Senado - Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación - 5 de enero de 2026

¿Me desean dar un minuto, por favor, para comenzar? Gracias. Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Bienvenidos, bienvenidas. Tomen asiento, por favor. ¿Secretario, tenemos cuenta? Si le podemos dar lectura, por favor. Gracias, presidenta. Propongo informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos. Se han recibido los siguientes documentos: Primero, del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Víctor Soto, quien envía un cuadro comparado e informe con respecto al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos y modifica los cuerpos legales que indica. También se ha recibido un informe del presidente de Acción Consumidores, el señor Juan Cabiedes, sobre el impacto del mercado de criptomonedas en el derecho de los consumidores. Estos informes están a disposición de los señores senadores. Asimismo, hay solicitudes de audiencia. En primer término, de Amnistía Internacional Chile y del Global Law and Policy Program de Amnistía, quienes visitarán Chile entre el 14 y el 23 de enero de este año y solicitan ser recibidos por la presidenta de la Comisión o por algunos de sus integrantes, indicando fechas posibles. Este antecedente también se enviará a los señores senadores. En relación al proyecto en tabla, presidente, señores y señoras senadores, hay solicitudes de representantes del Comité de Tecnología e Innovación y de la Mesa de Regulación Digital de la Cámara Chilena de Comercio, así como del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, todo esto respecto del proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo quiero solicitar, ya en puntos varios, que a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, y se los propongo a los senadores integrantes de la Comisión, entre los días 12 y 17 de enero se realizará el Congreso Futuro, su versión número 15. Son 15 años de historia y trayectoria de este evento, un foro de divulgación científica. Creo que es importante seguir involucrando a los colegas y a las comisiones, por lo que solicito que se haga llegar el calendario de las sesiones temáticas. Se realizarán dos cumbres, además, sobre Trabajo del Futuro y otra, para poder invitarlos también, especialmente en lo que estamos haciendo en las regiones, ya que tenemos una década de trabajo como Congreso Futuro de las Regiones. Solicitaría eso a la Secretaría para que esté informadas todas las comisiones del Senado. ¿Se acuerda, colegas? A cada uno de los senadores, por favor, sí, individualizado. Senadora Rincón. Yo pediría que haya una especial consideración con los senadores de regiones para que les llegue la agenda de sus regiones. Muchas gracias, senadora Rincón. Esa efectivamente es parte de la idea de esta convocatoria e invitación a los colegas. ¿Algo más en puntos varios? Hoy día vamos a continuar la discusión en general del proyecto de ley, un proyecto en primer trámite constitucional que fue iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que para nosotros es muy relevante, ya que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos. Me parece que este es uno de los temas más importantes que podamos avanzar. He enviado al menos algunos nombres para futuras audiencias y les pido a los colegas que nos hagan llegar también a quienes han estado pensando para poder escuchar y dejar también instalado esto.

