Cámara de Diputados - Obras Públicas - 9 de diciembre de 2025

Presidente: Vamos a tratar en la tarde de hoy. Antes de entrar al proyecto de ley al que el Ejecutivo le ha otorgado urgencia, hay otra solicitud del colega diputado Cuello para refundir ambos proyectos. No hay ningún problema en que ello ocurra; se va a demorar, espero que no mucho, una o dos semanas, para que podamos refundirlos y, de esta manera, tratar ambos proyectos ojalá la próxima semana. Vamos a hacer los esfuerzos con la secretaría para que se informe mañana en Sala o, a más tardar, el día jueves, de tal forma que, si tenemos la venia de la Sala, vamos a poder refundirlos y tratarlos a partir de la próxima semana. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí, acordado. El proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles preventivos del consumo de alcohol y drogas a sus conductores, Boletín N° 16.872-15, cuenta con urgencia suma puesta por el Ejecutivo. Estimado Subsecretario, bienvenido para dar cuenta de este proyecto de ley. Luego vamos a pedir la palabra a la autora de esta iniciativa. Tiene usted la palabra, Subsecretario. Subsecretario: Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las diputadas y diputados presentes en la Comisión, especialmente a la diputada Marzán, autora de uno de los proyectos. Para nosotros, la muerte de una persona en el sistema de transporte público siempre va a ser un hecho muy lamentable, y más cuando el resultado es producto de alguien que infringe la ley consumiendo alcohol o drogas y luego poniéndose al volante, sobre todo cuando lleva la responsabilidad de transportar a más personas en nuestro sistema de transporte público. Por tanto, en ese sentido, estamos muy ávidos de poder avanzar en este proyecto, que ojalá podamos refundir con el del diputado Cuello y también con algunas otras indicaciones que hay en otras comisiones. La semana pasada me tocó participar en la Comisión de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad; también ahí hay un proyecto que no tiene directamente que ver con este, pero sí hay algunos puntos que podríamos incorporar. Como le digo, para nosotros es muy importante que podamos legislar en esta materia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hoy día no tiene atribuciones para exigir o hacer exigible la realización de exámenes de alcohol y drogas en la locomoción colectiva, y pensamos que este es un proyecto positivo en ese sentido, que podría darle mayores atribuciones al Ministerio y mayores garantías de seguridad a las personas que usan nuestro sistema de transporte colectivo en todas las regiones del país. Por eso estuvimos muy disponibles: el Ministro de Transportes conversó con la diputada Marzán y otorgamos urgencia suma a este proyecto para que avance, iniciemos la discusión en la Comisión y podamos avanzar rápidamente. Presidente: Gracias, Subsecretario. Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán. Diputada Marzán: Muchas gracias, presidente. Agradecer su disposición y, en especial, la del Ministro de Transportes. El hecho de la muerte, la semana pasada, de una estudiante de la Universidad de Valparaíso, Paloma, estudiante de Nutrición, nos golpeó de manera brutal. Y, como conversábamos hace poquito rato con Jennifer y con usted —Jennifer es la mamá de Mauro Alberto, el jovencito de 14 años, un niño que inspiró y a petición de la madre y del padre se le puso el nombre de él para hacer justicia y memoria y recuerdo de un hecho tremendamente doloroso—, sobre el cual nuestra legislación, como decía el Subsecretario hoy día...

