El acta de la sesión 112 se ha dado por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 113 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas, queridos invitados. Se recibieron los siguientes documentos:
En primer lugar, una nota del diputado Johannes Kaiser, quien, conforme a lo acordado en la última sesión de comisión, propone expertos nacionales e internacionales del ámbito médico forense para ser invitados a la sesión que la comisión acuerde, relativa al tema del servicio médico legal. Se incluyen los nombres y antecedentes académicos de tres especialistas en áreas como antropología forense, microbiología, medicina legal y bioética. Yo les haré llegar los documentos de la cuenta.
En segundo lugar, llegó un documento de la presidenta de la Asociación de Practicantes de Falun Dafa en Chile, quien informa a esta comisión sobre la persecución sistemática del Partido Comunista Chino contra los practicantes de Falun Dafa, vigente desde 1999 y extendida por más de 26 años. Se detallan detenciones masivas, muertes documentadas, torturas y denuncias de infracción forzada de órganos, así como el aumento reciente de la represión transnacional, incluyendo amenazas contra la compañía artística Shen Yun. La presentación solicita al Estado de Chile, en términos generales, aplicar sanciones a 18 funcionarios chinos identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, adjuntando antecedentes y expedientes que respaldan dichas acusaciones.
En tercer lugar, se recibió un pareo de los diputados Cristián Labbé y la diputada Emilia Schneider para la sesión de hoy.
En cuarto lugar, se recibió una nota de la Organización de Estados Iberoamericanos en Chile, que informa sobre la ampliación del plazo de postulación del sexto Premio Iberoamericano de Educación de Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, edición 2026. Este plazo es hasta el 31 de diciembre de 2026 para todos aquellos que quieran participar. El premio reconoce iniciativas educativas que promueven los derechos humanos, la inclusión, la igualdad, la convivencia democrática y el respeto a la diversidad. Los proyectos que resulten ganadores a nivel nacional pasarán a la fase iberoamericana, que se realizará en Bilbao, España, donde se otorgarán premios en euros y posibles menciones especiales.
Como quinto, llegó una nota del Comité Republicano Social Cristiano Nacional Libertario Independiente, que comunica que el diputado Benjamín Moreno reemplazará al diputado Cristóbal Urruticoechea, y una nota de la bancada UDI que informa que el diputado Cristóbal Martínez Ramírez reemplazará al diputado don Daniel Lilayu Ibáñez durante esta sesión. Esa sería toda la cuenta, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Diputado Arce León? No entendí una denuncia contra gente de la República de China. Señor secretario, ¿podría leer de nuevo esa parte de la cuenta?
Estimado diputado, ocurre que una asociación de practicantes de Falun Dafa en Chile hace una denuncia al Estado de Chile sobre infracciones a los derechos humanos ocurridos en China, y en concreto solicitan...
La Comisión de Derechos Humanos y, en general, al Estado, que puedan intervenir y manifestar alguna opinión sobre los hechos que se indican. En estricto rigor, esta comisión no tiene competencias en materia internacional, por lo que podríamos reenviar esta nota a la Cancillería, que es la que tiene competencia a nivel internacional.
Muchas gracias, secretario. Aprovecho de saludar y darle la bienvenida al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, quienes nos acompañan, así como a todos los diputados y diputadas. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
Sobre puntos varios, diputado Palma, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Saludo a la subsecretaria y a los integrantes de la comisión. Quería expresar mi profunda preocupación, que supongo es compartida por toda esta mesa, respecto de la operación Apocalipsis, que delata un grado de corrupción insostenible en el tratamiento de Gendarmería. Dada la crisis institucional que vive la justicia en nuestro país y el tema carcelario que se ha discutido en distintos espacios, creo que este tema no es menor. Quisiera pedirle que recabe el acuerdo para recibir, ojalá, información más detallada, ya que nos hemos informado básicamente por la prensa. Tengo entendido que de 77 detenciones, 66 corresponderían a personas de Gendarmería, de las cuales 40 ya tenían algún proceso anterior. Esto habría permitido la circulación de más de 6.000 millones de pesos en los últimos tres años, facilitando el ingreso de celulares, probablemente armas hechizas y drogas. Quien ha conocido los contextos carcelarios de menores sabe que este es un tema grave; me imagino si esto ocurre con menores, cómo será con los adultos. Creo que esta es una muy mala señal para la sociedad.
