En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 92 se declara aprobada. El acta de la sesión 93 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Buen día para todos los diputados y diputadas. La cuenta corresponde a la sesión de Sala número 103, celebrada el 16 de diciembre. Se han recibido oficios de su excelencia el Presidente de la República, por los cuales se hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos: el que modifica la ley N° 19.928 sobre fomento de la música chilena, en materia de autorización de eventos masivos; el que regula la extracción de áridos; y el proyecto que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional.
Asimismo, se comunica que el Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto iniciado en moción que regula la extracción de áridos.
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto iniciado en moción con urgencia suma, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Este proyecto ha sido iniciado en moción por los diputados señores Giordano, Brito, Celis, Mirosivich e Izaes, y por la diputada señora Arce, Medina, Mix, Rojas y Schneider.
Además, se presenta un proyecto que modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para establecer como principio inspirador del sistema educativo la conciencia sobre el respeto animal, iniciado en moción por las diputadas señoras Osandón, Cordero Morales, doña Carla y Rafael, y los diputados señores Castro y Celis. También se discute un proyecto que modifica el Código del Trabajo en lo tocante a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual. Finalmente, se presenta un proyecto iniciado en moción por las diputadas señoras Santibáñez, Molina y Muñoz, y del diputado señor Rosas, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de proteína animal procesada.
Esa es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente.
Diputado Moreno, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Quería pedirle que el proyecto número 7 pase a la Comisión de Agricultura. ¿Habría acuerdo a la solicitud del diputado Moreno? No hay acuerdo. Vamos a proceder a votar la solicitud del diputado Moreno de que el proyecto número 7 pase a la Comisión de Agricultura. En votación.
¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación: por la afirmativa, 40 votos, 33 en contra, una abstención. Aprobado.
A solicitud del diputado Enrique Lee, la Sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don José Manríquez Contreras, periodista y comunicador chileno, con una destacada trayectoria de más de 40 años. Fue fundador y director de Arica TV y recibió en el año 2018 el Premio a la Trayectoria otorgado por el Colegio de Periodistas de Chile.
Asimismo, a solicitud de los diputados Felipe Donoso y Johannes Kaiser, la sala hará extensivo este minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Pablo Rodríguez Grez, destacado abogado y académico de la Universidad de Chile. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes en la tribuna.
Muchas gracias, estimados colegas. Iniciando el orden del día, corresponde reglamento. Diputado Olivera, del reglamento. Gracias, presidente. Hoy tenemos en el tercer punto de la tabla el proyecto que modifica la ley N° 18.290 y otros cuerpos legales relacionados con la conducción de vehículos, así como las exigencias que se establecen para aquellas personas que tienen alguna enfermedad y están bajo tratamiento para la conducción. El Senado, presidente, realizó solo una indicación a este proyecto, que se encuentra en su último trámite. Hoy nos acompaña la familia de Jacinta, conocido como la Ley Jacinta, que ya fue aprobada en esta sala. Solicito a esta sala que podamos votar este proyecto hoy, ojalá sin discusión, ya que se trata solo de una indicación que pueden revisar en la pantalla. Espero que este proyecto pueda ser despachado hoy, presidente. Muchas gracias. Pido el acuerdo a la sala. No hay inscritos aún en este proyecto, y si les parece, podríamos cerrar el debate y proceder a votar. ¿Hay acuerdo respecto a eso? Acordado.
Ahora, iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley N° 21.450, con el objeto de prorrogar la vigencia de la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional, correspondiente al boletín N° 17780-14. Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo el diputado Cristian Maturana. Nos han solicitado la autorización de la sala para el ingreso de la subsecretaria de Vivienda, doña Gabriela Elgueta. ¿Hay acuerdo? Acordado.
Honorable Cámara, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales pasa a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.450, con el objeto de prorrogar la vigencia de la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. La idea matriz de esta iniciativa consiste en prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 el régimen normativo excepcional establecido en el artículo 4° de la ley N° 21.450, que aprueba la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana y el plan de emergencia habitacional. El texto aprobado por el Senado y por la Comisión de Vivienda, sin modificaciones, consta de un artículo único y de una disposición transitoria. El artículo único modifica la ley N° 21.450 introduciendo los siguientes tres ajustes.
