Señoras y señores diputados, el señor secretario, a quien también le deseamos un feliz año nuevo, va a dar lectura a la cuenta.
Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos:
Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de "simple" para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 16.744, para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modificar las leyes que indica.
Un oficio de la directora de Presupuestos, mediante el cual informa que no cuentan con antecedentes relacionados con la reasignación de recursos presupuestarios vinculados a los cupos de traspaso a contrata en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública Posta Central.
Oficio de la directora del Servicio Electoral, mediante el cual agradece la preocupación de la Comisión respecto del análisis de facilidades en el ejercicio del derecho a sufragio para trabajadores.
Resolución Exenta N° 1721, de fecha 18 de diciembre, que otorga el Premio Manuel Bustos Huerta, concediéndose por unanimidad dicho reconocimiento a la dirigente señora Olimpia Fernanda Riveros Ravelo y al dirigente señor Luis Fuentealba Reyes.
Carta del presidente del Club Deportivo Provincial Osorno, Sociedad Anónima Deportiva, señor Jorge Alfredo Vidal Fuentes, mediante la cual pone en conocimiento una situación de alto interés público que excede el ámbito estrictamente deportivo e incide directamente en materias laborales, económicas y de libre competencia, adjuntando al respecto ocho documentos.
Una carta del señor Vladimir Castro Araya, profesional del CIAC, CONAMA, Región del Maule, en la cual detalla una situación de acoso laboral y expone lo ocurrido respecto de la falta de objetividad atribuida a la primera investigadora designada. Debido a ello, solicita los buenos oficios de la Directora Nacional de CONAMA, señora Claudia Smat, a fin de que se adopten las medidas pertinentes para resolver el sumario administrativo en curso y se establezca un conducto regular eficiente e imparcial.
Carta de la Directiva Nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juego y Hoteles, mediante la cual denuncia incompetencia y falta de fiscalización frente a la grave situación que afecta la estabilidad laboral del sector, derivada de deficiencias en la labor de la Superintendencia de Casinos de Juego, respecto de la fiscalización de las bases de licitación, específicamente en el factor 5, efectos económicos y sociales relativos a empleos directos.
Carta del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista Independientes, mediante la cual se comunica que el diputado señor Luis Cuello será reemplazado en la sesión del día de hoy por la diputada señora Ana María Gazmuri.
Una carta del señor Giorgio Boccardo, Ministro del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual lamenta no poder asistir a la sesión del día de hoy debido a diversas reuniones, y ratifica el compromiso del Ejecutivo para abordar las problemáticas advertidas en el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para regular causales de término de contrato de trabajadores parlamentarios. Manifiesta, además, que se encuentran estudiando el efecto potencial de indicaciones al proyecto.
Y por último, señor presidente, una carta de los diputados señores Juan Santana y Henry Leal, mediante la cual han acordado un pareo para la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Ibáñez, tiene la palabra.
Sí, señor presidente. Respecto de la carta de la Federación Nacional de Casinos, quizás sería interesante que acogiéramos la petición que dice relación con la fiscalización de las bases de licitación, a propósito de varios despidos que se están realizando, para verificar si se cumplen o no los compromisos de empleo directo que estas empresas han realizado, algunos a municipios y a diferentes entes. Enviaron un oficio a la Superintendencia de Casinos y Juegos. Creo que sería pertinente ingresar una solicitud activa, toda vez que la Contraloría también ha señalado que no tiene plenas facultades para poder fiscalizar esas bases de licitación.
Entonces, vamos a tomar el acuerdo y lo vamos a complementar con la información que nos hicieron llegar, que consta en la cuenta.
Perfecto, gracias, diputado Ibáñez. ¿Hay más palabras?
Sobre la cuenta, abrimos la palabra en puntos varios. Diputado Sauerbaum. Presidente, gracias. Mire, primero, expresarle mi extrañeza por la cual hoy día en la sala nadie de la Comisión solicitó que nosotros viéramos la ley de reajuste del sector público. Me pareció extraño, por decir lo menos, porque siempre se hace. Naturalmente, yo entiendo que el Gobierno entró con el proyecto atrasado, pero es lamentable que la Comisión de Trabajo no vea el reajuste del sector público, cosa que es habitual.
En segundo término, quiero dar a conocer mi preocupación, ya que acabamos de salir de la Comisión de Hacienda, donde el Gobierno presentó el proyecto, el cual trae una serie de complicaciones financieras. Se ha advertido en los diarios, ustedes lo pueden leer; no es que lo diga yo. También lo advertimos cuando aprobamos la ley de presupuesto, cuando no se reajustó el subtítulo 31 del sector público, y hoy día la ley aparentemente está desfinanciada en alrededor de mil millones de dólares.
