Cámara de Diputados - Hacienda - 16 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, nos dará lectura a la cuenta. Los documentos han llegado a la cuenta para el día de hoy. Se informa el reemplazo del diputado Jaime Sáez, quien reemplaza a la diputada Cidalia del Yoma. Asimismo, hay una excusa del Ministro de Hacienda, don Nicolás Grau, por un compromiso impostergable. Respecto a las urgencias, se encuentra en tabla el proyecto que fortalece la gestión educativa, mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública. Este proyecto ya fue despachado y se aprobó el protocolo de libre comercio entre los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Chile. También se presenta una urgencia calificada de simple para el proyecto que establece la eliminación de los cobros que realizan las ISAPRES a las mujeres por concepto de fertilidad. Adicionalmente, ha llegado un informe de la Comisión de Constitución, recaído en el proyecto que se inició en moción, con urgencia suma, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Por último, se ha recibido una carta de la Agrupación de Comerciantes Ambulantes de La Unión. Esta es una reiteración de una solicitud presentada el 25 de noviembre, en la que se consulta sobre la posibilidad de respuesta a la revisión de lo que les ha señalado la norma en relación con el Servicio de Impuestos Internos. Este servicio les obliga a iniciar actividades tributarias, emitir boletas electrónicas y llevar contabilidad mensual, lo cual resulta inviable para su realidad económica y social. Muchos de sus socios son adultos mayores, no manejan la tecnología y temen perder su pensión al iniciar actividades. Además, se suma el costo de contratar un contador. Por lo tanto, solicitan respetuosamente evaluar un régimen tributario específico para el comercio ambulante autorizado.

Promover una adecuación legal que considere permiso municipal por parte de un tributo único o régimen especial, todo esto en un régimen simplificado opcional, al igual que en el caso de pequeños agricultores o feriantes. Esta es la segunda vez que lo solicita el presidente; no se emitió una respuesta, por lo que debería enviarse desde el Ejecutivo, dado que es una resolución del mismo. Muy bien, ¿algo sobre la cuenta? No. ¿Algún varios? Diputado Yenke. Gracias, estimado presidente. A todas y a todos, muy buenas tardes. Hay un hecho, presidente, que fue gravísimo y que tiene que ver con las muertes ocurridas en el Parque Nacional Torres del Paine. En los últimos días y semanas ha habido un efecto muy negativo, ya que, producto de la investigación que demandó esa lamentable tragedia, se cerraron algunas áreas del parque con las consecuencias que todos podemos imaginar. Sin embargo, hay un hecho gravísimo en lo económico que quiero denunciar a esta comisión, relacionado con la ineficiente respuesta por parte de la DIPRES. Todos los años, al parque se le solicita del orden de 12 mil millones de pesos, pero se le entrega para su administración alrededor de 800 millones, cuando el requerimiento permanente es de más de 1.300 millones. Este año no ha sido la excepción, lo que implica que la administración regional no pueda contratar más guardaparques. Si contratan, les es imposible, ya que deben pagar más y contratar menos. Bajo toda lógica, esto fuerza a que el sistema sea tremendamente ineficiente en el Parque Nacional Torres del Paine. Además, presidente, como todos los años se reajustan los precios, la DIPRES recién respondió hace un mes, lo que trajo como consecuencia un incremento a más del triple del valor de lo que ya todas las empresas y el sistema habían negociado. Este tema de turismo se negocia un año antes, y es más o menos lo que se logra cerrar en paquetes de turistas, que son más de 400.000. Estoy oficiando, presidente, pero quiero que, además, por su intermedio, la DIPRES responda a este punto que estoy planteando. Hay consecuencias graves, y lo que quiero pedir es que se revierta, o al menos se congele, este incremento que es demasiado sustantivo para el próximo periodo, ya que trae consecuencias negativas para todo el negocio que se armó un año antes. Ahora se nos informa que, a partir del próximo mes, se incrementan más del triple los valores de visitas al Parque Nacional Torres del Paine, que igual deberán cumplir con los 12 mil millones que se les exige. Este parque financia más del 90% del resto de las áreas de Chile, lo que es muy significativo. Por ello, pido que, dado que el error o la ineficiencia provino de la tardía respuesta de la DIPRES, se considere no aplicar de manera inmediata estos incrementos groseros, ya que toda la logística y lo relacionado con el turismo en esa importante área del territorio nacional ya están conformados. Solicito que esto pueda resarcirse y que se dé una respuesta inmediata, porque los plazos son muy ajustados. Le pido urgencia a esta tramitación, presidente. ¿Le parece entonces que mandemos el oficio? A petición del diputado. ¿Algo más, algún otro vario? No. Entonces, pasaremos a la orden del día, que tiene por objeto recibir las respuestas pendientes de la sesión pasada por parte de...

El Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo Astorga, bienvenido, Ministro. Como asimismo, recibimos las audiencias que a continuación se indican, en caso de que existan dudas, como acordamos en la sesión anterior. Respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N°21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública, Boletín N°16.705-04, con urgencia calificada de discusión inmediata. Está invitado el Ministro de Educación, don Nicolás Cataldo Astorga, junto con el Director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña Barahona, el Coordinador Jurídico Legislativo, Leonardo Vilches, el abogado encargado del proyecto, Juan Paillán, y el asesor Rodrigo Villegas. También está presente la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), conectada telemáticamente con su Presidente, el señor José Manuel Palacios Parra, junto a su equipo, así como la señora Teresa Flores del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, quien también está conectada. Partimos entonces. Tiene la palabra el Ministro para abordar los temas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Presidente, muchas gracias. Saludo a los señores diputados, a las señoras diputadas, a la secretaría y a todos los asesores presentes, así como a quienes están conectados esperando poder intervenir, alcaldes y miembros del Consejo de Evaluación de la Educación Pública. Tengo una duda, Presidente, dado que son varios los temas y las respuestas no son breves. Considerando que hay audiencias, no sé si debemos abordar inmediatamente las respuestas y luego la audiencia, ¿cómo lo hacemos? Lo que sucede es que las personas que están en la audiencia ya expusieron la semana pasada. Quedaron algunos temas planteados, como el de la infraestructura, que mencionó un alcalde, quien indicó que tenía infraestructura compartida con un CESFAM y que se lo iban a quitar, quedando sin CESFAM. Estas cuestiones quedaron pendientes, pero ellos alcanzaron a exponer en los dos consejos. Muchas gracias, Presidente. Lo primero que debo mencionar es que la semana pasada tuvimos el acto de colocación de la primera piedra de la Escuela Insular Robinson Crusoe, por lo que no pudimos estar presentes en esta sesión. Dicho esto, hay algunos puntos que se plantearon en la sesión anterior, principalmente en relación con el hecho de que el proyecto de ley no aborda aspectos sustanciales, dado que los servicios locales están repitiendo los mismos vicios que los municipios en el sistema anterior. Es importante señalar que efectivamente hay mejoras relevantes en varias dimensiones. Si se observa particularmente, algunos servicios locales pueden tener dificultades específicas; algunos están en proceso de superación, otros han superado crisis, y otros aún enfrentan desafíos. Sin embargo, se visualizan diferencias relevantes entre la administración municipal y la administración de servicios locales. Una de estas diferencias es que, actualmente, los servicios locales no arrastran deudas y no están generando deudas laborales con el sector de asistentes y profesores. Esto es significativo, considerando que la deuda previsional, solo la previsional, está en el orden de los 200 mil millones de pesos, con una proyección de alcanzar los 2 billones de pesos al final de la década. En otro ámbito, el sistema ha tenido mejoras relevantes en asistencia escolar, permanencia en el sistema, es decir, retención, así como en los resultados de aprendizaje en el SIMCE, alcanzando incluso niveles superiores a los previos a la pandemia. En asistencia, los servicios locales aumentaron su promedio en 3,2 puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Además, la asistencia grave se redujo en 12 puntos porcentuales, refiriéndose a aquellos con menos del 85% de asistencia promedio.