Extiende hasta el 31 de diciembre del 2029 la vigencia del régimen normativo excepcional contemplado en la normativa. Amplía la vigencia del instrumento establecido en el literal C del artículo 1, relacionado con la planificación y gestión de suelo, durante todo el período de la vigencia de la ley, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2029. Se agrega que la coordinación institucional para la implementación del Plan Habitacional, prevista en el artículo 13, podrá ser realizada por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio.
El artículo transitorio establece que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá remitir cada tres meses un informe a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y de la Cámara de Diputados sobre la ejecución anual del Plan de Emergencia Habitacional, identificando región por región cuántas viviendas han sido terminadas, cuántas se encuentran en construcción y cuál ha sido el gasto presupuestario ejecutado.
Durante este debate, la subsecretaria de la cartera explicó que esta propuesta pretendía extender la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional, en razón de que se trataba de una política pública prioritaria para el Estado, cuya importancia radicaba en que permitía agilizar la gestión de suelos por medio de un régimen normativo excepcional y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales con alto impacto urbano y social para enfrentar el déficit habitacional que afecta al país. Recalcó la necesidad de prorrogar la vigencia, debido a que el régimen expira el 31 de diciembre del 2025.
Los parlamentarios expresaron preocupación respecto del financiamiento suficiente para materializar los proyectos, especialmente en regiones como Aysén, donde existen proyectos detenidos por falta de recursos. La representante del Ministerio confirmó que el Plan de Emergencia Habitacional contaba con financiamiento para dar continuidad a su ejecución, informando un 91% de avance nacional de la meta propuesta y 100% en la región de Aysén. Asimismo, agregó que el 88% del presupuesto de la cartera estaba destinado a la construcción de viviendas. Algunos diputados observaron que en la región de Aysén la demanda habitacional sobrepasaba las 4.000 viviendas, mientras que la meta local del Plan de Emergencia Habitacional era de 599 unidades habitacionales.
Luego de este debate, la Comisión, coincidiendo con los propósitos perseguidos por la iniciativa, especialmente con la necesidad de prorrogar el régimen normativo excepcional para facilitar la planificación urbana, la gestión de suelo y la implementación del Plan de Emergencia Habitacional, aprobó la idea de legislar por unanimidad, con los votos de las diputadas Danisa Astudillo, Karin Medina, Emilia Nuyado y Marcia Rafael, y de los diputados Cristian Araya, Fernando Bórquez, Jorge Saffirio, Héctor Ulloa y quien habla.
La Comisión no introdujo modificaciones al texto remitido por el Senado, siendo los principales temas tratados: 1. La prórroga de la vigencia del régimen normativo hasta el 2029, lo que permitiría continuar utilizando todas las facultades y mecanismos excepcionales de la ley; 2. Incorporar la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio en la coordinación institucional del Plan. Se destacó que el informe trimestral que debería remitir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ante la Comisión de Vivienda del Congreso aseguraría transparencia y un seguimiento permanente del avance del plan. Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad.
Por los argumentos y las razones señaladas, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley en la forma propuesta en el texto del informe. Es todo cuanto puedo informar a USÍA. Gracias. Muchas gracias, diputado Matzinson, y para iniciar el debate ofrezco la palabra a la diputada.
Ana María Gasmuri.
Señor Presidente, en mayo de 2022 se promulgó la ley que estableció el Plan de Emergencia Habitacional con un objetivo claro: agilizar la gestión de suelo y acelerar la construcción de viviendas sociales frente a una crisis que ya era insostenible. Gracias a este marco excepcional, hoy podemos decir que se han avanzado en un 91% de la meta de 260.000 viviendas sociales. Este dato no es menor; demuestra que cuando el Estado se dota de herramientas adecuadas, los resultados llegan. Sin embargo, sería irresponsable confundir avance con solución definitiva. El rezago económico que dejó la pandemia, la especulación del suelo, el alza sostenida del valor de la vivienda y las altas tasas de los créditos hipotecarios siguen excluyendo a la mayoría de las familias del acceso a un techo digno. El déficit habitacional continúa afectando a más de 600.000 familias en nuestro país. Por tanto, seguimos estando en emergencia, especialmente en comunas vulnerables como Puente Alto, La Pintana o La Florida, donde hemos acompañado a quienes residen en campamentos mientras mantienen el sueño de la casa propia.