Como una conversación futura que me parece fundamental, sobre todo con los datos del Estado. Hemos conversado en otras instancias respecto de si se requiere o no una nueva figura, una agencia; me parece que eso es parte de la conversación importante y lo vamos a abrir también después de escuchar a nuestro invitado. Creo que en esto tenemos que poner mucho énfasis, lo mismo con los temas de inteligencia artificial. Por eso, hoy día están invitados del Ministerio de Hacienda, el director de la Secretaría de Gobierno Digital, el señor José Inostrosa, quien está acompañado por la señora María Isabel Señárturo y Bárbara Schneider. Bienvenidos del Instituto de Libertad y Desarrollo, el coordinador para el Congreso Nacional del Programa Legislativo, el señor Juan Ignacio Gómez, quien entiendo que está acompañado de los pasantes del Programa Legislativo, señores Sebastián Morfa y Joaquín del Valle. Así que bienvenidos, y le voy a ofrecer la palabra entonces al invitado del Instituto de Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted y, por su intermedio, también a los miembros de la Comisión. Presidenta, tenemos una presentación y además le dejamos una reseña legislativa que tenemos de hace algún tiempo sobre este proyecto de ley, impresa, que tiene un análisis un poco más extenso. Espero no ser tan extenso como la reseña, pero la verdad es que estos temas son sumamente importantes y permiten discutir asuntos que no son contingentes y que rara vez lo van a ser, porque esto es entrar a la anatomía más profunda del Estado y cómo funciona. Es como si dijéramos que vamos a reorganizar las células de un cuerpo. Por tanto, hay tres cosas que quisiera compartir con ustedes: un poco de contexto, cómo se enmarca esto, por qué es importante y algunas observaciones ya más detalladas, siempre resaltando que es un proyecto extremadamente importante y necesario. La forma más correcta de introducir este tema es entendiendo que este es un problema que busca abordar la complejidad. La complejidad es una propiedad que tienen los sistemas, y consiste en que, mientras más elementos tiene, la posibilidad de relaciones entre esos elementos crece exponencialmente. Imaginen cómo esto opera en el Estado. ¿Cuál es el problema? Que, a medida que los sistemas se vuelven más complejos, se vuelve sistemáticamente más difícil que el sistema pueda actualizarse, es decir, tomar conciencia de sí mismo y poner en relación simultáneamente todas esas operaciones. Por tanto, mientras más complejo es el sistema, más posibilidades perdemos de hacer cosas que podríamos haber hecho si la complejidad fuera controlada. Muchas veces, y esto es lo que en economía se llama los famosos costos de transacción, se trata de reducir el roce o los costos de transacción para tener una gestión más eficiente, más rápida y mejor preparada. Les traje una lámina que me parece bien sintomática de lo que es la complejidad. Imaginen que cada uno de esos pines es un punto, un elemento en la red, que podría representar un servicio público o un ministerio, y cada uno de esos cables son las relaciones posibles. El Estado puede, o a veces necesita, seleccionar una de esas interacciones, que es la línea roja. La pregunta, y ese es el núcleo de este proyecto, es cómo logramos que esa línea roja ocurra. La primera condición es que ocurra, y que ocurra ojalá con la menor cantidad de nodos posibles, porque eso implica una gestión más eficiente y rápida. En abstracto, hay infinitas posibilidades de lo que uno podría hacer en gestión. Lo importante es gestionar esa complejidad para que, mediante herramientas tecnológicas como las que promueve este proyecto, se pueda reducir. Pensemos en el bolsillo electrónico. Es un excelente ejemplo de esto. Antiguamente, para pagar un subsidio, había que entregar un voucher, hacer una transferencia o generar una serie de procesos administrativos. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 2008 se pagó un subsidio eléctrico a través de especies valoradas de la Casa de Moneda, es decir, un billete que no era un billete, pero que era como un vale que emitía la Casa de Moneda para ese efecto. Hoy día ya no es necesario recurrir a mecanismos de papel para pagar subsidios. No hay que entregar vales o ir a la caja de un instituto, como si fuese un pequeño banco; simplemente llega a una cuenta RUT.

