Cámara de Diputados - Cultura y Artes - 7 de enero de 2026

En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 147 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 148 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta el día de hoy: un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley sobre el fomento a las artes de la visualidad, boletín 18.031-24. Un oficio del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual informa sobre las organizaciones comunitarias que han recibido fondos estatales, los montos asignados, fechas en que se han asignado los recursos y el detalle de las rendiciones de cuentas, juntando planillas según registro de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de esta cartera, con el detalle de las organizaciones comunitarias beneficiadas con recursos del Fondo de Protección Ambiental entre 1996 y 2025, incluyendo montos asignados, fechas de asignación y estado de rendiciones, precisando que proyectos en ejecución no siempre presentan cierre financiero. Asimismo, un oficio de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, por el cual informa que la asignación de recursos para la Casa Museo Gabriela Mistral no es competencia de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, sino de la de las Culturas. No obstante, informa que se está desarrollando el proyecto denominado "Mejoramiento de la Casa Museo Gabriela Mistral" en Paihuano, Coquimbo, que cuenta con resolución satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del 25 de agosto pasado, y con pronunciamiento conforme al Consejo de Monumentos Nacionales, del 22 de mayo de 2025. Además, se presenta un oficio de la Directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, por el cual informa los criterios de asignación, organizaciones beneficiarias, montos y nivel de ejecución presupuestaria del programa Sitios de Memoria, detallando una ejecución del 98,14% de los recursos asignados en cumplimiento de la Glosa Nº 16, Programa 05, Ley de Presupuestos Nº 21.722. Por último, un oficio del Subsecretario de Justicia, por el cual explica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene competencia para fiscalizar organizaciones comunitarias, por cuanto éstas se rigen por la Ley 19.418, quedando fuera del ámbito de fiscalización del Código Civil aplicable a asociaciones y fundaciones, razón por la cual no puede entregar la información solicitada. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, yo me quiero referir sobre la cuenta si los parlamentarios no tienen ninguna observación. Me interesa lo de la Casa Museo de Gabriela Mistral. Nosotros tomamos el acuerdo de ir al lugar, a Monte Grande, para ver in situ todo lo que estaba pasando.

Las denuncias que hemos recibido reflejan la preocupación de la comunidad. Por lo mismo, estábamos coordinando con la secretaria la posibilidad de asistir la próxima semana a Montegrande. Necesitamos cuatro parlamentarios de esta comisión; si no pueden ir, pueden buscar reemplazos de los parlamentarios que están en la zona. La idea sería sesionar allá el día 15 de enero, que es un jueves, para que ustedes se puedan coordinar. Es importante que, si no pueden asistir, busquen sus reemplazos, ya que la comunidad ha hecho un largo viaje con la esperanza de que estemos presentes. De hecho, nos han escrito casi todas las semanas pidiéndonos que asistamos y presenciemos lo que están denunciando. Ellos nos estarán esperando ese día, por lo que quería comentar esto a la comisión. Se ofrece la palabra en puntos varios. Diputado Bernales, respecto a la cuenta, el primer proyecto que se presenta es un ingreso del Ejecutivo, el cual no tiene urgencia, ¿verdad? Así es, si no tiene urgencia, no avanzaremos mucho en ese proyecto, especialmente a la hora de que llegue a la sala. Por lo tanto, solicitar que se le pida urgencia a este proyecto me parece relevante. Lo tenemos en tabla para la próxima semana y debería ser pertinente solicitar la urgencia de este proyecto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre la cuenta? No hay más intervenciones. Secretaria, tiene la palabra. Presidenta, quisiera insistir en el punto que mencionó la presidenta respecto a los reemplazos para la sesión especial que se celebrará el jueves 15 en Valle del Elqui. Si no se hacen los reemplazos, la sesión fracasará. Es fundamental que lleguemos allá con la gente, por lo que solicito que se manden los reemplazos para los parlamentarios de la zona, a fin de evitar que la sesión no se lleve a cabo. Diputado Durán, tiene la palabra. Presidenta, ¿se tomó un acuerdo para realizar la sesión especial allá? Sí, y todos dijeron que sí. Sin embargo, ¿qué sucede si algún parlamentario no puede ir y no logra conseguir un reemplazo? En ese caso, no asistirá. La sesión fracasaría si no llegan cuatro