Senado - Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento - 15 de diciembre de 2025

2.686-05 y un segundo oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como ministra suplente licenciada en ciencias del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta, a la señora Visnja Music Benedek. El boletín 2.687-05. No sé si alguien tiene algún tema. ¿Hay cuenta, señor secretario? No, señora presidenta. Entonces, le doy la palabra para que pasemos a los puntos en tabla. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, corresponde, como bien ha señalado usted, iniciar el estudio de las proposiciones del señor Presidente de la República para nombrar, en primer lugar, a la señora Camila Martínez Encina como ministra suplente abogada del Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Santiago, y en segundo lugar, a la señora Visnja Music Benedek como ministra suplente licenciada en ciencias del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la ciudad de Antofagasta. Cabe recordar que el día 2 de diciembre...

Del año en curso, se dio cuenta en la Sala del Senado de los correspondientes oficios del Ejecutivo, por el que también se hizo presente la urgencia para el despacho de este asunto en los términos previstos en el inciso segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República. Asimismo, hay que tener presente que, con arreglo al inciso sexto del artículo segundo de la Ley 20.600, que creó los tribunales ambientales, para ser aprobada esta solicitud se requiere del voto conforme de las tres quintas partes de los senadores en ejercicio. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 20.600 ya mencionada, estos tribunales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. En cuanto a la composición de estos tribunales, cabe consignar que cada uno de ellos está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes. Dos de los ministros titulares deben tener el título de abogado y haber ejercido la profesión al menos diez años, destacándose en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero es un licenciado en ciencias con especialización en materias ambientales y con al menos diez años de ejercicio profesional. Por su parte, uno de los ministros suplentes debe ser abogado y el otro licenciado en ciencias. Tanto los ministros titulares como los suplentes deben ser designados según el procedimiento que contempla el artículo segundo de la Ley 20.600. En síntesis, este precepto prescribe que cada ministro será nombrado por Su Excelencia el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema. Los candidatos son seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, que propone nóminas a la Corte Suprema, las cuales deben tener un número mínimo de seis y un máximo de ocho nombres. Este Consejo selecciona a los postulantes mediante un concurso público que se somete al procedimiento establecido para el nombramiento de los altos directivos públicos. Los candidatos propuestos por el referido Consejo son recibidos en audiencia pública por el máximo tribunal, el que puede aprobar o rechazar a todos o algunos de ellos. Concluida esta etapa, la excelentísima Corte Suprema hace una proposición al Presidente de la República, quien deberá seleccionar al postulante y formular su propuesta al Senado. Esta corporación puede acoger o rechazar la proposición formulada por el primer mandatario por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Si ella no se aprueba, el Presidente de la República deberá presentar a otro candidato que forme parte de la misma nómina elaborada por la excelentísima Corte Suprema. Si se rechazare la segunda proposición, se deberá llamar a un nuevo concurso. Características profesionales y académicas de las candidatas. La primera candidata propuesta por el señor Presidente de la República para desempeñarse como Ministra Suplente Abogada del Ilustre Segundo Tribunal Ambiental con asiento en la ciudad de Santiago es la señora Camila Martínez Encina, quien es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Estudios Avanzados en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como directora del área de cumplimiento ambiental en el estudio jurídico ILOBO, especializado en temas ambientales, dedicado a la asesoría estratégica de gremios mineros y de distintas industrias del sector, brindando asesoría especializada en cumplimiento ambiental, evaluación ambiental, cambio climático, desarrollo sostenible, derecho internacional y derechos humanos, entre otros. Previamente, entre los años 2013 y 2021, se desempeñó como coordinadora jurídica de la División de Sanción y Cumplimiento y como fiscal instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente. Finalmente, cabe destacar que la señora Martínez es autora de diversas publicaciones en materia medioambiental, como por ejemplo los artículos titulados "Desafíos en torno al relacionamiento comunitario en el marco del cumplimiento de la licencia ambiental en Chile", "Comentarios acerca del marco regulatorio aplicable a las formaciones xerofíticas" y "Limitaciones al derecho de propiedad sobre concesiones acuícolas". En su carpeta, sus señorías tienen a su disposición en extenso los detalles del currículum de la señora Martínez. Por su parte, la candidata propuesta por el señor Presidente de la República para el cargo de Ministra Suplente Licenciada en Ciencias del Ilustre Primer Tribunal Ambiental en sede Antofagasta, la señora Visnia Musich Benedek, es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gestión de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Se ha desempeñado como subgerente de sostenibilidad en Volta.

