Senado - Hacienda - 10 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señora Secretaria, cuenta. No tenemos cuenta, Presidenta. Bien. Pasemos entonces al primer punto. Ayer se produjo un empate en la votación del proyecto FIDE; corresponde repetir la votación. Se pone en votación, en general, el proyecto FIDE, a fin de resolver el empate producido el día de ayer. Senador Lagos: A favor. Senador Macaya: En contra. Senador Insulza: A favor. Presidenta: En contra. Se ha producido nuevamente un empate y, reglamentariamente, se da por rechazado en general el proyecto. Pasamos al segundo punto de la tabla. Solicitamos a la Secretaría hacer ingresar a nuestro invitado. Gracias, Ministro. Gracias, Subsecretaria. Damos la bienvenida a Kevin Cowan, candidato propuesto por el Ejecutivo para integrar el Banco Central, y ofrecemos la palabra al señor Ministro de Hacienda para su presentación. Ministro de Hacienda: Muchas gracias, Presidenta. Haré una presentación bien acotada, pero no por ello menos significativa. Lo primero que me gustaría resaltar, aunque eventualmente sea obvio, es la relevancia que tiene el Banco Central como institución para nuestra economía, relevancia que ha quedado especialmente graficada durante este período, estos años que…

Por diversas razones macroeconómicas, además de las dificultades asociadas a la pandemia y a otros eventos que ocurrieron en nuestra sociedad y en nuestra economía, el Banco Central ha demostrado el valor que tiene en su tarea principal, que es mantener la inflación en la meta de 3% que se ha fijado. Al inicio de esta administración nos tocó ver un proceso de alza de la inflación que llegó a un poco más del 14% y que, por distintas políticas económicas que se implementaron, pero principalmente por la acción temprana y decidida del Banco Central, se ha logrado reconducir hacia niveles más acordes con la meta. Esperamos, de hecho, que en el primer trimestre del próximo año se logre converger a la meta. Por supuesto, decisiones de esa naturaleza implican distintos compromisos y dificultades, y es muy importante que puedan ser tomadas por una institución con un alto estándar técnico, tanto en su Consejo como en su equipo profesional, y que además posee un prestigio que permite que, aun cuando dichas decisiones impliquen ciertos costos en el corto plazo, sean las más adecuadas desde la perspectiva del mediano y largo plazo. Por todo ello, como Ejecutivo pensamos que, en la decisión específica que nos toca adoptar —proponer al Senado de la República un consejero para reemplazar a Stephany Griffith-Jones, quien deja su cargo el 24 de diciembre—, debemos cuidar especialmente que la propuesta mantenga la tradición de experticia, conocimiento técnico y, en particular, conocimiento de las políticas económicas asociadas a las decisiones del Banco Central. En ese sentido, el candidato que propone el Presidente de la República al Senado, que me acompaña hoy, Kevin Cowan, es una persona que cuenta con las credenciales técnicas adecuadas y un conocimiento específico en materias financieras, que son parte sustantiva de las responsabilidades del Banco Central y también del Ministerio de Hacienda, en la división que ve estos temas, entre otras. Tanto desde la perspectiva de su currículo como de los ámbitos específicos que maneja, creemos que puede hacer un aporte muy significativo al trabajo del Banco Central. Finalmente, Presidenta, estimamos que en roles de esta naturaleza es importante proponer nombres que conciten apoyos amplios y consensos en distintos sectores políticos. Creemos —impresión que por supuesto debe ser corroborada por el Senado— que el nombre que proponemos cumple también con ese criterio, lo que consideramos una buena noticia. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Le vamos a dar la palabra a don Kevin Cowan y luego a las y los colegas por si desean formular preguntas. Muy buenos días, Kevin. Saludamos también a la ministra Macarena Lobos, que se ha integrado a la Comisión. Buenos días, Presidenta, señoras y señores senadores, ministra, ministro. En primer lugar, quisiera agradecer al ministro Grau y al Presidente de la República por la nominación, y a esta Comisión por la oportunidad de presentarme ante ustedes hoy. Como señaló el ministro, el Banco Central juega un rol central en nuestra economía, primero y más visible por la relevancia de su objetivo inflacionario. Una inflación alta impacta negativamente el bienestar de las familias, entre otras cosas por sus efectos en los salarios, el costo del crédito y, eventualmente, la erosión de los ahorros. Una inflación alta y volátil también distorsiona los precios, aumenta la incertidumbre, impacta la inversión y afecta la productividad y el crecimiento. La credibilidad del Banco Central es fundamental para alcanzar una inflación baja y estable. Un banco central creíble puede reaccionar con menores alzas de tasa ante shocks, lo que se traduce en un menor impacto en el empleo y el crecimiento. El Banco Central de Chile, en particular, ha ido construyendo sistemáticamente credibilidad y confianza. A ello han contribuido la claridad de su mandato institucional, su capacidad técnica y, por cierto, la toma oportuna de decisiones, como fue la respuesta de tasas al aumento de la inflación post-COVID. Creo que esto es un activo.

