Senado - Transportes y Telecomunicaciones - 17 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Agradecemos la presencia de los senadores que nos acompañan, al senador Bianchi y al senador Castro, así como a nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien nos acompaña presencialmente en esta sesión. Estimada secretaria, la cuenta.

Dos documentos en la cuenta. El primero es de los representantes de la Confederación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, CONFETETUCH, señora Verónica Contreras y el señor Juan López, por la cual aclaran algunos aspectos relacionados con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, señalan principalmente lo siguiente: el accidente que causó la muerte de Martín se produjo en un vehículo de transporte municipal. Se sugiere establecer la inscripción de los buses municipales en el Registro Nacional de Transporte Escolar y el cumplimiento de las mismas obligaciones para la prestación del servicio. La luz estroboscópica dejó de ser obligatoria en diciembre de 2015, disponiéndose como alternativa una cinta retroreflectante y la implementación de un disco pare. En relación a esto, se sugiere que se aplique a vehículos nuevos para que los fabricantes de vehículos destinados al transporte escolar asuman la correcta instalación del sistema. Asimismo, se excusa el presidente de la Asociación Gremial de Taxis de la Región de Coquimbo, señor Luis Dubó, quien estaba invitado para el tercer punto de la tabla el día de hoy, mediante la cual excusa su participación por tener compromisos gremiales fijados con anterioridad. Solicita ser recibido en una próxima sesión. ¿Alguno de los senadores tiene alguna consulta o comentario? Quisiera, presidente, presentar un oficio. El transporte público metropolitano tiene un problema estructural; cada peso que se gasta, hay dos que el Estado tiene que colocar. De esos, el 63% va a los operadores. La figura que debiese primar en estos contratos tiene que ser la licitación pública. Sin embargo, se ha optado históricamente por contratos de condiciones de operación, que debiesen durar 18 meses y son excepcionales, pero que se han convertido en la regla general, lo que ha generado una falta de competidores. Hay una licitación, que es LPCV N° 001 del 2025, que rige la concesión hasta por 14 años, pero mantiene esta falla estructural e intensifica a través de nuevas reglas que favorecen a los incumbentes. Por lo tanto, solicito a esta comisión que, a partir del análisis que se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, oficiemos al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para pedir información sobre la corrección de los vicios estructurales que obstan al proceso, solicitando la modificación de las bases de licitación para corregir dichos vicios y que se alineen con el principio de la libre competencia, garantizando no discriminación para que puedan participar una mayor cantidad de oferentes y no se concentre este mercado en unos pocos. Muchas gracias. ¿Acordamos, senador Castro, enviar el oficio? Por acuerdo de la comisión. Secretaria, antes de pasar al punto número uno, no sé si es posible que, a través de alguno de los colaboradores de la comisión, pudiésemos contactar al ministerio a nivel central, a algún asesor del ministro, para que quizás alguien del ministerio, como complemento, se sume por videoconferencia, dado que en los puntos dos y tres los representantes del transporte menor van a manifestar algunas inquietudes, y creo que sería útil que pudiera estar conectado alguien del ministerio. Visto lo anterior, vamos a partir por el punto número uno de la tabla, que dice relación con iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los Honorables Senadores señor Lagos, señora Provoste, y señores Chahuán, Saavedra y Velásquez, que modifica la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, con el objeto de fortalecer su desarrollo y sostenibilidad. Al respecto, nos acompaña, como bien dije en un principio, nuestro subsecretario.

