Señor secretario, la cuenta, por favor. ¿Tiene cerca de setenta y cinco años? En relación con el proyecto de ley que equipara el derecho a sala cuna para los trabajadores y trabajadores independientes, se recibió del Movimiento Sala Cuna un comunicado solicitando la aprobación urgente de este proyecto de ley. Además, solicito participar en esta sesión en calidad de oyente. También se recibió de la senadora Yasna Provoste una propuesta de expositores para incorporarla dentro de la discusión. Asimismo, se recibieron las excusas de la señora Marigen Hornkohl, quien había sido invitada a participar en esta sesión, pero señala que no puede asistir debido a una actividad académica por la finalización del año en la universidad de la cual es rectora. Eso, señor presidente, es la cuenta.
Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Si no, hacemos pasar a los expositores. Senadora Provoste, ¿aprobó usted la cuenta? No, presidente. Respecto de la cuenta, quisiera que pudiésemos tener una hoja de ruta sobre cómo vamos a tramitar los proyectos, especialmente considerando las solicitudes de audiencia para el proyecto de sala cuna. Además, me gustaría que esto se viera en paralelo con la iniciativa que solicitamos ayer a la Comisión de Educación, que fue aprobada en general por la Comisión de Familia y que está vinculada a la protección de los niños. Creo que sería importante abordarlo de manera conjunta.
Muchas gracias, senadora Provoste. Debemos ver si existe la posibilidad de tener una sesión, ya que esta es la última de la comisión de este año, y tenemos que pensar en la primera semana de enero, que comienza el 5. Quisiera saber si hay disposición para tener la sesión habitual de los martes de tres a cuatro, hablando del martes seis.
En cuanto a los proyectos que están saliendo en paralelo, en FES creo que nos quedan una o dos sesiones, y estamos a la espera de la contrapropuesta del Gobierno. Para el próximo encuentro, se invitará al Consejo Fiscal Autónomo, que está programado para el siete. Sin embargo, presidente, en una sola jornada no será suficiente, ya que tanto la Contraloría General de la República como el Consejo Fiscal Autónomo tienen mucho que aportar. Si los citamos a ambos, les daremos muy poco tiempo y al final quedaremos con la sensación de que no hemos escuchado lo suficiente.
El miércoles tenemos dos horas, pero es importante escuchar a los invitados.
Paula, se estima que la exposición tomará entre 20 a 30 minutos, y calculo que otros 20 a 30 minutos serán necesarios para las preguntas, lo que nos dejaría una hora de las dos horas que tenemos programadas para el miércoles. La otra hora podría ser destinada a la contralora, por lo que tendríamos solo a esos dos invitados el miércoles.
Presidente, hay una observación que comparte la preocupación tanto del Consejo Fiscal Autónomo como de la Contraloría, que se refiere a la manera en que se imputa el gasto. El gobierno ha señalado que, dado que este es un proyecto autocontenido, no lo consigna como un gasto. Ambas instituciones coinciden en que existe una diferencia significativa con el proyecto de ley.
Al revisar los antecedentes del Fondo de Estudio Superior (FES), hay tres elementos que considero importantes, que se pueden resumir en tres grandes preocupaciones: desde la perspectiva de los estudiantes, desde la de las instituciones y desde la del Estado, en términos de finanzas públicas.
Respecto a los dos primeros aspectos, solicitaría un trabajo especial a la Biblioteca del Congreso, presidente, ya que hasta ahora hemos recibido datos de las instituciones de educación superior. Tuve la oportunidad de seguir la sesión en la que estuvo presente el rector de la Universidad Católica, así como representantes de varias otras instituciones, y cada una de ellas proporciona datos por separado sobre sus impactos. El Ejecutivo, por su parte, tampoco ha entregado información clara.
Sería muy oportuno, presidente, que pidiéramos a la Biblioteca del Congreso un estudio sobre la brecha entre el arancel real y el arancel de referencia, lo cual podría despejar muchas de las preocupaciones que suscita este proyecto de ley. Estoy totalmente de acuerdo, senador. Entonces, solicitaríamos un informe a la biblioteca para contar con nuestra propia información al respecto.
Uno de los temas que han planteado los diferentes expositores se relaciona con los datos que utilizó la Dirección de Presupuestos (DIPRES), los cuales nunca han sido entregados, y que son fundamentales para realizar modelajes a futuro.
