Muchas gracias. Buenas tardes. El señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos que llegaron a la Comisión.
Gracias, Presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes antecedentes:
- Pareo de la diputada doña Camila Flores con la diputada doña Lorena Fríes, para esta sesión.
- Se informa que el diputado don Daniel Manouchehri reemplazará a don Leonardo Soto Ferrada durante la sesión del día de hoy.
- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados.
- Proyectos iniciados en moción:
a) que modifica la Carta Fundamental para eximir los medicamentos de todo impuesto o gravamen;
b) que modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniformes, insignias u otros elementos idóneos para simular la calidad de funcionario policial;
c) que modifica el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción de la acción y de la pena, así como el catálogo de delitos imprescriptibles.
- Oficio de la Corporación, mediante el cual se comunica a la Comisión de Constitución que la Sala no accedió a la solicitud para remitir a la de Salud, una vez que sea despachado por esa Comisión, el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental.
Se da cuenta:
- Oficio de la Corporación, dirigido al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual se acordó remitir a dicha comisión, en carácter de comisión técnica para su discusión, votación e informe, el proyecto que modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniforme, insignia u otros elementos idóneos para simular la calidad de funcionario policial.
- Correo electrónico por el cual se confirma la asistencia, respecto del proyecto que se encuentra en primer lugar de la tabla de esta sesión, de la ministra señora Macarena Lobos, ministra secretaria general de la Presidencia.
- Oficio del Ministerio Público mediante el cual se responde la consulta de esta Comisión, con motivo de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. Copia del oficio que explica las materias solicitadas se hará llegar a todas y todos los integrantes de la Comisión.
- Por su parte, el señor Francisco Cox, abogado, se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy por compromisos profesionales previamente adquiridos; agradece la invitación. Lo mismo hace el señor Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, por motivos de salud. Esto dice relación con el punto 2 de la tabla.
- Oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido al Sename, relativo a menores fallecidos, con información a octubre de 2025.
- Oficio del señor Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante oficio ATP N° 077 de esta fecha, remitiendo documento que identifica otras iniciativas legales que pudiesen abordar la misma materia tratada en el proyecto de ley correspondiente al Boletín N° 16.309-07, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Se entregará a cada integrante de la Comisión copia del informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
- La señora Luz Riedel, subdirectora de Incidencia Social y Política, solicita autorizar el ingreso en calidad de oyentes, para la sesión de hoy, de doña Javiera Canales y de doña Laura Bartolotti Enríquez. No se indica por cuál de los proyectos; da la impresión de que podría ser para el punto 2. Se hace presente que, respecto del segundo punto, los invitados se han excusado, y que, no estando ese proyecto en tabla hoy, las personas interesadas pueden seguir la sesión por el canal institucional.
Terminada la cuenta.
Se ofrece la palabra sobre la cuenta.
Una diputada: Presidenta, me llama la atención que nuevamente se informa lo ya señalado ayer en la cuenta: la no aceptación por parte de la Sala de la petición de que el proyecto pase a Salud después de pasar por esta Comisión. Eso ya se informó ayer y hoy se vuelve a informar.
Secretario: Tiene razón, diputada. La cuenta se va confeccionando con los documentos que llegan de manera sistemática. Ayer llegó un correo electrónico comunicando aquello y hoy llegó el oficio firmado por el Secretario General que dice lo mismo. Por eso se repite el contenido.
Otra diputada: Sobre el punto, Presidenta. Por su intermedio, solicitar que solo se incluya en la cuenta cuando exista el oficio formal y no cuando se trate de un correo electrónico, pues este no sería suficiente para esos efectos.
Diputada: Eso aplica cuando hay un oficio de por medio. Me parece importante que se nos informe también lo que llega por correo electrónico, porque por ese medio llegan los reemplazos. Se pueden producir descoordinaciones o doble información, pero estimo relevante que el secretario nos señale qué llega por correo electrónico, aunque no sea algo oficial.
