Ordinaria de la Comisión de Salud de hoy, martes 16 de diciembre. En nombre de Dios y de la Patria, iniciamos.
Señora Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidente. Ha llegado un oficio de la Ministra de Salud, en respuesta a un requerimiento de esta comisión, informando sobre las propuestas de Clínicas de Chile A.G. para contribuir a la resolución de las listas de espera. También se ha recibido un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell, que remite el Plan Institucional 2026 de esa subsecretaría. Además, hay una comunicación del señor Héctor Sánchez, quien agradece la invitación a participar en la Comisión de Salud y se excusa por tener actividades universitarias que atender. Asimismo, la Ministra de Salud se ha excusado para concurrir a la presente sesión.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la Ministra se excusó ayer, pero sabemos que hoy estará presente el Superintendente de Salud y también la Superintendente de Seguridad Social.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Senador Chahuán.
Presidente, mi intervención está relacionada con la agenda de la comisión, ya que considero importante revisar qué proyectos tenemos en tabla para poder despachar antes del término del mandato. Creo que lo sucedido el domingo también cambia la priorización de los proyectos en la agenda legislativa, y es fundamental que lo conversemos.
Sabemos que tenemos compromisos legislativos en trámite; este es uno de ellos. Hay uno o dos proyectos más que habíamos conversado para continuar. Ayer se solicitó reactivar la discusión con la Comisión de Hacienda, lo que haremos saber hoy, señora secretaria, para verificar si Hacienda cumple el compromiso de despachar el proyecto en una semana. Este compromiso fue asumido en enero de este año.
A casi un año de tener el proyecto que endurece la respuesta del Estado al mercado ilegal de medicamentos, considero que es necesario tramitarlo. Revisemos lo que queda y observemos qué sucede esta semana en la sala con el proyecto de eutanasia. Recordemos que, de acuerdo al reglamento, si el proyecto se aprueba en la sala, regresa a la comisión para discusión en particular; si se rechaza, se constituye una comisión mixta. Por lo tanto, regresará a la comisión, y eso no lo sabremos hasta que se resuelva en sala.
Hago un comentario personal: estimo que la mesa o los comités no lo pusieron en tabla sencillamente por las elecciones presidenciales. Es una suposición mía, y eso ya pasó, por lo que debemos tomar una decisión. Este proyecto no puede quedar eternamente en espera; hay que despacharlo. Como mencioné, regresará a la comisión, y ahí cada uno de nosotros podrá expresar su opinión.
El otro proyecto que tenemos es el de salud mental, ¿verdad, Marcela? Si me permite, Presidente. La permito, por supuesto. Para hoy, el proyecto de muerte digna está en cuarto lugar en la tabla de la sala, y para mañana miércoles, el de salud mental está en sexto lugar. Es positivo que esté en el radar, pero claramente no tiene posibilidades de avanzar. Por lo tanto, debemos conversar al respecto. Les pido que dialoguemos con nuestros comités, ya que entiendo que el tema de la eutanasia o muerte digna genera polémica y discusión, lo cual es natural. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero es necesario avanzar en el tema de salud mental. Nos costó mucho hacer entender al Ejecutivo que era necesario incluir un capítulo sobre suicidio y avanzar en otras materias, y no podemos dejarlo esperando a que llegue otro período legislativo.
No sé con qué prioridades, y nos costó muchísimo sacarlo. Por lo tanto, creo que debemos hablar con la mesa y cada uno de nosotros con nuestros comités para avanzar en este tema. Es necesario tenerlo. Muy bien, pero bienvenido. Hagamos la ejecutiva, porque mañana tenemos sesión, ¿no? Y si quieren, ¿por qué no traemos propuestas de aquí a mañana? Hay 53 o 54 proyectos en la cartera. Hagamos circular, Marcela, por favor, el listado. Hagámoslo llegar a los cinco senadores y senadoras de esta comisión, y cada uno de nosotros marque con asterisco lo que es de su prioridad. Buscamos coincidencias y definimos el calendario hasta el mes de marzo. ¿Les parece? Creo que es lo más razonable. ¿Ve que esto es democrático?
