Que estudian presencial y vespertino. Nos estamos refiriendo a más de 554 mil estudiantes que están en instituciones socias de Vertebral; estamos hablando del 43% del sistema. Entonces, cuando queremos manifestar en unos pocos minutos, a través del rector Guzmán, los impactos que tiene el FES, es porque estamos recogiendo una realidad de lo que llamamos el Chile de regiones: el Chile que, al desarrollar su educación media, no necesariamente tiene una perspectiva de largo plazo, que termina año a año y, al egresar, decide si trabajar con las herramientas que le entregó la enseñanza media o continuar estudiando. Sin embargo, menos del 30% de los estudiantes de este sistema, que es el técnico-profesional, ingresa al año siguiente a estudiar.
En nuestro caso, el promedio de edad es de 26 años para carreras de ciclo corto. Por lo tanto, estamos hablando de que más del 40% de nuestra matrícula tiene más de 35 años y trabaja y estudia simultáneamente. Esto debe entenderse y recogerse adecuadamente en la estructura de financiamiento que se está presentando. Porque cuando se plantea que estos estudiantes se transforman para acceder a un mejor ingreso, no es así: ellos están trabajando para mantener a su familia y, a la vez, quieren estudiar. Ya tienen un ingreso, y asignarles un pago al egresar sobre ingresos que ya están estructurados en su hogar, cuando el salto que logran a través de la educación es, en muchos casos, un cambio acotado para afirmarse, acceder a una jefatura o mantenerse vigente —que la empresa reconozca que está tecnológicamente actualizado—, no supone saltos cuánticos en los primeros años, especialmente cuando hablamos de personas de 40 años.
Eso nos lleva a pensar en los cinco puntos que le hemos presentado al Ministerio, que nos ha escuchado con atención en distintas etapas —no solo en la legislativa, cuando pudimos exponer, sino también en las previas—, pero que todavía no han sido recogidos en indicaciones que formen parte del proyecto. Por lo tanto, esperamos en esta comisión no solo ser escuchados, como lo ha sido, sino que se interprete por qué es importante reconocer, en el perfeccionamiento del proyecto o dándole otra fuerza, lo que está sucediendo.
Específicamente, el copago para nosotros es muy relevante. El séptimo decil es el techo de la mayoría de nuestras instituciones; no es el décimo decil. Por lo tanto, cuando se dice que no va a haber copago, estamos indicando que nos quedaremos con un arancel con todos los problemas que ya tienen los aranceles de gratuidad del decil 1 al 6. Para nosotros, el decil 7 debe tener copago. La forma, el modelo, esperamos que aquí en el Senado se logre encontrar, pero es sustantivo que el decil 7 tenga capacidad de copago, sin perjuicio de los deciles superiores.
En cuanto a la prohibición del prepago: cuando hablamos de familias que cursan una carrera de dos años y dicen “me falta algo para complementar, lo pido hoy con el CAE, pero lo otro lo puedo pagar con ingresos adicionales —trabajo en el verano, recibo un bono— y no quiero endeudarme”, la prohibición del prepago es lesiva.
Respecto del exceso de retribución: aquí hablamos, como sucede en buena parte del sistema de educación superior, pero específicamente de familias que se están transformando; sobre el 60% son primera generación. Por lo tanto, cuando esta persona —este estudiante, mujer u hombre— escoge una carrera con impacto social, pensemos en un técnico en mantención minera, y le decimos que va a tener que pagar durante veinte años un porcentaje de sus ingresos por haber estudiado, no solo para sacar su técnico sino para continuar con la profesional en la misma institución, ello lo lleva a mantener condiciones muy exigentes de vida —porque está en turnos 14x7, 7x7, no en turnos 4x3—. Y que durante tantos años, por el solo hecho de tener una renta, deba sostener una retribución que financie ese esfuerzo que está haciendo por su familia, lo consideramos un problema.
La eliminación de las becas como un complemento necesario para sustentar el FES es algo que hoy día tienen nuestros estudiantes. La Beca Nuevo Milenio es muy significativa y da forma a este copago. La Beca Nuevo Milenio, el copago y una parte del CAE me dan una mezcla adecuada para poder sustentar a una familia que está en los deciles 6, 7 y 8, porque hay instituciones nuestras que no están en gratuidad. Y, por último, lo que es más relevante: cuando hablamos de inteligencia artificial, de redes, estamos dejando fuera a los alumnos online. Ciento cuarenta mil estudiantes están estudiando en nuestras instituciones de manera online, una fuerza arrolladora que, tal como está el proyecto, se va a quedar sin financiamiento.
