Cámara de Diputados - Hacienda - 7 de enero de 2026

Muy bien, nos ponemos de pie, entonces, colegas. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. La señora secretaria nos dará lectura a la cuenta.

El presidente va a reemplazar al diputado don Gastón Founier en el día de hoy, es decir, en toda la sesión. También hay una excusa del Consejo Fiscal Autónomo para participar en la sesión de hoy a las diez y media; no puede asistir por motivos de compromisos previos y porque ellos no se reúnen de forma regular, lo que les impide tomar la decisión de asistir. Asimismo, se ha recibido una carta de la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa a los principales concesionarios de distribución eléctrica de Chile, en relación al proyecto de ley de reajuste del sector público. En lo que les concierne, los clientes electrodependientes señalan que necesitan ser escuchados por la comisión, ya que se trata de un problema de alta sensibilidad social que requiere rigurosidad técnica. Por ello, solicitan ser recibidos para que se les explique la disposición que tienen para cumplir con dicha rigurosidad. Igualmente, hay un pareo del diputado Juan Santana con el diputado Felipe Donoso al momento de efectuarse las votaciones. Eso es lo que tengo, presidente, por ahora. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta? Diputado Cifuente. Quiero manifestar en primer lugar mi extrañeza por la respuesta del Consejo Fiscal Autónomo. Creo que no corresponde. Le pido a la señora secretaria, a través suyo, presidente, que estudie la forma de hacer un reclamo formal. Debemos revisar cuáles son las funciones del CFA, que en mi criterio es un organismo fundamental para la consulta, especialmente de esta comisión. Ellos se han quejado históricamente, o al menos en esta legislatura, en varias ocasiones de los proyectos que el Ejecutivo presenta, particularmente en relación al cálculo de los ingresos. Ahora que estamos discutiendo un proyecto tan sensible en esta materia, me parece que su ausencia denota una clara falta de consideración por esta comisión y por la Cámara de Diputados y Diputadas. No sé si esto ocurriría en el Senado, si es que lo citan desde alguna comisión. Por lo tanto, solicito a mis colegas que hagamos un reclamo formal en esta materia, presidente, a través suyo. Antes de continuar, ¿va a leer la respuesta completa? Sí, como la recibimos ahora, pero lo leeré en realidad el texto completo. El compromiso es que tienen que exponer en la Comisión de Educación del Senado respecto al proyecto de ley que crea el FES, y ha sido citado para el día de hoy en el horario indicado. Por lo tanto, no es posible asistir, ya que esto fue acordado ayer y fue cursado con poco tiempo para poder mantenerlo en la agenda. Ya estaban comprometidos con el Senado, es lo que dice aquí. Diputado Oyen. Mire, yo trataría de no justificar lo injustificable. El Consejo Fiscal Autónomo ha mantenido juicios distintos en el tiempo reciente. Cuando se le pide que asista a esta Comisión de Hacienda, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que se ha negado a venir. Ha costado mucho que el Consejo Fiscal Autónomo concurra a esta comisión. Por lo tanto, quiero pedirle encarecidamente dos cosas, presidente. Primero, manifestarle nuestra molestia, y segundo, citarlos o invitarlos para la tarde. No puede ocurrir que no se tenga una opinión o que ellos quieran evadir su responsabilidad respecto a lo que estamos tratando hoy aquí, porque luego es muy fácil, como lo han hecho reiteradamente, emitir un juicio crítico sin haber sido parte de la discusión y el debate que estamos teniendo con la presentación del proyecto del día de hoy. Hagamos todos los esfuerzos, presidente, para que asistan, ya que están en el Congreso.

