Senado - Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura - 10 de diciembre de 2025

Iniciamos entonces la sesión de la Comisión de Pesca del día de hoy, 10 de diciembre. No hay cuenta. En esta última sesión, primero que nada, doy la bienvenida al director de INDESPA, don Leonardo Llanos, y a la jefa de gabinete, señora Alejandra Arellano. Nos acompañan también, como siempre, nuestros asesores en las distintas instancias. En la sesión anterior escuchamos planteamientos de diversas organizaciones respecto del rol de INDESPA en el esfuerzo por impulsar el desarrollo de la pesca artesanal de pequeña escala. En ese contexto, se mencionó reiteradamente el rol que debe cumplir el Instituto, creado precisamente para dar respuesta a esa línea de trabajo. Hay mucha inquietud en el mundo artesanal sobre lo que está ocurriendo y lo que pudiera suceder. Sin embargo, antes de eso deseo plantear un punto general, señora Secretaria, señor senador, relativo a una resolución adoptada el día de ayer por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén, que, tras una resolución de la Corte, debió repetir el proceso de votación. Ayer se resolvió nuevamente, de manera más categórica que la vez anterior: en la administración anterior las solicitudes de borde costero de las comunidades Guaitecas e Islas Huichas fueron rechazadas, con cuatro o cinco abstenciones; esta vez, ambas decisiones se adoptaron en forma unánime. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos tramitando modificaciones a la ley en aquellas materias en que es posible hacerlo y esperamos avanzar. No cuestionamos bajo ningún punto de vista el fallo, pero llama la atención la resolución que obligó a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero a efectuar una nueva votación. En el proceso llevado a cabo ayer hay aspectos que llaman profundamente la atención, y comparto lo señalado por el gobernador Marcelo Santana: las regiones definen su futuro en función de decisiones que a veces son muy relevantes, como en este caso. En la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) de Guaitecas, la petición abarcaba alrededor de 227.000 hectáreas de territorio marítimo. La particularidad es que eran 23 familias postulantes que sumaban solo 27 personas; había muchas familias unipersonales, lo que evidentemente llama la atención. En el caso del ECMPO de Islas Huichas, la solicitud abarcaba 393.000 hectáreas, con 9 familias compuestas por 11 socios. Conozco el litoral y he navegado por esa zona; confieso que, salvo la presencia de fauna marina y aves, y alguna pesca ilegal, que la CONADI haya establecido fehacientemente la existencia de uso consuetudinario para un grupo tan pequeño sobre un territorio tan grande genera un cuestionamiento muy profundo. Sinceramente creo que, al margen de lo que podamos hacer dentro de las limitaciones existentes para modificar, mejorar o perfeccionar la ley Lafkenche —con el problema que tenemos de la consulta—, la CONADI tiene un rol muy relevante que habrá que especificar y aclarar. No me consta, conociendo el litoral, que estos 11 socios tengan uso consuetudinario sobre 393.000 hectáreas de territorio costero.

El señor Presidente.— Damos inicio formal a la sesión, en nombre de Dios y de la patria. La capacidad de naves que tiene la zona, el tipo de naves que usan los pescadores artesanales, hace extremadamente cuestionable lo que se ha planteado. En el contexto de la ley, así como la Corte obligó al Gobierno Regional a tomar un camino complementario, creo que a la CONADI habrá que establecerle mecanismos más rigurosos, porque algo no está aconteciendo de manera adecuada. Es imposible que una comunidad tan pequeña haya ejercido un uso consuetudinario en la magnitud que se pretende. Quienes conocemos Aysén y su litoral entendemos que, en definitiva, esta ley —la Ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche— corre el riesgo de transformarse en un caballo de Troya para otros usos que no tienen nada que ver con el interés de las propias comunidades. Particularmente, porque muchas comunidades indígenas, grupos de pescadores artesanales y una diversidad de otros actores entraron en absoluta colisión con esta petición, que no se condice en su magnitud con el impacto que tendría para el desarrollo de la Región de Aysén y, especialmente, para el desarrollo del litoral. Eso nos llama profundamente la atención y creemos que es un tema que debemos procurar avanzar y resolver. Lo que ocurrió ayer en el Consejo Regional de Uso del Borde Costero de Aysén nos parece una potente señal y, además, una clara visión respecto de lo que hemos pretendido con las modificaciones a la ley. Que sirva, de alguna manera, para que el Ejecutivo analice las implicancias que esto tiene. El Ejecutivo no ha querido involucrarse mayormente en el proceso que estamos llevando, pero entendemos que aquí hay, lisa y llanamente, un intento velado —de alguien que no sabemos quiénes pueden estar detrás, porque nunca se muestran— que buscaba