Cámara de Diputados - Constitución - 7 de enero de 2026

Jaime Mulet reemplazará en esta sesión a la diputada doña Karol Cariola. Ordenemos, a ver. Secretario, termine la cuenta y ahí tomamos acuerdo. A través del sistema de la Ley de Lobby de la Cámara de Diputados se ha recibido solicitud de audiencia para nuestra comisión. El nombre del solicitante es la Asociación Gremial ADIPGEN, que representa a los directivos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería de Chile. La materia a tratar es el cambio constitucional relacionado con Gendarmería de Chile. La decisión que desea obtener es ser escuchados como Asociación de Personal No Informado de Gendarmería de Chile.

Se ha recibido la solicitud del Frente de Trabajadores Penitenciarios, mediante la cual solicitan respetuosamente ser invitados a participar en la discusión en relación con el proyecto de ley que modifica la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile. Agregan que reúnen a las cinco mayores asociaciones gremiales de Gendarmería de Chile y que harán su presentación a través de un representante de la misma entidad. También se confirma la asistencia de don Pedro Vega, don Máximo Loyer, el señor Francisco León, y de las abogadas de la División Jurídica, doña Paula Recabarren y doña María Florencia Dreifus. Se confirma la asistencia vía Zoom del señor Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, quien solicita intervenir en primer lugar en las exposiciones. El señor Claudio González, académico de la Universidad de Chile, declina la invitación que le fue formulada debido a que no tiene el tiempo necesario para preparar una presentación, quedando a disposición para otra ocasión. Asimismo, se confirma la asistencia vía remota de la señora Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Terminada la cuenta, se ofrece la palabra sobre la misma. Se propone, si les parece, que hoy se vote en general, con la autorización de recibir mañana a las dos asociaciones gremiales en una sesión especial en Santiago y establecer un plazo de indicaciones para el día lunes. La votación en particular se programaría para el martes 13. La diputada Gines, sobre esta propuesta, expresa que encuentra inadecuado que un gobierno que se autodenomina progresista y un ministro comunista presenten una reforma constitucional que tiene como objetivo terminar con la posibilidad de sindicalización de algunos de los sindicatos más grandes e importantes de Chile. Considera que esto amerita un grado de profundidad legislativa que permita transparentar que el único objetivo de esta reforma es eliminar los sindicatos de Gendarmería, sin que tenga consecuencias en la corrupción supuesta ni en la crisis penitenciaria. En ese sentido, la diputada Gines considera particularmente importante que se transparenten los objetivos de este proyecto y que se legisle con seriedad y profundidad. Por ello, solicita que se cumplan con las dos sesiones de audiencias necesarias antes de llamar a una votación en general, y que dicha votación no se realice antes de la próxima semana, una vez que se escuche a todos los actores pertinentes.

Yo creo, Presidenta, que nosotros podemos mejorar esta legislación. Entiendo que no hay ninguna voluntad, porque en esto están, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero que en castellano viene al caso: están coludidos para lograr rápidamente terminar con los sindicatos de Gendarmería. El Frente Amplio, el Socialismo Democrático, el Ministro Comunista, la derecha y la ultraderecha aparentemente están todos de acuerdo, y lo que quieren hacer es terminar rápidamente con estos sindicatos, y ese es el objetivo. Yo le pediría, Presidenta, que esto se haga al menos con la seriedad y la profundidad que requiere una legislación que es nada menos que una reforma constitucional. Gracias, diputada. Sobre el punto, solo me gustaría señalar que empezamos la revisión de este tema con la presentación que hizo el Ministro antes del receso de la Operación Apocalipsis. Se nos anunció en ese momento que venía esta reforma constitucional. Ayer hubo una presentación donde tuvimos una primera discusión. Hoy día la idea es poder tener ese espacio nuevamente; tenemos invitados y además tendríamos una tercera sesión el día de mañana para recibir a todos los interesados. Quiero decirlo en el sentido de que se están dando las garantías para tener una discusión como corresponde. