En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
La señora Secretaria dará lectura a la Cuenta.
Bueno, voy a leer entonces lo que ha llegado para el día de hoy. Los diputados Agustín Romero y la diputada Yael Llamas han acordado parearse para esta sesión.
Excusas: el Ministro de Justicia y Derechos Humanos tenía ya agendadas reuniones e informa que asiste el Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, acompañado de su asesora Gabriela Peña, el jefe de la División Jurídica, María Torres, y el abogado de la misma División, Rodrigo Hernández. También el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social, señor Giorgio Boccardo, se excusa. No obstante, dada la relevancia de la materia, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra coordinada la participación de las distintas entidades involucradas en la materia sujeta a discusión en esta comisión. Se entiende que también vendría el Subsecretario del Trabajo.
Respecto de Relaciones Exteriores, el Ministro don Alberto van Klaveren se encuentra, a la misma hora, tramitando una serie de acuerdos que se analizarán en la Sala del Senado, y asiste el Director General de Asuntos Jurídicos, don Claudio Troncoso, quien está aquí presente. Asimismo, el Ministro del Interior, don Álvaro Elizalde, por compromisos agendados con anterioridad. La comisión invita a todos aquellos que suscriben el mensaje, pero es un ministerio el que lo lleva; por eso no vienen todos. En todo caso, está Pablo Juquera conectado para cualquier pregunta.
Respecto de las urgencias presentadas el día de hoy: la discusión inmediata para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público ya fue despachado por la Comisión y se ha puesto discusión inmediata para ser visto en la Sala. Y también, por oficio del Presidente de la República, se hace presente suma urgencia para el proyecto que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre de 2023, que está en segundo lugar de la tabla.
El Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero, igualmente se excusa para la sesión del día de hoy. Asiste don Rafael Collado González, Subsecretario de Seguridad Pública; parece que aún no ha llegado. Esto es para el segundo punto.
¿Algo sobre la Cuenta, diputadas y diputados? ¿No? ¿Algún Varios? Don Gastón.
Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Es una consulta en Varios. Este fin de semana se realizan las elecciones presidenciales y me preocupa lo que ocurre los días lunes, porque el transporte suele estar bastante colapsado: hay gente de aquí que va a votar al sur o al norte y viceversa. Pido que se tenga consideración con los horarios para evitar dificultades. Además, cuesta conseguir pasajes porque muchos estamos en la misma situación. Gracias, presidente.
Muy bien. No nos vamos a citar el lunes; vamos a estar celebrando todavía. Es una fiesta de la democracia, eso vamos a estar celebrando.
No habiendo más asuntos en Varios, pasamos a la Orden del Día, con el objeto de tratar la siguiente tabla de fácil despacho.
Punto 1: Tratar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece los juzgados de letras del trabajo que indica, Boletín N° 17.880-13, con urgencia calificada de suma. Están invitados el Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz; la asesora Gabriela Peña; la Jefa de la División Jurídica, señora María Ester Torres; y el abogado de la misma división, señor Rodrigo Hernández. También el Jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Corquera, quien está conectado.
Tiene la palabra don Ernesto.
Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, para explicar el contenido y alcance de este proyecto de ley, contenido en el Boletín N° 17.880-13, que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece diversos juzgados de letras del trabajo en el resto del país.
Hace 20 años, las leyes N° 20.022 y N° 20.023 introdujeron una nueva estructura orgánica judicial mediante la creación de los Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional. Esta reforma respondió a la necesidad de contar con tribunales especializados que resolvieran de manera más eficiente y especializada los conflictos laborales y de seguridad social. Esta tendencia legislativa fue reforzada por la Ley N° 20.087, que complementó dicha reforma al establecer un procedimiento caracterizado por la oralidad y la inmediación, garantizando un acceso a la justicia más ágil y efectivo tanto para trabajadores como para empleadores.
En la actualidad existen 26 Juzgados de Letras del Trabajo a nivel nacional, con una dotación de 108 jueces, más personal de apoyo. En la presentación tienen la descripción de estos juzgados actualmente en existencia.
Como hemos observado, las ventajas de la justicia especializada, el incremento de la población en estos veinte años y la aprobación de diversas reformas laborales han generado una fuerte presión en la carga de trabajo de estos tribunales, con un aumento significativo de las causas sometidas a su consideración. De hecho, según cifras oficiales del Poder Judicial, los Juzgados de Letras del Trabajo han experimentado un incremento en los ingresos de causas que cuadruplica la demanda inicial: desde 26.461 causas en 2009 a 96.808 causas en 2024.
