En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Vamos a permitir que la prensa pueda entrar, tomar unas tomas y después, afuera harán sus declaraciones. Así que si viene la prensa, pueden sacar sus imágenes. Vamos a esperar que pueda ingresar la prensa un momento.
Señor secretario, no hay cuentas para el día de hoy. En la agenda de hoy tenemos dos puntos, que son verdaderamente importantes. El primero se refiere a las declaraciones emitidas por la excelentísima embajadora de Chile en Nueva Zelanda, señora Manahi Pakarati, y el segundo, que nos convoca con mayor fuerza, es la situación de Venezuela. Por esta razón, queremos escuchar al señor Canciller sobre la preocupación que tenemos respecto a la situación ocurrida con la embajadora, así como las decisiones y medidas que se tomarán desde la Cancillería y el Gobierno.
Saludo al ministro Alberto van Klaveren, a la subsecretaria Gloria de la Fuente y a su equipo por convenir rápidamente en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También saludo a los honorables senadores que nos acompañan.
Estamos aquí junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, el jefe de gabinete de la subsecretaria, José Juan Hernández, y nuestro asesor legislativo, Nicolás Godoy. Agradecemos esta oportunidad para informar sobre la situación generada por una foto que la embajadora Manahi Pakarati subió a sus redes sociales, así como la entrevista concedida a un medio de comunicación neozelandés, hechos que han suscitado la atención de la opinión pública y de este Congreso Nacional.
Durante estos días, señor presidente, se ha puesto en el centro del debate el valor de la prudencia como característica central que debe guiar el actuar del servicio exterior en general y de los embajadores en particular, en lo que respecta al cumplimiento de los deberes públicos que se les encomienda. La prudencia exige mantener una actitud de cautela y moderación en el actuar público y privado, así como cultivar otro valor muy relevante, que es la discreción. Entre los deberes que rigen el actuar del servicio exterior, incluidos los embajadores, se encuentra uno que es central para la correcta conducción de la política exterior. A todo el cuerpo diplomático chileno se le exige...
Cumplir con las instrucciones que imparta el Ministerio de Relaciones Exteriores es fundamental. Las formas en que se imparten estas instrucciones son variadas, y dentro de ellas existen algunas que se refieren directamente a la posibilidad de realizar declaraciones públicas por parte del personal diplomático. Estas instrucciones ponderan y respetan los derechos que la Constitución y las leyes otorgan a todos los funcionarios de esta Secretaría de Estado, y el derecho a sostener o expresar opiniones personales no les está vedado. Sin embargo, se considera también en esta ponderación la necesidad de velar por los intereses superiores del Estado.
Considerando lo anterior, creemos que, para cualquier observador, es muy difícil separar las opiniones personales de la investidura con que los miembros del servicio exterior, en particular embajadoras y embajadores, han sido acreditados para servir al país. Quienes integran el servicio exterior son agentes de la política exterior de nuestro país, la cual ha mantenido una sostenida tradición que la caracteriza como una política de Estado. Es por esta razón que las convicciones que inspiran al personal diplomático deben estar siempre y en todo lugar debidamente supeditadas al interés superior del Estado y a las directrices que las autoridades y superiores jerárquicos imparten.
Esta materia es regida por las instrucciones generales al cuerpo diplomático chileno, que son las bases que rigen el actuar de los funcionarios diplomáticos en el cumplimiento de sus funciones. Entre estas instrucciones, son centrales los deberes de no involucrarse en la política activa y de abstenerse de emitir opiniones públicas que puedan limitar la eficacia de su desempeño diplomático. Se enfatiza el deber de abstención de hacer declaraciones o publicar artículos referentes a la política interna de Chile y, por cierto, de los Estados ante los cuales se encuentran desempeñando funciones, considerando que cada declaración que se emite resulta difícil de separar de la representación del Estado que se detenta.