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ministro. Sí, Presidenta, muchas gracias. Primero que todo, yo quisiera señalar lo siguiente: comparezco acá como Ministro de Estado. Nosotros, como Gobierno, tenemos una responsabilidad que es la buena marcha de nuestro país, entre otras cosas, asegurarnos de que se tomen todas las medidas para que nuestra población tenga seguridad. En ese marco, se ha considerado no solo por este Gobierno, sino que se viene considerando desde hace mucho tiempo la importancia que tiene para el sistema de seguridad el hecho de que Gendarmería se transforme en una fuerza de orden y seguridad. Para ello se requiere una reforma a la Constitución. Eso, por cierto, tiene consecuencias. Creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa nos gustaría que la situación penitenciaria, no solo del país, sino que de la región, fuera distinta; que no tuviéramos que transformar un servicio público en una fuerza de orden y seguridad, porque son los desafíos que tenemos hoy por hoy como país, y en ese sentido hay que tomar estos desafíos con responsabilidad. Ese es precisamente el ánimo y el único ánimo que tiene nuestro Gobierno al momento de presentar esta reforma: que nuestro país pueda enfrentar de manera decidida, que pueda tener todas las herramientas para que en nuestro país no ocurra lo que ha ocurrido lamentablemente en otros países de la región. Estamos a tiempo para realizar las transformaciones institucionales que eso requiere, estamos a tiempo para que en nuestro país las organizaciones de crimen organizado no se fortalezcan desde las cárceles, para que no crezcan otras organizaciones criminales como han crecido en otros países de la región. Para eso hemos presentado un conjunto de proyectos de ley durante esta legislatura, hemos contado con un apoyo bastante transversal para que esos proyectos se puedan cristalizar. Hemos llevado adelante un conjunto de iniciativas para fortalecer nuestro sistema penitenciario, hemos destinado recursos para que ello ocurra también, y creemos que esta reforma es totalmente necesaria. Ese es el único objetivo que tiene esta reforma: que Gendarmería forme parte de manera íntegra del sistema de seguridad pública, y para eso se tiene que reformar en una fuerza de orden y seguridad. Muchas gracias, Ministro. Ofrezco la palabra. Como la propuesta de esta Presidenta tiene distintos quórums, vamos a hacer una votación separada según cada punto. Lo primero es votar la idea de votar hoy día en general. Para eso requerimos unanimidad. Entonces, ¿alguien se opone? No tenemos para eso entonces el quórum. Perfecto, Presidenta. La constancia de que la diputada Giles se opuso hoy día a votar en general. El segundo acuerdo que requiere votación es poder citar mañana en Santiago a las 10 a.m. en una sesión especial para recibir a invitados.

La presente sesión ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación, en primer trámite constitucional y reglamentario, del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, que "Modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", Boletín N° 18.032-07, con urgencia suma. Antes de proceder a la votación, quisiera hacer una consulta respecto de las sesiones de audiencia. ¿Está considerando usted que las sesiones de audiencia, que reglamentariamente deben ser dos, deben ser sesiones ordinarias y que esta sería una sesión especial? Así es, por lo tanto, esta no estaría incluida dentro de las necesarias dos sesiones ordinarias de audiencia requeridas para poder votar en general. El artículo 213 del reglamento establece que, en el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada, discusión inmediata o suma, las comisiones deberán obligatoriamente realizar una audiencia de, al menos, una hora de duración para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia que se refiere al proyecto. Habiendo suma urgencia, no existe la obligación de efectuar audiencia; no obstante, la comisión sí tiene la voluntad de hacerlo. Esta audiencia se llevará a cabo hasta antes de la votación en general del proyecto, por inscripción en la secretaría de la comisión y por el tiempo que se fije para el solicitante. Ningún asentimiento unánime podrá alterar esta regla. El reglamento no distingue, la sesión puede ser especial para efectuar audiencias. De hecho, en Santiago, todas las sesiones son especiales y las comisiones con frecuencia reciben audiencias en esta ciudad. El artículo 204 establece que las comisiones, por mayoría absoluta de sus miembros, podrán sesionar y constituirse como tal en cualquier punto del territorio nacional para el cumplimiento de sus cometidos. Estas sesiones no podrán realizarse dentro de los días de sesión ordinaria de la Cámara, lo que implica que se pueden cumplir todas las funciones propias de la comisión en Santiago, siempre que se respete el requisito de la mayoría absoluta de los miembros, que son siete. Ahora, procederemos a la votación. La diputada Pamela Jiles vota en contra. El diputado Raúl Leiva, a favor. El diputado Andrés Longton, a favor. El diputado Luis Sánchez, al igual que el señor Rebolledo, a favor, solo accidentalmente de que podamos sesionar en Santiago. El presidente Leonardo Soto también vota a favor de sesionar donde sea necesario y cuando sea necesario, para escuchar a todas las entidades que hoy día serán afectadas por este proyecto de ley. Es un derecho que tienen todos a este debate democrático, por lo tanto, apruebo el funcionamiento de mañana en Santiago. Hemos contabilizado ocho votos a favor, uno en contra y una abstención. Aprobado.