Por lo tanto, le planteo esto, presidente, porque hay mucha expectativa. Me reuní entre Pascua y Año Nuevo con varios dirigentes que no firmaron el protocolo, y que más que las 129 indicaciones que el Gobierno presentó, lo que les interesaba era que les paguen el reajuste, es decir, que exista la plata para poder financiarlo. Creo que nosotros debiéramos tener un rol más activo en esta discusión, porque efectivamente hoy día el Gobierno, si uno lo lee, aquí tengo el proyecto de ley, el informe financiero y la exposición del Gobierno. En la propia exposición, el Gobierno indica que efectivamente no están los recursos y dan en la página 42 algunas ideas de dónde se pudiera obtener el financiamiento.
A mí me parece una falta de seriedad enorme que el Gobierno comprometa 1.700 millones de dólares en la ley de reajuste, provisiones para este año 2026, y que en la ley de presupuesto que nosotros aprobamos falten 1.100 millones de dólares que no están en ninguna parte. Lo que me parece grave, presidente, es que el Gobierno diga que dentro de lo que proponen están hacer reasignaciones presupuestarias, cuando el propio Gobierno le dijo a la oposición que no podíamos hacer reasignaciones porque eso terminaría con derechos sociales. Es decir, el propio Gobierno le está diciendo al próximo Gobierno que tiene que hacer reasignaciones presupuestarias y buscar qué beneficio cortar para pagar un beneficio del cual ellos no son parte, porque el Gobierno actual no se ha comprometido con los trabajadores.
Por lo tanto, la situación es muy grave. Los invito a involucrarse en la discusión en la Comisión de Hacienda, que mañana estamos citados a las ocho y media de la mañana para continuar con la discusión. Me extraña que esta Comisión no esté participando en el debate; me parece insólito, hace mucho tiempo que eso no pasaba. Primero, preguntarle por qué, y segundo, hacerle esta advertencia respecto a los recursos, porque, más que cualquier cosa, hay aspectos en estos 129 artículos que el Gobierno presenta con los cuales estoy de acuerdo. De hecho, nosotros pedimos nueve en la Comisión Mixta de Presupuestos, y las vamos a votar a favor, pero lo que más me preocupa es que no haya financiamiento para pagar el reajuste, y eso es una situación en la que debiéramos hacernos parte.
Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Sobre lo que usted señala, primero, a lo menos dentro de lo que va de este período parlamentario, no tengo recuerdo de que hayamos visto la ley de reajuste del sector público en la Comisión de Trabajo, sin perjuicio de que cualquiera de los parlamentarios podría haberlo solicitado. De todas maneras, le pediré al secretario que corrobore lo que estoy señalando, porque en mi recuerdo jamás hemos tenido la atribución directa de ver esta ley.
Presidente, hace bastante tiempo, desde el año 2022, que la Comisión de Trabajo no ve el proyecto de reajuste. Por acuerdo de la sala, incluso se ha pedido que pase a trabajo y la sala ha estimado que no. Gracias, secretario. Respecto del segundo punto, entiendo que hay control; yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero acogeré su invitación a participar de este debate. Cada parlamentario también verá si dentro de sus posibilidades puede participar. Todos tenemos un interés efectivo y comprometido con que esa ley se pueda aprobar y que efectivamente estén los recursos. Hay versiones encontradas; algunos dicen que hay provisionados más de 2,6 billones, otros señalan lo contrario. Espero que el debate se dé de buena forma y, a lo menos, sepa, diputado Sauerbaum, que en mi calidad de presidente estaré participando en las instancias que correspondan. Le agradecemos.
La intervención, no sé si alguien quiere hacer algún otro punto. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. A propósito de la ley de reajuste, buena parte del debate público ha estado respecto al empleo en las personas a contrata. Tendremos que discutirlo en su mérito; yo creo que hay argumentos a favor y en contra en esa materia: a favor respecto de proteger el empleo, en contra respecto a hacerlo hoy día justo en el período de cambio de gobierno.
Sin embargo, quisiera poner un acento en algo que no está hoy día en la ley de reajuste y que es un problema de trabajadores en Chile: la situación de los trabajadores a honorarios, particularmente en los municipios. Es sabido que en muchos municipios de Chile hay trabajadores a honorarios. ¿Por qué? Porque las plantas no dan cuenta de la magnitud completa para poder tener a todos los trabajadores que se necesitan. Este Congreso aprobó una ley de plantas para resolver ese problema, pero finalmente no fue utilizada para tal fin, sino que se ocupó para mejorar la situación de las plantas existentes en cada uno de los municipios, y no para resolver el problema de los honorarios.