Un país que hay que cuidar y seguir consolidando. En el período más reciente, en materia inflacionaria, partiendo de una situación de importante desequilibrio macroeconómico, la inflación ha ido convergiendo de forma progresiva hacia la meta y las expectativas se mantienen ancladas. Esto, como señalé, ha sido resultado de una política monetaria del Banco Central decidida, con un aporte importante de la política fiscal. No obstante estos avances, es importante seguir monitoreando en particular los riesgos externos que pueden impactar nuestra economía. No debemos olvidar que el contexto global actual es excepcionalmente incierto en varias dimensiones, incluyendo las discusiones arancelarias y el contexto geopolítico. De igual manera, es importante que el Banco Central mantenga una mirada prospectiva respecto de los desarrollos en nuestra economía, en particular en el ámbito laboral. Creo que los eventuales desafíos y cambios que pueden generarse por la automatización y la inteligencia artificial son temas que requieren un análisis cuidadoso y prospectivo, que el Banco Central ha venido realizando. Segundo, el Banco Central también tiene un rol central en el sistema de pagos. Por un lado, es el regulador del sistema de pagos de bajo valor; por otra parte, es operador de parte importante de la infraestructura financiera de nuestro país. Esta parte quizá es la más invisible del Banco Central, pero es una de las piezas fundamentales para el buen funcionamiento de nuestra economía. Este es un ámbito donde hemos visto desarrollos muy importantes en los últimos años: creciente competencia e innovación. El acceso a una cuenta digital ya se ha ido convirtiendo casi en una obligación para personas y empresas; permite acceso a productos financieros y mayor eficiencia. Creo que aquí el Banco Central tiene un desafío particular: por un lado, facilitar y permitir que sigan desarrollándose e innovándose estos segmentos, para ir generando mejores productos para distintos actores, incluyendo pequeñas empresas y personas; pero ese desarrollo debe ir de la mano de resguardos para asegurar que estos sistemas sean efectivamente robustos, justos y seguros. Particularmente, en este ámbito, los temas de ciberseguridad son clave. Es un tema que llegó para quedarse, y es especialmente importante que el Banco Central monitoree y resguarde que la innovación venga acompañada de una adecuada resiliencia. Adicionalmente, como país debemos estar atentos a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras en pagos. Hay discusiones globales relevantes respecto de criptoactivos, criptomonedas estables y monedas de banco central. Si bien son temas que todavía no aterrizan con fuerza en Chile, es importante tener claras las consecuencias, los costos y los beneficios. Lo crucial es evaluar cómo estas innovaciones pueden ayudar a las personas y a las empresas, más que enamorarnos de tecnologías específicas. Finalmente, además de este rol en pagos y en materia inflacionaria, hay que recordar que al Banco Central le cabe un rol importante en la estabilidad financiera. Este es un rol compartido con la CMF y requiere una estrecha coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones. En la base de esto está una adecuada regulación y, de la mano con cambios legales e implementación normativa, hemos avanzado como país significativamente en años recientes. Por ejemplo, este año se culmina la puesta en marcha del marco de Basilea III para la regulación bancaria. Es importante que el Banco Central siga acompañando en forma eficaz los últimos pasos de esta implementación y que, desde su mandato de estabilidad financiera, monitoree en forma continua los efectos de esta regulación para asegurar que efectivamente está siendo eficaz en evitar los riesgos para los cuales se diseñó y que no esté desviando riesgos hacia el resto del sector financiero. Aquí la coordinación institucional es clave, y en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes por distintos actores para fortalecer la coordinación entre el Banco Central, la CMF, el Ministerio de Hacienda y el CEF; este es otro activo importante de nuestra economía que hay que seguir cuidando y fortaleciendo. Adicionalmente, en el tema de estabilidad financiera, más allá de la regulación y esta coordinación, hay ciertas dimensiones macro que también son cruciales: la flexibilidad cambiaria, una gestión prudente de las reservas del Banco Central y el uso de estas reservas y sus facilidades en caso de turbulencias externas, que son todas piezas importantes con que cuenta el Banco Central y que ha utilizado en años recientes.

