Senado - Salud - 16 de diciembre de 2025

La Comisión de Salud se reúne hoy, martes 16 de diciembre. En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Ha llegado un oficio de la Ministra de Salud, en el cual responde a un requerimiento de esta comisión para informar sobre la propuesta de Clínicas de Chile A.G. para contribuir a la resolución de las listas de espera. También se recibió un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell, que remite el Plan Institucional 2026 de esa subsecretaría. Además, hay una comunicación del señor Héctor Sánchez, quien agradece la invitación a participar en la Comisión de Salud y se excusa por tener actividades universitarias que atender. Asimismo, la Ministra de Salud se ha excusado de concurrir a la presente sesión. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la ministra se excusó ayer de asistir, pero sabemos que hoy estará presente el Superintendente de Salud y también la Superintendente de Seguridad Social. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Senador Chahuán. Presidente, en relación a la intervención, creo que es importante que revisemos qué proyectos tenemos en tabla para poder despachar antes del término del periodo. Considero que lo ocurrido el domingo también cambia un poco la priorización de la agenda legislativa. Sabemos que tenemos compromisos legislativos en trámite, y este es uno de ellos. Hay uno o dos proyectos más que habíamos conversado continuar. Ayer se solicitó reactivar la discusión con la Comisión de Hacienda, y lo haremos saber hoy día, señora secretaria, para verificar si Hacienda cumple el compromiso de despachar el proyecto en una semana. Este compromiso fue asumido en enero de este año. A casi un año de tener el proyecto que endurece la respuesta del Estado al mercado ilegal de medicamentos, creo que es necesario tramitarlo. Veremos qué sucede esta semana en la sala con el proyecto de eutanasia, ya que, de acuerdo al reglamento, si se aprueba en la sala, regresará a la comisión para discusión en particular. Si se rechaza, se constituirá una comisión mixta. Por lo tanto, regresa a la comisión, y eso no lo sabremos hasta que se resuelva en sala. Voy a hacer un comentario personal: estimo que la mesa o los comités no lo pusieron en tabla sencillamente por las elecciones presidenciales. Es una suposición mía, y eso ya pasó, por lo que debemos tomar una decisión. Ese proyecto no puede quedar eternamente en espera, independientemente de lo que pensemos. Hay que despachar, y como mencioné, regresa a la comisión. El otro proyecto que tenemos es el de salud mental. Si me permite, presidente. La permito, por supuesto. Para hoy está en cuarto lugar el proyecto de muerte digna en la tabla de la sala, y para mañana miércoles, en sexto lugar, el de salud mental. Es positivo que esté en el radar, pero claramente no tiene posibilidades de avanzar. Tendremos que conversar al respecto. Les pido que hablemos con nuestros comités, porque entiendo que el proyecto de eutanasia o muerte digna genera polémica y discusión, lo cual es natural. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero el avance en salud mental es necesario. Nos costó mucho hacer entender al Ejecutivo que era necesario incluir un capítulo sobre suicidio y avanzar en otras materias, y no podemos dejarlo esperando a que venga otro periodo.

