual cada vez que el Estado le notifique un trámite, le llegará esa notificación.
En realidad, el sector privado sí tendrá su propia casilla, pero esto es para las notificaciones desde el sector público al sector privado y también a las personas naturales cuando exista una notificación electrónica. ¿Por qué? Porque la ley de transformación digital establece que las notificaciones deben llegar a su correo electrónico, y el correo electrónico es uno de los instrumentos que no cumple con los estándares de ciberseguridad. Efectivamente, a través de un correo electrónico pueden ocurrir ciberataques a las plataformas del sector público. Por lo mismo, lo que se hace para implementar la ley de transformación digital y el notificador electrónico es que cada ciudadano y ciudadana tenga una casilla electrónica, así como las personas jurídicas del sector privado cuando el sector público lo notifique respecto a un trámite.
Esto reemplaza las cartas certificadas. Las cartas certificadas que debía hacer llegar el sector público cuando hay un trámite, en vez de ser a través de correo, se gestionarán de manera más eficiente mediante esta nueva casilla. La ley de transformación digital mencionaba el correo electrónico, pero este presenta problemas, como el cambio de dirección por parte de los usuarios y cuestiones de ciberseguridad. Por eso se establece este notificador.
Respecto de la Oficina de Asuntos Indígenas, esta es una unidad que actualmente existe en la Subsecretaría de Servicios Sociales, creada hace tiempo, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en relación a las consultas indígenas. Esta unidad revisa la pertinencia de las consultas y, por tanto, es el ente técnico que da la opinión a los distintos sectores del sector público y privado sobre cuándo procede una consulta, entre otras materias. Como el Plan Buen Vivir se trasladó al Ministerio del Interior, también corresponde que esta oficina se traslade, dado que los ámbitos de acción son complementarios. De hecho, esto quedó reflejado en la ley de presupuesto, en términos presupuestarios, pero para hacer el traspaso adecuado del personal que ahí se encuentra, se requiere también esta normativa.
En cuanto a lo que señala el diputado Bianchi, por su intermedio, presidente, el artículo 49 al que se hace referencia establece que no se cerrarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad las autoridades electas y los académicos de las universidades del Estado. Esto se debe a que en la ley de reajuste del año pasado se aprobó que a los 75 años las personas deben acogerse al retiro en el sector público. Las universidades estatales, al ser parte del estatuto administrativo, quedaron sujetas a la misma norma. Sin embargo, existe un conjunto de académicos que, como indica la norma, son de trayectoria de excelencia o tienen un aporte de interés universitario, que por su trayectoria siguen haciendo clases, guiando tesis, etcétera, y por tanto pueden permanecer si así lo desean, aunque pierden el incentivo al retiro. Es decir, si deciden permanecer después de los 75 años, no obtendrán el beneficio del incentivo al retiro. En el caso de las autoridades electas, puede ocurrir que haya un decano electo, un rector o rectora electa.
Cuando está en su período de cuatro años, que está muy normado, y cumple 75 años, no va a dejar de estar ahí, y lo mismo ocurre con la actividad de la autoridad electa. Diputado Santana, ¿tenía una duda? Es sobre otro artículo, que de hecho le había comentado a algunos dirigentes que queríamos presentar una indicación referente a eso. Particularmente en la página 66 del proyecto, el artículo número 13, que habla acerca del momento en que a los trabajadores, a los funcionarios públicos, se les desvincula cuando están bajo el régimen del bono de incentivo al retiro. El funcionario, lo leo textual, deberá presentar su renuncia de forma voluntaria a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se le notifique que tiene derecho a la bonificación.
¿Y por qué le comento esto? Porque he escuchado de diferentes funcionarios y funcionarias públicas que finalmente en esto se queda al debe, porque el Estado no paga los bonos cuando los tiene que pagar. Entonces, desvincular a un trabajador o funcionario público al momento de notificarlo, y no al momento en que ese pago se haga efectivo, me parece un asunto relevante. Quiero dejar planteado que hemos anunciado a algunos dirigentes que queremos presentar una indicación para que el trabajador deba renunciar al momento de recibir el bono y no al momento de ser notificado. Quisiera escuchar si hay alguna referencia a esto por parte del Ejecutivo.