Un punto que se levanta en el último Informe de Estabilidad Financiera es la relación virtuosa que existe entre estabilidad financiera y profundidad del mercado financiero. En Chile tenemos un sistema financiero bastante profundo y sofisticado, que ha permitido enfrentar problemas como los de 2008 y 2020 sin generar amplificación; de hecho, en 2020 mitigando en parte las consecuencias del COVID. Sin embargo, hay brechas donde tenemos que mejorar. En algunas de estas el Banco Central puede jugar un rol facilitador. Un ejemplo es la profundidad del mercado de deuda pública: la deuda pública, de alguna manera, es la base del sistema financiero, la referencia sobre la cual se construyen distintos precios, y nuestro mercado de deuda pública es menos líquido de lo que uno quisiera. En ese sentido, de la mano de la Ley de Resiliencia Financiera que se aprobó hace algunos años, el trabajo que está haciendo el Banco Central para generar un mercado de repos más profundo es algo que merece la pena destacar y que me gustaría impulsar si es que el Senado me confirma en este puesto. Finalmente, señora Presidenta, señoras y señores senadores, tengo la convicción de ser un candidato con las capacidades para integrar el Consejo del Banco Central y contribuir a que el Banco continúe cumpliendo estos tres roles que ha venido desempeñando, aportando de esta manera al desarrollo y crecimiento del país. Tengo una sólida formación en macroeconomía; he desempeñado funciones públicas relevantes en el ámbito macroeconómico, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el BID, donde además tuve la oportunidad de adquirir una visión regional de Latinoamérica. En materia de pagos y estabilidad financiera, traigo a la mesa seis años de experiencia en la CMF y ocho años previos como gerente de Política Financiera en el Banco Central. En este rol me tocó participar en el diseño e implementación de la respuesta a la crisis subprime y, más recientemente, junto con distintas autoridades, a la crisis del COVID-19. Me ha tocado, además, participar en el diseño y la discusión de cambios tan relevantes como la Ley de Prepagos, la ley que crea la CMF, la Ley de Bancos, la Ley Fintech y la Ley de Resiliencia Financiera. Estimo que haber trabajado en las tres instituciones macrofinancieras más relevantes del país me coloca en un buen lugar para poder contribuir a la buena coordinación que se ha ido generando en los últimos años y que, como dije en mi presentación, es importante para el cumplimiento del objetivo del Banco Central. Agradezco nuevamente al Ministro y al Presidente por la confianza, y a ustedes por la disposición de escucharme. Quedo atento a sus dudas y preguntas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, don Kevin. Ofrezco la palabra a mis colegas. Senador Felipe Kast. Gracias, Presidenta. Saludar al Ministro, a la Ministra, a los colegas y también a Kevin Cowan. Quiero valorar la nominación del Presidente de la República, Gabriel Boric, y la ratificación del Ministro de Hacienda. Conozco a Kevin Cowan hace mucho tiempo. Creo que una de las buenas tradiciones que tiene nuestro país, también en el mundo de los economistas, es reconocer a quienes tienen trayectoria y han logrado mantener una rigurosidad en el análisis de las políticas públicas en distintos momentos. De hecho, me tocó presidir esta Comisión el año anterior y trabajar con Kevin Cowan, probablemente uno de los economistas más relevantes dentro de la CMF, empujando la ley de banca abierta y modernizando nuestro sistema bancario para que tenga mayor competitividad. Y no solo por esa experiencia: como economista me ha tocado seguirlo, ver sus trabajos, sus estudios, sus papers. Como economista, estoy convencido de que las instituciones se fortalecen cuando uno toma decisiones no basadas en el cuoteo político pequeño ni en hacer favores a quienes tal vez en el pasado hicieron favores, sino nominando a las personas que tienen habilidades académicas, técnicas y de mérito. Creo que eso habla muy bien de esta nominación. Me alegra poder estar hoy apoyando a alguien que ha dedicado su vida a la economía, al análisis riguroso, y que, más allá de las sensibilidades políticas, siempre ha puesto por delante la evidencia y ese análisis. Estoy convencido, Presidenta, de que va a ser —y espero— un gran Consejero del Banco Central, si es que esta Comisión y después el Senado lo ratifican. Manifiesto desde ya mi voto a favor. Gracias, senador Kast. ¿Alguien más? Senador Lagos.

