Si el punto es cuando se evalúa por la autoridad el proyecto, entonces lo que se ha planteado es que, después de 60 años, que es la segunda indicación, se evalúa el proyecto en su conjunto. Hay un derecho preferente respecto de un tercero que quiera competir en ese espacio, y como ya explicó el diputado Venegas, hay un derecho adquirido sobre esto. O sea, no puede venir una ley y retroactivamente reemplazar eso, ¿cierto? Eso está claro y hay certidumbre sobre ello.
Además, la discusión es si necesariamente tenemos que ir a una comisión mixta por esto, porque nosotros vemos que una fórmula te lleva a una mixta y la otra no. Muy bien, ahí lo escribió el diputado Moreno.
Se pone en votación, entonces, la indicación del diputado Moreno, que propone reemplazar la frase por un plazo máximo de 30 años, no renovable por una sola vez, por un plazo máximo de 40 años, no renovable.
Presidente, muy cortito, disculpe, es que para entender qué es lo que estamos votando, el diputado Moreno habría retirado la indicación que tiene presentada para presentar una nueva, y esta es la que vamos a votar. Y después la seis, que es la nuestra. Gracias, presidente.
Lo que se propone sustituir en la indicación siguiente es el mecanismo de derecho preferente para el titular que tiene una concesión vencida para solicitarla de nuevo. Es un derecho respecto de otro que la solicite en el mismo lugar.
Se establece un plazo máximo de 40 años, renovable por 30 años. Presidente, más que nada, una salvedad: que diga únicamente por 30 años, porque si no puede ser 30 años, 30 años, 30 años, ¿o no? No. ¿Seguro? Sí. 30 años son 30 años, no por algo la otra, por ejemplo, es criticada por dos veces, y dice por 30 años, 30 años más.
Diputada Marqués, a favor. Diputado Barría, en contra. Diputada Tello, en contra. Diputada Castillo, en contra, presidente, y también creo que es relevante plantear que aquí se está legislando no para incentivar la industria, sino para regular una estrategia respecto a la industria de la desalación. Es importante centrarnos en ello. Muchas gracias.
Diputado Pino, en contra. Diputado Venegas, muy en contra. Diputada Váis, a favor. Diputada Pérez, a favor. Abstención. Entonces, cinco votos a favor, cinco votos en contra y una abstención, queda rechazada la indicación.
¿Alcanzamos a votar la última para cerrar este artículo? La indicación número 6 del diputado Barría, Martínez, Pino y Tello, para reemplazar el inciso final del artículo 6 por el siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, el titular de una concesión o destinación que ha sido renovada en los términos dispuestos en el artículo 26 podrá solicitar una nueva concesión".
Para el caso que el titular así lo solicite, aplicará las disposiciones contenidas en el título quinto de esta ley y gozará de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero en la misma ubicación o localización. La votación es sobre la indicación número seis, que reemplaza este inciso final. Diputada Barquiesi, ¿a favor? Diputado Barría, ¿a favor? Diputada Tello, ¿a favor? Diputada Castillo, creo que esta indicación debilita la competencia, blinda situaciones heredadas y restringe la posibilidad de evaluar nuevos proyectos bajo mejores estándares ambientales y sociales; por lo tanto, me abstendré. Diputado Rattgeb, ¿a favor? Gracias. Diputado Moreno, ¿a favor? Diputada Pérez, ¿a favor? Diputado Pino, ¿a favor? Diputado Venegas, ¿a favor? Presidente, se registran diez votos a favor y una abstención. Queda aprobada la indicación número seis.
Buenos días, 9:54 minutos. Ha terminado la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que hemos transmitido aquí en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Ahora damos paso al trabajo legislativo en la sala de sesiones de nuestra corporación en esta jornada número 106 de la presente legislatura, iniciada el pasado 11 de marzo. Les invitamos a revisar de inmediato en pantalla los proyectos que se abordarán.
Partimos con el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Chile y Letonia. Luego se dará paso al mensaje que fortalece, entre otros aspectos, la gestión educativa y mejora la instalación del sistema de educación pública. En tercer término, abordaremos la moción que exige la exhibición de un documento de identidad en el transporte interregional de pasajeros.
Los siguientes puntos exigen, vía moción, un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país. También se busca regular la identificación y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades en el sistema educativo, así como sancionar el ejercicio no autorizado de actividades de cuidado o limpieza de vehículos.