Diputado Sepúlveda y diputado Donoso, comparto el punto que plantea el colega Santana. Creo que lo correcto sería que renuncie dentro del mes de ser notificado, pero que se haga efectivo al momento de ser pagado. Es que si no sigue trabajando, se hace efectivo solo cuando... Es un artículo que hay que conversarlo.
Diputado Bellolio, es sobre un WhatsApp colaborativo que tengo, donde me informan que las asociaciones de académicos y funcionarios de las universidades estatales, dieciocho en total, rechazan el tema de los 75 años de las autoridades. Incluso, el presidente Miguel Ramos, en una declaración pública y en una entrevista en los medios, ha señalado que este tema es arbitrario, genera cuellos de botella y cierra el espacio para nuevas generaciones en la academia, ya que pueden ser vinculados como académicos eméritos, tal como ocurre en otros países. Las 18 organizaciones cuestionan duramente la moción del gobierno que pretende cambiar las reglas sin consultar a las comunidades universitarias y sin resguardar la democracia interna de las universidades del Estado. Esto es para que quede claro: la Federación de Asociaciones de Académicos de la CUECH, que integra 18 universidades estatales, está en contra de esta medida.
Primero vamos a votar entonces en general. En votación, si les parece. Diputado Romero, adelante. Presidente, independientemente de las conversaciones que hayamos tenido de buena fe con el Ejecutivo respecto a temas generales de esta ley, me parece que no es conveniente votar esto sin haber escuchado antes al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contraloría General de la República. La opinión de ellos es fundamental para nosotros, ya que debe determinarse que existen los recursos y que esta ley esté financiada, lo cual es parte de nuestra labor como parlamentarios de la Comisión de Hacienda.
Yo, en lo personal, voy a votar en contra en general, porque manifiesto mi rechazo profundo a esta forma de legislar. Creo que debemos cumplir con estos procesos y necesitamos invitar a estas entidades tan importantes, porque lo que estamos viendo hoy día es que, por ejemplo, en el caso del FES, la Contraloría General de la República tiene una opinión bastante distinta a la del Ejecutivo respecto de cómo se clasifica el FES. Ya lo votamos aquí, y eso genera problemas posteriores, ya que hay opiniones complejas que dejan a los diputados votando de manera irresponsable, pero no es por culpa nuestra.
Porque no tenemos los antecedentes y cuando los pedimos, lamentablemente nos apuramos. Creo que no ganamos nada con esto; vamos a votarlo el mismo día que está previsto, pero la forma no es la adecuada. Ayer pedimos que se calificaran las normas de quórum y la Secretaría quedó comprometida a entregarnos aquello. ¿Estará aquella calificación de las normas de quórum que tiene esta ley? No es posible, presidente, el proyecto entró ayer y tiene más de 100 artículos. La verdad es que tenemos algunas, pero no nos atrevemos a decir cuáles, porque pueden faltar otras.
Es fundamental ser responsables, ya que hemos estado aquí desde las ocho y media junto con todos ustedes, y ha sido imposible. Para aclarar, porque vamos a poner en votación en general, tenemos acordado votar artículos que no tienen controversia. Por lo tanto, independientemente del quórum, creo que la votación será unánime.
La invitación se la hicimos al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contraloría, y la repetimos hoy para el lunes. Así que el compromiso, como lo he dicho desde la mañana, es que no vamos a votar cosas que tengan que ver con la opinión que nos van a dar ellos sobre algún tema específico. Ahora, en votación, señora secretaria.
Voy a tomar la votación general del proyecto de reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público, que concede aguinaldos y otros beneficios en distintos cuerpos legales.
Con el mismo argumento de la Secretaría, no hemos tenido el tiempo suficiente para analizar las 128 normas. Recordemos que este es el único gobierno que ha superado los tres dígitos; antes tenían dos dígitos, hoy tienen tres. No existe la posibilidad de hacer un estudio acabado de todo el proyecto de ley. No tenemos la información de si está financiado o no. No hemos escuchado al Consejo Fiscal Autónomo ni a la Contraloría sobre las implicancias de algunas de estas normas. Creemos que es irresponsable votar a favor de este proyecto sin conocer sus reales implicancias económicas, financieras y normativas. Por lo tanto, en general, a pesar de que uno podría estar de acuerdo en normas particulares, no podemos votar a favor. En mi opinión, voto en contra en general del proyecto.