Subsecretario Claudio Araya para compartirnos la opinión del Ejecutivo respecto a esta moción. Gracias, presidente. Un saludo a los senadores presentes. En relación a este proyecto, lo primero que debemos señalar es que como Ejecutivo compartimos lo que se pretende lograr. Entendemos que la radiodifusión comunitaria ciudadana cubre una necesidad de la población en materia de comunicación para asuntos que son locales o intrínsecos a las organizaciones que gestionan estas radiodifusoras. Sabemos que la sostenibilidad de estas radios es precaria, ya que normalmente deben financiarse a través de la colaboración de los propios asociados que dan vida a la radio, incurriendo en gastos como el pago de cuentas de luz. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad financiera es real. Hemos otorgado alrededor de 450 concesiones para radios comunitarias ciudadanas, de las cuales operan regularmente unas 250. El ímpetu inicial de esta iniciativa, que busca permitir que los vecinos se comuniquen y compartan sus noticias locales, tiende a diluirse con el tiempo debido al esfuerzo económico que implica, lo que puede llevar a su eventual declive. Por ello, entendemos que el proyecto busca reparar esta situación, aunque plantea además algunos aspectos que consideramos complejos de administrar. En nuestro análisis, el proyecto tiene cuatro ejes principales: el primero es el uso de la reserva de espectro; el segundo, los aspectos técnicos de cobertura; el tercero, la situación económica, que es donde creemos que debe concentrarse el mayor esfuerzo; y el cuarto, una transición de la situación actual a la nueva. En materia de reserva de espectro, enfrentamos un problema. Cuando se creó la ley de las radios comunitarias ciudadanas, se definió el espectro disponible en la parte superior del dial FM, y se asignaron los últimos dos megahercios en la Región Metropolitana, así como en Valparaíso y otras localidades. Desde entonces, se han otorgado más concesiones comerciales, y si se aprobara este proyecto tal como está redactado, el Estado tendría que expropiar 83 señales comerciales que actualmente tienen concesiones vigentes. Esto afectaría patrimonialmente a dichas concesiones, ya que los oyentes memorizan el dial y cualquier cambio forzado podría resultar en un daño patrimonial y en una eventual pérdida de audiencia para las radios comerciales autorizadas por el Estado. El tema de la reserva de espectro no es tan sencillo como podría parecer, ya que implica una afectación patrimonial que podría llevar a que grupos como PRISA demanden al Estado por cambios en las reglas del juego que los excluyan de ciertas zonas. Mi preocupación se centra más en las radios pequeñas que operan en localidades como Puerto Montt, Villarrica y Temuco, que apenas sobreviven con la publicidad local. Imponerles gastos adicionales por decisiones uniformes aplicadas a todas las regiones, sin considerar sus particularidades, podría resultar perjudicial. Hemos abordado el tema de la reserva de espectro de otra manera, y ya se presentó un proyecto de ley la semana pasada que ratifica la necesidad de ampliar el espectro disponible.

A las frecuencias inferiores, entre el 76 y el 88, hoy día es del 88 al 108, se le dedican esos 12 MHz, donde se priorizan precisamente para medios comunitarios. Esto tiene dos razones de ser. En primer lugar, existe una necesidad no satisfecha de medios comunitarios, por lo tanto, el entregar este dial permitirá atender esa necesidad. La segunda razón, aunque pueda parecer contraproducente, es que para las radios comerciales es preferible que no haya más radios comerciales. Actualmente hay aproximadamente 1.500 radios, de las cuales solo cinco o seis grupos funcionan económicamente bien, mientras que el resto enfrenta dificultades. Para la asociación de radiodifusores, el que haya espacio para poner 200 radios más significa que 200 irán a la quiebra. Hoy día, el equilibrio es muy precario; la publicidad se ha trasladado a otros medios y ya no está en la radio, lo que afecta su forma de financiamiento. Por lo tanto, la solución radica en que esta ampliación del espectro permita crear radios comunitarias, que no tienen el mismo marco regulatorio que una radio comercial y, por ende, pueden equilibrarse económicamente de otra forma. Respecto al uso del espectro, creemos que hay una solución de mediano plazo. Esto lo hemos conversado con los distintos gremios de la radio comunitaria en numerosas ocasiones. Actualmente, los receptores comienzan en el 88, en el 87.5, pero en general, parten del 88 hacia arriba. Por lo tanto, cuando ampliamos hacia abajo, mientras no haya una renovación de receptores, no podrán sintonizarlos, lo que sería un salvavidas de plomo. En el mediano plazo, es necesario incurrir en acciones que permitan que existan los receptores, y con ello se podrá asignar el espectro que se requiera, sin que haya escasez. En cuanto al tema técnico, hemos discutido esto conceptualmente en esta comisión. Considero que no es conveniente definir parámetros técnicos en una ley. Se está planteando un radio de cinco kilómetros. Si me ubico en Santiago y pienso en la radio comunitaria que funciona en Villa Francia, ese radio de cinco kilómetros se superpondrá con la radio La Legua, generando interferencias. Entonces, ¿por qué definir un radio de cinco kilómetros cuando hay comunidades que tienen un radio de acción menor? En la zona costera de la región de la Araucanía, hay comunidades que tienen sus radios, y esas radios no les sirve un radio de cinco kilómetros, ya que están distribuidas en más de esa distancia. Definir un parámetro de esta naturaleza en una ley se convierte en una camisa de fuerza, obligando a que las radios que hoy día están transmitiendo se ajusten a una norma que no debería ser. Para eso existen las normas técnicas, que son la aplicación de la ley, respetando siempre su espíritu. Contamos con una Contraloría que supervisa y asegura que no se excedan los límites establecidos. Por lo tanto, parece razonable que un parámetro de esta naturaleza no quede en la ley. Debería quedar escrito el espíritu de la norma, que la cobertura se relacione con la razón de ser de la organización comunitaria que levanta la radio. Posteriormente, la cobertura debería definirse mediante los parámetros técnicos correspondientes, como la densidad de potencia de 54 dBm en el anillo de cobertura, para evitar interferencias. Respecto al sustento económico, esta es una materia muy delicada. He estado en contacto con muchas organizaciones comunitarias que tienen radios, y me consta lo difícil que es para ellas sobrevivir económicamente. La recaudación de fondos, como bingos para pagar la cuenta de la luz, es cada vez más incierta. Por lo tanto, es fundamental buscar una fórmula que permita la sostenibilidad económica. Actualmente, existe un mecanismo en la ley que menciona la economía, pero no es un comercial ni una propaganda en el sentido estricto. Si se libera completamente, surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una radio comercial y una radio comunitaria?