cercenar, limitar y, lo que es peor, evitar significativamente el desarrollo de la diversidad de oportunidades que tiene el litoral. Son situaciones difíciles de entender. Creemos que la CONADI, en relación con la elaboración de los informes tan determinantes para la delimitación de espacios marítimos, debe someterse a una revisión: cómo perfeccionar esos informes de certificación del uso consuetudinario, que son decisivos para la determinación de estos espacios. Si no podemos avanzar mucho en la ley Lafkenche, esta puede ser una alternativa para introducir mejoras procedimentales. Felicito, por ello, a todos los miembros de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Aysén: alcaldes, dirigentes, autoridades políticas y consejeros regionales, quienes votaron unánimemente en contra de estas dos solicitudes. El señor Espinoza.— Como usted lo señala, y a pesar de las reticencias que hemos tenido de algunos actores del Gobierno, hoy se ha dado un paso muy importante: todos estamos, de una u otra manera, convencidos de que es fundamental realizar modificaciones a una ley que presenta carencias, dificultades y obstrucciones. Pero, como dice el ex Presidente Frei, no se trata de abolir la Ley Lafkenche; nosotros nunca hemos hablado de abolir, sino de perfeccionarla y mejorarla, entendiendo que todas las leyes son perfectibles. Desde ese punto de vista, lo de Aysén es una buena señal, que se suma a otras votaciones en la Región de Los Lagos, porque se ha entendido claramente que la exacerbación de solicitudes por miles de hectáreas no guarda relación alguna con el uso ancestral de los mismos.

Si podemos avanzar. Busquemos elementos que permitan que efectivamente la CONADI cumpla un rol que vaya en la línea de la protección, pero también del desarrollo económico del país. Eso no está ocurriendo hoy día. Ellos se han cerrado —y lo vimos en palabras del propio Director de la CONADI— en una posición de irrestricta defensa que ha sido irresponsable respecto de otras temáticas que también son importantes en nuestras regiones. Por lo tanto, yo, que fui uno de los autores, junto a ustedes, de la modificación a la Ley Lafkenche, siento que hoy día estamos en un paso mucho más cercano; que la nueva composición de la Cámara de Diputados va a generar una discusión importante y que hoy existe mucha mayor posibilidad de que se apruebe lo que aquí estamos trabajando. Me quedo con que hubo un plazo de indicaciones, ¿no es cierto?, en donde se presentaron nuevas indicaciones que deben ser votadas acá. A la vez, le solicito, Presidente, que pueda conversar con el Presidente Ossandón para que, ojalá, esto lo dejemos despachado en la gestión que usted encabeza, por la importancia que tiene. —Bien, Senador, efectivamente así lo vamos a procurar hacer. Si les parece, Secretaria, dé cuenta de los detalles que nos quedan de la ley y que están pendientes, para proceder. —Bien, Presidente. Habían quedado pendientes cuatro indicaciones: la 6, la 7, la 15 y la 16. La 6 está en la página 10 del comparado. Es de los Honorables Senadores señores Kusanovic, Espinoza y Sandoval, y propone sustituir el inciso segundo del artículo séptimo por el siguiente. La Comisión había topado en el tema de la admisibilidad, por cuanto la indicación entrega una nueva facultad a la Subsecretaría. —Sugiero que votemos la admisibilidad y, asimismo, la indicación por la importancia que tiene, porque, si bien es cierto, raya en la línea delgada de lo que plantea la señora Secretaria, es muy relevante para lo que resuelva la Sala. —Se somete a votación la admisibilidad. —A favor. —A favor. —A favor. Votada la admisibilidad, se declara admisible por la Comisión. Corresponde votar la indicación misma. Si les parece, con la misma votación. Sin perjuicio de ello, se solicita que quede consignada en el acta la lectura íntegra del texto. Indicación 6, de los Honorables Senadores señores Kusanovic, Espinoza y Sandoval, para sustituir el inciso segundo del artículo séptimo por el siguiente: “La Subsecretaría deberá realizar un examen de admisibilidad de la solicitud, que incluirá: a) La verificación de los requisitos formales establecidos en el reglamento. b) Una evaluación preliminar de la coherencia entre el uso consuetudinario declarado y la superficie solicitada. c) La verificación de que no exista superposición con áreas excluidas, tales como concesiones marítimas o acuícolas vigentes, caletas de pescadores artesanales legalmente establecidas, áreas marinas protegidas o de conservación y áreas de manejo de recursos bentónicos. d) La presentación de un plan de administración, conforme a lo establecido en el artículo 11, que permita evaluar la viabilidad y seriedad de la solicitud.” —¿Podemos hacer una consulta a la Biblioteca? —No, Presidente. Quería destacar que el señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura estaba invitado, según la tabla que tenemos, porque, efectivamente, como explica el señor Senador Espinoza, es una indicación muy importante.