Juan Pablo. Gracias, buenas tardes. Juan Pablo Guzmán, IP y CFT Santo Tomás. Vamos a ir lo más rápido posible; entiendo que tenemos diez minutos. Al revisar y analizar los impactos, es clave considerar la diversidad de las instituciones. Como decía el rector Morales, hay distintos tipos de instituciones. Este sector, a diferencia del universitario, no cuenta con aportes basales ni financiamientos estructurales complementarios a los ingresos por aranceles, y eso es muy importante para entender los efectos de una normativa como esta.
Es un segmento de la educación superior no selectivo; en la práctica, salvo leves restricciones de acceso, no existen procesos de selección, y prácticamente hay una oferta suficiente para el interés por estudiar a nivel de buena parte del territorio, por no decir todo, hoy gracias a la educación online. La edad promedio de los estudiantes que ingresan es de 24 años; la masa estudiantil, por supuesto, tiene prácticamente dos años más en promedio. Estamos, en promedio, a cinco años desde la etapa escolar. Un dato interesante: 30% de los estudiantes que ingresan a primer año tiene más de 30 años; hay, por tanto, una cola de adultos sumamente relevante, vinculada a reconversión profesional u otras etapas de desarrollo. Además, 30% de nuestros estudiantes de primer año tiene cargas familiares (hijos o adultos mayores).
Este mecanismo, para que se entienda, es una promesa tributaria: un compromiso de retribución futura que es incierto por definición. Esta estructura naturalmente genera una obligación de financiamiento total, independiente de las capacidades e interés de colaboración que muchos estudiantes del mundo técnico-profesional tienen para disminuir las cargas posteriores por el servicio de la deuda. Por supuesto, también es imposible de prepagar; es una condición inherente a la definición de monto indeterminado. Genera, por lo tanto, casos con exceso de retribución. No vamos a discutir si son muchísimos o algunos, pero eso naturalmente se produce en el mundo técnico-profesional también.
Creemos que, a poco andar, porque nuestros estudiantes son personas racionales, esta situación va a generar autoselección, y esa autoselección también ataca la sostenibilidad del instrumento. Nos preocupa la sostenibilidad por experiencias aprendidas. El ejemplo de la gratuidad es muy importante: fue un esfuerzo país tremendo, enorme, valiosísimo, pero su impacto económico requirió ajustes en el sistema, por ejemplo, la presión que se ejerció sobre los aranceles regulados cuando llegó el momento de implementarlos. Entonces, como instituciones, pensando en nuestros estudiantes y en el desarrollo de las instituciones a la altura de los desafíos, nos preocupa que estas nuevas instancias de financiamiento sean sostenibles en el tiempo.
Por último, la imposibilidad de copago, en la práctica, trata de la misma manera en cuanto a los apoyos del Estado a estudiantes vulnerables hasta el noveno decil, sin discriminar por niveles de vulnerabilidad, lo que nos parece delicado. Siguiendo con los estudiantes, ya mencionado, la eliminación de becas genera problemas: reduce las alternativas de financiamiento que hoy ya tienen los estudiantes del mundo técnico-profesional, muy discriminadas, me atrevería a decir, respecto del mundo universitario, e incluso es un retroceso respecto de esa ya poco feliz situación. Muchos de los que están acá han participado en las discusiones presupuestarias y saben las diferencias que hay en el sistema de becas entre el sistema universitario y el técnico-profesional.
Asimismo, se elimina esta alternativa de financiamiento a programas no presenciales y se restringe para semipresenciales. Sergio ya les comentaba la importancia de estos programas. Hoy son fundamentales.
Una parte muy significativa de la matrícula técnico-profesional se desarrolla en modalidades no presenciales. Con visión de futuro, estas modalidades son clave para la educación a lo largo de la vida. En el caso de la formación continua y el desarrollo de carreras, no es razonable ni deseable que las personas deban salir del mundo del trabajo para perfeccionarse; muchas veces requieren apoyo y consideraciones específicas. Vemos, sin embargo, una restricción a la continuidad de estudios y a la educación a lo largo de la vida: hoy la educación a distancia y semipresencial representa el 13,8% de la matrícula (11% en el mundo técnico-profesional y 2,9% en el universitario). Puede no parecer tan relevante en cifras globales, pero en sistemas más avanzados, como el estadounidense o el europeo, alcanza entre el 18% y el 25% de la matrícula total. Nos queda por avanzar, y esta complejización que, según el proyecto, exige una autorización puntual para la matrícula a distancia y semipresencial, atenta contra una línea de desarrollo muy importante para el mundo técnico-profesional.
