Cámara de Diputados - Obras Públicas - 16 de diciembre de 2025

Por el amor de Dios y de la patria, vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Tengan ustedes todos y todas muy buenas tardes. Estimado secretario, cuente si la hubiere, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión de hoy, martes 16 de diciembre de 2025. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de "suma" para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores. Asimismo, se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, para permitir la creación de radios públicas nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico. También se presenta un proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón y Pérez doña Paulina, y de los diputados señores Beltrán, Castro y González don Mauro, que modifica la ley 18.290, de Tránsito, para modernizar el sistema de renovación de licencias de conducir clase B. Se excusa al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien por razones de agenda no puede asistir a la presente sesión. Finalmente, señor presidente, se ha recibido un pareo entre los diputados Leonidas Romero y Jaime Sáez. Es toda la cuenta, señor presidente. Bien, varios quedan, como ya está acordado, al final de lo que va a ser la sesión del día de hoy. En cuanto a los puntos varios, he aprendido que en las comisiones, muchas veces no se logran abordar debido a la falta de tiempo. La única posibilidad que tenemos, como simples integrantes de esta comisión, excepto el presidente, de poder hablar y exponer alguna cosa de nuestras regiones, como Aysén, por ejemplo, prácticamente no se logra en la práctica, no por voluntad del presidente, sino porque normalmente siempre falta tiempo para todas las comisiones. Entiendo su punto, pero lo que ocurre aquí y en otras comisiones es que hay acuerdos entre las diputadas y diputados que llegan a la sesión, y ese acuerdo está concordado con todos los que han asistido para que los puntos varios efectivamente se aborden al final. Esto se hace porque muchas veces los diputados que vienen a tratar los puntos varios se retiran, lo que nos deja sin quórum para continuar con la sesión. Creemos que, de manera responsable, esta ha sido la única forma de garantizar que, dejando los puntos varios para el final, se pueda dar el espacio necesario para que cada uno represente su territorio y así llevar a cabo las distintas sesiones. No es más que eso, y por lo tanto, espero que se entienda nuestro punto como mesa de esta comisión, que hemos tratado de hacer lo posible para llevar a cabo las sesiones y abordar los puntos varios en ese orden.

Gracias. Bien, el acta de la sesión 143 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 144 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La orden del día tiene, en primer lugar, la moción copatrocinada por varias diputadas y diputados que está en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que es lo que vamos a ver hoy día. En el número tres de la tabla aparece una moción copatrocinada por los congresistas Giovanna Ahumada, Sara Concha, Felipe Donoso, Camila Flores, Jorge Guzmán, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Cristian Mattenson, Carla Morales y doña Flor Weiss, que está aquí en esta comisión. No vamos a alcanzar a verlo hoy día, estimada colega, porque vamos a votar en general y están los invitados del proyecto número uno. Si desea usar la palabra al comienzo, se la cedo para que pueda hacer la presentación de su proyecto. El compromiso es que, como está en el número tres, va a subir al número dos, y podremos verlo a la vuelta de las semanas que vienen, creo que la primera semana de enero. Si le parece, tiene la palabra usted, colega. Me parece, presidente, y quiero dar las gracias por haber considerado este proyecto, que lo habíamos conversado en varias oportunidades, incluso hablé con la ministra de la Presidencia para que pudiese también estar presente. Como bien usted señala, están los otros proyectos en prioridad, pero le pediría que pase precisamente para la otra sesión, que tiene que ver con endurecer las penas en relación a la conducción en estado de ebriedad. Hoy día, si bien existe la ley Emilia, me voy a poner este micrófono porque están viendo desde la ciudad de Concepción. Esto viene a raíz de un accidente que ocurrió en la carretera de Los Ángeles a Santa Bárbara, donde muchas leyes llevan nombres como Emilia y Jacinta, por los casos en que se producen accidentes fatales. Lamentablemente, en mi distrito falleció Úrsula, y se trata de la conducción en estado de ebriedad. Creemos que es necesario que se haga, y lo puntual del proyecto es que se pide la prisión preventiva obligatoria en los delitos de conducción bajo el efecto del alcohol o drogas con resultado grave. El objetivo es la protección reforzada de la vida y la integridad física como bienes jurídicos superiores. Nuestro ordenamiento jurídico chileno reconoce a la vida y a la integridad física como bienes jurídicos fundamentales, cuya protección constituye uno de los fines esenciales del Estado, conforme a los artículos primero y diecinueve, número uno de la Constitución Política de la República. La conducción de vehículos motorizados bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con resultado de lesiones graves, gravísimas o de muerte, implica una afectación directa, grave e irreversible de dichos bienes jurídicos. Es necesario legislar para hacer una verdadera conciencia social y cultural, que es lo que pretendía la ley Emilia. Sin embargo, hasta ahora, las cifras que hemos estudiado no han tenido los efectos deseados; quisiéramos que efectivamente fueran menores. Hoy día, de cada diez muertes, al menos una es por conducción en estado de ebriedad. Por lo tanto, resulta jurídicamente legítimo que el legislador adopte medidas procesales más intensas para asegurar la tutela efectiva del bien de la vida, incluso mediante la imposición obligatoria de la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del daño causado y al peligro que el imputado representa para la sociedad. Tengo aquí varias otras consideraciones, como los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar, así como el principio de coherencia y sistematicidad del sistema penal tras la ley Emilia. Es necesario que haya consecuencias en esta ley, ya que hasta ahora las conversaciones que he sostenido con especialistas no han generado los resultados que quisiéramos. Por ello, soy autora de este proyecto de ley, que busca que incluso durante la tramitación o el proceso de investigación de las responsabilidades penales de quienes cometen estos hechos tan graves, que pueden resultar en la muerte o en daños físicos graves a las personas, se implementen medidas cautelares más efectivas. Hoy día, al no ser obligatoria la prisión preventiva, se puede optar por arresto domiciliario total, nocturno o parcial, pero incluso así hay momentos en que esto se incumple.