Empresa encargada de la gestión de residuos. Asimismo, ha trabajado como investigadora química en la Universidad Católica del Norte. En el sector público, fue jefa de la Oficina Regional de Coquimbo de la Superintendencia del Medio Ambiente y, en el año 2018, se desempeñó como Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente. Actualmente, la señora Musich ejerce como jefa de laboratorio de desarrollo en CITREC, institución enfocada en la innovación sustentable y en proporcionar soluciones integrales en el sector industrial. Finalmente, la candidata es autora de diversas publicaciones en materia medioambiental, según se detalla en el currículum que se acompaña a su carpeta. Por último, hago presente que en este procedimiento se ha dado cumplimiento a los protocolos definidos por el Senado y, en consecuencia, cada uno de ustedes dispone de los antecedentes que ha reunido la Biblioteca del Congreso Nacional sobre las candidatas y las opiniones ciudadanas sobre cada una de ellas, documentos que figuran en sus carpetas. Señora Presidenta, señoras y señores senadores, es cuanto puede informar la Secretaría. Vamos a darle la bienvenida al senador Durresti, al senador Kuschel, y vamos a suspender un momento la comisión. Está suspendida la sesión. Vamos a retirarnos a conversar los cinco senadores para que ustedes se mantengan aquí en la sala y la retomamos.

...y hemos acordado que la primera semana de enero vamos a avanzar con las tres titularidades que también están con sus esquinas hechas y que, lógicamente, tienen que ser fruto de un acuerdo para que tengamos los votos, no solo acá, sino que sobre todo en la sala. Así que le damos la palabra ahora a la señora Camila Martínez. Muy buenos días. Por intermedio de la Presidenta de la Comisión, saludo a los honorables senadores y senadoras de la República y a todos quienes asisten a esta sesión, al Ministro de Justicia también. Agradezco la nominación del Presidente de la República y la invitación a exponer ante esta Comisión, a la cual comparezco con pleno compromiso de ejercer el cargo en caso de ser ratificada, con estricto apego a la Constitución y a las leyes, conforme a los principios de legalidad, independencia e imparcialidad que se requieren en una función jurisdiccional, en coherencia también con los objetivos definidos por el Segundo Tribunal Ambiental en su hoja de ruta 2025-2030, que constan en su cuenta pública del año 2024-2025. Dentro de la motivación que me llevó a postular a este cargo, que es parte de un proceso que comenzó hace ya bastante tiempo, siempre estuvo el deseo de volver a participar y ser parte de la institucionalidad ambiental, poniendo al servicio toda la experiencia que he adquirido en mis casi 12 años de carrera, tanto en el mundo público como en el privado, especialmente orientada en temas de cumplimiento ambiental, derecho administrativo sancionador, compliance, así como en áreas asociadas a la academia y la docencia. Creo que esta experiencia puede generar valiosas sinergias con la labor que desarrolla el tribunal. Mi visión sobre los tribunales ambientales es que estos son los llamados a dictar pautas y criterios claros para toda la ciudadanía en materia ambiental a través de sus sentencias, siendo actores clave en la paz socioambiental y en los territorios en armonía con el desarrollo sostenible. En este contexto, reitero que mi experiencia puede ser de gran utilidad para resolver de manera oportuna y eficiente las contiendas que se desarrollan y se someten al conocimiento de los tribunales. En honor al tiempo, mis antecedentes curriculares ya los tienen en la Comisión. Brevemente, soy abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, poseo un magíster en Estudios Avanzados de la Universidad Carlos III de Madrid y he cursado dos diplomados, uno en Derecho Económico y otro en Derecho Social.