También voy a fundamentar el voto. La verdad es que estamos haciendo una irresponsabilidad. Lo mismo ocurrió con el FES; acuérdense que en el FES se discutió si era un activo o un gasto. El gobierno dijo que era un activo, pero la Contraloría me dio la razón de que era un gasto. Hoy están en un zapato chino en el Senado con el tema del FES, y nosotros lo votamos. Han pasado otros proyectos más, pero ¿qué sacamos? Si tienen mayoría, vamos a dejar un precedente. Este proyecto no está financiado. En el presupuesto de la Nación no está la totalidad de los montos que tienen este reajuste, y el próximo gobierno, el de José Antonio Kast, va a tener que reasignar de presupuestos que aprobamos.
Para ser claros, el Consejo Fiscal Autónomo es vital, la Contraloría también, y creo que invitarles en la noche a la mañana no es claro para que vengan. En ese aspecto, estamos de acuerdo en algunas normas; cuando entren, esto se aprobará porque tienen mayoría. Hasta el 12 de marzo, ahí va a cambiar la composición. En este caso, presidente, yo rechazo el proyecto en general.
Presidente, además de lo que ya señalé, quiero decir que esto instala un pésimo precedente.
Si esta va a ser la forma en que nos vamos a relacionar entre oposición y gobierno, hoy día y mañana, creo que después no nos quejemos cuando seamos nosotros los que dirijamos esta mesa. Voy a votar en contra.
Gracias, señora secretaria. También voy a fundamentar mi voto. En primer lugar, creo que lo que hay detrás de esta discusión es un intento por desmantelar la imagen del sector público, y particularmente de los funcionarios. Primero fue con el anuncio del presidente electo de la República, quien anunció que en 18 meses se van a reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares. Sin embargo, el consejo asesor que constituyó el propio Ministerio de Hacienda señaló que si se realiza una reducción de los funcionarios del sector público, esa reducción en términos presupuestarios no superará los 750 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el resto de la reducción del Estado? ¿De programas sociales, de políticas sociales? Eso es lo que hay que develar y transparentar en medio de esta discusión.
Además, es importante mencionar el trato que han sufrido los funcionarios públicos por parte de algunos dirigentes de la oposición, quienes han utilizado todo tipo de calificativos. En segundo lugar, lo que se da aquí son simples excusas. Se habla de cuán miscelánea es esta discusión, cuando en el último debate del gobierno del presidente Piñera se abordaron temas completamente misceláneos, como el subsidio rural al transporte público.
En tercer lugar, se menciona la pertinencia y el tiempo. Estuvimos dos años y medio tramitando una reforma que para toda la población era urgente, como la reforma previsional, y ahí el tiempo no importó. Sin embargo, ahora se pide más tiempo cuando estamos con el receso legislativo encima y hay una necesidad de actualizar el reajuste al sector público. Por lo tanto, voy a votar a favor, en defensa de la imagen del sector público.
Sin embargo, quiero manifestar que este es un proyecto inmoral. Inmoral porque le miente a los trabajadores, diciéndoles que podrán financiar este proyecto, cuando ha quedado claramente establecido que los recursos no existen. Se dice que el presidente tendrá que hacer una serie de recortes, y esos recortes que se han anunciado de 6.000 millones de dólares, ustedes le están pidiendo que agreguen 1.000 millones de dólares más. ¿Qué vamos a recortar? ¿Políticas sociales, beneficios sociales, subsidios de vivienda? Por lo menos, exijan un nivel de responsabilidad para que los trabajadores no salgan a protestar porque no se les pagó el reajuste debidamente, ya que los recursos son inexistentes.
Esto lo advertimos hace tiempo, pero lamentablemente se ocultó la información hasta hoy. Ahora se nos quiere presionar, 24 horas después de que se presenta el proyecto, para que lo votemos a favor con 129 medidas. Los que nos están viendo podrán entender que tenemos una incapacidad física para votar 129 leyes pequeñas en 24 horas. Estamos de acuerdo con muchas iniciativas que votaremos luego de esto, pero yo voto en contra porque esta ley hace dos cosas que considero inmorales: primero, prometer un financiamiento que hoy no existe, y segundo, dejar con amarre a personas que no merecen seguir en el Estado.
