Senado - Salud - 10 de diciembre de 2025

Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Perdón, Presidente, la excusa del ministro Boccardo no tiene que ver con el otro tema de las mutuales, ¿no? Entiendo que es para esta sesión, ¿no? Claro. Eso, y a diferencia del Ministerio del Trabajo, se comunicó conmigo temprano el ministro Grau, señalando que tenía interés en participar en esta sesión. Me manifestó que está en la Comisión de Hacienda en este momento y que, pudiendo desocuparse, podría venir para acá, lo cual agradecí al ministro Grau. Muy bien. Vamos a iniciar la tabla, estimados colegas. Agradecemos la presencia del subsecretario de Redes, don Bernardo Martorell. Asisten la doctora María José Letelier, jefa del Departamento de Salud Digital; la señora Cinthia Salamanca, jefa de la Oficina de Asuntos Regulatorios del ISP; don Manuel Pérez, asesor jurídico; la señora Consuelo Espinoza; don Héctor Alejandro Reyes, jefe del equipo de la reforma; y doña Andrea Fernández, asesora del equipo de la reforma. Muy bien, igual que ayer. Vamos al punto de tabla, el único convocado para hoy, a fin de resolver las indicaciones de los transitorios. Estamos en la página 91 del comparado. Señora Secretaria, damos inicio, por favor. Comenzamos con la indicación 58 de los honorables senadores señores Gahona y Chahuán, para el artículo primero transitorio. El artículo primero faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también serán suscritos por el Ministerio de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias. La número 1 dice relación con la fijación de plantas del personal del Servicio de Salud Digital, además de dictar las normas necesarias para adecuar su estructuración y operación de las plantas que fije. En su parte final dispone que, en el ejercicio de esta facultad, se podrán crear, suprimir y transformar cargos, situación propia cuando se crean nuevos organismos. La indicación 58 de los senadores Gahona y Chahuán es para suprimir todo el artículo primero transitorio. La indicación de los colegas suprime el artículo primero transitorio y, por lo tanto, no se podrían crear nuevos cargos, lo que esta Presidencia considera no atendible, por cuanto un nuevo servicio no puede no tener nuevos cargos, sean estos de traspaso o de ingresos nuevos. Dejo constancia para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

Presidente.— El Ejecutivo no recogió ninguna sugerencia en esta indicación ni similar; por lo tanto, debemos votar. No sé si el senador Gaona desea defender la indicación. Senador Gaona.— Sí, Presidente. Todos hemos sido testigos de cómo el aparato público ha ido creciendo últimamente. Dadas las restricciones de gasto fiscal, lo que buscamos es limitar por ley el número de cargos. No estamos en la idea de que no se creen cargos, pero no queremos que quede la facultad de crear, suprimir y transformar cargos sin límites, como está en el texto aprobado. Por razones de austeridad fiscal, proponemos que la ley determine el número de cargos. Presidente.— Muy bien. ¿Ofrece la palabra el Ejecutivo? Subsecretario.— Gracias, Presidente. Saludo a los honorables señores y señoras senadores. En la revisión de esta indicación y el análisis realizado con los asesores, se acordó que, en la tramitación en la Comisión de Hacienda, se presentará una limitación a esta facultad y se determinará con mayor especificidad el número de cargos que se traspasarán. Senador Gaona.— Dado lo expresado por el Ejecutivo, y considerando que en Hacienda se dejará especificado el número de cargos y los límites correspondientes, me abro a retirar esta indicación y la siguiente. Presidente.— Si estamos en esa, senador Gaona, le pediría evaluar el retiro de la que estamos discutiendo y de las indicaciones 59 y 62, porque dicen exactamente lo mismo: suprimen todos los cargos nuevos. Habiendo dos autores y no estando presente el segundo, no es posible retirarlas; por lo tanto, se vota. (Se procede a la votación.) Presidente.— Se rechazan las indicaciones 58 y 59 por tres votos en contra y una abstención. Presidente.— Pasamos a la indicación 60. Secretaria, por favor. Secretaria.— La indicación 60 recae en el artículo primero transitorio y es del honorable senador señor Flores. Propone agregar una frase en el numeral 2 de dicho artículo, que dispone, dentro de las materias que debe regular el decreto que debe dictar el Presidente de la República para determinar la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Digital —la cual podrá contemplar un período de implementación y otro a contar del cual entrará en operaciones—, que el plazo para iniciar el período de implementación no podrá ser superior a seis meses. Presidente.— La indicación es inadmisible. No obstante, el Ejecutivo recogió su contenido y lo incorpora en la indicación 61. Por lo tanto, se declara inadmisible la indicación 60 y damos paso a la 61, dejando constancia de que el Gobierno la ha recogido. Quedamos en seis meses. ¿Puede leer la 61? Secretaria.— La indicación 61 es de Su Excelencia el Presidente de la República.