No sé con qué prioridades, si nos costó muchísimo sacarlo. Entonces, creo que ahí vamos a tener que hablar con la mesa y cada uno de nosotros con nuestros comités para que lo podamos avanzar. Es necesario tenerlo. Muy bien, pero bienvenido, hagamos la ejecutiva. Porque mañana tenemos sesión, ¿o no? Sí, tenemos. Y si quieren, ¿por qué de aquí a mañana no traemos propuestas? Hay 53 o 54 proyectos en la cartera. Hagamos circular, Marcela, por favor, el listado. Hagámoslo llegar a los cinco senadores y senadoras de esta comisión, y cada uno de nosotros marque con asterisco lo que son de su prioridad. Buscamos las coincidencias y definimos el calendario hasta el mes de marzo. ¿Les parece? Creo que es lo más razonable, ¿ven que estoy democrático? Senador Gaona. Sí, presidente, buenos días. No sé si va a continuar la posibilidad de recibir audiencias los días lunes, porque tenemos pendiente lo del Hospital del Tórax, el tema del cáncer pulmonar y el cambio del sistema diagnóstico. Quiero insistir en que es algo que no se va a ver en comisión, pero el Ministerio de Salud tiene una deuda con el fortalecimiento de ciertos alimentos con vitamina D. Ese proyecto se aprobó, está claro en tabla, pero también había una discusión respecto a si esto era un reglamento o no. El ministerio se comprometió hace mucho tiempo a sacar exactamente eso, y no ocurre. Entonces, si el tema es ley o no es ley, si es reglamento o no es reglamento, hoy día no existe esa obligación y hay un tremendo déficit dentro de la población. Quiero insistir en eso. No solicitaría oficio, sino que haya una respuesta clara en la comisión respecto de cómo se va a resolver ese tema. Muchas gracias, presidente. Para que vayamos zanjando, es cierto que habíamos acordado los días lunes, pero todos sabemos que tenemos un compromiso, y así lo definimos, de tramitar rápidamente el proyecto que fortalece la superintendencia. Por esa razón, dejamos el día lunes para seguir escuchando y poder terminar el proceso, pero podemos regresar a aquello. Creo que todo va a depender del listado de proyectos que intentemos tramitar de aquí a la primera semana de marzo. Si la cartera permite cierta flexibilidad, regresamos a los días lunes a las audiencias, a escuchar a organizaciones. Si la cartera legislativa es intensa, estoy disponible para convocarlos martes y miércoles, como corresponde, y si acordamos también legislar el día lunes, que creo que es lo más urgente. Senador Chaguán. No, presidente, respecto a lo que planteaba la senadora, el Ejecutivo finalmente se pronunció favorablemente al proyecto, pero el problema ha sido desde el propio Senado no tramitarlo. Creo que el tema de suplementar determinados tipos de alimentos con vitamina D es absolutamente necesario y urgente. Deberíamos tratar de insistir. Recordar que hubo dos informes de esta comisión para poder sacarlo adelante. Otro elemento que quisiera plantear es el proyecto de alfabetización sanitaria, que he solicitado en varias ocasiones, es un proyecto importante que nos permitirá tener un modelo de medicina preventiva. Hagamos la tarea. Marcela le hará llegar el listado de todos los proyectos pendientes, mañana traigamos prioridades y resolvemos. Muy bien. No habiendo más, vamos a dar inicio a la tabla para seguir escuchando respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica el boletín 17.397. Como ya dije, fueron invitadas todas las autoridades de salud; la ministra y ambos subsecretarios se han excusado, y está presente el superintendente de Salud, don Víctor Torres, así como la superintendente de Seguridad Social, doña Andrea Soto, quienes vienen acompañados de sus equipos. También está don Sebastián Pavlovic, ex superintendente de Salud.

y está la profesora adjunta del Departamento de Salud del Adulto y Senescente de la Pontificia Universidad Católica, la señora Lorena Camus, también por vía Zoom. Vamos a dar inicio, entonces, en el orden de invitados, a la superintendenta de Seguridad Social, doña Andrea Soto. Por favor, pase. Si necesita con alguien que le ponga soporte, pueden ocupar esas dos sillas de allí, por favor. La acompaña el Intendente de Beneficios Sociales, don Luis Díaz. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, Presidente, y por su intermedio a los honorables senadores y senadoras. Primero, agradecer la invitación a la Comisión para plantear sobre este importante proyecto que está fortaleciendo uno de los organismos más relevantes de este país, y por lo tanto es fundamental para nosotros poder participar. Quisiera señalar que, en específico, el proyecto nos permite abordar un tema que ha sido de gran relevancia, que es el de las licencias médicas. Las licencias médicas son una de las principales prestaciones sociales que se entregan a los trabajadores y trabajadoras del país, permitiendo su recuperación y justificando su ausencia laboral durante el proceso de recuperación de su salud. Por lo tanto, es crucial para nosotros fortalecer este beneficio y esta prestación social. En ese sentido, el poder contar en este último año con información y la posibilidad de limitar la emisión de licencias sin fundamento médico, así como sancionar a los grandes emisores, ha sido una oportunidad que ha permitido reducir paulatinamente la emisión de licencias médicas. Hemos registrado una baja sustantiva del 12% en comparación con el año pasado. Por lo tanto, contar con la información de profesionales individuales y también de instituciones de salud es muy importante para la Superintendencia de Salud. Entendemos que si logramos