Cámara de Diputados - Hacienda - 7 de enero de 2026

Nos ponemos de pie, entonces. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura de la cuenta.

Presidente, los documentos que han llegado recientemente para esta sesión incluyen una carta de la señora María Teresa Yáñez, trabajadora social del Centro de Salud Mental Comunitaria de Talca. En su misiva, solicita la pronta aprobación del proyecto de ley, especialmente en lo que respecta al trabajo telemático, ya que esto no afecta el bienestar de los niños durante el periodo de invierno. Advierte que la falta de estas facilidades desincentiva la natalidad, aumenta los riesgos de vulneración infantil al delegar el cuidado a terceros y debilita el vínculo fundamental entre padres e hijos en la crianza. Asimismo, se ha recibido la audiencia del juez Javier Mundo Lema, del Juzgado de Policía Local de Loanechea, quien representa a los jueces y secretarios abogados de la Policía Local. Su intervención busca discutir el proyecto de reajuste al sector público de 2026, reclamando la exclusión de estos juzgados del proyecto, a pesar de haber cumplido íntegramente con todos los requerimientos técnicos y administrativos formulados por el Ejecutivo durante un año de trabajo, subrayando la urgencia de su incorporación al proyecto. Sobre la cuenta, el diputado expresa su agradecimiento y señala que ha habido varias presentaciones y conversaciones con casi todas las organizaciones. Menciona que existen numerosas peticiones, muchas de las cuales son inadmisibles. Manifiesta su deseo de que, antes de proceder a la votación en general, se establezca un plazo para que el Ejecutivo se pronuncie sobre si tiene la disposición de acoger los planteamientos solicitados por las distintas instituciones del Estado. Advierte que, de no hacerlo, se enfrentarán a indicaciones inadmisibles en la votación particular. Se menciona que el día lunes expondrán la Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo, y se considera importante invitar también a la directora de presupuesto, quien ha estado ausente en esta discusión, dado que el principal problema es de presupuesto. Se acuerda repetir las invitaciones y se confirma que el ministro también asistirá en un futuro cercano para responder a las consultas y evaluar las indicaciones presentadas. Finalmente, se aclara que esta sesión no estaba programada para votar, por lo que es imposible proceder con la votación en este momento. Se insiste en la necesidad de escuchar al Consejo Fiscal Autónomo y a la Contralora antes de avanzar a la votación en general, reafirmando el compromiso de avanzar en el proceso legislativo.

En lo que más podamos, y los artículos, no voy a tocar ni un artículo que tenga que ver con la exposición del Consejo Fiscal Autónomo ni la Contraloría. Pero sí creo que es innecesario, o más bien ilógico, que no podamos votar cosas que no tienen que ver con lo que ustedes están pidiendo. Tú mismo, por ejemplo, ayer decías que estaba el tema de los terrenos usurpados. ¿Por qué no los votamos? Igual que ese hay otros más. La citación de hoy dice que, a su término, se procederá a la votación en general. Las audiencias terminan hoy día. Estas audiencias que están en el listado son de funcionarios que vienen a informar sobre un tema concreto de la comisión como insumo, no como audiencias solicitadas. No, yo soy muy exacta en la interpretación. Voy a leer lo que dice el artículo en concreto: "Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la Cámara. Podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates y hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva". Una vez que se vota en general, no se pueden recibir más audiencias, y esto está en otra parte del reglamento. En este caso, se puede, sí, antes de la votación en general. Por eso, para ilustrar, se han terminado las audiencias con un tema específico. Eso es lo que queremos hacer con el Consejo y con la Contralora, que van a hablar sobre esos temas específicos. Tenemos el listado de las audiencias que faltan, que son las solicitadas por el diputado Donoso, el diputado Mellado y el diputado Sauerbaum, que fue la última que ingresamos. Después del punto 6 dice que, al término de la audiencia, se procederá a la votación en general del proyecto. Pero, presidente, perdón, con todo respeto, aquí se trata del reajuste de las platas. Si al votar en general se vota todo, después se empezará a votar en particular. La votación en general es la idea de legislar. Todos lo sabemos, Miguel. Diputado Romero, el presidente siempre utiliza el término de votar la idea de legislar. Pongamos que eso sea cierto. ¿Alguien está dispuesto a votar a favor de este proyecto, de hacer un reajuste, si no tenemos certeza de que existen los recursos? ¿Estamos dispuestos, como parlamentarios de la Comisión de Hacienda, a poner nuestro voto en algo que no tenemos certeza de que en verdad existen esos recursos permanentes para financiar gastos permanentes? Ese es el tema en juego. Por lo tanto, no es baladí que pidamos que venga el Consejo Fiscal Autónomo. Necesitamos tener la tranquilidad de que, cuando apretamos el botón, nos hacemos responsables de nuestra votación. Si después aparece información de que los dineros no están, ¿quién será responsable de eso? Si alguien se siente cómodo votando esto así, tendrá que responder. Pero, de verdad, esta es la Comisión de Hacienda. Para zanjar ese tema, todo lo que tenga que ver con el Consejo Fiscal Autónomo no lo vamos a votar ahora. Si la próxima semana el Consejo, antes de la votación en particular de esos artículos que tienen que ver con esa información, no le parece, lo vota en contra. Esa es la oportunidad de votar en contra. Continuaremos con el objeto de la sesión, pero primero escucharemos a la audiencia. Con el objeto de continuar recibiendo las audiencias solicitadas respecto al proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales. Boletín N°18036-05.