Hoy día se puede especificar el uso de esos recursos, lo cual permite realizar una transferencia directa manifestada en una transferencia electrónica, a la que se le asigna un uso específico. Esto es una excelente forma de ilustrar cómo se puede reducir la complejidad de los sistemas a través de la tecnología, y representa una de las finalidades de este proyecto. Probablemente, el activo más valioso que tiene el fisco, descontando los recursos naturales, son los datos. La data pública no solo permite generar mejores tomas de decisiones, sino que se vuelve relevante para la gestión eficiente. Por ejemplo, si se quisiera racionalizar el Estado en términos de determinar funciones duplicadas, sería necesario revisar cada una de las leyes y estructuras orgánicas, lo cual no es sencillo. Sin embargo, con un grado de sofisticación, podría realizarse digitalmente. Recuerdo que, hace muchos años, se le encargó a la biblioteca buscar en la base de datos todas las veces que en alguna ley vigente aparecía la palabra "escritura pública" o "quiebra". Esto fue posible porque las leyes estaban digitalizadas. De no ser así, habría sido necesario enviar un ejército de abogados a revisar las recopilaciones de leyes que hacía la Contraloría, revisando una por una desde la ley uno hasta la veinte mil y tanto, incluyendo las leyes sin número que pudieron haber estado vigentes. Es fundamental poner en valor la relevancia que tiene la gestión de los datos en el Estado. La OCDE ha publicado numerosos documentos sobre gobernanza de datos y la importancia de una administración pública basada en datos. Quiero destacar algunos criterios que son esenciales en esta discusión, y que abordaré más adelante. En primer lugar, es crucial considerar la protección de datos y el equilibrio en estas regulaciones. Al gestionar datos, hay dos elementos que no pueden estar ausentes de la conversación: la protección de los datos personales y la ciberseguridad. Así como esperamos que no nos roben los recursos en un banco, aquí la información es el activo más importante que tiene la administración pública. Desde la perspectiva del ciudadano, es vital respetar la información que el Estado administra, que incluye datos médicos, direcciones, domicilios y afiliaciones a partidos políticos. Según la nueva ley de datos personales, esta información se considera sensible y requiere una protección más alta. Asimismo, la ciberseguridad es fundamental. No sirve de nada tener grandes protocolos de protección de datos personales si alguien puede acceder a una vulnerabilidad de un sistema y robar todos los datos, lo que resulta en bases de datos que circulan en Internet. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre el libre flujo de datos y la protección de los mismos, ya que muchas restricciones pueden llevar a que operemos con la misma lentitud que antes. Una sobrerregulación puede inmovilizar la necesaria modernización de la gestión pública. En segundo lugar, es importante abordar la fragmentación versus la cohesión. No hay suficiente conciencia sobre la complejidad y la importancia de los datos. Para que estas políticas sean exitosas, deben tener coherencia; no basta con que estén aisladas en cada servicio público. La OCDE sugiere que es esencial integrar al gobierno en su conjunto, evitando la duplicación de estándares y soluciones técnicas, y mejorando la interoperabilidad. Lo que nos interesa es establecer una forma común de operar. Finalmente, se requiere un enfoque estratégico y un liderazgo claro. Este no es un problema exclusivo de los informáticos, sino un asunto de política pública. Es una cuestión de cómo el Estado decide actuar o no actuar, y por ello se necesita una visión estratégica, capacidades políticas y marcos regulatorios adecuados.

Liderazgo y cultura. ¿Qué se destaca, por ejemplo, entre los roles críticos que es importante resaltar? Los oficiales de datos y los custodios de datos. En general, aquí lo que se busca es relevar que hay una dimensión orgánica que debe generar un cambio cultural para lograr una mayor madurez, conciencia y gestión de los datos en el sector público. Muchas políticas, en ocasiones, subestiman la importancia de los datos para el éxito de las mismas. Se tiende a perpetuar una actitud muy orientada a las prácticas tradicionales, en lugar de adoptar lo que se debería hacer. Por ello, es fundamental entender que los datos tienen una dimensión crucial para generar acuerdos políticos. No me refiero únicamente a la política de aprobar o no una ley, sino a cómo se organizan las tomas de decisiones y cómo se estructuran los procesos para que esto pueda ocurrir. Para procesos como la integridad pública o la política regulatoria, los datos son extremadamente importantes. Todo lo que se realiza a nivel de declaraciones juradas de interés y patrimonio, así como lo que se hace a través del lobby y en sectores económicos con datos de precios, son ejemplos que permiten generar rendición de cuentas en las decisiones. Esto genera una cultura distinta, donde ya no se habla simplemente de lo que creemos o sospechamos basándonos en experiencias personales, sino que se fundamenta en datos. Los datos, muchas veces, son el elemento incómodo de la conversación, pero su incorporación en la toma de decisiones se vuelve realmente fundamental. Es necesario promover un enfoque abierto, inclusivo, iterativo y colaborativo que busque resaltar