El acta de la sesión número 191 se da por aprobada y la sesión número 192 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario dará lectura a la cuenta, querido secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos.
Un proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón, Cordero, Morales, doña Carla y Rafael, y de los diputados señores Castro y Celis, que modifica el Código del Trabajo en lo tocante a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual.
Asimismo, se ha recibido un correo de la señora Rosa María Romero, mediante el cual denuncia presuntas faltas a la probidad administrativa, vulneraciones a la Ley Karín y a sus derechos laborales y fundamentales, así como la existencia de represalias institucionales al interior del Servicio Nacional de Turismo y del Ministerio de Economía. Solicita la intervención y fiscalización correspondiente, señalando, entre otros aspectos, la omisión de activar el protocolo de acoso laboral, la falta de medidas de protección en su calidad de denunciante y la adopción de actuaciones que, a su juicio, configuran abuso de autoridad y desviación de poder.
Una carta del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertarios e Independientes comunica que el diputado señor Cristián Labbé será reemplazado por la diputada señora Joanna Ahumada. Otra carta, en el mismo sentido, del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, informa que en la sesión del día de hoy el diputado señor Luis Alberto Cuello será reemplazado por la diputada señora Ana María Gazmuri.
Además, se ha acordado un pareo entre la diputada señora Joanna Ahumada y el diputado señor Tomás Hirsch para la presente sesión. Por último, señor presidente, una comunicación del secretario general de la corporación informa que la diputada señora Ximena Ossandón, María Luisa Cordero y el diputado José Miguel Castro han retirado un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual, correspondiente al boletín N° 17.987-13.
Eso es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No. ¿Puntos varios? Diputada Cicardini.
Señor presidente, quiero plantear una denuncia que me ha llegado desde el SLEP Atacama por temas laborales. Tres funcionarias fueron informadas de que no se les va a renovar la contrata para el año 2026, pese a tener altas calificaciones. Esto es bien llamativo, por decir lo menos, y además sin ninguna fundamentación clara. Se nos ha señalado que esto se les atribuye a un supuesto sumario del que nadie conoce, nadie sabe qué es lo que contiene, y nadie entiende qué fue lo que concluyó. Esto quita la oportunidad real de poder defenderse, aclarar o apelar.
Respecto a una de las tres funcionarias, esta estaría justificada a propósito de dos operaciones que tuvo en el tobillo. Es razonable, hay licencias médicas de por medio, pero aún cuando está en recuperación, se avanza en esta desvinculación. Esto podría contravenir las instrucciones del ordinario número PIN 0000999-2025, de fecha 27 de noviembre del año 2025, del Director Nacional de Servicio Civil, que exige que las no renovaciones se realicen con identificación expresa, antecedentes funcionales, causales fundadas y procedimiento reglado, incluyendo instancias de reconsideración y participación de asociaciones.
Por lo tanto, creo que hay una situación que, según lo que señalan las asociaciones de funcionarios, ha identificado un patrón durante esta administración, donde se ha removido a todas las mujeres de cargos relevantes, y el porcentaje de contrataciones de mujeres sería cero, cuestión que antes de asumir el director ejecutivo se había avanzado en una planificación totalmente contraria.
Fomentando la participación de mujeres en altos cargos importantes que han desempeñado, por lo demás, de buena forma y con buenas evaluaciones. Por eso, quiero solicitar un oficio de fiscalización, presidente, al SLEP Atacama, para que informe las razones fundadas de estas no renovaciones y que pueda entregar antecedentes del supuesto sumario, porque me interesa mucho saber si es que existe y qué es lo que contiene. Además, quiero solicitar oficios a la Dirección de Educación Pública y a la Contraloría General de la República para que revisen el actuar del director del SLEP Atacama y que, evidentemente, se puedan adoptar todas las medidas que correspondan en derecho. Eso, presidente.
Muchas gracias, diputada Chicartini. Vamos a tomar el acuerdo para ambos oficios en los términos que usted ha señalado a la Contraloría General de la República y al SLEP Atacama sobre el punto. Perfecto, tomamos el acuerdo. Diputado, tiene la palabra.