Bueno, creo que hay que ir mirando hacia adelante cómo se va consolidando la discusión en Estados Unidos, especialmente de cara al nombramiento del próximo presidente de la Reserva Federal. Señora Presidenta, tres puntos. Respecto a la deuda pública, creo que, sin duda, tanto su nivel como la credibilidad de la gestión de la deuda pública son relevantes para nuestra prima por riesgo, al menos en dólares. Ahí hay dos cuestiones: en los últimos años, este Congreso y el Ejecutivo han impulsado reformas que han fortalecido la gobernanza de la política fiscal. Pasamos desde una institucionalidad que vivía dentro del Ejecutivo hace varios años a una entidad asesora independiente que —lo que uno observa también desde la academia— ha jugado un rol creciente y relevante respecto de la política fiscal. Vamos bien encaminados en esa dirección, Presidenta. En cuanto a cómo mitigar la pérdida de profundidad que tenemos, si bien el objetivo número uno, dos y tres de la reforma de pensiones fue mejorar las pensiones de las personas hacia adelante, el haber aumentado el ahorro en Chile va a generar, en el mediano plazo, una profundización de parte de nuestro mercado financiero. Y, segundo, como mencioné muy someramente, debemos mejorar el funcionamiento —la infraestructura— de nuestro mercado de deuda, con un programa de hacedores de mercado por parte del Ministerio de Hacienda y con un programa de repos, que fue parte de lo discutido en esta comisión en el marco de la ley de resiliencia, lo que debería otorgar mayor profundidad a ese mercado. Eso significa que los inversionistas están más dispuestos a tomar posiciones en Chile y, por lo tanto, exigen una menor prima por riesgo. Usted lo mencionó: la internacionalización del peso también va en esa línea, reduciendo los costos para que inversionistas que quieran tomar, entre comillas, posiciones en Chile lo puedan hacer y así darle mayor profundidad a este mercado. La relevancia de esto, como usted bien señala, es que este es el precio sobre el cual se estructuran los créditos hipotecarios y los bonos de largo plazo; por ello, contar con un mercado que funcione bien es fundamental. Respecto a la explicitud del mandato, efectivamente se trata de un mandato derivado de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos, pero acompañado de una serie de atribuciones que solo tienen sentido desde la perspectiva de la estabilidad financiera. El hecho de que el Banco Central pueda realizar operaciones de emergencia, otorgar facilidades de liquidez y su rol en la regulación bancaria sustentan la visión, adoptada hace años, de que tiene un mandato de estabilidad financiera. Creo que es un mandato compartido, especialmente con una autoridad autónoma como la CMF, con el peso que ha ido tomando. Es claro que este es un rol donde el Banco Central y la CMF deben actuar coordinadamente. Además, Chile ha sido sistemático en reforzar la institucionalidad financiera: de a poco pasamos de contar con un Consejo de Estabilidad Financiera que vivía dentro del Ministerio de Hacienda a una entidad creada por ley, que genera el marco de coordinación entre la CMF y el Banco Central en materias de estabilidad financiera, y que también trae a la mesa al Ministro de Hacienda y a la Superintendencia de Pensiones. Cada uno, desde su mandato, puede discutir temas como los que usted mencionaba, detectar eventuales riesgos e incubación de vulnerabilidades y abordarlos dentro del marco de sus competencias. Yo creo, Señora Presidenta, que este esquema está bien como está, ha funcionado y se ha ido reforzando en dimensiones complementarias. Respecto a la implementación de Basilea, efectivamente este es el año en el cual se cierra su puesta en marcha. Basilea contempla, entre otras cosas, el colchón contracíclico, que eventualmente permite evitar la incubación de riesgos o dar una respuesta más rápida ante eventos como el COVID, si es que hay que liberarlo. Dos reflexiones: uno, el Banco Central ha venido haciendo análisis en este tema. Hay una serie de antecedentes en los informes de estabilidad financiera para tratar de entender si la activación de este colchón contracíclico ha generado un freno al crédito. El análisis del Banco Central, que es serio, sugiere que no ha sido una traba hasta ahora. Eso no quiere decir —y lo mencioné en mi intervención— que no debamos seguir evaluando en el tiempo si efectivamente la regulación en general va cumpliendo sus objetivos y, de ser necesario, ajustar su calibración.

