Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 9 de diciembre de 2025

Ciertamente, el sistema es muy complejo, pero sale a la palestra producto del aumento de las graves situaciones de convivencia escolar y de bullying ocurridas en los últimos años. Por tanto, este es un debate vigente, aunque con ciertos límites, porque el Estado chileno hoy tiene como esencia la responsabilidad personal, y medidas que deriven en multas podrían entrar en conflicto con la normativa constitucional vigente. Por otro lado, es efectivo que aquello podría disuadir fuertemente que los jóvenes sigan cometiendo actos de bullying de mayor intensidad, pues existe una responsabilidad parental respecto de su formación, y esta idea la reconoce. Soy partidario de que, en última instancia y ante hechos agravados, particularmente cuando existe abandono de los deberes parentales —esto es, cuando, pese a requerirse su presencia y participación en el trabajo con niños, jóvenes y estudiantes a propósito de situaciones de bullying, los padres no están—, puedan establecerse sanciones de multa. La sanción podemos discutirla —sus montos y plazos—, pero debe existir un mayor compromiso de las familias para con sus hijos e hijas. Hoy el bullying ya no es una excepción; lamentablemente, son muchos los casos. Se ha malentendido el derecho preferente de los padres respecto de sus hijos: algunos lo han interpretado como dejarles hacer lo que quieran, sin que nadie pueda intervenir en esa relación. Bien ejercido, es un derecho y un deber virtuoso; sin embargo, hemos visto ataques de niños contra niños y padres que hacen oídos sordos. Necesitamos mayor corresponsabilidad: no puede ser solo el colegio; también la familia debe involucrarse. El bullying es una situación gravísima dentro y fuera de los establecimientos educacionales. Sus consecuencias pueden ser devastadoras y tener amplio impacto en la vida de una persona. Toda la comunidad educativa y la sociedad deben trabajar en contra de esta práctica, ya sea el maltrato presencial o a través de redes sociales, particularmente en el ámbito escolar. Según las normas vigentes, los padres somos responsables de lo que hagan nuestros hijos mientras sean menores de edad, incluyendo las consecuencias que puedan derivar de sus actos, eventualmente el bullying. Ahora bien, establecer multas a los padres como primera medida no resuelve el problema. Si los padres somos responsables, corresponde estudiar cuidadosamente cómo se propone dicha sanción y, sobre todo, buscar mecanismos eficaces para que todos participemos activamente en la prevención y erradicación del bullying. La democracia nos permite que la ciudadanía sea escuchada y exprese sus opiniones. Es la única forma civilizada para asegurar una convivencia pacífica. Democracia significa participación y entrega la libertad para expresar nuestra opinión y escoger a nuestros gobernantes. En una democracia, todas las personas merecen ser tratadas con respeto, sin importar su religión, edad, país de procedencia, color de piel o etnia. La democracia da la oportunidad de organizar la voz de las personas en torno a cómo desean ser gobernadas, nos permite vivir respetando los derechos de todos y es el mejor sistema para resolver nuestras diferencias.