En cuanto a las instituciones, ya se ha dicho: en el mundo técnico-profesional sus ingresos provienen de los aranceles, ya sea vía aportes por gratuidad —que sustituyen el pago individual— o de los aranceles pagados por los propios estudiantes. Lo que hace el proyecto, en un sector enfocado en un segmento de mayor vulnerabilidad, es concentrar los ingresos de las instituciones técnico-profesionales casi exclusivamente en aportes del Estado —gratuidad o, en este caso, la estructura del FES— bajo una lógica de aranceles regulados. Para el sector, eso implica perder una flexibilidad sumamente importante.
Se ha reiterado en los últimos meses que el mundo técnico-profesional debe reaccionar e involucrarse fuertemente en la vinculación con el medio, el desarrollo de la innovación y la conexión con el mundo productivo. Todos esos son desafíos de futuro que el sector ha ido asumiendo desde la Ley 21.091 y, en la práctica, a partir de la implementación desarrollada por la Subsecretaría y la CNA desde 2021. Sin embargo, la regulación de aranceles se hizo con una mirada retroactiva de costos; nada de aquello (vinculación, innovación, desarrollo) está incorporado en los costos que hoy se reconocen y financian. Y un financiamiento restringido a costos, por supuesto, tampoco permite innovar ni crear. Por eso vemos que, al concentrar las fuentes de financiamiento en las capacidades del Estado y en aranceles regulados —instancia perfectible y aún en etapa inicial—, se introducen riesgos que consideramos muy relevantes. La situación fiscal, además, sabemos por experiencia que afecta al mundo técnico-profesional y, de nuevo, depender cien por ciento del Estado no nos deja tranquilos hacia el futuro.
En cuanto a propuestas y comentarios finales, como conversamos con el señor Presidente en la reflexión previa a esta sesión, Vertebral no rechaza la motivación que hay detrás del FES: hay una situación que debe abordarse. Lo que nos preocupa es ser capaces de responder a lo que la ley y las expectativas de la sociedad exigirán al mundo técnico-profesional en adelante, y eso no lo hemos logrado conciliar con el FES en su forma actual. Creemos —no será novedad— que una estructura de financiamiento administrada íntegramente por el Estado y de naturaleza de crédito permitirá el desarrollo que requiere el sistema. Es necesario fortalecer un sistema de retribución y cobranza —si se lo asimila a un crédito— adecuado y a la altura del esfuerzo que hace la sociedad en esto. Respecto de los criterios de retribución, ya existen algunas pistas sobre qué funciona.
Por supuesto, creemos que el pago contingente al ingreso debe seguir siendo apoyado en el marco del FES, y que el instrumento sea prepagable. Por todo lo ya dicho, el copago es importante. No solo por las instituciones: el esfuerzo que hace el Estado en apoyar a las personas debe estar asociado a su nivel de vulnerabilidad, y estimamos que los primeros seis deciles, obviamente, deben tener un apoyo superior. El sistema debe incorporar a todos los estudiantes, independiente de las modalidades, por las necesidades de desarrollo que ya hemos planteado. Y las becas, al apoyar a los estudiantes y reducir sus montos de deuda asociados a sus períodos de estudio, son un elemento muy importante.
Condición necesaria para avanzar, implícita en lo señalado, es que los aranceles regulados sean una estructura instalada en el sistema, pero mejorando de forma importante su institucionalidad. Hay debilidades en su concepción, en la aproximación y en los procedimientos que es muy relevante corregir. Por lo pronto, se da la situación de que los cálculos necesarios para los aranceles regulados se han hecho para las instituciones en gratuidad, pero este proyecto plantea extender ese mecanismo a todas las instituciones, lo que tensiona la propia definición de los aranceles regulados. Hay, desde nuestro punto de vista, bastante que mejorar.
Finalmente, si vamos a funcionar en un sistema de aranceles regulados que pagan costos y que, salvo por mejoras tecnológicas, tienden a reproducir lo que hemos sido, debe existir un sistema complementario de aportes fiscales y privados. Aquí hay que abrir la cancha en cuanto a fuentes de financiamiento para generar capacidades en el sistema y espacios de innovación que permitan saltos. De otra manera, los aranceles regulados, tal como están, miran hacia atrás y retribuyen más al que ya está mejor: una institución con 7 años de acreditación tiene un arancel mayor que una con 4 años. Pero, desde la perspectiva de las prioridades sociales, la que debe mejorar es la de 4 años; queremos que avance, no dejarla donde está para siempre. Se entiende el esquema de retribución de avances que contemplan los aranceles regulados, pero no se comprende un sistema de educación superior técnico-profesional sin apoyo de recursos puntuales para proyectos de mejora, con trazabilidad y rendición de cuentas. A eso nos referimos con sistemas complementarios y con la capacidad de generar relaciones con el mundo productivo e ir por recursos privados que sean de interés para la sociedad y la educación.