Gracias, presidente, por su intermedio. Quiero saludar a la comisión. Presidente, quiero aprovechar la oportunidad que estoy en esta comisión hoy día para comentar un tema que no es menor. Sabemos que en Chile hay una crisis de especialistas en salud, y hay 305 médicos especialistas extranjeros que están debidamente acreditados con la certificación CONACEM, como corresponde, y a los cuales, lamentablemente, UNACOM les está poniendo una exigencia que es bastante burda, porque son médicos especialistas. Estamos hablando de psiquiatras, oftalmólogos, otorrinos, etcétera, y dada la situación crítica de las listas de espera en la salud pública en nuestro país, es absurdo que ahora les pidan acreditarse como médicos generales. O sea, yo no podría ser especialista en algo si no soy médico general previamente.
A través de la doctora Laura Ortiz, que preside esta organización, ella es colombiana y psiquiatra infanto-juvenil, nos están pidiendo que, de hecho, hay una declaración que tengo aquí en que el Colegio Médico se pronuncia y propone alguna norma que clarifique esta situación, presidente. Entonces, quisiera pedirle si tuviera bien recabar el acuerdo de esta comisión para oficiar al organismo competente, que me imagino puede ser el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, para ver cómo se podría normalizar esta situación. Porque de verdad exponer a estos especialistas a que tengan que dar un examen para acreditarse como médicos generales es realmente ridículo.
Gracias, presidente. A usted, diputada Palma, sobre el punto, me ha pedido la palabra la diputada Ana María Muri. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo quiero refrendar la preocupación del diputado Palma. También me llegó este aviso, que es bastante grave, porque serían cerca de 300 especialistas, 305, lo que significaría que todos ellos dejarían de atender en medio de la grave crisis que tenemos de especialistas. Ellos ya dieron sus exámenes y están acreditados como corresponde. Se les está aplicando una norma que es para médicos generales, pero ellos se niegan a hacerlo porque consideran que no corresponde, y eso significará la reducción de 300 profesionales menos atendiendo la red de salud. Creo que esto merece ser visto con urgencia, porque entendemos que UNACOM tiene que ver con los médicos generales y es correcto, pero quienes ya son especialistas y están correctamente calificados no debieran pasar por esta situación, presidente.
Además, es importante destacar que la mayoría de estos especialistas ejercen en regiones, y especialmente en las regiones extremas, donde tenemos la mayor crisis de especialistas médicos. Así que, gracias, diputado Palma. En esta comisión hemos tratado varias temáticas relativas a la crisis sanitaria de nuestro país y la falta de especialistas, así como otras herramientas en el sistema público. Por lo tanto, vamos a enviar los oficios a ambas instituciones, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, y también para que ellos puedan derivarlos si existiese algún organismo pertinente que pudiera colaborar con la solución del problema.
¿Alguien más sobre puntos varios? No habiendo más puntos varios, pasamos al objeto de la sesión. Denme un segundo. En puntos varios, en mi calidad de presidente, consulto a la Secretaría y, si no, reitero los siguientes oficios que fueron remitidos desde la Comisión de Trabajo en relación con la exposición realizada por el Sindicato de Jumbo, a propósito de la negativa de la empresa a evacuar durante la alerta de tsunami del pasado 30 de julio. El Oficio N° 471/3/2025, de fecha 4 de agosto del 2025, fue enviado al Director Nacional del Trabajo, y el Oficio N° 470, de fecha 4 de agosto.
El delegado presidencial y el oficio N° 469, de fecha 4 de agosto del 2025, a la Directora de Senapred. Reiteramos eso de oficio. Dicho esto, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Como primer punto, tenemos en fácil despacho tratar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley originado en moción que modifica cuerpos legales que indica, con el objeto de establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes preventivos del cáncer gástrico, sin necesidad de orden médica, correspondiente al boletín N° 16.895-13. Este es un proyecto de ley que fue ya aprobado por esta comisión en general y particular y que fue objeto de indicaciones en sala. Por lo tanto, ha vuelto a la comisión, y hoy día tenemos que tomar una decisión en función de aquello. Le doy la palabra al diputado Palma para que nos explique el contexto de la indicación que se ha presentado.