cortar en la raíz la emisión de licencias médicas, la fiscalización posterior se vuelve más limitada a ciertas situaciones, cumpliendo así con el rol social que busca la licencia médica. En este contexto, el Intendente Díaz planteará temas específicos que nos gustaría abordar en este fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. Es fundamental que podamos tener acceso legal a la información que se disponga para seguir fortaleciendo la prestación social. Si le puedo dar la palabra al Intendente. Una sugerencia que hacemos a todos los expositores cuando estamos legislando: independientemente de la postura que el servicio tenga, sería muy útil que pudiesen indicar aquellos aspectos que no son cambiables de la propuesta o sugerir modificaciones en caso de discrepancias con el enfoque o contenido. Ustedes podrían plantearlo en términos de una cuasi-indicación. Después, los parlamentarios veremos qué tomamos o no tomamos y lo convertimos o no en una indicación. Para nosotros es muy útil escuchar a los expositores y entender dónde están los puntos débiles, dónde hay que reforzar o dónde habría que modificar, porque pueden tener dificultades. Es solo una sugerencia, independientemente de la exposición. Don Luis, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días a todas y todos. Básicamente, lo que queríamos era destacar tres elementos que nos parecen esenciales del proyecto de ley. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización de los prestadores institucionales. Como ustedes saben, en la emisión de licencias médicas, en general, concurren prestadores individuales y también prestadores institucionales. La parte de prestadores individuales está fiscalizada a través del Registro Nacional de Prestadores Individuales, información de la cual dispone la Superintendencia de Seguridad Social para desarrollar su labor.

En investigar a profesionales emisores, con o sin fundamento médico, en la emisión de licencias, tenemos de alguna forma ya relación con el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Sin embargo, la otra dimensión, que se refiere a cuando los prestadores emiten a través de prestadores institucionales, creemos que es una parte que hay que fortalecer en términos de fiscalización. Dependiendo del tipo de institución de salud, los estándares de fiscalización o las exigencias son muy distintas. En este contexto, es fundamental abordar el control de la emisión de licencias médicas del extranjero, donde los prestadores institucionales juegan un papel clave. Actualmente, se puede emitir una licencia médica desde el extranjero, siempre que un prestador individual habilitado en Chile lo haga a través de un prestador institucional domiciliado en el país. Por lo tanto, la fiscalización de estos prestadores institucionales es un elemento central que recoge el proyecto de ley y que valoramos sustantivamente desde la Superintendencia de Seguridad Social, ya que nos ayudará a realizar nuestra labor de manera más efectiva. El segundo elemento que se plantea en el proyecto es el fortalecimiento del Registro Nacional de Prestadores Individuales. Es crucial la información y la actualización de los datos, ya que esto se tiene en cuenta a la hora de permitir la emisión de licencias médicas. Por ello, queremos destacar dos aspectos sustantivos: el fortalecimiento y la fiscalización de prestadores institucionales, así como la actualización permanente y disponibilidad del Registro Nacional de Prestadores Individuales, con el objetivo de evitar la emisión de licencias médicas sin fundamento. Estamos convencidos de que es necesario avanzar hacia una mayor interoperabilidad de los datos, ya que la emisión incorrecta o el control del pago indebido de subsidios por incapacidad laboral deben abordarse de manera integral. Recuperar subsidios indebidamente pagados es prácticamente imposible, por lo que todo lo que contribuya a prevenir irregularidades es altamente valorado y tiene un impacto significativo en el fortalecimiento del sistema y la protección de los derechos de los trabajadores. Es fundamental que todos estemos convencidos de que al fortalecer los procesos de fiscalización, estamos protegiendo tanto el instrumento como los derechos de los trabajadores. Cuando se deja espacio al abuso, se debilita la protección y los derechos en su conjunto. Presidente, hemos revisado el proyecto y consideramos que tenemos algunos puntos que haremos llegar. Estamos totalmente de acuerdo en fortalecer nuestro acceso a la información de manera interoperativa con la superintendencia, para cumplir con lo que hemos señalado. Además, es importante generar una base de datos interoperativa actualizada que permita intercambiar información y hacer más eficiente el proceso. Sería beneficioso que estas sugerencias de mejora se incorporen dentro del marco legal del proyecto. Veremos con el Ejecutivo cómo se puede plasmar esto en distintos cuerpos legales, de manera que no dependa de la voluntad de la autoridad de turno, sino que sea una obligación el compartir información. Finalmente, quisiéramos recordar que a partir de mayo del próximo año, los facultativos que no cuenten con el UNACOM no podrán emitir licencias médicas. Esta es una información que debería constar en el registro de médicos. Las licencias son emitidas por médicos autorizados por UNACOM, así como por matronas y dentistas. Por lo tanto, es necesario ampliar el registro de facultativos para asegurar una correcta fiscalización, tal como lo ha señalado el Intendente. Muchas gracias, Presidente y Senadores.