Por lo tanto, solicito que se cierre el acuerdo de la comisión para oficiar, me imagino, al Ministerio de Seguridad Pública y también a Gendarmería para que nos comenten acerca de esta materia.
Lo segundo, presidenta, es lamentar que, aunque he visto a mucha gente celebrando, la señora Ana Gloria Chevesich, quien en su momento se negó al desafuero del dictador, hoy día sea la primera mujer que encabeza la Corte Suprema. Es una mujer que, en el contexto de la Operación Cóndor y posteriormente el vil asesinato del exgeneral de la República Carlos Prats y su esposa, se negó al desafuero, tragándose el cuento de que el dictador estaba con demencia, cosa que posteriormente fue claramente una falacia y un montaje. Eso, presidenta, muchas gracias.
Gracias, diputado Palma. Recabamos el oficio. Diputado Kaiser, sobre el punto.
Señora presidenta, no olvidemos que la ministra Chevesich no se encuentra aquí para poder defenderse de las imputaciones del diputado Palma. Me parece que es poco apropiado salir a golpear cuando la persona no está presente para responder a ese tipo de acusaciones. En su momento, y con los antecedentes que tenía, la ministra dictó un fallo que probablemente pueda ser revisado por todos nosotros y que nos dé luces respecto de su motivación. Suponer malas intenciones o hablar mal de una persona que no está presente para defenderse no corresponde, especialmente en el caso de la primera mujer presidenta de la Corte Suprema. Siempre habrá un espacio en el cual usted, creo, pueda solicitar una audiencia o conversar sobre el punto. Estoy convencido de que la ministra, que es conocida por haber sido bastante sólida, por ejemplo, en el caso MOP-Gate, trató de avanzar contra la corrupción en el Estado. No tengo una cercanía personal, pero recuerdo cuando uno hace una visión de la carrera de una persona.
Tener presente que, más allá de que se puedan cometer errores o no judiciales, la vida de una persona son luces y sombras, y no se puede simplemente desestimar lo que se ha expuesto aquí gratuitamente. A mí me parece injusto. Incluso, yo soy uno de los críticos más duros de la Corte Suprema, en razón de su falta de proactividad en materia de control de jueces y otros aspectos. Denle la oportunidad a la ministra de demostrar lo que puede hacer antes de crucificarla en público, en un lugar donde ella no se puede defender, y más aún, ni siquiera podría presentar acciones legales contra usted, dado que es inmune por lo que se ha dicho aquí.
Muchas gracias, diputado Kaiser. Bien, tendríamos que tomar el oficio respecto al punto de Gendarmería para que pueda informarnos sobre lo que señala el diputado Palma respecto de la Operación Apocalipsis, que nos parece fundamental tener mayores antecedentes. Es un golpe importante contra la corrupción, y sería muy relevante que pudiéramos contar con esos oficios y esa información para poder analizarlo en extenso.
Diputado Celedón, sobre el punto. No, perfecto, sobre otro tema. Sí, puede complementar, diputado, antes de que tomemos la cuenta. Había planteado que era el oficio del Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Gendarmería, pero Gendarmería depende de Justicia. Entonces, yo corregiría y pediría que se enviara a Justicia. Bien, entonces lo hacemos en los términos que indica el diputado Kaiser.
Diputado Labé, tiene la palabra. Presidente, a lo mejor esto va a ser para la próxima legislatura, pero sugiero también una posible invitación a una sesión especial respecto a este tema. Tomando en cuenta la gravedad de la situación, hoy no es solo un caso aislado, sino que probablemente el Ministerio de Justicia tiene mucho que decir durante estos cuatro años sobre la falta de fiscalización y lo que está haciendo la justicia últimamente. Creo que sería pertinente organizar una sesión especial para que tanto el Ministerio de Justicia como el Director de Gendarmería y el Ministro de Seguridad vengan a esta comisión, si es que el Ministro de Seguridad está dispuesto, ya que hemos visto poco de su parte.