parlamentarios, y eso es algo que estamos revisando con la secretaria para asegurarnos de que estén presentes las cuatro personas necesarias. En lo personal, creo que cuando tomamos un acuerdo aquí, es porque todos debemos esforzarnos por cumplir con la gente. No podemos decirles a los invitados que sí, si no estamos dispuestos a ir. Si no están dispuestos a asistir, es necesario decir: "No lo vamos a hacer". Pero aquí dijimos que sí, y debemos cumplir con las personas, ya que no podemos engañarlas o hacer que vengan solo para exponer. Si no pueden ir, se excusan, pero nosotros nos encargaremos de que haya cuatro personas allí para cumplir con lo que se comprometió esta comisión. Diputado Durán, entiendo su perspectiva, pero en algún momento la comisión también estuvo muy preocupada e interesada en ir a apoyar a Rapanui, y no se han dado las condiciones para ello. No es que no haya existido voluntad en su momento. Si esto vuelve a suceder, son situaciones que a veces ocurren, lo cual es lamentable. Así como no hemos podido ir a Rapanui, que solicitamos desde hace tiempo, habrá que entender la situación. Gracias, Presidenta. Hemos estado hablando con el diputado Teao respecto a esto, ya que él hizo la invitación, y hemos considerado fechas. Quizás la primera semana de marzo podamos ir a Rapanui, pero hoy debemos resolver la asistencia a Montegrande.

Pusimos fechas también y el hecho es que tenemos que cumplir, diputada Concha. Muchas gracias, presidenta. Yo era uno de los que decía que sí iba a ir, porque quería ir, obviamente estaba preocupado por eso. El problema es que en esta comisión hay tres miembros de mi partido que justo tienen un consejo directivo ampliado al cual no podemos faltar, por lo tanto, es justo en esa fecha. Créame que estoy, entre las cuerdas, pero no voy a poder ir justamente por eso. Entonces, no sé si buscamos otra fecha. Esa es la situación. Lamentablemente, ya no tenemos otra fecha por un tema del periodo, diputada Bernales. Hay que hablar con los diputados que son del distrito para que hagan los reemplazos y puedan asistir. Se necesitan hacer los cuatro. No se preocupen por eso, porque nosotros también ya lo gestionamos, estamos viendo los reemplazos y tenemos eso listo. Pero igual es necesario comunicárselos a ustedes para que puedan hacer sus descargos sobre por qué no asisten. ¿Alguna otra opinión o damos por cerrada la cuenta? Como nadie tiene puntos varios, esta sesión tiene por objeto recibir a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, la señora Carolina Pérez. Diputada Concha, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a todos los colegas y a la subsecretaria. Quisiera pedir la aprobación de la comisión para poder solicitar al Ministerio de Cultura que nos explique cuáles son los criterios que se tuvieron para entregar en esta última semana algunos premios, como el premio de Artes Plásticas. Creo que es importante conocer los criterios, sobre todo por las personas a quienes se les entregaron estos premios, considerando a Alejandro González, uno de los premiados, quien entiendo tiene vínculos con los cuestionamientos que han habido por el tema de Procultura. Es importante porque el premio no es menor, sobre todo cuando se le entrega. Entiendo que la subsecretaria nos podrá dar información, pero sería relevante que podamos oficiar. Se han entregado 24 millones de pesos, además de una pensión vitalicia mensual de aproximadamente 1.400.000 pesos. Creo que es fundamental conocer cuáles fueron los criterios, ya que hay varios premiados en esta oportunidad. No hay problema, podemos oficiar, pero también la próxima semana tenemos invitados al Ministerio de Cultura, así que pueden hacer todas sus preguntas también en esa ocasión. Ahora, le damos la palabra a la subsecretaria para que se refiera a la ley de patrimonio, cultura y otras materias relacionadas con la gestión cultural. Tiene la palabra, subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho por su intermedio para saludar a toda la comisión y desearles un feliz año nuevo. Espero que todos los diputados y diputadas de esta comisión, así como la secretaria y su equipo, tengan un muy buen 2026. El objeto de esta invitación es contarles sobre lo que estamos debatiendo en el Senado. Dado que estamos terminando el periodo legislativo, que se retoma en marzo, me parecía relevante comentarles sobre la conversación que está teniendo la Comisión de Cultura del Senado y cuáles son las temáticas que van a volver en tercer trámite a esta comisión cuando se termine de debatir la nueva legislación patrimonial. Es importante también para recoger las dudas que tengan y dar cuenta de cómo se ha desarrollado el proceso que comienza en la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene numerosas indicaciones en el Senado.