El proyecto de reforma constitucional inicia un mensaje que modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Boletín N° 18.032-07, de urgencia suma. Para esto, se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien damos la bienvenida. Finalmente, en el segundo punto de la tabla, vamos a destinar los últimos treinta minutos para el proyecto de indulto. Ministro, ¿le ofrezco la palabra para iniciar el debate o escuchamos a los invitados? Dado que está presente el Ministro de Justicia, sus asesores y la abogada de la División Jurídica, quienes también damos la bienvenida, vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados que están en forma remota. El primero es don Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, bienvenido. Le damos la palabra a don Daniel. Hola, muy buenas tardes. Presidenta, muchas gracias por la invitación a la Fundación para poder colaborar con información en la tramitación de este proyecto de ley que consideramos fundamental para la seguridad del país. ¿Se puede confirmar que se está viendo bien la pantalla y en tamaño completo? A ver, la invitación fue ayer, por lo que teníamos algunas cosas preparadas y hemos agrupado información sobre investigaciones pasadas de la Fundación y también sobre la crisis carcelaria que se ha manifestado con más fuerza en los últimos meses. La reforma constitucional es crucial en este contexto. Creemos que es sumamente importante considerar que estamos en un momento decisivo para la seguridad pública de Chile. Evidentemente, tenemos los niveles más altos de temor y un aumento significativo en crímenes violentos. No se puede separar las cárceles y la población carcelaria, ni Gendarmería ni los servicios de reinserción del sistema de seguridad pública. Por lo tanto, esta reforma es un componente fundamental para la seguridad del país. Esta presentación busca explicar los alcances, oportunidades y riesgos que vemos en esta reforma, así como resaltar las condiciones necesarias para su éxito institucional. Primero, es fundamental entender por qué es necesaria la reforma. Aunque es una reforma constitucional, debe complementarse con un proceso de reforma institucional, que es distinto a la reforma constitucional que habilita esta reforma futura. Dentro de los roles definidos para Gendarmería están la custodia, el cuidado y la reinserción. En cuanto a la custodia, tenemos evidencia de déficit de seguridad. Hemos tenido fugas de alto impacto, como la ocurrida en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, y existen déficits estructurales de control y seguridad interna que ponen en riesgo tanto a los reclusos como al personal de Gendarmería. Las recientes situaciones de corrupción y el ingreso de bienes prohibidos al interior de las cárceles evidencian esta debilidad en la custodia. En segundo lugar, en el cuidado de las personas privadas de libertad, sabemos que las condiciones son precarias y están llegando a un nivel crítico debido a la sobrepoblación carcelaria. Actualmente, enfrentamos un nivel de hacinamiento crítico y un deterioro progresivo de las condiciones de vida en los recintos, lo que ha llevado a muertes evitables en establecimientos penitenciarios. Comparando las tasas de mortalidad en las cárceles con la población general, son significativamente más altas, lo que representa un riesgo permanente tanto para los funcionarios como para las personas privadas de libertad. Por último, en el rol de reinserción, uno de cada dos individuos que egresan de la cárcel vuelve a ser condenado antes de tres años, y más del 70% vuelve a tener contacto con el sistema de seguridad y justicia. Por lo tanto, el rol de la reinserción es fundamental para la seguridad pública, ya que evitar que las personas vuelvan a cometer delitos es una tarea que está absolutamente en deuda.