el valor de los datos para generar una mayor relevancia en la gestión pública. Entonces, ¿cómo se concluye esto con un enfoque de un sector público impulsado por datos? Es fundamental establecer una gobernanza adecuada. Debemos generar un modelo integral y coherente que sirva de base para implementar estas iniciativas. Esto no implica necesariamente crear más organismos públicos, sino entender que, a diferencia de la organización administrativa tradicional, aquí no estamos hablando de un régimen de personal, sino de pura tecnología: software, hardware y procesos. Anticipo que, para muchas de estas cuestiones, los datos son corrompibles o, si no son fiables, todo lo que hemos discutido hasta ahora no funcionará. Por lo tanto, es esencial generar una articulación a niveles estratégicos en el diseño de políticas. No debemos olvidar que esta es una política pública que debe implementarse en todos los niveles que comprende, no solo a nivel organizacional, sino también en la implementación de regulaciones y en la infraestructura y arquitectura de datos. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Primero, porque si no estamos llevando a cabo todas estas acciones, es debido a barreras institucionales, obstáculos administrativos, exigencias legales y temas culturales que debemos comenzar a abordar. Permítanme compartir un ejemplo que probablemente sea cercano a sus señorías. En la ley de presupuesto, cada año se envía una gran cantidad de información. Nosotros, en el ámbito del desarrollo, revisamos toda esa información. Es una tarea titánica, ya que, a pesar de que se establece en el articulado que debe llegar en un formato digital y visualizable, muchas veces encontramos documentos escaneados. En algunos casos, incluso hemos hallado información secreta. La cantidad de información que llega es tal que resulta prácticamente imposible revisarla manualmente, con miles de páginas. En esos casos, hemos contactado a la División de Presupuesto del Senado para señalarles que tienen información que debería estar disponible en formatos adecuados. En general, el volumen es considerable, y por eso comento esto: para centros de estudio como el nuestro, esa información es extremadamente valiosa, ya que nos permite plantear posiciones y propuestas fundamentadas en datos, aunque el costo para nosotros sea elevado.

Procesar esa información requiere muchas horas y, en ocasiones, debemos reconstruir una base de datos que ya existe. A veces, es necesario transcribir un Excel que alguien tiene, el cual fue enviado impreso y escaneado. Por lo tanto, pasar al mundo de los datos implica que toda esa información, que muchas veces debe ser reconstruida de manera artesanal, ya está disponible en esos mismos términos. Esto afecta la profundidad y el cariz de las decisiones que se toman. En términos de personal, hemos tenido una discusión constante en los últimos años sobre la cantidad de empleo público, y parece que nadie puede decir con certeza cuántos empleados públicos hay en el país. Esto es algo que debería conocerse rápidamente, pero no se sabe debido a las barreras institucionales y legales que existen. El proyecto aborda tres dimensiones que son fundamentales. La primera es la dimensión institucional, que establece un marco de gobernanza. Creemos que es necesario profundizar en este aspecto, aunque ya se presenta una gobernanza institucional clara. La segunda dimensión es la cultural, ya que los cambios tecnológicos implican adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, durante la implementación de la ley de transformación digital, cuando trabajaba en el gobierno del presidente Piñera, se realizaron cambios significativos en la transición de oficios en papel a oficios digitales. Este proceso fue complejo debido a la cultura de la avisación y otros elementos que la ley no siempre considera, pero que son cruciales. La tercera dimensión es la económica. La implementación de este sistema no es gratuita; requiere una arquitectura adecuada, y el proyecto se hace cargo de este aspecto. Además, se establece una gobernanza institucional de los datos, donde se menciona la rectoría técnica, un elemento esencial. El proyecto busca generar valor y confianza en la gestión de los datos. En cuanto al desafío jurídico y administrativo del proyecto, es fundamental contar con habilitaciones legales expresas para que lo que no se puede hacer, o lo que requiere que una ley lo autorice, se realice conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución. En este sentido, sugiero a la Comisión que la Contraloría sea un aliado importante, ya que gran parte de este proceso requerirá una toma de razón, y la Contraloría puede ayudar a determinar qué se puede hacer y qué resguardos deben tomarse para asegurar que la implementación sea efectiva y sin problemas. El proyecto reconoce las barreras existentes y propone formas de superarlas, lo cual es un avance significativo. Creemos que es un buen proyecto que debe avanzar, es necesario y extremadamente importante. Sin embargo, al leer el proyecto en su totalidad, nos encontramos con que no teníamos claridad sobre cuál era el problema exacto que se buscaba abordar. Para que las cosas resulten adecuadamente, es crucial tener un camino claro a seguir. Aunque el mensaje del proyecto parece claro, las disposiciones no lo son tanto, lo que dificulta identificar el problema que se pretende resolver.