¿Cuál es la situación hoy día? Año a año, los alcaldes en distintos municipios de Chile hacen ajustes presupuestarios, muchas veces necesarios, y no son los alcaldes o alcaldesas los responsables de la precariedad laboral. Sin embargo, esa precariedad laboral es tal que se encuentran en el peor de los mundos: la gente contratada tiene cierta protección, mientras que los trabajadores a honorarios no tienen ninguna. Lo que muchas veces ocurre es que judicializan, y dependiendo de la sala que les toque o cómo falle la justicia, eso puede significar muchos recursos que deben reembolsar a los trabajadores, lo que representa una pérdida importante para los municipios; en otras ocasiones, se quedan sin nada.
Señalo esto porque, lamentablemente, no fue posible que se incorporara en la ley de reajuste, básicamente porque no se generó un acuerdo entre el gobierno y las asociaciones de funcionarios a honorarios. Yo traté de intermediar en eso, pero no hubo un punto de acuerdo para que esto fuera parte de la ley de reajuste y lo dejáramos resuelto. En el caso específico de Maipú, esta situación es global para todos los municipios, pero en Maipú, se dio un paso más allá, desvinculando a alguien que es dirigente de los trabajadores. Esto no es correcto desde la perspectiva de la asociación de los trabajadores.
He presentado un proyecto de ley, presidente, que espero se pueda poner en tabla, el cual apunta a que los trabajadores electos en las asociaciones de funcionarios y funcionarios honorarios tengan el mismo fuero que el resto de los dirigentes sindicales en otros sectores del ámbito público. Claro, esto no es ley hoy día, y por ello se producen estas situaciones. Hemos solicitado al municipio que revierta esa decisión y estamos a la espera de una respuesta definitiva.
Quería señalarlo, presidente, porque somos la Comisión de Trabajo y a veces nos dedicamos a regular con mucho detalle un conjunto de situaciones laborales. Entiendo que está invitada también la gente del cine, y eso creo que es importante escucharlo. Hay otro sector de trabajadores en Chile, los trabajadores a honorarios, particularmente en los municipios, que tienen muy poca protección. Lo que nosotros le proponíamos al gobierno y a los trabajadores, finalmente, no hubo acuerdo, es que se protegiera el empleo o se les pagara indemnización al momento de despedirlos, asimilándolo de alguna forma al Código del Trabajo. Esto no fue posible por distintas razones.
Quiero dejar constancia de ello, presidente, y a los parlamentarios que seguirán en el Congreso a partir del 11 de marzo próximo, que puedan abordar este tema, ya que se requiere un acuerdo con los trabajadores y el gobierno. Espero que el gobierno pueda resolver la situación de los trabajadores a honorarios en los municipios, porque en el Estado se regula año a año la ley de presupuesto, y el municipio queda en el aire. Quienes han sido alcaldes o concejales y han estado vinculados a municipios saben de esto. Así que lo dejo planteado para que se pueda resolver, y solicito que en los municipios, particularmente en el caso de Maipú, se reviertan las desvinculaciones de dirigentes, ya que creo que es lo que corresponde. Gracias, presidente.
Y yo le quiero decir por qué es tan importante, porque hoy día estuve en la discusión, al menos una hora y media. Aparte del ministro de Economía, quien expone, también estuvo el ministro del Trabajo, porque hay muchas cosas que hacen relación con el trabajo, que se ven en esta miscelánea, lo cual me llamó profundamente la atención. Es por eso que creo que era importante haberlo visto aquí, ya que temas que hemos tocado, incluso proyectos que todavía no son ley y que están en camino, ya se incluyen en esta ley miscelánea.
Por ejemplo, aquí, por su intermedio, probablemente le llamará la atención al diputado Undurraga, porque recuerdo cuál fue su posición cuando era ministro de Obras Públicas. Uno de los puntos establece el derecho de ser recibido. ¿Se acuerdan cuando discutimos el tema de los sindicatos? La audiencia es dentro de diez días hábiles. O sea, toda la labor que realizamos aquí pareciera que importa poco, porque después, con una frase, se incorpora en esta ley miscelánea. Me parece que no corresponde. Si tuviéramos la responsabilidad, todas las comisiones deberían analizar en profundidad esta miscelánea, porque ese proyecto pasó por aquí, era de la diputada Mix. Pero, ¿para qué vamos a seguirlo si ya lo pusieron aquí?
Además, la participación en la asamblea se establece que será preferentemente fuera del horario de trabajo. Todos los temas que se van incorporando son cuestiones que muchas de ellas hemos discutido y no hemos estado todos de acuerdo, por lo que puede ser que no pasen. Esto me parece que refleja una falta de seriedad. Invito a los demás diputados a leer las materias que están incluidas en esta ley miscelánea. También se abordan temas de salud, y aquí, por cierto, está la presidenta de la comisión. Me parece que no corresponde que, tras realizar un trabajo, se borre y se incluya en una pequeña frase el corazón o parte importante de los proyectos. Quiero dejar constancia de esto, ya que me llamó mucho la atención la importancia del trabajo en esta ley miscelánea, que está anexada a la ley de reajuste, que fue expuesta extensamente por el ministro del Trabajo. Hay muchas materias que hemos visto y que no han llegado a buen puerto, y me parece que no corresponde, especialmente cuando un gobierno va terminando y sabemos que la continuidad es diferente.
