Ponemos de pie, entonces. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Voy a dar cuenta del oficio del Presidente de la República, mediante el cual se solicita discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que está en tabla y se está analizando, Presidenta. Muy bien, ¿algo sobre la cuenta? Para que partamos con la orden, que tiene por objeto recibir las audiencias solicitadas respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales del Boletín N° 18.036-05, con urgencia calificada de discusión inmediata. Está invitado el Ministro de Hacienda, señor Nicolás Grau, y para las audiencias tenemos ocho en esta sesión: de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Asociación de Funcionarios de Jardines Infantiles, de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de la Organización de Profesionales del Estado, del Movimiento de Mujeres del Sector Público, y también el alcalde de Punta Arenas, que se va a conectar de manera telemática. Así que vamos a partir, entonces, tenemos como primer invitado, como representante de la Central Unitaria de Trabajadores, al presidente, señor José Manuel Díaz Zavala.
Tiene la palabra, entonces, la señora Gabriela Farías. Bienvenida.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a las y los parlamentarios que se encuentran en la sala, a las personas que vienen representando al Ejecutivo y a mis compañeros y compañeras dirigentes gremiales del mundo público. Mi nombre es Gabriela Farías, soy vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y además trabajo en la coordinación de las secretarías del sector público de la central.
Antes de dar la palabra a la coordinadora de la mesa del sector público, desde la CUT quisiéramos puntualizar un par de aspectos que consideramos necesario relevar en esta oportunidad, los cuales están incluidos en una serie de minutas que hemos dejado para su revisión, ya que contienen información relevante sobre los temas que abordaremos.
Desde la CUT y las organizaciones del sector público, señalamos claramente que defendemos a las y los trabajadores permanentes del Estado, quienes son los que hacen que el Estado funcione. No defendemos al personal de confianza. Por lo tanto, pedimos respeto a las y los trabajadores públicos. Se nos ha denostado y se han difundido datos erróneos e imprecisos que, al ser aclarados, nunca fueron rectificados públicamente, ni ante la ciudadanía ni ante ustedes. Todos esos dichos negativos y difamatorios fueron profusamente difundidos por la prensa y las redes sociales, dejando en la ciudadanía una impresión negativa que no merecemos. No somos parásitos, no somos avernados; somos trabajadores permanentes del Estado que mantenemos a nuestras familias, tal como lo hacen todos los trabajadores en cualquier labor.
Las y los trabajadores del Estado merecemos y exigimos, en todos los espacios, incluido este, que sean respetuosos y democráticos. En el lenguaje y las opiniones, se debe referir a nosotros de manera respetuosa, ya que cuando alguien se refiere a los funcionarios públicos con adjetivos de descalificación o descrédito, está denostando toda la función pública.
Es importante recordar quiénes somos los funcionarios y funcionarias públicas. La seguridad que se provee la otorgan funcionarios públicos, como los carabineros, las fuerzas armadas y los guardias municipales. Además, quienes asisten ante una emergencia, catástrofe o pandemia, todos ellos son trabajadores públicos. También lo son los trabajadores municipales, de salud, así como quienes educan y cuidan a nuestros niños e infantes y a nuestros jóvenes, proveyendo su alimentación. Todos ellos y ellas son funcionarios públicos, así como quienes responden a los distintos requerimientos de las personas en cualquier situación y gestionan los beneficios del Estado.
Los más de un millón de trabajadores del gobierno central y los miles de trabajadores del mundo municipal y de la educación están presentes en la vida de cada uno de quienes estamos en esta mesa, no solo de las personas vulnerables, como se puede creer, sino de todas las personas que habitamos en este país.
Por eso, cuando hablamos de estabilidad laboral y de condiciones laborales, les pedimos que recuerden a todos los funcionarios públicos que día a día representan al Estado y sirven a la ciudadanía, incluyendo, por ejemplo, a quienes trabajan en este edificio.
Respecto a la estabilidad, queremos recordar que en el mundo privado, luego de un año de trabajo, el trabajador ya tiene estabilidad laboral y contrato indefinido. Cuando se despide a alguien bajo el artículo 161, ese despido debe estar fundamentado; de lo contrario, se aplicarán recargos en su indemnización. Lo que pedimos cuando se habla de proceder a las desvinculaciones es que sea un acto fundado, que no sea una acción arbitraria, que tenga un motivo claro y objetivo. Por ello, solicitamos que se legisle afirmativamente el principio de confianza legítima, que es la expectativa fundada.