Senador Gaona. Sí, presidente, buenos días. No sé si va a continuar la posibilidad de recibir audiencias los días lunes, porque tenemos pendiente lo del Hospital del Tórax, del tema del cáncer pulmonar y el cambio del sistema diagnóstico. Para ello, debemos invitar a la directora del hospital, la señora Begoña Yarza. Quedamos al día, pero está bien, queda eso. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Sobre las audiencias, habíamos acordado que los lunes eran el día de las audiencias. Además, nos queda un mes, y debemos tener una cuota de realismo. Entonces, el lunes, propongo que mantengamos las audiencias, que es un acuerdo que habíamos adoptado, y también un espacio para legislar, con súper prioridad en uno o dos puntos.
Quiero insistir en que hay un tema que no se va a ver en comisión, pero el Ministerio de Salud tiene una deuda con el fortalecimiento de ciertos alimentos con vitamina D. Ese proyecto se aprobó y está en tabla, pero había una discusión respecto a si esto era un reglamento o no. El ministerio se comprometió hace tiempo a resolverlo, y eso no ha ocurrido. Hoy día no existe esa obligación y hay un tremendo déficit en la población. Quiero insistir en esto. No solicitaría oficio, sino que haya una respuesta clara en la comisión respecto a cómo se va a resolver este tema. Muchas gracias, presidente.
A ver, para que vayamos zanjando. Es cierto que habíamos acordado los días lunes, pero también sabemos que tenemos un compromiso de tramitar rápidamente el proyecto que fortalece la superintendencia. Por esa razón, dejamos el día lunes para seguir escuchando y poder terminar el proceso, pero podemos regresar a aquello. Todo dependerá del listado de proyectos que intentemos tramitar de aquí a la primera semana de marzo. Si la cartera permite cierta flexibilidad, regresamos a los días lunes a las audiencias y a escuchar a organizaciones. Si la cartera legislativa es intensa, estoy disponible para convocarlos martes y miércoles como corresponde. Si acordamos también legislar el día lunes, creo que es lo más urgente.
Senador Chaguán. No, presidente, respecto a lo que planteaba la senadora Órdenes, el Ejecutivo finalmente se pronunció favorablemente al proyecto, pero el problema ha sido desde el propio Senado para no tramitarlo. Creo que el tema de suplementar determinados tipos de alimentos con vitamina D es absolutamente necesario y urgente. Debemos insistir en ello. Recuerdo que hubo dos informes de esta comisión para poder sacarlo adelante. Además, quiero plantear otro proyecto que se debería discutir, porque si no lo discutimos nosotros, no se va a discutir: el de alza de legislación sanitaria, que es un proyecto importante que nos permitirá tener un modelo de medicina preventiva.
Hagamos la tarea. Marcela le hará llegar el listado de todos los proyectos pendientes. Mañana traigamos prioridades y resolvemos.
Muy bien. No habiendo más, vamos a dar inicio a la tabla para seguir escuchando respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica el boletín 17.397. Como ya se mencionó, fueron invitadas todas las autoridades de salud; la ministra y ambos subsecretarios se han excusado. Está presente el superintendente de salud, don Víctor Torres, y también la superintendente de seguridad social, doña Andrea Soto, quienes vienen acompañados de sus equipos. Además, está don Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud, conectado por vía Zoom, y la profesora adjunta del Departamento de Salud del Adulto y Senescente de la Pontificia Universidad Católica, la señora Lorena Camus, también conectada por Zoom.
Vamos a dar inicio, entonces, en el orden de invitados, a la superintendenta de Seguridad Social, doña Andrea Soto. Por favor, pase; si necesita soporte, pueden ocupar esas dos sillas de allí. La acompaña el Intendente de Beneficios Sociales, don Luis Díaz. Muy bien, tiene la palabra.
Gracias, Presidente, y por su intermedio a los honorables senadores y senadoras. Primero, agradecer la invitación a la Comisión para plantear sobre este importante proyecto que está fortaleciendo uno de los organismos más relevantes de este país. Para nosotros es fundamental poder participar. Quisiera señalar que, en específico, este proyecto nos permite abordar un tema que ha sido de gran relevancia: las licencias médicas. Las licencias médicas son una de las principales prestaciones sociales que se entregan a los trabajadores y trabajadoras del país, permitiendo su recuperación y justificando su ausencia laboral durante el proceso de recuperación de su salud. Por lo tanto, es crucial fortalecer este beneficio y esta prestación social.