¿Tomaremos este acuerdo? Bien, pasemos a los invitados. Muy buenas tardes. En el primer punto, tenemos contempladas las exposiciones sobre el FES. Está considerado en primer lugar el rector de la Universidad Finisterrae, don Juan Eduardo Vargas, ex subsecretario de Educación Superior, a quien le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación que se me hace para poder exponer algunos puntos de vista respecto de este importante proyecto. En estos breves minutos, lo que me propongo es dar cuenta de un diagnóstico sobre el sistema de educación superior en nuestro país.
Voy a referirme a cuán afectado puede verse por este proyecto de ley, el del FES, que se discute. Después de lo cual, quiero exponer algunas conclusiones para finalizar, haciendo un recuento de lo que han sido las grandes transformaciones, las reformas educacionales y las lecciones que podemos aplicar en este caso.
En términos generales, yo siempre digo que el sistema de educación superior en Chile es bueno, es razonablemente bueno. Somos, de hecho, un ejemplo en el concierto latinoamericano e incluso a nivel mundial. Por supuesto, hay desafíos importantes, pero es fundamental tener claro que nuestro sistema de educación superior es razonablemente bueno. ¿Y en qué me baso para decirlo? Primero, Chile ostenta una tasa de cobertura de educación superior que es similar o superior a la de los países más ricos de la OCDE. Esto refleja los esfuerzos que se han realizado durante años, para que una mayor cantidad de jóvenes pueda acceder a la educación superior.
Además, la persona que asiste a la educación superior obtiene, en promedio, un reconocimiento significativo por parte del mercado laboral. Estudios han evidenciado que el mercado laboral paga un premio a aquellos egresados de carreras profesionales, representando 2,4 veces el sueldo de alguien que solo ha terminado la enseñanza media. Esto, sin duda, refleja el valor agregado que se genera en el sistema de educación superior.
Por otra parte, la productividad científica, que mide la complejidad de las universidades, es notable en el contexto de un país pequeño. Según un ranking relativamente reciente, Chile se ubica en el segundo lugar en Latinoamérica, solo después de Brasil, y en el lugar 33 a nivel mundial en términos de productividad científica. Esto evidencia un sistema de investigación robusto.
Asimismo, es importante mencionar que las universidades chilenas están bien catalogadas en los rankings internacionales. Varias de nuestras universidades aparecen constantemente en los primeros lugares. En el ranking QS del año 2025, la Universidad Católica se posicionó entre las 100 mejores universidades del mundo. A pesar de ser un país pequeño, podemos sentirnos orgullosos de contar con instituciones que están catalogadas entre las mejores del mundo.
Por último, a partir de la ley 21.091, existe una sólida institucionalidad que incluye la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación. Esta institucionalidad supervisa a las instituciones desde el punto de vista de su sostenibilidad financiera y de la calidad educativa. Esto garantiza, junto con la obligatoriedad de la acreditación, que en nuestro país existan proyectos educativos serios, con una diversidad valiosa para el sistema.
Ahora bien, ¿por qué todo esto puede verse en riesgo con el FES? Me gustaría enumerar las razones, agrupándolas en tres grandes áreas. Primero, se generará un impacto negativo en los estudiantes. En este sentido, se hará más complicado y oneroso acceder a la educación superior, debido a la reducción significativa de las ayudas estudiantiles. Se eliminarán muchas becas, y ha habido discusiones sobre si algunas de ellas podrán mantenerse. Esto, sumado a las restricciones anunciadas en términos de cupos para acceder al FES, podría imponer un tipo de impuesto al acceso a la educación superior. Esto puede afectar la tasa de cobertura, que es tan alta en nuestro país. En segundo lugar, también habrá una mayor carga financiera.
No hay que olvidar que hoy por hoy existen más de 100.000 estudiantes que financian sus estudios con una mezcla de becas y créditos. Estos estudiantes no contarán con esa ayuda y, por tanto, deberán recurrir solamente al FES para financiar sus estudios. El problema del FES es que se convierte en una carga pesada para un porcentaje no menor de los egresados; de acuerdo con algunos estudios, cerca del 40% de ellos terminaría pagando un monto que sería significativamente mayor que lo que el Estado está dispuesto a invertir en ellos, lo que se ha denominado el impuesto al graduado.