Por ello, prorrogar el régimen excepcional hasta fines de 2029 no es un capricho, es una necesidad. Es la única forma de consolidar los avances logrados, de mantener instrumentos que han demostrado eficacia y de permitir que sus mecanismos se desarrollen plenamente durante su implementación. La falta de vivienda no ha sido una crisis pasajera; ha sido una emergencia permanente. Y si la emergencia es permanente, entonces el Plan de Emergencia Habitacional debe transformarse en una política permanente de Estado. A las políticas ya impulsadas, como el Banco de Suelo y el subsidio a la tasa hipotecaria, combinado con la garantía estatal FOGAES, que permite rebajas de hasta un 1% en la tasa de interés, debemos sumar un esfuerzo mayor.
Es fundamental fortalecer la coordinación entre el sector público y privado, potenciar el rol del sector comunitario, trabajar junto a las organizaciones sociales, promover cooperativas de vivienda y ampliar los criterios de adquisición de terrenos para que al término del plan todas las regiones alcancen el 100% de avance en vivienda social. En este contexto, la expropiación de parte de la toma de San Antonio no solo es legal, es legítima. La ley lo permite porque aquí se protege un bien social superior al bien particular: el derecho a la vivienda. Es una herramienta que permite una salida política y pacífica a los fallos judiciales, lejos de respuestas represivas y contrarias a los derechos humanos. La problemática habitacional no es una falla individual; es una consecuencia estructural de la especulación del suelo y del modelo económico. Si la emergencia es permanente, las soluciones también deben serlo. La adquisición de terrenos para vivienda social no puede seguir siendo excepcional; debe transformarse en una política estructural frente a la especulación privada. Esa es la responsabilidad que hoy nos convoca y lo que nos lleva a votar a favor de este importante proyecto el día de hoy. Muchas gracias, he dicho.
Muchas gracias, diputada Gasmuri. Diputado Otuiti Teao tiene la palabra.
Iorana, muchas gracias, Presidente. Cuando hablamos de crisis habitacional no hablamos solo de cifras; hablamos de dignidad pisoteada, de sueños postergados y de una herida social que sigue abierta, especialmente en regiones como Valparaíso, donde miles de familias, tras el mega incendio, aún viven en la incertidumbre, hacinadas en soluciones provisionales después de casi dos años. En realidad, no es solo una emergencia, es un síntoma de un problema estructural. Por un lado, familias que perdieron todo y esperan una reconstrucción que no llega al ritmo prometido. Por otro lado, la clase media trabajadora que no califica para subsidios, pero para la que el crédito hipotecario es inalcanzable debido a los altísimos requisitos de ahorro previo. El sueño de la casa propia se convierte en una carrera cuesta arriba.
Frente a esto, prorrogar el Plan de Emergencia Habitacional, cuya vigencia vence el 31 de diciembre, no solo es necesario, es un deber moral del Estado. La emergencia no ha terminado, y retirar ahora estas herramientas sería abandonar a miles de personas y familias en el peor momento. Pero debo ser claro: apoyar esta prórroga no es un cheque en blanco. Acompañar este voto exige un compromiso firme con tres mejoras concretas, Presidente. Primero, una administración rigurosa y transparente de los recursos. No podemos permitir que los fondos se diluyan en burocracias o en una ejecución lenta. Cada peso debe traducirse en metros cuadrados construidos y en familias reasentadas.