Las instrucciones generales al cuerpo diplomático chileno establecen expresamente que se debe enviar copia de todo discurso o conferencia dictada por un jefe de misión, para conocer de la manera más fehaciente el contenido de las intervenciones públicas que realizan los funcionarios diplomáticos. Asimismo, nuestra Dirección de Comunicaciones Estratégicas ha puesto especial atención a estos deberes, enviando instrucciones y protocolos a nuestras embajadas, misiones y consulados para resguardar el buen desempeño del servicio exterior. Estos protocolos incluyen, entre otros, el deber de comunicar a dicha dirección los requerimientos de la prensa extranjera y directrices respecto al uso de redes sociales, en las que se llama expresamente a cuidar el contenido que se publica desde las cuentas personales.
Quiero enfatizar que todas estas instrucciones persiguen la eficacia de la labor diplomática, ponderando el interés superior del Estado con los derechos que consagran la Constitución y las leyes a todas las personas. En el caso que nos convoca, la publicación en redes sociales que realizó la embajadora Manahi Pakarati generó un debate que pudo evitarse si se hubiesen seguido las instrucciones entregadas a nuestro personal diplomático. Ha quedado de manifiesto que una fotografía puede concitar diversas y variadas interpretaciones, y no necesariamente las que representan el fidedigno sentir de quien la realiza. Ahí radica la importancia de las instrucciones que se imparten sobre la materia.
Por esta razón, en una primera instancia se realizó una reprimenda a la embajadora, quien reconoció su error y borró la publicación. Respecto a la entrevista concedida al medio neozelandés, que se conoció del diálogo sostenido, eso tampoco ocurrió. Considerando lo expuesto, hemos resuelto, a través de la jefa de servicio que me acompaña, la adscripción de la embajadora Manahi Pakarati a partir del 31 de enero, poniendo término a su destinación en Nueva Zelandia y disponiéndose su presentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir las funciones que se encomendarán en su momento. Esta medida es de carácter excepcional.
Se ha tomado en consideración el incumplimiento de los protocolos existentes en que ha incurrido la embajadora Pakarati, y la necesidad de no seguir distrayendo el quehacer institucional en este tipo de polémicas. Se trata de una medida que se ajusta a las faltas que se pudieron acreditar. En ese sentido, quiero señalar que la embajadora Pakarati es una funcionaria que integra el Servicio Exterior hace más de 25 años, habiendo servido bajo gobiernos de muy distinto signo político. En los diálogos que hemos mantenido con ella a propósito de esta situación, ha insistido en que no suscribe a corrientes independentistas o separatistas de Rapa Nui.
Adicionalmente, en la entrevista que concedió y que ha sido replicada en Chile a través de distintos medios de comunicación, no hace un llamado a la independencia de Rapa Nui o al establecimiento de un estado paralelo, posición que sería incompatible con su permanencia en nuestro Servicio Exterior. Ella se refiere, más bien, a una modalidad de autogobierno local en dicho territorio indiscutiblemente chileno.
Más allá de esta precisión, es importante destacar que las y los funcionarios del Servicio Exterior deben abstenerse de expresar opiniones personales sobre temas de política interna. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro. Yo quisiera pedir el acuerdo de la sala para suspender por tres minutos la sesión, a fin de permitir el ingreso de los canales de televisión que no alcanzaron a ingresar. ¿Estarían de acuerdo? Entonces, suspendemos la sesión por tres minutos.
Proseguimos con la sesión. Ya hemos escuchado al señor ministro sobre la información que ha entregado la Cancillería. Quisiera ofrecer la palabra a los senadores al respecto. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? El senador José Miguel Insulza.
Hasta el lado. Por los medios, creo que realmente este fue un tema grave y complicado, y por eso mereció una reprimenda de la Cancillería. Ahora, tengo la impresión de que no sabíamos en ese momento que tampoco se había conocido la entrevista de la Cancillería; no estábamos informados. Pero al mismo tiempo, dijimos dos cosas: hay que tener cuidado de que esto no parezca una limitación de los derechos que la persona tiene de emitir sus opiniones. Los embajadores están sujetos a ciertas reglas que son conocidas y han sido entregadas por la Cancillería a todos los funcionarios.