Ocho mil treinta y seis guion cero cinco, con urgencia calificada de discusión inmediata. Al término de las audiencias, como está en la citación, se procederá a la votación en general del proyecto. Está invitado el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y comenzaremos las audiencias con el alcalde que invitó el diputado Bianchi, el alcalde de Punta Arenas, señor Claudio Radonich Jiménez, que está conectado por Zoom. Así que, ojalá pueda comunicarse ahora don Claudio. Sí, se escucha mejor que en la mañana. Quiero, por su intermedio, dar gracias al diputado Carlos Bianchi por esta invitación. Muy breve, porque estoy aquí para hablar sobre la ley de reajuste de los últimos años. Si bien es cierto que tiene un impacto general, hay una norma que afecta solamente a nuestra comunidad de Punta Arenas. Don Claudio, ¿es posible que se acerque más al micrófono? Ahí sí. Y, por su intermedio, ofrezco disculpas por esta transmisión. Como se ha informado, las leyes tienen un efecto general, pero hay excepciones donde solo hay una persona o una comunidad que es afectada. En las dos últimas leyes de reajuste, nuestra comunidad se vio afectada por cambios de criterio respecto del SLEP. Quiero ser muy claro: nosotros aplicamos política pública. En el año 2017, ustedes saben que los asistentes de la educación están bajo el código del trabajo, por lo que tienen el derecho a formar sindicatos y, por supuesto, a negociar colectivamente con el empleador, que en este caso era la corporación municipal de nuestra comuna. Este tema se abordó antes del traspaso del año 2017, en el mes de agosto. En noviembre se publicó la ley 21.040 con el traspaso, y durante un tiempo se fueron cambiando normas y mejorando las condiciones con este traspaso. De hecho, en el año 2019 se establece un cambio a la norma que prohíbe cualquier modificación en remuneraciones o beneficios seis meses antes del traspaso. Este traspaso se realizó el 31 de diciembre de 2023, y quiero recordar que en nuestro caso fue traumático, ya que hasta el 17 de diciembre no teníamos claro si habría traspaso o no. Con la línea de tiempo clara, puedo indicar que se cumplió con el derecho de los trabajadores en 2017, antes del traspaso, y ustedes saben que los derechos son progresivos. Cuatro años después, en 2021, se firmó un nuevo acuerdo colectivo basado en lo establecido en 2017. Estos sindicatos se separaron, por lo que el nuevo acuerdo también suma todos los beneficios laborales. Así llegamos al traspaso, que fue complicado y traumático. Lo que sucedió es que el traspaso, que se generó por esta ley de reajuste, indica que todos los pagos en exceso de sueldos acordados con la corporación municipal o las municipalidades desde 2021 en adelante son de cargo de la municipalidad. El primer hecho que quiero destacar es que se cambia una vez que ya se realizó el traspaso, pero no se reconoce que aquí hay un derecho adquirido en 2017. Fuimos a la justicia, y en 2024 se indicó que los cobros deben ser ad eternum. El Ejecutivo presentó una norma para establecer un límite a estos pagos extra por tres años, pero fue modificada. Por tanto, hoy nuestra comunidad tiene que pagar hasta el último funcionario, ya sea por fallecimiento o renuncia, lo que representa un costo del 8% de nuestro presupuesto. Por ello, solicitamos que se reponga el artículo original del 2024, que establece un tope, ya que no existe legislación que contemple estos pagos de manera indefinida. Este es un tema que se puede mejorar, y quiero reiterar que nuestra municipalidad actuó de buena fe, conforme a las normas.