No se cuenta con herramientas suficientes ni robustas para abordarlo. Y, mientras tanto, se siguen produciendo muchas muertes a lo largo de nuestro país, producto justamente de estos choferes o de estas personas irresponsables, a mi juicio verdaderos asesinos, que dejan a las familias y a la sociedad devastadas. Todas las situaciones que hoy día suceden y que tienen que ver con muertes asociadas a conductores irresponsables que llevan estupefacientes en su organismo nos llevan inevitablemente al recuerdo de lo que sucedió con Mauro Alberto, independiente de que ha habido casos anteriores y posteriores de este tipo de muertes. De hecho, tengo una larga lista, a lo largo de Chile, de numerosos casos de muertes causadas por personas que conducían bajo los efectos de la droga. Creo que hay un tema muy importante: en la legislación comparada, por ejemplo en Brasil, este asunto está bastante abordado y, a quienes quieren renovar su licencia, se les exige presentar un examen de drogas al momento de rendir sus pruebas de conducir; de lo contrario, no pueden renovarla. Eso permite controlar, advertir y, además, impulsar un cambio cultural en la población. ¿Qué abordamos con este proyecto? Que cada seis meses las empresas de transporte público y privado se hagan cargo de practicar este test a sus choferes, a costo de la empresa, sin costo estatal, para dar certeza y seguridad de que una persona de cualquier edad —niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores— va a salir de su casa y va a volver sana y salva. Evitar, así, la incertidumbre, el dolor y la necesidad de marchas o manifestaciones para que tengamos una legislación sólida, que respalde y cree conciencia sobre la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos de cualquier droga. Nos reunimos con el ministro hace dos o tres semanas, hablando sobre ciertos puntos que, creo, ya se despejaron: los recursos, la responsabilidad, quién se hace cargo, y si el consumo es o no una enfermedad. Son temas perfectamente abordables y que, además, pueden darse como discusión en esta comisión; ese es el objetivo. Otro punto muy relevante, que también conversamos, tiene que ver con la ley 21.692, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros. En su artículo 1 se crean recursos para la mejora y la conducción segura y responsable en el transporte público. Por lo tanto, aquellas empresas que pudieran argumentar que no tienen recursos, o que esto es una carga adicional, podrían postular a esos fondos. Este trabajo lo legislamos en septiembre de 2024 y los recursos se aprobaron en noviembre de ese mismo año. Sería importante conocer la opinión del Ejecutivo, porque se deja entrever que se podría postular a esos fondos, de modo que las empresas no tengan la excusa de que carecen de recursos. Eso, en resumen, Presidente. Con todo respeto, sé que es fuera de tabla, pero quisiera pedir, si es posible, uno o dos minutos para darle la palabra a la mamá de Mauro Alberto. Agradezco la instancia y espero que esta comisión avance rápidamente. Para mí es muy importante que avance con celeridad: termino mi período legislativo a fines de febrero, primeros días de marzo, y este es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año, un año y medio. Cualquier atraso impacta en la seguridad de la vida y en demostrar que estamos respondiendo a las demandas y al dolor de las familias que han perdido a alguien, producto de estos choferes o personas irresponsables que conducen bajo los efectos de la droga. Muchas gracias, Presidente. Carolina Marzán.

Efectivamente, ya le habíamos solicitado a Jennifer que haga uso de la palabra, por tres a cinco minutos. Antes de continuar, siéntese por allá si quiere, Jennifer. Estábamos viendo con la Secretaría lo siguiente: el tema obviamente amerita que lo tratemos cuanto antes. No podemos votarlo hoy día en general, aun cuando hubiésemos querido, porque estamos todavía esperando que se refunda el proyecto del colega Cuello. Les dije que esto lo vamos a ver esta semana, entre mañana o pasado. El vencimiento de la urgencia es el 24 de diciembre; luego viene la semana regional, de modo que pasaría recién a enero. Entonces, hagamos todo el esfuerzo, ante su petición, para que efectivamente podamos verlo y, a lo menos, votarlo en general la próxima semana, si es que están refundidos los dos proyectos. Esa es la idea, entendiendo lo difícil que esto es y la fortaleza que seguramente Jennifer ha debido tener todo este tiempo. Haremos todo lo posible para votarlo la próxima semana; lo peor que podría ocurrir es que sea en enero. Vamos a tratar de que sea antes. Señora Jennifer, la escuchamos. Primero que nada, gracias a todos los que están participando de esta mesa; a Carolina, por sobre todo, que es la persona que impulsó esta ley. En nuestra región tenemos ya casi normalizado el consumo de drogas en los conductores de transporte público, llámese micros o colectivos. Es un problema regional. Está Mauro, está Consuelo, está Paloma; no es sencillamente por mi hijo ni sólo por mi hijo. Creo que existe un vacío enorme ahí. Creo que estos son accidentes totalmente evitables, porque, técnicamente, no son accidentes. Si en la mañana un conductor decide tomar un bus bajo los efectos de la droga, eso es una decisión. Tal vez sería distinto el caso si se le fue la máquina, tuvo una mala reacción o había un agujero en el pavimento. Pero cuando decides poner en riesgo la vida de muchas personas —mi hijo estaba