Nos pareció que era un error previsible tener a la embajadora en un país tan cercano, prácticamente equidistante entre ambos países, y prever que algo podría ocurrir. Por lo tanto, no creo que haya que realizar nuevas investigaciones ni aplicar otras sanciones, pero me parece adecuado el retorno de la embajadora al país, y probablemente en el futuro será destinada a otras funciones. Muchas gracias.
Senador Edwards tiene la palabra y luego el senador Latorre. Gracias, presidente. Aquí hay dos cosas que me preocupan. Primero, me preocupan las ideas, ya que he visto la defensa del autogobierno en varias ocasiones, comenzando por el presidente Boric durante su campaña, quien mencionó el autogobierno respecto a Rapa Nui en varias ocasiones. También fue incorporado en la convención, en el artículo 34, sobre autonomía y autogobierno. Por lo tanto, hay un problema de ideas que debemos tratar de convencer a la población de que no es razonable afectar la integridad territorial de Chile.
En segundo lugar, al observar la forma en que actuó la Cancillería, me pregunto qué pasaría si el embajador chino en Chile dijera que aboga por la autonomía del Tíbet, o si el embajador de Estados Unidos abogara por la autonomía y el autogobierno de Hawái y Alaska. Las reacciones probablemente serían mucho más fuertes, y esto se supo hace tiempo. Me genera preocupación la reacción tardía que tuvo la Cancillería, y no quiero dejar un precedente de que, por lo menos, yo no estoy tranquilo con lo que ocurrió y con la lentitud con la que se actuó, más allá de que entiendo que es una situación difícil para el propio canciller.
Respecto a las sanciones, tampoco estoy de acuerdo. La palabra que usted utilizó, canciller, es "adscripción", y es poco clara. ¿Estamos echándola por lo que hizo o simplemente la estamos llamando para adscribirla a otra destinación? Lo que la embajadora hizo es de una gravedad absoluta. Lo que debió haberse hecho, y esto lo digo con respeto, es la expulsión inmediata de su cargo de embajadora, no solo con destinación en Nueva Zelanda, sino que de su cargo completo de embajadora. Podrá tener otro rol en la Cancillería, pero no debería ser más embajadora, ni destinada ni embajadora aquí en Chile.
Lo digo para no dejar un precedente de que un embajador de Chile, hablando en nombre de Chile, puede afectar la integridad territorial. Entiendo que ella puede haber dicho que llegó a una radio y dio la entrevista sin saber lo que decía, pero es más difícil porque ella es una persona de carrera y lleva 27 años en el cargo. Este tipo de cosas debió haberlas sabido hace muchos años. Si bien valoro que esto debe haber sido una preocupación para el ministro, el canciller y la subsecretaria, quiero dejar claro que un embajador que afecta la integridad territorial debe ser despedido de inmediato. La sola adscripción con fecha posterior, el 31 de enero, no es suficiente, y me imagino que no es solo por la fecha, sino porque estamos terminando el gobierno.
A otra embajada, me parece que, por lo menos, yo hubiese preferido, sin ánimo de generar una controversia, decir las cosas claras para que haya un precedente: la expulsión inmediata de la embajadora, porque ella hizo algo que afecta seriamente la integridad territorial de Chile.
Senador Latorre, tiene usted la palabra.
Presidente, saludar al Canciller y a la Subsecretaria, y agradecer la presentación. Quiero permitirme, presidente, por su intermedio, discrepar respetuosamente del senador Edwards. En mi opinión, aquí hay que hacer dos distinciones. Una es el fondo de lo que planteó en su entrevista, esta idea de autogobierno y autonomía, que está suscrito en el Convenio 169 de la OIT y también en la Declaración de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ambos ratificados por Chile. Son dos instrumentos vigentes donde esos conceptos están incorporados y forman parte de un debate global. En mi opinión, Nueva Zelanda tiene mucho que enseñarnos, está más avanzado que Chile en sus políticas en relación a los pueblos originarios, y este es un debate que se da en la comunidad de Rapanui, parte de la región de Valparaíso que me toca representar.