Creo que es particularmente importante señalar que parte del objetivo de avanzar hacia Basilea III fue adoptar un estándar internacional que permita que nuestro sector financiero cumpla con las mejores prácticas globales; por lo tanto, cualquier análisis debe venir de la mano con esa acción que se está dando a nivel global en este tema, señora Presidenta. Muchas gracias. No hay más preguntas, ¿no es cierto? Entonces, no se vota. No se vota, Presidenta; simplemente significa que cumple los requisitos. Queda en evidencia el reconocimiento y el respaldo al nombre propuesto por el Ejecutivo; agradecemos la forma en que se ha trabajado este tema y deseamos a don Kevin Cowan el mayor de los éxitos, por usted y por la institución y el país. Éxito también en la votación de la Sala. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores Senadores. Suspendemos por cinco segundos. Vamos entonces. Ministro, ¿cómo está usted? Muy bien. Si sacamos esto hoy día, van a ser treinta y siete despachos desde que yo presido. Para que vea: no es poco; le estoy ganando a mi antecesor. Ministro, tiene la palabra. Estamos esperando que nos den el pase para la presentación; sin embargo, quisiera anticipar algunos aspectos relevantes. Primero, este es un proyecto de ley que busca abordar de manera integral el tema de la convivencia, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas, bajo preceptos innovadores respecto de cómo se ha trabajado hasta la fecha. Lo primero es cambiar la conceptualización de “convivencia escolar” a “convivencia educativa”; es decir, entender que es un fenómeno asociado a los aprendizajes, que la convivencia misma es un aprendizaje y que, por lo tanto, conviene a la sociedad comenzar a trabajar estos valores desde la primera infancia, donde es posible anticipar y prevenir con mayor eficacia lo que ocurre en etapas posteriores. En segundo lugar, proponemos una mirada más integral del fenómeno, asumiendo su fuerte impacto también en el mundo laboral; por eso abordamos materias relativas al bienestar de trabajadores y trabajadoras, como el tratamiento de enfermedades profesionales, entre otras. Asimismo, desde la propia escuela, consideramos cómo enfrentar los fenómenos de relaciones entre las personas: nos detenemos en los protocolos, en su correcta aplicación, en las responsabilidades de los distintos actores de las comunidades educativas y en su abordaje desde una perspectiva de gestión colaborativa de conflictos, fortaleciendo las capacidades de los equipos y de las instituciones.