Una cosa es la FALP, COANIQUEM, en fin, todas las instituciones sin fines de lucro que funcionan y se dedican a la salud, y otra cosa son las mutuales de seguridad, que también son instituciones privadas sin fines de lucro dedicadas a la salud, pero financiadas por la Ley del Seguro de Accidentes del Trabajo. Ahí me preocupa que la SUSESO no supervigile y no tenga la capacidad de autorizar o no autorizar la participación de las mutuales en los procesos licitatorios relacionados con las listas de espera de FONASA. Ese es el punto. Aquí no hay un problema con COANIQUEM, ni con FALP, ni con ninguna institución sin fines de lucro. El problema no es el lucro. El problema es que la mutual tiene un fin específico, que es la atención de los trabajadores, y además se financia con el seguro de accidentes del trabajo. Por lo tanto, a lo menos, la SUSESO debiera supervigilar que no dejen de cumplir sus tareas y sus funciones para dedicarse a la salud común. Y, además, vuelvo a insistir: yo no estuve en esa discusión porque estaba en una misión fuera del país, y la indicación presentada por la senadora Vodanovic, si no me equivoco, es completamente inadmisible, porque todas estas son materias de seguridad social. Me parece impropio que por secretaría o por votaciones tengamos que tramitar algo que es evidentemente inadmisible; espero que el Ejecutivo se pronuncie al respecto y que se hagan las reservas de constitucionalidad que correspondan; de lo contrario, habrá que hacerlas. Entonces, tenemos dos problemas: primero, la admisibilidad de esta indicación, o de lo que usted señala, Presidente; y segundo, que son dos cosas distintas: las instituciones sin fines de lucro que se dedican a la salud, y las mutuales, que también son instituciones sin fines de lucro que se dedican a la salud, pero que se financian con el seguro de accidentes del trabajo. Para precisar, Presidente: no se trata de negar la posibilidad de que entren otras instituciones. Yo no tengo ningún problema en que entren todas, pero que las mutuales lo hagan con la autorización de la SUSESO, porque es lo que corresponde y es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. No veo la necesidad de modificar aquello. Eso, Presidente. Muy bien. Ayer tuvimos este mismo debate; los puntos fueron marcados. Creo que la mayoría de quienes estamos en la Comisión opinamos distinto. Creemos que, tratándose de resolver listas de espera y de agilizar la prestación del segundo prestador GES, teníamos que zanjarlo en esta Comisión de acuerdo con las indicaciones presentadas por parte de tres senadores de esta Comisión —Órdenes, Chahuán y Vodanovic— y un externo. Requería una buena y amplia conversación al respecto. Por otro lado, ya lo habíamos visto en la ley de reajuste, y ahí el ministro Grau, junto con otras respuestas muy ágiles, señaló, en el numeral 7 —que es lo que vamos a conversar ahora—, que se revisaría y, eventualmente, si se requiere una ley, sería incorporado en la ley de reajuste. Senador Castro. Gracias, Presidente. Para precisar también la posición que estoy sustentando: concurrí al acuerdo de protocolo que se hizo en la Ley de Presupuestos, que me parece razonable, y quedó en etapa de estudio para que sea revisado por el Ejecutivo. Comparto la objeción de constitucionalidad respecto de la enmienda de mis colegas: una cosa es el propósito, que es loable, y otra cosa es el modo, porque esto solo depende de que el Ejecutivo, por ser materia de seguridad social, se allane a tenerlo o no. Tercero, la superintendenta de Seguridad Social concurrió ayer y expresó, palabras más, palabras menos, en términos generales, que no había desde su cartera una solicitud de las mutuales, ni una presión u holgura suficiente, como para decir que queremos levantar la fiscalización de la SUSESO con el objeto de poder hacer más expedito, eventualmente, el acceso a medicina curativa. Por mi parte, hice ver que, así como la historia de la Ley 16.744 lo establece, esto viene de una enmienda hecha en plena dictadura militar, años 1977 y 1978, que abre esa ley a prestaciones excepcionales de medicina curativa. Otra cosa es la historia en que, desde 1990 en adelante, esto quedó objeto de interpretaciones de la SUSESO —ha habido diversas—, como también hay litigios.