En ese sentido, el contar en este último año con información y la posibilidad de limitar la emisión de licencias sin fundamento médico, así como sancionar a los grandes emisores, ha contribuido a una disminución paulatina en la emisión de licencias médicas. Hemos registrado una baja sustantiva del 12% en comparación con el año anterior. Por lo tanto, es vital contar con información de profesionales individuales y de instituciones de salud, ya que entendemos que, si logramos reducir la emisión de licencias médicas desde su origen, la fiscalización posterior se vuelve más limitada a ciertas situaciones, cumpliendo así el rol social que busca la licencia médica.
En este contexto, el Intendente Díaz planteará temas específicos en los que nos gustaría tener acceso para fortalecer la Superintendencia de Salud, así como el acceso legal a la información que ella pueda proporcionar para mejorar la prestación social.
Si le puedo dar la palabra al Intendente.
Una sugerencia que hacemos a todos los expositores cuando estamos legislando: independientemente de la postura que el servicio tenga, sería muy útil que pudieran indicar o destacar aquellos aspectos que no son cambiables de la propuesta, o sugerir modificaciones en caso de discrepancias con el enfoque o contenido. Esto podría plantearse en términos de una cuasi-indicación. Posteriormente, los parlamentarios evaluaremos qué tomamos o no y lo convertiremos o no en una indicación. Para nosotros es muy útil escuchar a los expositores y entender dónde están los puntos débiles, dónde hay que reforzar o modificar, porque pueden surgir dificultades. Es solo una sugerencia, independientemente de la exposición. Don Luis, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos.
Básicamente, lo que queríamos era destacar tres elementos que nos parecen esenciales del proyecto de ley. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización de los prestadores institucionales. Como ustedes saben, en la emisión de licencias médicas, en general, concurren prestadores individuales y también prestadores institucionales. La parte de prestadores individuales está fiscalizada a través del Registro Nacional de Prestadores Individuales, información de la que dispone la Superintendencia de Seguridad Social para desarrollar su labor, fundamentalmente en investigar a profesionales emisores con o sin fundamento médico en la emisión de licencias. Sin embargo, la otra dimensión, que corresponde a los prestadores institucionales, es una parte que debe ser fortalecida en términos de fiscalización. Dependiendo del tipo de institución de salud, los estándares de fiscalización y las exigencias son muy distintas. Creemos que, sobre todo para lo que se ha planteado en el Senado en esta comisión, que es controlar la emisión de licencias médicas del extranjero, los prestadores institucionales son claves. Hoy día, se puede emitir licencia médica desde el extranjero, siempre que esa licencia se emita a través de un prestador institucional domiciliado en Chile. Por lo tanto, la fiscalización de prestadores institucionales es un elemento central que recoge el proyecto de ley y que valoramos sustantivamente desde la Superintendencia de Seguridad Social, ya que nos ayudará a realizar nuestra labor de mejor manera.
El segundo elemento se refiere al fortalecimiento del Registro Nacional de Prestadores Individuales. Es fundamental la actualización de la información y de los datos, ya que esto es crucial para permitir la emisión de licencias médicas. Queremos destacar estos dos elementos que consideramos sustantivos: el fortalecimiento y fiscalización de los prestadores institucionales, así como la actualización permanente y disponibilidad del Registro Nacional de Prestadores Individuales, para evitar la emisión de licencias médicas sin fundamento.
Estamos convencidos de que es necesario avanzar hacia una mayor interoperabilidad de los datos, ya que la emisión incorrecta de licencias o el control del pago indebido de subsidios de incapacidad laboral debe hacerse de manera efectiva. Recuperar subsidios indebidamente pagados es prácticamente imposible, por lo que todo lo que contribuya a evitar irregularidades es altamente valorado y tiene un impacto significativo en el fortalecimiento y protección del sistema. Es crucial que todos estemos convencidos de que al fortalecer los procesos de fiscalización, estamos protegiendo tanto el instrumento como el derecho de los trabajadores. Cuando se deja espacio al abuso, es precisamente el instrumento y la protección de los derechos lo que se debilita.