Valparaíso. Gracias. Ya que están priorizando el Senado una comisión para ver un proyecto también importante, en la tarde, que algún otro consejero se dividan, se distribuyan y venga acá, me imagino que vamos también a sesionar en la tarde. Por lo tanto, hagámoslo así, pero no dejemos de manifestar, como señala el colega, nuestra molestia al Consejo Fiscal Autónomo. Presidente, creo que no es el ánimo de justificar a nadie, pero si lo invitamos ayer a las diez de la noche, un órgano colegiado que no puede hablar por sí mismo, no puede venir a opinar, sino que tiene que hacer un informe de acuerdo. Todo el equipo del CFA es imposible que tengamos una opinión institucional. Podríamos invitar a algún economista cercano, pero seguramente no podría hablar en nombre del CFA. Lo que sí podemos hacer para que esto funcione es invitarlos para la próxima semana, donde tengan tiempo para preparar un informe y concordar el mismo. Es en su estructura imposible que, si los citamos hoy día para mañana, de hecho, expongan. Lo han explicado en muchas ocasiones. Además, si citamos nosotros a las diez de la noche, por mucho que sea una sesión importante, lo que uno haría normalmente es asistir a la que te invitó antes. Gracias, presidente. Voy a concordar en parte con el colega Donoso, pero esta institucionalidad del Consejo Fiscal Autónomo no es que tenga que formarse un juicio hace 24 horas de esta discusión. Una de las políticas que tiene es precisamente hacer los debidos seguimientos. Por lo tanto, no es que los estemos pillando para que preparen un análisis en una semana más de lo que aquí podamos discutir. A mí me parece que, aunque entiendo el punto, hagamos el esfuerzo para que vengan en la tarde, sobre todo cuando aquí se cuestiona el financiamiento. Por eso hemos solicitado la presencia del Consejo Fiscal Autónomo; ¿cuál es la opinión colegiada que ellos puedan tener sobre esta materia? No me parece que estemos mal. Creo que hagamos los esfuerzos para que vengan hoy día. Ahora, si ellos no tienen información, antecedentes o no han hecho seguimiento, que se den un tiempo de una semana para preparar lo que aquí se esté debatiendo. Diputado Romero. Presidente, creo que estamos hablando de lo mismo. Todos estamos preocupados del financiamiento y creemos que la opinión del Consejo Fiscal Autónomo es muy valiosa al respecto. Lo que dice el diputado Donoso tiene razón: el proyecto se ingresó el día lunes en la noche. Me complica que le pidamos al Consejo Fiscal Autónomo que hoy día nos diga qué opina. Resulta que este informe financiero llegó a última hora, el mismo día lunes en la tarde, se dio cuenta en la sala y fue público conocimiento el día martes, o sea, ayer. Ayer los invitamos, no sé, después de la hora de la tarde, a las diez de la noche. Pedirles que hoy día tengan un informe completo y nos digan con seguridad qué implica este proyecto también me parece un poco peligroso. Les pediría que, como dice el diputado Donoso, con prudencia, a lo mejor vengan hoy día a la tarde si están en condiciones, pero no me parece extraño que también pudieran entregarnos su opinión el día lunes o martes, dado que los antecedentes se dieron a conocer recién el día martes en la mañana. Eso, presidente. Muy bien, vamos a repetir la invitación para la tarde y, de acuerdo a lo que pase, tomaremos otra decisión. También manifestar la preocupación, ya que otras veces hemos invitado a otros con harto tiempo y a veces funciona, a veces no. Vamos a repetir la invitación para la tarde, ¿les parece? También para la tarde vamos a invitar a los de las empresas eléctricas que están pidiendo dar su opinión, por el artículo de los electrodependientes. Bueno, ¿algo más para que avancemos? Entonces, continuamos con la orden del día con el objeto de recibir la respuesta por parte del Ejecutivo.

