Senado - Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía - 6 de enero de 2026

En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuéntanos, señora secretaria. Tenemos un oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público, relativo a la información de la glosa 07 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores correspondiente al mes de noviembre del 2025.

Y una solicitud del profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paul, para exponer en la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.918, que está en tabla el día de hoy y que regula la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Nos hemos convocado en el día de hoy para revisar dos proyectos que conceden la nacionalidad por gracia: al deportista Jonathan Rodríguez Carracedo y al ciudadano español, señor Daniel Castro. Si es posible, dar cuenta de los mismos, gracias. El presidente pone en discusión el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia al deportista cubano Jonathan Rodríguez Carracedo. El objetivo, como indica su nombre, es otorgar la nacionalidad por especial gracia en conformidad al número 4 del artículo 10 de la Constitución Política de la República a Jonathan Rodríguez Carracedo. Este proyecto está originado en la Cámara de Diputados, en una moción de los diputados señores José Miguel Castro, Roberto Arroyo, Jorge Guzmán, Enrique Lee, Marco Antonio Sulantay, Cristián Tapia y Hotuiti Teao; y también de las diputadas señoras Erika Olivera, Jimena Ossandón y Marisela Santibáñez. El segundo trámite ingresó al Senado el 15 de octubre del 2025 y está para primer informe general en particular. Se estructura en un artículo único y, en cuanto a sus fundamentos, señala que la nacionalidad chilena constituye la relación jurídica y política que vincula a una persona con el Estado de Chile, confiriéndole derechos y obligaciones como integrante de la comunidad nacional. Conforme a la Constitución, esta puede obtenerse por nacimiento o mediante naturalización, según los requisitos legales vigentes. Excepcionalmente, el ordenamiento jurídico contempla la nacionalidad por gracia, concebida como un reconocimiento honorífico para personas extranjeras que han realizado aportes relevantes al país en diversas áreas de interés público, como la cultura, la ciencia, el deporte y la defensa de los derechos humanos. Indica la moción que esta distinción solo puede otorgarse mediante una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente de la República, produciendo plenos efectos legales para quien la recibe sin necesidad de renunciar a su nacionalidad de origen, dependiendo de la legislación de su país. En ese contexto, la iniciativa tiene por objeto conceder la nacionalidad por gracia a Jonathan Daniel Rodríguez, un ciudadano cubano de 16 años con residencia definitiva en nuestro país. Se informa que el beneficiario ha demostrado un compromiso excepcional con el deporte nacional, en especial con la lucha grecorromana, disciplina en la que se desempeña como preseleccionado nacional. Desde su llegada al país, ha obtenido relevantes premios y distinciones en el ámbito competitivo, entre ellos 11 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce en las categorías U15 y U17, junto con el trofeo al luchador más destacado del estilo grecorromano en Chile, además de múltiples preseas en otros campeonatos federados de alto nivel. Asimismo, destaca que su rendimiento le permitió alcanzar a los 15 años la medalla de oro en la división olímpica de 97 kilos, lo que da cuenta de su elevado nivel competitivo y su prometedora proyección deportiva. A ello se suma una conducta ejemplar caracterizada por disciplina, constancia y compromiso, cualidades reconocidas por sus entrenadores nacionales e internacionales, quienes lo proyectan como un futuro medallista en competencias de alcance regional y mundial, e incluso con posibilidades reales de alcanzar una presea olímpica para Chile. Paralelamente, Jonathan mantiene un sólido rendimiento académico, cursando segundo medio en el Centro Educacional Mariana Egaña, manteniendo un promedio de 6,4, lo que demuestra responsabilidad académica y capacidad para compatibilizar estudios con la alta exigencia de su preparación deportiva. Sus profesores lo describen como un estudiante respetuoso, alegre y solidario, con un liderazgo positivo que inspira a sus compañeros, fomenta la integración y promueve el deporte como herramienta de desarrollo integral. Su proceso de formación y adaptación en Chile ha sido pleno, ha representado dignamente a nuestro país en torneos nacionales y se está preparando para competencias internacionales. El respaldo de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile y de la Selección Nacional de Lucha Grecorromana confirma tanto su excelencia deportiva como su integridad personal y su potencial para convertirse en un referente deportivo chileno en el corto y mediano plazo. En atención a sus méritos, su aporte al desarrollo del deporte de alto rendimiento, su conducta intachable y su integración efectiva en la sociedad chilena, la moción considera que Jonathan Rodríguez Carracedo reúne los méritos suficientes.