Segundo, Presidente, una coordinación interministerial real. La vivienda no es solo un techo; es acceso a la salud, transporte, educación, a espacios públicos, a vías de evacuación, tanto peatonales como de tránsito. Este plan debe articularse con el Ministerio de Obras Públicas, de Transportes y de Desarrollo Social para construir barrios integrados, no guetos. Y tercero, Presidente, y esto es fundamental, debemos usar estos cinco años de prórroga para...
Impulsar reformas de fondo. La ley de gestión de suelo es clave en este proceso. Debemos usarla para liberar terrenos bien localizados, bajar los costos de la vivienda y priorizar proyectos de integración social real. Además, urge crear mecanismos innovadores de acceso al crédito para la clase media, como garantías estatales o fondos de pie, porque una política habitacional que deja fuera a quienes trabajan y ahorran está incompleta.
Colegas diputados, este voto a favor es un voto por no dejar a nadie atrás, es un voto por la reconstrucción de Valparaíso y por la esperanza de miles de familias. También es un compromiso para que esta prórroga sea el impulso definitivo hacia una política de vivienda digna, permanente e integradora. He dicho, presidente.
Gracias, presidente. El plan de emergencia habitacional ha sido, por lejos, el mayor intento desde el retorno de la democracia para solucionar el drama que aqueja a cientos de miles de familias en Chile por la falta de vivienda. La meta de 260.000 viviendas construidas es un tremendo inicio, pero este no puede ser el punto final de una política que yo espero que se convierta en una política de Estado y no de gobierno.
El proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y que vamos a votar es sencillo: prorrogar por cuatro años el plan de emergencia. Así de simple y de fácil. Pero esto tiene implicancias que van mucho más allá de la simple modificación legal que estamos realizando. Prorrogar por cuatro años implica destinar recursos importantes en la compra de terrenos para viviendas de interés público. Implica contar con herramientas legales para modificar la normativa y adecuarla para que los proyectos de vivienda sean viables. Implica generar soluciones habitacionales en lugares que estén consolidados urbanísticamente y no aislados o con falta de servicios, como se hizo lamentablemente en épocas anteriores.
Implica que la institucionalidad de vivienda se enfoque en solucionar de manera oportuna los problemas que la burocracia muchas veces hace esperar por demasiados años a las familias que postulan a los subsidios. También permite que el Estado actúe de manera creativa y no con una sola respuesta para todos, en ayuda de las familias allegadas que viven en campamentos. Los dramas que vive cada una de las comunidades que no tienen casa propia no pueden ser respondidos o medidos con una sola vara. Es por eso que el plan de emergencia ha demostrado ser una herramienta eficaz al momento de solucionar esta gran dolencia, implementando pequeños condominios, vivienda industrializada y la erradicación de campamentos, acelerando también todos estos programas que muchas veces hacen que las familias esperen décadas por una solución habitacional definitiva, lo cual es total y absolutamente inaceptable.
Yo hago un llamado a este Congreso a aprobar, ojalá por unanimidad, este importante proyecto de ley, que sabemos que permitirá dar una respuesta a miles de familias que están esperando por años o décadas por una vivienda para poder desarrollarse junto a sus familias. Este es un paso firme para crear una política habitacional que sea del Estado y no de un gobierno en particular. Estos grandes desafíos tenemos que enfrentarlos como un cuerpo unido y no como una política aislada del ciclo político que nos va tocando enfrentar.
Con esto, no solo proyectamos una solución para el Chile de hoy, sino que también ponemos la atención en el Chile de 20 años, si realmente hacemos de esto una política de Estado. Por eso está muy bien esta prórroga del plan de emergencia habitacional por cuatro años, pero esperamos que se convierta en una política permanente en nuestro país, en nuestro Estado. Muchas gracias, he dicho.
Muchas gracias, diputado. Diputado Lilayú, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Este apoyo que voy a hacer a este proyecto es importante porque extender el plan de emergencia hasta el 2029 es una herramienta necesaria. La crisis es demasiado grande; más de un millón de viviendas faltan. Pero no nos confundamos, agilizar trámites es un medio, no un fin. El fin es la dignidad. Lo sé porque he recorrido campamentos con dirigentes como Lucinda Jaramillo y Mónica Vázquez de Osorno. Ellas no me piden solo una casa, me piden un barrio, un lugar con vereda, una plaza, un consultorio cerca. Me piden integración, no segregación. Por eso, al apoyar esta extensión, hago un llamado urgente a que esta mayor coordinación interministerial con reuniones en Santiago se traduzca en acciones concretas en nuestra región de Los Lagos, en terreno.