Si no hay ninguna limitación, entonces las radios comunitarias pasarían a ser consideradas como radios comerciales, pero con obligaciones técnicas inferiores a las de estas últimas. Esto generaría una competencia por el avisaje local, dado que empresas como Coca-Cola no publicitan en radios comunitarias, y tampoco lo hacen en radios de menor alcance, como las de Puerto Montt, sino que se concentran en las grandes cadenas. Desde el punto de vista económico, parece razonable buscar una fórmula que permita sustentar la actividad de las radios comunitarias. No creo que la solución sea no aplicar ningún tipo de restricción, ya que en ese caso se difuminaría la diferencia entre una radio comercial y una comunitaria, que tiene un conjunto de obligaciones distinto. Por lo tanto, es necesario discutir con los gremios comunitarios sobre la posibilidad de establecer un límite en la facturación, de modo que las radios comunitarias no compitan directamente con las comerciales por el escaso avisaje local, lo que podría llevar a la quiebra de estas últimas. La transición dependerá de lo que finalmente se apruebe en el Congreso. Si se decide trasladar señales comerciales, es fundamental considerar quién asumirá los costos asociados, ya que no es gratuito realizar un cambio que involucra la publicidad de marca y la modificación del equipamiento necesario para transmitir en otra señal. Estas radios están operando legalmente con sus concesiones, por lo que intervenir en su funcionamiento no es trivial y debe ser cuidadosamente evaluado. Considero que este proyecto de ley debería avanzar, pero es necesario realizar correcciones. Tal como está redactado, podría generar conflictos constitucionales, dado que un concesionario tiene el derecho legítimo de utilizar su señal. Si el Estado decide retirarle ese derecho, se generará una situación de conflicto. Es crucial hacer precisiones al proyecto y ser creativos en la parte económica para garantizar la sostenibilidad de las radios comunitarias, que cumplen una función social importante. La verdad es que no me parece un buen proyecto, ya que establece un privilegio para las radios comunitarias en un mercado donde las diferencias con las radios comerciales son sutiles. Además, hay otro proyecto en discusión que busca abrir el espectro hacia la radio FM, lo cual es parte del proceso de digitalización que permite una mayor disponibilidad de la banda. Entiendo que se han mantenido conversaciones para que las radios AM puedan convertirse en FM. En relación al artículo 13, que aborda la sostenibilidad y la posibilidad de publicitar, la única diferencia con las radios comerciales es que las comunitarias no podrían participar en elecciones. Las radios comunitarias ya han accedido a fondos de comunicación social, abarcando un espacio que antes era exclusivo de las radios comerciales, y ahora también compiten con diarios y canales online. Asimismo, considero que hay aspectos técnicos que deberían ser parte del decreto que establece la zona de servicio, ya que la determinación de la potencia y el alcance debe ser realizada por un proyecto técnico y no por la ley. En consecuencia, creo que se debe tener cuidado con la redacción legal, ya que podría resultar perjudicial para la sostenibilidad económica de las radios comunitarias.