Desde ese punto de vista, el sistema judicial, que debe estar estructurado para asegurar a todas las personas un acceso equitativo y eficiente a la justicia y permitir una resolución oportuna de los conflictos, requiere —como motiva este proyecto de ley— apoyar a los tribunales que están congestionados, de modo que los procedimientos no sean ni lentos ni ineficientes, pues de lo contrario se compromete el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos. El proyecto de ley se enfoca, por cierto, en abordar los casos que presentan mayor complejidad.
Desde el punto de vista de la situación que enfrentan con este aumento de causas, la situación es particularmente crítica en el caso de los Juzgados de Letras del Trabajo de Santiago, siendo estos tribunales los que presentan la mayor cantidad de requerimientos y, al mismo tiempo, de congestión en todo el territorio nacional. Esto se refleja en que, de las 96.808 causas ingresadas en el año 2024, 39.743 fueron conocidas por estos juzgados, representando más del 40% del total.
En este contexto, el mensaje del proyecto consta de dos artículos permanentes y tres artículos transitorios, por medio de los cuales se introducen modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley N° 20.022, que crea los juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica. Los ejes de la propuesta son la creación de un tercer Juzgado de Letras del Trabajo en la comuna de Santiago y el refuerzo de la dotación de jueces en los Juzgados de Letras del Trabajo de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. Este aumento de jueces viene acompañado de un refuerzo en la planta funcionaria de estos tribunales.
En cuanto a la creación del tercer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, serán 19 jueces especializados en materias laborales, acompañados por un personal de apoyo compuesto por un administrador, cuatro jefes de unidad, diez administrativos jefes, once administrativos grado 1, doce administrativos grado 2, nueve administrativos grado 3 y ocho auxiliares. Según el proyecto de ley, este nuevo juzgado deberá estar en pleno funcionamiento un año después de la publicación de la ley, si esta es aprobada.
Por otra parte, el fortalecimiento de los tribunales de otras regiones considera: tres nuevos jueces para el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, pasando a contar con ocho jueces permanentes; dos nuevos jueces para el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, pasando igualmente a ocho jueces permanentes; y un nuevo juez para el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, pasando a dos jueces permanentes.
En cuanto a la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, esta fue expresada mediante el Oficio N° 261, de 2025, señalándose que la creación de un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago es positiva, pues complementa la dotación de jueces y funcionarios con una administración independiente, lo que en el caso de Santiago parece aún más eficiente. Respecto del aumento de dotación en general, se señala que se trata, por cierto, de un avance positivo, pues responde a la necesidad de contar con una mayor dotación de jueces y funcionarios para hacerse cargo de la creciente carga de trabajo.
En cuanto al informe financiero, la dotación total señalada en el Informe Financiero N° 282, de 2 de octubre de 2025, depende del número final de jueces de cada juzgado, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo. De este modo, se considera el correspondiente incremento de jefes de unidad, administrativos jefes, administrativos y auxiliares. A modo de ejemplo: respecto del aumento de tres jueces en Antofagasta, se agrega una administradora o administrador y un jefe de unidad, más seis funcionarios, para una dotación total adicional de diez. En Santiago, para 19 jueces, se contemplan cinco cargos de administración y jefatura (un administrador y cuatro jefes de unidad), más 50 funcionarios, para una dotación total de 74. De igual forma se ajustan las dotaciones en Concepción y Punta Arenas, de acuerdo con el número final de jueces.
El informe financiero incluye además la gradualidad de implementación, considerando la situación actual, la proyección al año 2 y el régimen. Para el cálculo de costos se han considerado las remuneraciones base informadas por el Poder Judicial, costos de operación, arriendo de equipos e inmobiliario según el personal adicional, y los costos de habilitación para el tercer tribunal de Santiago. Conforme a la gradualidad del proyecto, el costo anual estimado es de 4.088 millones de pesos en el año 1; 5.636 millones de pesos en el año 2; y, en régimen, 5.589 millones de pesos, con el desglose señalado en la tabla respectiva.