Eso es lo que quería plantear, presidente. Muchas gracias.
Superintendente, hemos revisado el proyecto y creemos que tenemos algunos puntos que haremos llegar. Estamos totalmente de acuerdo en fortalecer nuestro acceso a la información de manera interoperativa con la Superintendencia, para cumplir con lo que hemos señalado. Además, sería beneficioso plantear dentro del marco legal aquellas sugerencias de mejora que permitan agregar elementos al proyecto. Veremos con el Ejecutivo cómo procederemos en esta línea, asegurando que se plasme en distintos cuerpos legales de manera efectiva.
De la autoridad de turno, sino que más bien sea una obligación del compartir información. Presidente, quisiéramos recordar que a partir de mayo del próximo año, los facultativos que no cuenten con el UNACOM no podrán emitir licencias médicas. Por lo tanto, esta información debería constar en el registro de médicos. Para nosotros, las licencias son emitidas por los médicos autorizados por UNACOM, así como por matronas y dentistas. Es fundamental ampliar este registro de facultativos para asegurar una correcta fiscalización, como señaló el Intendente. Muchas gracias, Presidente y Senadores, por su intermedio, Senadora.
Había pedido la palabra el Senador Castro. Sí, gracias, Presidente. Saludar también a las autoridades presentes. No alcancé a escuchar completamente, pero me gustaría que se precisara el rol fiscalizador que tiene la Superintendencia de Seguridad Social con los prestadores médicos respecto al registro, que es un rol que tiene la Superintendencia de Salud. En lo que ha sido la controversia de licencias médicas durante todo este año, hay dos empresas que son las emisoras de la licencia electrónica, que en algunas ocasiones han dado alertas respecto de falsos profesionales o profesionales que están fuera del país emitiendo. En otros casos, han sido objeto de control por parte de la Superintendencia, que es el organismo encargado de fiscalizar al emisor, ya sea médico, dentista o matrona, según la pertinencia del caso.
¿Cómo mejora la propuesta legislativa las facultades de la Superintendencia? ¿Logra hacer un camino de mayor intersección a los ejercicios frustrados, como los que hubo en el periodo anterior a la actual Superintendencia, en el que durante diez años hubo un convenio con la PDI que nunca funcionó, hasta que llegó la Contraloría a destapar esto en mayo de este año? Aquí hay una historia que, en este caso, tomo la arista de la licencia médica para preguntar cómo conversan o cómo quedan mejor potenciadas las dos Superintendencias en un asunto que todavía está en plena marcha y que no está resuelto. Este es, probablemente, el escándalo de salud más grande que hubo este año, que pasará a la historia como el de las licencias médicas.
Dos grandes Superintendencias que tienen roles complementarios frente a la mirada fiscalizadora y de escrutinio de lo que está sucediendo con este instrumento de seguridad social, como es la licencia médica, con todos los costos asociados al fraude que hemos conocido y lo que podríamos conocer más. ¿De qué manera esto se ve mejorado? Quiero entenderlo un poco mejor respecto a estas dos entidades tan esenciales.
Senador Castro, vamos a dejar las respuestas para que las siguientes preguntas que serán respondidas por nuestros expositores puedan ser complementarias. Le voy a dar la palabra al ex Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, siguiendo el orden de la tabla, y posteriormente a la profesora Camus. ¿Está por ahí don Sebastián? ¿Está conectado? Ah, parece que está sin pantalla. ¿Sebastián, está por ahí? Estamos esperando la conexión del Superintendente Pavlovic. Ahí está. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día. Desde Valparaíso se le saluda. Está muteado, no escuchamos. Ahora sí. Buenos días a todos los integrantes de la comisión, superintendente, asesores, personal de secretaría, buenos días.
Le hago una consulta. Me piden de secretaría si la presentación, entiendo que usted está pidiendo pantalla, ¿la maneja usted o la maneja la secretaría? Cualquiera de las dos opciones puede ser. Yo la manejo. Muy bien, perfecto. Adelante.
Por favor, deme un segundito. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. ¿La puede ampliar más a pantalla completa o eso es todo lo que da? Ahí está, muy bien. Se ve bien. Usted me dice si se pasan las láminas.