Diputada: Gracias, Presidenta. Reglamentariamente, entiendo que lo que corresponde es que esa información —la que dice relación con la aceptación o no de una petición que ha hecho la Comisión a la Sala— se ponga en la Cuenta solo cuando llegue el oficio.
Presidenta: Gracias, diputada. Le voy a pedir al secretario que, para la próxima sesión, pueda averiguar con el Secretario General cuál es la reglamentación sobre esto, porque no me gustaría que dejáramos de informar en la Cuenta todo lo que llega al correo; también puede ser complicado si mañana arriba información relevante y no la informamos. Si tiene información ahora, que la señale; si no, que la ratifique con el Secretario General.
Secretario: Presidenta, señoras y señores diputados, puedo explicar. Se ha implementado un sistema de Escritorio Virtual mediante el cual se han digitalizado muchas comunicaciones internas; por ejemplo, los reemplazos llegan por ese sistema. Probablemente, con el propósito de que la Comisión se entere rápidamente de decisiones de la Sala —por ejemplo, trasladar un proyecto de una comisión a otra—, en nuestro caso, respecto de la solicitud de que el proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos fuese visto por la Comisión de Salud. Eso fue lo que ocurrió en la Sala. Entonces, por el sistema informático, que es más rápido, se nos avisa con la leyenda “oficio pendiente”: la Sala decidió que el proyecto que ustedes solicitaban que pasara a la Comisión de Salud no pase, y que lo vea esta Comisión. En cambio, la elaboración y la firma del oficio por el Secretario General es más lenta y llega al día siguiente. Por eso se produce la reiteración.
Diputado: Muchas gracias, Presidenta. Entendiendo que puede haber duplicidad en la información —ambos textos son exactamente iguales—, quisiera recordar que el artículo 4º de nuestro Reglamento reconoce el correo electrónico, independiente del trámite que se va desarrollando. Las citaciones llegan por correo y eso está validado por el Reglamento. Por lo mismo, preferiría que se comunique en la Cuenta todo tipo de comunicación, no solo el oficio; como lo hemos hecho, por ejemplo, con los pareos. Y que el secretario pueda discernir si está duplicada o replicada, u omitirla en la segunda Cuenta.
Diputado Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. En el último tiempo esto no había sido tema de debate, pero efectivamente puede generar problemas. Me gustaría saber si eventualmente, al reiterar asuntos en la Cuenta, podemos terminar tomando decisiones contradictorias en esos mismos puntos: que en un momento adoptemos un acuerdo respecto de un punto de Cuenta en un sentido y que, al reiterarse, se enrede la conversación y se tome un acuerdo distinto, resultando inoficioso. Sin perjuicio de que concuerdo en que filtrar qué se lee o no en la Cuenta puede generar problemas, también los genera reiterar comunicaciones que son duplicidades en la práctica y que abren espacio para contradicciones en los acuerdos de la Comisión. Me gustaría saber si el secretario, por su intermedio, Presidenta, ve un riesgo en esto, porque, al menos para mí, no suena como un problema.
Secretario: Presidenta, estimadas y estimados diputados, en relación con el tema, efectivamente, si se llega a tomar...
Sobre las comunicaciones automáticas relativas a los oficios que emite la Sala: estas se publican con la intención de que la comisión se entere prontamente, ya que la confección y despacho del oficio formal toma un tiempo. La comisión, por ejemplo, cuando solicita refundir un proyecto, suele estar esperando la determinación de la Sala; desde ese punto de vista es positivo que la comunicación llegue rápido. Tampoco debiera prestarse para problemas en materias tan puntuales, porque se trata de decisiones que la Sala adopta frente a peticiones de la comisión o de terceros respecto de proyectos que han llegado a la comisión como comisión técnica y que la Sala deriva oportunamente a otras instancias. La posibilidad de duplicidad es muy remota, pues no son decisiones de fondo, sino cuestiones de mero trámite, como comunicar que se accedió a la solicitud de que un proyecto que ve esta comisión pase luego a Salud, por ejemplo. Cualquier contradicción sería evidente, y además suele haber un desfase: un día llega el aviso automático y al día siguiente el oficio formal.