Por todo lo anterior, señor Presidente, estimamos que este proyecto de ley es urgente. Surge de un análisis detenido realizado con la mesa judicial y con la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Y por cierto, es un esfuerzo económico que entendemos está plenamente justificado, justamente por dar mayor acceso y asegurarnos de que este acceso sea efectivo para todas las personas, especialmente en una materia tan importante como el derecho del trabajo. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, muchas gracias, subsecretario. ¿Alguna pregunta? Diputado... Bien, diputado Mellado, diputado Cifuentes, diputado von Mühlenbrock, diputado Donoso.
Gracias, presidente. Viendo la presentación, se señala que de 26.000 causas en 2009 se pasó a 96.000 causas en 2024 en los Juzgados de Letras del Trabajo del Poder Judicial, a nivel nacional. ¿Podrían entregarnos la distribución de esas causas? ¿Por qué se prioriza Santiago y Punta Arenas, y no Temuco, Antofagasta o Los Ángeles, por ejemplo? ¿Cuáles son los criterios o índices que justifican que estas sean las ciudades que efectivamente deban tener este aumento?
Gracias, presidente. En el mismo sentido, parece un poco “mágica” la selección de los juzgados que se fortalecen. Nos gustaría conocer una tabla con el número de causas y la situación de cada uno de los juzgados por región.
Gracias, presidente. Estamos todos en la misma línea. Quisiera plantear dos cosas: primero, conocer con precisión cuáles son los criterios que llevaron a priorizar Santiago respecto de otras regiones. Segundo, esta inversión que, en régimen, bordea los 5.000 millones de pesos: ¿qué porcentaje de solución puede aportar al problema, considerando que estamos llegando a casi 100.000 causas a nivel nacional? Me pareció muy pertinente lo señalado de que esto impacta fuertemente en las personas y en su derecho a la justicia; eso es grave.
Gracias, presidente. Dos observaciones, en la misma línea. La distribución de funcionarios hacia los otros juzgados que no son Santiago parece algo caprichosa. Incluso la respuesta de la Excma. Corte Suprema sobre la designación de funcionarios es bastante amplia: señala que va acorde con las necesidades, pero no especifica cuáles son esas necesidades. Por eso queda la duda entre los parlamentarios presentes. Lo otro que no puedo dejar pasar, ya que hablamos de creación y fortalecimiento de tribunales: la Corte de Apelaciones de Talca tiene hace muchos años la petición de crear una nueva sala. Si uno mira cortes similares en el país, Concepción tiene cuatro salas, Valparaíso cinco, en cambio Talca tiene tres y siempre tiene que estar conformándola. No tiene, en definitiva, la capacidad de procesar las causas. En cada ceremonia anual lo recuerdan a los parlamentarios; hemos oficiado al Ministerio y no hemos tenido respuesta.
Presidente, solo preguntar respecto del año uno: se consideran más de 4.000 millones de pesos. ¿Está contemplado en su totalidad el primer año en la Ley de Presupuestos que aprobamos hace unas semanas?
Muy bien, tiene la palabra el subsecretario.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Varias de las intervenciones van en la misma línea de lo que veíamos hace un tiempo respecto del fortalecimiento del Ministerio Público en esta misma comisión, en cuanto al modelamiento y a cómo se decide este aumento.
Y lo que nosotros hemos hecho es basarnos en la propia información que ha puesto a disposición la Corporación Administrativa del Poder Judicial respecto del concepto de cargas tipo o cargas modelo y la proyección de sobrecarga de los tribunales. Podemos también acompañar a la comisión el cuadro que fundamenta esta priorización en estos juzgados, y justamente lo que se está haciendo es priorizar a Santiago, Antofagasta, Punta Arenas y Concepción, porque son los que tienen, respectivamente, una carga de 189%, 157%, 150% y 147%. Esto que podría parecer discrecional cuando uno revisa y dice “¿por qué esta región y no la otra?”, tiene detrás un modelamiento de la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial que se basa en una carga tipo, y la sobrecarga, en el fondo, es la que prioriza a este tipo de tribunales. Por eso se está eligiendo a estos tribunales.
Lo mismo ocurre respecto del modelamiento de las personas que apoyan la función. También tiene que ver con un modelo de tribunal conversado con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a eso corresponde el número tanto de oficiales como de administrativos de primer grado y de segundo grado que se han puesto a disposición. Por cierto, esto se plantea en un escenario de restricción presupuestaria, donde las expectativas son de hacer lo más posible, y entendemos que refleja lo que actualmente el Ejecutivo está impulsando, con la concurrencia de la Corte Suprema y de la Corporación Administrativa.