Y eso es importante decirlo porque efectivamente nosotros recibimos y es fundamental señalar que tener una nueva legislación patrimonial no solamente recoge un diagnóstico crucial para Chile, relacionado con la protección del patrimonio cultural, que también se entrelaza, por cierto, con el régimen autorizatorio de muchos proyectos de inversión, una preocupación que se ha manifestado a nivel nacional en la conversación pública. Este ha sido un esfuerzo no solo de un gobierno, sino de varios, lo que ha convertido el proceso en algo bastante largo, con numerosas conversaciones, y creo que es importante dar cuenta de ese proceso. En primer lugar, en términos de proceso legislativo, estamos en el segundo trámite en el Senado. Si observamos a grandes rasgos lo que ocurre en la Cámara del Senado con el proyecto que ingresó durante la gestión anterior del presidente Piñera, veremos que lo que se aprueba a nivel de Cámara se puede metafóricamente comparar con un árbol: las hojas representan las categorías de protección del patrimonio cultural, que incluyen definiciones sobre lo que es el patrimonio, pero se queda atrás el tronco, que es la institucionalidad, y que ha sido objeto de mucho debate. ¿Qué es el Consejo de Monumentos? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Quiénes componen este órgano colegiado y horizontal dentro del Estado? Por lo tanto, toda esa parte que queda atrás y que fue rechazada en ese primer trámite es la que nosotros venimos a rellenar. Comenzamos a hacerlo con un aspecto muy importante, que fue la realización de la consulta indígena, uno de los compromisos asumidos por este gobierno en su programa. En este gobierno hemos tenido dos consultas indígenas, con acuerdos nacionales que involucran a todos los pueblos reconocidos por el Estado y al pueblo tribal afrodescendiente chileno, en el marco del Convenio 169 de la OIT. Este fue el primero de esos acuerdos, y efectivamente da cuenta de varias cosas importantes que se recogen en la propuesta de indicaciones que hoy debatimos en el Senado. La primera de estas cuestiones, que considero de gran relevancia, son las categorías de reconocimiento del patrimonio cultural vinculado a los pueblos originarios, algo inédito en nuestra historia y que representa una deuda del Estado de Chile en el marco de las convenciones internacionales. Esto fue, y es importante hablarlo con transparencia, la principal piedra de tope durante la discusión de este proyecto en la Cámara. Creemos profundamente en el respeto y reconocimiento de los pueblos originarios en Chile, y esto también nos habilita políticamente a encontrar mayores acuerdos respecto a este proceso legislativo. Los acuerdos que hemos alcanzado tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios y su patrimonio cultural, así como con su inclusión en el organismo colegiado. Se acordó con los pueblos desde el Ejecutivo que haya un representante de los once pueblos de nuestro país en lo que hoy conocemos como el Consejo de Monumentos Nacionales, que en la propuesta legislativa se denomina Consejo de Patrimonio. Como punto central, Presidenta, quería dar cuenta de tres aspectos muy relevantes de esta propuesta legislativa y abrir el espacio para preguntas que puedan surgir, dado que este proceso volverá a la Cámara. No sé si me tocará a mí verlo como subsecretaria, pero dado el esfuerzo que hemos realizado en el Ejecutivo con este proyecto, considero importante poder responder preguntas que puedan tener para enriquecer la conversación en esta Cámara posterior a ese segundo trámite. Además, hemos traído una minuta para que la tengan y contamos con una presentación en formato PPT, que es bastante extensa y que podemos enviarles. Esta legislación es inédita porque propone una nueva orgánica vinculada al actual Consejo de Monumentos Nacionales, reestructura, ordena y actualiza la institucionalidad vigente, y realiza un movimiento que es sumamente importante. Según la ley 17.288, que es la ley de Monumentos Nacionales, estamos mandatados y obligados por ley a hacer una revisión de todos los aspectos relacionados.