Eso, presidenta, gracias. Solo creo que hubiese sido saludable tener esta conversación para ponernos de acuerdo como comisión. Yo hubiese tenido todo el interés de encontrar una salida, pero creo que está claro el punto de la necesidad de haberlo tratado aquí. Respecto del proyecto de Audiencia Oportuna, está en el Senado; es un proyecto que efectivamente aprobamos, pero que no se tramitó en la cámara revisora. Desconozco otras materias que puedan estar incorporadas y por eso digo que es muy bien el consejo de que nos inmiscuyamos en esa discusión.
Por ejemplo, está el tema de la participación en las asambleas, que hace relación con los sindicatos. Son temas que son muy nuestros y que muchas veces hemos tocado aquí. Me parece que no corresponde que se metan temas por debajo de la alfombra, ya que aquí vamos a tener distintas opiniones.
¿Algún otro punto? Yo tengo un par. El primero, colegas, ustedes recordarán que he solicitado varias veces al Ministerio del Trabajo información respecto de la publicación del reglamento de la ley de inclusión de personas con discapacidad. Es un reglamento que entiendo hasta la fecha no ha sido publicado, y he sido informado que en los últimos días se ha ingresado a la Contraloría un requerimiento desde la sociedad civil. Por lo tanto, quisiera solicitar, secretario, que podamos insistir, aportando además el antecedente de que la respuesta es urgente por las razones que están explicitadas y porque ya comenzó su aplicación respecto a los tiempos fijados en la ley.
Así que voy a tomar primero ese acuerdo. Segundo, quiero solicitar que oficiemos a varias instituciones para que entreguen una respuesta formal a las trabajadoras de Fundación Integra, que me encontré hace poco, y también me encontré con el exdirigente sindical despedido, don Darío Díaz. Quedó como en el aire la idea, pero de todas maneras se lo dejo ahí como una sugerencia.
Una serie de demandas que todavía no tienen solución. Para ponerles en contexto, primero, hace treinta años que las trabajadoras de Integra han mejorado sus condiciones en sucesivas negociaciones a través de bonos, reajustes y beneficios que hoy día, según señalan ellas, la DIPRES está cuestionando. En segundo lugar, estas trabajadoras sufrieron una drástica disminución de los apoyos técnicos para la atención de niños y niñas con necesidades especiales. En el año 2023, se redujeron de 2.000 a 500, y eso sigue sin ser corregido, lo que ha generado evidentemente un déficit.
Lo tercero es que las brechas salariales internas persisten; son las trabajadoras, en general, quienes menos ganan, pese a los compromisos ministeriales asumidos en ese mismo año para corregirlo. Y, en cuarto y quinto lugar, tampoco hay claridad respecto de la aplicación de la ley de 40 horas, a pesar de que todas ellas están en el régimen del Código del Trabajo, ni respecto del incentivo al retiro, ya que se encuentran en un régimen híbrido intermedio.
Su preocupación planteada era que requieren claridad, y lo que me gustaría que como comisión hiciéramos es solicitar claridad por parte de la DIPRES y del Ministerio de Hacienda respecto de estos beneficios históricos, así como claridad por parte del Ministerio de Educación y de la Fundación Integra respecto de la disminución del apoyo técnico y sobre estas brechas salariales. Anexamente, también necesitamos claridad por parte del Ministerio del Trabajo sobre la aplicación de la ley de 40 horas y el incentivo al retiro. Por ello, quiero pedir que oficiemos a todas estas instituciones y, en caso de haber controversia, a la Contraloría, para entregar certezas a las trabajadoras y evitar que tengan que seguir movilizándose en momentos muy complejos, lo que afectaría, evidentemente, la atención de los niños y niñas del país.
En cuanto al último punto, ya hablamos hace muy poco de un caso en McDonald's. Quiero pedir que oficiemos a la Dirección del Trabajo y a la inspección correspondiente para que nos informe sobre una serie de despidos que nos han informado han ocurrido en esta cadena multinacional, controlada por un holding llamado Arcos Dorados, que controla todos los locales y no son franquicias separadas. Esto ocurrió luego de que algunas trabajadoras y trabajadores formaran un sindicato. En estos despidos se incluyó, a propósito de lo que mencionaba el diputado Undurraga, a tres dirigentes con fuero.
Me preocupa porque este tipo de represalias antisindicales no solo golpean directamente al empleo; las conozco muy bien en el rubro de la comida rápida. Ustedes bien saben cuál es mi historia laboral y sindical, y me parece que es muy relevante estar al tanto de cómo la institucionalidad, en este caso la Dirección del Trabajo y la inspección, responden frente a este tipo de empresas que son muy grandes y que al parecer creen que están por sobre la ley. Por ello, solicito que oficiemos a la Dirección del Trabajo por esta materia con estos antecedentes.