Las acciones reparatorias por violencia de terceros contra trabajadores siempre deben ir acompañadas de medidas formativas dirigidas a la comunidad, y se establece que la coordinación de procedimientos deberá considerarse o alinearse con la Ley 21.643 sobre acoso laboral. Asimismo, se incorpora una disposición sobre el uso de recursos tecnológicos vinculados a la seguridad, tal como se explicó al inicio. En la siguiente lámina se expone el monitoreo por la Agencia de la Calidad de la Educación. Es fundamental entender que toda la evidencia indica que una comunidad educativa con mejor convivencia, con mejores indicadores de convivencia, viabiliza de mejor manera los aprendizajes. Hay una alta correlación entre bienestar de las comunidades y aprendizajes; eso lo asumimos hace mucho tiempo y, de hecho, el SIMCE contiene una herramienta que se llama Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), una encuesta que se aplica a estudiantes, a la comunidad educativa y a las familias. Hemos constatado que, mientras más altos son los IDPS, también más altos son los resultados en las pruebas de conocimiento asociadas al SIMCE, como Lenguaje y Matemática. Por eso es importante fortalecer la capacidad de la Agencia de la Calidad de la Educación, aprovechando la institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, para contar con un sistema de monitoreo de la convivencia educativa, compuesto por un subsistema de gestión y otro de toma de decisiones para las políticas públicas, y ampliar sus atribuciones para requerir información a cualquier órgano de la Administración del Estado relacionado con la política nacional de convivencia. Además, como se mencionó, se precisa la gestión colaborativa de conflictos que realizará la Superintendencia de Educación, estableciendo que no se ofrezcan dichos mecanismos cuando su aplicación pueda generar vulneración de derechos fundamentales de alguna de las partes. Aquí es muy importante, Presidenta, entender que estamos haciendo jugar un rol a todo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el quehacer de la convivencia, responsabilizando a todos de una parte del proceso: el Ministerio de Educación, como órgano rector del sistema normativo; la Agencia de la Calidad, monitoreando y vinculando esto a los resultados de aprendizaje; y la Superintendencia, no solo fiscalizando y sancionando, sino que incorporando una dimensión nueva, la gestión colaborativa de conflictos, que genera capacidades en las comunidades educativas para resolver sus problemas y, al mismo tiempo, evita sobresancionar y multar, medidas que habitualmente se toman y que no han tenido buenos resultados. De hecho, en los últimos años ha crecido exponencialmente la cantidad de niños expulsados y con cancelación de matrícula respecto de lo ocurrido hasta 2018, sin efectos positivos en la mejora de las condiciones de convivencia; por el contrario, lo que hemos visto es un empeoramiento. No estoy diciendo que expulsar a los niños traiga consigo más violencia; lo que señalo es que esa medida por sí sola no está funcionando ni siendo efectiva. Asimismo, estamos estableciendo la coordinación interinstitucional, ajustando las redacciones sobre el rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en ámbitos como la anticipación, detección, prevención y atención de factores de riesgo sociodelictivo en estudiantes; la promoción de acciones que eviten hechos violentos; y la cooperación en la implementación de recursos tecnológicos. También se especifica el rol del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la protección de derechos laborales y la evaluación de riesgos psicosociales de los trabajadores y trabajadoras de la educación, en un contexto de pérdida de autoridad pedagógica y abandono del sistema por parte de profesionales, con la consiguiente falta de personal. Por otro lado, se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que las municipalidades incluyan en sus planes de seguridad medidas de prevención y resguardo de la seguridad de los establecimientos educacionales en su entorno, así como la coordinación interinstitucional para la prevención y detección de conductas de estudiantes con riesgo sociodelictual. Es decir, establecemos no solo una coordinación al interior del sistema educativo —donde el Ministerio de Educación tiene un rol, la Agencia de la Calidad otro y la Superintendencia otro—, sino que además nos coordinamos con otros ministerios, como Trabajo e Interior y Seguridad Pública, y con los gobiernos subnacionales, porque la coordinación con las municipalidades es crítica. Ustedes han visto las discusiones de los últimos tiempos sobre el Instituto Nacional y las críticas que van y vienen con la Municipalidad de Santiago, que poco contribuyen a abordar el problema de fondo. Justamente esto institucionaliza una relación entre quienes se articulan en el sistema y quienes sostienen los establecimientos educacionales.