La pregunta planteada por los diputados y diputadas respecto al proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales del Boletín N° 18.036-05, con urgencia calificada de suma. Está, bueno, bienvenido Ministro Nicolás Grau y Ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Les ofrezco la palabra. También doy la bienvenida a todos los colegas y a todos los dirigentes que están aquí hoy día escuchando esta sesión. Ministro, tengo una presentación, presidente, pero no sé si ya estamos por compartir. Es una presentación corta, de cuatro o cinco diapositivas, que busca responder las preguntas que se realizaron ayer. Tiene como foco hacer una comparación, ya que creo que fue el punto principal que se planteó respecto a cómo se han tramitado los distintos informes financieros de esta ley de reajuste. En particular, se hizo una consulta respecto a qué ocurre en los gobiernos de transición. Para bien o para mal, en nuestro país hemos tenido cinco cambios de gobierno, donde al terminar un gobierno ha ganado uno de una visión política distinta. Esto nos permite ver hacia atrás y analizar cómo han sido las leyes de reajuste en esos momentos y cómo han sido los informes financieros correspondientes. El resumen de lo que vamos a plantear es que, aunque no es fácil hacer la comparación debido al aumento en el nivel de transparencia y detalle en la tramitación de las leyes de presupuesto a lo largo del tiempo, al revisar los datos agregados, se darán cuenta de que el informe financiero que estamos presentando no plantea una situación excepcional, distinta o peor a lo que ocurría tradicionalmente. Parto por repetir la tabla que ustedes ya vieron el día anterior, donde se presenta el informe financiero, que asciende aproximadamente a 1,6 billones de pesos. De esta cifra, la parte correspondiente al reajuste es de aproximadamente 838 mil millones de pesos, que representa un poco más de la mitad de ese total. Posteriormente, esa cifra va disminuyendo en el tiempo, no por la parte de remuneraciones, ya que una vez que existe un aumento, este se sigue pagando, pero hay otros conceptos, como el bono asociado al acuerdo, que no se continúan pagando en régimen. Esta tabla hace un zoom a lo que ya les presenté, centrándose en las preocupaciones que ustedes plantearon. Resumiría esta pregunta del siguiente modo: podría ser razonable que un gobierno, al implementar una ley de reajuste que debe ejecutar completamente, hable de reasignaciones y de un camino que deben seguir los distintos servicios para cubrir este reajuste. Sin embargo, esto es distinto cuando la ejecución recae en otro gobierno. Por ello, me centré en los informes financieros de los momentos en que hubo cambio de gobierno. Por ejemplo, en 2014 se produjo el cambio del primer gobierno del presidente Piñera al segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y en 2018, el cambio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet al segundo gobierno del presidente Piñera.

Es el cambio del presidente Piñera al presidente Boric, y el 2026 es lo que va a ser el cambio del presidente Boric al presidente electo Kast. En la primera columna, lo primero que ustedes pueden ver es el costo de reajuste en remuneraciones, que es un corolario de lo que está en la última columna, donde se encuentra el reajuste nominal. Lo que se observa, y que le habíamos comentado el día de ayer, es que, en perspectiva histórica, el costo total del reajuste es bastante elevado este año, siendo más alto que el cambio que se realizó desde el gobierno de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera en 2018. Esto también es cierto al considerar el costo total de la ley, donde existe una proporción entre estas distintas cifras. En la columna de reajuste nominal, se indica un 3,4% y entre paréntesis un 2,8%. Este 2,8%, insisto, desde el punto de vista de los funcionarios no es tan relevante, ya que al final del día su reajuste anual será del 3,4%, incluso un poco más, debido al interés compuesto. Sin embargo, sí es relevante en materia fiscal, porque el impacto no es el mismo al que existiría si se partiera con un 3,4% desde diciembre. Este 2,8% es equivalente a un 2,8% desde diciembre, en términos fiscales. Esta primera tabla es una respuesta inicial para señalar que, al comparar las transiciones de gobierno, en ningún caso estamos dejando una carga más exigente; de hecho, es todo lo contrario. Permítanme consultar un dato que tengo a mano. Si ustedes consideran estos números, que están en comparación real, es decir, en pesos de 2025, para evitar que la inflación distorsione la comparación, y si además los expresan como porcentaje del PIB, se observa que la columna 3, que refleja el costo total, muestra que el 1,6 billones del 2026, en comparación con el 1,3 billones del 2014, que era 0,53 del PIB, es decir, medio punto del PIB, resulta que el 1,597 es 0,46 del PIB. Esto indica que, al ponerlo en términos relativos al PIB, estamos hablando de un esfuerzo fiscal más acotado en relación con este proyecto de ley. Este es el primer punto que quería enfatizar. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a las fuentes de financiamiento, si ustedes realizan el trabajo, que es algo tedioso, de revisar tanto las leyes de presupuesto que se discuten siempre el año anterior para cada uno de estos años que les presenté, como los informes financieros de la ley de reajuste, se darán cuenta de que nunca en las leyes de reajuste se ha incluido algo distinto a lo que estamos presentando aquí. En cuanto a la reformulación de su pregunta, es decir, en los casos en que se requiera hacer una resignación, que es una situación hipotética, se especifique de antemano de dónde provendrá esa resignación en el informe financiero. Esto nunca ha ocurrido, y se ha dejado a la siguiente administración la responsabilidad de realizar ese ejercicio. En otras palabras, la información que estamos presentando en el informe financiero es el estándar que ha existido tradicionalmente en esta discusión, y además, en un contexto en el que no estamos enfrentando una carga fiscal mayor. Si alguien me dijera que ahora deben especificar de dónde provienen estos recursos porque la carga fiscal es mayor, lo entendería, pero la carga fiscal, de hecho, es menor.