Por último, quiero señalar que hay una contradicción, porque si hay algunas normas en las cuales estamos de acuerdo, si la votación mayoritaria aquí fuera de rechazo, esas normas no se podrían discutir ni avanzar. Si votáramos en general, mayoritariamente en rechazo, se produce una contradicción al decir que voto en contra en general, pero hay normas dentro del proyecto que quiero apoyar. Esa segunda derivada no se produce si el proyecto se rechaza en general. Entiendo que uno rechaza un proyecto en general porque no hay nada que se pueda rescatar, pero si hay espacio para mejorar, para el diálogo y la negociación, debemos permitir que ese espacio opere, y eso se logra con la aprobación del proyecto en general.
Sabiendo que se aprueba en general, me quedo con la postura de votar en contra, porque sé que hay los votos eventualmente para que se apruebe en general y después entrar en la negociación por los puntos en particular que uno desea. ¿Quién puede estar en contra de un reajuste al sector público? El sector público tiene que tener un reajuste; podremos tener diferencias en los montos, algunos consideran que es mucho, otros que es poco, pero debe haber reajuste, tiene que haber reajuste.
Sobre el tema del "amarre" de los funcionarios públicos, esa discusión la tuvimos y la vamos a tener seguramente en particular. Yo voy a votar a favor, porque creo que el proyecto es necesario, hay un amplio abanico en la discusión y creo que están los espacios. No nos engañemos, hemos tenido las conversaciones y el Ejecutivo ha coincidido en algunas partes de las normas en particular. Si votáramos y rechazáramos el proyecto en general, eso no se podría dar. Así que, presidente, voto a favor del proyecto en general.
Yo voto en contra porque sería irresponsable hacerlo sin saber de dónde se obtendrá el financiamiento para cada uno de los proyectos. Dado las posiciones que hemos escuchado, queda absolutamente claro que no hay recursos suficientes para todo lo que queremos. Me hubiese gustado escuchar a la señora Contralora General de la República y al Consejo Fiscal Autónomo para tener claridad sobre lo que estamos haciendo. No estoy partidario de cortar algunos proyectos sociales para financiar un reajuste que solo heredaremos al gobierno que viene en 60 días más. Creo que debemos ser muy responsables y me sorprendió que se pusiera a votar hoy. Entró ayer el proyecto y estamos votando hoy, lo que me parece incorrecto. Si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, quizás la situación hubiese sido diferente. Dado que estamos presionados para votar de esta forma, prefiero tener tranquilidad y no engañar a la ciudadanía.
Presidente, yo voto a favor. Me parece que esta es una buena oportunidad, además de otros elementos que contempla la ley de reajuste, que tienen consideración respecto al teletrabajo, que es algo que debemos legislar, porque si no, dejaremos en una situación muy complicada a muchas trabajadoras y trabajadores. También creo que lo que se ha mal llamado "ley de amarre" es una oportunidad de hacer una distinción necesaria entre los trabajadores de confianza, que deben irse una vez terminado el gobierno, y los trabajadores que son de carrera funcionaria.
Lo que se está pidiendo en este caso a los trabajadores contratados es que se argumente el despido. ¿Por qué están en contra de que se argumente el despido? Es francamente sorprendente lo que se ha llegado a argumentar aquí. Además, que esto sea revisado por la Contraloría, que es una institución bien valorada y de la cual todos aquí tienen una buena opinión, respecto a la imparcialidad en su revisión. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento?
Al final del día, a mi juicio, esto parece ser una excusa para rechazar. Hago un llamado a que los parlamentarios tengan apertura. Puedo entender la votación del día de hoy, pero mañana en sala espero que voten a favor, porque esa es la señal que se debe dar, sobre todo porque estamos votando la idea de legislar. Si no les parece uno que otro aspecto dentro de la discusión, bueno, voten en particular en contra. Pero no se entiende que la idea de legislar se vote en contra del reajuste tan necesario para que los trabajadores cuenten con lo que necesitan, que tiene que ver con sus salarios. Es una cuestión de dignidad y de justicia, especialmente comparativamente respecto a la situación de los trabajadores del sector privado. Me llama la atención los argumentos que se han dado aquí y el continuo maltrato.
En el lenguaje que se tiene desde los sectores de la derecha hacia el trabajador del sector público, porque además conviven habitualmente con trabajadores del sector público. O sea, cuando uno es diputado, va a su distrito y habla con trabajadores de la salud, son trabajadores del sector público. Cuando habla con profesores, también son trabajadores del sector público. Entonces, estar continuamente maltratándolos no me parece que sea la forma de respeto que debemos habituar a la ciudadanía. Porque, presidente, cuando uno habla mal del trabajador del sector público, lo que finalmente está poniendo en cuestionamiento es el servicio público y lo que se entrega, que debe tener legitimidad. Nosotros legislamos, presidente, derechos para las personas que son implementados por funcionarios públicos.