Muchas radios locales tampoco cuentan con los recursos necesarios. Existen holdings de radio importantes en el país que sí tienen una distribución nacional y podrían sostenerse, ya que son multimedios, poseen canales y diarios, entre otros. Sin embargo, las radios locales se encuentran en la misma situación. Por lo tanto, hoy día se les está introduciendo una competencia directa, determinando solamente esta excepción en relación a la publicidad política, que pueden realizar en locales comerciales o empresas. No veo la diferencia; de hecho, cuando hablo de privilegios, las radios comunitarias tienen menos requisitos, además de contar con un mantenimiento más económico, un transmisor que consume menos watts y la capacidad de operar sin enlace, únicamente con el transmisor desde su planta. Considero que este proyecto, tal como está, podría causar un daño directo, incluso a radios locales pequeñas que enfrentan dificultades para mantener un sostén económico. Gracias, presidente. ¿Alguno de los otros senadores desea hacer un comentario? Senador Castro. Dado que no se pudo discutir la semana pasada, ahora estamos debutando con esta iniciativa, que es una moción. Creo que debemos darnos un espacio para escuchar a algunos actores del sistema, ya que representamos tanto zonas rurales como urbanas. En la región de O'Higgins, por ejemplo, hay una gran cantidad de radiodifusión comunitaria con muchas necesidades y postergaciones. Si vamos a legislar, en primer lugar, me entusiasma la idea de contar con un vehículo legislativo que mejore y potencie las condiciones de la radiodifusión local; eso es algo que podemos compartir. Sin embargo, creo que esto requiere correcciones y modificaciones. Me gustaría tener una idea sobre las enmiendas que podrían mejorar la iniciativa original o las ideas que podemos compartir, pero que necesitan una mejora significativa. Sugeriría que establezcamos un plazo para invitar a expertos y, posteriormente, tomar una decisión sobre la idea de legislar, de modo que podamos tener una evaluación más precisa sobre qué aspectos son viables para aprobar o no, fundamentados en los detalles que nos proporcionen los distintos actores del sistema. Además, si el Ejecutivo tiene enmiendas o planteamientos de fondo, como mencionó el subsecretario, sería importante conocerlos, para que este proyecto de ley, si avanza, sea una mejora. Muchas gracias, presidente. Creo que es fundamental entender el rol que cumplen las radios comunitarias. Como señala el subsecretario de Telecomunicaciones, es crucial no desnaturalizar su objetivo, que está claramente definido en la ley. Represento a la región de Coquimbo, que tiene una de las mayores cantidades de localidades rurales, junto con la región de O'Higgins, que representa el senador Castro, y la región del Maule. Las radios comunitarias, por ejemplo, existen en Rehustado y en Canela, y cumplen un rol fundamental donde las radios comerciales tradicionales, muchas veces, no llegan. Es vital que ese objetivo no se desnaturalice. Lo que mencionaba el subsecretario sobre la publicidad es relevante, ya que no deben ser cooptadas por el municipio de turno con fines políticos. Esto representa una amenaza constante para el funcionamiento de las radios comunitarias, que podrían ser utilizadas como un medio de propaganda electoral. Sé que el proyecto descarta expresamente esta posibilidad. En concreto, siguiendo la sugerencia del presidente, del senador Castro y del senador Bianchi, propongo invitar a una asociación gremial que agrupe a las radios comunitarias, si existe, para poder escuchar a todos los actores involucrados.

Tema muy delicado, pero debemos pronunciarnos respecto a la idea de legislar, considerando si el Ejecutivo va a introducir indicaciones. Desde luego, invitaría también a la gremial que agrupa a las radios comunitarias. Gracias, senador Walker. Me han indicado que existen la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile, ANARCICH, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y la Asociación Gremial Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios, ANAMIC A.G. Podríamos invitarlos para la próxima sesión. Además, si algún senador tiene en mente alguna otra organización que pudiera ser de interés, puede proponerla a la Secretaría. ¿Cuál es el plazo, secretaria? Si se puede enviar alguna invitación complementaria a las que hemos verbalizado, sería ideal. Agradecemos la opinión del Ejecutivo. Hoy concluimos que, para poder votar en general el proyecto, hace falta una revisión adicional. Agradecemos los acentos que se hicieron, ya que nos permiten tomar atención en aquello y legislar de buena forma una potencial iniciativa como esta. Muchas gracias, subsecretario. Pasando al punto dos de la tabla de hoy, nos acompaña el presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, CONTTRAMEN, señor Eduardo Castillo, para exponer desde su perspectiva la realidad y la crisis del taxi colectivo a nivel nacional. Entiendo que se ha sumado don Felipe González, coordinador legislativo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en representación del Ministro Juan Carlos Muñoz. Don Eduardo, tiene la palabra. Muy buenos días, estimado presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores e integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, así como a los invitados presentes. Me acompaña en esta oportunidad don Alejandro Díaz, nuestro vicepresidente en la región del Bío Bío, y don Alejandro Pinuer, nuestro vicepresidente en la región de Los Ríos. Primero, agradezco enormemente la posibilidad de que hoy podamos volver a tocar el tema de los taxis colectivos. Esto lo hemos hecho recurrentemente en la honorable Comisión del Senado, pero lamentablemente no hemos tenido el eco suficiente a nivel del Ejecutivo. Quiero recordar que los parlamentarios han reconocido constantemente la importancia de este servicio. Agradezco el apoyo recibido por la ley de cierre del parque, recientemente publicada el 13 de noviembre del año 2025, que se inició en moción de la gran mayoría de los parlamentarios que están en la comisión. El servicio de taxi colectivo constituye, desde mediados del siglo pasado, un elemento esencial en la movilidad de nuestro país. Su desarrollo permitió ampliar la cobertura del transporte público hacia sectores periféricos, comunas intermedias y zonas rurales, que de otra manera habrían permanecido aisladas de los principales polos urbanos, laborales y de servicios. Durante décadas, este servicio ha significado una solución accesible, flexible y cercana para millones de chilenos y chilenas. Lamentablemente, lo que comparten transversalmente todos los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, es la preocupación por la situación actual de este servicio.