Gracias, diputado Labé. Yo también estaría de acuerdo en que pudiéramos tratar este tema en profundidad, así que tomemos el acuerdo para ambas cosas, ¿les parece? Los oficios y la sesión especial. Vamos a intentar realizarla durante enero en alguna fecha que convenga.
Diputado Celedón, sobre otro punto. El miércoles pasado, con información previa a la comisión, asistí a una invitación oficial del Ministerio de Justicia sobre el Plan Nacional de Búsqueda que se desarrolló en la Universidad de Chile. Me permito entregar a la comisión dos documentos que, a pesar de lo que haya traído la secretaria, pedí especialmente para la comisión. Muchas gracias, diputado Celedón, es un insumo muy relevante para nuestra discusión. Me informan que nuestra subsecretaria también trae información para todos los demás.
Finalmente, quiero hacer una solicitud a esta comisión, ya que se envió una solicitud sobre un caso ocurrido en la Policía de Investigaciones de Chile, para evaluar la instalación de una placa recordatoria y la realización de un acto o palabras de reconocimiento en un nuevo complejo policial de la PDI que se está construyendo.
Viña del Mar. Esto en memoria del ex prefecto Juan Ramón Bustos Marchant. Esta solicitud se fundamenta en su destacada trayectoria institucional, en su integridad y compromiso funcionarial, y en el hecho de que su muerte fue determinada judicialmente como un homicidio calificado ocurrido bajo custodia del Estado, lo que hace procedente un acto de memoria y reparación simbólica por parte de instituciones públicas.
La iniciativa se enmarca plenamente en la política nacional de derechos humanos y en el plan nacional de derechos humanos impulsado por el gobierno, y apunta a fortalecer el deber de memoria, verdad y no repetición, así como también a consolidar una institucionalidad de seguridad comprometida y restrictamente con los derechos humanos.
En su oportunidad, también le entregamos un reconocimiento a un exfuncionario de Carabineros en esta comisión, y esta solicitud fue canalizada por el diputado Tomás Lagomarsino, quien también es miembro de esta comisión. Por ello, hoy pido que podamos tomar un acuerdo para concretar una acción, ojalá en este espacio público que se está construyendo en Viña del Mar, para establecer allí un símbolo de memoria. ¿Habría acuerdo para ello?
Muchas gracias. Diputado Kaiser. El informe Rettig plantea, y con razón, que el Estado violó los derechos humanos de muchos ciudadanos entre el año 73 y el año 90. También señala que se violaron los derechos humanos a través de organizaciones que cometieron actos de violencia política desde la extrema izquierda.
No he visto nunca una placa recordatoria de los asesinados por la extrema izquierda, ni un acto ni nada. Esto no solo empobrece el debate, sino que establece que hay víctimas de primera y víctimas de segunda clase respecto a lo sucedido en esa época. Han habido reparaciones, efectivamente. Se reparó, por ejemplo, un caso particular de un teniente de la FACH que fue asesinado. Sin embargo, nunca hay un recordatorio de las personas que murieron en ataques al metro, ataques a micros, o gente quemada. Lo planteo porque me parece que estamos siendo un poco tuertos en recordar a las personas, pues el dolor no tiene color político.
Gracias, diputado Kaiser. Entonces, debemos votar la solicitud, ya que no hay acuerdo unánime. Por favor, secretario, tome la votación y proceda conforme lo solicite. Don Roberto Celedón, ¿a favor del oficio? A favor, entonces. Don Andrés Giordano, ¿a favor? A favor, secretario. Don Johannes Kaiser, ¿abstención? Abstención, señor presidente.
No corresponde. El "yo prefiero" no es atingente a su rol. Le pido que se dirija a través del reglamento, si corresponde. Según el artículo que establece que el pareo es para todas las votaciones de la comisión, si no se especifica, rige para todos. En este caso, para tranquilidad del diputado Labé, se establece que es para la sesión del miércoles 17 a las 15 horas. Entonces, sería por toda la sesión. Don Tomás acaba de ingresar.