Para ser acreedor de la nacionalidad por gracia, constituyendo un aporte significativo para la proyección internacional del deporte nacional y un ejemplo de esfuerzo y compromiso para las nuevas generaciones. Finalmente, señalar que en la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó con 117 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Se agradece, señora secretaria. Cuando tengamos el quórum referido, procedemos a la votación del mismo. Si puede dar lectura al siguiente informe. En segundo lugar, tenemos el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia al ciudadano español, señor Daniel Castro Fresno. Esto está originado en una moción de los honorables senadores señora Rincón y Campillay, y señores Chahuán y Walker. Está en primer trámite e ingresó el 21 de noviembre del año 2025, para primer informe en general y particular. Tiene un artículo único y, en cuanto a sus fundamentos, señala que, de conformidad con lo expuesto en el artículo 10, número 4 de la Constitución, se somete a consideración la postulación del profesor doctor Daniel Castro Fresno a la nacionalidad chilena por especial gracia, distinción de carácter excepcional destinada a extranjeros cuyos servicios a la República revisten méritos sobresalientes y permanentes. En este caso, la figura más destacada en el ámbito de la ingeniería civil a nivel internacional es el profesor Castro Fresno, quien actualmente ejerce como director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, institución de reconocido prestigio mundial. Dicha posición ha impulsado de manera activa la vinculación internacional de la ingeniería chilena, facilitando la incorporación de universidades nacionales a redes científicas de excelencia. Su trayectoria profesional y académica se encuentra respaldada por la dirección de un elevado número de proyectos de investigación, incluidos numerosos de carácter internacional, una producción científica superior a las 200 publicaciones y una autoría de más de 25 patentes tecnológicas, varias de ellas aplicadas al sector productivo, con impacto directo en áreas estratégicas de la ingeniería civil y la innovación industrial. Una parte sustantiva de su labor ha estado orientada a una colaboración constante y sostenida con la universidad chilena y con el sector productivo nacional, lo que ha permitido la transferencia tecnológica de frontera, el fortalecimiento de capacidades científicas y la ejecución de proyectos de alto valor estratégico para el desarrollo del país, compromiso que ha sido reconocido por autoridades académicas, organismos públicos y representantes diplomáticos de Chile. Su aporte a la formación de capital humano avanzado ha sido particularmente relevante, habiendo dirigido la formación doctoral de cerca de 20 profesionales chilenos, varios de los cuales se desempeñan actualmente en destacadas universidades nacionales, manteniendo además la supervisión directa de doctorandos chilenos en curso. Asimismo, ha contribuido de manera esencial al fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica en Chile, destacando su participación en la implementación de laboratorios especializados, como el Laboratorio de Pavimentos de la Universidad Austral de Chile, con una inversión significativa orientada al bien público y al fortalecimiento de la capacidad investigativa fuera del centro del país. Ha promovido instancias de cooperación institucional de alto nivel, tales como programas de doble y triple titulación entre universidades chilenas y extranjeras, iniciativas inéditas en el ámbito de la ingeniería civil nacional que han contribuido a posicionar a Chile como un referente regional en internacionalización académica y movilidad estudiantil. Su vinculación con el sector productivo chileno permitió el desarrollo de patentes internacionales en colaboración con empresas nacionales, actualmente en explotación comercial en Chile y otros países de la región, generando un impacto efectivo en sectores como minería, infraestructura y seguridad vial. Adicionalmente, ha impulsado espacios de intercambio académico y tecnológico de alto nivel, tales como congresos y encuentros internacionales, fortaleciendo la proyección internacional del conocimiento y la experiencia chilena en materia de construcción, infraestructura e innovación. El mundo académico, productivo e institucional chileno ha manifestado de manera constante su reconocimiento y respaldo a la labor del profesor Castro Fresno, valorando su contribución científica, tecnológica y humana al país. Finalmente, el profesor Daniel Castro Fresno mantiene vínculos personales y familiares estrechos con nuestro país, lo que ha favorecido su plena integración a la vida nacional. En mérito de lo expuesto, resulta plenamente justificado que la República de Chile otorgue al profesor Daniel Castro Fresno la nacionalidad chilena por especial gracia. En el tercer punto de la tabla, el que instituye el Premio Nacional de la Paz, Boletín 9144-17, quiero agradecer en forma muy especial al ministro que hoy día nos acompaña, el ministro Cataldo, quien además estaba citado en paralelo a la Cámara de Diputados, así que le agradezco doblemente. Les pido las excusas, porque tenía la entrega de la medalla rectoral de la embajadora Ken Salgali, y tenía que presentarla yo, así que le pido todas las excusas.