En primer lugar, tenemos un impacto negativo en los estudiantes. En las instituciones ocurre algo similar, ya que se reducen los ingresos, principalmente por la eliminación del copago. Esto tiene un perjuicio particular para las universidades privadas que no están en gratuidad, y es importante tenerlo en consideración. Las instituciones que están en gratuidad también se verán afectadas, aunque no al mismo nivel que las privadas que no han adscrito a esta política, lo que afecta su sostenibilidad y la diversidad que valoramos en el sistema.
Además, hay una restricción al crecimiento de las vacantes, algo insólito, y esto es parte de las conclusiones que me atrevo a adelantar. Tenemos un sistema que funciona razonablemente bien, pero que, sin embargo, va a observar una regulación en su precio a través de los aranceles regulados y también una regulación en la cantidad. Paradójicamente, este es uno de los pocos sectores, si no el único, en el que el Estado regula tanto el precio como la cantidad. Esto impone una carga que atenta contra el dinamismo que se esperaría de las universidades para reaccionar a las demandas del mercado laboral.
Por último, también se generará una segregación en el sistema. La misma realidad que observamos en la educación escolar, donde un porcentaje de la matrícula, entre un 8% y un 9%, estudia en colegios particulares pagados, se replicará en la educación superior. Existen universidades que apuntan a segmentos más acomodados y que, a pesar de sus esfuerzos por atraer a alumnos vulnerables, no podrán hacerlo debido al costo que implica adscribir al FES, lo que resultará en una mayor segregación.
Hemos visto el impacto negativo en los estudiantes, en las instituciones y, finalmente, en las arcas fiscales. Los cálculos realizados en el informe financiero de la Dirección de Presupuestos me parecen incorrectos o, al menos, no han utilizado supuestos que reflejen el verdadero costo que tendrá este proyecto. No se considera, tal como está diseñado el proyecto de ley, que habrá universidades que optarán por adscribirse a la autoridad, aunque actualmente no estén en esa política. Universidades grandes, con un buen número de alumnos, tienen incentivos para adscribirse porque les resultará menos oneroso que hacerlo al FES, lo que representa un costo significativo que no está reflejado en el informe financiero.
También se asume que los estudiantes seguirán tomando el FES de la misma manera que hoy toman el CAE, lo cual no considera la reacción o el comportamiento estratégico de los estudiantes. ¿Quién en su sano juicio querría endeudarse con el fisco hasta por tres veces o más de lo que el fisco le traspase, sabiendo que estudiará una carrera que probablemente le generará un retorno financiero, como en el caso de un médico o un ingeniero? La morosidad ha sido calculada muy cercana a cero, y la Contraloría ha establecido que lo que se considera como activo financiero deberá ser considerado como un gasto.
Paso a las conclusiones, presidente. Todo esto, presentado de manera sucinta, permite concluir que nuestro sistema de educación superior ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, gracias a un esfuerzo mancomunado tanto del sector privado como del público. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos que se presentan para garantizar su sostenibilidad y equidad.
Debo hacer ver que los efectos negativos que mencionaba van a implicar, en primer lugar, una pérdida importante de la autonomía de las instituciones de educación superior. Dicho de otra manera, y esto no soy el primero en decirlo, cuando la dependencia de los ingresos del fisco es tan significativa y alta, es inevitable que el proyecto educativo se supedite a la autoridad de turno. Cuesta pensar que ello no implique algún sacrificio en términos de autonomía. Las universidades deben ser espacios en los cuales el pensamiento crítico prime, y eso se pone en riesgo cuando la dependencia de los ingresos fiscales es tan excesivamente alta, prácticamente única en algunos casos.
Además, queda pendiente de un hilo en el sentido de que si los recursos fiscales no alcanzan, eso evidentemente tendrá un perjuicio en términos de los traspasos que se realizarán. En segundo lugar, por las razones que mencioné anteriormente sobre la disminución de los beneficios estudiantiles y de las ayudas estatales, se pone en riesgo la alta tasa de cobertura que ostenta nuestro país actualmente. En tercer lugar, el sistema se va a segregar y se va a hacer más elitista, algo que no queremos que ocurra, particularmente con este pequeño grupo de universidades que mencionaba previamente.