Respecto de la pregunta sobre cómo determinar el impacto, yo diría que el impacto más fuerte en estos juzgados, más allá del número asociado a la carga, tiene que ver con el agendamiento de audiencias. Los tiempos que actualmente se están manejando ciertamente van contra el principio de acceso oportuno a la justicia. Tenemos plazos largamente superiores a seis meses en el agendamiento de este tipo de audiencias. Entonces, si la primera audiencia está atrasada, por cierto el resto del procedimiento también lo estará. Y aquí no solamente, por su intermedio, señor Presidente, estamos hablando de los derechos laborales de las personas, sino también de las pequeñas y medianas empresas; estamos hablando de emprendedores que están sometidos a una controversia en este ámbito especializado y que quieren tener una solución lo más rápida posible. Eso desde el punto de vista del diseño. Creo que atendí todas las preguntas. Gracias, Presidente.
¿La puede mostrar? ¿La puede enviar a la Secretaría para que la remita a los correos? Proyectar.
Diputado Santana.— Gracias, Presidente. Dos cosas muy cortitas. La primera es que, algo que yo le señalé al subsecretario por su intermedio la semana pasada, es que siempre es importante que en este tipo de discusiones haya una voz política que represente al Ejecutivo en esta materia. Yo estuve un mes y medio, aproximadamente, solicitando una audiencia al Ministro de Justicia, entre otras cosas porque los alcaldes de Huasco y de Freirina me han solicitado revisar la situación de los magistrados en esas comunas, precisamente por la sobrecarga laboral que hay. Casualmente, la semana pasada me contactaron, en una gestión que, a decir verdad, ya no tiene mucho sentido, cuando estamos en la finalización de esta administración. Entonces, quiero hacer el punto y el hincapié de que las inquietudes que genuinamente se plantean acá tienen que ver con que cada uno de nosotros representa territorios y distritos donde se dan este tipo de situaciones.
Y, dicho eso, Presidente, lo segundo: quería hacer una consulta, porque este proyecto crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo y se plantea una implementación respecto de funcionarios y de jueces que se van a incorporar en dos etapas, una de seis meses y otra de un año. La Corte Suprema ha hecho observaciones: la primera es que le parece positivo que la implementación sea gradual, en dos etapas; y la segunda, atinente al mismo proyecto de ley, señala que se deben tomar medidas, entre otras cosas, para que...
El juzgado que se va a implementar contará con una dotación de funcionarios, y es importante que no se sobrecargue ni se le exija lo mismo, en términos de trabajo y demanda, que a las otras reparticiones. Entonces, por su intermedio, Presidenta, pregunto al subsecretario cuáles son las medidas que el Ejecutivo adoptará, en caso de aprobarse este proyecto, para evitar que este nuevo juzgado termine con la misma demanda que tienen los otros tribunales.
Para ahondar: del total de 96.000 causas, casi 40.000 están en Santiago; bien el tercer juzgado. Pero el estudio debiera decirnos también qué ocurre en Antofagasta, Concepción y Punta Arenas; pueden existir ciudades con más causas laborales que esas. La distribución debiese ser acorde a donde está la carga, no a una lista de ciudades predefinidas. Por lo mismo, no podemos votar antes de contar con una distribución clara sobre la carga laboral de esos juzgados y, con este refuerzo, cuánto disminuirá efectivamente dicha carga.
Naturalmente, hay realidades distintas en nuestros distritos. En Valparaíso existe sobrecarga en los juzgados del trabajo: audiencias de juicio se están programando para septiembre del próximo año. He conversado con magistrados; el año pasado presenté en la Comisión de Constitución una indicación —declarada inadmisible— para marcar la necesidad de más jueces laborales en Valparaíso. Pregunto si se ha considerado alguna redistribución para atender regiones grandes que están saturadas, como Valparaíso, porque la justicia tardía implica menos posibilidades de ejecución de la sentencia. Sería conveniente examinar también los criterios respecto de aquellos juzgados que no están contemplados en el proyecto.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio, solicito al Ejecutivo si es factible responder de inmediato a las inquietudes planteadas, para no seguir dilatando un proyecto que es muy necesario y así poder despacharlo.
Sí. Respecto del número de causas versus el porcentaje de sobrecarga: ese porcentaje es una tasa definida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que considera el número de ingresos por la cantidad de jueces. Por lo tanto, la sobrecarga —expresada sobre un ideal— incluye el dato acerca de cuántas causas totales le corresponderían a cada juez. Podemos hacer llegar el desglose; la tasa representa justamente eso: causas versus número de jueces destinados a atenderlas.