En el sistema, tenemos una oportunidad hoy día de poder afrontarlo y realizar cambios que permitan mejorar la capacidad de reinserción. ¿Por qué no se produce? Porque contamos con una muy baja cobertura de los programas de intervención especializada y una débil calidad técnica en las intervenciones que están en curso. Además, hay un error en la focalización, ya que la mayoría de los programas de reinserción se entienden como un beneficio carcelario, otorgándose a quienes tienen un mejor comportamiento, que suelen ser las personas menos refractarias y, por lo tanto, con menor compromiso delictual y menos posibilidad de reincidir. Es fundamental que estos programas estén focalizados en las personas que presentan un mayor riesgo de generar daño una vez que cumplan condena y ya no estén bajo la custodia de Gendarmería. Sin custodia efectiva no hay seguridad, sin cuidado digno no hay legitimidad, y sin reinserción efectiva no hay seguridad sostenible. Hoy día, tenemos una oportunidad coyuntural que resulta propicia para avanzar en una transformación que el país necesita desde hace décadas. Primero, existen condiciones políticas, sociales y técnicas que hacen de este momento una ventana de oportunidad única. Segundo, hay un consenso bastante transversal; la gravedad de los hechos conocidos públicamente ha generado un amplio consenso político sobre la necesidad de actuar. También contamos con reformas previas acumuladas; el mensaje establece un recuento de reformas legales que ya se han realizado al interior de Gendarmería y que reconocen su rol en la seguridad pública. Por lo tanto, esta reforma tiene un sustento en reformas previas aprobadas transversalmente en el Parlamento. Es necesaria una coherencia institucional; debemos asegurar que haya coherencia entre las funciones reales, la dependencia administrativa y las responsabilidades institucionales. En resumen, esta es una reforma de Estado, no de gobierno. El Congreso Nacional tiene un rol central para asegurar la continuidad y profundidad del proceso más allá de los ciclos políticos. Este proyecto introduce modificaciones específicas a la Constitución que redefinen el marco institucional de Gendarmería de Chile y establecen mandatos claros para la modernización del sistema penitenciario. Incorpora a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, traslada la dependencia institucional al Ministerio de Seguridad Pública y ajusta otros artículos para lograr una coherencia institucional plena. Además, incluye disposiciones transitorias de extrema relevancia, como el mandato legal de crear, en un plazo de 12 meses, un servicio especializado para la reinserción social, una necesidad que hemos tratado de impulsar como Fundación Paz Ciudadana durante décadas. También busca la separación funcional clara entre la seguridad penitenciaria y la reinserción social, fundamental para mejorar la capacidad técnica para ejercer ambas funciones. Las adecuaciones al régimen asociativo del personal son pertinentes para instituciones que tienen el uso de armas, ya que el cese de funciones por paros o situaciones similares puede generar una grave crisis de seguridad en el país. Es crucial que no transformemos esta reforma en un formalismo sin sustancia. Hemos visto procesos de reformas institucionales que se han diluido en el tiempo por la falta de claridad en los objetivos. Por lo tanto, existe el riesgo de que la reforma se reduzca a un cambio meramente formal de nombres y dependencias sin transformaciones reales, lo que podría no generar nuevas capacidades ni cambiar las prácticas existentes en la institución. Además, hay un sesgo punitivo excesivo que es importante visualizar. Un enfoque excesivamente coercitivo puede debilitar o subordinar la función de reinserción social, reproduciendo errores del pasado. Por lo tanto, aunque es adecuado que la dependencia pase al Ministerio de Seguridad y que Gendarmería forme parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, esto no debe implicar un aumento en la militarización, lo cual sería contradictorio con el rol de reinserción social que debe cumplir la institución. Existen normas internacionales que así lo manifiestan, y es importante tenerlas en cuenta para evitar cometer errores. Finalmente, es evidente que hay tensiones laborales. Los conflictos asociados a este cambio de estatuto, a la carrera funcionaria y a las condiciones de trabajo pueden paralizar el proceso de implementación. Por lo tanto, es necesario anticiparse a estas tensiones, visualizarlas y comenzar los diálogos necesarios para que no impidan un proceso de reforma tan relevante.