A lo que hemos tenido en otras transiciones. Además, esto lo dijimos ayer, pero como hicimos una presentación muy larga, no necesariamente se retuvo. Hay elementos particulares de la ley de presupuesto, particularmente respecto a las provisiones. Por ejemplo, hay provisiones específicas que ahora están con un mayor nivel de detalle, lo cual comentaré en la diapositiva que viene después, que antes no existían. Además, insisto, está la regla de 3x1, que surgió a partir de una pregunta que hizo el diputado Franz Sauerbaum ayer, respecto a si era o no una obligación este 3x1. Ustedes pueden ver en la ley de presupuesto que quedó establecida como una obligación. No es que se faculte o no a la siguiente administración, sino que queda como una condición que por cada tres personas que se retiren, se puede reemplazar eso con una persona. Esto, dicho sea de paso, representa un esfuerzo para quienes trabajan en el sector público, ya que tres personas realizaban un trabajo relevante. Por lo tanto, el hecho de ser responsables en materia fiscal es un esfuerzo que estamos realizando entre todos, incluyendo, por supuesto, a las y los funcionarios del sector público. Ahora, creo que esta es mi última diapositiva. Un punto de comparación que ya realizamos respecto a informes financieros pasados de leyes de reajuste en contextos de cambio de gobierno es ver el nivel de gasto. Pero otra discusión relevante es cómo en esa ley de presupuesto y en esa ley de reajuste se abordaban los costos futuros que iban a venir. Como ya les comenté, todos los informes financieros eran muy sucintos y decían que esto debía ser cubierto por el subtítulo 21, y en los casos en que el subtítulo 21 no fuera suficiente en un ministerio, a partir de reasignaciones, y en los casos en que esas reasignaciones no fueran suficientes, a través del Tesoro Público. Esto, insisto, es algo que hemos tenido que hacer durante todos los años de esta administración. Es importante tratar de entender cuáles son las diferencias que existen entre estos distintos años, donde las diferencias son, para ser justos, y aquí esta es una diapositiva que hemos buscado hacer lo más transparente posible, van en distintas direcciones, y algunas de ellas ya las han recalcado. Partamos por el primer punto, que es donde este informe financiero y esta ley de presupuesto se distinguen respecto a las anteriores desde un punto de vista de menos fuentes de financiamiento. Es cierto que en ejercicios pasados se inflactaron, y lo pongo entre comillas porque creo que puede ser un abuso del castellano la palabra inflactar, pero se ha utilizado históricamente, así que también la seguiré utilizando. En gobiernos pasados se inflactaba el subtítulo 21, y eso podía ser considerado como una especie de prohibición, a pesar de que no se trataba formalmente de esa manera. En esta administración, eso no se hizo. Por lo tanto, esto representa una diferencia, si me permite ponerlo de esta manera, negativa en este contexto respecto a contextos anteriores. Recuerden que cuando uno compara estos distintos años, el mejor año en términos de transición, es decir, el que dejó una menor carga financiera al siguiente gobierno, fue la transición de Bachelet a Piñera. En general, las transiciones del presidente Piñera a la presidenta Bachelet y las transiciones del presidente Piñera al presidente Boric dejaron cargas financieras mayores a las que estamos dejando nosotros, especialmente cuando se compara respecto al PIB. Pero incluso en ese año, esa provisión, lo pongo entre comillas porque formalmente no es una provisión, cubría solo algo así como la mitad del informe financiero. Por lo tanto, lo primero que quiero establecer es que nunca ha sido el caso que el hecho de inflactar cubra una proporción mayoritaria. Es el año que más lo hace, pero no mayoritaria de lo que se requiere cubrir por el informe financiero. Ahora, una dificultad que ocurre, porque un primer ejercicio que hemos trabajado y que revisé nuevamente, es decir, bueno, veamos qué estaba en el resto de las provisiones y tratemos de hacer una comparación con el total de provisiones. El problema para hacer esta comparación es que, a diferencia de nuestra última ley de presupuesto, en las leyes de presupuesto anteriores...