Bien ubicado, llega al mismo tiempo que las viviendas. No podemos, con la excusa de la emergencia, repetir los errores del pasado, construir guetos en la periferia que condenan a las familias a la pobreza de tiempo y oportunidades. Señor Presidente, apoyamos esta prórroga; es una herramienta útil, pero el compromiso debe ser más profundo. Debemos construir comunidades, no solo casas, tejer redes de apoyo, no solo calles, y garantizar dignidad. Para Osorno y para Chile, trabajemos por esa vivienda integral, donde cada familia tenga por fin un lugar donde asentarse. Muchas gracias, diputado.
Diputada Daniela Serrano tiene la palabra. Más de seiscientas mil familias viven hoy sin una solución digna, ya sea en hacinamientos o en arriendos inestables. Esta realidad no es coyuntural ni es producto de una contingencia reciente; hablamos del resultado acumulado de especulación inmobiliaria y de una política habitacional que, muchas veces por ser deficiente, ha dañado a comunidades completas. La ley que hoy se propone prorrogar nació precisamente para enfrentar la crisis habitacional prevista en la ley N° 21.450, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre de 2025. Ha generado expectación entre miles de pobladores y pobladoras, quienes han visto en el plan de emergencia habitacional una respuesta a los problemas que enfrentan. Muchos colegas aquí han hablado de la importancia de buscar una solución habitacional, de construir donde la periferia no siga castigando a los más pobres de este país. Sin duda, esta es una herramienta que no se puede transformar en una mayor burocracia.
Quiero hacer un punto claro: el plan de emergencia habitacional no es solo una herramienta, sino que debe ser una política de Estado, no de turno. Debe haber un compromiso, sobre todo con el próximo Presidente de este país, para dar solución habitacional. Esta prórroga debe ser vista como una señal de certidumbre para aquellos pobladores y pobladoras que estaban preocupados por las elecciones. Es una herramienta para que nadie diga que no existía con qué construir en este país. Muchas gracias, Presidente.
Diputado Enrique Lee tiene la palabra. Gracias, Presidente. Primero que todo, quiero expresar que voy a votar a favor de este proyecto, pero debo hacer una mención sobre mi región. El plan de emergencia habitacional no ha funcionado; es probablemente uno de los que ha tenido más fracasos. En mi región, la política habitacional ha fracasado en los últimos años. Este jueves, la Comisión de Vivienda de esta corporación va a sesionar en Arica, donde los beneficiarios están siendo desalojados y despojados de sus subsidios en un proceso indebido e injusto. Además, las viviendas entregadas han sido de mala calidad, sin considerar que el terreno salino del norte es totalmente distinto al del resto del país, pero se han utilizado las mismas características y estándares. También debo señalar que la tasa de cumplimiento en mi región es de las más bajas, y solicito a la subsecretaria que preste atención para ver si en estas últimas semanas de gobierno se puede revertir esta situación. Muchas gracias.
Diputado Félix González tiene la palabra. Presidente, tenemos un desafío como país. Espero que el cambio de gobierno no altere esta necesidad.
De juntarnos, de unirnos todos para ver cómo se resuelve. Quiero hablar de campamentos, y específicamente del mes pasado en el sector Michaihue, en San Pedro de la Paz, donde se produjeron varios desalojos y una toma. Lo hicieron de una manera decepcionante; estoy realmente decepcionado del delegado presidencial y del Ministerio de Vivienda. A la gente se le hizo una especie de encerrona, no se les dio un ultimátum, ni la posibilidad de irse solos. El objetivo de un desalojo es que la gente se vaya, no destruir sus viviendas. Algunos se fueron a otras tomas y hay cerca de cinco o seis familias que no tienen opciones.