Eso es lo que queríamos presentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo y Sergio, por las presentaciones. Usamos los mismos tiempos que en el seminario. Ofrezco la palabra; vamos a ir cambiando el orden, porque la cantidad de personas no nos permite hacer las preguntas al final. Si hay alguna consulta respecto de la exposición...
Senador Kast: Solo manifestar que la labor que realizan los institutos profesionales y los centros de formación técnica es fundamental. El tener esta claridad y rigurosidad en la presentación de Vertebral me parece del todo relevante. Creo que hemos tenido una premisa —lo hemos estado conversando con el Gobierno y con todos los miembros de la Comisión—: que hagamos algo que realmente colabore a tener un sistema de financiamiento de la educación superior que nos permita flexibilidad, sustentabilidad y acceso, sin generar una nivelación hacia abajo y sin afectar la autonomía. Eso es lo que estamos buscando. Esta presentación es del todo atingente, y me alegra, Presidente, que usted permita este espacio de escucha y consulta. Porque, por mucho que existan buenas intenciones, si no nos preocupamos de los detalles al momento de legislar, después se generan costos muchas veces irreversibles. Ya sabemos lo que pasó con la gratuidad de la educación superior; conocemos los problemas que generó en su minuto por estar mal diseñada —tal vez con muy buenas intenciones—, pero cuyo diseño implicó costos muy grandes para muchas universidades que tuvieron que adecuarse en el camino. Esperemos que en esta ocasión no cometamos errores.
Gracias, senador Kast.
Dentro de la exposición se señaló que el séptimo decil es como el techo que tiene la educación técnico-profesional; hay muy bajo porcentaje por sobre ese decil. ¿Tienen la cifra? Escuché dos cifras en torno a los estudiantes en modalidad a distancia. Si pudiésemos clarificar cuántos efectivamente estudian en esa modalidad y, además, si está el porcentaje del efecto que tendría la eliminación de las becas. Tengo entendido que en la educación técnico-profesional se usan mucho las becas estatales. Después le daré la palabra al señor Subsecretario.
Respecto de la participación o caracterización de los estudiantes de la TP por deciles, hablo por las instituciones CFT e IP Santo Tomás, por ejemplo: cerca de un 78% de la matrícula de alumnos nuevos tiene el beneficio de la gratuidad, lo que implica que están en los primeros seis deciles. Hay que considerar también que esto incluye estudiantes que son de esos deciles, pero que, por haber cursado una carrera previa u otras razones, no acceden al beneficio. La densidad social en el mundo técnico-profesional está desplazada respecto del mundo universitario. Una de las causas puede ser la mayor selectividad del ámbito universitario, adecuada a ese tipo de educación, entre otras.
Respecto de la participación de estudiantes en modalidad no presencial, si uno mira la matrícula 2025 del sistema total de pregrado —no solo alumnos nuevos—, el 13,8% estudia en modalidad a distancia. Es interesante separar ese 13,8% entre el mundo técnico-profesional y el universitario: 11 puntos porcentuales corresponden al técnico-profesional y 2,9 puntos porcentuales al universitario. En el mundo universitario, ese 2,9% se concentra en programas de continuidad, es decir, personas que ya tienen un título profesional y van a buscar la licenciatura, lo que se vincula con la educación a lo largo de la vida y la continuidad de estudios, principios que la Ley de Educación Superior establece, además, como un deber de los institutos profesionales.
Sobre la eliminación de las becas, para dimensionar su impacto hay que considerar el retroceso de su importancia debido al desarrollo de la gratuidad. Según las últimas cifras del Ministerio, existen 39.900 estudiantes con el beneficio de la Beca Nuevo Milenio, con una asignación total de 28.000 millones de pesos, concentrados en instituciones sin gratuidad, en la práctica, porque allí se focalizan más estos apoyos.