A favor, don Hernán Palma. A favor, doña Lorena Pizarro. Y finalmente, presidenta, a favor. Seis votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Se aprueba. Se oficia entonces para ver si existe la posibilidad de poder poner una placa memorial.
Hicimos mención al lamentable fallecimiento del subprefecto de la Policía de Investigaciones aquí en el Congreso. Creo que fue una persona muy noble y murió en condiciones muy trágicas. Afortunadamente, su hijo está fuera de peligro. Algunos pudimos estar presentes en la ceremonia del domingo anterior, incluso estaba el senador Chahuán.
Quería dejar esto como constancia y a lo mejor la comisión podría enviar una nota de condolencia, ya que el personal que quedó aquí está muy afectado. Además, él estuvo en esta comisión en varias oportunidades con la mejor disposición. Eso, presidenta, gracias.
Estoy totalmente de acuerdo, diputado Palma. De hecho, fue una noticia impactante y dolorosa. También quiero mandar públicamente mis condolencias y empatizar con la familia y con todos sus seres queridos, quienes trabajaban más directamente con él. Recuerdo haber conversado con él casi toda la semana cuando acompañaba a las delegaciones de la Policía de Investigaciones que venían a distintas comisiones, incluida la de Gobierno Interior, que era bastante seguido.
Rodrigo Carreño, vamos a enviar entonces condolencias desde esta comisión, si es que nadie se opone. Mucha fuerza también para su hijo y su familia.
Bien, vamos a pasar a la orden del día. Continuaremos con la discusión en general del proyecto de ley que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Boletín número 17.839-17, de origen en moción de los diputados y diputadas Lorena Fríes, Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Zagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Érika Ñanco.
Para ello, hoy tenemos presente aquí a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, y también al director Yerko Lubetich del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos están acompañados por sus equipos de trabajo y les vamos a dejar la palabra. Vamos a partir por nuestra subsecretaria. Le damos la bienvenida y muchas gracias, porque este es un proyecto muy importante para nuestra comisión.
Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los integrantes de esta comisión. Entiendo que ustedes han revisado ya este proyecto en sesiones anteriores. Lamentablemente, no había podido asistir, pero me gustaría comenzar la presentación haciendo un breve recuento sobre el contenido específico del proyecto.
En sus fundamentos, se recogen en general el marco normativo, tanto nacional como internacional, que rige esta materia vinculada a los pilares de la justicia transicional. Busca, de algún modo, instalar el Plan Nacional de Búsqueda que hemos impulsado en nuestro gobierno, otorgándole rango legal y, por tanto, fortaleciendo esta importante política pública que es de la mayor prioridad para nuestro gobierno.
Sobre el contenido, consta de cinco artículos, reconociendo en el artículo primero la existencia del plan, y en el artículo segundo, los tres objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, que son coherentes con aquellos que están consagrados en el Decreto Supremo número 98 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No son exactamente iguales, pero en general responden a una lógica coherente.
Mandata la elaboración de un reglamento que organice mejor esta iniciativa con algunos contenidos mínimos, la mayoría de los cuales, en realidad todos, están efectivamente consagrados en el decreto número 98. Los libros que hoy compartimos están también disponibles en una versión digital. No pude traer ejemplares para todos y todas las integrantes de esta comisión, porque por austeridad tratamos de no excedernos en las impresiones, pero de todas maneras está disponible en nuestra página.
Respecto al marco normativo, es importante trazar una línea de tiempo en las distintas legislaciones que han reconocido y consagrado el derecho a la verdad como un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena en su conjunto para conocer y esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas durante la dictadura civil-militar. Me detendría especialmente en la ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, y que consagra en su artículo 6 el derecho a la verdad. Este derecho es luego recogido por un mandato del legislador en la ley de presupuesto del año 1997, cuando la corporación termina su funcionamiento. En ese momento, el legislador manda al Ejecutivo crear un programa orientado a hacer efectivo este derecho, que se aloja en el Ministerio del Interior, el programa de derechos humanos, con el mandato de entregar soporte a las familias y asistencia legal y social para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de ejecución política y de desaparición forzada.