Muchas gracias, presidente. Primero, una mención muy breve. El tema originalmente fue planteado sin orden médica, pero en el transcurso de la discusión y de las audiencias entendimos que era imperativo que hubiera orden médica, porque el examen endoscópico tiene sus riesgos. ¿Y por qué la redundancia, presidente? Porque, de hecho, la diputada Osandón, por su intermedio, propuso una indicación que está incluida en el proyecto como enmienda, que dice: "Si el examen de Helicobacter pylori requiriese un día completo o más para su ejecución y posterior recuperación del trabajador, dicho tiempo adicional deberá ser compensado por este en la forma que acuerde con su empleador". La indicación que propuso el diputado Irarrázabal, me imagino que en desconocimiento de este antecedente, establece que no se aplicará en el caso del examen de Helicobacter pylori, donde deberá compensarse el tiempo utilizado dentro del siguiente año calendario. Esto anula lo que ya está incluido y reitera lo que la diputada Osandón propuso como enmienda al proyecto. Aclarar que esta enfermedad cobra más de 3.400 vidas al año, y por eso es tan importante hacer el trámite más expedito. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado Palma. Efectivamente, nos encontramos frente a una redundancia legislativa, por lo tanto, lo vamos a someter a votación rápidamente. Secretario, antes de someterlo a votación, ¿quiere pedir la palabra? Creo que sería importante que la secretaría pueda ver cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Efectivamente, fue la indicación que pusimos, lo que consensuamos. No sé si el diputado habrá leído bien el proyecto, pero puede ser que tenga algún matiz que creo que aquí... La sensación que me da a mí de la sola lectura de ambas es que es mucho más completa la que acordamos en la comisión.
Diputada Gazmuri, ¿usted quiere opinar sobre el punto? Sí, a lo mejor soy yo la que estoy confundida, presidente. Es necesario despejar las dudas que uno tiene, porque me parece que no son de la misma categoría las dos indicaciones. La primera, la del diputado Sandón, establece que si se ocupa un día completo, se podrá compensar. Pero la otra indicación del diputado Irarrázabal, si no me equivoco, habla de que no se aplicará en el caso del examen de Helicobacter pylori, es decir, no habla de día ni de mediodía, sino que lo anula por completo. Entonces son distintas. Exactamente, a eso me refería.
Sí, creo que este es un debate, no quiero que entremos en un debate porque además estamos con un proyecto de fácil despacho, que ya lo dimos y efectivamente lo zanjamos, lo resolvimos todos los diputados. Salvo que la secretaría tenga alguna observación que hacer al respecto. La indicación está comprendida en el artículo que ustedes aprobaron en la sala.
Señora Gamuri, ¿cómo vota usted? En contra. Señor González, ¿cómo vota usted?
Gracias, señor Ahumada. Señora Johana, señor Leal, señor Sandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, en contra. Ocho votos en contra, presidente. Ninguna a favor, ninguna abstención. Se da por rechazada, entonces, la indicación, colegas. Muchas gracias. Este proyecto sigue con su trámite. Vamos a permitir que se haga un examen antes de ser el diputado informante.
Queridos colegas, vamos a seguir con la orden del día. Corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley, originado en moción, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al boletín N° 17.837-13. Solo para recordar, durante las varias sesiones que hemos tenido ya de audiencias para intentar construir un consenso sobre esta materia, nos convocamos durante la última semana entre todos los equipos legislativos para abordar los puntos de consenso, los puntos de disenso e intentar establecer algunas de las líneas que van a servir para cuando iniciemos la discusión en particular de este proyecto.
Dicho eso, voy a aprovechar de comentar y me complementarán también los equipos, los colegas de la oposición y el diputado Undurraga, que ha estado trabajando directamente en esta materia, de manera tal de poder destrabarla. Algunas de las ideas generales que hemos decidido incorporar y otras que hemos decidido sacar para que el proyecto pueda avanzar. En términos generales, les quiero mencionar que de las garantías que se establecían en el proyecto, hemos decidido no contemplar en la discusión en particular la designación obligatoria de un encargado único de salud y seguridad en la empresa como parte del acuerdo. El derecho de paralización por riesgo grave e inminente con rol activo de los sindicatos se mantendría en la misma forma que contempla la ley, que es el artículo 184 bis.
Sí habría condiciones para un acuerdo respecto de un canal de denuncia anónima obligatorio para prevenir represalias respecto de materias que afecten la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores. También se establecería la obligatoriedad de que las empresas respondan a consultas y propuestas sindicales en un plazo de diez días, conforme al artículo 155, que está incorporado en el proyecto sobre salud y seguridad. Dicha obligación se extiende a las mandantes para con sindicatos subcontratistas o contratistas. Respecto de la aceptación de las propuestas, se nos ha sugerido que cuando se acepten las propuestas del sindicato, siempre que exista participación y visto bueno por parte del comité paritario, que es un instrumento que hemos decidido fortalecer.