Finalmente, en relación a la mesa de trabajo sobre teletrabajo, me gustaría saber en qué estado se encuentra, ya que me parece injusto que, durante la gestión de la ministra Jara, muchas funcionarias quedaron fuera del sistema de teletrabajo, especialmente en los municipios. Quisiera saber si esta mesa ha funcionado, si continúa y en qué ha avanzado.
Está muy activa, ya que tenemos 40 servicios pilotos que se mantienen vigentes hasta diciembre de 2026, y la ley de reajuste actual está en las mismas condiciones, mejorada con un artículo que compatibiliza las funciones laborales, personales y familiares. Esto permite que algunos funcionarios y funcionarias, con un porcentaje en un procedimiento arreglado y autorizado por la Dirección de Presupuestos, validen este formato remoto híbrido, dado que no contamos con una ley de teletrabajo en el Estado. Lo que estamos bregando es avanzar en esta materia.
Ojalá el día de mañana se apruebe una ley de teletrabajo para el sector público, igual o mejor que la que tiene hoy día el sector privado desde marzo de 2021. En eso estamos y tenemos la esperanza de que se apruebe la ley de reajuste general para el sector público, tal como está presentada. Creo que esto también refleja un aspecto de madurez civilizatoria y de buena gestión pública. Este capítulo es muy importante para el 60% de las trabajadoras en el Estado; no todas están en teletrabajo, ya que hay personas que trabajan en sistemas de turno, pero un porcentaje significativo permite conciliar funciones que tienen que ver con los cuidados, lo cual también se relaciona con el sistema nacional de cuidados. Creemos que es una oportunidad para legislar prontamente esta ley de reajuste, dado que hoy estamos suspendidos y los que estaban teletrabajando están regresando a sus funciones.
Presidente, agradezco la invitación y la precisión. Sin embargo, me gustaría ser más concreta. Hay mucho número y poca sustancia. Quiero saber qué se incluye en la ley de reajuste, ya que estoy preocupada por nuestra discusión de hace muchos años, especialmente en relación a las mujeres que tienen niños que trabajan en los municipios. Tengo la sensación de que este tema sigue sin abordarse, especialmente para aquellas que tienen niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esa es mi pregunta original. ¿Tienen los números? Porque tenemos una tabla con tres puntos, y lo que me interesa es que, si no tienen los números exactos, quizás los puedan hacer llegar a la comisión.
La diputada me pone el foco en el sector municipal. Yo no tengo injerencia, ya que somos parte del Estado. Lo que acabo de mencionar es un paraguas general que incluye a los gobiernos regionales. En relación a lo que dice la diputada, tiene razón al señalar que es necesario contribuir a la red de apoyo de las trabajadoras en los municipios y en la administración central descentralizada, que son pocas. Creo que es nuestra obligación poner este tema sobre la mesa en el sector público. Por eso, en el reajuste está incorporada y mejorada la protección del trabajo remoto y el trabajo híbrido, mientras no tengamos una ley de teletrabajo.
Muchas gracias al presidente de la ANEF, don José Pérez Debelli. Ahora, estimados y estimadas colegas, pasemos a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar en primer lugar el estudio en particular del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al boletín número 17.837-13. Habíamos fijado un plazo de indicaciones con fecha tope el día de ayer. Entiendo que, fuera de ese plazo, se han compartido algunas indicaciones por parte de la diputada Osandón.
Quiero contarles brevemente que me interesa mucho que este proyecto avance en función de los acuerdos a los que podamos llegar en la mayor cantidad de temas posible. La diputada Osandón me ha solicitado un poco más de espacio para estudiar algunas de las modificaciones relevantes que contiene el proyecto. Por ello, les contaré cuáles son las indicaciones que hemos presentado y cuáles de estas indicaciones reducen considerablemente el proyecto final, pero que buscan alcanzar consensos importantes en materia de regulación laboral. Creemos que podríamos avanzar en la discusión hoy y dejar algunas indicaciones pendientes para votarlas la próxima semana, con el compromiso de tratar de despacharlo esta vez, considerando que tuvimos semanas interrumpidas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, lo que dificultó la comunicación.
Propongo que votemos algunas indicaciones, ya que creo que tenemos consenso en ciertos temas y sé que hay dudas en otros donde sería saludable abrir el debate. Para ello, les voy a contar cuáles son las indicaciones que tienen. ¿Tienen todos el comparado en su poder? Para que vayan observando, lo que encontrarán primero es el reemplazo del artículo 1 por uno nuevo. La materia que se está tratando en esta parte de la indicación es la participación sindical, en la que todos concordamos, en materia de salud y seguridad vinculada al reglamento interno. El cambio que se realiza habilita a los sindicatos a formular expresamente consultas, denuncias y propuestas, y si existe un comité paritario, se observa...