Solo como antecedente, y yo sé que esto lo saben perfectamente bien ustedes, pero si hay alguien que no ha seguido este proyecto, solo para recordar que se presentó en marzo de este año en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Se dedicaron cuatro sesiones a escuchar exposiciones y en siete sesiones se votó en particular. Hubo dos sesiones en la Comisión de Hacienda, donde fue aprobado por amplia mayoría, con 128 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Aunque comenzó con urgencia simple, se ha impulsado con urgencia suma desde septiembre.
Los contenidos generales que tiene este proyecto básicamente constituyen un esquema de fortalecimiento institucional, cuyo objetivo es la protección de derechos y la modernización del sistema de acreditación. Esto se logrará utilizando la estructura y el liderazgo de la superintendencia, fortaleciendo los mecanismos de protección de derechos y el sistema de calidad.
Es importante ver esto como una evolución natural de este organismo. Recuerde que la superintendencia del sistema privado de salud se estableció a partir de las profundas reformas efectuadas durante la dictadura, creando un sistema de aseguramiento privado sin supervisión de un organismo técnico especializado, siendo un departamento dentro del FONASA durante los primeros diez años de existencia del sistema ISAPRES. Recién en 1990 se aprobó una ley que crea la superintendencia de ISAPRES, y 15 años después esta superintendencia se transforma en la superintendencia de salud, organizándose en torno a dos intendencias.
Bajo este nuevo esquema, el regulador interviene en el sistema de salud en tres o cuatro ámbitos. Primero, a través de la facultad de interpretar normas, regulando e impartiendo instrucciones sobre el contenido de la ley. En segundo lugar, fiscaliza, lo cual es característico de este tipo de organismos. Un tercer ámbito, que ha crecido en el funcionamiento de la superintendencia, es la resolución de controversias entre pacientes y prestadores o seguros. El cuarto rol, que es el más característico de la intendencia de prestadores, es la administración del sistema de calidad, conforme a las normativas del Ministerio de Salud y los estándares de acreditación.
Este crecimiento ha planteado ciertos desafíos pendientes, que justifican la necesidad de discutir el fortalecimiento de la superintendencia como el gran ente regulador. Muchas veces, los conflictos que enfrentan las personas involucran no solo a una contraparte, sino a dos, al ser uno un prestador y otro un pagador. Esto genera diversas relaciones que plantean desafíos en su abordaje.
En general, el sector de la prestación de salud ha estado sumamente desregulado. Una vez que se obtenía la autorización sanitaria, no había muchos más desafíos regulatorios. Sin embargo, ha habido una creciente intervención legislativa en este ámbito. El hito más relevante fue la ley sobre derechos y deberes de las personas en su atención de salud, promulgada en 2012, aunque existen otras leyes adicionales que han comenzado a regular esta actividad, no todas con la misma lógica o coherencia.
De fiscalización, de reclamos, de control y autoridad de cumplimiento. Algunos comentarios. ¿Qué es lo que uno puede destacar? Este es un análisis relativamente preliminar. Yo recibí la invitación un poco intempestivamente, así que no pude entrar completamente en profundidad como hubiera sido mi deseo. Recién ayer me llegó el comparado. Hay algunos oficios que no estaban disponibles en la página, pero esto, obviamente, tiene el beneficio de haber sido realizado de manera un poco intempestiva.
¿Cuáles son los aspectos claves que uno puede destacar del proyecto? Básicamente, lo que tiene que ver con la facultad interpretativa, normativa, impartir instrucciones generales, y algo relativamente nuevo que es el desarrollo de auditorías clínicas a petición del Ministerio de Salud. También se busca el fortalecimiento del rol de resolución de controversias entre usuarios y prestadores, con las facultades de árbitro y árbitra.
En cuanto al objetivo de la facultad interpretativa, se busca una respuesta más ágil a los problemas, sin esperar leyes o reglamentos, homologando el poder que tiene la Intendencia de Fondos y terminando con esta asimetría que plantea ciertos desafíos. Esto genera incertidumbre jurídica, dudas sobre la pertinencia técnica y sobre la transparencia en cómo se priorizan los aspectos que hay que resolver. La superintendencia tiene una brecha que desarrollar en materia de capacidad para emitir normativas. El nivel de desarrollo de ambas intendencias, efectivamente, tanto histórica como técnicamente, no es el mismo. Es razonable hacerse la pregunta sobre la homologación desde varias perspectivas.