Otros puntos abordan el fortalecimiento de la seguridad en el transporte público del Metro de Santiago. Se presentará también el proyecto que reconoce a los huilliches como una etnia indígena y la moción que extiende la duración del permiso postnatal parental. Finalmente, se discutirán dos proyectos más: un acuerdo aprobatorio del convenio de transporte aéreo entre Chile y Cabo Verde, y la moción que impone nuevas obligaciones a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional.
Todo esto se desarrollará en un plazo de 120 minutos, que se denomina orden del día, específicamente para abordar y legislar sobre los proyectos de ley. Les invitamos, como es habitual, a revisar nuestras portadas y portales. En la página de la Cámara.cl encontrarán las noticias de ayer, lo que sucedió en sala y en comisiones, así como el material disponible sobre las sesiones de sala, asistencia, votaciones y la tabla semanal. También pueden consultar la página de nuestro canal, donde se abordará el trabajo legislativo.
Parte, 6 de enero, y las ventanas inferiores, uno de los cuales está ahí en vivo, con reacciones del punto de prensa y noticias en desarrollo que usted puede abordar al pinchar y escuchar lo que está sucediendo en esta jornada en la Cámara de Diputados, que no solo se centra, obviamente, en lo que será la labor de sala. También está la radio de la Cámara a su disposición para escucharnos, sintonizarnos y bajar todo el material de su interés. Por supuesto, también la dirección de YouTube, diputadas y diputados de Chile, así como el Instagram y el Twitter, o el ex, actualmente como se llama, ahí está, camara.cl a su disposición.
Bien, como vieron, hay una serie de proyectos de ley que parten con el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Letonia, suscrito en Bogotá, Colombia, hace prácticamente cinco años, en 2021. Como todo acuerdo de este tipo, tiene un preámbulo. En el primer artículo se definen una serie de conceptos, convenios, autoridades aeronáuticas, código compartido, transporte aéreo, línea aérea designada, entre otras materias. También se establecen las reglas de designación y autorización de las líneas aéreas para operar en el marco de este acuerdo, así como otros aspectos que incluyen un sistema diferenciado de designación de aerolíneas, adaptándose, entre otros, a los requerimientos de la normativa europea y a la condición específica de Letonia. Asimismo, se permite que Chile designe empresas que se encuentren constituidas y tengan su sede principal de negocios en Chile, favoreciendo la inversión extranjera en el mercado de las aerolíneas.
Luego de ese acuerdo, se abordará ya en el orden del día, donde comenzarán a correr los 120 minutos dedicados al debate legislativo. El acuerdo mencionado con Letonia está dentro del concepto de fácil despacho, con un tratamiento temporal más acotado. En segundo término, se presenta el mensaje que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública.
Una de las numerosas modificaciones que plantea este proyecto de ley aborda un estatuto para los asistentes de la educación pública, donde se señala que aquellos que cuenten con contrato a plazo fijo vigente al 1 de diciembre tendrán derecho a que este se prorrogue por los meses de enero y febrero, o hasta el día anterior del inicio del año escolar siguiente, siempre que se hayan desempeñado por más de seis meses y no más de dos años continuos para el mismo servicio local de educación pública. Los asistentes de la educación podrán constituir consejos de asistentes de la educación, los cuales estarán conformados por representantes de las categorías establecidas en el artículo 5 de la presente ley. Estos consejos tendrán carácter consultivo y constituirán instancias de participación y colaboración, destinadas a recoger y sistematizar las opiniones, observaciones y propuestas de sus integrantes respecto de materias vinculadas a la convivencia educativa, al cumplimiento de los objetivos y programas educacionales, y al fortalecimiento y desarrollo del proyecto educativo del respectivo establecimiento educacional.
Asimismo, los consejos de asistentes de la educación podrán conocer y emitir opinión sobre todas las materias que el director o la directora del establecimiento someta a su consideración y sobre aquellas que se les encomiende el reglamento interno del establecimiento educacional al que pertenezcan, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. Con el propósito de fortalecer la articulación y el trabajo colaborativo dentro de la comunidad educativa, los integrantes del consejo podrán ser invitados a las reuniones de los centros de cursos y de los centros de padres y apoderados, cualquiera sea su denominación. A partir de la fecha señalada, el ingreso de los asistentes de la educación, esto es a contar del 1 de marzo de 2026, se realizará mediante mecanismos de reclutamiento y selección públicos, inclusivos y transparentes, que deberán considerar criterios objetivos de ingreso a cada uno de los cargos que se provean conforme a los perfiles de competencias laborales previamente definidos. Es parte, entonces, de este extenso proyecto de ley que se presenta en el primer orden del día.
Modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, con dos objetivos: fortalecer la gestión pública y mejorar las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Luego, en la Cámara, si el tiempo lo permite, eso lo conoceremos a continuación, ya que el vicepresidente Erick Aedo da paso e inicio a esta jornada en la sala de sesiones. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El acta de la sesión número 95 se declara aprobada. El acta de la sesión número 96 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. A continuación, el señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente, buen día.
La cuenta corresponde a la sesión de sala número 106, para hoy, 6 de enero. Se han recibido mensajes de su excelencia el Presidente de la República, por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: el que modifica la carta fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública; el que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios, y modifica diversos cuerpos legales.
Oficios de su excelencia el Presidente de la República hacen presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre licencias de conducir, hecho en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, el 27 de febrero de 2025; el que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre exención mutua de visa y del permiso de residencia oficial para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, el 25 de abril de 2025.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial.
Se presenta también la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos: el que aprueba el protocolo que enmienda al Tratado de Libre Comercio entre los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Chile, sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Ginebra, Suiza, el 24 de junio de 2024; el que aprueba el protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, adoptado en Ginebra, Suiza, el 18 de marzo de 2024, y suscrito por Chile el 16 de mayo de 2025. Lo mismo para el proyecto que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la Organización Europea para la Investigación Nuclear en relación con el otorgamiento del carácter de Estado miembro asociado del CERT, suscrito en Ginebra, Suiza, el 16 de mayo de 2025.
Oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea la Comisión del Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Valls y Bravo, doña Marta, y los diputados señores Alessandri, Bórquez, Donoso, Labbé, Martínez Ramírez, don Guillermo, Sulantay y Teao, que regula los servicios de banquetería y crea un registro nacional de banqueteros. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Labra, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objeto de reforzar el quórum para presentar y aprobar solicitudes de acuerdo y de resolución.
Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Naranjo, Aedo, Barría y Camaño, y de la diputada señora Medina, que modifica la carta fundamental a fin de regular el pago de beneficios sociales y previsionales de carácter estatal respecto a las autoridades a que se refiere el artículo 38 bis.
Es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta? Diputado Moreno. Gracias, presidente. Quisiera pedir el acuerdo para que el proyecto del número 8 de la tabla pase a la Comisión de Defensa.
El número ocho, que se vaya a la Comisión de Defensa. Y la diputada Medina que modifica la carta. Señor Diputado, entendemos que es el proyecto de reforma constitucional que regula el pago de beneficios sociales y previsionales de carácter estatal respecto a autoridades, que se refiere al artículo 38 bis, que fue remitido a la Comisión de Constitución. Los temas fundamentales de defensa se han visto siempre en defensa. Muy bien, vamos a votación. ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado? Muy bien, entonces, en votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación: por la afirmativa, 34 votos, 34 en contra, 4 abstenciones. Rechazado.
Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Letonia, suscrito en Bogotá, Colombia, el 6 de diciembre de 2021, correspondiente al boletín 17961-10. Para la discusión de este proyecto se otorgará la palabra por dos minutos a un máximo de cinco diputadas o diputados de distintas bancadas. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el diputado Félix González. Diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante esta sala el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Letonia, suscrito en Bogotá, Colombia, el 6 de diciembre de 2021. Señala el mensaje con el cual el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo, que corresponde a un instrumento bilateral de tipo cielos abiertos, coherente con la política aerocomercial chilena, que promueve libre ingreso y competencia entre líneas aéreas, libertad tarifaria, mínima intervención estatal en materias comerciales, mayor conectividad internacional y elevados estándares de seguridad en la aviación.
Agrega que el informe financiero complementa estos antecedentes enumerando los principales derechos otorgados, tales como sobrevuelo, escalas técnicas, servicios regulares y no regulares, y servicios hacia terceros países, así como reglas para precios, seguridad y coordinación en inspecciones. El acuerdo consta de un preámbulo en el cual las partes dan cuenta de las consideraciones y propósitos que tuvieron a la vista para su celebración, de 27 artículos distribuidos en siete capítulos que conforman su cuerpo principal, y un anexo, a los cuales no me referiré en detalle por encontrarse ellos latamente expuestos en el informe que mis colegas tienen en su poder.