En cuanto a la subcontratación, hemos conversado que el encargado de salud y seguridad de la empresa principal, que asume el rol de coordinador con los contratistas, queda fuera de esta discusión para simplificarla. Sin embargo, se avanza en un acuerdo que contempla la uniformidad en equipos de protección, información y capacitación, sin importar el tipo de contrato, de manera tal de homologar los distintos niveles dentro de una empresa principal y sus contratistas y subcontratistas. Además, tuvimos un debate relevante respecto del rol de la empresa principal y su delegación de riesgos del giro esencial a contratistas, y hemos llegado al consenso de que, en términos de responsabilidades, garantizaremos que no sea posible que la empresa principal delegue la responsabilidad de riesgos de su giro esencial a los contratistas.
Esto ha sido un acuerdo también conversado tanto con los equipos de la diputada Osandón como del diputado Undurraga. Finalmente, respecto del fortalecimiento sindical, que es una de las temáticas importantes que hemos abordado, los sindicatos podrán usar medios de comunicación de la empresa y deberán ser alertados por el empleador de la existencia de un peligro grave e inminente. Lo que se ha dejado fuera son las modificaciones al artículo 184 bis.
Una herramienta que ya tienen los sindicatos es informar a los trabajadores de su derecho a paralizar la obra, lo cual pueden hacer mediante las vías que actualmente existen. Un avance significativo es el derecho de ingreso de dirigentes sindicales a los lugares de trabajo, con equipos de protección y transporte garantizado, además de la correspondiente inducción, que es la acotación que nos hicieron del equipo de la diputada Osandón. En cuanto al incumplimiento de la entrada de dirigencias sindicales a las faenas, después de un largo debate, hemos llegado al consenso de que esto se remitiría al artículo 289, letra A del Código del Trabajo, que aborda prácticas antisindicales que efectivamente obstaculizan las labores sindicales. Por lo tanto, sobre ese tenor, tendríamos resuelto el fortalecimiento sindical.
En el siguiente apartado, relativo al régimen de sanciones laborales, tenemos que resolver cómo se ajustan las multas según los tamaños de empresa o los ingresos. Aquí hay un desacuerdo, y se propone estudiar un mecanismo que permita aumentar las multas. El gran problema que hemos tenido, manifestado en diversas sesiones y audiencias solicitadas por distintos sindicatos, es que muchos empleadores prefieren pagar multas antes que corregir faltas. Este es un punto en el que todavía no tenemos una fórmula, la cual habría que estudiar en el proceso de redacción de las indicaciones. Sin embargo, hay consenso en que se debe estudiar el alza de multas, dado que lo que señala la dirección del trabajo respecto al carácter disuasivo de estas es casi nulo. Por lo tanto, hay una comprensión de avance, pero la fórmula es uno de los puntos en los que tendremos que trabajar más.
Respecto a la reincidencia, hay acuerdo en que la multa se duplique sucesivamente cada vez que se repita la misma infracción en un período de dos años. En cuanto al recargo de las indemnizaciones por accidentes graves o fatales, existe un acuerdo en que esto se puede aplicar, siempre que exista responsabilidad acreditada del empleador en el accidente fatal. Este es el acuerdo final.
Quisiera señalar un punto que me interesa discutir, relacionado con la posibilidad de heredar las indemnizaciones por años de servicio en caso de muerte. Esta circunstancia fue manifestada en algún momento por la diputada González, y se refiere a que las familias que pierden a un miembro, que suele ser el soporte económico del hogar, en un accidente laboral, ven también perder las indemnizaciones por años de servicio. Por lo tanto, creo que parte de la conversación, además de los recargos, es que, independientemente de las circunstancias, cuando existe un accidente fatal, debemos hacernos cargo de que exista una indemnización para quienes heredan o son sobrevivientes de esa víctima. Evidentemente, esto no está en el proyecto actual, y es algo que debemos conversar en términos de indicaciones.
Como último punto, y quizás el más controvertido, están las sanciones penales. Abriré la palabra, ya que ha habido conversaciones más profundas entre algunos parlamentarios. Nosotros proponíamos sanciones penales individuales respecto a los representantes legales de las empresas. Sin embargo, entiendo que ha habido consenso en que es un avance poder incorporar medidas de sanciones penales cuando se trate de acciones que, por negligencia, ocasionen un grave peligro a la vida, integridad y salud de trabajadoras y trabajadores. La fórmula adecuada sería encontrar una responsabilidad penal del empleador, de la empresa, y no de personas individuales.