Gracias, señor Secretario. Bien, vamos a pasar al Orden del Día. La presente sesión número 299 ha sido citada con el propósito de destinar la primera hora para iniciar la tramitación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados, Boletín N° 16.309-07, con urgencia suma. Para esto se ha invitado a los autores de la moción y a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, a quien damos la bienvenida a la comisión.
Si les parece, dada la urgencia, la idea es que podamos votar en particular este proyecto. Ministra, quisiera contarle que en la última sesión, en que votamos en general, surgieron algunas dudas. Por ello, antes de entrar a la votación en particular, sería bueno que usted nos explicara el objetivo y la estructura de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo; tengamos una breve discusión y luego iniciamos la votación. ¿Le parece? Ministra, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Constitución, a los miembros de la Secretaría y a las y los asesores. Efectivamente, aunque en la última sesión del día 25 no pude convocar a otra, sí pude recabar los antecedentes y las dudas que se plantearon, y me gustaría abordarlas para facilitar el trámite en particular.
En primer lugar, respecto de la priorización que supone la propuesta de crear un registro de condenados por maltrato animal. Se hizo un símil con otras situaciones, como maltrato de personas, o con casos en que no existiera registro. Lo primero que corresponde aclarar es que hoy existe una inhabilidad perpetua para la tenencia de animales, pero no hay posibilidad de materializar esa pena accesoria, toda vez que no existe un registro que permita verificar activamente dicha inhabilidad. Por tanto, el registro responde a la necesidad de garantizar que efectivamente se cumpla la pena accesoria.
Respecto de otros casos, existen registros para personas inhabilitadas para trabajar con niños o menores de 18 años cuando han sido condenadas por delitos sexuales, y también en materia de maltrato a personas mayores o con discapacidad, que cumplen una función equivalente al permitir materializar la prohibición. Asimismo, ciertas prohibiciones para ejercer cargos públicos se materializan mediante declaración jurada, cuya falsedad se sanciona como falsificación de instrumento público. Desde esa perspectiva, hay un símil.
Adicionalmente, se planteó que no sería necesario el registro, toda vez que las condenas constarían en el certificado de antecedentes. Sin embargo, de acuerdo con la Ley N° 18.216, que establece las penas sustitutivas, cuando se imponen estas penas la primera condena no queda en el certificado de antecedentes. Por tanto, el certificado de antecedentes no resulta suficiente para materializar estas inhabilidades, lo que justifica la creación de un registro específico.
Ministra.- Respecto del registro, en la sesión anterior se planteó la duda sobre si sería público o privado. El proyecto contempla expresamente su carácter privado y solo podrán acceder a su información quienes acrediten interés legítimo. Se establecen diversas hipótesis de interés legítimo: algunas permiten acceso directo y otras a través de un procedimiento simplificado ante los juzgados de policía local.
También se aludió a que esto no sería materia propia del derecho penal. Cabe recordar que el registro se regula como norma independiente, propia de esta ley, y que las modificaciones al derecho penal se circunscriben a establecer agravantes. La indicación sustitutiva del Ejecutivo no altera la pena asignada actualmente al delito de maltrato animal; se incorporan cuatro hipótesis de agravantes en la modificación al Código Penal: cuando el hecho haya sido cometido contra una hembra preñada o recién parida, hasta el destete total de las crías; cuando haya sido cometido por el propietario del animal o por quien tenga su cuidado; cuando ocurra en un contexto de VIF; y cuando el hecho se realice en un evento público o sea difundido a través de tecnologías de la información o la comunicación. Estas agravantes serán ponderadas por el juez junto con las demás agravantes o atenuantes, conforme a las reglas generales del Código Penal.