Otra cuestión, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Canciller, es que la embajadora, en su función, se haya referido a esto en una entrevista que no pidió autorización ni informó, además de la publicación en sus redes sociales, donde claramente comete errores en cuanto a su rol de embajadora. Por tanto, la decisión que está tomando Cancillería me parece correcta, y quedo conforme con la explicación que ha dado. Sin embargo, quería hacer esa distinción, porque lo otro es dejar pasar un debate que es legítimo de política pública y que está, insisto, en los instrumentos mencionados. No estoy de acuerdo con quienes plantean que referirse a estos temas vulnera la integridad territorial de Chile o promueve el separatismo. Creo que no se entiende el debate que se ha dado en el mundo respecto a la relación entre los estados y los pueblos originarios en términos de derechos colectivos.
Por eso quería hacer esa distinción, presidente, y quedo conforme con la explicación que ha dado Cancillería.
Tiene la palabra el senador Felipe Kast.
Gracias, presidente. Saludar al Ministro y a la Subsecretaria. Realmente encuentro que es extremadamente compleja la situación de la embajadora. Si hay algo que debe tener un diplomático, por su naturaleza, es que no debe ser deliberativo. Uno entiende que, a diferencia de un funcionario público en otra repartición, un diplomático garantiza la unidad de criterio nacional en el extranjero. Que una persona de carrera diplomática, que además fue cercana al presidente y cumplió roles protocolares con el presidente Boric, haga declaraciones deliberativas ocupando su cargo como embajadora es de una gravedad tremenda para la carrera diplomática.
Quiero preguntar al Canciller qué va a pasar con su hoja de vida, porque la pregunta que hace el senador Edwards es pertinente. Se está tratando de decir que la vamos a mover, que será un gesto, pero esto es extremadamente grave desde el punto de vista de la doctrina de la diplomacia chilena, que tiene una larga tradición. No tenemos diplomáticos deliberativos que hagan lo que quieren, sino que efectivamente cuidan la política internacional de relaciones exteriores. Entiendo que puede ser la noticia que la funcionaria diplomática, embajadora, será traída el 31 de enero, pero ¿qué va a pasar con su sanción interna? ¿Qué dice el protocolo?
¿Qué otros casos anteriores han habido en la historia de Chile donde un funcionario diplomático ha actuado de manera deliberativa, sin seguir las instrucciones de sus superiores? Yo le pediría que nos dé un mínimo de explicaciones sobre el protocolo interno y cómo funciona la diplomacia chilena. ¿Qué se ha hecho en otros casos? Necesitamos saber si efectivamente esta sanción, presidente, está o no a la altura de la gravedad de los hechos. Considero que hablar de autodeterminación en un tema tan sensible, especialmente tras haber tenido un proceso constituyente, es delicado. Chile, soberanamente y con una amplia mayoría, tomó una posición muy contraria a esa idea.
Le solicito al canciller que nos brinde más explicaciones sobre los protocolos y mecanismos existentes, y cómo queda la hoja de vida de la embajadora, ya que parece que aquí se ha cometido un error y se pretende hacer como si no pasara nada. A continuación, le ofrezco la palabra al canciller, y después abordaremos el tema más arduo que tenemos, que es el de Venezuela. Señor Canciller, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero reiterar que, desde el punto de vista de nuestra Cancillería, no hay duda respecto del comportamiento de la embajadora Pakarati en este caso concreto. Creemos que su actuación fue imprudente, que se equivocó e intervino impropiamente en un debate interno que está en curso. Quiero recordar que actualmente se está llevando a cabo una consulta en Rapa Nui, donde se discute la posibilidad de autogobierno, una modalidad que no implica en absoluto un cuestionamiento a la pertenencia de Rapa Nui como parte del territorio nacional. No hay, digamos, una posición separatista que, repito, sería incompatible con la permanencia de la embajadora en el servicio exterior.