Posteriormente, en la ley 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se traspasan estas normativas o mandatos legales de búsqueda a la Subsecretaría de Derechos Humanos. En consecuencia, es importante para el Ejecutivo, en esta sesión, dejar constancia de que el programa de derechos humanos alojado en la Subsecretaría tiene el mandato legal de búsqueda y obligaciones específicas orientadas a promover el derecho de los familiares a conocer el destino final y esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de cada una de las víctimas.
En este contexto, el Plan Nacional de Búsqueda que este gobierno ha impulsado es un instrumento que permite darle eficacia y eficiencia a ese mandato legal, consagrado en el Decreto 98. En ocasiones anteriores he expuesto con detalle su estructura, instancias de gobernanza participativa y los objetivos generales y específicos de esta política pública, que desarrolla por primera vez una estrategia estatal integral, en la que confluyen distintos poderes del Estado para cumplir efectivamente con esta obligación legal.
Por lo tanto, para el Ejecutivo, una iniciativa de estas características que robustece y promueve una mayor institucionalización de este instrumento, que ya lleva casi dos años de implementación y ha mostrado resultados concretos de su avance, es valorada positivamente.
Respecto al contenido del proyecto de ley en particular, es importante señalar que se adecúa a los parámetros generales del marco normativo vigente, aplicable al Plan Nacional de Búsqueda, y a los pilares de la justicia transicional, que comprenden no solo la labor de búsqueda, sino también medidas en torno a garantías de no repetición, memoria y participación de los familiares y de la sociedad en su conjunto para avanzar en las tareas que el Estado de Chile tiene pendientes en materia de desaparición forzada. En segundo lugar, a nuestro juicio, efectivamente viene a robustecer una iniciativa de política pública, pero no atribuye nuevas funciones ni atribuciones a la Subsecretaría de Derechos Humanos ni al Ministerio de Justicia, ya que ese mandato de búsqueda está consagrado en nuestra legislación.
Y en tercer lugar, se valora el mandato a la potestad reglamentaria, porque en el desarrollo de esta política pública es importante tener ciertos márgenes de flexibilidad que nos permitan utilizar nuevas tecnologías y desarrollar nuevas estrategias de búsqueda con potenciales nuevos actores que puedan participar en estas tareas. En ese sentido, consideramos que es algo muy valioso dentro de la moción.
Algunos aspectos que nos parecería importante precisar a lo largo de la tramitación legislativa de este proyecto son que no queda del todo claro si la naturaleza jurídica que propone este proyecto de ley para el Plan Nacional de Búsqueda es en calidad de instrumento o de órgano. Creo que ahí hay algunas precisiones que sería importante hacer, porque en el artículo primero se refiere al plan de búsqueda como un instrumento, pero luego, en el artículo cuatro, se le atribuyen al plan ciertas competencias que podrían entenderse más bien como propias de un órgano, no necesariamente de un instrumento. Esta es una naturaleza jurídica que consideramos importante aclarar.
En segundo lugar, si bien se hace alusión a la elaboración de un reglamento, no se especifica qué ministerio debiera elaborar ese reglamento. Por la naturaleza de esta iniciativa, debería estar radicado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y eso es algo que también sugerimos al legislador poder aclarar y tener en consideración a lo largo de la tramitación del proyecto.
Asimismo, sería deseable contar con algún estatuto transitorio que permita que la implementación de esta eventual legislación no afecte el funcionamiento que ya está en curso de esta política pública. Hemos señalado en reiteradas ocasiones que es una política diseñada, pensada y en implementación en la lógica de ser una política pública de carácter permanente. Por tanto, sería deseable que la legislación contemplara un estatuto transitorio que permita que, mientras se elaboren los respectivos reglamentos o se lleven a cabo las modificaciones necesarias para el cumplimiento e implementación de la ley, se continúe implementando el Plan Nacional de Búsqueda en el sentido y alcance que está hoy día consagrado en el Decreto Supremo número 98.
En síntesis, consideramos que este es un proyecto de ley que viene a robustecer una iniciativa importante, consagrada en la legislación y en las obligaciones de nuestro ministerio, de la Subsecretaría de Derechos Humanos en particular, y del Programa de Derechos Humanos como órgano ejecutor. Sin duda, este proyecto viene a darle un mayor impulso y alcance a la forma de despliegue del cumplimiento de estas obligaciones, que son de carácter absolutamente permanente para el Estado de Chile.