El Fondo de Educación Superior (FES) tendrá, digámoslo con todas sus letras, un efecto negativo en la calidad y en la sostenibilidad, con repercusiones también en la investigación, en la docencia y en la vinculación con el medio. Son menos recursos los que tendrá el sistema por la eliminación del copago, y eso, más temprano que tarde, tendrá efectos negativos en la calidad, afectando a los propios estudiantes a quienes supuestamente se quiere beneficiar.
En quinto término, el mayor gasto fiscal tendrá efectos negativos en el gasto; es más gasto fiscal, pero aquí quiero hacer ver que el que finalmente paga, si se me permite la expresión, presidente, será la educación escolar y la educación parvularia. Es decir, más recursos en la educación superior, lo que hemos venido viendo en los últimos años, implica un desmedro en los recursos para educación escolar y parvularia, que tienen un mayor impacto social, de acuerdo a numerosos estudios.
Por último, me pregunto, en términos retóricos, ¿en qué sector del país el Estado regula tanto el precio a través de los aranceles como la cantidad a través del crecimiento de las vacantes? No he encontrado ninguno. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Es un sistema que funciona mal? Ciertamente, la respuesta que puedo dar es que no es así, y por lo tanto, pareciera ser innecesario hacer este nivel de regulación.
Para cerrar, quiero hacer un breve recuento de las dos grandes reformas educacionales que ha tenido nuestro país en los últimos años. La primera es la llamada ley de inclusión, que se aprobó hace diez años y que prohibió el lucro, el copago y la selección a nivel del sistema escolar. Después de diez años de implementada esa reforma, algunas conclusiones podemos extraer. Primero, que lo que se quería evitar en términos de segregación no se ha conseguido, según lo acreditan algunos estudios. Es decir, que el copago implicaba segregación, eso no es lo que se ha visto diez años después de implementada. Además, el aporte privado que rondaba los 500 millones de dólares al año se ha perdido, lo cual representa un insumo importante desde el punto de vista de recursos para el sistema que simplemente se ha dejado de percibir. El impacto en calidad ha sido absolutamente nulo, sino negativo, de esta reforma en el sistema de educación escolar.
Por último, debo señalar que la eliminación de la selección, algo que fue tan denostado desde el punto de vista ideológico, ha tenido un perjuicio, particularmente en los liceos emblemáticos, a tal punto que hoy se discute la posibilidad de volver a permitir esa selección. La segunda gran reforma es la gratuidad, que se implementa vía glosa presupuestaria en el año 2016 y a través de la Ley de Educación Superior a partir del año 2018. La gratuidad tiene un fin loable.
Pero tiene, sin embargo, un costo que se ha venido incrementando a tal punto que se ha vuelto, en cierta manera, inmanejable. Este año, 2.500 millones de dólares; para el próximo año, 2.700 millones de dólares. A tal punto se ha vuelto inmanejable que, de hecho, en este mismo proyecto de ley, miren lo paradójico, se propone en artículos transitorios que se posponga la gratuidad universal, algo con lo cual el actual gobierno, o gran parte de los personeros que forman parte de este gobierno, hizo mucho hincapié, es decir, que era algo que de todas maneras se debía hacer. Y hoy por hoy, es el mismo gobierno el que echa pie atrás respecto a alcanzar esa gratuidad universal.
Pero más allá de eso, lo importante es obtener conclusiones a partir de esas experiencias. Y por eso me atrevo a decir, en definitiva, lo siguiente: a la luz de estas experiencias, que nos permiten dar cuenta de que el aporte privado ha sido importante en la construcción de un mejor sistema de educación escolar y educación superior. Me pregunto por qué tenemos que desdecirnos de lo que ha sido ese aporte privado, en circunstancias de que nuestro país no es rico y tiene ciertamente otras urgencias que copan la agenda, haciendo ver que no todo el aumento de recursos puede destinarse a educación superior.