Si el señor Subsecretario hubiera podido, debiera haber estado presente; llevamos tres o cuatro semanas esperando. Gracias, Presidente. Yo ya conversé con usted para explicar esto: el Subsecretario está en la Cámara esta mañana y vendrá para el segundo punto. En este primer punto nos pidió continuar con el trabajo legislativo porque no tiene mandato del Ejecutivo para fijar posición. Recordemos que quien vino a defender el proyecto sin modificaciones fue el Ministerio de Desarrollo Social. Señor Presidente, quisiera hacer una consulta a nuestro profesional de la Biblioteca —o al autor de la indicación—. La indicación señala que la Subsecretaría deberá realizar un examen de admisibilidad de la solicitud. ¿Ese examen de admisibilidad existe hoy? Entiendo que lo primero que debiera revisarse es la eventual superposición; por eso esta indicación podría ser repetitiva. Vicente: Sí, existe un examen de admisibilidad; se revisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento. Ahora bien, la verificación de superposiciones no se realiza en esa etapa. Perdón: el artículo 7° vigente regula el inicio del procedimiento y señala que este se iniciará por una asociación de comunidades indígenas, o comunidad según corresponda, mediante solicitud presentada ante la Subsecretaría, la que debe indicar los fundamentos que justifican el uso consuetudinario del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios. En su inciso segundo establece que, recibida la solicitud, la Subsecretaría verificará, en el plazo de dos meses, si se sobrepone a concesiones de acuicultura, concesiones marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. En caso de superposición con concesiones o áreas que impidan el otorgamiento del ECMPO, se comunicará esta circunstancia al solicitante mediante resolución denegatoria. Es decir, hay una revisión específica ya contenida en la ley. Solo como idea, recogiendo lo que nos han planteado pescadores y otros actores económicos locales —mitilicultores y de la salmonicultura—: en los casos de cobros para desafectar áreas, el problema se produciría porque esa facultad se entrega exclusivamente a las comunidades. En el futuro, ese rol debiese radicar en el Estado; así se terminaría con ese problema. En síntesis, existe examen de admisibilidad y también una verificación posterior de superposiciones prevista en el artículo 7°. Tenemos dos caminos; no podemos retirar la indicación, obviamente, porque hay un senador que no está presente, el senador Kusanovic.