De vinculación en un 22%, llegando al nivel más bajo del año 2024 con un 1,5% total. También conseguimos alzas significativas en lectura y matemática en cuarto básico y segundo medio, con recuperación total en la mayoría de las pruebas y avance histórico en cuarto básico, al igual que en el resto del país, pero con incrementos superiores a los promedios nacionales. Es decir, están creciendo a un ritmo más rápido que el resto del sistema. Entonces, efectivamente, presidente, este proyecto busca partir resolviendo un elemento de diagnóstico que está en el centro de lo que se ha ido construyendo desde 2018 en adelante, y que tiene que ver con que las dificultades administrativas y de gestión de los servicios locales deben corregirse, sobre todo en la fase de implementación de los servicios locales. Esto es precisamente para abrir paso a que la discusión educativa sea la que prime en el corto plazo. Cuando estos procesos estén corregidos, nunca estarán totalmente resueltos. Toda administración educativa, incluso en el sector particular, tiene problemas. Sin embargo, cada vez debe ser menos relevante discutir sobre infraestructura y procesos administrativos, y más sobre mejoramiento educativo. Es importante señalar que esto está ocurriendo, y quizás el director nacional pueda abordar cómo se ha ido construyendo la articulación de redes, los espacios de colaboración y la innovación educativa, que están sucediendo sin necesidad de una nueva ley, ya que eso está en el seno de la ley 21.040 original. Lo que estamos haciendo es hacernos cargo de los problemas de implementación, principalmente los detectados en la primera etapa de la implementación de los servicios locales. Asimismo, se plantean dificultades sobre la situación financiera de las municipalidades. Esto es parte del arrastre, y creo que habrá un momento en el que podamos volver a discutir estos temas a nivel nacional. Por lo pronto, mientras no termine de transitar el sistema a la nueva educación pública, es importante dar señales correctas al sistema municipal. Existen situaciones complejas en distintos lugares. No es irrelevante observar que hoy día tenemos cerca de 30 municipios que arrastran deudas previsionales, solo previsionales, sin considerar las laborales. De esos 30 municipios, solo 7 concentran casi el 90% del total de esa deuda. Estamos hablando de municipios con deudas equivalentes a 40 mil millones de pesos por sí solos, lo que representa varias veces el Fondo Común Municipal de un año completo de esos territorios. Por lo tanto, es significativo, presidente, mantener cierto resguardo para que el proceso no se termine desfondando por la falta de claridad en cómo abordar estos temas, especialmente ante negociaciones irresponsables de última hora. Esto incluye casos en los que se establecieron beneficios posteriores al traspaso del servicio educativo. Estas complejidades se revisarán una vez que termine la transición. Sin embargo, el riesgo de que otros municipios adopten conductas similares o peores es preocupante. De hecho, el riesgo financiero de los municipios ha incrementado; en 2016, teníamos cerca de un 15% de riesgo financiero, y hoy esa cifra está por sobre el 60%. Es decir, ha crecido considerablemente en menos de ocho años. Por último, presidente, hay más temas, pero me gustaría referirme específicamente al fondo de infraestructura, que ha sido un tema relevante. Se plantea que el monto de recursos que señala la ley es un piso, no un techo; presupuestariamente, ese fondo puede ser más grande, pero sería insuficiente. Si uno considera el modelo de financiamiento habitual, seguramente no será suficiente, dado que se trata de un proyecto de inversión.

Para una reposición de una escuela, el costo puede estar entre los veinte mil y treinta mil millones de pesos cada uno. Justamente, el fondo se crea para habilitar lo que hemos iniciado como modelo alternativo al sistema de financiamiento habitual, que es lo que estamos trabajando con Desarrollo País. De hecho, la semana pasada, como no estuve aquí, estaba en la primera piedra de Desarrollo País, específicamente en el proyecto de Juan Fernández, que es un proyecto piloto, junto con el de Montepatria, que está un poco más atrasado, pero que también avanza en el proceso. Hay que demoler la escuela, lo que añade complejidades. La demolición se llevará a cabo y luego vendrán las otras etapas que se realizarán después del 11 de marzo. El modelo es de leasing, donde Desarrollo País, como empresa pública, se hace cargo de las propiedades, terrenos y edificios de la escuela a intervenir, además de los recursos que pueda apalancar de la banca privada. Luego, se establece una cuota que es el equivalente al monto total de la inversión, sin los recursos apalancados para financiar eso. Me imagino que podrán haber inyecciones de recursos por parte de los gobiernos regionales, entre otros. Posteriormente, eso se paga en cuotas sucesivas, y por eso es que el fondo rinde más que un par de colegios al año. Lo que se estará pagando no es el costo total de una inversión completa, sino que se pagarán las cuotas durante un periodo de tiempo, por ejemplo, diez años en los que se