Traspaso de información entre organismos públicos. Bastaría que la ley dijera que se autoriza a los organismos públicos a traspasar toda la información que señale un reglamento o que obre en su poder. Uno puede sofisticar la redacción, pero eso en principio bastaría. Sin embargo, el proyecto nos dice más cosas, ¿no es cierto? Nos indica que debe haber una gobernanza, y la pregunta es cómo se entrelazan las otras disposiciones para abordar esta cuestión fundamental. ¿Qué es lo que nos impide tener una gobernanza hoy día? Desde el punto de vista organizativo, el Presidente de la República, a través de la potestad reglamentaria, ya sea autónoma o de ejecución, podría dictar disposiciones al respecto y determinar que hay algún organismo específico encargado de realizar esta labor. La Secretaría de Gobierno Digital, por ejemplo, tiene esa función. Surgen preguntas concretas: ¿se requieren más atribuciones legales explícitas? Si no, podemos considerar la potestad reglamentaria. ¿Se necesita una habilitación específica? Si es así, otorguémosla. Sin embargo, a veces el proyecto parece diluir estas cuestiones en principios, en orgánica, en gobernanza, en aspectos más declarativos. Esto no solo refleja un problema de brechas institucionales, sino que también indica que hay un problema más profundo. En la medida en que no tenemos claridad sobre esto, no sabemos cómo abordar la complejidad en el diseño. Esto no solo se relaciona con la complejidad misma, sino también con la capacidad. A veces hay que preguntarse qué se necesitaría para esto: ¿vamos a requerir más funcionarios, más personal? El informe financiero menciona algo al respecto, pero, de nuevo, al no estar claramente identificados los aspectos exactos que hay que intervenir, todo lo demás comienza a ser más débil. La solución que propone el proyecto nos parece adecuada; este Sistema Nacional de Gestión de Datos es correcto. El proyecto lo define como un marco de gobernanza, señala que las disposiciones son vinculantes para sus integrantes y designa a la Secretaría de Gobierno Digital como la autoridad superior en la materia y en la rectoría técnica. Esto es fundamental. ¿Quién fija los estándares? La Secretaría de Gobierno Digital. ¿Quién debe dar los lineamientos esenciales? Nuevamente, la Secretaría de Gobierno Digital. No debemos olvidar que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. Aquí, la relación es normativa y obligatoria, lo que constituye la gobernanza: hay decisiones que son obligatorias para los organismos públicos. Sin embargo, la normativa de transformación digital está dispersa. Existe algo en la ley de procedimiento administrativo que fue modificada por la ley de transformación digital, cuyo enfoque era pasar del papel a lo digital, lo que habilita este proyecto de ley. Creemos que el proyecto debería ser más amplio y abarcar toda la actividad del Estado de manera más explícita, indicando que se utilizarán para análisis de datos, para la toma de decisiones, para la formulación de políticas públicas, y que se disponibilizarán datos para acceso y análisis por parte de la sociedad civil. Hay muchos servicios que realizan esto; por ejemplo, en materia del Registro Social de Hogares hay varias iniciativas destacables, pero que a menudo se presentan de manera sectorial. Lo importante es que esto tenga un carácter general. En este sentido, ¿cuáles son algunas omisiones o riesgos que advertimos en el texto? Se renuncia a definir con precisión el objeto específico de la ley respecto a la actuación de los organismos; es decir, los organismos deberían basar su actividad pública en datos, que es el propósito de este proyecto. Además, se omite abordar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito gubernamental. Hablamos de datos y de gobernanza, pero echamos de menos que se mencione la inteligencia artificial. En principio, no vemos que haya alguna norma que permita coordinar efectivamente la protección de datos personales con la protección de la ciberseguridad, así como con las disposiciones que se pueden dictar en virtud de este proyecto de ley.