Habilidad laboral que los trabajadores del mundo privado tienen al cumplir un año. Y finalizo diciendo claramente que nosotros defendemos la función pública; somos trabajadores del Estado. Por eso, el acuerdo también señala reglas específicas para los funcionarios de confianza: ellos llegan con una autoridad y se van con ella. Trabajan para un gobierno y se tienen que ir con él. Así que les pedimos que en sus discusiones y decisiones no olviden esto. Los trabajadores del Estado merecemos estabilidad, respeto y que se reconozca nuestro aporte al país. Muchas gracias, señor presidente, y a los honorables diputados y diputadas presentes.
Muchas gracias, señora Gabriela. Diputado Romero, ¿las preguntas de los invitados van después? Sí, después, porque son cinco personas que van a exponer y se van a complementar; cada uno hará una exposición. Y si tenemos preguntas, las haremos pasar para responder. Ahora escucharemos a la señora Laura San Martín, representante de la Mesa del Sector Público. Tiene la palabra, señora Laura, bienvenida.
Buenos días a todos y a todas, estimados parlamentarios y parlamentarias, y a todos los que nos acompañan. Tenemos una presentación. La negociación de la Mesa del Sector Público, como todos sabemos, es una instancia nacional de carácter permanente de la CUT de Chile, integrada por federaciones y confederaciones representativas de los trabajadores del sector público y afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores. La negociación colectiva del sector público es la principal y única negociación ramal que existe, representando directamente a casi quinientos mil trabajadores, ampliando sus beneficios a prácticamente un millón doscientos mil trabajadores del Estado, tanto centralizado como descentralizado.
Esta negociación se ha desarrollado desde 1990, desde que volvimos a la democracia, y el Estado de Chile ha informado en sus memorias de aplicación ante la OIT que es la principal forma de implementación de los convenios suscritos, que son el de libertad sindical (Convenio 87), negociación colectiva (Convenio 98) y sindicación y determinación de las condiciones de empleo en la administración pública (Convenio 151) respecto a los trabajadores del Estado.
Nuestro protocolo de acuerdo es un acuerdo integral, suscrito entre la Mesa y el Gobierno el pasado 17 de diciembre, que abarca no solo materias económicas, sino también laborales. Se alcanzó un acuerdo en materia económica y laboral, además de una agenda laboral con proyección al año 2026. Las negociaciones y sus resultados estuvieron marcados por la demanda de modernización en materias laborales en el Estado y el fortalecimiento de la libertad sindical.
Optamos por un reajuste salarial limitado, con énfasis en las menores remuneraciones. El proyecto de ley contempla un reajuste de un 2% a partir de diciembre de 2025 y un 1,4% a partir de junio de 2026. Estos reajustes buscan cubrir la recuperación del poder adquisitivo perdido hasta noviembre de 2025, aunque su falta de cobertura plena es la principal razón por la que algunas organizaciones de la Mesa del Sector Público no suscribieron el acuerdo. Por su parte, los bonos y aguinaldos se reajustan en la misma cifra, recordando que la mayoría de estos quedaron permanentes a partir del reajuste del sector público del año pasado, ajustándose en un 5%, lo que refleja el énfasis de las organizaciones en beneficiar a los trabajadores del Estado con menores ingresos.
Este es un acuerdo que moderniza la función pública y proyecta derechos laborales y libertad sindical. Se ha instalado un debate sobre los alcances del acuerdo que no guarda relación con las normas que se someten a discusión del Congreso Nacional. Esto representa un paso fundamental para la modernización del empleo público y su regulación. No es una ley de amarre ni una ley antipituto; es una norma que permite terminar con el uso del Estado como botín de la autoridad de turno. Explicaremos en detalle estas dos normas que están en los artículos 114 y 115 de este proyecto de ley. El artículo 115 regula la existencia del personal de confianza.
El personal de confianza de asesoría de gabinetes, otorgando en el marco que se establece la norma, no solo de plena libertad para contratar y despedir a dicha persona, sino que la garantía de que no será contratado nuevamente. Acá tenemos que hacernos un espacio, porque lo que quedó en el proyecto de ley no es lo que se acordó en el protocolo de acuerdo en el anexo dos. En el anexo dos, esta sería una norma permanente y no como dice el protocolo, que es una norma solamente para ahora. Por lo tanto, solicitamos incorporar el anexo del protocolo que suscribimos en la norma dos.