Esto es un resumen general de lo que hemos conversado, que transparenta los disensos y consensos, y nos coloca en condiciones de poder votar este proyecto en general. Abriremos un espacio importante en las próximas dos semanas distritales para consensuar las indicaciones que se puedan acordar y votar después en particular, atendiendo el compromiso de esta comisión de dejar los temas en los que hemos tenido fuertes disensos e incorporar aquellos que aún tienen aristas relevantes de discusión. Además, creo que es importante abrirse a la posibilidad de invitar a algunos interlocutores para tratar estas temáticas, por ejemplo, en el tema de las sanciones penales, lo que podría abrir un espacio de conversación distinto.
Dicho eso, antes de que procedamos a votar, evidentemente voy a abrir una ronda de palabras. Entonces tengo al diputado Undurraga y a la diputada Sandón. Efectivamente, hemos trabajado, se agradece a Francisco y a todas las personas que estuvieron involucradas en este tema, así como la conversación que hemos tenido hoy día con los distintos diputados. Creo que sería muy beneficioso que la Secretaría pudiera transformar todos estos acuerdos en parte del proyecto mismo, de modo que podamos trabajar sobre indicaciones. No debe ser solo un acuerdo verbal, sino que ya vaya tomando cuerpo en el proyecto.
Por cierto, diputado Sandón, el compromiso es que efectivamente enviemos una propuesta inicial para que, junto con los equipos asesores, podamos trabajar sobre ella. Es probable que en algunas haya más de una fórmula, pero efectivamente vamos a tener ese cuerpo y me comprometo a traducir única y exclusivamente los acuerdos que tenemos en este documento legal.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero valorar la disposición que tuvo usted al no ponerlo en tabla en ocasiones anteriores hasta que lográramos este acuerdo, así como la conducción que ha habido en este proceso. También quiero reconocer a los equipos que han participado, tanto los de la diputada Sandón como los de mi diputación y otros que hayan estado involucrados.
Quiero referirme a algunos principios detrás de esto. El primero es apuntar a resolver el problema de seguridad laboral que no está bien tratado. Alguien podría decir que Chile, comparativamente con otros países, está mejor, y sí, de acuerdo, pero eso no significa que no requiera solución. El segundo principio es fortalecer la institucionalidad existente, ya que había varias normas en el proyecto original que podían debilitarla. La importancia de los comités paritarios es fundamental.
El tercer principio es no duplicar normas, ya que esto puede confundir. El cuarto es no generar nuevos problemas ni pasar gato por liebre. Algunas de las normas en el proyecto original podían interpretarse de manera errónea, como la eliminación de la subcontratación en determinadas circunstancias, lo cual no era el propósito del proyecto.
Finalmente, hay un quinto principio que es la viabilidad política: necesitamos un acuerdo amplio en esta comisión para que sea aprobado en la sala. Si se aprueba por un voto en la comisión, es probable que se rechace en la sala. Por lo tanto, si logramos un acuerdo amplio aquí, podremos aprobarlo en la sala durante la actual legislatura, dejándolo listo para el Senado y con un buen acuerdo para la próxima.
En ese marco, creo que ya podríamos votar en general y ojalá de forma unánime. Esto nos permitirá establecer un plazo para las indicaciones, quizás la próxima semana legislativa. Eso nos da más tiempo para hacer las indicaciones necesarias, aprobarlo y que se lleve a sala, empujando para que la reunión de comité lo ponga en tabla y podamos aprobarlo antes de que finalice esta legislatura.
Estoy muy contento por el trabajo realizado, creo que hay un buen acuerdo que establece las bases para una aprobación no solo aquí, sino también en la sala. Muchas gracias, diputado Undurraga, y nobleza obliga, quiero agradecer la disposición de todos los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, que han estado abiertos a buscar fórmulas y pensar fuera de la caja para que este proyecto avance.
Vamos a ponerlo en votación en general. En votación, secretario. Señora Cicardini, señora Gasmuri. A favor. Señor González, señor Hirsch, señor Ibáñez, señora Ahumada, señor Leal, señora Sandón, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Urruraga. Don Andrés, a favor. Nueve votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general.
Muchísimas gracias a todos y cada uno por esta votación. De verdad que es un proyecto muy importante para muchas organizaciones, para muchos trabajadores y trabajadoras. Estoy ansioso de que podamos traducir esta voluntad de consenso cívico en las siguientes indicaciones para continuar, inmediatamente volviendo de las semanas distritales, que ya es el próximo 2026, de manera tal que en ese apretado mes podamos tramitarlo. Les quiero agradecer de todo corazón haber puesto este granito de arena el día de hoy.