Había pedido la palabra el senador Castro. Sí, gracias, presidente. Saludar también a las autoridades presentes. No alcancé a escuchar completamente, pero me gustaría que se precisara el rol fiscalizador que tiene la Superintendencia de Seguridad Social con los prestadores médicos, respecto al registro, que es un rol que tiene la Superintendencia de Salud en lo que ha sido la controversia de licencias médicas durante todo este año. De por medio hay dos empresas que son las emisoras de la licencia electrónica, que en algunas ocasiones han dado alertas respecto de falsos profesionales o profesionales que están fuera del país emitiendo. En otros casos, han sido objeto de control por parte de la SUSESO, que es el organismo que tiene la tuición de fiscalización del emisor, en este caso, médico, dentista o matrona, según la pertinencia del caso. ¿Cómo mejora la propuesta legislativa esta situación? La facultad de la superintendencia logra establecer un camino de mayor intersección a los ejercicios frustrados, como los que hubo en el período anterior a la actual superintendencia, en el que durante diez años hubo un convenio con la PDI de la SUSESO que nunca funcionó, hasta que llegó la Contraloría a destapar esto por mayo de este año. Aquí hay una historia que, en este caso, tomo la arista de las licencias médicas para preguntar cómo conversan o cómo quedan mejor potenciadas las dos superintendencias en un asunto que todavía está en plena marcha y que no está resuelto. Este es, probablemente, el escándalo de salud más grande que hubo este año, que pasará a la historia como el de las licencias médicas. Entonces, tenemos dos grandes superintendencias que tienen roles complementarios frente a la mirada fiscalizadora y de escrutinio de lo que está sucediendo con este instrumento de seguridad social, como es la licencia médica, con todos los costos asociados al fraude que hemos conocido y lo que podríamos conocer más incluso. ¿De qué manera esto se ve mejorado o no? Quiero entenderlo un poco mejor respecto de estas dos entidades tan esenciales. Muy bien, senador Castro. Vamos a dejar las respuestas, ya que puede ser que las siguientes preguntas que serán respondidas por nuestros expositores puedan ser complementarias. Le voy a dar la palabra al exsuperintendente de salud, Sebastián Pavlovic, siguiendo el orden de la tabla y posteriormente a la profesora Camus. ¿Está por ahí don Sebastián? ¿Está conectado? Ah, escuchamos, está sin pantalla, parece. ¿Sebastián? ¿Está por ahí? Estamos esperando la conexión del superintendente Pavlovic. Ahí está. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día. Desde Valparaíso se le saluda. Está muteado, no escuchamos. Ahora sí. Buenos días a todos los integrantes de la comisión, superintendente, asesores, personal de secretaría, buenos días. Le hago una consulta, me piden de secretaría si la presentación la maneja usted o la maneja la secretaría. Cualquiera de las dos opciones puede ser. Yo la manejo. Muy bien, perfecto. Adelante, por favor. Deme un segundito. ¿Se ve? Sí, se ve bien. ¿La puede ampliar más a pantalla completa o eso es todo lo que da? Ahí está, muy bien. Se ve bien. Usted me dice si se pasan las láminas. Solo como antecedente, yo sé que todos lo saben perfectamente, pero si hay alguien que no ha seguido este proyecto, solo para recordar.