La realidad de algunas empresas que tienen más de un comité paritario hace necesario realizar precisiones sobre cómo estaba originalmente redactado este asunto. El comité o los comités paritarios, si les afecta a varios, deben estar informados. Si hay más de uno, el empleador debe considerar los antecedentes pertinentes y se le establece un plazo de respuesta, que no necesariamente implica aceptación, sino que debe ser una respuesta fundamentada en un plazo de diez días, con la participación del comité o de los comités paritarios según corresponda. Este es el tenor de la indicación, que además reduce las distintas figuras que en algún momento generaron debate respecto a la duplicidad.
Voy a dar la palabra inmediatamente al diputado Sandón, quien está presente. En general, hay bastante consenso sobre este tema, que es una de las que eventualmente podríamos considerar. Sin perjuicio de ello, le doy la palabra, diputado Sandón.
Quiero precisar, presidente, que usted me puede repetir, porque creo que nunca se puede saltar al comité paritario; ambas opiniones deben llegar al empleador. Por cierto, esto está contemplado en la indicación. Vamos a pasar a la página cinco, número uno. La pueden leer.
Gracias, presidente. Solo para clarificar el procedimiento, hemos estado en contacto de manera fluida y muy positiva con su asesor, don Rodrigo Asencio, y concordamos en que no era esta la oportunidad de presentar indicaciones formalmente al proyecto, sino que se nos solicitó presentar observaciones a la propuesta que él redactó conforme a los acuerdos generales. Estas observaciones las enviamos el día de ayer y hoy en la mañana. Por lo tanto, lo que tenemos son observaciones.
Yo le pregunté expresamente si era necesario presentar formalmente como indicaciones, y quedamos en ver si la comisión decidía que los asesores continúan trabajando o si se abre un plazo para indicaciones. En la última sesión, que fue hace tres semanas, tomamos el acuerdo y pusimos fecha, recordando a la secretaría que esto fue ayer a las doce del día. Ese fue el compromiso formal aprobado por la comisión.
Lo que me interesa es que podamos hacer que este proyecto mantenga su buena expectación y logre el consenso suficiente para ser aprobado en sala. Me interesa que aprovechemos este tiempo breve; quizás no es el momento para que ustedes hagan las observaciones, eso lo podemos dejar para el trabajo técnico, donde explicaré por qué creo que algunas de estas indicaciones cuentan con el consenso necesario. Eventualmente, revisaremos aquellas que sean más conflictuantes entre los equipos asesores.
Les pido que quede expresamente claro que, como ya hemos tenido mucho tiempo de debate y asistencias, debemos establecer un plazo razonable para las indicaciones hasta la próxima semana y votarlas en esa misma semana. Espero que logremos un acuerdo mayoritario.
En la misma línea, quiero volver al tema que usted está planteando. En las empresas, establecimientos o faenas donde exista un comité paritario de higiene y seguridad, dichas presentaciones deberán ser puestas en su conocimiento. ¿Qué implica esto? Lo pido que me lo pregunten de nuevo. En la página seis, al inicio de la indicación, se establece que en las empresas o establecimientos donde exista un comité paritario de higiene y seguridad, dichas presentaciones deberán ser puestas en su conocimiento, según corresponda a la unidad afectada.
¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Si se pone en conocimiento, ¿con eso está saldado o tendrá alguna injerencia o resultado? Cuando solo se dice que deberán ser puestas en su conocimiento, no hay ninguna otra exigencia después de eso. Si lo que se desea es mandatar al comité paritario para que efectivamente tenga la obligación de pronunciarse, eso es parte de lo que se podría discutir.
Particularmente, la realidad de las empresas muestra que las unidades productivas pueden tener más de un comité paritario, y no existe un comité de carácter nacional, sino que está alojado solo en aquellas faenas o locales donde hay más de 25 trabajadores. Lo que nos parecía fundamental es que estas presentaciones deberán ser consultadas y su respuesta acompañada a la presentación ante el empleador, especificando qué es lo que debe hacer con esta información, no solo que se le entrega, sino qué acciones se deben tomar después.
No debería haber mayor divergencia en este aspecto. Es esencial que ambas partes, el sindicato y el comité paritario, acompañen la presentación que se realice al empleador. Por una cuestión de orden, dado que podemos entrar a discutir palabra por palabra, me interesa explicar las indicaciones y abrimos formalmente el plazo de indicaciones hasta el próximo lunes a las 12, con el compromiso de votarlo el martes siguiente, el 13, esperando que no sea un mal augurio.