esté devolviendo el crédito obtenido. Esta es una forma que encontramos que es más rápida. En el caso del proyecto Juan Fernández, es evidente la cantidad de tiempo ahorrado. Un proyecto que iba a partir en 2028 por el modelo tradicional de inversión, ya comenzó ahora. La primera piedra se colocó la semana pasada y estará listo en noviembre de 2026 para iniciar el año escolar en marzo de 2027. Todo el proceso, incluida la entrega e inicio de clases, se adelantará un año respecto al inicio de obras en el modelo tradicional, considerando hacerlo a través del MOP y el Sistema Nacional de Inversiones tradicional. Efectivamente, hay cambios establecidos en el documento de política de infraestructura, que trabajamos junto a Sergio Granados, exdirector de Presupuestos del Gobierno de la Presidenta Bachelet, quien tiene amplia experiencia en esto y es actualmente el presidente del directorio de Desarrollo País. Por lo tanto, estamos muy alineados en ese esfuerzo con Desarrollo País, en la lógica de permanecer y continuar con esta línea de trabajo. Quisiera quedarme ahí, hay otros temas más, pero para abrir espacio a que los demás expositores puedan responder y abordar las preguntas que tienen, Presidenta. No sé si hay alguna duda o comentario sobre lo que se discutió la semana pasada, diputado Mellado. Ministro, hay dos temas que son vitales. Uno, se menciona que las deudas previsionales, si no me equivoco, de doscientos mil a dos mil millones, van a subir un mil por ciento. ¿Cómo se puede proyectar o bajar ese tema? Y lo segundo, ¿por qué en este proyecto no se permite, dado que el gobierno de Kast lo va a permitir? Creo que es importante abrir la puerta para que los apoderados que deseen aportar lo puedan hacer en los colegios. Si ya ustedes se están yendo, les quedan dos meses, es fundamental que, si el proyecto avanza, se deje bien para que el Estado de Chile también pueda tener un mejor proyecto. El diputado Jesús Santana. Gracias, Presidenta. Es porque la ley de inclusión no es la 21.040, en la materia que está solicitando el diputado Meya por su intermedio, Presidenta. Una consulta, a propósito del orden de la sesión, como usted mencionó, hay invitados e invitadas. Entonces, ¿las consultas de los parlamentarios respecto al proyecto se harán ahora antes de la exposición de los invitados o al final? No hay invitados para exponer, ya que los invitados expusieron la semana pasada. Ah, perfecto. Lo que pasa es que quedaron pendientes algunas consultas. Ministro, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren preguntar ahora? Voy a reiterar las consultas que hice la semana pasada, el ministro no estuvo presente en esa oportunidad.

Asesores, yo le hice extensiva las consultas que tenían relación con tres o cuatro aspectos. La primera, efectivamente, presidente, considero que el fondo de infraestructura que se propone en el proyecto es completamente insuficiente. Si no mal me equivoco, se hablaba de 147 mil millones de pesos. Por ejemplo, el Liceo Fernando Aristía, ubicado en el sector El Palomar de la comuna de Copiapó, costó 15 mil millones de pesos. Por lo tanto, si uno realiza el cálculo, eso equivale a aproximadamente diez colegios a nivel nacional. En este contexto, quisiera preguntar, a propósito de que el proyecto tiene un informe financiero, cuánta plata del proyecto de ley se destina a la contratación de funcionarios y cuánta se destina al fondo de infraestructura. Creo que este dato es fundamental para dimensionar los montos y flujos presupuestarios que se manejan en esta iniciativa. El segundo punto que quería plantear se refiere al funcionamiento de los consejos locales. El proyecto aborda algo relacionado con esto, pero en la región de Atacama, donde el 100% de la administración de la educación pública ya fue traspasada a servicios locales, se presentan serias dificultades. Son dos los servicios locales: Huasco y Atacama. Uno de ellos funciona mejor que el otro, que fue el que motivó, entre otras cosas, la presentación de este proyecto. Lo que he recibido de parte de los directores es que el consejo local, y el director ejecutivo del servicio local, prácticamente no participan; su participación es decorativa. Esta instancia es el órgano encargado de sugerir y proponer cosas al servicio local. El tercer aspecto tiene que ver con el contenido del proyecto y las oficinas locales. Como mencioné la semana pasada, las oficinas locales ya existen en la ley. Si hay una comuna apartada de la sede central del Servicio Local de Educación, este puede tener funcionarios o una oficina. Sin embargo, teníamos una discusión con el asesor del ministro, porque me preguntaba por qué el Ministerio de Educación no determina previamente, considerando criterios objetivos, cuáles serán las oficinas locales que se van a instalar. Si no se hace esto, el resultado es el mismo que el actual, donde finalmente es el Ministerio de Educación quien decide centralizadamente. Esto no ha funcionado bien, y uno de los mayores reclamos que tenemos en Atacama es que en Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla, no hay a quién recurrir en situaciones urgentes, como por ejemplo, cuando se rompe