A la discusión de este acuerdo fueron invitados el señor Alejandro Buvinic, director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, junto al jefe de asesores de la Subsecretaría, señor Diego Pérez Alfonso. Asimismo, por parte de la Junta Aeronáutica Civil, asistieron su secretario general, señor Martín Maquena Rueda, y el jefe del Departamento Legal, señor David Dueñas Santander. Quienes, además de refrendar los contenidos del mensaje, indicaron que este acuerdo regula derechos de tráfico, número de frecuencias, designación de aerolíneas, políticas tarifarias, códigos compartidos y materias de seguridad operacional y aeroportuaria. Precisaron asimismo que el acuerdo contempla frecuencias limitadas y libertad tarifaria, indicando que Letonia resulta relevante por ser un destino de la Unión Europea que permite mejorar acuerdos previos más restrictivos y facilitar el acceso a grandes polos de conectividad.
Añadieron que los informes financieros de la Dirección de Presupuestos concluyen que este acuerdo no genera impacto fiscal y, finalmente, sostuvieron que este fortalece la internacionalización del país, el comercio de servicios y el transporte de exportaciones, en coherencia con la política de cielos abiertos de Chile. En respuesta a una consulta referida a temas de seguridad aérea, se señaló que todos los acuerdos contemplan cláusulas de seguridad, las que permiten restringir operaciones cuando existan sospechas fundadas por parte de las autoridades competentes, precisando que el transporte aéreo y el control de los flujos de pasajeros son ámbitos distintos, en los que intervienen múltiples organismos, como la DGAC y las policías, y que dichas materias se abordan de manera paralela sin que ello obste a los beneficios que generan las libertades aéreas para la ciudadanía.
Concluidas las presentaciones, los diputados presentes manifestaron su opinión favorable respecto del proyecto de acuerdo en estudio, destacando la pertinencia y oportunidad de su contenido. Sometido a votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, con doce votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Del Real, doña Catalina; Muñoz, doña Francesca; y Ñanco, doña Érika; y los diputados González, Lavé, Mirosevic, Moreira, Schalper, Schubert, Soto, Undurraga y Venegas.
Finalmente, me permito hacer presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Comisión decidió recomendar a esta Honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias.
Se ha inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Otuity Teao. Iorana, muchas gracias, presidente. Este acuerdo otorga derechos claros sobre vuelos, escalas técnicas y la posibilidad de operar servicios regulares y no regulares de pasajeros, carga y correo, incluso hacia terceros países, con flexibilidad operativa, sin restricciones rígidas de rutas, frecuencias o tipo de aeronave. Además, refuerza la seguridad operacional y de la aviación, con mecanismos de consultas, inspecciones y medidas urgentes cuando corresponda. Desde una mirada territorial, esto verdaderamente sí importa, y mucho, porque Chile no es solo una conexión entre Santiago y Europa. Chile son sus regiones productivas, sus aeropuertos regionales, sus zonas extremas y su necesidad permanente de llegar a tiempo.
La carga aérea es una herramienta estratégica para el desarrollo regional, porque en el mediano y largo plazo, acuerdos como este se abren a oportunidades reales para mejorar conexiones con polos europeos, facilitar redes de cooperación y también fortalecer exportaciones y servicios desde las regiones. En tiempos donde a veces cuesta mirar más allá de la coyuntura, aprobar este acuerdo es reafirmar una idea simple pero profunda: que la apertura, cuando es bien regulada, con reglas claras y reciprocidad, puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo del país y de sus regiones. Por esas razones, presidente, yo anuncio mi voto a favor. He dicho, presidente, iorana e maururu.
Muchas gracias, diputado Teao. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. Vamos al orden del día. Corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública, correspondientes al boletín 16705-04. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Educación el diputado Héctor Barría.
Señor presidente, honorable cámara, me corresponde informar del proyecto de ley de origen en un mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica la ley número 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública, boletín número 16.705-04. Este se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata.