Hay una señora con discapacidad que se llama Rebeca, que tiene ahorros, pero no tiene otra opción. Existe un compromiso del presidente Boric de que terminar con los campamentos significa dar soluciones, pero la realidad en mi región es otra. Quieren acabar con los campamentos utilizando retroexcavadoras, destruyendo. El Ministerio de Vivienda, en vez de construir viviendas, destruye. A mí me parece inaceptable. Hay otra señora en silla de ruedas que está en la misma calle donde se realiza la feria de Michaihue. Tiene tres perritos y está con su pareja; vivía en un edificio y ahora está en la calle. ¡Vayan a verla! No puede ir el ministro solamente a cortar cintas. El delegado presidencial debería ir a hablar con ella. Lleva un mes a la intemperie.
La Seremi de Vivienda es un cargo político, no técnico. Vayan a conversar con la gente. Ni el alcalde ni el delegado han ido a conversar; han mandado a una funcionaria. Queremos terminar con los campamentos, pero no se hace con una retroexcavadora. En este país, que ha hecho de la meritocracia una ideología, no se debe saltar la fila, pero hay personas que ni siquiera pueden estar en la fila. Esa gente con discapacidad que está en la calle, a la intemperie, debiera estar primero en la fila.
Gracias, Presidente.
Antes de ofrecer la palabra, quiero dar la bienvenida a un club de adultos mayores de la región de Valparaíso, invitados por el diputado Luis Cuello. Bienvenidos a la Cámara de Diputados y Diputadas, estimados amigos. También quiero saludar a una delegación del Liceo de San Pedro, de la comuna de San Pedro de la Paz, compuesta por alumnos de primero a tercero medio. Bienvenidos, estimados estudiantes.
A continuación, ofrezco la palabra al diputado Jorge Saffirio.
Gracias, Presidente.
Señor Presidente, el déficit habitacional en nuestro país es un hecho. Nadie puede negar la necesidad de miles de familias de tener un hogar y el desafío que significa para muchas de ellas poder optar a créditos o adjudicarse un subsidio habitacional. Las comunas más humildes de nuestros distritos son las que muchas veces quedan más relegadas al desarrollo de nuevas iniciativas de vivienda, promoviendo a las capitales provinciales y grandes urbes, vaciando nuestras comunas rurales y separando a las familias.
Iniciativas como las gestadas en virtud de la Ley de Integración Social y Planificación, que hoy nos piden prorrogar, son necesarias para que las personas no sean trasladadas de una comuna a otra al momento de obtener una vivienda. Además, permiten que la elaboración y desarrollo de estos proyectos habitacionales posea factores de diversificación social, generando una comunidad más plural y comprometida con su espacio y sector.
Esta prórroga también significa que la coordinación interministerial para la adquisición de terrenos se prorrogue y permita a familias de comunas como Purén, Victoria, Angol o Ercilla cumplir el sueño de la casa propia. Colegas, por su intermedio, Presidente, una vivienda es el pilar de una familia, el espacio donde se puede formar un hogar, criar a los hijos y mejorar la calidad de vida. Por eso, este proyecto de prórroga es tan importante. Es relevante porque en cada hogar, en cada mejora y en cada familia, en un comité de vivienda, está la esperanza.
Eres el hombre más humilde de nuestro país. Por ello y por el sentido humano que tiene este proyecto de mejorar la vida de las personas, agradezco al presidente. Muchas gracias, diputado Zafiro. Quiero volver a reiterar el saludo a la delegación del diputado Félix González y saludar a su profesora Denise Salazar, así como a la delegación compuesta por Dailan Moena, Livia Arenas, Isidora Sepúlveda, Millaray Reyes y Emily Navarrete. Bienvenidos nuevamente.
Diputado Renzo Trisotti tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional porque es una herramienta necesaria y porque las familias no pueden seguir esperando. Sin embargo, esta prórroga no garantiza los resultados esperados si consideramos el retraso y la realidad habitacional. Votar a favor no significa guardar silencio frente a la mala gestión. En regiones como Tarapacá, el problema no es la falta de leyes, ni de recursos, ni de facultades; el problema es la lentitud, la desidia y la falta de decisión política del Ministerio de Vivienda y, en muchos casos, del Ministerio de Hacienda.