Fue terrible en Colaco, en Calbuco: más del 50% de los miembros no tenía idea de que estaban pidiendo una ECMPO que iba a paralizar toda una actividad productiva local. Por eso es buena esta etapa. Y lo otro que es positivo es que se establece que se deberá considerar el capítulo de armonización de usos como insumo fundamental para la evaluación del plan. Esto es muy trascendental, porque en toda la discusión de estos meses —todos los actores, excepto la CONADI, que no reconoció absolutamente nada y tuvo aquí una exposición muy deficiente— de una u otra manera reconocemos que es fundamental que exista una comisión que permita determinar la compatibilidad de la ECMPO con las otras actividades económicas del sector. Hoy existen ECMPO ya otorgadas que impiden a pescadores que toda su vida han faenado en ciertos lugares seguir haciéndolo. Eso es contraproducente para la propia actividad de la pesca artesanal. Hemos tenido casos en que se les ha dicho a personas: “Cuidado, estamos pidiendo una ECMPO; ustedes son recolectores de orilla, aprovechen de sacar harto ahora, porque después van a tener que pedirnos permiso a nosotros”. Esas son las situaciones que queremos evitar, y creo que esta indicación contribuye a ello. Voto a favor. Gracias, senador. Senador Pugh. Sí. Voy a mezclar los argumentos de fondo con los de la admisibilidad. Aquí estamos pidiéndole a la Subsecretaría que coordine un proceso de consulta, etcétera; la Subsecretaría ya está actuando. Y también estamos pidiendo a la Comisión Intersectorial que pueda condicionar, modificar o rechazar la propuesta de la ECMPO, y esa comisión también está actuando. Por eso no veo el problema de la inadmisibilidad. Gracias, Presidente. Voto a favor. Se aprueba la indicación N° 15 por 3 votos a favor. Pasamos a la indicación N° 16, página 26, de los senadores Pugh, Kusanovic, Espinoza y Sandoval, para intercalar en el inciso cuarto del artículo 11, a continuación de la expresión “representante”, el siguiente texto: “... e incorporar en la Comisión Intersectorial al Gobierno Regional respectivo, el cual tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración del plan desde las etapas iniciales del procedimiento, conforme a lo establecido en el Título Segundo de esta ley”. Es inadmisible porque entrega facultades al Gobierno Regional respectivo. Hay una salvedad, estimado senador: en la Comisión Intersectorial no está incluido el Gobierno Regional. Lo que viene a continuación de la explicación de la indicación corresponde a lo ya contenido en el inciso segundo de esta misma norma: “La Comisión Intersectorial deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones...”. Lo único que cabría hacer aquí es incorporar en el párrafo anterior —donde la Comisión Intersectorial “estará integrada por representantes de...” — al Gobierno Regional. Eso, sin embargo, también la haría inadmisible, porque igualmente se incorpora un nuevo actor con una tarea o función. La verdad, Presidente, está en el límite, pero incorporar un nuevo actor a la Comisión Intersectorial implica tácitamente alguna función también. Tenemos como alternativa dejar expresado en la indicación solo la incorporación del Gobierno Regional a la Comisión Intersectorial y suprimir lo que sigue. —Está en el inciso siguiente—. Además, el inciso siguiente ya señala: “La Comisión Intersectorial deberá verificar el cumplimiento de la disposición legal respecto de los usos comprendidos en el plan de administración”.

Respecto de la indicación, el texto legal vigente establece que deberá verificarse el cumplimiento de las disposiciones legales a que se encuentran sometidos los usos comprendidos en la etapa del plan de administración. Lo que agrega la indicación es que, en la Comisión Intersectorial, será el Gobierno Regional el que tendrá la responsabilidad de coordinar la elaboración del plan desde las etapas iniciales del procedimiento. Hoy no está especificado quién asume esa coordinación; solo se detalla la integración. Por eso se plantea suprimir lo que viene a continuación y dejar, en la Comisión Intersectorial, al Gobierno Regional con dicha responsabilidad. Ahora bien, también intervienen el Ministerio de Planificación, a través de la SEREMI local, y la autoridad marítima (Director del Territorio Marítimo/Gobernador Marítimo). Proponemos dejar este punto pendiente para que nuestros asesores técnicos analicen el rol de la Comisión Intersectorial, considerándolo junto con las otras dos indicaciones. Si contamos con margen de tiempo, nos reuniremos durante la tarde exclusivamente para votar estas tres indicaciones. ¿Secretaría? ¿Estamos? Queda acordado. Pasamos al segundo punto. Tenemos dos invitados: el Subsecretario de Pesca, don Julio Salas, y el Director del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, don Leonardo Llano. Nos informamos por la prensa de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno hace pocas semanas para el fomento de la pesca artesanal en el marco de la Ley N° 21.752, sobre fraccionamiento pesquero. Junto con ello, se había convenido la semana pasada conversar con INDESPA respecto de algunas inquietudes del mundo de los pescadores artesanales. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Ofrezco la palabra al señor Espinoza. Antes de que el Subsecretario se refiera al punto que nos convoca, solicito que le concedamos dos minutos para informar brevemente sobre los resultados de la visita realizada a China. Muchas veces se pregunta cuáles son los resultados concretos de esas gestiones y, precisamente hoy, se están generando resultados vinculados al tema del lobo marino, de particular interés para su región. Pedimos al Subsecretario que nos comente aquello para ilustrar a la Comisión.