Los gobiernos regionales también están celebrando convenios en esa línea y, además, existen alianzas público-privadas con clínicas, que al menos en mi región he visto funcionar. Entonces, por lo menos hay cuatro caminos que están mostrando resultados. Por lo mismo, soy de la idea de abrir todos los caminos posibles, porque las listas de espera son el gran tema en salud, o al menos uno de los de mayor urgencia. Hoy día, según el protocolo del Presupuesto 2026, se contempla utilizar la capacidad ociosa que tienen las mutuales. Y quiero ser muy clara: para mí, el camino es la ley de reajuste, y eso establece también el protocolo. Veamos su viabilidad, porque el objetivo es acotado: la reducción de las listas de espera. ¿Qué rol cumplirían? No solo la capacidad ociosa, sino también en qué tipo de listas o especialidades pueden aportar de manera relevante. Se nos dijo que esa es otra conversación que afecta a las mutuales y al sistema completo: la capacidad de gestión de las listas y la calidad de los datos y de la información de los usuarios. Muchas personas salen de las listas porque no se les contacta; otras porque resuelven su problema de salud por sus propios medios, ya que, con esperas de 100 o 150 días, es comprensible que busquen solución en otra parte. Esa es otra tarea, transversal a todas las vías de solución. Lo que debemos resolver hoy, a mi juicio, es dejar esto en la ley de reajuste, porque no conocemos los plazos de las otras leyes en tramitación y es una manera de cumplir rápidamente el compromiso adoptado en el protocolo. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Creo que esto ha sido suficientemente conversado. Estábamos esperando la respuesta del Ejecutivo respecto de cómo avanzamos en la ley de reajuste, para decirlo en buen chileno y clarito, con las cartas sobre la mesa. Si no tenemos claro el escenario de la ley de reajuste, si el Gobierno efectivamente lo va a abordar, es un punto que nos interesa. Ya lo dijo la senadora Órdenes, lo dijo el senador Chahuán, y lo hemos compartido todos: tenemos que buscar todos los caminos para apurar la resolución de las listas de espera y también en el caso de las segundas prestaciones. Sobre todo cuando, en la modalidad complementaria, FONASA está firmando convenios con más de 80 clínicas, según informó su director. La pregunta es por qué no podemos hacerlo de la misma manera con grandes hospitales, como los que tienen hoy las mutualidades de seguridad en Chile. Termino este comentario con una condición: mantuvimos las tres indicaciones en esta Comisión a la espera de lo que el Gobierno confirmara respecto del numeral 7 del protocolo de acuerdo. Si el Gobierno se compromete a seguir avanzando, podríamos pedir a los autores —aquí somos cuatro de cinco— que retiren esta indicación; terminamos el debate de este proyecto y dejamos el debate de fondo para la discusión de la ley de reajuste, dentro de todas las materias que se incorporarán allí. Con eso le damos trámite expedito a este proyecto y esperamos que la solución no sea solo transitoria por un año —que es lo que dura el reajuste—, sino que quede como ley de la República, resolviendo sin tener que repetir todos los trámites en el Congreso Nacional. Dicho esto, reitero mi postura personal: a la ciudadanía le cuesta aceptar explicaciones cuando seguimos teniendo listas de espera que no somos capaces de asumir. Echemos mano de todo lo que tengamos y hagamos los ajustes necesarios, independientemente del problema de la base de datos que ayer señaló la Superintendenta de la SUSESO. Pueden existir muchos esfuerzos, pero si la base de datos está desactualizada, costará bajar esos números. En todo caso, hay que hacer todos los esfuerzos. Le ofrezco la palabra a los ministros. Ya, ok. Senador Gaona, Ministro Grau, Subsecretario de Salud. Solamente para que no queden conceptos en el aire sin aclarar: que haya capacidad instalada ociosa en las mutuales de seguridad es prueba del éxito del sistema, y también evidencia de la sobreinversión en infraestructura y equipamiento. Primero, porque hay capacidad ociosa al no registrarse la cantidad de accidentes del trabajo ni de enfermedades profesionales de antaño, fruto de una política pública de años que ha funcionado bien —y qué bueno que así sea—. Y, segundo, por la sobreinversión en infraestructura y equipamiento.