Se puede observar que, a lo largo del tiempo, se han reconocido los derechos de los trabajadores desde el año 2017, en agosto, y estos derechos se han mantenido. Sin embargo, en un periodo de 12 meses, se han cambiado tres veces los criterios de pago, lo que resulta extraño en nuestra legislación. Con todo respeto, ya hemos conversado sobre este tema con Hacienda y con la Dirección de Presupuesto. Este es un momento crucial para recuperar la voluntad del Ejecutivo para el año 2024, permitiendo un pago con un tope de 36 meses, entendiendo que la municipalidad actuó de buena fe con las normas vigentes en ese momento. Hoy, debido a estos cambios, hay una comunidad afectada que es nuestra ciudad, con 130,000 habitantes, por un tema meramente administrativo. Insisto en que no ha habido mala fe de parte de nadie, pero los platos rotos están siendo pagados por nuestra comunidad. Por ello, en esta instancia tan importante, agradezco poder tenerla. Lo que estamos solicitando es que, dentro de todas estas normas, se pueda realizar este cambio para que nuestra ciudad continúe funcionando con normalidad, siempre actuando de buena fe y defendiendo los derechos laborales que surgen antes de la propia ley que estableció los traspasos de las municipalidades al SLEP, en este caso en Magallanes. Quiero pedir la atención de todos, ya que es un punto que ha planteado el alcalde de la comuna de Punta Arenas. Aquí hay un acto de tozudez sin precedentes. Esta materia ha sido abordada con el ministro anterior de Hacienda y con el actual en innumerables ocasiones, así como con la directora de Presupuesto y otras autoridades. No se puede explicar que, previo a los traspasos del SLEP en Punta Arenas, donde se logró un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los asistentes de la educación, luego se castigue no solo al alcalde de turno, sino a toda la comuna. Estamos hablando del 8% del total de los ingresos de la comuna, y se pretende cobrar esto ad eternum, de por vida. Este es un castigo sin precedentes, cuyo único propósito fue mejorar las condiciones laborales. Lamento que el ministro no esté presente en este momento, pero hay representantes de la DIPRES. Por su intermedio, presidente, solicito encarecidamente que, previo a la votación en particular que se pretende realizar el día lunes, exista una respuesta final a esta petición que hace un alcalde. No se trata de favorecer a una autoridad en particular, sino de reconocer que este gobierno ha aplicado una medida sin precedentes, un castigo por mejorar las condiciones laborales, que se pretende cobrar de por vida a la municipalidad de Punta Arenas, reduciendo su presupuesto en un 8%. ¿A alguien le parece razonable esto? Funcionarias y funcionarios, si a ustedes se les mejoraran sus condiciones, ¿les parece razonable que su institución pague de por vida un castigo? Obviamente que no, presidente.