un vidrio. Lo que más me preocupa, y qué bueno que esté presente el director de la DEP, es una mala práctica que se está dando en Atacama, donde se toman decisiones arbitrarias por parte del director ejecutivo sobre dónde se realizan concursos de directores y dónde no. Esto contradice las sugerencias de la UATP, que es la unidad encargada de los aspectos técnico-pedagógicos. Estamos hablando de colegios como la Escuela Abraham Sepúlveda de la comuna de Copiapó, que ha tenido buenos resultados en la prueba SIMCE en cuarto básico y en materia de integración. Sin embargo, la UATP no sugirió este establecimiento como uno de los que debería tener concurso de director, y el director, actuando de manera arbitraria, tomó una decisión distinta. ¿Cómo puede este proyecto evitar que un director, por una voluntad antojadiza, termine deteriorando los liderazgos que son cruciales en las comunidades educativas? Yo denuncié esta situación en presencia del ministro hace más de un año. El director del servicio local dio pie atrás respecto a este concurso, y ahora, al término de esta administración, quiere hacer lo mismo. Esto parece una persecución. Me llama la atención, señor ministro, director de la DEP, que curiosamente algunos dirigentes han sido designados como directores de establecimientos educacionales. Por ello, los llamo a ustedes a proteger una institución que considero fundamental en las comunidades educativas, que es el liderazgo de los directores de los establecimientos educacionales. Solo para mencionar un último caso, director y ministro, la directora del Liceo El Palomar, quien fue bien evaluada, fue removida, lo que provocó movilizaciones estudiantiles.

Denuncias penales por delitos de apropiación indebida y falsificación de instrumento público. Yo no sé si el Ministerio o la Dirección de Educación Pública (DEP) están en conocimiento de esta situación. Un documento que también pasó por las manos del director del servicio local de Atacama, y que a mí me parece completamente grave, porque puede, entre otras cosas, generar la remoción y la destitución de las funciones de quien haya incurrido en una falta como esa. Entonces, yo me quedo hasta ahí, señor presidente. Eché de menos si hubiesen aspectos que tuviesen relación con lo que más se nos reclama la gente: la agilidad que muchas veces, o la lentitud más bien, que tienen los actos administrativos y la agilidad que se requiere por parte de las comunidades educativas. Principalmente me inquieta que los directores de los servicios locales no tengan ningún tipo de regulación a la hora de tomar decisiones tan importantes como llevar adelante concursos de directores en establecimientos educacionales. Muy bien, ahora tiene usted la palabra, ministro. Gracias, presidente. Varias cosas. Voy a partir por lo último. Efectivamente, el proyecto de ley sí tiene medidas de flexibilidad financiera. Desde el 2024 se han tomado medidas, algunas legislativas, otras administrativas, porque no todo tiene que ver con proyectos de ley, que se han hecho por reajuste del sector público, la ley de presupuesto, a través de circulares, que buscan finalmente agilizar la disponibilidad de recursos y el uso, sobre todo de los recursos. Por ejemplo, el uso de caja chica. Hicimos una modificación administrativa del decreto que regula los fondos globales, a propósito de la normativa que tenía vigente Hacienda, donde se contemplaba que los fondos globales tenían un tope máximo de 10 UTM al mes, pero por servicio. En el caso de los servicios locales, se consideraba como servicio el servicio local y todas sus escuelas. La normativa vigente se modificó para que se entendiera que cada escuela sería considerada como un servicio en sí mismo. También se implementó el uso del saldo inicial de caja, algo que no sucedía hasta nuestra llegada, y la devolución de licencias médicas por ISAPRE. Todas las licencias médicas se recuperaban con beneficio fiscal; sin embargo, logramos asegurar que los recursos de ISAPRE quedasen en el servicio local para su disponibilidad. Son algunas medidas que se han ido implementando más allá de este proyecto, en paralelo y a lo largo del tiempo. Además, este proyecto plantea modificaciones al sector parvulario, particularmente modificando el mecanismo de vinculación con la JUNJI, suprimiendo los convenios y estableciendo el financiamiento basal de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, si es que esta norma se aprueba. Pasarían a ser dependientes directamente de cada SLEP con un financiamiento asegurado por presupuesto, algo más parecido a la realidad actual de JUNJI Integra. Por otro lado, el artículo décimo sobre funciones y atribuciones especiales de los directores de establecimientos educacionales dependientes de servicios locales establece la atribución especial que tienen para administrar los recursos delegados de la ley 19.410 para reparación, mantención, equipamiento, mobiliario, adquisición de insumos y material didáctico. También modificamos el artículo 22 sobre funciones y atribuciones del director ejecutivo, estableciendo la prerrogativa para que los servicios locales celebren convenios de programación sin que tenga que