Desde la próxima semana se van a aumentar las jubilaciones de las personas. ¿Y esa entrega de beneficios quién la va a realizar? Bueno, trabajadores del sector público. Por lo tanto, me parece que si en esta comisión estamos legislando a favor de aumentar los derechos sociales y fortalecer el servicio público, lo primero es que partamos con un mínimo de respeto hacia quienes entregan ese servicio. Ese respeto no lo tuvimos en esta comisión, presidente, ya que lamentablemente se repitieron actitudes de maltrato por parte de algunos parlamentarios. Creo que ese tipo de actitudes le hace mal a la política, y esperaría que en una próxima oportunidad, cuando desarrollemos el debate, evitemos ese tipo de alocuciones.
Presidente, también quiero comentar que hay una contradicción en el discurso de nuestros colegas que han votado en contra, porque aquí hay temas que no son nuevos, que vienen de la ley de presupuesto y que estaban acordados. No podemos decir que lo supimos ayer, porque lo sabíamos desde noviembre, que estos temas los íbamos a votar ahora: la postergación del año pasado, la postergación del reavalúo, el tema de las contribuciones a los terrenos usurpados y varios temas más que, para poderlos votar, necesitamos aprobar en general el proyecto. Si no, no los podemos votar.
Además, el tema de que esto no está financiado es relativo, porque como bien expuso el ministro, no es la primera vez que hay que hacer alguna reasignación. Todos los gobiernos han tenido que reasignar recursos porque nunca ha quedado completamente financiado el reajuste. De hecho, el traspaso del gobierno de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet requirió la reasignación de la mitad de lo que costaba ese reajuste.
Que no esté completamente provisionado es discutible, ya que en la glosa sobre provisión para financiamiento comprometido, más la glosa para leyes permanentes con gasto aleatorio, más el ahorro que hay de los tres por uno, creo que, si no se pasa, está casi completamente provisionado este reajuste. Lo que hemos escuchado aquí es solo una excusa, como han señalado algunos colegas, porque el próximo gobierno en 18 meses tiene que cumplir con una promesa de descontar del presupuesto, es decir, del Estado, seis mil millones de dólares. El exministro Briones del gobierno de Sebastián Piñera dijo que era imposible. Si no le creemos a nuestros ministros, tampoco podemos creer a los ministros del otro sector que afirman que eso es imposible.
Se está preparando un relato para justificar esta situación, que sin duda va a dañar al Estado, directa e indirectamente, y también a todo el pueblo de Chile que necesita de este Estado. Por eso creo que lo que está detrás de esto es solo una excusa para comenzar a generar ese relato, porque a partir de marzo y en un año y medio nos veremos todos afectados, y esta será la justificación. Por lo tanto, encuentro que hay una contradicción completa, y nosotros vamos a defender, como han dicho mis colegas, al Estado. Vamos a proteger al servicio público, porque el cien por ciento de los habitantes de este país depende de ello.
Es el que necesita del Estado. Cuando nace, hasta cuando se muere. Cuando nace, porque tiene que ir al Registro Civil a inscribirlo, y cuando se muere, porque tiene que ir al Servicio Médico Legal para que le digan de qué se murió, y al Registro Civil también para obtener el certificado de defunción. Todos los habitantes de Chile necesitan del Estado, y más todavía la gente que más lo necesita. En mi distrito 9, está completamente copado de esa gente que requiere del Estado. Por lo tanto, yo no le puedo fallar, y por eso es que voto a favor de este proyecto.
El resultado, presidente, es 8 a favor y 5 en contra, aprobada la votación en general.
Hay una propuesta de votación que le voy a pedir a la ministra. Ministra, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, y a los funcionarios y funcionarias públicas que nos acompañan. Tal como se ha planteado, hay una pauta de votación en la cual hemos propuesto que algún subconjunto de aquellas normas se puedan votar.