El sistema de aseguramiento privado tiene sentido en una intervención más fuerte, ya que son recursos de la seguridad social y las personas están obligadas por ley a cotizar. Los administradores privados, en este contexto, actúan dentro de la lógica de la seguridad social. Sin embargo, lo que hacen los actores, los seguros, es canalizar estos flujos de recursos hacia los prestadores, por lo que no se puede hacer una separación completa. Por lo tanto, parece razonable ampliar las facultades de intervención de la autoridad.
La pregunta que surge es, ¿en qué ámbitos es relevante que se dé esta homologación? ¿Para todo el marco jurídico o solo para aquellos aspectos que tienen que ver con los dilemas que surgen a partir de las coberturas y los conflictos en materia de acceso? Quizás no sea necesario hacer una homologación completa, sino ver los marcos normativos propios que correspondan.
Por otro lado, en cuanto a los aspectos más técnicos, es fundamental considerar el rol regulador del Ministerio de Salud, que es el ente facultado por ley para regular el sistema de salud. En el caso de las auditorías independientes, aunque en principio parece razonable avanzar en la profesionalización de estas auditorías, surge la pregunta sobre la capacidad operativa técnica, que la ley reconoce al permitir la solicitud de funcionarios en comisión de servicio para este fin.
El punto fundamental que me surge en general del proyecto tiene que ver con que la acreditación del sistema de calidad, desde hace más de 20 o 25 años, ha cambiado el enfoque tradicionalmente punitivo de la inspección de reglamentos o de errores y eventos adversos. El sistema de calidad busca un cumplimiento preventivo, promoviendo el reporte voluntario de eventos adversos y generando confianza institucional. Nos parece que es una herramienta no adversarial ni punitiva, que puede generar un cambio efectivo. Es muy importante que el sistema avance e incorpore, como lo ha hecho hasta ahora, lógicas de derecho más suave, que fomenten e incentiven el cumplimiento.
Más que por la vía del garrote, que generen incentivos muy importantes para el ocultamiento de los problemas, es clave reconocer que la actividad asistencial es sumamente compleja y crecientemente compleja. En relación con las funciones del árbitro-arbitrador como un mecanismo alternativo de resolución de controversias, se plantea que fallar con prudencia y equidad puede ser considerado un arma de doble filo. Este enfoque da flexibilidad para resolver ciertos conflictos, pero resta predictibilidad y podría ser percibido como subjetivo si no se fundamenta adecuadamente.
No hay que confundir la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores, por ejemplo, usuarios seguros, con la resolución de reclamos o la fiscalización, que siempre debería resolverse conforme a derecho. Echo de menos la misma convicción en materia de mediación, que me parece un mecanismo no adversarial que ha tenido, pese a la falta de solidez normativa, un camino razonablemente positivo en los últimos 20 años. Sin embargo, subsisten aspectos que afectan los derechos del usuario. Por ejemplo, los usuarios del sistema público atendidos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile o en las corporaciones municipales de atención primaria y salud, o que son derivados a prestadores privados, no acceden en las mismas condiciones a un sistema de mediación que es administrado gratuitamente por el Consejo de Defensa del Estado. Este tipo de diferencias no solo debería eliminarse, sino que también se debería revisar el sistema de mediación y valorar un avance significativo, tomando como referencia el modelo de la CONAMER en México, que tiene casi 30 años de existencia.
En relación con el aumento de las multas, el objetivo es claro: que no sean consideradas como simplemente el costo de hacer negocios y que tengan un efecto disuasivo. Sin embargo, en el caso de los prestadores intermedios, y también de los grandes, cualquier multa importante puede resultar expropiatoria y generar inviabilidad en la continuidad operacional, lo que podría ser una consecuencia mucho peor que lo que se busca corregir. Esto se vincula a la falta de desarrollo de criterios objetivos y a la desconfianza en el regulador, existiendo un riesgo de arbitrariedad que podría generar problemas de viabilidad para los actores involucrados.