abajo, pero la micro iba con pasajeros— deja de ser un accidente, a mi criterio. La Ley Alberto es una ley preventiva que nos ayudaría a que estos conductores no se suban a las máquinas. Los conductores también son trabajadores y, en estos momentos, están con una cantidad de carencias en sus labores que, en cierta manera, los empuja a esto; pero eso lo podemos corregir. La Ley Alberto viene a prevenir y ayudar, y creo que es imperante. La muerte de Paloma me afectó mucho, porque ocurrió a cuadras de mi trabajo. Puedo sentir el dolor de sus padres, sé lo que se les viene, y no quiero que en mi región otro niño no pueda seguir estudiando o que haya otra familia así. Entonces, muchas gracias por dar la urgencia y por trabajar con el diputado Cuello para fusionarla; que sea una ley que realmente se aplique, que quede claro quién fiscaliza. Porque, si bien se hacen fiscalizaciones, estas no son del todo efectivas: los mismos choferes nos dicen que, cuando viene el fiscalizador sin Carabineros, no lo dejan subir a la máquina. En todos esos pequeños detalles se está jugando la vida de nuestros jóvenes. Gracias. Gracias, estimada Jennifer. Entonces, ese es el acuerdo, ¿no? Estimado colega diputado. Gracias, Presidente. Primero, agradecerle a la diputada Marzán; ella me invitó a firmar este proyecto. Y esto también parte de una lógica que me parece bien: que desde la Cámara de Diputados partamos aplicando nosotros este tipo de test y que se vaya llevando a otros lugares, por ejemplo, a los conductores de la locomoción pública, tanto de empresas públicas como también del mundo privado; creo que es bueno incorporarlo. Solo pedirle, y estoy de acuerdo con votarlo lo antes posible, que se puedan fusionar para que avance lo más rápido posible, y pedirle al Ejecutivo, por su intermedio, Presidente, que dentro de la redacción que quedó, la norma establece la obligatoriedad de hacer estos test de droga y alcohol. Queda sujeto a reglamento el tipo de instrumento, pero no queda en ninguna parte una facultad expresa de cuándo hay que informar, salvo que hay que informar una vez al semestre. Entonces, el problema es que yo tiendo a creer que cualquier empresa, y no me refiero solamente al transporte público; cualquier empresa...

La empresa nadie va a querer ir al Ministerio de Transportes a decir que tiene choferes que, en sus controles aleatorios, resultaron positivos a cocaína. Entonces, hay que establecer alguna norma —si es del Ejecutivo o si lo podemos consensuar acá— que, por facultad reglamentaria, disponga en los reglamentos una fórmula a través de la cual haya que informar los resultados. Porque, como está redactada, esta norma contempla test más de hálito que de pelo y, por lo tanto, si solo hay que informar una vez cada seis meses, es fácil eludir o intentar tapar un positivo. Creo que ahí el Ejecutivo podría complementar la norma —o hacerlo entre nosotros— para que existan, por ejemplo, fiscalizaciones sorpresa, plazos y tiempos acotados para informar. De lo contrario, es muy fácil burlar la norma diciendo que se hicieron los controles y, como es cada seis meses que hay que informar, queda demasiado a la buena fe. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Comparto su juicio. Gracias, diputado Coloma. Solicito al subsecretario recoger esta opinión. Gracias, señor Presidente. Nosotros también compartimos el fondo del proyecto, porque, como se ha señalado, este es un problema bastante agudizado. En la región de Valparaíso hemos tenido muchas dificultades de esta naturaleza y, como bien lo señaló Jennifer, ha causado la muerte de personas jóvenes que tenían toda su vida por delante. En ese sentido, creemos que hay que trabajar rápido, pero también perfeccionar algunos aspectos para hacerlo compatible con nuestras otras normas, porque esto le incorporará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una nueva facultad y, a la vez, nuevas tareas. Respecto de ello, por ejemplo, la calibración de las máquinas que se tengan que usar la tiene que hacer el 3CV; probablemente debamos crear una unidad para todo ese sistema. Hay que recordar que, en nuestro sistema de transporte público, solo en la Región Metropolitana tenemos más de 18.000 choferes en el sistema Red. Si lo consideramos a nivel del país, es del orden del doble o más. Estamos hablando de mucha gente y, por tanto, de muchos exámenes, cuya información es importante coordinar. Si usted me permite, después la Secretaría Ejecutiva de CONASET podría indicarnos alguna experiencia internacional al respecto, porque los exámenes tienen una vigencia: no duran todo el tiempo. Sobre todo los más baratos —los que tienen que ver con el hálito— duran poco. Si una persona consumió drogas o alcohol, transcurridas 24 horas en el caso del alcohol ya no lo vamos a encontrar, por ejemplo, con un alcotest, y tendríamos que ir a exámenes más sofisticados. Eso implica establecer un reglamento que indique bien cómo se desarrollará el proceso, para que, posteriormente, en el sistema jurídico chileno no tengamos un problema probatorio. Muchas veces, en siniestros con resultado de muerte, las personas escapan para no someterse al narcotest o alcotest y, después, no contamos con una prueba para sostener que la persona conducía con alcohol o droga. Por lo mismo, hay un espacio que el proyecto no indica y en el que debemos incorporar la opinión de SENDA, de Carabineros, de la PDI y del Ministerio del Trabajo, por cierto, porque esto también les involucra.