De estas transiciones, todo lo que estaba en la provisión para futuras leyes y compromisos de leyes actuales que podían tener gastos distintos se ponía en una misma bolsa. Nunca se había indicado en una ley anterior, de manera más precisa, qué parte de esa provisión tendría que ir a la parte del informe financiero de la ley de reajuste que no se pudiera cubrir por subtítulo 21 o por otras reasignaciones. ¿Por qué esta comparación es tan compleja? Porque, por ejemplo, en 2022, es decir, el año en que se pasó de la administración del presidente Piñera al presidente Boric, había una provisión total. Durante ese año, tuvimos que reasignar más de dos mil millones de dólares para cubrir la PGU. Por lo tanto, la provisión que existía fue más que superada solo por la reasignación que hubo que hacer en materia de PGU. Si se toma la ley de presupuesto que se discutió en 2021 para el año 2022, se encontrará una provisión total que suma más que los recursos que faltan del informe financiero y lo que se inflactó del subtítulo 21. Algunos podrían decir: "Ah, estaba todo esto cubierto". Sin embargo, eso tenía que cubrir muchos otros temas, entre ellos lo que ocurrió en el caso de la PGU, que solo en ese caso representó más de dos mil millones de dólares. Si el argumento es que, a propósito de esta ley de reajuste, dejaremos una situación en términos generales desmejorada en las finanzas públicas, eso no es necesariamente cierto solo con la resignación que hubo que hacer en materia de PGU. Parece que el diputado Romero tiene una duda sobre lo que se ha expuesto. Gracias, presidente. Tal como les comentaba, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, esta vez, por un tema de mayor transparencia, y esto no solo en nuestro gobierno, todos los gobiernos han ido haciendo leyes de presupuesto cada vez más transparentes y nítidas respecto a lo que debe suceder. Por lo tanto, esto no es una excepción. La única diferencia es que nosotros hemos sido el último gobierno, acumulando esas transparencias del pasado. En la discusión que tuvimos en 2025 para el presupuesto del 2026, se hizo una separación; es decir, no se puso todo en la misma bolsa. Antes, toda la provisión se agrupaba en un solo paquete. Ahora se hizo una distinción y se habló de la provisión para financiamiento comprometido, que contiene 920.000 millones de pesos, y además la provisión para leyes permanentes con gasto aleatorio, que incluye 1.183 millones de pesos. Se esperaría que la provisión para esta ley de reajuste saliera de esos 920.000 millones de pesos, aunque no necesariamente tendrían que ser todos esos recursos. Es importante señalar que antes esos dos mil millones mezclaban todas las cosas, incluyendo lo que hubo que hacer en materia de PGU. Por último, hay aspectos distintivos de este caso que no estaban en situaciones anteriores. Por ejemplo, en las provisiones para leyes permanentes con gasto aleatorio se consideran más de 100.000 millones de pesos para el financiamiento de los incentivos al retiro del Poder Judicial y para el financiamiento de la constitución de empleadores de APS y subvenciones. Esto es parte del informe financiero de la ley de reajuste. Antes, eso estaba todo en un paquete grande y no estaba especificado de forma separada; ahora sí lo está, por lo que habría que considerar esto en la comparación. Además, la ley de presupuesto establece que para reponerse, por cada tres cupos liberados, se pueda reponer uno.