El primer capítulo incluye las normas de compromiso adquirido en el marco del protocolo de acuerdo de la ley de presupuesto. Dentro de eso, las normas que se proponen votar son, en primer lugar, el artículo 82, número 2, que es una modificación a la glosa 11 de la partida 31, para aclarar la aplicación del límite de costo de infraestructura sanitaria financiada por los gobiernos regionales. En segundo lugar, tenemos el artículo 83, que es la postergación del avalúo tanto de los bienes raíces agrícolas como no agrícolas. El artículo 84 establece un plazo especial de rebaja del impuesto a los predios ocupados. El artículo 85 otorga una exención del impuesto verde a los vehículos de la Policía de Investigaciones. El artículo 86 hace una prórroga por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio para la Financiación de la Reconstrucción de Valparaíso. Finalmente, se incorpora también el artículo 107, que exime de IVA a las empresas solidarias.
Eso en el primer conjunto de materias, presidente. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, colega. ¿Les parece?
A propósito de la norma que he señalado a continuación, me da la impresión de que sí estaría dentro de este paquete. Yo pediría que se incluya la relacionada con la bonificación.
No está.
Ah, perfecto, sí. Presidente, si me permite, por su intermedio, el diputado Santana efectivamente había hecho una precisión que se refiere al segundo conjunto de materias que se propone analizar, vinculado a los incentivos al retiro. En esta materia, es la precisión que él planteó, pero en este grupo de materias son solo las que taxativamente he enumerado.
Presidente, me gustaría saber por qué no está en este listado lo que tiene que ver con los aportes de los gobiernos regionales a la empresa pública. Me gustaría saber por qué no está, si debiera perfectamente estar.
Estamos tratando de avanzar en lo que tenemos acuerdo transversal. Lo que acaba de nombrar la ministra es lo que tenemos acuerdo para votarlo, yo me imagino que de manera unánime. A ver, pero, ¿quién podría negarse, presidente? Lo pregunto muy en serio, al desarrollo de todo un territorio y de la Antártica, con todo lo que esto significa para el país. Si en esto no hay un acuerdo, presidente, si no hay un consenso, ¿en qué lo tenemos?
De verdad quiero pedir que se revise. No lo voy a votar, presidente, si es que no se revisa esto.
Presidente, por su intermedio, respondiendo a la consulta formulada por el diputado Bianchi, efectivamente, dentro del marco de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en la tramitación de la ley de presupuesto, hay una serie de otras materias que están...
Dentro de este primer conjunto, pero que no concitan necesariamente la unanimidad para poder votarla, se encuentra el aporte que puedan realizar los gobiernos regionales a las empresas públicas. También está la nueva calendarización de la puesta en marcha de los servicios de educación pública. Hay algunas otras modificaciones, por lo que hice la salvedad de que se trata de un subconjunto de los compromisos adquiridos que concitan la unanimidad, para luego, en las siguientes votaciones, poder abordar en profundidad el tema que el diputado plantea.
No significa que no lo vamos a votar, pero para ser más expedita la votación, primero abordaremos aquellos en los que hay acuerdo y, posteriormente, votaremos lo siguiente. Así se transparentarán todas las posiciones.
Presidente, quisiera, por su intermedio, que la señora ministra repitiera lo que había acuerdo transversal y que ahora ha cambiado. Tranquilo, vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Para que quede claro, lo repetimos para que lo vayan marcando en la pauta que tenemos.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio, haciéndome cargo de la consulta del diputado Von Brimblock. Repito los artículos que generan el consenso para ser votados, que son un subconjunto de aquellos comprometidos en el marco del acuerdo de la ley de presupuesto. En primer lugar, el artículo 82, numeral 2, que se refiere a la aplicación del límite de costo de infraestructura sanitaria que puede ser financiada por los gobiernos regionales. En segundo lugar, el artículo 83, que pospone la facultad de avalúo de los bienes fiscales, tanto agrícolas como no agrícolas. Luego, el artículo 84 establece un plazo especial para la rebaja del impuesto de los predios ocupados. El artículo 85 establece una exención al impuesto verde de las policías. El artículo 86 es una prórroga por dos años del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso. Y el artículo 107 es la exención al impuesto del IVA de las empresas solidarias.
Si les parece, aprobado. La primera la tomo y después con la misma votación.