Desde ese punto de vista, me atrevo a preguntar, en términos retóricos, si es necesario que la ideología se imponga una vez más y que esta tercera gran reforma vea la luz sin grandes cambios. Si no hacemos cambios importantes, o si definitivamente no se rechaza este proyecto, me temo que esta tercera reforma no va a ser la vencida. Así como hay aspectos de las reformas anteriores que diez años después estamos lamentando seriamente, pienso que algo parecido va a ocurrir con el FES. Si no sufre modificaciones radicales, en diez años más estaremos lamentando haberlo aprobado. Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, Rector. Le vamos a ofrecer la palabra a la señorita Silvia Izaguirre, del Centro de Estudios CEP, y después vamos a hacer la ronda de preguntas. Silvia, gracias, Presidente. ¿Ahora sí? Muchas gracias. ¿Se escucha? Yo quería partir con un contexto de la educación en Chile, que es de alguna forma donde termina el Rector. El principal desafío en Chile es la calidad de su educación escolar. En cuarto básico, uno de cada tres niños tiene un nivel de aprendizaje insuficiente en matemáticas, y la brecha aumenta con la edad. En segundo medio, uno de cada dos jóvenes tiene un nivel de aprendizaje insuficiente en lectura y en matemáticas.
El presupuesto fiscal de educación es de 17 billones de pesos, equivalente a un 5,2% del PIB, en línea con el promedio de lo que gastan los países de la OCDE. Sin embargo, el Estado de Chile invierte menos que el promedio de la OCDE en educación escolar e invierte más que el promedio de la OCDE en educación superior. Creo que eso es importante tenerlo a la vista, así como lo que decía el Rector sobre el efecto que tiene especialmente en las personas más vulnerables la inversión en temprana edad.
Además, tenemos una deuda fiscal que este año alcanza el 43,2% del PIB y estamos acercándonos peligrosamente al máximo prudente. En esta tabla podemos ver la cobertura de educación superior de Chile en comparación con el resto de los países latinoamericanos por quintil de ingreso. Chile es el país que tiene la mayor cobertura de ingreso en la educación superior y también la mayor cobertura en los quintiles de ingresos más bajos. Eso creo que es un orgullo como país, el acceso que estamos dando a jóvenes de bajos estatus socioeconómico a la educación superior.
El CAE es un crédito contingente en el ingreso...
La banca presta los recursos hasta el arancel de referencia, accesible a todos los estudiantes de instituciones acreditadas. La diferencia con el arancel real se cubre con becas, créditos o recursos privados. El pago es progresivo hasta el 10% de los ingresos, con una tasa subsidiada del 2% anual real, un plazo máximo de 20 años y suspensión del cobro por cesantía. Sin embargo, existen problemas significativos que requieren atención urgente.
Uno de los principales problemas del Crédito con Aval del Estado (CAE) es su baja recaudación debido a la alta morosidad; en 2023, el 60% de los deudores se encontraba en esta situación. Entre 2006 y 2023, el fisco desembolsó 9.000 millones de dólares. En un contexto de estrechez fiscal, es crucial abordar este tema. Los bancos carecen de incentivos para cobrar la deuda cuando el Estado actúa como aval, y los morosos no pueden acceder a beneficios como la tasa del 2% o la suspensión por cesantía, debido a su situación. Además, estos beneficios no son automáticos; los jóvenes deben postular, y muchos no lo hacen por asimetría de información. Por lo tanto, el statu quo no es sostenible.
El nuevo Fondo de Educación Superior (FES) presenta una oportunidad para resolver los problemas del CAE, aunque no en su forma actual. En cuanto a los riesgos del FES, no entraré en detalles sobre su funcionamiento, ya que es un tema conocido. En primer lugar, la sostenibilidad fiscal es una preocupación. Según Durden, Ríos, Jara y Valdés, la tasa de recuperación del FES se estima en un 93,8%, lo que parece irrealista. Esta estimación se basa en un supuesto de crecimiento salarial del 2% anual, pero el índice de remuneraciones reales del INE muestra que entre agosto de 2021 y febrero de 2023, el crecimiento fue de -1,3% anual. Si consideramos el periodo de enero de 2022 a julio de 2025, el crecimiento salarial es de solo 0,8%. Si asumimos un crecimiento del 1%, la tasa de recuperación caería a un 83%.
Además, hay un segundo supuesto erróneo: se asume que el perfil de estudiantes que actualmente está en el CAE es el mismo que adoptará el FES. Sin embargo, las estimaciones indican que un 40% de los estudiantes pagaría más con el FES que con el CAE, y un 17% pagaría considerablemente más. Es probable que estos estudiantes no opten por el FES, lo que afectaría la tasa de recuperación.