Se pueden hacer indicaciones a las indicaciones, es decir, si se van a formular, deberán ser textos completos. En este sentido, es importante el punto que ha señalado la diputada Sandón, ya que la preocupación radica en que queda solo el enunciado de presentación, sin recoger la respuesta o la opinión, lo que resulta en una presentación incompleta.
Continuando con las indicaciones, tenemos el inciso segundo nuevo del artículo 161 bis, que asegura el pago de indemnizaciones por años de servicio en caso de accidente grave con invalidez o muerte en el lugar de trabajo. En caso de fallecimiento, se reconoce expresamente el derecho a que este se transmita a los herederos legales. Esto busca atender la necesidad de que este derecho pueda ser transferido en situaciones excepcionales y trágicas. Además, se establece un recargo del 200% si se acredita que el accidente grave es consecuencia del incumplimiento del empleador.
Este recargo se aplicará en aquellos casos donde se acredite por la vía correspondiente, manteniendo la regla de un año de servicio, incluso si este es inferior a un año trabajado, en los casos estipulados por esta modificación de la ley. Esto es central, ya que alinea incentivos: quien incumple en seguridad paga más, y si no hay incumplimiento, no hay recargo. Se garantiza que, en caso de que una familia sufra una tragedia de tal magnitud, se verá afectada, ya sea por invalidez o por un accidente grave, o en el peor de los casos, por muerte en el lugar de trabajo.
La segunda modificación que se mantiene del proyecto de ley original es un inciso final nuevo del artículo 183 C, que establece dos cosas. Primero, obliga a la empresa principal a requerir los antecedentes de cumplimiento en salud y seguridad en el trabajo a los contratistas y subcontratistas, quienes deben remitirlos en un plazo de cinco días, fijando así el marco de obligación. Segundo, establece una responsabilidad solidaria de la empresa principal por incumplimientos en esta materia ocurridos en su obra o faena, exigibles por los trabajadores y por los sindicatos en representación de sus afiliados.
Esto busca evitar que se diluya el riesgo por capas en la subcontratación, lo que se discutió en varias ocasiones durante la tramitación. La empresa principal que controla la obra o faena debe responder cuando se incumpla en materia de salud y seguridad en el trabajo.
En específico, y también evidentemente, se le otorgan mayores herramientas a las trabajadoras y trabajadores. La siguiente modificación, en función de los acuerdos, se encuentra en el artículo 183 E del Código del Trabajo, en los incisos cuarto y quinto nuevos, que buscan la igualdad de protección. ¿Qué hace esto? Obliga a garantizar derechos en esta materia en igualdad de condiciones para todos los trabajadores de la misma obra o faena, por ejemplo, en relación con elementos de protección personal, el derecho a saber, entre otros, y a uniformar, a través de la coordinación entre la mandante y las empresas contratistas y subcontratistas.
Asimismo, establece que el dueño de la obra o faena no puede delegar responsabilidades de su giro en materia de salud y seguridad en el trabajo a las empresas contratistas o subcontratistas. Las razones que sustentan esta modificación, que discutimos en esta comisión, están relacionadas con la distinción que se ha generado permanentemente entre trabajadores de primera y segunda categoría. En este tipo de casos, cuando se ven expuestos a riesgos en su salud o seguridad dentro del espacio laboral, muchas veces terminan en situaciones que hemos lamentado públicamente. Por lo tanto, esta modificación refuerza la responsabilidad del mandante para evitar la externalización del riesgo.
Seguidamente, abordamos la modificación del artículo 184 bis, que se refiere a la comunicación inmediata frente a riesgos graves o inminentes, siempre en el contexto de la salud y seguridad en el trabajo. Esta modificación incluye expresamente a las organizaciones sindicales en el deber de informar. ¿Qué implica esto? Que en situaciones de emergencia, la información debe circular rápidamente, no solo por los canales individuales, sino que también el sindicato debe ser informado de este tipo de riesgos, fortaleciendo así el ejercicio de los derechos colectivos.
Luego, tenemos el nuevo artículo 220 bis del Código del Trabajo, que establece el derecho a comunicar a través de los medios que la empresa tiene dispuestos para comunicarse con los trabajadores cuando existan circunstancias que afecten o pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Un segundo punto importante es el acceso de los dirigentes a los lugares de trabajo, con elementos de protección personal y capacitación, tal como sugirió la diputada Ossandón, especialmente en faenas extensas que lo requieran, con la posibilidad de solicitar documentación e información respecto de los afiliados que hayan autorizado dicha solicitud.
Esta normativa aplica tanto a la empresa principal como a contratistas y subcontratistas, y el incumplimiento califica como una práctica antisindical, que ya está contemplada en el artículo 289, letra A, que se refiere a entorpecer la actividad sindical.