www.camara.cl refleja el compromiso de nuestra Corporación con el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a informarse sobre la labor que realizan sus representantes. Nuestro portal institucional se basa en los principios de transparencia, instantaneidad y un acceso amable e intuitivo a la información, con un diseño que se adapta a cualquier dispositivo. En nuestro sitio web, usted puede acceder en línea a información relevante referida al trabajo legislativo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 9 de diciembre, son las 9 de la mañana con 56 minutos de esta jornada. Les saludamos aquí, en las pantallas de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión, en una mañana, como todo día martes, de intenso trabajo legislativo en la Sala de Sesiones. Los invitamos a revisar de inmediato los puntos que abordarán las diputadas y los diputados en esta jornada, que se va a transformar en la número 99 de la presente legislatura, iniciada el pasado 11 de marzo. Parte el debate con el mensaje que, entre otros aspectos, establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces. Luego se presenta un proyecto que, imaginamos, concentrará gran parte del debate y que tiene que ver con las modificaciones propuestas por el Senado para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública. En tercer término, se abordará la moción que crea un tipo penal especial de daños en la infraestructura penitenciaria. Si el tiempo lo permite —son 120 minutos dedicados al Orden del Día—, hay tres proyectos más: uno que regula la prestación de servicios de cuidado de vehículos y limpieza de parabrisas en la vía pública, y sanciona el ejercicio no autorizado de dichas actividades; otro que elimina la Unidad de Fomento (UF) como sistema de reajustabilidad en ciertos casos; y, finalmente, una moción para prohibir y sancionar las carreras de perros. Como es habitual, usted puede revisar, profundizar y obtener todo el material de su interés en nuestra página web, camara.cl. Ahí está el trabajo en Sala que detallamos, además de noticias, sesiones, comisiones, votaciones, asistencia y la tabla semanal, todo a disposición de la comunidad. También está la página de nuestro canal, que ve en la pantalla principal, con lo que sucederá en la sesión de Sala y, en las ventanas inferiores, el trabajo de comisiones, principalmente en horas de la tarde. La radio de la Cámara también la puede escuchar y descargar material de su interés, no solo legislativo, sino también cultural. Y, por supuesto, todas nuestras redes sociales: YouTube, Instagram y X (antes Twitter). Entramos en materia. Mientras vemos que lentamente se comienza a reunir el quórum para comenzar esta jornada en Sala, la 99 de la presente legislatura, abrimos con el mensaje que establece beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial y modifica los aportes al Fondo Común Municipal, además de posponer el proceso de reavalúo de bienes raíces. Este proyecto está en primer trámite constitucional. Entre otros puntos, señala que, si los ingresos anuales del contribuyente del impuesto territorial al 31 de diciembre del año anterior superan la cantidad señalada y no exceden el límite superior del primer tramo afecto al impuesto global complementario —considerando para este efecto el valor de la Unidad Tributaria Anual del mes de diciembre del año anterior a aquel en que se hace efectiva la rebaja—, el impuesto a pagar será el monto menor entre una rebaja del 50% del impuesto territorial determinado para el período de aplicación de este beneficio o el 5% de los ingresos anuales del contribuyente. Esto beneficia fundamentalmente a quienes están ubicados en ese tramo. Estamos revisando, entonces, este primer punto de la tabla.

Se trata de un proyecto de ley que beneficiará a las personas mayores mediante la rebaja del impuesto territorial. Es un proyecto bastante técnico, que además contempla el aumento del aporte al Fondo Común Municipal de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, para equiparar ingresos. Respecto de la Municipalidad de Las Condes, el aporte será del 70%, y en el caso de Lo Barnechea, del 55%, conforme a lo propuesto por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. A continuación, la Cámara abordará las numerosas modificaciones propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. El Senado incorpora un nuevo Título Primero, denominado “Del rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal”. Ámbito de aplicación: la presente ley tiene por objeto regular el rol preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario de las municipalidades en materia de prevención del delito y de seguridad pública a nivel comunal. El artículo 2 aborda el rol de los municipios en estas materias. En el ejercicio de las competencias municipales relacionadas con la seguridad pública, la prevención del delito constituye la labor principal y prioritaria, sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Seguridad Pública y de los demás órganos con atribuciones en la materia. Estrategias de prevención del delito: en el marco de esta ley, las municipalidades podrán adoptar y promover estrategias de prevención de tipo social, comunitaria y situacional del delito, en sus distintos niveles, de acuerdo con sus capacidades, presupuesto, cantidad de habitantes y población flotante, geografía, problemas específicos de seguridad pública y cualquier otra circunstancia relevante según la realidad de cada comuna. El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas y proyectos, así como la suscripción de convenios que formen parte de las estrategias preventivas, propenderán a la prevención social, comunitaria y situacional en sus distintos niveles. En la Política Nacional de Seguridad Pública y en otros instrumentos que emanen del Ministerio de Seguridad Pública se definirán las finalidades y niveles de prevención, así como las estrategias que comprende. Las distintas finalidades y niveles de prevención podrán operar de manera simultánea. En el diseño, aprobación, ejecución e implementación de las acciones necesarias para llevar a cabo las estrategias de prevención, deberán considerarse los indicadores, lineamientos y orientaciones técnicas elaborados por el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Excepcionalmente, según el artículo 4° propuesto por el Senado, los municipios podrán colaborar coordinadamente con las fuerzas de orden y seguridad pública en el ejercicio de funciones relacionadas con la prevención del delito y la seguridad pública a nivel comunal, en los casos que expresamente señale la ley. Asimismo, las asociaciones de municipios o municipalidades podrán proporcionar o recibir información de las fuerzas de orden y seguridad pública para el desarrollo de sus funciones. En estas labores deberán supeditarse a los principios y lineamientos estratégicos de la Política Nacional de Seguridad Pública y a los demás instrumentos pertinentes que emanen del Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, se subordinarán operativamente a la labor de las fuerzas de orden y seguridad pública. Esta colaboración podrá incluir la entrega de la ubicación georreferenciada y geolocalizada de los sistemas de televigilancia, así como la entrega de información pertinente.