En cuanto a la eventual desproporción de las penas, reitero que no se modifican las penas vigentes, sino que solo se incorporan las agravantes recién descritas. Entiendo, Presidenta, que esas fueron en general las dudas planteadas; quedo totalmente disponible para profundizar en los puntos que estimen.
Presidenta.- Muchas gracias, Ministra. Tiene la palabra la diputada Giles.
Diputada Giles.- Gracias, Presidenta. De reglamento, quisiera solicitarle que, antes de iniciar la votación en particular, se pida la unanimidad de la Comisión para adjuntar mi voto a favor en general de este proyecto. No puedo estar presente, por lo que sería necesario contar con esa unanimidad.
Presidenta.- ¿Hay unanimidad? Aprobado. Queda incorporado su voto. Ofrezco la palabra.
Diputado Mulet.- Presidenta, me gustaría formular una consulta general. Me acaban de informar que mi reemplazo está impedido, de manera que no podré votar; pero, más allá de eso, quisiera aprovechar de despejar una duda, tanto con la Ministra como con las y los colegas. Entiendo que la legislación chilena todavía considera a los animales como cosas; la norma del Código Civil estaría vigente, ¿cierto? Quisiera confirmar si eso es así, porque estimo que deberíamos apuntar a modificar esa disposición a estas alturas. Por lo que recuerdo de derecho civil, los animales se clasifican como bienes muebles semovientes. Entonces, consulto si este punto se ha visto o se ha considerado. En términos generales, el proyecto me parece muy interesante y hay que aprobarlo, pero quisiera poner énfasis en esa materia.
Presidenta.- Gracias, diputado. Ministra, a menos que algún otro parlamentario quiera referirse a este punto... Diputado Longton, tiene la palabra.
Diputado Longton.- Gracias, Presidenta. Tengo dudas respecto de lo planteado por la Ministra sobre el registro. Los otros registros, por ejemplo a propósito de delitos sexuales, no son públicos; ningún particular puede acceder a ellos. A diferencia de este registro, en el que cualquier persona interesada, bajo ciertos requisitos establecidos en el proyecto, podría acceder, incluso un particular. Todos sabemos que, en ese tipo de casos, como está planteado, eventualmente esos datos pueden ventilarse más allá de lo deseable.
A ciencia cierta no sabemos quién está haciendo uso de esos antecedentes, pero más allá de eso, Ministra, si bien entendí que las penas sustitutivas no constan en los certificados de antecedentes, en la práctica sería difícil verificar inhabilidades si no existe un registro. ¿No se solucionaría esto modificando la normativa para que esa pena, por muy sustitutiva que sea, conste en el certificado? De ese modo, cuando una persona quiera adquirir o adoptar una mascota, quien corresponda podría exigir el certificado y revisarlo. Así, no sería necesario crear un registro nacional específico, evitando una inversión adicional, considerando además que hay otros delitos graves que no cuentan con registros nacionales y, por lo tanto, ello podría afectar la proporcionalidad de las penas accesorias. Eso, Presidente.
—Sí, diputado Lenga.
Presidente, yo voté a favor del proyecto en general porque me parece una instancia importante para reconocer una problemática, visibilizarla y darle algún tipo de solución. Sin embargo, quisiera hacer dos precisiones. Primero, el proyecto se centra en un registro para impedir que alguien adopte una mascota e inscribirla a su nombre. ¿Cuál es el universo real de personas que registran sus mascotas o animales de compañía en el Registro Nacional? Sin tener un dato específico, diría que es una proporción muy baja. La legislación debiera avanzar a que toda persona que tenga un animal de compañía lo inscriba, lo mismo respecto de las mascotas comunitarias o proyectos comunitarios.