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la Dirección de Educación Pública y precisar el rol rector del Ministerio de Educación, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial. Asimismo, se busca entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los servicios locales de educación pública, asegurando el traspaso total y adecuado del servicio educativo.
Este proyecto contempla diversas normas que tienen carácter orgánico constitucional, las cuales se explicitan en las páginas dos y tres del informe que se encuentra a su disposición en el respectivo pupitre electrónico. Diversas disposiciones del proyecto de ley requirieron ser conocidas por la Comisión de Hacienda, las que se establecen en las páginas tres y cuatro del respectivo informe.
La idea de legislar se aprobó por unanimidad. Votaron a favor las diputadas Karen Medina, Elia Molina, Marcia Rafael, Emilia Schneider, Daniela Serrano y Mónica Arce, así como los diputados Arturo Barrios, quien les habla, Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo, Luis Maya, Hugo Rey y Stefan Schubert.
Señala el mensaje que la ley número 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, aparece como la mayor apuesta del Estado en materia de educación en los últimos años, cuyo objetivo era superar la crisis y deterioro de la educación municipal. Sin embargo, advierte que la implementación de un proyecto de esta magnitud requiere de múltiples ajustes para ser exitosa. A modo de ejemplo, cita la existencia de comunidades que han visto afectada la continuidad en la prestación del servicio educativo en el último período, por falta de disponibilidad de recursos para la ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento o conservación, así como la lentitud y rigidez en procedimientos administrativos, especialmente los de remoción por graves incumplimientos a deberes funcionarios, y controles ineficientes o tardíos de los procesos o instrumentos del sistema. También se menciona la carencia de mecanismos preventivos o de anticipación a situaciones críticas.
En este marco, expone que el proyecto de ley que se presenta recoge y viabiliza el avance de las normas propuestas, a la vez que amplía su alcance, permitiendo la entrega de una respuesta normativa aún más robusta y precisa para los desafíos que han quedado al descubierto durante el último período. Para lo cual se identifican los siguientes propósitos:
Primero, fortalecer la Dirección de Educación Pública, otorgándole nuevas atribuciones para la coordinación y conducción estratégica del sistema de educación pública. Segundo, precisar el rol rector del Ministerio de Educación, mejorando sus mecanismos de acompañamiento a los procesos de implementación del sistema de educación pública, a través de la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial. Además, se promoverá la colaboración de los servicios del sector educacional con el cumplimiento efectivo de los objetivos del sistema de educación pública. Cuarto, entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los servicios locales, mejorando la entrega de apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales y facilitando su vinculación.
Con las comunidades educativas. Quinto, asegurar el traspaso total y adecuado del servicio educativo, ajustando funcionalmente los procesos involucrados y creando herramientas para el saneamiento de la administración municipal previo al traspaso. El texto aprobado por el Senado consta de dos artículos permanentes. El artículo primero contiene ochenta numerales y doce transitorios, que tienen por objeto fortalecer el proceso de traspaso de la educación pública a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), mejorando su gestión interna y reforzando la participación y coordinación del sistema.
En primer lugar, se refuerza el plan de transición, estableciéndolo como obligatorio, con mayores mecanismos de seguimiento y fiscalización, y asignando responsabilidad directa a los alcaldes. Se amplían los plazos legales de traspaso, se extiende la posibilidad de postergación hasta el 2035 y se fijan compensaciones económicas para asistentes de la educación en caso de postergaciones informadas con escasa anticipación. Asimismo, se establecen deberes para municipios, corporaciones y SLEP, se ajustan plazos administrativos y se crea un equipo regional de apoyo al traspaso. Estas medidas recogen las recomendaciones de la Contraloría General de la República, en el Informe N° 784 del año 2024, fortaleciendo el rol de las Secretarías Regionales Ministeriales y de la Superintendencia de Educación en el acompañamiento, fiscalización y correcto uso de recursos, así como las obligaciones de los sostenedores en infraestructura, gestión de información y registro de bienes.
En segundo término, se introducen mejoras en la administración y apoyo técnico-pedagógico de los SLEP, incluyendo la optimización del proceso de selección de directores ejecutivos, la ampliación del régimen de responsabilidades y sanciones, la definición de criterios objetivos para oficinas locales, la coordinación del apoyo técnico-pedagógico con las DEPROV, y la creación de unidades de infraestructura para agilizar proyectos.