Eso, señora Presidenta, estoy muy disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, subsecretaria.
Le vamos a dar la palabra al director y dejaremos las consultas para el final, ya que me informan que no está presente la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Por lo tanto, nos quedaremos solamente con estas dos exposiciones por el día de hoy. Así que, director, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a las diputadas y diputados presentes en la comisión. Agradezco la invitación al Instituto. Como decía la subsecretaria, este es un tema sobre el cual se ha expuesto el conocimiento, y es una síntesis adecuada de los contenidos centrales del proyecto que hemos analizado.
Me limitaré a presentar la opinión del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Como ustedes saben, el consejo es un organismo cuya conducción corresponde a un consejo del cual soy parte y que me ha designado director. Tengo que representar la opinión de ese consejo en esta materia. Lo hemos analizado en nuestra última sesión ordinaria y voy a dar cuenta de las opiniones formales de nuestra institución.
En primer lugar, valoramos sin duda el esfuerzo y la motivación que supone el proyecto, que se hace cargo de una cierta inquietud expresada en algunas instancias. Me ha tocado verlo en lo personal, ya que como INDH integramos el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda actualmente en funciones. Un tema obligado de comentario ha sido cómo dotar al Plan Nacional de Búsqueda, que es sin lugar a dudas la política pública más importante generada en torno a la obligación del Estado de...
Buscar a las personas desaparecidas, hacer justicia y establecer las responsabilidades es fundamental, especialmente en lo que respecta a esclarecer el paradero de quienes fueron víctimas de desaparición forzada. La importancia de que este Plan Nacional y sus objetivos se desplieguen de manera permanente, más allá de cualquier otra consideración, es crucial. Desde el punto de vista de quienes integran este comité y del ámbito de los derechos humanos, valoramos este proyecto, ya que apunta en esa dirección, lo cual es un aspecto que compartimos.
Como mencionó la subsecretaria, es esencial ratificar la obligación del Estado de buscar a las personas detenidas desaparecidas, quienes fueron desaparecidas por el propio Estado y sus agentes. Este hecho tiene una enorme trascendencia, ya que más de mil personas detenidas desaparecidas lo fueron por el Estado. Hasta ahora, la búsqueda durante muchos años ha recaído en los hombros de los familiares y sobrevivientes. Por lo tanto, el hecho de que el Estado asuma esta responsabilidad es un acto de justicia, dado que el Estado es responsable de esclarecer lo que ocurrió.
Es importante destacar que el Plan Nacional de Búsqueda actualmente está en funciones y representa un esfuerzo significativo. No es que no haya habido otras iniciativas; todos somos conscientes de que ha habido esfuerzos importantes a lo largo de los gobiernos desde el término de la dictadura. Sin embargo, este plan se distingue por su capacidad de coordinación y articulación de los esfuerzos de las distintas instancias del Estado, ya que el Estado no es solo el gobierno, sino el conjunto de instituciones públicas que lo integran.
Este plan tiene el valor de ser el mayor esfuerzo de coordinación en una sola dirección: esclarecer lo ocurrido con las personas detenidas desaparecidas. Por lo tanto, es un aspecto que valoramos todos quienes estamos en el ámbito de los derechos humanos. Al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le corresponde analizar, evaluar, criticar o reconocer las actuaciones del Estado en función del derecho internacional de los derechos humanos, que incluye un conjunto de tratados, pactos y convenciones ratificadas por el Estado, que son la base de nuestra competencia y mandato.
Los estándares internacionales en materia de derechos humanos son claros, y todos los órganos involucrados son parte de tratados o convenciones adoptados por nuestro país, lo que les otorga plena validez. Me refiero, en particular, a la Convención Internacional de Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada, a la Convención Interamericana sobre el mismo tema y al Estatuto de Roma, que menciona crímenes de lesa humanidad. Estos instrumentos son parte de los estándares internacionales que el INDH debe considerar al evaluar esta iniciativa.