Segundo, sin ser experto en materia penal, pregunto si, conforme a la ley N° 18.216, existe la posibilidad de borrar antecedentes de delitos que uno entendería incluso más gravosos. Si esa es la lógica de la norma, ¿por qué, tratándose de maltrato —que es igualmente grave—, no se podría borrar? Lo planteo porque, si el objetivo es impedir que alguien adopte una mascota, bastaría con que no pudiera inscribirla en el Registro Nacional o que se exija un certificado de antecedentes con la anotación respectiva; y hoy casi nadie inscribe. En ese sentido, quizás el problema no se soluciona creando un registro adicional.
Además, esta iniciativa plantea modificaciones para que el Ministerio Público pueda realizar convenios con otras instituciones. Esas facultades ya las tiene el Ministerio Público conforme a su Ley Orgánica Constitucional, por lo que innovar en ese punto no parece procedente.
Por último, y siempre desde la prudencia del derecho penal como última ratio, el agravante que se propone en el artículo 191 quáter me parece complejo de acreditar: se establece como circunstancia agravante cometer el hecho en contra de una hembra preñada —no sabemos exactamente cuánto dura, se indicó tres meses— o hasta el destete total de la cría o crías. No hay un hito objetivo claro ni una oportunidad cierta para establecer si el sujeto activo podía conocer que la hembra estaba preñada o si las crías habían sido destetadas. Incorporar terminología de esta naturaleza, ajena al derecho penal, puede resultar anecdótico y no entrega herramientas efectivas a un tribunal para sancionar, por ejemplo, si el sujeto activo sabía que la hembra tenía una semana de gestación o si todas sus crías habían sido destetadas. Es muy complejo.
Por eso me parece la letra C: cometer el hecho para coaccionar, intimidar o producir menoscabos psíquicos a las personas a que se refiere el artículo 5º de la Ley 20.000, o difundirlo en un evento público. Claro, eso puede tener mayor viso de objetividad; pero el destete de un animal, creo yo, no se condice con lo riguroso y estricto que debe ser el derecho penal y su interpretación. Gracias.
Diputado Sánchez.— Muchas gracias, Presidenta. Solo para recordar, porque entre que discutimos estos proyectos y volvemos a abordarlos algunas cosas se olvidan un poco. Mi principal observación va por el comienzo: la idea siquiera de que se cree un registro nacional de condenados por maltrato animal, cuando el único registro más o menos análogo que existe a este respecto, hasta donde yo sé, es el registro de pedófilos para efectos de trabajar en el ámbito de la educación. Establecer una analogía entre la afectación de los derechos de un niño versus la afectación de una mascota o un animal de compañía o no—que, sin duda, y lo mencioné la sesión pasada, tengo la convicción más profunda de que el maltrato animal atenta contra la naturaleza misma del ser humano y su empatía—, me parece que nos pone en universos distintos.
Estamos a una distancia considerable cuando se pretende establecer sanciones penales o consecuencias administrativas que ni siquiera se contemplan para la protección de niños o de mujeres, por ejemplo, que fueran agredidas dentro del contexto de una relación de pareja, por dar un par de casos.
Además, y solo para añadir al punto, si se va a plantear en el segundo artículo del proyecto esta agravante en el caso de que el maltrato se cometiere en contra de una hembra preñada o recién parida, tendríamos que adentrarnos en la discusión de cuál es la calidad jurídica que se le reconoce al animal en gestación. Podría ser, al menos, una discusión jurídica y filosóficamente interesante, porque resulta curioso, por decir lo menos, que a veces aquí se pretenda atribuir una calidad o valor jurídico a un animalito en proceso de gestación que, a cierto respecto, no se reconoce ni siquiera a la persona humana. Lo dejo ahí, pero me parece una curiosidad atendible.