En cuanto a la implementación, el nuevo juzgado recibirá causas nuevas; no habrá traspaso de causas antiguas a ese tribunal. Por lo tanto, su puesta en marcha será gradual. Sin perjuicio de ello, el Poder Judicial tiene capacidades para ir distribuyendo la carga. Esto se dará naturalmente, precisamente porque este tribunal recibirá ingresos nuevos. En ese sentido, no se le asignará in solidum una cantidad de causas, sino que operará conforme vayan ingresando.
Que las causas se vayan distribuyendo en función de la competencia. Esa es la pregunta.
Valparaíso también está incluido dentro de aquellas regiones que tienen, efectivamente, sobrecarga. Tenemos muchos otros tribunales y regiones con sobrecarga, porque este es un fenómeno a nivel nacional. Se ha establecido una tendencia y una proyección explosiva de estas causas, asociadas a la especialización del nuevo sistema y a la implementación de nuevas leyes. Esto se seguirá trabajando y, de hecho, existe el Plan 2030 de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde se establece cuáles serían los nuevos juzgados que, de existir recursos suficientes, pudieran ser fortalecidos. Por su intermedio, señor Presidente, confirmo que Valparaíso está dentro de las regiones con mayor sobrecarga. Lo que ocurre es que las priorizadas presentan una sobrecarga aún mayor.
Si no pudo, entonces dejaremos pendiente la votación, señor Subsecretario.
Diputado Cuello.— Señor Presidente, una pregunta de fondo: ¿es posible reconsiderar alguna redistribución de la propuesta original del Gobierno, a fin de atender otras zonas o jurisdicciones que también están con sobrecarga? Esa es la consulta.
Subsecretario.— No está considerado en este proyecto. Lo que señalé no es que esté previsto para el año 2030, sino que el Poder Judicial tiene un proyecto de fortalecimiento general denominado Plan 2030, que incluye este diagnóstico. Lo que refrendo es que Valparaíso está dentro de las regiones con mayor sobrecarga; sin embargo, en este caso el Ejecutivo atiende, de acuerdo con los recursos disponibles, a aquellas con mayor sobrecarga. Esa es la situación.
Diputado Santana.— Señor Presidente, reitero la consulta al Subsecretario respecto de cuáles serán las medidas para evitar que la nueva institucionalidad que se creará sea sobrecargada de trabajo en relación con la dotación de su primera etapa. Según el proyecto, habrá 19 jueces en total; se incorporarán 10 a los seis meses de implementada la ley y el resto al año. Existen dos juzgados ya existentes con 19 jueces, según la información que manejo. ¿Cómo se evitará que este nuevo juzgado, cuando tenga 10 jueces y no 19 como los otros, reciba una carga acorde a su dotación? Esto es una observación de la Corte Suprema, que sugiere medidas para evitarlo. ¿Cuáles contempla el Ejecutivo?
Diputado.— Señor Presidente, no se nos respondió respecto de la cantidad de recursos provisionados para el año 2026 en la Ley de Presupuestos.
Subsecretario.— Por su intermedio, señor Presidente: entendí que había respondido al diputado Santana, porque este juzgado parte desde cero y, por lo tanto, es imposible que en el corto plazo que usted señala pueda tener una sobrecarga similar a la de otros juzgados que ya cuentan con acumulados de periodos anteriores. Por eso la gradualidad establecida acompaña el ingreso de las causas. Estamos conscientes, o más bien seguros, de que no se producirá en el cortísimo plazo una sobrecarga, porque serán causas nuevas. Sin perjuicio de ello, el Poder Judicial tiene facultades para efectuar la distribución correspondiente. Creo que queda claro que no habrá sobrecarga en el corto plazo. Y respecto de lo otro, la provisión, quizás que don Pablo...
¿Puede responder lo de la provisión?
Muy bien, don Pablo Jorquera tiene la palabra para responder la pregunta del diputado Sauerbaum, respecto de si esto está contemplado en el presupuesto 2026.
¿Está por ahí don Pablo?
¿Aló? Sí, se activó el audio. Me escuchan, pero no me ven.
Señor presidente, diputado: esto efectivamente puede ser financiado con cargo a la partida del Poder Judicial.