En el anexo dos, la norma de personal de los gabinetes se incorpora a partir de ahí, y la vigencia quedó solamente para el año 2026 y no permanente como se había solicitado. El artículo 114 habla de la regulación del personal permanente del Estado, ese personal que se mantiene, que permanece, que está siempre. Por su parte, regula al personal permanente del Estado estableciendo el procedimiento administrativo para su no continuidad, sin limitar ninguna de las facultades vigentes de los jefes de servicio.
La norma requiere que se proceda con acto administrativo fundado y no arbitrario, estableciendo un mecanismo de reclamación. Queremos dejar claro que aquí no se le está diciendo que no cancele el contrato o no renueve el contrato, sino que estamos pidiendo un acto administrativo fundado que le explique a la persona por qué se ha decidido su desvinculación. Si una persona está bien calificada durante dos, tres, cuatro, cinco o seis años, no se puede justificar su salida sin una razón válida. Actualmente, hay personas a honorarios con veinte años de servicio a quienes se les ha cancelado el contrato. Por lo tanto, en esta norma se solicita que al menos a estas personas se les notifique el 30 de noviembre, para que puedan tomarse sus vacaciones o días administrativos pendientes.
Ninguna de las normas que contiene el articulado impide el término de la contrata, solo exige que la autoridad actúe con formalidad y fundamento. Se trata de una norma que permite reducir significativamente los costos fiscales que hasta la fecha implican la aplicación arbitraria, que la Contraloría y los tribunales, en uso de sus facultades, anulan o condenan a indemnizar. Ustedes saben que tenemos diferentes juicios de tribunales que hablan de tres a cinco años.
Además, el artículo 27 del proyecto de ley resuelve diferencias de interpretación respecto del alcance y aplicación de normas de la ley de asociaciones, en función de fortalecer los roles de representación de las organizaciones sindicales del sector público. Entre los artículos 18 y 22 se proyectan las autorizaciones de pilotos de teletrabajo para los sectores en que se han venido desarrollando. En el ámbito de la libertad sindical, solo se está solicitando que cuando un dirigente sindical es elegido, no pierda las remuneraciones que está recibiendo en ese momento.
También tenemos una agenda de trabajo con el proyecto que hemos mantenido por varios años, que incluye diez mesas de trabajo transversales. Existe un comité nacional de ausentismo, que dicho sea de paso, existía antes de que surgiera el tema de las licencias médicas, ya que nos preocupa mucho el ausentismo en el sector público y queremos conocer las razones detrás de este fenómeno. Hay pilotos en algunos servicios y estamos esperando los resultados de estos.
Entre las mesas de trabajo se encuentran la mesa de incentivo al retiro, la mesa de 40 horas, que el sector público nuevamente no tendrá acceso, como se observa en el avance del sector privado, la mesa de teletrabajo, la mesa de equidad de género, la mesa de seguridad funcionaria, la mesa de salud mental, la mesa de cuidado infantil y la mesa de renovación de contratos. También se contempla la continuidad de la ampliación en el protocolo, con cinco mesas de trabajo sectoriales que abarcan a todos los trabajadores del Ministerio de Salud, quienes tienen proyectos de ley pendientes, como la mesa de la CONFEMUCH, la mesa de universidades estatales, la mesa de la CEMUCH y la mesa de la JUNJI.
Eso es todo, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a escuchar a la señora Silvia Silva, de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Bienvenida, señora Silvia, tiene la palabra. Presidente, muy buenos días, por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas.
También a la subdirectora de Racionalización Pública de la DIPRES. Mencionar que esta negociación no fue fácil. Políticamente hablando, nosotros siempre partimos desde la defensa férrea de recuperar el poder adquisitivo. Por tanto, la negociación fue bastante compleja en términos económicos, y en ese sentido, como organización, queremos valorar que se haya priorizado y relevado a las remuneraciones mínimas que aún cuentan las instituciones del Estado, siendo una de ellas la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), así como también los asistentes de la educación y otras instituciones del área de la salud.
El esfuerzo en las remuneraciones mínimas tiene una inflación de un 5% y un aumento real de un 1,6%, lo que impacta de manera significativa y positiva en las remuneraciones que se cuentan en el Estado, que son mayoritariamente funcionarias del estamento técnico, administrativo y del estamento auxiliar de servicio menor. Para nosotros, esto es altamente valorable, ya que representamos un alto porcentaje de esas rentas dentro de nuestro servicio.