Creo que debemos buscar coherencia y consistencia en el valor que nuestra legislación atribuye a cada ser vivo. En ese sentido, ha sido la tradición, no solo en Chile sino en Occidente al menos, reconocer a la vida humana un valor jurídico superior al de la vida y la integridad física de un animal, sin despreciar a uno u otro. Obviamente, las penas siempre tienen que ser más altas en los casos de agresiones, maltratos o atentados contra la vida de un ser humano que en los delitos cometidos contra un animal. En consecuencia, las medidas administrativas, como la creación de un registro de las características que se proponen, tampoco pueden exceder, tratándose de animales, lo que se contempla respecto de personas.
Si vamos a plantear registros y consecuencias jurídicas para quienes cometen los delitos más graves en nuestro país en contra de personas, con efectos que se extiendan incluso más allá de los plazos que hoy contempla la legislación para eliminar antecedentes penales—por ejemplo, en casos de delitos sexuales o violentos contra personas—, yo voy a ser el más feliz. Por supuesto, eso va muy en la línea de lo que nosotros planteamos.
En un exceso, digamos, de resguardo hoy día de los animales respecto de lo que la legislación ya plantea respecto de las personas. Creo que al menos hay que darle una vuelta adicional y valoro también que hay cierto ánimo transversal acá en esta comisión a ese respecto.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marzán.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo no soy parte de esta comisión, no sé cómo se tramitan los proyectos acá —obviamente soy parte de otras comisiones—, pero tengo la sensación y una duda que planteo: ¿hoy día era la instancia para presentar indicaciones? ¿No necesariamente? Ya. Porque creo que es interesante el debate que se empieza a dar y quizás eso también se podría traducir en propuestas respecto de esto. De repente tengo la sensación de que se empieza a comparar este proyecto, que tiene una naturaleza propia, con otros proyectos existentes o no, que también se podrían, de acuerdo a la inquietud de cada diputada o diputado, trabajar. A veces se comparan proyectos que no son comparables. Hoy día la legislación ha ido, por necesidad social y por cómo ha ido mutando la naturaleza humana, consagrando bienes jurídicos en temas que antes eran impensados, como, por ejemplo, el cuerpo humano de una persona sin vida. Cuando tramitamos nosotros la 21.467 en esta misma comisión, el año 2018-2019, se consagró como bien jurídico el cuerpo humano de una persona sin vida, a propósito de la situación que vivió el profesor Nivaldo Villegas. Eso tiene que ver con cómo se va llevando el debate, los fundamentos que se vayan entregando y las realidades sociales, animales, en fin, que se están viviendo en materia de protección animal y las violencias que se suceden a diario en nuestro país.
De manera paralela, estamos, con el Ministerio y con la Fiscalía Nacional, creando un protocolo nacional unificado de recepción de denuncias, porque ahí hay temas bien complejos que no tienen que ver con esta legislación, pero que estamos tratando de fortalecer para que las organizaciones o las personas, cuando vayan a denunciar, tengan una buena recepción. Hay temas que estaban olvidados como protocolo, y lo que buscamos es que las organizaciones estén más empoderadas y tranquilas al momento de la denuncia. Son temas complementarios que antes no existían; no existían porque no se levantaban, quizás no había interés, o las organizaciones no se sentían con la fuerza y la reciprocidad para que se tomaran en serio estos temas tan relevantes.
Las denuncias por maltrato en este país son tremendas; son números impensados, y la cantidad de condenas que llega, según estadísticas, es muy baja: del primer semestre de 2024, con 3.000 denuncias, solo un 1% terminó en condena. Eso da cuenta de una sociedad que está viviendo una violencia tremenda, y los animales, nos gusten o no, son también receptores de esto. Es un síntoma de algo que está pasando —salud mental, en fin—. Por eso digo, tiene que ver mucho con la sensibilidad y el enfoque que le pueda dar cada cual, pero creo que es un tema interesante de debatir en profundidad y, sobre todo, tratarlo como un proyecto en particular. De repente hablar de comparaciones con otros proyectos que además son sensibles —cuando hablamos de pedofilia, por ejemplo— no ayuda, porque esta es una realidad que surge desde otro espacio y por eso hoy día estamos legislando. Creo, además, que el apoyo a este proyecto es bastante transversal, y valoro el debate que se pueda ir dando. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ilabaca.