Presidente, quisiera hacer un punto sobre este tema, porque en el informe financiero se señala que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario, que sería 2026, se financiará con cargo a los recursos del presupuesto del Poder Judicial, de la partida del Poder Judicial. Entonces uno entiende que ya se consideró dentro del Poder Judicial y no en el Tesoro Público. Por eso quiero hacer la diferencia.
Efectivamente se considera en la partida del Poder Judicial; no obstante, puede complementarse, en función de los requerimientos, mediante modificaciones presupuestarias desde el Tesoro Público si fuese necesario.
Muy bien. ¿Nos pueden explicar la tabla?
Señor presidente, son datos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Para explicarla, indico que lo que originalmente había priorizado la Corporación era la creación de dos juzgados en Santiago. Como ciertamente hay mayores necesidades en otras regiones —por ejemplo, Valparaíso, que también aparece indicada, y La Serena—, todos esos territorios presentan cargas por sobre el 100%. Lo que se hizo fue, por cierto, atender la necesidad de Santiago, que concentra alrededor del 40% de los ingresos, pero también apuntar a las necesidades expresadas en Antofagasta, Punta Arenas y Concepción. Esas son las primeras priorizadas por tener la mayor carga modelada. Por lo tanto, se siguió esa metodología, señor presidente.
Muy bien. ¿Lo colocamos en votación entonces?
Diputado Cuello.
Presidente, me queda la siguiente duda: si uno plantea una observación —que además fue planteada en otra comisión en este mismo proyecto— y la respuesta es que no hay voluntad de poder modificar, se hace complejo votar de esa forma. Lo planteo porque, si no, ¿cómo hacemos el diálogo con el Gobierno?
¿Cuál es la propuesta entonces? Si no, votamos; usted votaría en contra.
Diputado Rojas.
Sí, presidente. Evidentemente todos queremos que nuestros distritos estén considerados en los proyectos, pero creo que el subsecretario ha sido bastante claro respecto de que, con los recursos que hay, se está priorizando en los lugares con mayor demanda. Eso no significa que a los otros lugares no se les vaya a responder. Al menos yo estoy porque lo votemos hoy; hagamos, de todas maneras, el hincapié y que, por su intermedio, usted pueda llevar la necesidad de los otros lugares que se han mencionado. No tiene sentido retrasar el proyecto.
Diputado: A sabiendas de que, con los recursos que hay, tampoco va a poder cambiar mucho la situación, al menos apoyo su moción, señor Presidente. Yo lo elegí a usted para esto: para que votemos hoy.
Presidente: Tiene la palabra el diputado Cifuentes; a continuación, el diputado Donoso.
Diputado Cifuentes: Muchas gracias, Presidente. Con los antecedentes que nos ha expuesto la autoridad, es imposible votar este proyecto. No solo hay un problema de déficit en otras regiones, como aquí se ha señalado, sino que, además, desconozco la forma en que se calcula el indicador. Entonces, tendría que simplemente confiar. Y creo que, por la proximidad que muestra la tabla, si se mira con detalle, hay dos o tres regiones que no están consideradas estando en el mismo radio y en torno al mismo indicador. Asimismo, desconocemos —o no hemos discutido— la posibilidad de hacer un rediseño con los mismos recursos. Me gustaría que el Ministerio nos presentara alternativas. Las alternativas no son siempre más recursos —eso sería impresentable—, pero al menos conozcamos dos o tres escenarios en los que nos podamos mover para tratar de resolver un problema que no es solo de estas tres o cuatro regiones. No tengo nada contra esas regiones, al contrario, pero la información entregada en esta oportunidad no es suficiente para votar.
Presidente: Diputado Donoso y, luego, diputado Santana.
Diputado Donoso: Gracias, Presidente. Con esta información cuesta entender la racionalidad de la decisión. Se habla de una carga modelo, de un porcentaje, y rápidamente uno observa: a los juzgados que piden tres, les entregan uno; a los que piden uno, les entregan cero; en algunos casos, en vez de jueces, se asignan funcionarios. Santiago pedía 40 y se le entregan 19. Y no tenemos el resultado de cómo quedarían con esta redistribución respecto de la misma tabla. No está bien proponer al Parlamento “aprueben nomás” sin la información suficiente, con una velocidad que me parece impropia y con pocos antecedentes. No es la forma en que debemos proceder, Presidente.