A pesar de que partimos sin recuperar el poder adquisitivo, esto se logrará en junio de 2026, alcanzando un 2,6%, y en julio de 2026, un 1,4%. Por tanto, no es del todo cierto que la pérdida sea completa. Además, todos esos esfuerzos se realizaron en el marco de la negociación, por parte del Ejecutivo, intentando equiparar y dar un equilibrio a las demandas que contaban con tres pilares fundamentales: la estabilidad laboral, la libertad sindical y el trabajo decente.
Es por ello que hemos valorado el avance en equiparar las brechas, especialmente con aquellos funcionarios que perciben menores remuneraciones. Desde nuestra organización y en representación de las y los trabajadores de la JUNJI, también queremos destacar el esfuerzo político y económico realizado con los trabajadores de la JUNJI, al inyectar un 2% más en la modernización, dado que las brechas de corte están muy por debajo de los PMG y la modernización del resto del sector centralizado. Esto afecta directamente a las mujeres trabajadoras del área de educación inicial en relación a la desigualdad salarial.
Por otra parte, nos gustaría relevar el pilotaje de ausentismo laboral que se está implementando en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Dada la controversia respecto a las licencias médicas, este pilotaje comenzará a implementarse a partir del primero de marzo. Es un pilotaje que trae dos años de datos de construcción, implementación y procedimiento, y su objetivo principal es fortalecer el presencialismo y abordar las materias que afectan el ausentismo laboral, principalmente en las mujeres trabajadoras de la JUNJI.
Por tanto, para nosotros, este proyecto de ley de reajuste, esta negociación que hemos firmado con tanto esfuerzo, representa componentes y elementos que son satisfactoriamente bien vistos por nuestros representados. Queremos valorar también los esfuerzos que se han puesto en proteger la libertad sindical, ya que hemos sido duramente atacados en nuestro ejercicio del trabajo sindical, en materia de horas sindicales, remuneraciones y reivindicaciones de derechos legítimos como funcionarios. No debería ser que, por ejercer un trabajo sindical, hoy se nos esté mermando, afectando y debilitando el movimiento sindical en Chile. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señora Silvia, y le damos paso entonces a la señora Gabriela Flores, representante de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, CONFUSAN. Tiene la palabra, señora Gabriela, bienvenida.
Primero que nada, quiero saludar al señor presidente de la comisión, a los señores diputados y diputadas integrantes de esta honorable Comisión de Hacienda. En mi calidad de presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, CONFUSAN, que representa a más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de la atención primaria de salud a lo largo de todo nuestro país, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, quisiera comenzar señalando que el proyecto de reajuste que hoy se discute no es un hecho aislado, sino parte de una práctica democrática que Chile ha sostenido por más de 35 años. Desde el retorno a la democracia, las organizaciones del sector público hemos construido con los distintos gobiernos un espacio de diálogo social permanente, independiente de los ciclos políticos. Este espacio ha sido la principal vía mediante la cual el Estado de Chile ha dado cumplimiento efectivo a los convenios 87, 98 y, especialmente, al convenio 151 de la OIT, ratificados por nuestro país.
Por lo tanto, lo que hoy está en discusión no es solo un reajuste, sino la continuidad de un mecanismo institucional legítimo, propio de una democracia que reconoce el valor del diálogo social. Queremos valorar, como CONFUSAN, que este año dicho espacio se haya mantenido, aún en un contexto fiscal complejo. La negociación fue exigente y ha permitido arribar a un acuerdo que aborda materias económicas, laborales y sociales. Desde el mundo sindical, reconocemos el trabajo desarrollado junto al Ejecutivo y la voluntad de diálogo expresada durante todo este proceso.
En materia de reajuste de remuneraciones, el acuerdo no satisface plenamente las expectativas de las y los trabajadores del sector público. Sin embargo, se logró una fórmula que permite recuperar un IPC de un 3,4% distribuido en dos tramos, que para nosotros como organización era nefasto, pero dado todo el planteamiento que se hizo por parte del Ejecutivo, lo aceptamos bajo algunas cláusulas. Quiero detenerme en especial énfasis en la confianza legítima y la protección de la función pública, porque esta no es una discusión teórica. Como presidenta de la CONFUSAN, represento un sector descentralizado, particularmente la salud municipal, donde esta realidad se vive con una especial crudeza.