Finalmente, abordamos el artículo 505 bis del Código del Trabajo, que trata sobre la proporcionalidad de las multas. Entiendo que en este punto no hemos llegado a un acuerdo, ya que no hemos encontrado una fórmula que sea la más adecuada. Por ello, les pido a los equipos y a los parlamentarios que hagamos un esfuerzo conjunto para encontrar una solución a la problemática que nos han planteado varios trabajadores y sindicatos respecto a aquellas empresas que, debido al volumen de sus utilidades, consideran que les resulta más económico pagar multas que corregir las sanciones.
La perspectiva que proponemos en la redacción de esta indicación, que ustedes pueden encontrar en el comparado, es que se califique a las empresas para determinar la cuantía de la multa en función de sus ingresos y no de la cantidad de trabajadores, lo cual puede resultar engañoso. Esto es fundamental, ya que la multa debe generar un perjuicio económico suficiente que actúe como un desincentivo y que impida al empleador continuar con una falta laboral. Por lo tanto, el criterio de fijación debe basarse en los ingresos anuales en UF, considerando los doce meses tributarios inmediatamente anteriores. Sé que en este aspecto no hay acuerdo, por lo que les pido que pensemos en el problema y busquemos una solución para esta realidad que, por ejemplo, nos manifestaba la gente de Walmart, y que también nos señalaba el propio director del trabajo, quien mencionó que, a pesar de las multas, la empresa continúa operando sin cambios significativos.
En tribunales mantenía la conducta denunciada. El siguiente punto, el número ocho, es el artículo quinientos seis quáter del Código del Trabajo, que tiene varios incisos nuevos. En relación con lo que conversábamos recientemente, se establece una nueva escala sancionatoria reforzada para incumplimientos en distintas materias, con una clasificación específica respecto de salud y seguridad en el trabajo. Aquellos incumplimientos en la materia principal del proyecto se clasifican siempre como gravísimos; no hay posibilidad de que sean leves ni de ningún tipo.
Además, se contempla la duplicación de multas por reincidencia en sanciones. En este sentido, se menciona el caso de Walmart, donde, si existen sanciones de la misma naturaleza dentro del plazo de dos años y con resolución fundada por parte del organismo administrativo, la Dirección de la Inspección del Trabajo, las multas se duplican sucesivamente si se reincide y se detecta. Esto se relaciona con la resolución fundada y la contumacia, es decir, que el empleador de mala fe continúa con la práctica sancionada.
La razón de estas distinciones entre materias comunes y las de salud y seguridad radica en que, en la segunda, está en riesgo la vida de los trabajadores y trabajadoras, mientras que en la primera se encuentran en riesgo otros derechos que nos interesa proteger dentro del marco de este proyecto de ley.
Le doy la palabra al diputado Undurraga. En esta materia no hay acuerdo en este punto específico, que lo registre usted como sin acuerdo. En salud, por ejemplo, hay cosas que son gravísimas, pero pueden haber cuestiones que son más bien de graduación menor. Démosle una vuelta para ver cómo graduamos eso.
Es necesario establecer un catálogo sucesivo de multas mayores en la medida que se reiteren las mismas faltas. Podemos revisar la graduación de las multas en función de lo que establecemos para salud y seguridad en el trabajo, pero hay que buscar la manera de definirlo adecuadamente. Les pido que lo revisemos con ese criterio.
Luego, tenemos los bloques penales. Sé que no tenemos todavía acuerdo, y lo que hacemos es crear en el párrafo tres ter el delito base de omisión dolosa que genera riesgo grave e inminente, y que se agrava cuando hay lesiones graves o muerte. Esto obliga a poner antecedentes en conocimiento del Ministerio Público con agravante por incumplimiento.
Vamos a reemplazar el artículo segundo, ex tercero, por un nuevo bloque penal, que es el 403 octies. En este punto, no hay acuerdo y es necesario ser creativos, y sé que usted tiene ideas. Es importante que demos ese debate, porque lo que hay que buscar es que se naturalice de alguna manera que exista una sanción lo suficientemente gravosa para los empleadores en función de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
Me parece que es un área en la que hay mucha apertura para abordar este tema de manera distinta. Creo que el diputado Undurraga, quien tiene algunas ideas concretas en la materia, es absolutamente bienvenido a ello.
Voy a pasar al siguiente artículo, ya que no tenemos acuerdo, y creo que tampoco tiene mucha relevancia discutirlo más. El artículo tres es una modificación de la ley 20.393, que se refiere a la responsabilidad penal de las empresas por los nuevos delitos laborales. Esto agrega al catálogo de la ley 20.393 los delitos mencionados, para que no solo respondan en materia penal los individuos, sino también la empresa como organización cuando falla en la gestión y el control. Esto permite la sanción corporativa y eleva los incentivos para que existan modelos efectivos de prevención. Ese es el objetivo final.
Estamos en la siguiente, ¿en qué página vamos, Germán? Vamos en el treinta y uno.