Muy breve, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Quisiera simplemente hacer un reconocimiento a la labor que realiza el sector técnico-profesional, que es tremendamente valiosa para Chile. Agradecer también a Vertebral, por su intermedio, a su presidente, el rector Sergio Morales, y al rector Guzmán, quienes han hecho un planteamiento que el Ejecutivo reconoce de enorme valor, que va en el espíritu de las modificaciones que estamos estudiando para el proyecto y que creemos son un aporte relevante para ese proceso. Siempre hemos mantenido un diálogo estrecho con el sistema de educación superior y esperamos poder recoger estas consideraciones para llegar a buen puerto. Acá hay que saber escuchar; simplemente manifestar nuestra voluntad de acoger los planteamientos que se han presentado.
Presidente.— Estamos abiertos a tener la flexibilidad suficiente para que eso se concrete en modificaciones al instrumento que hemos presentado. Muchas gracias por la exposición; la consideramos de mucho valor, sobre todo en el tema online, como lo mencionaba el Rector. Quisiera aclarar además que el seminario lo hicimos solamente con las instituciones que habían solicitado, a ese minuto, presencia en la Comisión. Por eso no es que se haya excluido a la educación técnico-profesional; muy lejos de querer hacer eso. A veces es bueno aclarar las cosas de frente. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición.
Invitado.— No hay ningún problema, Presidente. Lo importante es que esto quede en la retina, en el oído y, sobre todo, haga resonancia cuando estén tomando las decisiones pertinentes, tanto aquí en la Comisión como en la Sala. Muchas gracias.
Presidente.— Muy bien. Muy buenas tardes. Saludamos al Rector Juan Carlos de la Llera y a su equipo, y le ofrecemos inmediatamente la palabra.
Rector Juan Carlos de la Llera.— Muchas gracias, Presidente, primero que nada por recibirnos en esta sesión. Quería hacer un breve recuento; me imagino que tenemos diez o quince minutos, ¿puede ser? Muy bien. Deseo compartir una evaluación de lo que ha sido este proyecto de ley.
Parto por el contexto: ¿qué significa una buena universidad? La Universidad Católica ha hecho un esfuerzo gigantesco en estos 137 años de historia por competir realmente a nivel mundial y, por supuesto, a nivel latinoamericano. Cualquier proyecto que veamos o creamos que puede afectar ese desarrollo, por supuesto que nos preocupa, y le hemos dedicado muchísimo tiempo a analizarlo en detalle.
En segundo lugar, nuestro sueño como universidad es estar profundamente compenetrados con el quehacer nacional, contribuyendo a transformar la realidad y a abordar los problemas de nuestra sociedad. Podría contarles más, si les interesa, sobre cómo pretendemos hacerlo.
También quisiera reconocer que el sistema tiene una enorme variabilidad entre las universidades. Ese es un tema central. Parte del problema que estamos discutiendo hoy día tiene que ver con no reconocer adecuadamente esa variabilidad: de los proyectos educativos, del tipo de demanda y de las exigencias que generamos. Esos dos aspectos son absolutamente cruciales. Estos 137 años de historia son un patrimonio que queremos cuidar con mucho celo. Buscamos seguir siendo una universidad al servicio de Chile, con una proyección que sea, a la vez, mundial.
En general, voy a partir por una frase: creo que el proyecto tiene un mal diseño.
Yo me he dedicado toda mi vida a diseñar sistemas. Y, si me permiten la analogía, esto es similar a diseñar una estructura, un edificio: uno recibe un plano de arquitectura y debe darle resistencia, capacidad para soportar un gran terremoto o lo que sea. Uno puede lograr que un proyecto “sobreviva”, incluso construirlo; sin embargo, eso no lo convierte en un buen proyecto estructural. Hay condiciones que uno busca: robustez, claridad y factibilidad de ejecución.
En estricto rigor, vemos aspectos positivos en este proyecto de ley, pero, si uno lo considera en su conjunto, observamos problemas de diseño estructural. Voy a explicar dónde los vemos. Hemos llegado a varios consensos, algunos positivos y otros críticos. Ya mencioné uno: no visualizamos este como un proyecto robusto, y voy a explicar por qué. Para que un proyecto sea robusto, no debe ser extraordinariamente sensible a sus supuestos. Si en un edificio uno cambia un supuesto y el comportamiento del sistema se altera por completo, hay un problema de robustez. Ese es el primer punto: percibimos una sensibilidad exagerada del modelo a variaciones de ciertos parámetros, lo que nos preocupa enormemente.
Segundo: creemos que el proyecto es perfectamente modificable y mejorable, en particular respecto del CAE, que entendemos es un aspecto muy sensible y un problema real que debe ser reconocido y resuelto. Sin embargo, la solución al problema del CAE y del stock de deuda existente es, para nosotros, conceptualmente distinta del diseño del financiamiento futuro del sistema de educación superior.