Respecto al registro público de sanciones, considero que aporta transparencia, reduce la asimetría informativa y genera un potente incentivo reputacional. He escuchado algunas dudas surgidas en la sesión del Colegio Médico y de la Asociación de Clínicas. Sin duda, hay un riesgo reputacional, ya que un solo hecho puede afectar toda una carrera o prestigio institucional, similar a lo que ocurre en las redes sociales, donde las actividades están mucho más expuestas y no están acostumbradas a ello.
La medicina, durante años, siglos, incluso milenios, estuvo más cercana a la magia o a la divinidad que a la fiscalización humana, lo que explica cierta resistencia. Sin embargo, es importante señalar que una única información sobre sanciones o reclamos es relativamente parcial. No es razonable centrar la atención solo en las sanciones o errores; se necesita una mirada más integral. Es fundamental avanzar hacia una mayor transparencia respecto a indicadores generales, que incluyan, por ejemplo, tasas. No es lo mismo un problema en un prestador que tiene millones de prestaciones al año que en uno que tiene pocas. Debemos fortalecer la publicación de datos relevantes y no enfocarnos únicamente en las fallas del sistema. El propio ministerio lo experimenta, ya que se centra en las listas de espera y no en el 97% de las garantías que sí se cumplen, por ejemplo. Por lo tanto, debemos avanzar en este sentido.
Una transparencia un poquito más. En relación con el sistema sancionatorio, creo que parece razonable hacer una revisión y, a partir de eso, recomendaría evaluar la existencia actual de recursos que, en realidad, solo dilatan la resolución final del caso y no aportan demasiado. Piénsese, por ejemplo, en los recursos de reposición o en los recursos jerárquicos. Sería interesante que la superintendencia pudiera mostrar cuántas resoluciones originales son revertidas por estas vías. Sin embargo, lo que probablemente descubramos es que no son recursos que contribuyan a la protección de derechos, sino que, en última instancia, terminan dilatando los procesos. Quizás deberíamos pensar en un sistema de resolución más ágil, reconociendo que la sanción no debería ser considerada una meta a cumplir por parte de la autoridad, sino un instrumento para el cumplimiento de la norma.
Para concluir y no extenderme demasiado, me gustaría hacer algunos comentarios sobre las diferencias que se establecen en materia de sanciones para el sector privado y el sector público. Se entiende perfectamente la lógica de aumentar las multas en relación con el sector privado; sin embargo, respecto del sector público, existe un problema que siempre ha enfrentado la superintendencia, que es la imposibilidad técnica, jurídica y política de aplicar las mismas sanciones. Aunque esto se comprende, lo que se genera es una suerte de impunidad en el presupuesto institucional. No tiene sentido privar a los hospitales públicos de recursos que ya son escasos, y además implica multarse a sí mismos, lo que elimina cualquier incentivo económico institucional, mientras que el hospital recibe el presupuesto completo, aun cuando incumpla gravemente.
En relación con los directivos públicos, creo que se pone el énfasis en el directivo y no en los problemas sistémicos que enfrentan los hospitales. Esto puede sonar bien, pero no reconoce la complejidad del sistema y puede disuadir a potenciales candidatos para esos cargos, donde hay mucha rotación. Todos sabemos que el sistema cada vez le cuesta más obtener directivos de buen nivel para toda la amplia red de establecimientos.
El hecho de que las formas de sanción sean distintas genera una percepción de que los niveles de cumplimiento y de protección de derechos son sustancialmente diferentes. De alguna manera, el grueso de la población está en el sistema público, y es ahí donde no parece ponerse adecuadamente el foco para la protección de derechos, mientras que en el sector privado, el usuario generalmente tiene más herramientas para actuar frente a una vulneración de derechos.
Algunos comentarios finales sobre la gobernanza, que considero muy importantes. Se mantiene y profundiza la diferenciación entre intendencias. En la Cámara de Diputados, durante la presentación de Paula Benavides, se mostró el modelo de la Comisión de Mercado Financiero, que se orienta hacia una organización más funcional. Quizás no tiene mucho sentido que en las dos intendencias haya algo parecido a un tribunal especial; deberíamos pensar en superar esa división para hablar de una organización por funciones.