Por último, el FES, al establecer condiciones similares a la gratuidad, como la prohibición del copago, obligaría a las instituciones a adherirse a la gratuidad, lo que aumentaría exponencialmente el número de estudiantes beneficiados. Esto no ha sido considerado en las estimaciones de Durden, Ríos, Jara y Valdés, ni en el informe de la DIPRES, y podría elevar significativamente el gasto fiscal en educación superior, en un contexto donde Chile ya gasta más que el promedio de la OCDE y menos en educación escolar.
Otro tema relevante es la sostenibilidad para las instituciones de educación superior. El FES financia hasta el arancel regulado, que es más alto que el arancel de referencia que cubre el CAE, lo cual es un beneficio tanto para las instituciones como para los estudiantes. Sin embargo, prohíbe el copago para los estudiantes de los primeros nueve deciles de ingreso y fija las vacantes para todas las carreras e instituciones participantes. Esto podría agudizar la crisis financiera en el sistema de educación superior, dado que el 75% de los programas de pregrado universitarios adscritos a gratuidad tienen un arancel regulado más bajo que el real. En promedio, la diferencia es de 581.000 pesos anuales para las universidades y cerca de 120.000 pesos anuales para los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
Universidades que están adscritas a gratuidad, porque para eso tenemos aranceles regulados. Multipliqué el número de estudiantes por programa perteneciente a los primeros nueve deciles de ingreso, y la diferencia son 480 millones de dólares anuales menos. Evidentemente, no es que eso sea el total, porque parte de esto es por gratuidad, pero ese es el efecto que podría llegar a tener en su conjunto el sistema ante faltas de ingresos. En un escenario donde está irrumpiendo la inteligencia artificial y donde sabemos que probablemente la educación superior va a jugar un papel clave, sacar recursos en un momento de estrechez fiscal no es conveniente.
El tercer punto que quiero destacar es que el Fondo de Educación Superior (FES) protege muy bien a los estudiantes con baja renta futura, lo que considero un avance respecto del Crédito con Aval del Estado (CAE). Exige un pago que es contingente en el ingreso y libera de pago a quienes tendrán una renta futura inferior a 7,5 Unidades Tributarias Anuales (UTAs), que es cerca del sueldo mínimo. Es progresivo y contingente en el ingreso, con un tope máximo de un 8% de la renta anual, tiene un plazo máximo de 20 años y fija un monto máximo de pago de 3,5 veces por un 90% del tiempo de pago. Sin embargo, hay un 40% de personas para quienes el FES constituye una carga mayor que el CAE. Este 3,5 veces, que no es 3,5 porque hay que cumplir el 90% del plazo, equivale a una tasa de interés en Unidades de Fomento (UF) de un 17% anual para una carrera de cuatro años. Esto es en el mejor escenario posible, y a mí me parece que es de todas luces exagerada y desproporcionada.
En una comparación con un estudiante de medicina promedio de la Universidad de Chile, con el FES terminaría pagando cerca de 40 millones de pesos más que con el CAE. Es altamente probable que un estudiante que deba pagar 40 millones de pesos más que con el CAE no optará por este instrumento, lo que resultará en beneficiarios que no son buenos pagadores y que le sale más caro al fisco.
Por último, hay un tema que se ha visto poco, pero que considero sumamente importante: la titulación oportuna. La tasa de titulación oportuna en Chile es, creo, el principal desafío de las instituciones de educación superior. Para que se hagan una idea, la titulación oportuna en las carreras de pregrado en Chile es de solo un 13%, mientras que en los estudiantes de la OCDE es del 44%. La tasa de titulación de duración nominal más un año agregado es de un 38% en Chile, frente a un 60% en la OCDE. Esto representa un problema significativo que encarece la educación tanto para los estudiantes como para el fisco. El FES no tiene incentivos para la titulación oportuna, mientras que el CAE sí los tenía.