Tenemos todo para avanzar y, aun así, los proyectos no se concretan. Ahí está, por ejemplo, el caso del campamento La Protesta en Alto Hospicio. Existe una permuta pendiente entre el SERVIU y el municipio que permitiría destrabar una solución habitacional. Los antecedentes están, la voluntad local está, pero el proyecto sigue detenido en el escritorio del ministerio. Otro caso es el proyecto Pampa Sur, ya calificado condicionalmente con 600 familias que cumplen los requisitos y que llevan mucho tiempo esperando la asignación efectiva de sus subsidios. No hay una explicación técnica para esta demora, solo falta de gestión.
También tenemos el proyecto Los Verdes, que beneficiaría a 600 familias y que requiere la aprobación del SEREMI de Vivienda de la Región de Tarapacá para la eximición de los requisitos de localización. Es una decisión administrativa urgente que no llega, pese a que el cierre del proceso de postulación vence en dos días más. Mientras tanto, las familias siguen viviendo en condiciones indignas. No puedo dejar de mencionar la grave situación de los socavones de Alto Hospicio. Cientos de familias quedaron fuera de los proyectos la semana pasada, donde se cambian procedimientos y donde Santiago no entiende la realidad de Alto Hospicio. Solo hay trabas burocráticas que incrementan el drama de miles de vecinos frente a nulos avances en esta reconstrucción.
Por otro lado, no se concretan los subsidios de arriendo, lo que genera plazos eternos y una afectación inhumana a cientos de personas, muchas de ellas adultos mayores o enfermos terminales. El desastre no solo continúa, sino que se agrava día a día, y eso lo deben saber el ministro y usted, subsecretaria, por su intermedio, presidente, para exigir acción a sus autoridades regionales de Tarapacá. Entonces, seamos claros: el problema no es la falta de ley, el problema es la falta de gestión.
Desde Tarapacá, voy a presionar por estos próximos 85 días que quedan de gobierno, donde vamos a llamar las veces que sea necesario, donde vamos a visitar las oficinas las veces que se requiera, donde vamos a acompañar a los vecinos. Vamos a votar a favor de esta prórroga como una política de Estado, pero también exigimos gestión, urgencia y resultados en estos 85 días que les quedan. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Trisotti. Diputado Barrios tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero saludar a la señora subsecretaria presente en este hemiciclo. Esta prórroga es absolutamente necesaria y trascendental. Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2029 garantiza continuidad en la política de integración social y el Plan de Emergencia Habitacional. Se habilita la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio para coordinar la gestión, fortaleciendo la articulación entre ministerios y regiones. Se exige reportar, en el ámbito de transparencia y seguimiento, las viviendas terminadas en construcción y el gasto presupuestario, reforzando la fiscalización y la confianza pública en la política habitacional.
En relación a la duración de los instrumentos, se asegura que los instrumentos creados bajo la ley mantengan vigencia durante todo el período de ampliación, evitando vacíos normativos. Por último, se incorpora un mecanismo no menor de rendición de cuentas al Congreso, con información detallada por región sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional. La aprobación de la prórroga, insisto, es trascendental. De no aprobarse, las consecuencias serán graves.