El promedio es 1,2. Hoy día el promedio que pagan los empleadores a las mutuales es 1,2, no 0,9. 0,9 es el piso; pero el promedio que se viene pagando es 1,2. Por tanto, lo que uno esperaría es… Aquí no está en cuestión que usemos la capacidad ociosa; el tema es cómo la vamos a usar, salvaguardando todo lo que acaba de señalar el senador Castro, relacionado con la competencia y con el uso de la infraestructura que es financiada por un sistema de seguro de accidentes. En definitiva, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas conforme a lo que dicta la Constitución y las leyes, por muy loable que sea el propósito. Aclarar eso: que haya capacidad instalada ociosa de las mutuales prueba el éxito de su trabajo, sin duda alguna. Y, segundo, que probablemente haya que pensar en bajar la tasa, porque la siniestralidad que hay hoy día en el país, en el mundo laboral, no es la que había hace cincuenta años. Por lo tanto, uno esperaría que la tasa bajara y que no se obligue a los empleadores a pagar 0,9 por algo que no están usando. Bien que no se esté usando, porque, al final, lo que yo prefiero, como parlamentario y como ciudadano, es que ojalá esas instalaciones no se usen para el propósito para el que están hechas, porque las mutuales son para evitar accidentes, para prevenir; esa es la tarea fundamental de las mutuales, no ser una clínica privada que preste servicios. Eso, Presidente. Muy bien. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidente. Yo creo que, si algo ha quedado claro en estas distintas intervenciones, que plantean puntos todos muy relevantes, es que estamos en presencia de un tema que genera debate; no es fácil eventualmente llegar a un acuerdo y, además, las preocupaciones que existen trascienden a los distintos sectores políticos. Esta es una discusión bien pragmática, bien empírica, respecto de cuál es el camino a seguir. Lo segundo es que, tal como planteaba el senador Castro, por su intermedio, Presidente, el esfuerzo que hay que hacer acá —y voy a hacer una propuesta al final de mi intervención— es que todos nos abramos a tener esta conversación empírica y busquemos el camino que nos parezca más razonable. Por supuesto, nuestra presencia acá, y en particular la mía, se debe a que nosotros hicimos un compromiso en el marco de la discusión presupuestaria, que se expresó, junto con muchos otros compromisos, en un documento. Y ese compromiso —en resumen, habiendo participado con ustedes en la conversación—, más allá de una fórmula precisa, lo que tenía detrás —fue una solicitud que inicialmente surgió desde la oposición y que después sumó distintas posturas— es que las mutuales podrían tener un rol mayor y más fluido en responder a las listas de espera. Lo pongo así, de manera abstracta y general, porque la forma en que ese rol mayor y más fluido se exprese es lo que está en debate, pero al menos eso es lo que nosotros comprometimos como Ejecutivo y entendimos que concitaba cierto apoyo. Y, a su vez, y aquí sigo lo que han dicho el Presidente, la senadora Órdenes y también el senador Chahuán, por su intermedio, Presidente, creo que hay una visión general de que existe una oportunidad de que tengan un rol mayor, y que lo que nos debe orientar no es ni la opinión de las mutuales ni la opinión de las clínicas, sino el bien común y cómo efectivamente podemos abordar de mejor manera el desafío que tenemos con las listas de espera, que yo creo que todos concordamos que, con seguridad, está dentro de las tres prioridades de la ciudadanía, sea como se mida: desde conversaciones o temas más cualitativos, anecdóticos, hasta lo que se expresa en informaciones más sistemáticas. Entonces, está ese objetivo: un rol mayor y más fluido de las mutuales. Hay una discusión legítima respecto de si el diseño actual logra ese propósito o no, si logra ser suficientemente fluido o no. En teoría, el hecho de que exista un control previo le quita fluidez. También es cierto que ese control previo, en general, se ha ejercido de forma positiva; es decir, cuando se ha hecho la solicitud, esa solicitud se ha respondido de manera positiva. Pero eso no tendría por qué siempre ser así: por lo menos existe un diseño institucional que eventualmente podría ser menos fluido.