Recientemente, se notificó a miles de trabajadores de la salud municipal la no continuidad laboral. ¿Y cuál fue la razón que nos dieron? Algo que vine a discutir, y mirando los rostros de los diputados, fue el tema de la discusión del presupuesto de la nación. Cuando reclamé, exigí y grité desde la galería que nuevamente se congelaba el per cápita de la atención primaria, esto ha llevado a desvinculaciones, donde hay compañeros con 24 años de servicio, contratos indefinidos, y compañeros y compañeras que llevan un mínimo de cuatro años. Lamentablemente, ha sido la crudeza más grande y lapidaria que hemos tenido en la atención primaria.
En nuestro país existen funcionarios y funcionarias de la salud que han trabajado cuatro años o más de manera continua, especialmente en comunas rurales, insulares y de alta vulnerabilidad, personas que han sostenido la atención de la comunidad, que han construido sus proyectos de vida en torno a este trabajo y que, sin embargo, al no cumplir cinco años, han sido desvinculados de forma abrupta, además por la falta de financiamiento para la atención primaria. Hablamos de equipos de salud que iniciaron su labor en plena pandemia.
Cuando el Estado más lo necesitó, trabajadoras y trabajadores que estuvieron al pie de las necesidades de la comunidad, sosteniendo la atención primaria en los momentos más difíciles. Hoy, muchas de estas personas son desvinculadas sin considerar la trayectoria, la continuidad del servicio ni la legítima expectativa de estabilidad que el propio Estado fue generando con sus actos reiterados. Aquí no estamos frente a una ley de amarre, estamos ante la necesidad de que el Estado asuma responsabilidad por sus propias decisiones, estableciendo reglas mínimas que eviten estas arbitrariedades.
Lo que se propone es coherente con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, y busca otorgar certeza jurídica tanto a los funcionarios como a las administraciones, fortaleciendo la función pública como un bien al servicio de la ciudadanía. En relación a un tema que fue puesto en la negociación del reajuste, que tiene que ver con la ley de trato al usuario, la ley 21.645, quiero destacar un avance que para el sector salud primario es profundamente significativo. Después de años, este proyecto reconoce una brecha histórica que se arrastra desde el origen de la normativa vigente y que ha afectado especialmente a la atención primaria. Se reconoce, por fin, el carácter esencial de nuestra función como trabajadores de la salud municipal.
Este reconocimiento apunta a un principio básico de justicia: que no existan funcionarios y funcionarias de la salud primaria y de segunda categoría, y que el Estado reconozca de manera justa y transversal el rol de quienes sostienen día a día la atención con la población más vulnerable, que representa el 80% de nuestro país. La atención primaria es el primer y más cercano contacto que tiene el Estado con las comunidades. Para aquellos que no lo saben, nosotros trabajamos en los barrios, en las poblaciones; en Arica, trabajamos frente a las comunidades que tienen que ver con el tren de Aragua, donde nuestros trabajadores diariamente exponen su vida y realizan turnos prolongados ayudando a la población que lo requiere.
Estimados diputados y diputadas, este proyecto no es perfecto, pero es el resultado de un equilibrio construido en diálogo, con responsabilidad y con sentido del Estado. Su aprobación no solo tiene un impacto económico, sino que envía una señal clara respecto del valor del trabajo público, de la estabilidad institucional y del respeto a quienes han sostenido el país, incluso en sus momentos más difíciles. Solicito respetuosamente a esta comisión aprobar este proyecto de ley; la función pública es fortalecer la democracia y el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, señora Gabriela. Para concluir esta parte de las agrupaciones que solicitaron audiencia, vamos a darle la palabra a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y su representante, don José Pérez. Bienvenido, don José.
Buen día, presidente. Muchas gracias por el espacio que le otorga a nuestra confederación sindical. Saludo por su intermedio a los diputados y diputadas, quienes siempre están muy atentos. Espero que en esta oportunidad apoyen nuevamente el reajuste general para el sector público, especialmente para el sector que a veces tenemos diferencias, pero que ya nos reconocemos como contrapartes cuando los gobiernos se sientan en La Moneda. Esperamos también estar disponibles para fortalecer el diálogo social.
En esa línea, quiero exponer lo que nosotros asumimos como la práctica habitual de una buena práctica laboral en el Estado desde 1990. Este es el sector público que nos toca representar hoy día a esta generación. Surge de la Central Unitaria de Trabajadores, recordando a nuestras compañeras coordinadoras y también a las secretarías de Educación, Salud y Sector Público. Esto permite un nivel de madurez y demuestra que efectivamente, con el diálogo, se pueden construir acuerdos y puntos de desencuentro. Pero, en el fondo, colocamos en el centro la mejor atención a la ciudadanía.