Que estamos iniciando el día de hoy. Por último, la vulnerabilidad transitoria que se ha declarado podría implicar un debilitamiento institucional durante el cambio, el cual podría ser aprovechado por organizaciones criminales para consolidar sus posiciones en el sistema de seguridad. Creemos que esta situación es absolutamente abordable y que, en la actualidad, tenemos una condición de riesgo que ya está manifiesta. Por lo tanto, no creemos que el proceso, si es llevado de buena forma, pueda aumentar este nivel de vulnerabilidad. Si bien es importante plantearlo, porque está en la discusión actual, consideramos que es posible abordarlo de manera seria. El principio rector de esta discusión es que el mayor riesgo no es reformar, sino hacerlo bien. La inacción o una reforma mal ejecutada perpetuarán la crisis que enfrentamos hoy. El nuevo servicio de reinserción social, que se menciona en este artículo transitorio y que obliga a su constitución en un plazo de 12 meses, representa una oportunidad histórica. El diagnóstico sobre la necesidad de reformar el servicio de reinserción es de larga data. Durante décadas, la reinserción social ha tenido una función subordinada, residual y subfinanciada dentro del sistema penitenciario chileno. Ha operado con baja jerarquía institucional, escasa especialización profesional y una cobertura limitada que no alcanza a la mayoría de las personas privadas de libertad, alcanzando solo a una minoría muy reducida de la población penal. Como Fundación Paz Ciudadana, desde el año 2015 hemos realizado un estudio en el que proponemos un esquema de reinserción social que consideramos útil para esta discusión. Este modelo, desarrollado junto con el Centro de Estudios de la Universidad de Chile, tiene como objetivo central y medible la reducción efectiva de la reincidencia delictual, entendiendo que este es el indicador más relevante del éxito de las políticas penitenciarias desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Los principios de este modelo incluyen evaluaciones de riesgo, planes individuales de intervención basados en evidencia y mediciones de impacto. Es fundamental tener claridad sobre qué es necesario evaluar en el desempeño de estos sistemas. Además, debe haber intervenciones diferenciadas según el riesgo delictual de cada persona atendida, así como un sistema de apoyo pospenitenciario que garantice la continuidad de la atención, tanto dentro como fuera de los muros en el proceso de reinserción. Proponemos que el Servicio Nacional de Reinserción incorpore estos conceptos desarrollados hace una década. La reforma no debe limitarse a la reforma constitucional, sino que debe ir acompañada de una reforma profunda de Gendarmería, que debe ser implementada con un proceso definido desde el inicio y a largo plazo. Las capacidades necesarias incluyen equipos multidisciplinarios que integren conocimientos en seguridad, derecho, gestión pública, salud mental, trabajo social y comunicaciones estratégicas, para que toda la reforma de Gendarmería esté alineada con los objetivos que le dieron origen, que se centran en el cuidado, custodia y reinserción. Es crucial contar con un sistema integrado de información y evaluación de impacto, así como un sistema de gestión profesional del cambio organizacional. No basta con trasladar a las mismas personas que actualmente trabajan al nuevo servicio; es necesario medir capacidades y brechas para generar programas de capacitación o recontratación que permitan adquirir las competencias necesarias. Además, debe haber un proceso de formación continua y especialización del personal para garantizar que el cambio sea permanente en el tiempo. Las condiciones de éxito incluyen un liderazgo político sostenido, un diálogo técnico riguroso y una gestión responsable del cambio laboral con los funcionarios y asociaciones existentes, que dejarían de existir con la aprobación del proyecto de ley. También es fundamental un blindaje presupuestario que asegure el cumplimiento de las metas definidas con indicadores verificables, manteniendo un enfoque en derechos para cumplir con estándares internacionales, que en muchos casos no se logran en los sistemas carcelarios chilenos. Como mensaje final, esta reforma constitucional reconoce una verdad fundamental: la seguridad pública también se define tras los muros de las cárceles. La creación de un servicio especializado en reinserción social puede transformar esta función en una política pública moderna, profesional y evaluable, capaz de contribuir efectivamente a la reducción de la reincidencia y, por ende, a la seguridad de toda la sociedad.