Ella se refirió de manera imprudente a un proceso interno en la Isla de Pascua. Creemos que esto, como lo mencionó el senador Kast, implica una opinión deliberativa en un tema de política pública extremadamente sensible. La sanción impuesta, que consiste en una reprimenda y que se dejará constancia en su hoja de vida, es la apropiada. Sin perjuicio de ello, y dada la sensibilidad del tema, consideramos necesario proceder a su adscripción anticipada desde la Embajada en Nueva Zelanda. Ella dejará de desempeñar su función como embajadora y quedará a disposición de las autoridades para alguna asignación, ya sea dentro o fuera del país, en una decisión que ya no nos corresponde.
Quiero señalar que esta medida es proporcional al error cometido. No quisiera intervenir en el debate interno que se está desarrollando en Rapa Nui respecto del autogobierno; su intervención debe entenderse en ese contexto y no como un llamado a la separación o a la existencia de dos países, como se ha afirmado en alguna ocasión. Creemos que esta es la medida que corresponde, dada la gravedad de la situación. ¿Habría alguna otra consulta antes de pasar al segundo tema?
Es importante, porque lo mencionó el canciller, pero el senador Kast indicó que se estaban trayendo a un funcionario antes de lo establecido, lo que es una forma de sanción que debemos considerar.
Es relativa, por así decirlo, al lugar donde estaba ejerciendo su cargo. Si yo fuera embajador en otra parte, probablemente no habría habido ningún problema. Sin embargo, me parece que se está yendo bastante lejos en esto y no todo tiene que ser sancionado con medidas de separación. Debemos acostumbrarnos a evaluar las cosas en su medida y en el efecto que realmente producen, que en este caso no ha sido tan grave. Gracias, presidente.
Subsecretaria, muy breve, señor presidente. Simplemente dos cosas que creo que es importante puntualizar. La inscripción anticipada es, en la práctica, una sanción relevante para alguien que tiene una misión en el exterior como embajador. Y lo segundo, porque probablemente pueda surgir la pregunta, es que hay un mes de plazo que tiene que ver con una razón de servicio, que para nosotros es bien importante, a propósito de la necesidad de dar señales de excelencia. Ella tiene que cerrar y hacer un acta de entrega, y corresponde que lo pueda hacer. Para que esa acta de entrega llegue a Chile en tiempo y forma, es evidente que el plazo que se le dé, como se le da a cualquier embajador que tiene que terminar su misión, sea ese. Muchas gracias, señor presidente.
Ahora, la única pregunta que tengo, y estoy de acuerdo con lo que ha señalado el senador Kast, es si hay algún ejemplo de situaciones similares. ¿Qué sucede en esos casos con los embajadores? Y si pueden, por favor, en la misma dirección, ¿por qué hoy día se utiliza la palabra "adscripción"? Yo veo los significados y no es un llamado a que se vuelva, simplemente es como un cambio de cargo, como si no hubiera pasado nada. También quisiera confirmar que no será enviada fuera de Chile, al menos en ningún cargo de embajador en el mes que queda, porque sería...
Gracias por recordar mi pregunta, que no fue contestada. Si han habido otros casos de acciones deliberativas de otros funcionarios diplomáticos y qué sanciones se han aplicado en esos casos, sería útil tener una base de comparación.
Ahora, tiene la palabra el señor Canciller y pasamos al tema de Venezuela.
En primer lugar, la adscripción es una medida que efectivamente forma parte de las potestades del Presidente de la República en el caso de los embajadores y la embajadora, y es parte de las normas de buen servicio dentro de una cancillería. En el caso concreto de la embajadora Pakarati, estamos hablando de una adscripción que es anticipada y que se relaciona con la situación que estamos comentando. Puedo asegurar que no será reasignada a ninguna otra embajada dentro del periodo que corresponde a este gobierno. Ella tendrá que presentarse en Santiago y se le asignarán las funciones que correspondan de acuerdo a las necesidades del momento.