Muchas gracias, Presidenta. La semana anterior, cuando discutimos este proyecto de ley, yo, en lo particular, también lo aprobé en general, porque creo que la idea que nos plantean los mocionantes tiene un objetivo absolutamente loable. Pero tengo una serie de críticas a la técnica legislativa utilizada y, en particular, me sorprende que el Ejecutivo nos plantee esta indicación. Me sorprende por varias razones —algo ya han dicho los colegas—. Primero, desconocemos —y a propósito del dato que nos entrega la diputada Marzán— la cantidad de sentencias que efectivamente aplican esta medida accesoria.
Se obtiene un porcentaje muy bajo de sentencias. De esas sentencias, ¿a cuántas se les aplicará esta medida accesoria? Si hay 3.000 denuncias al año, ¿serán 300 sentencias? No conocemos ese dato. Yo creo que, más que crear este registro —que al final termina siendo prácticamente público, porque la Ministra nos dice que no es público sino privado, pero las causales de acceso son bastante amplias—, además le imponemos una carga adicional a los Juzgados de Policía Local, lo que es cuestionable. Ojo que se puede autorizar el acceso a personas que se dediquen permanentemente al rescate animal, pero también a quienes ocasionalmente, si tienen algún interés legítimo, podrían acceder. Entonces, Presidenta, buscaría efectivamente darle cuerpo a esta norma mediante algún tipo de medida alternativa para lograr los resultados que los mocionantes buscan, porque cargar nuevamente al Registro Civil con este tipo de registro no sé si es la mejor medida.
Lo otro que me preocupa mucho es la agravante de responsabilidad que propone el Ejecutivo, que es bastante compleja y difícil de digerir. Se nos dice en el artículo 291 quáter: “Será circunstancia agravante del delito previsto en el artículo 291 cometer el hecho en contra de una hembra preñada, recién parida, hasta el destete total de la cría o crías”; y también que el hecho haya sido cometido por el propietario del animal. Esta y las demás agravantes me dejan un gusto extraño, toda vez que en derecho penal uno debe ser especialmente estricto con las normas que establecen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, y tal como hoy está redactada la indicación del Ejecutivo, creo que nos complica.
Lo último que me complica sobremanera, Presidenta, es la proporcionalidad de la pena, cuestión que aparece también en el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos señalan que las penas propuestas para maltrato animal se sitúan en el mismo rango de varios delitos menos graves contra mujeres y menores. Es decir, con las agravantes que establece el Ejecutivo, quedarían a la altura de las lesiones graves, el abandono sin resultado de muerte y el abuso sexual sin violencia. En consecuencia, el maltrato animal estaría más o menos a la altura de un abuso sexual sin violencia. Siento, Presidenta, que tenemos un proyecto interesante, que efectivamente apunta en la dirección correcta, pero hace falta mayor maduración. Con la urgencia que se le ha puesto, se nos obliga a un debate acelerado; todos vamos a concurrir a buscar una buena solución, pero así nos ponen en una situación más bien compleja que de avance.
Tiene la palabra la Diputada Jiles.
Sí, Presidenta. Entiendo que ya entramos en la discusión en particular de una forma especial, porque todavía no vamos artículo por artículo, pero el texto lo requiere: parece una discusión en general, cuando en realidad es en particular. Me gustaría que, si los colegas tienen a bien escuchar a esta pobre anciana —con permiso del cementerio, que no influye prácticamente en nada—, pudieran profundizar dos aspectos que se han reiterado en sus intervenciones. Han expresado que les parece aberrante, por sus gestos lo entiendo así, pero no han dado un argumento desde la filosofía del derecho que explique por qué no podría ser comparable el maltrato a un ser humano con el maltrato a un animal en términos de penalidad. Más allá de las creencias personales, ¿cuál es el argumento que hace que no puedan tener una equivalencia en términos punitivos? ¿Cuál es el fundamento para descartar esa equivalencia?