Permisos que tengan que ver con afectación patrimonial en la instancia colegiada. Eso quiere decir que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que revisar más de seis mil peticiones de pronunciamiento anuales. Esto es una gran cantidad de pronunciamientos que se disparan en nuestro país, sobre todo con la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a mediados de los 90. Por lo tanto, nosotros tenemos una legislación que comienza en el año 25, como un decreto por fuerza de ley, que se convierte en ley en el año 70 y que ha sufrido, de alguna forma, una presión gigantesca con la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dado que somos un componente ambiental. Uno de los principales puntos relacionados con cómo podemos hacer más eficaz y eficiente el Estado, sin bajar los estándares de protección del patrimonio, tiene que ver con que hoy día, por ley, todas esas decisiones deben pasar por el Consejo. Se han creado muchos mecanismos para agilizar este proceso. Al igual que en la Cámara, donde tienen comisiones temáticas, nosotros también contamos con comisiones de arqueología, arquitectura y urbanismo, y patrimonio histórico. Pasamos muchos temas por tabla en las sesiones, aunque no todos se debaten. Sin embargo, sigue existiendo una presión muy grande sobre un órgano colegiado que, además, es centralista. El movimiento más importante en términos orgánicos es que todos los permisos dejarán de pasar por el órgano colegiado, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, y se trasladarán al Servicio del Patrimonio Cultural a nivel regional. Este es un primer paso fundamental para que efectivamente tengamos una noción de territorio en donde se tomen decisiones desde el punto de vista administrativo, lo cual es crucial, al mismo tiempo que podemos hacer más veloces ciertos procesos que son importantes para las comunidades. Estos procesos abarcan desde la petición de una obra concreta en algo que pueda estar declarado monumento histórico. Pensemos en Rapanui, que es un monumento histórico de toda la isla, dado que es patrimonio arqueológico fundamental y sitio de patrimonio mundial. Es esencial que esos permisos puedan ser gestionados de manera descentralizada y que podamos tener un régimen jerárquico respecto a lo administrativo, que hoy día no existe. Al ser el Consejo de Monumentos Nacionales un órgano pluridipersonal, todo lo que venga después de una decisión del Consejo es una reposición o un proceso judicial. Por lo tanto, contar con un nuevo proceso que se gestione en la región y que tenga un régimen administrativo jerárquico en la Dirección Nacional del Servicio sería una gran noticia para Chile en términos prácticos, permitiendo llevar a cabo mayores trabajos con mayor rapidez. Esto incluye desde arreglar casas en diferentes lugares de Chile hasta grandes permisos arqueológicos, como proyectos mineros o vinculados a viviendas sociales. Estamos hablando de un alto rango y de una gran cantidad de autorizaciones que tienen que ver con los permisos sectoriales y con los pronunciamientos que el Consejo de Monumentos realiza en el marco de la evaluación de impacto ambiental. El segundo movimiento importante es que pasamos de un Consejo de Monumentos que se preocupa solo del patrimonio material, que incluye el patrimonio arqueológico, paleontológico, los inmuebles patrimoniales y las zonas típicas donde viven muchas personas, a una comprensión integral del patrimonio cultural. Esta ley recoge otras convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile, como la de patrimonio inmaterial. Recientemente, estuvimos aquí con el Circo de Tradición Familiar en Chile, que fue reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Actualmente, tenemos un proceso al interior del Servicio del Patrimonio Cultural que se ocupa del reconocimiento del patrimonio inmaterial en nuestro país, pero que no está debidamente incorporado en nuestra legislación. Por lo tanto, es necesario hacernos cargo de todas aquellas convenciones ratificadas por el Estado de Chile en materia patrimonial que hoy día no están en nuestra legislación vigente. Esto incluye la integración del patrimonio inmaterial y la inclusión del patrimonio de pueblos originarios, con un título específico que recoge todos los acuerdos.