Ahora, en cuanto a las conclusiones, los créditos contingentes en el ingreso son instrumentos justos y eficientes. Estos incentivan el prepago, son equitativos al ser contingentes en el ingreso y justos al ofrecer la misma tasa de interés a todos. Un número importante de países ha adoptado este modelo con muy buenos resultados, como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Gales, y Hungría. De hecho, Nicolás Barr, quien ha asesorado en este ámbito, es considerado el padre de los ingresos contingentes y ha sido un gran defensor de este tipo de instrumentos.
Los impuestos a los graduados o el fondo revolvente, en cambio, no permiten el prepago, incentivan comportamientos estratégicos para superreportar ingresos, son ineficientes al ser insensibles a los precios y no necesariamente equitativos. No veo razones que justifiquen mantener un impuesto a los graduados en vez de un crédito contingente en el ingreso.
Establecer un límite de pago lo asemeja a un crédito, y actualmente el límite de pago es excesivamente alto. Creo que si se fijara un límite razonable de 1,3 a 1,5 veces, que equivaldría a una tasa de interés del 2% anual en 20 años, sin condiciones de pagos mínimos, podría ser algo razonable. Además, esa tasa debería variar con el tiempo para efectivamente incentivar el prepago. Otro aspecto importante es que debiera existir un vínculo contractual.
Entre el Estado y el estudiante, es fundamental establecer un compromiso que obligue al estudiante a devolver los recursos prestados. Hasta ahora, este sistema se ha configurado como un impuesto, una contribución que se paga solo si se perciben rentas en Chile. Sin embargo, si un estudiante estudió en Chile y se traslada al extranjero, mantiene una deuda que debe seguir pagando. Con el sistema actual del Fondo Revolvente, no existe un compromiso real con el Estado. Es esencial que haya un compromiso de devolución, independientemente de si se tributa o no en Chile.
Además, es necesario incentivar la titulación oportuna, un desafío significativo para el sistema de educación superior. Esto podría lograrse aumentando el periodo de pago a 24 años para aquellos que reciben financiamiento por un sexto año de estudio. Considero que uno de los mayores aciertos del Fondo de Educación Superior (FES) es su sistema de recaudación. Para que este sistema sea exitoso, es indispensable eliminar la intermediación bancaria, lo cual cuenta con un amplio consenso entre los expertos sobre los beneficios que esto conlleva.
En cuanto al copago, me parece inviable prohibirlo en el contexto actual, dada la baja inversión del Estado en investigación e innovación y los nuevos estándares de acreditación que requieren mayores recursos. La educación superior desempeñará un papel crucial ante el avance de la inteligencia artificial; por lo tanto, no es momento de reducir recursos, sino de aumentarlos. Dada la situación fiscal del país, es probable que estos recursos no provengan del Estado. Por ello, se debe asegurar que el FES esté disponible para todos los estudiantes, no solo para aquellos que asisten a instituciones con gratuidad. Debería incentivarse que las instituciones que no están en gratuidad puedan acceder a este beneficio sin necesidad de adherirse a ella, y para ello, se debe liberar el copago para todos los deciles de ingreso.
Dado el costo fiscal del proyecto, se propone focalizar el gasto, financiando hasta el arancel regulado para los estudiantes de los primeros seis deciles y hasta el arancel de referencia para aquellos de los deciles siete, ocho, nueve y diez. También se podría hacer una distinción entre instituciones con gratuidad y aquellas que no la tienen, estableciendo diferentes aranceles regulados y de referencia. Esto permitiría focalizar mejor los recursos del Estado y reducir el costo fiscal.
Es sumamente importante avanzar en la resolución de los problemas que enfrenta el Crédito con Aval del Estado (CAE). No solo tenemos un gasto fiscal considerable, sino que también es necesario legitimar un sistema de crédito justo y equitativo, como el FES renovado. Si logramos legitimarlo, en el futuro podremos considerar complementar la gratuidad con un sistema de créditos, y no limitar la gratuidad únicamente a los primeros seis deciles, dado que el costo es elevado. Mirando hacia el futuro del país, podríamos combinar una proporción de gratuidad con un sistema de crédito, siempre que este último esté legitimado.