Tercero: sobre los mismos supuestos utilizados, tenemos una serie de dudas, que podemos discutir.
Un ejemplo: cuando se aprobó la gratuidad. Lo he dicho en todas partes, y nadie puede acusarme de no haberla apoyado: fui decano de la Facultad de Ingeniería que impulsó la gratuidad en la Universidad Católica con un programa precioso llamado Talento e Inclusión, y lo hicimos. Siempre consideramos fundamental que personas que no podían acceder a la educación superior por razones socioeconómicas pudieran hacerlo. Cuando se discutió la ley en el Consejo Superior, se planteó prometiendo que no habría detrimento para las universidades. Pues bien, para 2026, para la Universidad Católica, aquello significa 19.000 millones de pesos que debe desembolsar o dejar de percibir. Es un proyecto que aún no está en régimen: este año fueron 16.000 millones; el próximo año serán 19.000, y todavía no está en régimen.
Por lo mismo, nos preocupa no basar decisiones en promesas. Nos importa tener las variables evaluadas y bajo control. Este proyecto merece un análisis sereno y riguroso, y sería muy importante implementarlo por etapas. Ello permite ir validando supuestos y verificar si las cosas funcionan correctamente, y no simplemente suscribir una idea cuya consecuencia ya conocemos.
Hoy, el proyecto tal como está —entendiendo que se ha planteado la posibilidad de introducir indicaciones—, en el mejor de los casos, representa 9.600 millones de pesos en contra; y en un escenario bastante razonable, con el drenaje de los deciles 7 y 8, fenómeno que ya observamos con la gratuidad, significa 26.000 millones de pesos. En esas condiciones, la Universidad Católica no puede llevarlo adelante.
Hemos tratado de poner evidencia técnica detrás de estas afirmaciones. El informe que les compartimos es el mejor esfuerzo que pudimos realizar en este momento.
Para poder manifestar cuáles son algunas de esas preocupaciones. Hoy día, resumiendo una discusión tan relevante como esta, creemos que está ocurriendo en un momento bien crítico: último mes del año, un cambio de Gobierno, hay cambios también de autoridades en el Parlamento, etcétera. Es un momento en que, por favor, lo hagamos con extraordinaria prudencia, porque los efectos de esto no se van a ver en cinco años ni en seis; se van a ver en veinte o en treinta años más, y podemos realmente hipotecar, en algunos casos, los proyectos educativos que hemos desarrollado.
Dicho eso, la tesis central de esta exposición es que, en su diseño actual, este proyecto no fortalece a un sistema universitario chileno que sea competitivo, tal como está planteado. Ya voy a tocar el tema de la autonomía, los temas de sostenibilidad económica y la calidad de la experiencia formativa.
Hay temas muy centrales por los que me gustaría partir. Sé que hay una percepción en la sociedad de que algunas de las labores que hacemos en la universidad fueran suntuarias. Sin embargo, en una buena universidad hay un principio fundamental: uno educa lo que investiga. Eso es lo que permite que una universidad evolucione en el tiempo y que la sociedad vaya transmitiendo el conocimiento de generación en generación, moviéndose en la frontera. Por lo tanto, es absolutamente central al proyecto formativo de una universidad que este se nutra del conocimiento y de las mejores capacidades para generarlo. Nos preocupa enormemente que eso no ha estado ni siquiera cerca de la discusión sobre el financiamiento de la educación superior. Nos preocupa un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación cuyo presupuesto está absolutamente estancado. Nos preocupa que el país no crea que el conocimiento es lo único que puede cambiar la vida de las personas.
Dicho eso, vemos razones más estructurales que resultan difíciles de corregir con ajustes menores. Sin embargo, creemos que la posibilidad de separar el proyecto y de hacerlo pausadamente y cuidadosamente podría ser una solución.
Tocando el tema de los egresados y de los estudiantes, este es un asunto ampliamente tratado. En el informe que ustedes tienen esta tarde, no miramos solamente la perspectiva de la Universidad Católica —que está hecha desde hace mucho rato, estudiante por estudiante—; los números que ahí aparecen reflejan exactamente lo que le pasaría a la Universidad Católica. Esos montos, entre 9.600 y 26.000 millones de pesos, son exactos; es difícil que alguien haga una estimación mejor, porque están calculados estudiante por estudiante. Sin embargo, además del cobro a los estudiantes y del pago estudiantil, está la dimensión fiscal, que es más difícil de evaluar con cuidado. No me quiero concentrar necesariamente en los temas económicos —eso lo podemos dejar para otro momento—, sino en aspectos más fundamentales del proyecto.