Al tema de los permisos, porque este es un asunto que ha sido ampliamente debatido. Los acuerdos que se logran con los once pueblos y el pueblo tribal afrodescendiente chileno son históricos, en el sentido de que nos permiten hacer dos cosas relevantes: al mismo tiempo que reconocemos que hay un patrimonio de los pueblos originarios, explicamos las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento, que son distintas a las consecuencias jurídicas de la protección patrimonial material. Hoy día nos enfrentamos, por ejemplo, en el marco de un proyecto de infraestructura que puede ser relevante para Chile, como un hospital. Imagínense que nos encontramos con un hallazgo de patrimonio material arqueológico vinculado a un pueblo originario. Actualmente, contamos con la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, al no tener protocolos que nos indiquen cómo actuar de manera eficaz, eficiente, rápida y ágil, al mismo tiempo que respetamos la convención internacional, se genera incertidumbre tanto para la comunidad del pueblo originario como para la empresa constructora que ganó la licitación y para el ministerio a cargo del proyecto. Si no llegamos a acuerdos respecto a qué hacer con ese hallazgo, generalmente esto termina en judicializaciones, es decir, en un proceso que siguen las comunidades, que muchas veces culmina en la Corte Suprema, donde se indica que se debe realizar una consulta indígena. Estuvimos dos años debatiendo qué hacer para llegar a una conclusión, y durante ese tiempo la comunidad continuó esperando el proyecto. Una de las mayores innovaciones de este proyecto de ley, y que me parece importante señalar, tiene que ver con el protocolo de hallazgos arqueológicos. Hemos llegado a un acuerdo con los once pueblos para que existan protocolos regionales, dado que cada región tiene pueblos originarios distintos con diferentes protocolos. Esto nos permitirá saber cómo actuar en caso de que se produzca un hallazgo, y está enmarcado en uno de los principios del Convenio 169 de la OIT, que se refiere al principio de participación permanente. De esta manera, podremos ser más rápidos y, al mismo tiempo, cumplir con las convenciones internacionales. Otro tema de gran relevancia es que esta ley aborda una preocupación que ha existido en nuestro país: el Estatuto de Protección Arqueológica. Habrán leído sobre cuándo se encuentran hallazgos arqueológicos en Chile, cuáles son importantes, cuáles no, cuáles guardamos y por qué. Este proyecto modifica el Estatuto de Protección Arqueológica, y es importante señalar que, hoy en día, cualquier hallazgo arqueológico en Chile se considera monumento nacional por el solo ministerio de la ley. Esto es significativo, ya que en Chile encontramos elementos de gran relevancia. Es fundamental recordar que, aunque en nuestra región hay países con grandes hallazgos arqueológicos, como México y Perú, los hallazgos en Chile no son menos relevantes por su tamaño. Por ejemplo, en la región de Los Lagos, Monteverde, se han encontrado fragmentos que dan cuenta de la primera ocupación humana en el continente americano, con una antigüedad de 14.000 años. Por lo tanto, al hablar de la importancia de un hallazgo arqueológico, no debemos centrarnos únicamente en su tamaño, sino en lo que aporta científicamente a nuestro país. La línea 7 del metro, por ejemplo, ha revelado hallazgos del arcaico temprano en la meseta del Maipo Mapocho, lo que nos ha permitido conocer que hubo humanos que habitaron esa zona hace más de 11.000 años. Es esencial distinguir entre hallazgos de diferente relevancia, y aunque a menudo los medios de comunicación se centran en el tamaño, la pregunta crucial es su relevancia científica y cultural. Este proyecto de ley se hace cargo de ese estatuto y establece que todo seguirá siendo para hacer la distinción necesaria.