En cuanto al diseño propuesto de gobierno unipersonal con un consejo asesor, no sé cuántos organismos públicos tienen algo similar, pero, aunque es un avance, persiste la duda sobre la carga política de los nombramientos. Además, surge la pregunta académica sobre cuántos modelos de organismos regulatorios vamos a tener en materia de fiscalización. Creo que la evolución de la Comisión de Mercado Financiero debería ser un modelo al cual deberíamos aspirar. En este sentido, sería conveniente avanzar o reflexionar sobre la necesidad de que existan estas dos superintendencias, que presentan zonas grises y generan un escenario laberíntico para las personas. Piénsese, por ejemplo, en materia de licencias médicas.
Si se le rechaza la licencia médica, debe acudir a la COMPIN, que depende de la SEREMI. Si la COMPIN le encuentra la razón, no hay problema, salvo que no le paguen; en tal caso, puede dirigirse a la Superintendencia de Salud. Si la COMPIN no le encuentra la razón, puede apelar ante la SUCESO, que tiene la facultad de resolver. Cuando no se cumplen los plazos, debe nuevamente acudir a la Superintendencia de Salud. Este laberinto es percibido por las personas como un obstáculo adicional en el acceso al sistema y la protección de sus derechos.
En materia de roles, la Superintendencia aún no ha definido su función principal y se le están agregando responsabilidades que pueden generar confusión en su funcionamiento. En cuanto a las auditorías, no comprendo por qué el Ministerio debería solicitar a la Superintendencia de Salud realizar auditorías, en lugar de hacerlo a un organismo como la Subsecretaría de Redes Asistenciales. También me llama la atención el tema de la postilla, que se plantea como un requisito para todos los documentos firmados por las autoridades de salud, sin especificar cuáles, y para todos los profesionales de la salud en relación con el estado de salud de las personas. Esto podría convertirse en una carga adicional.
Este proyecto es técnicamente complejo y tiene enormes consecuencias para el sector. Solo tuve un día para revisarlo, por lo que considero que se requiere un análisis más profundo para asegurar la coherencia del diseño en relación con los objetivos, desafíos, limitaciones, funcionamiento y prioridades. Existen aspectos relevantes que no han sido abordados, como la mediación y la discriminación por tipo de prestador, así como el problema de la publicidad de los resultados en salud, que no se limita solo a las sanciones, sino que también incluye la gobernanza.
Es fundamental reflexionar sobre la capacidad real de la nueva institucionalidad para asumir esta carga. Se necesita una revisión más profunda en materia de acreditación y calidad, y es importante definir el sentido del sistema de calidad. Volver a un enfoque punitivo sería un retroceso, dado que el sistema ha avanzado en una lógica más constructiva.
Mis recomendaciones son que, al igual que la Comisión de Salud del Senado ha hecho en ocasiones anteriores, se convoque a una instancia de trabajo técnica, transversal y participativa que analice con tiempo suficiente los contenidos, alcances y omisiones del proyecto de ley en trámite. No me estoy candidateando para participar, así que no se preocupen. Sugiero no legislar apresuradamente, ya que hay prioridades más urgentes en el sector, como las licencias médicas o el proyecto de fortalecer FONASA. Recuerdo el dicho: "las prisas pasan y las embarradas quedan".
Es necesario solicitar un informe técnico-jurídico sobre los distintos diseños de entidades fiscalizadoras y asegurar consistencia legislativa al respecto. También considero importante que el Senado tenga a disposición un informe de la Superintendencia sobre los tiempos de espera para la resolución de reclamos, tanto en la intendencia de fondos como en la intendencia de prestadores. Esto incluye una estimación del número real de funcionarios dedicados a labores de fiscalización directa y back office, y a partir de ello, revisar el informe financiero para determinar si el fortalecimiento propuesto tiene correlato en la capacidad de respuesta.
Muchas gracias. Agradezco la opinión del estimado Sebastián, ex Superintendente de Salud. Solo quiero señalar, para la historia fidedigna del procedimiento, que lo de ayer fue una reiteración a la invitación con los antecedentes enviados el 11 del 12. La Secretaría se sintió un poco presionada por esta premura, pero hubo información e invitación previa. Es solo un apunte. Sebastián, agradezco mucho tu opinión. Para tranquilidad de todas y todos, este es un proyecto que vamos entendiendo que...