Con todo, quería decir algo sobre el tema estudiantil. Hoy día, si usted cobra un crédito —que yo no comparto, pero da lo mismo— UF+2, va a terminar pagando en 20 años 1,5 veces el costo de la carrera. Lo señalo solo para poner en contexto lo que significa el CAE. Hoy, tal como está el proyecto —y entiendo que pueden existir indicaciones—, con estas dos condiciones copulativas del 90% y de las 3,5 veces, si ustedes las calculan en 18 años para una carrera de 5 años, eso equivale a un 7,2% de interés anual. Por lo tanto, con una inflación del 4%, estarán en torno a UF+3, o lo que sea.
Dicho eso, el que la contribución futura de nuestros estudiantes no guarde relación con el costo de la carrera, sino con sus ingresos, nos preocupa profundamente. Se los digo después de cuarenta años en la universidad: los estudiantes saben hacer cuentas, y las hacen bien. Si uno tiene que pagar ese 7% u 8% de sus ingresos durante este período, se harán las cuentas; y es perfectamente posible que muchos estudiantes en carreras —sobre todo de mayores ingresos— no tomen el instrumento. Este es un tema que ya ha salido en la discusión; nada de lo que digo es nuevo, son argumentos que han circulado.
Nos preocupa, ¿no es cierto?, que la solución propuesta no solo atienda a los estudiantes que se acogen al FES, sino que, además, suponga retirar apoyos a quienes no estén en el FES. El tema de las becas nos preocupa enormemente y puede afectar a muchos otros estudiantes de nuestras universidades.
Esencialmente creemos que es posible construir un nuevo mecanismo, procurando una separación más clara respecto del manejo de lo que ha sido el Crédito con Aval del Estado, que ustedes saben también tiene repercusiones sobre la universidad, porque si el estudiante sale de la universidad antes de que egrese, obviamente el aval es otro. Pero este es un problema que requiere una solución de carácter más estructural: hoy día, aproximadamente el 70% de los ingresos de la Universidad Católica proviene de las matrículas, es decir, de los aranceles. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto muy central para el funcionamiento de la universidad.
Respecto de la investigación, no quisiera extenderme, pero insisto en la importancia de que este proyecto y, en general, el esquema de financiamiento de la educación superior no pierda de vista componentes que han sido centrales en el desarrollo del sistema. Lo digo con conocimiento: trabajo intensamente con investigadores en el resto del mundo, y Chile es muy reconocido por su educación superior. No nos confundamos. Chile es reconocido por la calidad de los profesionales que egresan, y no me refiero solo a la Universidad Católica, sino en general. Por supuesto, hay cosas que mejorar, pero también hay muchas que se han hecho muy bien. Me preocupa que, si esto no se aborda adecuadamente, el perjuicio termine siendo una caída en la calidad.
Quisiera tocar un tema que es central. Sé que no es, formalmente, parte de esta discusión, aunque en estricto rigor sí lo es: la fijación de los aranceles. La metodología vigente está equivocada, completamente equivocada, y genera un detrimento sustantivo para las universidades. No es posible que existan carreras completamente por sobre los aranceles regulados y otras, extraordinariamente relevantes, muy por debajo de esos aranceles. Desconozco el algoritmo utilizado, pero condujo, por ejemplo, en ingeniería civil, a una diferencia entre el arancel regulado y el arancel real superior a tres millones de pesos. Y tenemos una población gigantesca estudiando carreras de tecnología hoy en Chile; ahí hay un problema sustantivo. El problema de los aranceles, que subyace a todo esto, es serio y requiere evaluación, al menos considerando los costos reales.
¿Qué ocurre en nuestro caso? Llevo ocho, casi nueve meses como rector de la Universidad Católica, y quiero impulsar un plan de desarrollo estratégico para la institución que contempla inversión y endeudamiento para entregar a nuestros estudiantes la mejor educación posible. Sin embargo, operamos con un arancel fijo equivocado. ¿Qué incentivos tengo como universidad para invertir en la formación de nuestros estudiantes y en la calidad de la investigación bajo ese esquema? Ese es el tipo de cosas que nos preocupa. No queremos arriesgar, por ningún motivo, el proyecto educativo de la universidad. La evidencia internacional es clara: los países que se alejan de la creación de conocimiento y no la consideran eje de su desarrollo están perdidos. Ese es, hoy, el elemento verdaderamente diferenciador.