A propósito del orden de las siguientes semanas que no son legislativas, vamos a presentar una propuesta dentro de esta semana a la Secretaría como un borrador de las indicaciones, de manera tal que podamos ir haciendo las indicaciones en función de los acuerdos que vayamos consensuando a partir de la próxima semana con los equipos legislativos, coordinados evidentemente de manera telemática, pues estarán buena parte de los diputados y diputadas en sus respectivos distritos.
Me consulta el secretario, el diputado Santana, si puede sumar su voto. De todas maneras, lo sumamos. ¿Cómo vota? A favor. Es posible, todo puede ocurrir. Muchas gracias, diputado Santana.
Ya, entonces vamos a fijar un plazo máximo para las indicaciones. La próxima sesión legislativa es el martes, si no me equivoco, el martes 6. Por lo tanto, vamos a fijar entonces el día... No, ¿le parece mejor el viernes? El problema lo tenemos con los invitados. Lo podemos dejar para el lunes 5, entonces. Lunes 5 a las 12 del día dejamos como tiempo fatal para la presentación de indicaciones.
Continuamos entonces. Pasamos al último punto de la tabla, estamos muy ejecutivos hoy día. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley, tal como fue comprometido y además solicitado en correo electrónico durante la semana pasada, que fue un compromiso mío, pero también asumido por la comisión.
El estudio del proyecto de ley, originado en moción de las diputadas señoras Gasmuri, Cicardini, Pérez, doña Joanna y Tello, y de los diputados señores Giordano, González, don Mauro, Hirsch e Ibáñez, que modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular causales de término del contrato de trabajadores parlamentarios, correspondiente al boletín N° 17.301-13.
Para estos efectos, se ha invitado al señor Bastián Espinoza Vergara, presidente de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores de Parlamentarios de Chile (AFUTRAPARCH), y al señor Dimitri Morales Lanas, presidente de la Asociación N° 1 de Funcionarios de Parlamentarios de la Cámara de Diputados de Chile (AFUNPAR).
Que pasen nuestros invitados. No sé si tenemos el proyecto para que lo puedan tener los diputados en sus respectivos pupitres. Ya, le vamos a dar la palabra primero al señor Bastián Espinoza Vergara para que nos comente respecto al proyecto.
Primero que todo, saludar a la comisión por su intermedio, presidente, y agradecer que esta comisión haya puesto en tabla este proyecto. Me gustaría comentarle a los diputados y diputadas que este proyecto materializa el anhelo de más de una década de trabajo de las diversas asociaciones de trabajadores parlamentarios de este país. Como sabrán ustedes, señores parlamentarios, tiene por objeto modificar el artículo 3A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Señorías, por su permiso, presidente. El funcionario parlamentario tiene causales de desvinculación que son distintas a las causales que están en el Código del Trabajo. Estas están contenidas en el artículo 3A de la Ley Orgánica del Congreso, donde se especifican las dos causales de desvinculación: mutuo acuerdo y pérdida de confianza. Esto nos ha traído algunos problemas. Esta ley, si no me equivoco, tiene ya quince años y es fruto de una negociación que se realizó entre los dos grandes comités que había en el año 2005, la Democracia Cristiana y la Unión Demócrata Independiente, quienes llegaron a este consenso en una comisión mixta para que el artículo 3A quedara como lo conocemos hoy en día.
Lamentablemente, con el paso del tiempo hemos enfrentado dificultades, particularmente con respecto a la causal de pérdida de confianza, que ha sido objeto de mala utilización y sobreutilización. Además, existe una desprotección para los funcionarios parlamentarios desvinculados, quienes no pueden acceder al seguro de cesantía. Cada vez que se termina un período parlamentario y se desvincula a un funcionario por pérdida de confianza, los funcionarios de los distritos son los que sufren más, ya que las notarías no reconocen esta causal, lo que dificulta considerablemente el cobro del seguro de cesantía en la AFC.
En paralelo, este fue el proyecto original que presentan diversos parlamentarios, muchos de esta comisión, con el objetivo de plantear una nueva causal de desvinculación que morigere la causal de pérdida de confianza. Lo que estamos proponiendo es que se incorpore la causal de reestructuración del equipo parlamentario y que se limite el uso de la pérdida de confianza. Desde la presentación de este proyecto hasta la fecha, hemos trabajado con la Secretaría de la Cámara, específicamente con Miguel Landeros y con la Asociación AFUNPAR, para lograr una indicación sustitutiva que nos gustaría presentar, la cual aborda muchas problemáticas que enfrentan los funcionarios parlamentarios.