Presidente, tengo que tomar la primera votación particular porque la anterior había rechazado el proyecto general, por lo tanto no es la misma votación. Aquí se ha querido intencionar reiteradamente lo que tiene que ver con un desprestigio de la función pública. Quiero señalar con fuerza que las y los trabajadores públicos trabajan para el Estado de Chile y no para el gobierno de turno. Ahí hay una tremenda diferencia y es el respeto que se merece la función pública en nuestro país.
Les pido a las personas que están presenciando la votación que, por favor, mantengamos el orden. Continuemos con la votación.
¿Señor Cifuentes? ¿Señor Donoso? ¿Señor Millado? ¿Señorita Rojas? ¿Señor Romero? ¿Señor Santana? A favor, pero voy a argumentar brevemente, señor secretario, porque voy a secundar a mi colega Bianchi a propósito de este paquete de normas que están acordadas. A mí también me parece extraño que una norma busque que los gobiernos regionales puedan transferir recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas públicas.
No reciba la aprobación por parte de esta comisión. Y lo digo porque, en el caso, seguramente Carlos tiene una experiencia en el caso de Magallanes. Nosotros, en la región de Atacama, tenemos la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, que atiende a la pequeña y mediana minería. Anteriormente a la norma que se aprobó en una ley de presupuesto anterior, que permitió que los gobiernos regionales traspasaran recursos, se destinaban solamente 7 millones de dólares anuales para fines productivos a la Empresa Nacional de Minería. Lo que permite esto, entre otras cosas, es que esa empresa, ENAMI y otras, tengan la posibilidad de contar con más recursos provenientes del gobierno regional para realizar su labor. Por lo tanto, me parece, al igual que el diputado Bianchi, algo bien anómalo que una cuestión de carácter local no se apruebe y no se respalde en esta comisión. Yo apruebo, señora secretaria.
Presidente, por su intermedio, dentro del segundo conjunto de materias que se había acordado avanzar, está lo relativo al numeral 5 de la minuta pauta sugerida a votación, que tiene que ver con las normas relativas a los incentivos al retiro. Ahí hay que hacer dos salvedades. Primero, que el ministro Grau, por su intermedio, pueda aclarar la norma de financiamiento específico que está contemplada en la ley de presupuestos sobre esta materia, y hacernos cargo de la duda planteada por el diputado Santana, identificando cuál es el artículo respectivo para poder dejarlo pendiente, entendiendo que está pidiendo una aclaración.
Como todos hemos sido testigos, este es uno de los debates más importantes que hemos tenido durante las sesiones de hoy. Dice relación con lo que tradicionalmente han hecho las leyes de reajuste en materia de especificar cuáles son las fuentes de financiamiento. Ese es un debate legítimo que vamos a seguir dando, probablemente, y que aparecerá en distintos momentos, sobre todo en la votación de los temas particulares que se revisarán el lunes. Sin embargo, hemos conversado que en el caso de las normas relativas al incentivo al retiro, estas tienen una particularidad, y es que en la ley de presupuesto están provisionadas de forma específica, a diferencia de las otras partes que tienen provisiones más generales.
En la provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio se consideran 106.647 millones de pesos para el financiamiento de incentivos al retiro. En el caso de estas normas, que corresponde al punto 5, estos distintos artículos suman 30.000 millones de pesos, que son un subconjunto de estos 106.647 millones. Los otros 76.647 millones se votarán en otro momento. Pero podemos garantizar que el tema que les ha preocupado respecto a una fuente específica de financiamiento, más allá de la diferencia legítima que tengamos, en este caso sí está bien resuelto. Por lo tanto, a nuestro juicio, existen condiciones para poder votar esta parte del proyecto.
Presidente, por su intermedio, haciéndonos cargo de la duda planteada por el diputado Santana, el artículo que habría que dejar pendiente para poder clarificar el aspecto que él plantea es el artículo 2, numeral 13, letra C, que aclara la fecha de postulación para el año 2026 de los beneficios del incentivo al retiro, establecido en el título 2 de la ley 19.282, es decir, toda la administración central, menos salud, y que establece los requisitos para los funcionarios y funcionarias que tienen 65 años o más al 31 de diciembre del año 2025 y se encuentran afiliados a alguno de los regímenes previsionales administrados por el IPS.
Por lo tanto, el acuerdo que se ha tomado es avanzar en aquellas materias que tienen un cierto consenso unánime, y dada la duda planteada por el diputado Santana, la idea sería dejar eso para poder darle una vuelta y una aclaración al respecto dentro de las materias que se votarán el próximo año.