¿Venía? Y por último, el éxito de esta reforma va a depender de la calidad técnica de su implementación y de la profundidad de las reformas institucionales que la acompañen. Esta comisión, entonces, ustedes lo saben bien, tiene la responsabilidad histórica de asegurar que esas necesidades se cumplan. Vuelvo a agradecer, Presidenta, la invitación y quedo atento a cualquier duda que haya sobre la presentación. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Le agradecemos, y si desea, puede estar presente en el resto de la discusión. Vamos a darle la palabra ahora a doña Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica. No ha llegado. Diputado Soto, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo al señor Ministro, a todos los colegas y, por supuesto, a nuestros invitados. Quisiera consultar a don Daniel Johnson si puede profundizar en el tema de la militarización de Gendarmería. Noté que hizo un cuestionamiento a la militarización, porque si uno analiza la necesidad de tener funcionarios uniformados, militares y armados en temas de reinserción, pareciera que no existe una verdadera necesidad. Más bien, en los sistemas comparados de reinserción social y laboral, lo que hay es personal civil, un servicio civil. Creo que esta división nos ofrece la oportunidad de diferenciar eso con mayor claridad. En segundo lugar, quisiera consultarle respecto de la gestión penitenciaria. No sé si los uniformados que hoy dirigen los penales, de distinto tamaño, tienen una formación adecuada para la gestión administrativa, logística e integral que significa un centro penitenciario. Porque son uniformados también, son coroneles, hay distintos grados, pero no necesariamente es imprescindible que el que dirija un establecimiento penal sea uniformado. Me gustaría saber si existe una formación profesional especializada al interior de los sistemas de formación interna de Gendarmería que pueda ser mejorada en este sentido, fortaleciendo sobre todo la gestión de establecimientos penales con personal más especializado y capacitado. Eso, Presidenta. Diputada Félix, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quisiera pedir disculpas a todos los presentes, porque uno, cuando ya está muy deteriorada, se cita a sí misma. Entonces, me veo en la obligación de citarme a mí misma en el día de ayer, cuando le preguntaba a los ministros presentes de Seguridad y Justicia respecto de una parte de los miembros de Gendarmería que son lo que podríamos llamar armados extramuros. Les indicaba en forma de pregunta en ese momento, y luego de afirmación a los ministros, que existe hoy día una cantidad de gendarmes que van armados por la vida, dado que nosotros mismos en esta legislatura legislamos en ese sentido. No solo eso, sino que además existe, y se lo recordaba yo a los ministros, una cantidad de personal que no está al interior de las cárceles, sino que tiene otras funciones, como por ejemplo cuidar los tribunales, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, en fin. También deberíamos entenderlos como personal armado extramuros. Indicaba en esa oportunidad mis dudas respecto de esta reforma, que queda en el aire, si estas fuerzas serían o no engrosadoras del personal represivo del país. En su respuesta, el Ministro de Justicia, por su intermedio, Presidenta, me dijo que cómo se resolvía eso era un asunto de detalle. A mí me parece que no es un asunto de detalle, e insisto en eso, porque en la misma línea de lo que planteaba el Diputado Soto, no queda claro si efectivamente ese personal va a poder cumplir o no funciones representativas.