Primero, a preparar el pliego, considerando todas las diferencias que tenemos, que son realidades muy naturales en los ámbitos municipales, de salud, centralizados y descentralizados, así como en la docencia y universidades. Efectivamente, no es fácil, pero ponemos los mejores esfuerzos para que esto no sea un tema caprichoso, sino que estratégico. En esta oportunidad, es importante relevar la negociación ramal, que es la más grande de este país. Representamos a casi un millón de trabajadores, incluidos las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, indirectamente, ya que no pueden tener sindicato. Esto añade un elemento adicional.
Asimismo, somos referentes, presidente, y lo saben, pero es importante señalarlo a las audiencias que nos están escuchando y saludar a aquellos trabajadores y trabajadoras públicas que ejercen desde Arica y Parinacota hasta Magallanes. Aportamos y somos referentes en nuestra negociación, que sirve para quienes no tienen sindicato. Hay empleadores que se preguntan: ¿cuál es el aumento salarial concreto para nuestros trabajadores de las pymes y de las medianas empresas, no para las grandes ni las multinacionales? Tomamos como referencia la negociación del sector público, lo que genera una simbiosis positiva y proactiva que enriquece a quienes dependemos de un salario.
Es fundamental que se nos respete, especialmente en procesos electorales, y que no se nos utilice como el "jamón del sándwich". También es necesario evitar el uso de epítetos calificativos que confunden a la ciudadanía. Nosotros ejecutamos las políticas públicas y estamos presentes en situaciones catastróficas, como incendios, terremotos, inundaciones y pandemias. Queremos que se reconozca nuestro trabajo y que se nos respete como funcionarios públicos.
El 70% de nuestros contratos son precarios, presidente. Administramos con este reajuste y con un presupuesto que se ha aprobado, el más severo en los últimos años. Apretamos el cinturón, pero los subsidios se mantienen para la salud, la vivienda, la educación y el transporte que utilizan los ciudadanos. Estos son recursos fiscales que no se mencionan, y son muchos miles de millones de dólares. Sin embargo, ¿dónde deben destinarse? En los salarios y en la carrera funcionaria que no tenemos en el Estado. Hay un desafío pendiente para construir esto. Estamos disponibles, no somos refractarios.
El Ministro Ignacio Briones nos ha calificado de refractarios, lo que es una confusión. Lo digo con respeto, ya que es el Ministro de Hacienda. Lo que hace es enredar el rol estratégico que tenemos en el trabajo sindical. Quienes estamos aquí por elección debemos representar a todos los sectores. Por eso, el énfasis que señalamos en el reajuste no se tradujo en una firma, no por capricho, sino porque consideramos que es un mal precedente aceptar una situación estanco. No esperamos un favor, sino justicia para recuperar el poder adquisitivo de quienes dependemos de un salario, sean administrativos, auxiliares, técnicos, profesionales o directivos de carrera. Necesitamos un incremento anual que recupere este poder adquisitivo.
La ANEF consideró que la propuesta era insuficiente. Respetamos la valoración de nuestros compañeros, quienes lo han expresado anteriormente. No estamos en pugna, apoyamos esa postura, pero la ANEF no firmó y no concurrió con la firma en esa línea. Relevamos la importancia de nuestra historia como ANEF, destacando que la función pública sigue siendo estratégica.
En esta línea, vemos una oportunidad para avanzar en un proceso de madurez democrática y en la buena gestión pública. Es crucial que el personal a contrata no dependa de las circunstancias de un gobierno de turno. En 2010, vivimos una situación dolorosa cuando nos despidieron a casi 12.000 personas. Nos preparamos y realizamos diversas acciones, incluyendo tomas de edificios y manifestaciones. No era un capricho, sino la defensa del trabajo de quienes ejecutamos la política pública.
Ese aprendizaje nos llevó a que, al año siguiente, con el Ministro Larraín, surgiera la primera circular que hoy es ratificada por este gobierno y por los anteriores. Esta circular orienta a los jefes de servicios, nombrados a dedo, para que ponderen y actúen de manera respetuosa con aquellos que nos quedamos para trabajar para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno. Ese es nuestro compromiso.