El proyecto que se presentó en marzo de este año en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dedicó cuatro sesiones a escuchar exposiciones. En total, se votó en particular en siete sesiones, y hubo dos sesiones en la Comisión de Hacienda. Fue aprobado por amplia mayoría, con 128 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Aunque comenzó con urgencias simples, se ha impulsado con urgencia suma desde septiembre. Los contenidos generales del proyecto se centran en un esquema de fortalecimiento institucional, cuyo objetivo principal es la protección de derechos y la modernización del sistema de acreditación. Esto se logrará optimizando la estructura y el liderazgo de la superintendencia, así como fortaleciendo los mecanismos de protección de derechos y el sistema de calidad. Es importante considerar esto como una evolución natural de este organismo. La superintendencia del sistema privado de salud se estableció tras las profundas reformas efectuadas durante la dictadura, creando un sistema de aseguramiento privado sin la supervisión de un organismo técnico especializado, ya que inicialmente era un departamento dentro del FONASA durante los primeros diez años de existencia del sistema de ISAPRES. En 1990, se aprobó una ley que creó la superintendencia de ISAPRES, y quince años después, esta se transformó en la superintendencia de salud, organizándose en torno a dos intendencias. Bajo este nuevo esquema, la superintendencia interviene en el sistema de salud en tres o cuatro ámbitos. Primero, a través de la facultad de interpretar normas y regular, impartiendo instrucciones e interpretando el contenido de la ley. En segundo lugar, fiscaliza, lo que es característico de este tipo de organismos. Un tercer ámbito, que ha crecido en importancia, es la resolución de controversias entre pacientes y prestadores o seguros. Finalmente, el cuarto rol, que es el más característico de la Intendencia de Prestadores, se centra en la administración del sistema de calidad, de acuerdo con las normativas del Ministerio de Salud y los estándares de acreditación. Este crecimiento ha planteado ciertos desafíos que justifican la necesidad de discutir un fortalecimiento de la superintendencia como el gran ente regulador. Muchos conflictos que enfrentan las personas involucran no solo a una contraparte, sino a dos, siendo uno un prestador y el otro un pagador, lo que genera diversas relaciones y desafíos en su abordaje. El sector de la prestación de salud ha estado históricamente desregulado. Una vez obtenida la autorización sanitaria, no existían muchos más desafíos regulatorios. Sin embargo, ha habido una creciente intervención legislativa en este ámbito. El hito más relevante fue la ley sobre derechos y deberes de las personas en su atención de salud, promulgada en 2012, aunque existen otras leyes que han comenzado a regular esta actividad, no siempre con una lógica coherente en términos de fiscalización, reclamos, control y autoridad de cumplimiento. En conclusión, es un análisis preliminar. Recibí la invitación de manera intempestiva, por lo que no pude profundizar como hubiera deseado. Ayer recibí el comparado y noté que algunos oficios no estaban disponibles en la página, lo que, sin duda, afecta la revisión del proyecto.

Otro aspecto clave que se puede destacar del proyecto es la facultad interpretativa y normativa, así como la capacidad de impartir instrucciones generales. Esto incluye el desarrollo de auditorías clínicas a petición del Ministerio de Salud y el fortalecimiento del rol en la resolución de controversias entre usuarios y prestadores, esencialmente otorgando facultades de árbitro-arbitrador. El objetivo de la facultad interpretativa es abordar los problemas de manera más ágil, sin esperar a que se promulguen leyes o reglamentos, homologando el poder que tiene la Intendencia de Fondos y terminando con la asimetría que plantea ciertos desafíos, generando incertidumbre jurídica y dudas sobre la pertinencia técnica y la transparencia en la priorización de los aspectos a resolver. La Superintendencia tiene una brecha que desarrollar en cuanto a su capacidad para emitir normativa, dado que el nivel de desarrollo de ambas intendencias, histórica y técnicamente, no es el mismo. Es razonable cuestionar si esta homologación es adecuada. Es importante considerar el sistema de aseguramiento privado, que tiene sentido para una intervención más fuerte, ya que involucra recursos de la seguridad social a los que las personas están obligadas a cotizar. Los administradores privados actúan dentro de esta lógica, canalizando flujos de recursos hacia los prestadores. Por lo tanto, no se puede hacer una separación completa y parece razonable ampliar las facultades de intervención de la autoridad. Surge la pregunta: ¿en qué ámbitos es relevante esta homologación? ¿Debería aplicarse a todo el marco jurídico o solo a aquellos aspectos relacionados con las coberturas y los conflictos de acceso? Quizás no sea necesario realizar una homologación completa, sino revisar los marcos normativos que correspondan. En cuanto al rol regulador del Ministerio de Salud, es el ente facultado por ley para regular el sistema de salud. En el caso de las auditorías independientes, aunque parece razonable avanzar en su profesionalización, surge