En esto, quiero poner todo el énfasis y toda la fuerza, pidiéndole a mis colegas encarecidamente que consideren esta situación. Estoy seguro de que si esto afectara a cualquier municipio de ustedes, el 8% de un presupuesto, estarían en la misma condición que yo. Finalmente, presidente, ¿de qué se trata? El alcalde aquí ya lo dijo. Está pidiendo un máximo de treinta y seis meses, que fue lo que solicitó para establecer una línea de corte. Necesito esa respuesta; de lo contrario, mi posición será durísima si veo que el gobierno, antes de irse, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que nació en la comuna de Punta Arenas, no toma en cuenta esta solicitud. Espero que el propio presidente entienda que el castigo que se está infligiendo no es al alcalde de turno, sino a su comuna. Esta situación, presidente, no amerita más explicación. Por su intermedio, le solicito a quien representa la DIPRES que, durante el día de mañana o pasado mañana, me haga llegar información para aclarar si es posible revertir esta situación y otorgar los meses que ha pedido el alcalde para ponerle un término definitivo, evitando así este castigo ad eternum a la comuna de Punta Arenas. Quedaron algunas respuestas pendientes de la sesión anterior. Vamos a terminar con la audiencia y luego se sentarán la señora Ana y José, quienes tienen preguntas pendientes. Continuaremos con las exposiciones para avanzar. Está presente el director ejecutivo de las Empresas Eléctricas AG, señor Juan Meriches Riveros, por Zoom. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha perfecto. Muchas gracias por haber aceptado nuestra solicitud de audiencia y también por su intermedio a las diputadas y diputados presentes. Vengo a comentar un aspecto muy particular de un proyecto de ley que, como ustedes saben, tiene aspectos de naturaleza distinta, pero también hay una serie de aspectos misceláneos que vale la pena comentar. Me quiero referir a una materia que está en el artículo 123 del proyecto de ley de reajuste, que tiene que ver con distintas normas en materia de pacientes electrodependientes. Como ustedes saben, hoy día la ley protege a aquellos pacientes que están en condición de electrodependencia, otorgándoles una serie de beneficios asociados, como el no corte de suministro eléctrico, descuentos en sus cuentas de suministro y la necesidad de tener respaldo a través de distintos medios cuando el suministro se ve interrumpido. El proyecto de ley plantea distintas normas en este artículo 123 que creemos que van en la dirección correcta, en términos de aumentar los niveles de protección de esos clientes. Sin embargo, hay dos aspectos en particular que creemos que es necesario modificar para que puedan responder mejor a las necesidades de esos pacientes, sin que eso signifique una carga insostenible para las empresas distribuidoras. Cabe recordar que estas normas que propone el Ejecutivo fueron parte de la discusión del fallido proyecto de ley de aumento del subsidio eléctrico, hace algunos meses, y que nacen como una moción de algunos senadores en la Comisión de Minería y Energía del Senado. En particular, hay dos temas que son materia de nuestra preocupación. Uno es que este proyecto de ley busca traspasar a las empresas distribuidoras la obligación de mantener actualizado el registro de electrodependientes, además de una verificación y reporte quincenal a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por otra parte, plantea la instalación obligatoria de medición inteligente en todos los domicilios de pacientes electrodependientes, 30 días después de publicada la ley.

La actualización del registro es una materia que ya está regulada. Un decreto supremo del Ministerio de Energía del 2022 dispone que la inscripción en el registro y los cambios durante la vigencia recaen en el paciente electrodependiente o en su tutor. Este principio es coherente con el régimen general de beneficios sociales en el país, donde un beneficiario debe registrarse para acceder a un beneficio. Si hay algún cambio de domicilio o de condición, es el mismo usuario quien debe informar dicho cambio. Lo que se busca aquí es definir esta obligación con una periodicidad quincenal, para que la empresa esté al tanto de si una persona electrodependiente se ha cambiado de domicilio, ha fallecido o ha cambiado su condición por alguna otra circunstancia. Sin embargo, esta carga se traspasa al Estado, que debería saber cuándo cambia la condición de un paciente, dado que la autoridad de salud tiene acceso a esta información. No obstante, se espera que la empresa visite quincenalmente al cliente para verificar estos cambios, lo que parece contraproducente respecto al funcionamiento de otros beneficios sociales en el país. El plazo de quince días para estas visitas parece excesivo, ya que implicaría molestar al usuario cada quincena para requerir información. Creemos que, independientemente de cómo se resuelva esta discusión, es fundamental abordar dónde debería estar alojado el registro de electrodependientes. Actualmente, este registro está en manos de las empresas distribuidoras y no del Estado, lo cual resulta bastante anómalo. Consideramos que la autoridad de salud debería gestionar este registro, ya que tiene la información actualizada sobre la condición médica de los pacientes y podría actuar con mayor celeridad al incorporar a nuevos beneficiarios. En segundo lugar, es razonable plantear la instalación obligatoria de medidores inteligentes en todos los domicilios de pacientes electrodependientes. Esto permitiría saber de inmediato cuando una persona no tiene suministro eléctrico y facilitaría la reposición remota. Sin embargo, el problema es que la propuesta no considera que esta exigencia ya está contemplada en la norma técnica de calidad de servicio de sistemas de distribución, que exige la instalación progresiva de estos medidores para los más de 10.000 pacientes electrodependientes registrados en el país, con un plazo establecido hasta marzo de 2026. Por lo tanto, buscar acelerar este proceso 30 días después de la publicación de la ley no solo parece poco razonable, sino que podría generar problemas logísticos, especialmente en la instalación de medidores en zonas aisladas y rurales, dificultando el cumplimiento de una exigencia que ya está establecida en la normativa vigente.