concurrir para esos efectos la Dirección de Educación Pública o el Ministerio de Educación. Sin perjuicio de lo anterior, dada la naturaleza de estos convenios, cuando se comprometa presupuesto del servicio local, se debe contar con la participación de la Dirección de Presupuestos para asegurar los recursos de forma responsable. Asimismo, el artículo 27, presidente, sobre la asignación de recursos a los servicios locales y rendición de cuentas, agiliza la transferencia desde la DEP o desde el Ministerio a los servicios locales sin necesidad de convenios, bastando la resolución que señalará el procedimiento de entrega, requisitos y normativas que la rijan. Me refiero a recursos como los fondos SEP, el FAEP y el FIGA, que son los últimos creados por la ley de presupuesto. Además, incorpora un deber de apertura total de la información bancaria por parte de los servicios para la superintendencia, con el objetivo de evitar nuevos hechos de mala gestión y uso de recursos públicos. Ahora, sobre infraestructura, podemos seguir discutiendo infinitamente si 140 mil millones.

Yo también comparto con el diputado Santana que 147 mil millones en bruto son recursos insuficientes para el esfuerzo de infraestructura que se requiere a nivel nacional. Recordemos que el último gran esfuerzo implicó cerca de 1,5 billones de pesos, destinado a la jornada escolar completa, ejecutado entre los últimos años de la década del noventa y los primeros diez años de la década del dos mil. Posteriormente, los esfuerzos más significativos se realizaron tras el terremoto, donde los recursos de infraestructura ascendieron a cerca de 400 mil millones, lo que es considerablemente superior a los 147 mil millones que tenemos ahora. Lo que estamos planteando aquí no es solo cuántos recursos dispone el proyecto de ley para este fin, sino que se trata de la sumatoria de las líneas presupuestarias que actualmente existen y que contemplan recursos de infraestructura. Estamos hablando de los recursos de infraestructura de los servicios locales. La sumatoria de esos recursos se estima en 147 mil millones, y seguramente, en valor pesos 2025, con la ley de presupuesto del 26, esos valores se modificarán. El punto es que el fondo viabiliza o posibilita que podamos utilizar mecanismos distintos a la inversión tradicional, que implica desembolsar, como lo señala el diputado Santana, entre 20 mil y 30 mil millones de pesos en un lapso de uno o dos años, haciendo una inversión más racional desde el punto de vista de los recursos, sin tener que incrementar significativamente más los recursos. Ustedes conocen, porque son la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que recientemente salimos de la discusión presupuestaria, y no tengo la posibilidad de solicitar a la Dirección de Presupuestos 500 mil millones de pesos para invertir en infraestructura; eso no existe. Además, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda son entidades que se dedican a invertir y que están reduciendo sus niveles de inversión. Si no me equivoco, en el caso de la Subdere, los recursos PMU y PMB han disminuido considerablemente respecto a años anteriores. La gran pregunta que nos hicimos en el ministerio es cómo podemos hacer más con los mismos recursos. La respuesta es buscar metodologías de inversión distintas y colaborar con Desarrollo País, que es una empresa pública. Esto implica que el Estado sigue cumpliendo su rol en este ámbito, utilizando una forma diferente de hacer inversión, asegurando que esos recursos, que pueden parecer insuficientes en la sumatoria, rinden más, ya que no estamos pagando todo el proyecto de una vez, sino en cuotas. Una vez que se terminen de pagar las cuotas, la propiedad del inmueble regresa al sostenedor, lo que mejora la situación desde el punto de vista de la posibilidad de invertir recursos. Es importante situar este fondo en ese contexto, no solo como recursos que se disponen por ley, sino como la sumatoria del presupuesto actual en las distintas líneas que suman 147 mil millones. Además, hay una diferencia significativa entre el proyecto original y el nuevo, que radica en que al objetivizar las condiciones de distancia, aislamiento y conectividad, el proyecto de ley establece que deben crearse oficinas locales. Esto implica una superación de la discrecionalidad con la que hoy se puede establecer una oficina, considerando la voluntad del director ejecutivo del servicio local, del director nacional de la DEP, del Ministerio de Educación y de la Dirección de Presupuestos, siendo esta última la más importante para definir la apertura de una oficina. Por lo tanto, frente al debate sobre la cantidad de recursos disponibles para más personal y más infraestructura, es crucial determinar bajo qué circunstancias es inevitable abrir una oficina local. Esto es lo que estamos definiendo hoy en la ley, lo que implica un cambio de criterio en ese sentido. Finalmente, comparto lo señalado por el diputado Mellado, que no podríamos entrar a discutir sobre el aporte de la familia a la educación en este proyecto, ya que eso corresponde a otra norma, específicamente a la ley de inclusión, y se saldría de la idea matriz.