la inquietud sobre la capacidad operativa técnica, que la ley reconoce al permitir la solicitud de funcionarios en comisión de servicio para tal fin. Un punto fundamental del proyecto es que la acreditación del sistema de calidad, que ha estado presente durante más de 20 años, ha cambiado el enfoque tradicionalmente punitivo de la inspección de reglamentos o de eventos adversos. El sistema de calidad busca un cumplimiento preventivo y promueve el reporte voluntario de eventos adversos, lo que contribuye a la generación de confianza institucional. Se considera que una herramienta no adversarial ni punitiva puede generar un cambio efectivo en este sentido. Es crucial que el sistema avance e incorpore lógicas de derecho más suave, que fomenten e incentiven el cumplimiento en lugar de recurrir a métodos coercitivos, que pueden generar incentivos para ocultar problemas. La actividad asistencial es sumamente compleja y cada vez más lo será. Respecto a las funciones del árbitro-arbitrador como mecanismo alternativo de resolución de controversias, se plantea que fallar con prudencia y equidad puede ser considerado un arma de doble filo. Aunque ofrece flexibilidad para resolver conflictos, puede restar predictibilidad y ser percibido como subjetivo si no se fundamenta adecuadamente. Es fundamental no confundir la resolución de conflictos con otros aspectos del sistema.

Usuarios y prestadores, por ejemplo, usuarios seguros, y lo que es la resolución de reclamos o la fiscalización, que siempre debería resolverse conforme a derecho. Echo de menos cuando se plantea, por ejemplo, avanzar en el sistema de arbitraje, ya que no noto la misma convicción en materia de mediación, que sí me parece un mecanismo no adversarial que ha tenido, pese a la falta de solidez normativa, un camino razonablemente positivo para el sistema en los últimos 20 años. En este contexto, subsisten aspectos que afectan los derechos del usuario. Vale decir, los usuarios del sistema público que son atendidos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, o en las corporaciones municipales de atención primaria de salud, o que son derivados por el sistema a prestadores privados, no acceden en las mismas condiciones a un sistema de mediación que es administrado gratuitamente por el Consejo de Defensa del Estado. Este tipo de diferencias no solo deberían eliminarse, sino que también sería pertinente revisar el sistema de mediación y considerar un avance significativo. Un ejemplo internacional interesante en este sentido es lo que ha hecho la CONAMED en México, que ya tiene prácticamente 30 años de existencia. En relación con el aumento de las multas, el objetivo parece evidente: que no sean consideradas simplemente como un costo de hacer negocios y que tengan un efecto disuasivo. Sin embargo, en el caso de los prestadores intermedios, y no solo de ellos, cualquier multa importante puede resultar prioritaria y generar inviabilidad en la continuidad operacional, lo que podría ser una consecuencia mucho peor que lo que se busca corregir. Esto se vincula a la falta de desarrollo de criterios objetivos y a la confianza en el regulador, existiendo un riesgo de arbitrariedad que podría generar problemas de viabilidad en los actores. Respecto al registro público de sanciones, considero que en principio aporta transparencia, reduce la asimetría informativa y genera un potente incentivo reputacional. He escuchado algunas dudas surgidas a partir de los comentarios en la sesión del Colegio Médico y de la Asociación de Clínicas. Sin duda, hay un riesgo reputacional, ya que un solo hecho puede afectar toda una carrera o prestigio institucional. Esto es similar a lo que ocurre con las redes sociales, donde las actividades están mucho más expuestas y, sin duda, no están acostumbradas a ello. La medicina, durante años, siglos, incluso milenios, estuvo más cercana a la magia o a la divinidad que a la fiscalización de los seres humanos, lo que explica cierta resistencia. Sin embargo, es importante señalar que una única información sobre sanciones o reclamos es relativamente parcial. No es razonable centrar la atención únicamente en las sanciones o errores; se necesita una mirada más integral. Es clave avanzar en una transparencia que incluya indicadores generales, como tasas. No es lo mismo un problema en un prestador que tiene millones de prestaciones al año que en aquel que tiene pocas. Deberíamos fortalecer qué datos queremos que se publiquen y avanzar en ello, evitando poner el foco solo en las fallas del sistema. El propio ministerio lo experimenta; se pone el foco en las listas de espera y no en el 97% de las garantías que sí se cumplen, por ejemplo. Por lo tanto, deberíamos avanzar hacia una transparencia más universal. En relación con el sistema sancionatorio, parece razonable realizar una revisión. Recomendaría evaluar la existencia de recursos que solo dilatan la resolución final del caso y no aportan significativamente. Por ejemplo, sería interesante que la superintendencia pudiera mostrar cuántas resoluciones originales son revertidas a través de recursos de reposición o jerárquicos. Sin embargo, es probable que descubramos que estos recursos no contribuyen a la protección de derechos, sino que, en última instancia, solo dilatan el proceso.