Y esto, junto con el hecho de que por el ejercicio natural de la dinámica de instalación de un nuevo gobierno, no es porque uno le esté diciendo al nuevo gobierno que demore las cosas, sino por lo que se han demorado históricamente los gobiernos en su instalación, suma estas distintas variables y da más de 220 mil millones de pesos. Entonces, por lo menos solo esas consideraciones, estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos que normalmente no estaban en otras transiciones. En resumen, presidente, primero, por el lado de lo que implica mayor gasto esta ley de reajuste, estamos en la cota inferior de lo que ha sido tradicionalmente la ley de reajuste. Esto, incluso si se hace un análisis más detallado en relación con la pregunta que se nos hizo el día de ayer, es comparando con los gobiernos de transición. El único gobierno de transición que dejó una carga menor a la nuestra, cuando se observa respecto al PIB, es la transición que existió desde la presidenta Bachelet al presidente Piñera. Sin embargo, si nos comparamos con las dos transiciones que existieron durante los gobiernos del presidente Piñera, estamos dejando una situación de menor carga fiscal cuando se considera el tamaño de la economía, que es lo que corresponde evaluar. Al comparar esto ahora respecto a cómo se justificaba en los informes financieros de la ley de reajuste, estamos haciendo la misma justificación de siempre; en eso no hay ninguna innovación. Cuando se examinan las fuentes de financiamiento, hay elementos que son distintivos de forma negativa de este proyecto, para ser completamente transparentes, que tienen que ver con no haber aplicado el inflactor. Sin embargo, al comparar con la magnitud de las reasignaciones que se tuvieron que realizar por las leyes que ocurrieron posteriormente, les aseguro que no hay nada que se compare a la reasignación que nosotros tuvimos que hacer a propósito de la PGU, que fueron más de 2 mil millones de dólares. Una de las características distintivas que ha tenido este gobierno es que, al revisar los proyectos de ley que están en tabla y que se están discutiendo, se puede observar que una de las exigencias que ha hecho la Dirección de Presupuestos es que estos proyectos sean neutros en términos fiscales o estén en el margen de ello. Un ejemplo claro de esto es el proyecto de ley de sala cuna, que tramita el ministro Bocarro, un proyecto muy importante, donde hay una parte acotada que proviene del financiamiento del tesoro, pero la parte mayoritaria tiene que ver con cotizaciones. Esto no necesariamente ocurría en el pasado. Por lo tanto, cuando se proyectan los mayores gastos asociados a las leyes que se están tramitando actualmente, es una proyección menor en nuestra administración, porque en general las propuestas que se están haciendo son neutras o incluso positivas para el Estado, como en el caso del proyecto FES, que, de aprobarse, reduciría la carga fiscal para administraciones futuras. Sumando y restando, presidente, lo que estamos discutiendo aquí en ningún caso es algo excepcional; está dentro del marco de lo que ha sido tradicionalmente. También, como muchos de ustedes enfatizaron el día de ayer, no estamos llamando a discutir más rápido de lo que se ha hecho en otras ocasiones, y es un presupuesto que, en términos fiscales, está en la cota inferior de lo que han sido los últimos casos, incluso comparado con los gobiernos de transición. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputado Romero, me llamo ahora, había pedido, ¿no? Y Donoso, él me llama. Gracias, presidente. Quiero saludar al ministro y a las demás autoridades, incluido el ministro Bocarro. A ver, presidente, creo que efectivamente estamos en una situación excepcional, porque el mismo ministro lo ha dicho. Es una situación que se produjo por un efecto negativo, que él mismo reconoce, de no haber aplicado el inflactor al subtítulo 21. Los años que él compara son años en que sí se aplicó este inflactor, pero que además también había reajustes reales. Quiero preguntarle, para que lo diga él, porque no recuerdo bien en este momento la cifra: ¿cuánto habría sido el inflactor que se le podría haber aplicado al subtítulo 21? ¿Estaríamos hablando de este tema hoy día si esto se hubiera hecho? Quiero decirle al ministro, por su intermedio, presidente, que esto lo advertimos todos los que estamos aquí en la Comisión Mixta de Presupuestos. Cuando se comenzó a hablar de esto y se hizo este cambio de metodología para explicar el subtítulo 21, se encendieron todas las alarmas. Dijimos: "Bueno, a ver, ¿de dónde está la plata? ¿Dónde está esto? ¿Cómo se va a financiar?" Por eso empezamos a pedir las provisiones y detalles de dónde se iba a obtener esta plata. Efectivamente, hoy día nos encontramos en una situación donde estamos pidiendo detalles. ¿Por qué? Porque esto no está considerado.