Respecto a otros casos, los embajadores son autoridades de confianza del Presidente de la República y la experiencia es muy variable en esta materia. Hemos tenido embajadores que han incurrido en imprudencias y expresiones inapropiadas respecto de procesos deliberativos en nuestro país. En algunos casos, esos embajadores, sobre todo aquellos de origen político, han sido desvinculados de su cargo. En otros, se han presentado excusas de carácter público y en otros han sido reconvenidos a través de reprimendas como las que nosotros efectuamos.
Entonces, la experiencia en esta materia es muy diversa, porque justamente depende también de la naturaleza de los embajadores, en tanto son funcionarios de confianza del Presidente de la República.
Vamos a pasar al tema relacionado con Venezuela, las declaraciones que ha hecho el Presidente de la República a nombre del Gobierno, así como los puntos, preocupaciones y apreciaciones que los senadores tienen presentes. Por lo tanto, le ofrecemos la palabra al Canciller al respecto.
Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera referirme primero al contexto y naturaleza de la operación militar estadounidense en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro y de su esposa por fuerzas estadounidenses representa, sin duda, una situación sin precedentes en América del Sur. Esta acción se caracteriza por los siguientes aspectos: la presión económica sostenida por décadas de Estados Unidos sobre Venezuela ha transitado a una intervención militar directa en contra del liderazgo de Nicolás Maduro.
Se puede hablar hasta ahora de un objetivo de carácter selectivo, es decir, solamente buscar la remoción del líder principal sin demoler inmediatamente toda la estructura del chavismo. Se trata, aparentemente, de un cálculo pragmático con el objetivo final de evitar un colapso estatal completo en Venezuela. En este punto, creo que ha estado muy presente la experiencia previa de Estados Unidos en países como Irak, donde se desmanteló toda la estructura del Estado, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy; o el caso de Libia, donde también se destruyó toda la estructura estatal y se generó una situación de caos, de guerra civil y de Estado fallido que subsiste hasta el día de hoy. Está también el caso de Afganistán.
Lo que se constata es una transición de poder controlada, puesto que, conforme a lo que establece la Constitución venezolana actual, asumió como presidenta encargada la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Se trata de una transición que formalmente es legal dentro del marco institucional vigente en Venezuela. En este esquema, Estados Unidos parece optar por negociar con algunas figuras chavistas en lugar de imponer una transición liderada exclusivamente por la oposición, y también en lugar de una gestión directa a través de una suerte de protectorado formal.
Las figuras importantes en este contexto son ya suficientemente conocidas. Delcy Rodríguez es una persona con mucha capacidad en la administración del Estado, que ha tenido responsabilidades muy importantes en la industria del petróleo y que ha actuado como interlocutora con el sector privado, además de contar con una importante experiencia internacional. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, también posee una vasta experiencia en materia de negociaciones, tanto internas con la oposición como internacionales.
Está también la figura, lamentablemente demasiado conocida aquí en Chile, de Diosdado Cabello, quien ejerce el control de los aparatos del chavismo y la supervisión de los cuerpos de seguridad, de inteligencia, de las redes partidistas y de otros sectores.
Radicales del chavismo originario. Está la figura muy relevante de Vladimiro Padrino López, quien es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y representa el estamento militar, crucial en la situación actual. Los escenarios probables deben diseñarse distinguiendo los plazos presentes. Primero, un continuismo poschavista, que es lo que estamos observando actualmente, en el que toda la plana mayor del chavismo se mantiene. Luego, es posible considerar un gobierno de transición poschavista, que tendría que convocar a elecciones, aunque eso no se sabe, con el control de instituciones clave en el entramado institucional venezolano, como lo es el Consejo Nacional Electoral. Tercero, podría ser un gobierno presidido por las figuras más destacadas de la oposición, como Edmundo González, quien a todas luces fue el ganador de la elección del 28 de julio de 2024, y la figura más prominente de la oposición venezolana, Corina Machado, premio Nobel de la Paz.