De este proyecto, por lo tanto, no está contemplado hacerlo así. Me parece fantástico que cada gobierno impulse su agenda, y ya tendrán la oportunidad, a partir del 11 de marzo, de impulsar la agenda que estimen conveniente. Por ahora, eso no está en la agenda, y efectivamente este proyecto tiene limitaciones desde el punto de vista de su idea matriz, que considera una modificación a la ley N°21.040 y no una modificación a la ley de inclusión, en este caso respecto al punto. Sobre directores, creo que eso lo tendría que abordar con más precisión el director nacional, así que lo dejaré ahí. En cuanto al consejo local, lo que plantea nuestra ley, y esto está en el proyecto de ley, es que el director ejecutivo designará a un funcionario dependiente del servicio local para el desempeño de las funciones del consejo local. Este funcionario actuará como ministro de fe y registrará las sesiones. Uno de los grandes reclamos de los consejos es que el acompañamiento es muy débil y distante. Este funcionario colaborará con el presidente en la organización de las sesiones, facilitará la comunicación del órgano con el servicio local y el comité local de educación, y facilitará la vinculación de los consejeros y consejeras con los integrantes de las comunidades educativas de los distintos establecimientos educacionales del territorio. Es decir, que efectivamente eso se articule. Hoy día eso no es así, y lo que estamos haciendo es fortalecer ese vínculo. Coincido con el diputado Santana en que uno esperaría que los directores ejecutivos estén más presentes, no de manera permanente, porque no da para eso, pero sí con cierta regularidad en los consejos locales. De hecho, este año, según los datos que nos entrega el equipo, de cuatro sesiones, el director ejecutivo estuvo presente en dos de ellas, personalmente. Sin embargo, lo que estamos haciendo es fortalecer el vínculo a través de la definición de un funcionario dependiente del servicio para desempeñar todas estas funciones de articulación, de ministro de fe y también de vinculación con las comunidades educativas, para que el consejo local se fortalezca y tenga un mayor vínculo con el servicio, así como con las escuelas y jardines infantiles del territorio. Presidente, si nos permite que el director pueda hablar. ¿Quiere hacer una pregunta antes de que pasemos al director para que responda la pregunta del diputado Santana? Muchas gracias, presidente. En realidad, los concursos para directores de establecimientos son ley del 2011, la Ley de Calidad de la Educación, que establece un sistema vinculado a la alta dirección pública, pero con un procedimiento especial. Originalmente, en ese procedimiento, era el sostenedor municipal el que definía qué establecimientos entraban en el proceso de selección. Ahora, cuando los establecimientos pasan a un servicio local, se mantiene la misma lógica, y es el sostenedor, en este caso representado por el director ejecutivo del servicio, el que va entregando las prioridades sobre qué establecimientos debieran entrar al proceso. En general, estamos relativamente atrasados en la selección. ¿Por qué? Porque el Servicio Civil tiene una determinada capacidad anual de realización de concursos. Hace un mes, aproximadamente, el director nacional del Servicio Civil ofició a todos los SLEP para que señalaran la priorización de establecimientos para ser sometidos a concurso el próximo año. En ese sentido, el director suplente del SLEP Atacama envió el 11 de diciembre pasado una nota al director nacional del Servicio Civil, en la cual señala cuatro grupos de establecimientos que entrarían al concurso. Los criterios para seleccionar uno u otro son definidos por cada SLEP. Tomo nota, por su intermedio, presidente, de lo que ha dicho el diputado Santana. Voy a conversar con el director...