Diputado Santana: Gracias, Presidente. Me sumo a lo señalado por las y los colegas: hoy no hay condiciones para votar este mensaje, entre otras cosas por la misma observación que hice ayer con el proyecto de educación. Pretender que esta comisión despache un proyecto así, a la rápida, por el solo hecho de una exposición corta, no es razonable. Reitero que solicité, por el conducto regular, un espacio para plantear un tema de mi distrito y no se me otorgó por parte del Ministerio de Justicia. Como no se me otorgó ese espacio, apelo a que esa respuesta —referida a mi distrito, al cual represento— se me dé en esta comisión. Y como no se entrega en esta sesión, espero que la tramitación se extienda y se pueda dar respuesta a las inquietudes que, por ejemplo, el alcalde de Huasco y el alcalde de Freirina tenían respecto de los magistrados.
Presidente: Primero que todo, a mí me queda muy clara la tabla. Todos los juzgados de Chile están sobrecargados y, como lo ha expresado el subsecretario, hay un problema de financiamiento, de presupuesto. Se priorizó a los que están más cargados entre todos los que ya lo están, es decir, a los de mayor sobrecarga. Por lo tanto, yo lo votaría de inmediato; sin embargo, atendiendo a las dudas, prefiero que lo conversen directamente con las diputadas y los diputados que tienen observaciones. Voy a aplazar esta votación. Subsecretario, para que lo conversemos bien, tiene la palabra.
Subsecretario: Gracias, Presidente. Cuando uno toma decisiones con restricción presupuestaria, en un contexto donde son muchas las necesidades, es evidente que no alcanzarán a cubrirse todas. La información que presentamos proviene de la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Son del Poder Judicial. Eso indica sobrecarga. Y, por cierto, no vamos a solucionar el problema de la sobrecarga a propósito de este proyecto de ley; pero sí, si lo retrasamos, no avanza. La explicación va a ser la misma que está presentada en la tabla, porque la decisión, en función de la restricción de recursos, es atender a las más urgentes. Uno puede ciertamente discutir la fórmula, pero va a ser básicamente el mismo resultado. Desde ese punto de vista, el Ejecutivo no tiene ningún problema en poder explicar aún más la información que se ha presentado. Y, al final del día, vamos a terminar con el diseño del mismo proyecto de ley, porque efectivamente se ha generado una priorización, y esa priorización está fundada en datos cuantitativos.
Muy bien. Diputado Cifuentes.
Gracias. Mire, afirmar que nada se puede mejorar o arreglar es una cosa bien curiosa y rara, especialmente cuando uno construye legislación. Todo se puede mejorar y todo se puede revisar y, obviamente, del esfuerzo y de la buena voluntad surgen cosas mejores. Pero se requiere la predisposición para hacer eso, porque si uno no la tiene, lo más probable es que no solo no va a mejorar, sino que va a empeorar. Entonces, realmente lamento el último comentario de la autoridad, Presidente.
Muy bien, vamos a dejar este punto hasta aquí. Voy a citar a una nueva sesión para revisar esto. He notado que a las y los parlamentarios les gustaría conocer más la metodología que se usó para determinar la carga que hay en cada uno de los juzgados. Y los otros temas que ha planteado el diputado Santana, así como lo señalado por el diputado Cuello, creo que hay que conversarlos directamente con ellos. Hacemos una pausa de dos minutos. Gracias, subsecretario.
Muy bien. Retomamos entonces. Asiento, secretario. Vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que aprueba el Tratado Constitutivo de la Comunidad de Policías de América, suscrito en Brasilia el 9 de noviembre de 2023, Boletín N° 17.722-10, con urgencia calificada de discusión inmediata. Está invitado el Ministerio de Relaciones Exteriores; del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director General de Asuntos Jurídicos, señor Claudio Troncoso —bienvenido, don Claudio—; y, del Ministerio de Seguridad Pública, el señor Luis Cordero, quien se excusó y está en su lugar su subsecretario. Tiene la palabra; no sé quién va a partir.
Muchas gracias, Presidente. Este es un tratado que busca hacer de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, una instancia no solo de cooperación internacional policial, sino de cooperación policial entre Estados. Viene a fortalecer el trabajo que ya se realiza por Ameripol desde hace 17 años a la fecha, fruto del esfuerzo de las distintas policías de América. Ameripol hoy se encuentra desarrollando su jornada anual habitual; de hecho, el general director de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones se encuentran en este momento en Colombia, desarrollando las actividades propias de Ameripol, porque todos los años hay una reunión que, en este caso, se celebra en Colombia, país que tiene la presidencia durante este año de esta red.