Desde la perspectiva de esos estándares, este proyecto se adecúa perfectamente a la obligación de dotar al Estado de instrumentos que le permitan cumplir con su deber permanente de establecer la suerte de las personas desaparecidas. En el contexto de lo que mencionó la subsecretaria, los pilares de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Un plan de búsqueda que busque la verdad y esclarezca lo ocurrido reúne estas condiciones, ya que establece verdad y justicia, lo que constituye una forma de reparación para los sobrevivientes y familiares.
Es importante imaginar el dolor que han soportado estas familias a lo largo de los años. Además, este plan actúa como una garantía de no repetición, ya que no hay nada que favorezca más la repetición de hechos tan dramáticos como los que vivió Chile que la impunidad. Por lo tanto, una forma de rechazar la impunidad es establecer lo que ocurrió y las responsabilidades y sanciones que correspondan.
En conclusión, quiero afirmar que, desde el punto de vista de la obligación del Estado de buscar a las víctimas de desaparición forzada, este instrumento se sitúa en la línea del cumplimiento de esta obligación permanente. Hay aspectos importantes que destacar en la perspectiva de estos instrumentos.
Nacionales que hemos suscrito como Estado, y que nos obligan y nos dan detalles acerca de la forma de cumplimiento de estas obligaciones. Un par de aspectos que se mencionan son relevantes, ya que tienen que ver con la experiencia del Plan Nacional de Búsqueda y con la perspectiva de asegurar su permanencia a través de este proyecto de ley. Uno de estos aspectos es la necesidad de la coordinación de los organismos del Estado.
He tenido conocimiento parcial, en mi reciente condición de integrante del Comité de Seguimiento y Participación, de que una dificultad que ocurre en la materialización de los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda es que, por un lado, tenemos a los magistrados que están a cargo, en cuanto a ministros en visita, con dedicación especial a estos asuntos, quienes llevan adelante las gestiones jurisdiccionales correspondientes. Por otro lado, existe un plan de búsqueda que coordina y refuerza los mecanismos administrativos de los que dispone el Estado y los servicios públicos involucrados para moverlos en esa dirección. Esto no siempre se articula de manera adecuada, ya que son caminos que, de alguna manera, van paralelos: el ejercicio de la acción de los magistrados, que busca establecer lo ocurrido sobre la base de su obligación de hacer justicia, y los caminos de la búsqueda, que muchas veces tienen espacios administrativos distintos.
Digo esto porque en algunos instrumentos que hemos citado se hace alusión a la necesidad imperiosa de la coordinación de los esfuerzos del Estado. Una iniciativa como el Plan Nacional de Búsqueda, actualmente en funciones o el que se propone, en la medida en que tenga un estatus legal, tiene un doble resultado. Primero, asegura la permanencia del proyecto o del plan, lo cual es fundamental para que sea ajeno a las contingencias políticas que ocurren en el país. Segundo, despeja muchos de los problemas de coordinación o de convivencia entre las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas que van en el camino de las tareas de búsqueda. Creemos que hay un aporte importante en la línea de otorgarle un estatus legal, que permita resolver problemas que puedan existir en materia de adecuada coordinación entre los poderes y las instituciones involucradas.
Dentro de esos estándares, es importante destacar que la iniciativa planteada consolida políticas de búsqueda permanente, fortalece la coordinación institucional, el acceso a la información y garantiza procesos integrales con rendición de cuentas y reparación, elementos propios de una perspectiva de derechos humanos que son muy relevantes en esfuerzos e iniciativas como esta.
Como conclusión, este proyecto es, desde el punto de vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de su consejo, muy valorado por ajustarse razonablemente a los estándares internacionales que establecen las obligaciones del Estado de Chile en esta materia. Solo agregar algunas recomendaciones específicas a la iniciativa que hemos estudiado. En primer lugar, es fundamental que este plan, tal como lo declara, se ratifique en el curso de la discusión legislativa, no centrándose únicamente en las cuestiones relativas a la búsqueda de la verdad judicial para establecer responsabilidades y sanciones, sino que también integre los caminos de la búsqueda, que son cuestiones complementarias.