Agradezco a la señora Silvia por sus exposiciones. Ofrezco la palabra para consultas, dudas o comentarios. Senador, le agradezco su intervención y me gustaría que profundizara en un par de aspectos. En su intervención, mencionó que existe el riesgo de que con el sistema FES se produzca un subreporte, es decir, una posible falsificación de ingresos. ¿Podría aclarar cómo se comporta el CAE en este sentido y si se ha detectado este problema? Además, me gustaría que explicara las falencias que perciben en el tema del prepago. Entiendo que, una vez que se suscribe el compromiso a 20 años, aunque se disponga de los recursos antes, no se puede prepagar, a diferencia de lo que ocurre en cualquier banco. ¿Es correcto? Muchas gracias.
Tengo una duda, porque nosotros partimos de que, por diferentes motivos, el CAE ha estado deslegitimado. Mi pregunta es si el CAE fuese perfeccionado con los sistemas de cobro que trae el FES y si efectivamente fuera un instrumento útil, ya que hoy día, por diferentes anuncios, primero como promesa de campaña y después en discursos del Presidente de la República, se habló en un momento de condonación universal. Obviamente, el incentivo era a dejar de pagar. Sin embargo, no he visto en ninguno de los análisis si se ha profundizado en que este instrumento sea bien utilizado desde el punto de vista del Estado, que hoy día no hace ningún esfuerzo por su cobro, o son muy débiles los esfuerzos que se realizan.
Por otro lado, ¿han dimensionado el efecto de gratuidad que existiría dentro del FES? Si hay un tramo exento, eso se transforma finalmente en gratuidad, lo que aumentaría el desembolso del Estado en gratuidad de una manera que aparece dentro del FES, pero en términos prácticos esos recursos no retornarían al Estado.
Ofrezco la palabra a don Jaime Quintana. Sí, muchas gracias, señor presidente. También quiero agradecer a ambos expositores, a la Universidad Finis Terrae, su rector y a Silvia del CEP. Creo que ambos nos ilustran, tal vez con énfasis un tanto distinto, sobre los riesgos que esto puede tener y alguna posible mejora, fundamentalmente en la exposición de la representante.
En relación a lo que planteaba don Juan Eduardo, me gustaría que se profundizara un poco más sobre los costos que esto podría tener para las instituciones y para los estudiantes. Me queda claro cuáles son los costos para las instituciones, pero también es importante considerar el costo fiscal que esto podría tener por el incentivo al traspaso a gratuidad. Creo que lo que hemos escuchado hoy día es un tema interesante que sería bueno desarrollar un poco más, y tal vez el Ejecutivo pudiera profundizar al respecto.
Respecto a la exposición de Silvia, creo que efectivamente ella ofrece un camino sobre cómo enfrentar y encontrar una solución. Me cuesta imaginar que alguien quiera dejar las cosas tal como están, quedándonos con gratuidad y con el CAE, y pensar que vamos a formar profesionales solo en base a becas y créditos o gratuidad, me parece que es el peor de los mundos.
Hoy día, a menos de dos semanas de haber dado la prueba de admisión a la Universidad Chilena, los estudiantes necesitan claridad, particularmente los de clase media. Entiendo que ese es el foco, porque durante buena parte de la discusión en la Cámara de Diputados, esta estuvo centrada en la condonación de los estudiantes. Sin embargo, creo que este proyecto es mucho más que la condonación de estudiantes; lo menos relevante es eso. Prácticamente no se ha hablado de ello hoy día. Sí se ha discutido sobre un sistema de financiamiento futuro para estudiantes, fundamentalmente de clase media, y a ese punto no le podemos fallar.
Por lo tanto, no sé cuán disponible está el Ejecutivo para recoger algunos de los puntos que se han planteado en ese sentido. Silvia, me parece muy pertinente para destrabar esta discusión, que es de gran interés, no solo para un gobierno que está terminando, sino también para uno que asumirá un signo distinto en marzo. Dejar este tema sin resolución o sin un mínimo acuerdo podría no ser políticamente aconsejable.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Quintana. A continuación, el senador Castro y luego el senador Edwards. Les pido que acotemos los tiempos, porque a la 1:15 terminamos con el FES y debemos pasar a la sala cuna. Agradezco las presentaciones de los invitados. Me llama la atención que todos los invitados que hemos escuchado respecto a este proyecto de ley tienen un cuestionamiento; siempre nos dicen que hay una falla. Me gustaría que el Ejecutivo tomara nota de esto, porque entendemos que aquí va a haber un...