En tercer lugar, se fortalece la vinculación con las comunidades educativas, ampliando la representación en los Consejos Locales de Educación Pública, otorgándoles nuevas atribuciones y asegurando apoyo institucional para el funcionamiento de los órganos de participación. Finalmente, se refuerza la coordinación y evaluación del sistema, ampliando las atribuciones de la Dirección de Educación Pública, fortaleciendo el Consejo de Evaluación del Sistema, mejorando la coordinación regional, creando un Comité de Ministros para el Sistema de Educación Pública, y extendiendo el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) hasta el año 2029.
Durante la tramitación del proyecto, la Comisión recibió la opinión del Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, a quien saludamos, de la Subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia, y del Director de Educación Pública, señor Rodrigo Egaña. Asimismo, durante las audiencias participaron numerosos invitados, entre ellos expertos académicos, investigadores, alcaldes y trabajadores del sector, entre ellos los asistentes de la educación que están presentes, a quienes también saludamos. Los integrantes de la Comisión valoraron el propósito de esta iniciativa, coincidiendo en la necesidad de legislar sobre esta materia, a pesar de estimar que hay aspectos que aún pueden ser mejorados. El proyecto aprobado en definitiva por la Comisión introduce enmiendas al texto del Senado, destinadas a fortalecer la gestión, participación, financiamiento y condiciones laborales dentro del sistema de educación pública y del estatuto de los asistentes de la educación, cuyas principales modificaciones se describen a continuación. En primer lugar, se introducen ajustes normativos en la ley N° 21.040, reforzando obligaciones de los Servicios Locales de Educación Pública, precisando funciones de sus órganos, ampliando criterios de planificación, coordinación institucional y apoyo técnico-pedagógico.
Siendo la vinculación con gobiernos regionales y universidades del Estado, se incorporan mayores espacios de participación para docentes, asistentes de la educación y sus asociaciones, tanto en instancias consultivas como en procesos de gestión y toma de decisiones. Asimismo, se regulan aspectos operativos internos de los servicios locales, como el funcionamiento de oficinas, planes de vinculación territorial y definición de metas.
Un cambio relevante es la creación de un procedimiento formal de traslado voluntario de profesionales de la educación entre servicios locales, garantizando continuidad laboral, mantención de remuneraciones y derechos estatutarios, con causales fundadas para su eventual rechazo y regulación mediante reglamento. En materia de asistentes de la educación, se modifican y amplían derechos laborales, asegurando la prórroga de contratos a plazo fijo en determinadas condiciones. Se crean los Consejos de Asistentes de la Educación como instancias consultivas y de participación en la comunidad educativa, estableciendo reglas de ingreso mediante procesos de selección públicos y transparentes.
Además, se regulan beneficios económicos, destacando la creación de una bonificación de zona de carácter gradual, no imponible ni tributable, dirigida a asistentes de la educación con remuneraciones bajo ciertos umbrales y que se desempeñen en zonas determinadas. En otro orden de materias, se incorpora un nuevo régimen de financiamiento para la educación parvularia, dependiente de los servicios locales, financiada vía ley de presupuestos, con criterios objetivos de costos, ruralidad y vulnerabilidad, y con obligación de rendición de cuentas mediante informes de gestión.
Finalmente, en las disposiciones transitorias, se ajustan plazos, se corrigen referencias normativas, se regula la regularización de inmuebles, se disponen la realización de estudios sobre condiciones laborales y dotación de asistentes de la educación, y se fija, por último, una entrada en vigencia gradual de las nuevas formas de financiamiento.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias. A continuación, rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Ricardo Cifuentes. Muy buenos días. La Comisión de Hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria respecto al proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública.
La idea matriz del proyecto es fortalecer la dirección de educación pública y precisar la función rectora del Ministerio de Educación, creando instancias y mecanismos que favorezcan la coordinación intersectorial, así como entregar herramientas que flexibilicen la gestión administrativa y financiera de los servicios locales de educación pública para asegurar el traspaso total y adecuado del servicio. En particular, el proyecto pretende asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo, disponiendo como obligatorio el plan de transición y asignando responsabilidad al alcalde por su cumplimiento.