Patrimonio, cierto, protegido bajo el suelo del Ministerio de la Ley hasta la colonia. Hoy día lo hacemos completo; por lo tanto, nos encontramos con hallazgos actuales, históricos. Hay un debate, y es importante transparentarlo, dentro del mundo de la arqueología sobre si se considera hasta la colonia o si se toma en cuenta el mundo republicano y el forjamiento de la nación. Nosotros lo pusimos en la colonia, tomamos esa decisión, y por lo tanto, todo lo que venga después de la colonia se somete a un reglamento que establece, bajo criterios culturales y científicos, qué cosas son relevantes y cuáles no. ¿Puedo encontrar yo hallazgos arqueológicos relevantes que tengan 30 años? Claro que sí. Si me hablan de un momento de la historia del cual no tengo información desde la perspectiva arqueológica, puedo encontrar un hallazgo arqueológico de 100 años que no sea relevante. Por lo tanto, hay que tener un proceso de distinción relevante, y este es un proyecto de ley que por primera vez se hace cargo del estatuto arqueológico. Quiero señalar que esto fue fruto de mucho trabajo y de una conversación profunda en términos científicos y culturales respecto a qué protegemos y qué no. Un buen ejemplo es lo que ha pasado en Roma, donde recientemente inauguraron su metro después de mucho tiempo. Es importante mencionar que la materia arqueológica y las construcciones no son un problema exclusivo de Chile; son un debate presente en todos los países del mundo. Piensen en Roma y la dificultad de construir un metro; ellos lograron avanzar, y creo que es una señal de desarrollo importante a la que deberíamos aspirar como país: tener un museo prácticamente integrado en el mismo transporte público de la ciudad. Debiésemos estar pensando en cómo logramos esa sinergia en términos de presupuesto y de procesos relacionados con la materia arqueológica. Otra cuestión de gran relevancia, que siempre los diputados y diputadas han planteado, es cómo el Estado puede ayudar de mejor forma a los privados vinculados a la protección del patrimonio cultural. Por ejemplo, pensemos en una señora que vive en una zona típica, en el casco histórico de Arica. A todos nos interesa que ese casco histórico esté bien preservado y mantenga sus características históricas, como la Plaza de Armas de Santiago. Sin embargo, hay personas que habitan allí, y para conservar ese patrimonio, muchas veces la pintura de fachada y las reparaciones son más difíciles y costosas. Por lo tanto, esta ley incluye incentivos tributarios y territoriales vinculados a la protección del patrimonio, y también habilita, lo cual es importante destacar, que esto ha sido un tema debatido de manera transversal entre la gestión pasada y la actual. Este proyecto de ley contempla exenciones tributarias y la habilitación de un subsidio entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura, para trabajar en cómo los privados también son parte de esa protección y tienen incentivos para hacerlo. Ojalá haya incentivos para vivir en una zona típica y cuidar el patrimonio que todos valoramos, y ojalá recibamos apoyo, como en muchos países. Francia, por ejemplo, implementó hace tiempo un sistema donde se cubría la mitad de la inversión si una persona vivía en una zona protegida patrimonialmente, porque sabemos que el beneficio social no es exclusivo de quien vive allí. A todos nos sirve tener espacios hermosos en la ciudad; nos hace más felices y también contribuye en términos económicos y turísticos. Finalmente, hay dos grandes innovaciones que se suman a este proyecto de ley en comparación con el que salió de la Cámara, y es importante señalar que esta es una ley que por primera vez permite que este sector pueda inspeccionar y sancionar. Muchas veces recibimos oficios de la Comisión de Cultura preguntando si hemos fiscalizado el deterioro del patrimonio. La verdad es que no teníamos la atribución legal para hacerlo. Podemos ir a ver y emitir un informe, pero no contábamos con la facultad de inspeccionar. Esta atribución es sumamente relevante por dos motivos.