En estricto rigor, los establecimientos educacionales se dotan de atribuciones a través de esta coordinación para poder actuar de manera oportuna. Además, se contemplan los derechos y el bienestar de los trabajadores, los protocolos y procedimientos de los empleadores y la calificación de enfermedades profesionales de salud mental. Respecto de algunas disposiciones transitorias, está la homologación de los coordinadores de convivencia, toda vez que hoy lo que existen son encargados o encargadas de convivencia, no coordinadores de un área. Y los encargados de convivencia muchas veces no tienen horas disponibles para ejercer el rol, sino que son profesores, profesoras u otros asistentes de la educación, que desempeñan esa función sin contar con tiempo asignado para ello y en condiciones muy disímiles entre establecimientos. Por lo tanto, aquí hay un proceso de homologación de responsabilidades y una transición para que eso ocurra. También hay una transición para desarrollar un estudio sobre enfermedades profesionales de salud mental que estaría a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), para lo cual hay recursos asociados; eso lo veremos más adelante al tratar el informe financiero. Asimismo, se fija el plazo para dictar el reglamento sobre recursos tecnológicos, es decir, cómo se aplicarán, en este caso, pórticos, cámaras u otros dispositivos al interior de los establecimientos educacionales. Y se establece el plazo para la actualización de los reglamentos internos, reiterando la obligación de actualizarlos y adecuarlos durante el año escolar siguiente a la publicación de la ley. Hay normas con incidencia presupuestaria, Presidenta, y aquí ya entramos en el ámbito que compete a la Comisión, donde podemos identificar cuatro grupos. Primero, el sistema de monitoreo, que estaría en manos de la Agencia de la Calidad, como expliqué anteriormente. Segundo, el área de gestión colaborativa de conflictos a cargo de la Superintendencia de Educación, que también tiene impacto presupuestario. Tercero, la norma técnica de la SUSESO respecto de los estudios sobre enfermedad mental en el mundo de los trabajadores, un estudio bastante acotado que no implica una gran cantidad de recursos y constituye un gasto por una única vez. Y, cuarto, el programa de bienestar socioemocional, que radicaríamos en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), toda vez que allí se concentran las capacidades técnicas. Para desarrollar esto se crea una nueva división dentro de la Junaeb, que deberá construir no solo sistemas de adquisición de servicios que se desplegarán en las escuelas, sino también coordinar la política nacional respecto del bienestar socioemocional. Estas normas no solo responden a nuevas funciones, sino que buscan fortalecer capacidades esenciales para implementar este proyecto de ley de manera efectiva, reconociendo que la convivencia requiere herramientas técnicas, monitoreo continuo, mecanismos colaborativos de resolución de conflictos y bienestar socioemocional. Sobre el monitoreo de la Agencia de la Calidad, la idea es que diseñe, implemente y aplique un sistema de monitoreo de convivencia educativa, compuesto por un subsistema de gestión y otro de toma de decisiones para política pública, ampliando las atribuciones de la Agencia para requerir información, como señalé, a cualquier órgano del Estado. El costo de esta iniciativa está en el informe financiero, actualizado a pesos de 2025. Esto no alcanzó a incorporarse en la presentación impresa que ustedes tienen; llegó el nuevo informe financiero actualizado y refundido, que además unificó todos los informes anteriores. De modo que el dato que observan en la versión impresa no coincide exactamente con la presentación que actualizamos esta mañana. El mayor gasto implica 392 millones de pesos en régimen: 38 millones en remuneraciones de personal; además, servicios de consumo del personal, adquisición de activos no financieros y, especialmente, la elaboración de los instrumentos de medición, que es la parte más costosa: 350 millones, correspondientes al diseño de instrumentos que luego tienen aplicación nacional. Se contrata algo de personal porque hay que elaborar técnicamente estas herramientas y desplegar su aplicación. Esencialmente, estamos utilizando la misma capacidad que tiene actualmente la Agencia. El costo está vinculado principalmente a la elaboración e implementación del instrumento de medición. Luego, sobre la gestión colaborativa de la Superintendencia de Educación: la Superintendencia incorporará mecanismos de gestión colaborativa de conflictos, como mediación, conciliación y facilitación, cuando sean solicitados por la comunidad educativa. Nos hemos dado cuenta de que se pasa muy rápido de la denuncia a la multa y a la judicialización de casos que muchas veces ocurren en las escuelas. Esto implica un alto costo para los sostenedores y, sobre todo, genera tensiones en las relaciones humanas al interior de las comunidades educativas.