Les comentaré una situación relevante: cada vez que se termina el período parlamentario, las funcionarias que están embarazadas terminan su contrato y pierden su fuero, lo que las obliga a demandar a la Cámara, siendo esta la única forma de indemnización. Lo que estamos proponiendo es que las funcionarias y parlamentarias que estén embarazadas al finalizar el período mantengan su contratación hasta que se termine su fuero maternal.
Por otro lado, también hemos tenido problemas recientes respecto a la ley Karim, específicamente la inexistencia de protocolos por parte de la Cámara en la relación funcionario-parlamentario. Proponemos que exista la imposibilidad de desvincular al funcionario parlamentario cuando hay denuncias de por medio, dado que las últimas denuncias bajo la ley Karim han quedado sin respuesta, ya que la Cámara nos indica que el funcionario ya fue desvinculado.
Esto es, a grandes rasgos, la realidad que enfrentamos los funcionarios y funcionarias de parlamentarios cada vez que nuestros colegas son desvinculados. Lo que buscamos es brindar tranquilidad a los funcionarios, certeza jurídica a la Cámara y plantear a los diputados y diputadas, a través de su intermedio, la posibilidad de modificar la norma.
Eso es de mi parte. Muchas gracias. Agradezco a don Bastián Espinoza y le cedo la palabra al señor Dimitri Morales. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Agradezco a la Comisión por su intermedio y por recibirnos en esta ocasión.
Como bien explicaba Bastián, llevamos mucho tiempo tratando de buscar certeza jurídica respecto de lo que implica el despido o la desvinculación de quienes forman parte del personal de apoyo parlamentario. Yo, el próximo 11 de marzo, cumplo 36 años como parte de equipos parlamentarios de distintas épocas del trabajo legislativo, por tanto, conozco bastante lo que ha ocurrido en este tiempo.
Respecto de esto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es clarificar y evitar que se siga haciendo mal uso de lo que significa la pérdida de confianza. No estamos en contra de que un diputado o diputada pueda perder la confianza respecto de quien ejerce una función determinada, pero también hay que entender que la confianza legítima depende del cargo que ostenta ese funcionario. Por ejemplo, si es un jefe de gabinete, se dice que puede haber un jefe de gabinete, pero desde el punto de vista real de la Cámara, no existe tal figura. Sin embargo, esa persona tiene responsabilidades dentro del equipo de apoyo parlamentario, por lo tanto, tiene un rol más activo y una confianza política de ese diputado o diputada.
Es distinto, por ejemplo, que se exija certeza respecto de un conductor, un asesor o una secretaria, quienes también cumplen roles importantes aquí. Lo que estamos tratando de hacer es que se deje de utilizar de mala manera la pérdida de confianza como un modo de presión para despedir a un funcionario, al punto que tengan que llegar a hacerlo de mutuo acuerdo. También, como decía Bastián, buscamos evitar que los beneficios que le corresponden a un trabajador post desvinculación, como el finiquito, puedan verse comprometidos, y que puedan acceder al seguro de cesantía.
Estamos buscando, en el fondo, resguardar los derechos de lucha sindical que hemos realizado durante un tiempo. En su momento, partimos como personal de apoyo, luego nos transformamos en asociación debido a las modificaciones que hubo al interior de la corporación, pasando de ser tercerizados a ser contratados por la Cámara para ejercer una función determinada. Lo que buscamos, insisto, es dar tranquilidad a quienes forman parte de los equipos de apoyo parlamentario.
En segundo lugar, quiero referirme a un tema que es sumamente importante y que creo que muchos de ustedes deben atender. Hace un momento, Bastián hablaba de la ley 21.643, la denominada Ley Karim. En este edificio, en esta corporación, se analizó y se trajeron expertos constitucionalistas y en derecho laboral para referirse a este proyecto de ley. Sin embargo, increíblemente, es en esta Cámara donde más se vulnera la norma. A pesar de que se publicó la ley y se estableció que debía hacerse un protocolo, este no existía.