Peligro para las personas, para todos nosotros, cuando una persona irresponsable con una conducta absolutamente dolosa y consciente decide beber alcohol o consumir drogas y luego conducir, resulta ser un peligro para la sociedad. En esa línea, presidente, quisiera pedirle que me permita leer una carta que envía la familia, la cual tomará menos de cinco minutos. Esta carta está dirigida a la honorable Cámara y proviene de la familia de Úrsula, quien lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente. Voy a dar lectura a esta carta, que tiene fecha de Concepción, 15 de diciembre de 2025. Escribo hoy en nombre de la familia de Úrsula Francia Lourdes González González, quien perdió la vida hace un año a causa de una conductora que manejaba en estado de ebriedad. Ha pasado un año desde su fallecimiento y, pese a que el plazo de investigación ya concluyó, la acusación aún no ha sido presentada, a pesar de existir un compromiso previo en ese sentido. Para la familia, esta demora no solo profundiza el dolor, sino que genera una legítima preocupación respecto del debido resguardo de las víctimas. Esta intervención no mira solo al pasado. Como familia, queremos expresar nuestro apoyo decidido al proyecto de reforma legal que establece la prisión preventiva obligatoria en los casos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Creemos firmemente que el ordenamiento jurídico debe entregar una señal clara, eficaz y coherente con la gravedad de estos hechos, y que dé algo de paz a las familias de las víctimas. La conducción en estado de ebriedad no es un error, es una conducta consciente que pone en riesgo la vida de terceros. Cuando ese riesgo se concreta en la pérdida de una vida, el Estado tiene el deber de responder con herramientas legales que aseguren protección, prevención y justicia, labor que les compete directamente a ustedes hoy. No solicitamos nada irracional ni contrario al derecho, sino una respuesta legal que esté a la altura de la gravedad del hecho y del tipo penal involucrado. No pedimos vulnerar garantías, sino fortalecer la legislación para evitar decisiones dispares y asegurar un estándar mínimo de protección a la sociedad y a las víctimas. Úrsula no puede estar hoy aquí, su familia sí, para pedir que su muerte no sea en vano y que avancemos con responsabilidad hacia una legislación más clara, más firme y más justa. Muchas gracias. Adhiero absolutamente a lo que señala Vania González, como familia de Úrsula, quien falleció lamentablemente hace un año. Ella iba a participar en la procesión de la Virgen en Santa Bárbara desde la comuna de Concepción, donde siempre participaban como familia. Además, es importante destacar que son una familia muy creyente, y creo que la fuerza y la oración les ha permitido llegar a este momento, presidente, coincidiendo con el aniversario de su muerte. Estamos aquí para presentar antecedentes jurídicos y estadísticas respecto a la ley Emilia. Estoy convencida de que es necesario abrir el debate sobre esta materia, para que no quede espacio para que personas irresponsables e inconscientes puedan provocar tanto daño, especialmente en un momento en que la investigación puede dar lugar a la repetición de esas conductas. Agradezco el espacio que me ha brindado, presidente. Hemos entendido la petición de priorizar este proyecto y así lo hemos hecho. No queríamos que pasaran más días sin que usted pudiera hacer su presentación. La idea es que, al menos, quede constancia de su intervención, y la semana siguiente abordaremos el proyecto completo. Agradezco mucho su atención, presidente, y reconozco la expectación que hay al respecto. Este espacio es muy importante. Vamos a entrar a la orden del día, estimados colegas. Está la moción patrocinada por los congresistas Fernando Bórquez, Felipe Camaño, Natalia Castillo, Juan Antonio Coloma, Carolina Marzán, Cosme Mellado, Gloria Naveillán, Emilia Nuyado y Cristian Tapia, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Esta moción modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos de consumo de alcohol y drogas a los conductores.