Estos escenarios parecen alternativos en este momento, pero podrían sucederse en los próximos meses y años. Las implicaciones internacionales han sido diversas. Las reacciones de los países de América Latina han variado. Un grupo de países, entre los cuales se encuentra Chile, ha rechazado la acción de Estados Unidos, cuestionando el uso de la fuerza y llamando a una desescalada, así como al respeto al multilateralismo y al derecho internacional. Este grupo incluye a Brasil, México, Colombia, Uruguay y, fuera de América Latina, a España.
Existen posiciones intermedias en algunos países de América Latina que han combinado llamados a la paz y al respeto del derecho internacional con una evaluación crítica del régimen venezolano. También hay posiciones que han apoyado sin reservas la intervención de Estados Unidos, como en el caso de Argentina, Ecuador, Panamá y otros.
El pasado domingo se realizó una reunión virtual de cancilleres de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en la que participamos. Allí se evidenciaron las grandes diferencias en las posiciones de los países de nuestra región, lo que impidió la emisión de un comunicado conjunto en representación de la CELAC.
Las reacciones extraregionales y de organismos internacionales son igualmente conocidas. En Europa, predominó un enfoque que combina el no reconocimiento de la legitimidad democrática del régimen de Nicolás Maduro con un llamado explícito a respetar el derecho internacional, sin necesariamente condenar la acción de Estados Unidos en Venezuela. Otros países, especialmente aquellos con relaciones estrechas con el régimen de Maduro, como China, Rusia, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte, expresaron condenas formales al ataque de Estados Unidos. En el ámbito asiático, también hemos observado matices diversos en las declaraciones de los países, todos invocando la vigencia del derecho internacional.
Como Indonesia, Malasia y Singapur han expresado, con distintos matices, reservas frente a la acción de los Estados Unidos. A nivel multilateral, tenemos las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, quien advirtió que los acontecimientos constituyen un precedente peligroso y reiteró la importancia del pleno respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, el Secretario General de la OEA ha hecho una declaración, y hoy se reunirá en una sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA.
Es muy importante también considerar el factor energético. Venezuela posee, como se sabe, las mayores reservas de petróleo en el mundo, incluso superiores a las de Arabia Saudita. El control estadounidense sobre estas reservas, como lo ha declarado el propio presidente Trump, representaría un cambio significativo en el equilibrio energético y económico global. Esto reduciría para Estados Unidos la dependencia del petróleo de Oriente Medio, sin perjuicio de que el país también se ha transformado en un importante productor e incluso exportador de petróleo. Se abre, con esto, un nuevo episodio de confrontación entre grandes potencias, por las diferentes percepciones que existen respecto a la situación venezolana, donde el protagonismo está en Estados Unidos por una parte, y en China y Rusia por la otra.
Los anuncios de Estados Unidos también ponen en duda el control soberano de recursos naturales en otras regiones y países del mundo. Creemos que estos hechos reflejan, si no confirman, un punto de inflexión en el orden internacional. Es fundamental tener conciencia de ello. El orden internacional, basado en reglas adoptadas gradualmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se está alterando. Las reglas que conocemos han dejado de ser respetadas por distintas potencias en el mundo. La acción de Estados Unidos en Venezuela refleja, efectivamente, el fracaso del sistema multilateral actual y una erosión del derecho internacional tal como lo hemos conocido hasta ahora.
Sabemos que también ha habido amenazas explícitas a otros países de la región, como es el caso de Cuba y Colombia, lo que replantea el papel de Estados Unidos en nuestra región. Desde el punto de vista de Venezuela, creemos que no está garantizada una transición pacífica interna en estos momentos. La cúpula del chavismo se mantiene en el poder y la oposición democrática ha tenido un escaso protagonismo en la situación actual. Lo que ocurra en las próximas semanas y meses en Venezuela no solo tendrá un impacto en ese país, sino que repercutirá en América Latina y en el sistema global, tanto desde el punto de vista del mercado energético como en la vigencia de normas esenciales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
Respecto a la posición del gobierno de Chile, quisiera recordar que este gobierno, al igual que los anteriores, no ha dudado en criticar el régimen de...