Serían inmediatas y de alcance operativo y estratégico. En lo operativo, caducarían las facultades y el procedimiento excepcional que han permitido, por ejemplo, la habilitación normativa de terrenos, la prestación de informes por revisores independientes, la reducción de plazos en trámites sectoriales y la posibilidad de que Serviu ejecute obras directamente o adquiera suelos con reglas especiales. La pérdida de estas herramientas podría traducirse en la paralización o ralentización de proyectos en ejecución, demoras en la entrega de viviendas comprometidas y en la reactivación de nuevos créditos que hoy se resuelven mediante coordinación interministerial. Además, la no prórroga podría agravar problemas financieros y de confianza. Operadores privados y organizaciones sociales que participan en proyectos podrían enfrentar incertidumbre sobre la continuidad de reglas, financiamiento y mecanismos de apoyo, lo que a su vez podría reducir la inversión y la oferta de vivienda. En síntesis, la prórroga propuesta busca dar continuidad a un conjunto de herramientas excepcionales que han demostrado utilidad para acelerar la producción de viviendas y gestionar suelo público. Su no aprobación implicaría la pérdida de instrumentos operativos clave, mayor incertidumbre para proyectos en curso y un retroceso en la capacidad estatal para enfrentar la emergencia habitacional con la rapidez y coordinación que exige la magnitud del déficit. La expiración del régimen limitaría la capacidad del Estado para mantener el banco de suelo público. He dicho, señor presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Barrios. Diputado Matías Ramírez tiene la palabra.
Gracias, presidente. En Chile, la emergencia habitacional no es una excepción, es la regla, y lo ha sido por décadas. Hoy discutimos la prórroga de una ley que permitía avanzar, por fin, en enfrentar esa emergencia con herramientas concretas: gestión de suelo, coordinación interministerial y uso efectivo del presupuesto. Desde ya decimos que vamos a aprobar esta prórroga. Pero también quiero decir con claridad que lo que estamos prorrogando no puede seguir siendo una cuestión excepcional. Porque si hay 600.000 familias sin casa, si hay trabajadores que ganan el sueldo mínimo y viven en piezas arrendadas, si hay madres que crían a sus hijos en campamentos, entonces no estamos ante una emergencia transitoria, estamos frente a un modelo que fracasó. ¿Cómo le explicamos a una familia que lleva años esperando una vivienda que el plan puede ayudarla y tiene fecha de vencimiento? Eso no es razonable y no es justo. El plan de emergencia habitacional, que ha permitido levantar más de 230.000 viviendas en plena crisis económica, no puede seguir dependiendo de un artículo transitorio. Debe ser una política pública permanente, con herramientas legales y financieras estables, con planificación urbana de largo plazo, con expropiación cuando sea necesario y con el Estado liderando el uso de suelo.
¿Qué hacemos cuando el derecho a la vivienda choca con la propiedad privada especulativa? ¿De qué lado se pone el Estado? En el caso de San Antonio, lo grafica bien: la ley permite expropiar terrenos para fines sociales. Lo mismo podría ocurrir en Alto Hospicio, donde miles de familias sufren día a día con el terror de un desalojo. Usar esa herramienta no es extremismo, es hacer valer el bien común por sobre el lucro inmobiliario. Es aplicar la ley desde una mirada política y no represiva. Cuando el Estado se arrodilla ante el mercado, lo que se consolida no es el derecho a vivir, sino el derecho de unos pocos a acumular metros cuadrados vacíos mientras el pueblo duerme en carpas. Y esto, presidente, es más importante que nunca decirlo. Debemos avanzar hacia el derecho a la vivienda digna, porque el derecho a la vivienda no se construye con eslóganes ni con mano dura. Se construye con políticas públicas, suelo urbano y dignidad para quienes lo necesitan. Si la emergencia habitacional es permanente, entonces nuestras soluciones también deben ser permanentes. En Tarapacá, el plan de emergencia habitacional ha permitido hasta la fecha entregar 5.420 viviendas, tener 4.555 en ejecución y 1.780 en proceso de inicio. Además, en nuestra región debemos resolver una anomalía que permite que hoy cientos de hectáreas en desuso se encuentren en manos de las Fuerzas Armadas y que éstas operen como verdaderas agencias inmobiliarias. Y eso implica cambiar el foco, de subsidiar la demanda a controlar la oferta, de depender del mercado a fortalecer lo público y lo comunitario. Por eso aprobamos esta prórroga, pero también exigimos avanzar en transformaciones estructurales que no dependan del gobierno de turno, sino del compromiso real con un derecho humano básico: el derecho a tener una casa para vivir. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputada Gael Yeomans tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, primero, antes de hablar sobre el plan de emergencia habitacional, quisiera traer a colación la vida de personas que han cambiado por tener el derecho tan básico de tener una...