Reconociendo siempre que la sanción no debiera ser considerada una meta a cumplir por parte de la autoridad, sino básicamente un instrumento para el cumplimiento de la norma, es fundamental reflexionar sobre las diferencias que se establecen en materia de sanción para el sector privado y el sector público. Se entiende perfectamente la lógica de aumentar las multas en relación con el sector privado; sin embargo, respecto del sector público, existe un problema que ha enfrentado la superintendencia y, en general, cualquier organismo público que fiscaliza a otro, relacionado con la imposibilidad de aplicar las mismas sanciones por razones técnicas, jurídicas y políticas. En este sentido, lo que se genera es una suerte de impunidad en el presupuesto institucional. No tiene sentido privar a los hospitales públicos de recursos que ya son escasos, además de implicar que se multen a sí mismos, lo que acaba con cualquier incentivo económico institucional, mientras que el hospital recibe el presupuesto completo, aun cuando se incumpla gravemente. En relación con los directivos públicos, se pone el énfasis en el directivo, no en los problemas sistémicos que enfrentan los hospitales. Aunque esta perspectiva puede sonar bien, no reconoce la complejidad del sistema y puede disuadir la provisión de esos cargos, donde hay mucha rotación. Todos sabemos que el sistema cada vez le cuesta más obtener directivos de buen nivel para toda la amplia red de establecimientos. El hecho de que las formas de sanción sean distintas genera una percepción de que los niveles de cumplimiento y de protección de derechos son sustancialmente diferentes. La mayoría de la población está en el sistema público, y es ahí donde no parece ponerse adecuadamente el foco para la protección de derechos, mientras que en el sector privado, el usuario generalmente tiene más herramientas para actuar frente a una vulneración de derechos. Algunos comentarios finales sobre la gobernanza son importantes para todo lo anterior. Se mantiene y profundiza la diferenciación en tendencias. En la Cámara de Diputados, la presentación de Paula Benavides mostró un modelo de la Comisión de Mercado Financiero que avanza hacia una organización más por funciones. Quizás no tiene sentido que en las dos intendencias haya algo parecido a un tribunal especial; deberíamos pensar en superar esa división para hablar de una organización por funciones. En cuanto al diseño propuesto por el gobierno, que es unipersonal con un consejo asesor, aunque es un avance, persiste la duda sobre la carga política de los nombramientos. Una pregunta académica sería cuántos modelos de organismos regulatorios vamos a tener en materia de fiscalización. La evolución de la Comisión de Mercado Financiero debería ser un modelo al cual apuntar. Además, no tiene mucho sentido que existan estas dos superintendencias que generan zonas grises y un escenario laberíntico para las personas. Por ejemplo, en materia de licencias médicas, si a una persona de una ISAPRE se le rechaza la licencia médica, debe acudir a la COMPIN, que depende de la Ceremi. Si la COMPIN le encuentra la razón, no hay problema, salvo que no le paguen; en tal caso, puede ir a la superintendencia de salud. Si la COMPIN no le encuentra la razón, puede apelar ante la SUCESO, que puede resolver, y si no le cumplen, debe regresar a la superintendencia de salud. Este laberinto es percibido como un obstáculo adicional en el acceso al sistema y en la protección de sus derechos. En materia de roles, la superintendencia aún no resuelve cuál será su gran enfoque, y se le están agregando nuevas responsabilidades.