Voy a ir cerrando. El tema de la autonomía ha sido ampliamente discutido. Es evidente que el control financiero del Estado sobre los ingresos de una universidad le resta autonomía; eso es obvio y podemos conversarlo. Y, además, la fijación de aranceles en valores determinados genera distorsiones no solo por déficit, como en ingeniería, sino también al revés: tenemos carreras en que la Católica cobra menos que el arancel regulado y, sin embargo, recibimos el arancel regulado. Son pocas, alrededor del 10% de nuestros estudiantes están en esas carreras, pero no puede ser; hay algo que no está bien en ese sentido. Eso es importante corregir.
Yo creo en la universidad chilena, y esto se los digo con mucho conocimiento. Tenemos rezagos en varios ámbitos hoy día, y las universidades chilenas y latinoamericanas están quedando más rezagadas en los rankings mundiales en general. La verdad es que es un tema que a mí me preocupa enormemente, porque creo que el talento que hay en Chile es absolutamente de primer nivel mundial y hay que darle todas las posibilidades para que ese talento se desarrolle. Evidentemente, supeditar —y esto no tiene nada que ver con un gobierno en particular u otro— una porción muy importante de los ingresos de una universidad a los ciclos políticos, fiscales o económicos de los países lo encuentro altamente riesgoso, y creo que esa es parte de la preocupación.
Solo para ir cerrando: nos interesa muchísimo poder contribuir con toda la evidencia que podamos construir, ofrecer todo el apoyo e información que podamos generar; pero no hemos venido a la Comisión a defender intereses particulares. Evidentemente me interesa defender la buena academia y la buena universidad. Ese ha sido el punto de nuestro planteamiento. Vemos que este proyecto, dada nuestra alta dependencia del valor de los aranceles, pone en riesgo la calidad de nuestro proyecto educativo. Hay ciertas universidades para las cuales este proyecto puede ser favorable, y eso solo habla de la disparidad y la dispersión que tenemos entre instituciones, lo que es perfectamente legítimo. Pero hoy día, como rector de la Universidad Católica, vengo a defender un proyecto universitario que quiere competir con las mejores universidades del mundo, porque creemos que le podemos hacer mucho bien a nuestro país. Ese es el planteamiento en que estamos.
Simplemente cerrar, presidente, agradeciendo enormemente esta invitación, la posibilidad de dirigirme a ustedes y de exponer con total franqueza lo que pensamos como Universidad Católica, y, por supuesto, quedando a disposición de la Comisión y del país para lograr que este proyecto avance de la mejor manera posible. Muchas gracias.
—Muchas gracias, Rector. Agradecerle la exposición. Voy a ofrecer la palabra a mis colegas. ¿Alguna consulta? Antes, quisiera pedirle si pudiese presentar a su equipo.
—Por supuesto, presidente. Prefiero que se presenten cada uno.
Con muchísimo gusto: María Fernanda Vicuña, vicerrectora económica de la Universidad.
Loreto Mazzanesi, asesora estratégica de Rectoría.
Harald Beyer, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Juan Eduardo Ibáñez, secretario general de la Universidad Católica.
—Gracias, presidente. Senador Castro.
—Sí, gracias, presidente. Solo preguntar: ¿la fijación de los aranceles está equivocada? ¿Están muy bajos los aranceles que están hoy día en las universidades, en todas las universidades? Esa es la pregunta.
—Vamos a acumular las preguntas para que tenga tiempo de responder. Senador Quintana.
—Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar también al rector, desde luego, y a todo el equipo directivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile; también al Ministerio, encabezado por su ministro y su subsecretario. Agradecer la exposición que ha hecho la Universidad Católica y el documento que además nos han dejado. También felicitarlos, porque hace pocos días conocimos de un nuevo ranking a nivel latinoamericano en donde la universidad está muy bien situada, y ese es un hecho que a cualquiera que está en esta Comisión, a cualquiera que está en el Parlamento, nos debe hacer pensar. No podemos hacer una reforma dejando a una universidad que ha hecho las cosas bien —desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista formativo y de la educación continua— perjudicada.
Ahora, aquí el rector ha planteado varias dimensiones, particularmente tres. Una de ellas son los ingresos que la universidad dejaría de percibir y cómo esto afectaría la calidad; y también esto de separar los proyectos. Yo no sé si eso es posible, dado el trámite legislativo con que parte este proyecto, porque efectivamente hay un contexto político de momento bien particular; pero esto no es un proyecto que se le ocurrió a nadie en el Ejecutivo este año siquiera, es un tema que viene hace bastante rato. Recién Vertebral decía respecto de la importancia que tiene...