Gracias. Tanto en la ley marco de ciberseguridad como en la ley de protección de datos personales se incorporaron normas que son similares en cuanto a la coordinación intersectorial en la elaboración de normativas. Puedo hacerles llegar posteriormente los artículos exactos, pero efectivamente son artículos que buscan que estas regulaciones, que muchas veces son superpuestas, aborden la pregunta: ¿hasta dónde la ciberseguridad no es protección de datos y viceversa? Aquí también se plantea la cuestión de hasta qué punto la ciberseguridad no es gobernanza de datos, en función de los protocolos que se puedan exigir. Este ámbito es, en muchas ocasiones, específico y técnico, y estas normas permiten conciliar estas diferencias. Por lo tanto, la recomendación es aclarar y complementar durante la tramitación para abordar la complejidad de la materia y los desafíos técnicos. Es fundamental incorporar herramientas explícitas que generen más valor público, lo cual puede expresarse en términos de funciones específicas u obligaciones que se puedan establecer. Por ejemplo, en lo que respecta a los informes de impacto regulatorio, existe un proyecto de agencia de calidad de políticas públicas, que, de existir, sería el principal usuario dentro del Estado de los datos. La evaluación de los procesos legislativos, como los que realiza la Cámara de Diputados, son muy costosos y requieren mucho tiempo, especialmente por el análisis de datos. Tener una agencia de calidad de políticas públicas implica contar con una materia prima, que son esos datos. Es igualmente importante reflexionar sobre el uso ético de los datos, considerando un potencial traslape con la protección de datos. Además, es necesario incorporar principios de no discriminación en el uso de los datos y mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, los cuales no están claramente establecidos en el texto actual. El proyecto utiliza numerosos términos técnicos y define conceptos que requieren un análisis cuidadoso. Es esencial volver a los elementos básicos de la teoría de la ley. Cuando se define un término, el Código Civil nos recuerda que debemos entender las palabras en su sentido natural y obvio, salvo que haya un sentido técnico. Sin embargo, estas ciencias evolucionan tan rápidamente que, probablemente, cuando Andrés Bello escribió estas reglas de interpretación, se refería a conceptos más estables. Hoy en día, los términos cambian con rapidez y muchos de estos desarrollos provienen de idiomas que no son los nuestros, lo que genera problemas prácticos. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué es interoperabilidad? Es un término que se menciona con frecuencia, pero carece de definiciones únicas, lo que genera confusión. Este es un problema estrictamente legal, ya que cuando se define interoperabilidad en la ley, se establece un significado que no admite interpretaciones distintas a lo señalado por el legislador. Este término está incorporado en la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Transformación Digital, y su regulación está circunscrita a procedimientos administrativos. La ley lo define como la capacidad de los medios electrónicos de interactuar mediante estándares abiertos, con condiciones seguras y expeditas. Sin embargo, el proyecto cambia esta definición, pasando de un enfoque en sistemas abiertos que pueden comunicarse entre sí a un enfoque en el flujo de datos. Esto no es trivial, ya que se está modificando el sentido de una palabra. Por lo tanto, es recomendable no definir excesivamente en el proyecto de ley y circunscribir el uso a lo que sea estrictamente necesario, considerando que los desarrollos tecnológicos futuros podrían alterar nuevamente el significado de términos como interoperabilidad.