Sociales, culturales y ambientales de la Universidad de Buenos Aires, y otro en planificación ambiental de proyectos. Quiero recalcar que fue un diplomado específicamente orientado en temas de ciencia; éramos solo dos abogadas en el programa, lo que me parece importante destacar. En este diplomado, además, tuve la oportunidad de hacer clases durante casi cuatro años en el módulo de consulta indígena y en temas generales de impacto ambiental. Mis antecedentes curriculares dan cuenta de mi vocación permanente por el aprendizaje y la curiosidad, lo que me ha llevado a tomar diversos cursos de formación continua en áreas como derechos humanos, energía y derecho administrativo sancionador, entre otros. He participado activamente en la discusión académica y en la divulgación de diversas materias a través de publicaciones, muchas de ellas escritas con profesionales de ciencia, lo que ha sido enriquecedor. Actualmente, me desempeño como coordinadora y editora de una pequeña revista en derecho ambiental, cuyo objetivo es hacer divulgación de las materias relevantes para el área. Lo anterior demuestra que esta área requiere formación continua, ya que solo en el entendimiento cabal de los hechos se puede aplicar correctamente el derecho y ofrecer soluciones fundamentadas dentro de los márgenes de la Constitución y las leyes vigentes, sin olvidar los principios rectores del derecho ambiental y la justicia ambiental. Para ello, es crucial el trabajo interdisciplinario con profesionales de ciencia, y lo que me motiva en caso de ser ratificada es volver a trabajar en espacios donde existan estas duplas jurídico-técnicas. Valoro mucho mi paso por la Superintendencia de Medio Ambiente, donde trabajé durante muchos años, en un entorno donde se pueden otorgar soluciones y decisiones judiciales con fundamentos robustos que otorguen certeza jurídica a todos los intervinientes de un procedimiento judicial, recogiendo las particularidades de cada caso y los componentes ambientales involucrados. En relación a mi experiencia profesional, tengo casi doce años desde mi titulación, un poco más si no cuento la titulación, principalmente abocada a temas ambientales. Reservo un porcentaje pequeño a otras áreas, donde he adquirido herramientas valiosas en litigación judicial, mediación en materias laborales y de salud. Inicié mi trayectoria en el año 2010 en el Programa de Naciones Unidas, en el proyecto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que finalmente dio luz con la Ley 21.600 en 2023. Este inicio consolidó mi área de especialización, a la cual añadí el conocimiento adquirido en la universidad, con ayudantías en derecho público, derechos humanos, negociación y mediación, derecho ambiental, entre otras. De mis doce años de carrera, siete los desarrollé en la Superintendencia de Medio Ambiente, donde desempeñé distintos roles, uno de ellos como fiscal instructora de procedimientos administrativos, otro como coordinadora jurídica de la División de Sanción y Cumplimiento, y también fui representante de los funcionarios ante el Comité de Capacitaciones durante aproximadamente cuatro años. Como fiscal instructora, tuve el honor y la responsabilidad de dirigir procedimientos de alta connotación pública y complejidad técnica jurídica, destacando el trabajo colaborativo y multidisciplinario con diversos profesionales de la institución. Varios de estos casos llegaron a tribunales ambientales, fueron confirmados y algunos incluso por la excelentísima Corte Suprema. Esa experiencia confirmó mi consolidación en el área de cumplimiento ambiental y en derecho administrativo sancionador. Participé en discusiones que hoy están zanjadas en los tribunales ambientales, como la divisibilidad de los programas de cumplimiento. Destaco también la realización de metodologías de trabajo, orden de expediente y la elaboración de instructivos internos en materia de rendición de pruebas en procedimientos administrativos sancionatorios, lo que fortaleció el trabajo de la División de Sanción y Cumplimiento. En el marco de mi rol de coordinación, apoyé la descentralización de la división y la estandarización de criterios desde el nivel central hacia las regiones.