Así que, muchas gracias, se agradece doblemente. También nos acompaña la ministra secretaria general de Gobierno, señora Camila Vallejo, por Zoom, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Yerko Ljubetic, acompañado por los señores Sergio Cabezas y Nicolás Fierro, que también están presentes. Agradecemos su presencia. Asimismo, nos acompaña Karla Moscoso, Subsecretaria de Derechos Humanos subrogante. Muchas gracias por estar aquí. Le mandamos saludos a doña Daniela en su propio nombre. Quiero dejar con la palabra al ministro Nicolás Cataldo para que exprese su opinión respecto de este proyecto. Gracias, presidente. Saludo a usted, a la secretaría, y al senador Andrés Herbergue por su intermedio, así como a quienes nos acompañan. En el contexto global y nacional, que hoy por hoy está muy convulso y turbulento, es imperativo fortalecer activamente todos los pilares que sustenten la convivencia armónica de nuestra sociedad. La democracia, la tolerancia, el respeto cívico y la protección irrestricta de los derechos humanos no son conceptos abstractos, sino fundamentos esenciales para la construcción de la paz y la reconstrucción permanente del tejido social. En coherencia con lo que señala el mensaje del proyecto de ley, la paz es una construcción deliberada y constante de nuestras sociedades. En ese escenario, la moción que busca instituir un Premio Nacional de la Paz constituye una respuesta legislativa que consideramos pertinente y estratégicamente valiosa, cuyo análisis detallado es fundamental. El proyecto Boletín 9144-17 es una moción presentada por el honorable senador Francisco Chaguán. De acuerdo a lo que propone el artículo primero, busca instituir la creación del Premio Nacional de la Paz, un reconocimiento que anualmente honrará a personas naturales o jurídicas que hayan contribuido de manera destacada a la promoción de la paz y la solución de conflictos sociales de gran magnitud en el país. Es relevante destacar que esta iniciativa busca reeditar un esfuerzo parlamentario similar presentado en el año 2009, encabezado por el entonces diputado Álvaro Escobar, lo que demuestra la necesidad de contar con un reconocimiento de esta naturaleza, que ha generado preocupación persistente en el debate público en este Parlamento. Los fundamentos de esta propuesta se basan en un profundo análisis filosófico, histórico y social que merece ser examinado en detalle. Comprender los fundamentos que sustentan la moción es clave para evaluar la pertinencia y el valor de la distinción propuesta. Este proyecto no surge de una necesidad coyuntural, sino que se ancla en argumentos de carácter moral, histórico y de cohesión social que le otorgan una notable solidez. Desde el punto de vista de la justificación filosófica y moral, el proyecto define la paz no solamente como la ausencia de guerra, sino como un estado de equilibrio exento de sentimientos negativos como la ira y el odio. La moción se apoya firmemente en la encíclica "Pacem in Terris" de 1963 del Papa Juan XXIII como pilar filosófico, rescatando su llamado a regir las relaciones humanas bajo las leyes inscritas en la naturaleza del hombre y no por el mero uso de la fuerza. Este anclaje moral trasciende la naturaleza de un mero reconocimiento, posicionando al premio como un instrumento de fomento para la ética cívica de la convivencia. En el contexto histórico y precedente internacional, para argumentar en contra de la violencia, la moción evoca tragedias históricas como las que sufrió nuestra humanidad en Hiroshima y Nagasaki, recordatorios de los efectos devastadores de los conflictos. Al mismo tiempo, utiliza el Premio Nobel de la Paz como un precedente internacional exitoso y de alto impacto. Este galardón, instituido hace más de un siglo, ha sido fundamental para fomentar la fraternidad de nuestras naciones y promover activamente el proceso de paz. Este referente demuestra la viabilidad y el prestigio que un premio de esta categoría puede alcanzar en una sociedad. El argumento central de la moción es que Chile necesita un instrumento propio para promover la paz, la humanización, la solidaridad y el entendimiento civilizado entre los y las chilenas. Ante las legítimas diferencias políticas o religiosas, es imperativo incentivar la resolución pacífica de los conflictos internos. El reconocimiento en ese sentido no solo busca galardonar a quienes ya trabajan por la paz, sino también inspirar a la sociedad en su conjunto a dirimir sus controversias con respeto a la dignidad humana, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social. Esta sólida arquitectura argumental requiere un diseño operativo igualmente robusto, concebido para garantizar la credibilidad y el honor del galardón. El proyecto detalla los mecanismos operativos y las características que definen al Premio Nacional de la Paz, elementos diseñados para asegurar la transparencia, imparcialidad y prestigio en los criterios de adjudicación.