…que tuvieran que ser penalizados de una manera distinta, con una mayor penalización para un ser humano y una menor para un animal. Me refiero a argumentos de filosofía del derecho: más allá de la creencia religiosa que pueda tener cualquiera de nosotros, que no es lo que estamos juzgando, desde el punto de vista del derecho, ¿qué justificaría que eso deba ser así? Primero. Segundo, respecto de la situación de cuando hay un animal que está gestando o amamantando, y esto pareciera llamarles mucho la atención —porque tampoco se ha argumentado cómo se objetivaría—, debo decir que creo que hay un poquito de falta de calle; me extraña en el compañero Ilabaca, que viene de Valdivia. Todos sabemos, o deberíamos saber, que una de las formas más comunes de maltrato animal es precisamente cuando alguien intenta deshacerse de una perrita o una gatita recién parida. Probablemente ese es el momento en que más vulnerables están los animales en abandono —y también los que no lo están—, porque han tenido una cantidad de crías que no le parece conveniente a la persona. Es, efectivamente, cuando se produce una mayor cantidad de maltratos. Entonces, me parece que eso debe abordarse en esta norma. Si tenemos una recurrencia mayor, allí es donde debemos preocuparnos de cautelar que no suceda. También en eso me gustaría tener una argumentación de por qué eso les causa problemas.
El diputado Alessandri estaba primero. Muchas gracias, Presidenta. Saludamos a la Ministra y a la diputada Marzán que nos acompaña. Tomando un poco los argumentos de todos —porque creo que todos consideramos muy importante proteger a los animales y que la violencia animal es de las conductas más deleznables—: el diputado Mulet nos llama a una discusión más de Código Civil, de qué cosa es objeto, cosa, y cómo regular desde arriba hacia abajo; el diputado Leiva nos llama la atención respecto de esta indicación del Ejecutivo que establece un agravante cuando el animal esté preñado; y la diputada Giles nos llama a una reflexión filosófica. Estaba leyendo la Constitución en sus primeros artículos: la Constitución está al servicio de la persona humana. Entonces, dado que hay un debate tan profundo, y que este proyecto nos parece muy importante a todos, quizás es el momento de reconocer que hay que darle más tiempo; ver cuál es la priorización dentro de las urgencias del país, la priorización para la Comisión y para el Gobierno. En cuanto a los costos, estaba revisando recién: este registro cuesta lo mismo que el registro de enfermedades poco frecuentes que se aprobó este año para personas con enfermedades de alto costo o raras. Tiene un costo; se lo entregamos al Registro Civil; va a ser bastante público. Está la discusión del Código Civil, la constitucional, la filosófica, y están las prioridades y urgencias del Gobierno y de la Comisión. Yo creo que es un proyecto muy importante; todos queremos que se proteja mejor y más a los animales de compañía, que la gente los inscriba más —estoy de acuerdo en que hay muy poca inscripción—, y yo le daría una segunda y una tercera vuelta a este proyecto para que no vayamos a ir parchando nuestro sistema de atenuantes y de reglas, y que al final no quede algo tan incongruente como que el Congreso Nacional proteja la vida del que está por nacer en el vientre animal y no en el humano, cosas extrañas, reconociendo la importancia del proyecto.
Insisto, Presidenta: toda esta discusión la dimos cuando estábamos tramitando en general, pero no ha habido indicaciones que permitan corregir lo que nosotros mismos planteamos en la Comisión. Yo, particularmente, aprobé porque me parece un proyecto bien intencionado, pero no ha solucionado los óbices que planteamos en la discusión en general, vía indicación.