Y el principal, el cuidado del patrimonio cultural, es decir, el organismo encargado de protegerlo puede inspeccionar lo que está sucediendo, además de servir para agilizar el régimen autorizatorio. Esta ley efectivamente saca los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, como los conocemos, y los pone en la región, al servicio del patrimonio cultural local. Dentro de este proceso, hay algo que se llama técnicas habilitantes, que ustedes pudieron observar en el marco de la ley de permisos sectoriales. Esto permite que podamos facilitar aún más el trámite sin ir en desmedro de aquello que protegemos. En esta línea, la legislación también permite herramientas de gestión, como el plan de gestión patrimonial. ¿Qué significa esto? Supongamos que una persona vive en una zona típica, como en el casco histórico de Arica, y desea realizar cambios en su casa o un comercio quiere colocar carteles. Si se fijan en la Plaza de Armas de Santiago, hay una uniformidad en el comercio que busca conservar el valor patrimonial. Los planes de gestión aprobados son herramientas que permiten resolver preguntas simples, como qué color se puede pintar una casa o cuál es la altura permitida en una zona protegida. Si se aprueba un plan de gestión, la gente debería poder actuar de acuerdo a lo que está aprobado de manera general. ¿Cómo nos aseguramos de que esa confianza que el Estado otorga se mantenga? Ahí es donde entra la inspección y la sanción. Esta ley propone, por ejemplo, que en el marco de los planes de gestión patrimonial, se establezcan programas de inspección. Pensemos en una iglesia de Chiloé con un plan de gestión patrimonial. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué cosas no? ¿Cómo cambian las ventanas si se rompen? Con un plan de gestión que opera como permiso ex ante, el propietario solo debe avisar al servicio que actuará de acuerdo a un plan de gestión autorizado. Esto se incluye en el plan de inspección del servicio, que verificará que se está actuando conforme a lo pactado, ahorrando así el proceso de incertidumbre respecto a un permiso y descomprimiendo el régimen autorizatorio para que los funcionarios públicos puedan dedicar su tiempo a revisar con mayor celeridad aquellas cuestiones más complejas. Ahora, ¿qué sucede si el inspector llega y la persona no siguió el plan de gestión? En ese caso, se le puede aplicar una multa. Esta ley establece sanciones y también regula la inspección en términos penales, abordando la afectación del patrimonio cultural. Esta es una preocupación constante que genera frustración en la ciudadanía, ya que cuando se daña el patrimonio cultural, no solo sufre una comunidad. Por ejemplo, cuando un vehículo pasa por un geoglifo en el norte, a todos nos duele como chilenos, porque todos queremos preservar nuestro patrimonio cultural. Lo mismo ocurre cuando se quema una iglesia patrimonial o se daña nuestro patrimonio. Hay casos notorios, como en Rapa Nui, donde personas han subido a los ajus y moáis, actos que deben ser debidamente penalizados. Esta ley aumenta las penas y multas vinculadas a la afectación del patrimonio cultural. Por primera vez, también se hace cargo de la convención internacional sobre tráfico ilícito de bienes culturales, un trabajo realizado en conjunto con el Ministerio Público para establecer el delito de contrabando de bienes culturales. En Europa, el contrabando más común está relacionado con el arte pictórico, como lo evidenció el robo de joyas en el Louvre. En Chile, el tráfico ilícito se relaciona más con la arqueología y la paleontología. Existen casos famosos, como el Pelagornichilensis, un espécimen prehistórico del norte de Chile que salió del país por contrabando, así como muchos hallazgos arqueológicos de pueblos originarios que son sacados ilegalmente de nuestro territorio. Por lo tanto, es fundamental contar con una ley que aborde estas problemáticas.