Hay funcionarias del equipo de apoyo parlamentario que estuvieron tres meses fuera por problemas psiquiátricos, siendo vistas por el IST tras el suceso. Funcionarios han sufrido síncopes, colapsos y ACV producto de maltrato laboral por parte de parlamentarios. ¿Y qué ocurre? Todo queda en nada. Existen denuncias que se hicieron por escrito, se presentaron y se investigaron, pero al final, todo quedó en nada porque se exculpó a ese diputado.
Por ello, los llamo a ustedes como legisladores, porque hay algo que siempre se dice en campaña, y que hace poco terminó. Todos, cual más, cual menos, se refieren a la protección de los derechos laborales, derechos que son permanentemente conculcados en empresas públicas y privadas, y no en la Cámara. Resulta que donde se hacen las leyes para proteger a los trabajadores es donde más se vulneran. Hoy, incluso, una diputada denunció a un colega por violencia y acoso, vinculado a la Ley Karim. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la diputada tiene la posibilidad de llevar a ese diputado a la comisión de ética.
Todos sabemos aquí, en esta instancia legislativa, cuál es el peso real, desde el punto de vista jurídico, de lo que se está transmitiendo a la ciudadanía común, a la que se le habló en campaña. ¿Cuál es el peso real que tiene la Comisión de Ética? ¿Solo una sanción económica? Hoy día, esto se ha transformado en un discurso vacío, en hechos que no se concretan.
Si tenemos una ley como la Ley Karin, insto a esta comisión, que es la instancia legislativa que debe velar por los derechos de los trabajadores, a que actúe. El protocolo debe existir, porque cuando comenzaron las denuncias de maltrato laboral o acoso, no se hizo nada, ya que no había un protocolo en esta corporación para la protección de los trabajadores.
Más allá de la pérdida de confianza que se pretende modificar en la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 3A, podemos afirmar que esta pérdida de confianza nace de ustedes mismos, señores y señoras parlamentarios, porque están fallando en hacer cumplir la ley en este Congreso Nacional. Es un llamado a la atención para que realmente se cumpla con la ley y no se limite a discursos vacíos. Los hechos son absolutamente necesarios.
Quiero concluir señalando que ustedes me ven hoy con un elemento en mi mano; estuve casi tres meses fuera debido a un síncope y colapso, el 7 de agosto, producto de maltrato laboral. Pero, ¿cuál fue la respuesta de la corporación cuando hice la denuncia? Nada. No hubo acompañamiento, no se respetó la ley, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral y la violencia en el trabajo, tanto en el sector público como privado, obligando a empleadores y órganos estatales a implementar protocolos y canales de denuncia para crear ambientes laborales seguros y respetuosos.
La ley amplía los conceptos de acoso, permitiendo sanciones incluso por actos únicos, e incluye la violencia ejercida por terceros, protegiendo la salud mental y la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, la salud mental no está protegida, y la dignidad de los trabajadores está vulnerada. Por ello, insisto en que queremos modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el 3A, para que se deje de subutilizar la pérdida de confianza como mecanismo para despedir y presionar a los trabajadores. No estoy diciendo que no se pueda perder la confianza de un diputado o diputada hacia un trabajador, sino que no se utilice de mala manera lo que está en la norma.
En relación a la Ley Karin, por favor, pongan atención y busquen la forma de que en esta corporación se cumpla efectivamente la ley. No puede ser que, como se me dijo en una reunión reciente, los diputados estén por sobre otros órganos y, como nadie los puede fiscalizar, hagan lo que quieran. Esta es una opinión que, al menos para mí, no me parece justa ni correcta. Es de justicia que ustedes, que hacen las leyes, las cumplan, y aún más justo es que nosotros, que somos parte de los equipos de apoyo parlamentario, recibamos un trato digno, dado que desempeñamos una función importante dentro del trabajo legislativo.
Muchas gracias.
Gracias a usted, don Dimitri. Me ha pedido para complementar la palabra don Bastián, tiene la palabra.
Sí, por supuesto. Las últimas palabras de Dimitri son clave. Cuando hemos pedido respuestas a este tipo de situaciones, son precisamente lo que acaba de señalar. Por lo mismo, en la indicación sustitutiva que proponemos, que tiene el diputado Undurraga en estos momentos, vamos a hacer llegar a la comisión, y que ha sido conversada con los demás actores, como el secretario de la Cámara, que entiendo viene para acá. Esto nos permite hacernos cargo de un problema básico: cuando se denuncia, se desvincula inmediatamente al trabajador, lo que no permite que se investigue. Hay una diferencia.