Quedó para siempre perfeccionada en el tiempo, porque estaban echando incluso a personas que estaban en el umbral de la pensión, con enfermedades terminales. Hay una incapacidad que se menciona, y le pedimos también al futuro gobierno, con todo respeto, que tenga la capacidad no solamente partidaria e ideológica, sino que piense en el bien común, como lo declaran todos los partidos. Es decir, pensemos en la ciudadanía; el centro de todos los recursos fiscales son los ciudadanos, quienes golpean nuestras puertas y a quienes atendemos diariamente. Hacemos sistemas de turno y atendemos a más de tres millones de niños, niñas y adolescentes que la sociedad vota, y el Estado recoge.
Hoy día hay un cambio en nuevas institucionalidades, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se aprieta el cinturón? En el riesgo de perder el empleo, en no tener capacidad de avanzar en la carrera, y en la incertidumbre de cómo pagamos las cuentas. Esa es nuestra realidad; no somos seres extraños, somos parte del Estado, y por lo tanto queremos respeto en esa línea. Relevamos la importancia de la cláusula que asegure certeza para fundamentar lo que ya está en la norma, de que no venga un ministro o subsecretario y diga "de aquí para allá" y "yo traigo a los míos". Eso no es correcto, y lo hemos dicho con todos los gobiernos. Para eso tienen cuatro mil cargos y más para nombrar a dedo.
En cuanto al segundo punto, que ahora ha sido retirado por el gobierno, lo echamos de menos y espero que la indicación, con todo respeto al presidente, lo reponga. Creo que también es un asunto de madurez civilizatoria, democrática y pública que los cargos de confianza sean definidos. Serán cuatro mil, el 1% total del Estado, y habrá bandas salariales. Hay una oportunidad para que la clase política y todos los partidos, de manera transversal, digan: "sí, queremos esto en la cuota de poder político que voy a nombrar a dedo en tanto gobierno de turno". Pero no nos contaminen a quienes nos quedamos en el Estado para trabajar, insisto, de manera precaria, con un presupuesto restrictivo que solo perjudica no solo a nuestros salarios, sino también a la ciudadanía, porque frustramos cuando tenemos camionetas y combustible para llegar a fiscalizar colegios y fronteras. Andamos administrando la pobreza en algunos servicios públicos.
Es fundamental poner el foco en la atención de la ciudadanía, y esa es nuestra vocación pública. La abrazamos con pasión y convicción, y estamos disponibles para mantener ese diálogo presente. Por eso creemos que estos artículos en materia de avances laborales y sindicales se aprueben. Ojalá el gobierno, por su intermedio, presidente, pueda informarnos sobre el artículo de los cargos de confianza de gabinete, que estaba en el protocolo y que nosotros impulsamos como parte de la mesa de datos públicos, y que hoy día ha desaparecido. Nos llama la atención.
Ahí está el foco político para abordar, efectivamente, si hay madurez y honestidad para decir cuáles son las personas que desde mi confianza política puedo asignar a dedo en el gobierno de turno. Pero no nos toquen a nosotros, quienes estamos en honorarios; más de 26.000 en algunos sectores, y en total hoy día son 300.000. Los despidos que están ocurriendo en el gobierno regional del Maule, en el Biobío, y en la municipalidad de Maipú, no solo golpean a los trabajadores y trabajadoras públicas, sino también a sus familias. Pensemos que cuando ofenden a un trabajador público, ofenden a su familia y al sistema. Esto hace flaco favor, porque la ciudadanía nos mira, en algunos casos, con rechazo. Afortunadamente, no es mayoritario, pero si nos ayudamos en ese proceso de respeto recíproco, habrá disponibilidad para aprobar este proyecto de ley de reajuste con celeridad.
No estamos pensando en un tema corporativo; abrazamos el sindicalismo sociopolítico y nos ponemos en el lugar de quienes sufren, que no tienen trabajo decente, que no tienen sindicato, que no tienen la posibilidad de estudiar ni salir de la pobreza. Ahí está el Estado, ahí estamos nosotros, y por eso queremos ratificar que estamos disponibles para avanzar en este proyecto, con todas las diferencias en materia económica, pero sin duda también en los avances en materia laboral y sindical. La ANEF estará disponible; tenemos 82 años de historia. Relevamos la figura de quienes han entregado sus vidas para perfeccionar y madurar nuestro ejercicio sindical, que ayuda a avanzar en una mejor democracia y a construir, sin duda, la paz social.