Vamos a retomar la votación. Solo, a modo de previsión, la Secretaría nos ha señalado la necesidad de establecer formalmente que la mesa técnica se amplía: además de nuestros asesores y los del Ministerio de Salud, se incorporarán asesores del Ministerio de Hacienda y de la Segpres. Queda, entonces, establecida la nueva mesa técnica para tratar ese asunto. Muy bien. Continuamos, señora Secretaria, con las disposiciones transitorias. El Presidente había declarado inadmisible la indicación 60 y se dio lectura a la 61, de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece el plazo de implementación de la anterior. Esta indicación dispone que el plazo para iniciar el período de implementación no podrá ser superior a seis meses, contados desde la publicación en el Diario Oficial del decreto con fuerza de ley o, en caso de ser varios, del último de los decretos señalados en el inciso primero. Tenemos que votar la indicación del Ejecutivo que recoge la indicación 60. ¿Por unanimidad? Muy bien, por unanimidad. Se declara aprobada la indicación 61 por cinco votos a favor y ninguno en contra. Vamos a la indicación 62, en la página 97 del comparado. También es de Su Excelencia el Presidente de la República y agrega, en el artículo primero transitorio, un nuevo numeral. Este dispone que el personal a honorarios que se traspase al Servicio Nacional de Salud Digital desde el Departamento de Asistencia Remota en Salud de la Subsecretaría de Salud Pública y desde la Unidad de Gestión Centralizada de Casos y el Departamento de Salud Digital, ambos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, podrá modificar su calidad jurídica, de honorarios a suma alzada, por la de contrata, de acuerdo con la dotación máxima de personal del Servicio que se determine según lo dispuesto en el numeral 7 de este artículo y su disponibilidad presupuestaria. Permite, entonces, pasar de honorarios a contrata a los funcionarios, hasta la dotación que se indique. Señalo que después hay varias indicaciones de los senadores Gaona y Chahuán en la misma línea. En este caso, siendo indicación del Ejecutivo, la podemos votar, porque dice relación con lo que viene a continuación. Solo decir que nuestras indicaciones apuntan precisamente a evitar el aumento excesivo del gasto fiscal. Cuando se pasan personas de honorarios a contrata, con la creación del Servicio de Salud Digital —pues se traspasan funciones que se desarrollan en otros lugares a este Servicio—, lo que uno esperaría es que no se vuelvan a llenar otros honorarios. En ese sentido van nuestras indicaciones. Ahora, como lo dijo el Ejecutivo en su minuto, si esto está limitado y en la Comisión de Hacienda se tendrá claridad respecto de los límites, no tenemos ningún problema y procederemos de la misma manera como con las indicaciones anteriores. No sé si el Subsecretario lo puede reafirmar. Muy bien. Vamos a votar la 62, porque es, en términos genéricos, pasar al personal actualmente a honorarios a contrata en el nuevo Servicio. No estamos hablando de aumento de dotación ni de número; estamos hablando de la condición jurídica. Votamos esta indicación y debatiremos las otras, que son parlamentarias. En votación, entonces, la indicación 62 de Su Excelencia el Presidente de la República. Senador Chahuán. Senador Gaona. Senador Castro González. Senadora Órdenes. Y quien preside. Se aprueba la indicación 62 por cinco votos a favor. Por unanimidad. Ahora entramos a la indicación 63, de los honorables senadores señores Gaona y Chahuán, que suprime en la letra a) del numeral 8 del artículo primero transitorio.