El premio podrá ser otorgado a personas naturales o jurídicas que hayan demostrado una contribución destacada a la promoción de la paz en el país, o que mediante un aporte desinteresado y decisivo hayan intervenido en la solución de conflictos sociales de gran magnitud. En el artículo segundo se señala que el premio se entregará anualmente el 6 de agosto, fecha que no es arbitraria, sino que conmemora el bombardeo atómico sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, vinculado directamente al galardón con el recordatorio histórico de las consecuencias de la violencia, reforzando su mensaje central. Respecto a la composición y el rol del jurado, la selección del galardonado será responsabilidad de un jurado compuesto por cinco miembros. Un reglamento definirá su conformación y funcionamiento, pero el proyecto establece un elemento clave para asegurar cierta imparcialidad: el jurado será presidido por el director o directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, el desempeño de sus miembros será ad honorem, reforzando el carácter cívico de esta labor. En el artículo cuarto se contempla que, en casos calificados y por decisión unánime del jurado, el premio podrá otorgarse a dos o más personas que hayan colaborado conjuntamente en la promoción de la paz o en la solución de conflictos, permitiendo así reconocer esfuerzos colectivos. Asimismo, se establece que el reconocimiento será un honor público, de acuerdo al artículo quinto, sin derecho a retribución económica alguna, lo que subraya la naturaleza desinteresada del galardón y enfoca el reconocimiento en el valor intrínseco del servicio público y el compromiso con la paz social. Se garantiza objetividad y rendición de cuentas a través de un reglamento que determinará el procedimiento de elección, y los fundamentos de la decisión del jurado se registrarán en un acta de carácter público. Esta estructura, aunque definida y centrada en la imparcialidad, también sirve para que el honor cívico se sustente en una opinión favorable a la aprobación del proyecto. Tras un análisis del proyecto de ley, se emite una opinión favorable a la aprobación, con algunas observaciones relevantes. La iniciativa es oportuna en el contexto actual, sustentada en fundamentos filosóficos y sociales sólidos, y presenta un diseño institucional transparente e imparcial que garantiza el prestigio y la legitimidad del galardón. La promoción de la paz y la democracia, así como el respeto cívico entre todos los ciudadanos, ha sido parte de iniciativas promovidas por el Ministerio de Educación durante este período. De hecho, el año 2024, en el Senado de la República, se aprobó prácticamente por unanimidad el proyecto de ley que instaura el Día Nacional del Debate y la Tolerancia, con el objetivo de conmemorar el 16 de noviembre de cada año a través de acciones en el sistema educativo que promuevan la práctica de equipos de debate y fomenten el ejercicio de la tolerancia como un valor cívico fundamental en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes de nuestro país. En conclusión, nuestra recomendación es favorable a esta iniciativa. Para asegurar el éxito y la viabilidad legislativa del proyecto, sugerimos a la Comisión solicitar formalmente el patrocinio del Ejecutivo, en particular el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Este respaldo no solo agilizaría su tramitación, sino que también dotaría al proyecto de un respaldo institucional ineludible que refuerza su estatus como un premio de Estado. Se sugiere también la coordinación de buenos oficios para gestionar la presentación formal de esta iniciativa ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Más allá de la presencia de la subsecretaria subrogante de Derechos Humanos en la Comisión, nos ponemos a disposición de esas gestiones, presidente, dada la directa relación de dicha cartera con los fines del premio y con el INDH, que sería la entidad que presidiría el jurado. Su patrocinio representa entonces un paso estratégico lógico y necesario para la pronta materialización de este proyecto. Gracias, ministro. Este proyecto busca crear una cultura de paz, de diálogo y de buena convivencia en el país. Agradezco el apoyo que brinda el Ejecutivo y enviaremos los oficios cuando tengamos el quórum referido que ha sugerido el ministro, lo cual nos parece pertinente. Quiero dar la palabra a doña Carla Moscoso, subsecretaria de Derechos Humanos subrogante, que hoy nos acompaña. Gracias, presidente. Hago mías las palabras expuestas por el ministro. Este es un premio que consideramos necesario y que cuenta con la legitimidad social para los tiempos que corren. Nosotros expusimos respecto de este proyecto hace dos años y creemos que es importante identificar bien el patrocinio eventual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a estudiar eso porque consideramos que es fundamental tenerlo.