Muchas gracias, presidente. Invito a los diputados y diputadas a formular sus consultas. Me había pedido primero la palabra el diputado Romero, luego el diputado Cuello, y después la diputada Rojas. Si hay preguntas de las personas que han sido invitadas, también pueden tomar la palabra.
Está el diputado Romero, el diputado Cuello, la diputada Rojas, y de ahí la diputada Yeomans. Gracias, presidente. Primero, quiero saludar a los representantes de los trabajadores. Mi primera pregunta está relacionada con cómo fue el proceso para llegar a este protocolo. Quisiera preguntarle a la representante de la CUT, que disculpe, no recuerdo su nombre, si es Laura o Gabriela Farías. Quiero preguntar, ¿por qué aceptaron este acuerdo?
Le hago esta pregunta por la siguiente razón: durante la tramitación de la ley de presupuesto, nosotros advertimos al gobierno que el cambio de metodología para presentar el costo de los funcionarios públicos había cambiado y no se había incorporado un reajuste. Esto no lo levantamos nosotros, sino que lo hizo el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, quien fue muy incisivo al plantear a la directora de presupuesto esta diferencia. Nos levantó las alertas en la discusión presupuestaria respecto a que esto iba a traer un problema, que es el que estamos viendo hoy día.
Ustedes han escuchado lo que hemos planteado y se lo hemos expuesto al Ministro de Hacienda, relacionado con que no existen hoy día fondos provisionados que podríamos haber aprobado durante la ley de presupuesto. Aparentemente, en algún lado del presupuesto existirían 600 millones, otros hablan de 900, pero esa plata no la hemos visto. Entonces, la pregunta es: ¿por qué aceptaron esto en estas condiciones? No llamó la atención que un parlamentario de izquierda, en este caso el senador Núñez, lo planteara. La presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos fue muy incisiva en este tema y también solicitó antecedentes. Nosotros, como oposición, también lo pedimos. ¿Por qué aceptaron estos términos?
Otra cosa que me llamó la atención es que ustedes citaron el Código del Trabajo para justificar las modificaciones a la confianza legítima, que no está en ninguna parte de la ley, sino que es una interpretación administrativa sin sustento legal. Sin embargo, se cita el Código del Trabajo. Me gustaría preguntar si hay un avance respecto a este tema, o si hay una conversación pendiente, o a lo mejor me lo estoy imaginando, de que a ustedes les gustaría que los funcionarios públicos fueran regulados completamente por el Código del Trabajo, existiendo solamente un estatuto. Es un tema que considero interesante y que podríamos discutir, para que en Chile no existan dos estatutos distintos para la contratación de trabajadores y hablemos todos bajo un mismo lenguaje: el Código del Trabajo para todos.
Asimismo, he escuchado a varios representantes hablar de pilotos, como el piloto de 40 horas, el piloto de trabajo decente, entre otros. ¿Dónde están las evaluaciones de todos esos pilotos? Porque yo no he visto las evaluaciones. Por ejemplo, en el caso del piloto de 40 horas, se supone que para avanzar había que traer las evaluaciones. Entonces, no sé si se están utilizando, presidente, y se lo pregunto aquí a las asociaciones, los pilotos para establecer normas permanentes. Sin la evaluación, también tengo que transmitir lo que me dicen los ciudadanos, quienes no están contentos con tener a sus funcionarios trabajando en esas condiciones.
Don José habla de aquellos funcionarios que se sacrifican, y yo también he tenido la experiencia de dirigir un servicio y trabajar con funcionarios públicos, y sé perfectamente el sacrificio que hacen. Hay varios que hemos convivido con funcionarios públicos que se esfuerzan enormemente. En particular, quiero destacar a los funcionarios municipales, a quienes nunca dejaré de reconocer. Me saco el sombrero por ellos, que se esfuerzan con muy pocos recursos y son los primeros en llegar cuando un vecino tiene un problema. No le tocan la puerta al diputado ni al presidente, sino al alcalde y a los funcionarios municipales.
Vuelvo al tema de los pilotos, porque al final hay muy buenas ideas, pero también debemos responder a la ciudadanía. Esta es la Comisión de Hacienda; somos representantes de la gente que pregunta cómo se va a gastar su dinero y cómo se va a financiar esto. Por eso tenemos esta función, que a veces puede ser ingrata, pero debemos cumplirla con seriedad.
Eso es todo por el momento, presidente. Muchas gracias.