El Estado tiene la obligación de encontrar, ya que en la medida en que encuentre, establece responsabilidades y aplica sanciones. En el logro de ese objetivo final, los caminos deben coordinarse entre aquellos que tienen que ver con la búsqueda y los que se ocupan de la administración de la justicia. Quiero reiterar, en nombre del Consejo, la presión favorable hacia la implementación del Plan Nacional de Búsqueda desde 2003. Es importante reiterarlo.
Finalmente, tenemos un par de aportes que esperamos contribuyan al debate legislativo sobre este asunto. Si bien existen facultades que abren posibilidades reglamentarias para la implementación del proyecto, hay cuestiones que, a nuestro juicio, deberían estar contempladas sin perjuicio de la actividad reglamentaria que le sigue.
De transición, ¿no es cierto? Creemos que hay algunas cuestiones que debieran estar claramente reflejadas en la ley, a los efectos de despejar los caminos reglamentarios. Desde nuestro punto de vista, hay cuestiones relevantes que la experiencia del Plan Nacional de Búsqueda actual ha ratificado. Las obligaciones de participación y de seguimiento, por ejemplo, debieran quedar claramente establecidas en la ley, de tal manera que esto no quede a la voluntad reglamentaria, que perfectamente puede mutar. Asimismo, debieran quedar en la norma, a nuestro juicio, las obligaciones relativas a los mecanismos de reporte periódico, que informen sobre los avances, entre otros aspectos.
También sería óptimo, por las razones mencionadas, que las formas de cooperación interinstitucional entre instituciones públicas, y que a veces pueden abarcar entidades privadas y organismos internacionales, sean establecidas en la propia ley como una obligación o como un objetivo. La ley debe impulsar a los ejecutores del plan a establecer las formas más eficaces de coordinación, asegurando así los buenos resultados de los propósitos de la búsqueda. Creemos que la regulación a nivel legal otorga mayor certeza y seguridad a los órganos encargados de la ejecución, y también asegura estándares mínimos desde una perspectiva de derechos humanos, como son la participación, la transparencia y el acceso a la información.
En esta materia, nuestra opinión es que, siendo estos temas compartidos, no deben quedar enteramente a la actividad reglamentaria, sino que deben ser incorporados al menos desde el punto de vista de sus propósitos y definiciones fundamentales en el cuerpo del proyecto de ley.
Además, es importante recalcar que este proyecto de ley es de suma relevancia para las obligaciones del Estado en materia de justicia transicional. Recomendamos al Ejecutivo que apoye y patrocine esta iniciativa legal, ya que la optimización de sus resultados supondrá la utilización de recursos públicos. Aunque hoy no estén establecidos en el propio proyecto, es indudable que este requerirá financiamiento de recursos públicos. Por ello, como Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recomendamos al Ejecutivo que patrocine esta iniciativa para despejar cualquier problema futuro en cuanto a dotar de los recursos necesarios.
Creemos también que sería muy interesante, en línea con lo que mencionó la subsecretaria, que en el debate legislativo se recogiera la experiencia del actual Plan Nacional de Búsqueda, es decir, que se consideraran precedentes sobre qué ha funcionado y qué ha sido más complejo, de manera que esa experiencia se proyecte en un buen diseño final del proyecto de ley.
A los efectos de la síntesis, esas son las cuestiones más relevantes que nos gustaría destacar. Otra recomendación es que el proyecto de ley explicite de manera clara y precisa la naturaleza, competencia y alcance de las obligaciones de cada órgano involucrado, asegurando las coordinaciones e interacciones necesarias para lograr los propósitos del programa.
Finalmente, quiero reiterar la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el valor del Plan Nacional de Búsqueda, que ha sido el esfuerzo más importante del Estado en la coordinación de sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos en esta materia. Valoramos la iniciativa presentada, pues se encamina en la misma dirección y, en la medida en que tenga éxito, asegurará la permanencia de un esfuerzo que, como obligación del Estado de Chile, trasciende los gobiernos de turno y debe permanecer hasta que se esclarezca qué ocurrió con la gran cantidad de personas desaparecidas en el contexto de la dictadura.
Muchas gracias.