Creo que aquí hay un error en el informe, ya que se menciona un plazo de dos años para el traspaso, con posibilidad de postergarlo hasta el año 2035. El proyecto busca también mejorar la administración y la vinculación con la comunidad, optimizando el proceso de selección de directores ejecutivos, fijando criterios para la creación de oficinas locales, definiendo claramente las funciones de las unidades de apoyo técnico-pedagógico y departamentos provinciales de educación, y efectuando cambios al consejo local para permitir la participación de las comunidades educativas y garantizar la seguridad de los niños.
La asesoría técnica de cada SLEP. Durante la tramitación en esta Cámara se adicionó al proyecto un nuevo financiamiento a los jardines VTF, programa que busca que niños y niñas menores de seis años que viven en situación de vulnerabilidad social tengan acceso a educación parvularia a través de establecimientos educacionales presenciales administrados vía transferencia de fondos. En lo referido a sus efectos fiscales, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos detalla los diversos costos derivados del mismo. Así, la creación de las unidades de infraestructura, mantención y equipamiento en once SLEP significará la contratación de profesionales y desembolsos globales por 621 millones de pesos en régimen. La entrega de una bonificación de zona a los asistentes de la educación beneficiará a 58.074 personas, con un costo de 15.139 millones en régimen. La formación de un fondo para la infraestructura, por su parte, no irroga mayor gasto fiscal, pues se financiará mediante las asignaciones presupuestarias actualmente vigentes en la partida del Ministerio de Educación.
En cambio, la creación de nuevos equipos regionales de apoyo a la implementación de los SLEP en las Secretarías Regionales Ministeriales entre el año 2026 y 2029 considerará la contratación de 23 funcionarios con un desembolso de 741 millones anuales. Paralelamente, se creará un equipo de apoyo en el nivel central que buscará garantizar la coherencia entre el PADEM y el Plan Anual, para lo cual se contratará cuatro profesionales con un gasto anual de 143 millones. El fortalecimiento de la Superintendencia de Educación, particularmente en su rol fiscalizador de los planes de transición, implica nuevos gastos en personal y en bienes de servicios por 248 millones en 2025, monto que decrecerá hasta llegar a 43 millones en 2028. Asimismo, y para el control de las cuentas bancarias, se necesitarán diez profesionales y gastos de operación por 407 millones. Finalmente, la extensión del Fondo de Apoyo a la Educación Pública hasta el año 2029 considera un monto anual de 100 millones de pesos.
Durante la votación de los artículos de su competencia referidos a la incidencia presupuestaria, la Comisión decidió aprobarlos con distintas votaciones e incorporó mediante indicaciones parlamentarias modificaciones en tres disposiciones del proyecto. Una destinada a establecer requisitos objetivos para el director del SLEP cuando este decida crear una oficina local de educación; otra para conceder mayor peso a la opinión técnica de la Unidad de Apoyo Pedagógico del Servicio Local al momento de renovar la contratación de los directores de establecimientos educacionales; y una última para reemplazar el concepto de arrendamiento en la obtención de frutos, rentas e intereses de los inmuebles que pertenezcan a los SLEP.
Votaron en las sesiones destinadas al efecto las diputadas Camila Rojas, Gael Llamas y los diputados Carlos Bianchi, Luis Cuello, Felipe Donoso, Miguel Mellado, Agustín Romero, Juan Santana, Frank Sauerbaum, el presidente Boris Barrera y este diputado informante. Asimismo, en su condición de reemplazantes de los integrantes que se indican en las sesiones que se señalan en el informe, participaron los diputados señores Fernando Bórquez, Eduardo Durán, Daniel Lilayú, Hernán Palma, Jaime Sáez y la diputada Clara Sagardía. Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos informados.
He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Cifuentes. Me parece relevante recordar que durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y como parte integrante de su plan retroexcavadora, nuestra educación pública fue reformada. En concreto, la reforma estableció una fecha de caducidad a la educación municipal, creando en su reemplazo un nuevo sistema educativo compuesto por Servicios Locales comúnmente conocidos como SLEP. La implementación de la reforma y los resultados de creación, implementación y desarrollo de los SLEP no ha sido positivo, y las fallas en su diseño como política pública han generado las condiciones para profundizar la crisis educativa que afecta a nuestro sistema. En mi distrito tenemos el SLEP en Frutillar, que absorbió los DAEM de Los Muermos, Fresia, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar. Este experimento en la región ha sido desastroso. Se ha perdido la celeridad en la solución de problemas menores y se ha perdido el plan de trabajo individual de la escuela por falta de recursos.