Esto implica una resolución oportuna de los problemas; de lo contrario, estos terminan de la peor forma, con sentencias judiciales largas, costosas y traumáticas. Entonces, lo que se busca es anticiparnos y establecer un abordaje diferente antes de llegar a soluciones más terminales. A petición de la comunidad educativa y de oficio de la Superintendencia de Educación, a través de funcionarios capacitados para este fin, se aplicarán mecanismos de mediación, conciliación, arbitraje y facilitación, entre otros, con el objeto de encontrar soluciones colaborativas a los distintos conflictos. Los objetivos son atender el conflicto antes de que escale, evitar la judicialización y sus costos asociados, fomentar en la comunidad una cultura de resolución pacífica y potenciar el desarrollo de habilidades para la vida y de comunidades organizadas y respetuosas. El costo de esta iniciativa considera la contratación de 24 profesionales, grado 15, tres de los cuales se desempeñarán en las oficinas centrales de la Superintendencia y el resto se distribuirá en las distintas regiones del país para constituir estos equipos. Estos profesionales reforzarán la gestión colaborativa de conflictos en el marco de las facultades otorgadas a la Superintendencia. El gasto total en régimen es de 722 millones de pesos, considerando remuneraciones del personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros; para el año 1 será levemente superior, llegando a 764 millones de pesos. Por otro lado, está la norma técnica de la SUSESO, de carácter general, que entregará directrices específicas para determinar los riesgos derivados de las condiciones y modalidades del sector. La Superintendencia de la Seguridad Social dispondrá de un marco referencial para la correcta identificación de factores de riesgo, a través del instrumento técnico para la aplicación del estudio de puestos de trabajo en profesionales de la educación sujetos a la presente ley, tanto asistentes de la educación como docentes. El costo de elaborar este estudio por parte de la SUSESO, que define criterios y procedimientos estandarizados, será de 45 millones de pesos, un monto acotado y por una única vez. En cuanto al componente más robusto en términos de costos, el programa de bienestar socioemocional, Presidenta, estará dirigido a estudiantes desde tercero básico a tercero medio. ¿Por qué no antes? Porque en los primeros años están en la etapa de apropiación de conocimientos fundacionales de los procesos educativos: aprendizaje de la lectoescritura y de la matemática. Inicialmente hablé de “mundo preescolar”; me autocorrijo: me refiero a la etapa de educación inicial, en la que los estudiantes transitan desde la educación inicial a la escolar, adquiriendo estos conocimientos básicos. Por eso el foco es desde tercero básico hasta tercero medio, pues en cuarto medio los estudiantes están concentrados en egresar de la enseñanza media, pensar en su futuro, prepararse para rendir la PAES; están en otro momento, incluso suelen terminar antes el año escolar. Este programa se pondrá a disposición de los sostenedores que perciban subvención del Estado, tanto públicos como privados, conforme a lo dispuesto en la Ley de Subvenciones, DFL N° 2 de 1998, así como de aquellos establecimientos educacionales regidos por el Decreto N° 3.166, es decir, los de administración delegada, como el Industrial de San Fernando, que visitamos en alguna ocasión con el senador Macaya. Su implementación será voluntaria para estos establecimientos; sin embargo, busca posicionarse como una herramienta estratégica para el desarrollo formativo. El programa considera la ejecución de talleres deportivos, culturales, científicos o afines, impartidos exclusivamente por entidades sin fines de lucro. Estas actividades serán de libre elección; el tipo de acción será definido por las propias comunidades educativas, promoviendo la autonomía de los estudiantes y la pertenencia territorial y cultural. Y aquí me quiero detener, Presidenta, porque es importante reforzar que el objetivo es devolverle el sentido original a la Jornada Escolar Completa. Una jornada que cumplió un papel muy relevante cuando se concibió, pero que rápidamente terminó convirtiéndose en más horas para enseñar lectura y matemática, con la estrechez curricular asociada a ello, toda vez que aumentaron exponencialmente las horas de matemática y lenguaje, reduciendo otras áreas del currículum. Esto ha generado, a nuestro juicio —y es parte de la reflexión que hemos tenido con el senador Kast y con los equipos que han trabajado en esta línea—, una baja satisfacción de los jóvenes cuando van a la escuela. Hay una desafección del estudiante hacia la cultura escolar y lo que la escuela significa. Ya hemos visto cómo se ha aplicado esto en el pilotaje que definimos en la Ley de Presupuestos 2025, y la verdad es que uno ve...