Senado - Seguridad Pública - 9 de diciembre de 2025

Bien, vamos a dar inicio entonces a la tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Chahuán, señora Aravena, señores Galilea, Huenchumilla. que modifica la ley 18.290 de Tránsito, con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica tratándose de las placas patentes de vehículos de las fuerzas de orden y seguridad. Boletín 16.804-15, y en el segundo lugar de la tabla está continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciada en moción de los honorables senadores señoras Núñez, Salavena, Durana y Osandón, que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra personal de Gendarmería de Chile o de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, Boletín 17.524-25. Quiero saludar al señor Francisco Chaguán, quien es posicionante del primer proyecto, y además saludar también al subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, quien viene acompañado de su equipo de gestión para el segundo punto de la tabla. Señor secretario, una relación en relación al primer proyecto que se refiere a la modificación de la ley 18.290 de tránsito. Gracias.

El proyecto modifica la Ley de Tránsito con el objeto de exceptuar de la obligación de informar que indica, tratándose de las placas patentes de vehículos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Sus autores son los Honorables Senadores señor Chahuán, señora Aravena, y señores Galilea, Kuschel y Pugh. Esta iniciativa inició su trámite en el Senado el 7 de mayo de 2024 y fue remitida en primer lugar a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Luego, por acuerdo de dicha Comisión, la Sala del Senado acordó enviarla para conocimiento de la Comisión de Seguridad Pública el día 19 de noviembre del presente año. Actualmente se encuentra sin urgencia. Es una iniciativa de artículo único que, conforme al artículo 121 del Reglamento, puede, si la Comisión así lo estima, ser tratada en general y en particular. Al inicio de este proyecto se había invitado a uno de sus autores, que nos acompaña, y también al Ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, quien se excusó por temas de agenda. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán. Gracias, Presidente, miembros de la Comisión, representantes del Ejecutivo. Este proyecto de ley busca responder a una inquietud de las Fuerzas de Orden y Seguridad, particularmente de la PDI y de Carabineros de Chile. En labores encubiertas, debían utilizar vehículos cuyas placas estaban registradas a nombre de la PDI o de Carabineros, lo que generaba un problema: las bandas de crimen organizado y narcotráfico, ante un vehículo sospechoso que pudiera estar en seguimiento o en las cercanías de un lugar donde pretendían cometer un delito, consultaban en línea la información del Registro Civil y comprobaban que el vehículo estaba inscrito a nombre de dichas instituciones. Por lo mismo, se nos planteó que, en aquellos casos en que se realizan acciones encubiertas —en las cuales los vehículos no portan distintivos institucionales—, era necesario asegurar que no pudieran ser pesquisados de ese modo. Antiguamente se arrendaban vehículos para estas labores, lo que aumentaba las probabilidades de éxito. El proyecto propone modificar el artículo 47 de la Ley de Tránsito, cuyo texto refundido está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en congruencia con el artículo 8° de la Carta Fundamental que exige transparencia, para establecer que las placas patentes de vehículos pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que no tengan distintivos institucionales no serán informadas a terceros. Esta excepción busca facilitar las acciones encubiertas y de seguimiento. Cabe recordar, además, que el artículo 2°, numeral 39, de la Ley de Tránsito define la placa patente como el dispositivo que permite individualizar el vehículo; el artículo 43 dispone que el Servicio de Registro Civil e Identificación debe custodiar en lugar seguro los documentos y antecedentes que fundamentan las inscripciones y anotaciones; el artículo 44 establece que se presumirá propietario del vehículo motorizado a la persona cuyo nombre figure inscrito en el registro, salvo prueba en contrario; y el artículo 47 regula la publicidad de dicha información. Ese es el sentido de la iniciativa.

La Administración deberá informar o certificar a quien lo solicite los hechos o actuaciones que consten en el Registro de Vehículos Motorizados. Lo que se propone, en virtud de esta norma, es establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, asociado al principio de transparencia, en el sentido de que, tratándose de vehículos de propiedad de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que no portan identificación institucional mediante logos o distintivos y que están destinados a labores de vigilancia encubierta, no pueden estar expuestas sus placas patentes al carácter público mediante su obtención a través de plataformas digitales, pues ello frustraría las labores operativas que dichos funcionarios ejecutan. Este proyecto fue solicitado por el Director General de la Policía de Investigaciones y el General Director de Carabineros de Chile. Gracias, senador Chahuán. Tiene la palabra el senador Moreira. Gracias, presidente. Por su intermedio, me parece que un proyecto de esta naturaleza es lógico. Si bien es importante que esté el Ejecutivo cuando se inicia la discusión, me gustaría que también estén la PDI y Carabineros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aquí se legisla y, en algunas comisiones, no se consulta a quienes van a usar estas herramientas. Por eso, solicito invitar al Director General de la PDI y al General Director de Carabineros de Chile. Es del todo pertinente invitarlos, para que puedan explicar cómo funciona, desde el punto de vista operativo, las acciones encubiertas y por qué han planteado la necesidad de legislar en esta dirección. Entonces, invitaremos a Carabineros, a la PDI y, por supuesto, al Ministro de Seguridad Pública. Me parece adecuado. Tiene la palabra el senador Pugh. Muchas gracias, presidente. Saludo al senador Chahuán. Soy uno de los mocionantes y creo que es importante ver este proyecto en todo su contexto. Una vez ingresada la moción y revisando antecedentes, detectamos dos aristas que no habíamos considerado. La primera, señor Presidente, es que la nueva ley de inteligencia ya no hablará de “operaciones encubiertas”, sino de “coberturas de operación”. Una cobertura de operación se ejecuta con otros medios, no necesariamente institucionales, pero que cuentan con una cobertura, vale decir, probablemente a través de una empresa que aporta los medios. La forma de operar la inteligencia prevé medidas para que esto se realice de esa manera. De ahí entra la Ley N° 20.000, que define a los agentes encubiertos y a los agentes reveladores, donde sí podrían usarse medios institucionales que estén registrados. Esa es la primera figura. Y esto es relevante porque, en la ley de inteligencia, debemos precisar de qué forma se hará la inteligencia y con qué medios. Pero lo más importante, señor Presidente, es que no nos estamos haciendo cargo del problema de fondo. Aquí viene la pregunta al Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Justicia: ¿por qué se debe permitir acceso a datos personales contenidos en una base de datos del Estado al resto de la población? Lo señalo porque el crimen organizado hoy usa toda la tecnología y datos que el Estado filtra para identificar personas. Pensemos en alguien de alto patrimonio que quiere pasar desapercibido y tiene un auto no ostentoso: igual lo pueden encontrar, porque cualquiera entra a una aplicación. ¿Quién autorizó a esa aplicación a filtrar datos del Estado? Tenemos un problema más grave: la posible vulneración de derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución, que protege los datos personales, mientras el Estado facilita la filtración de datos de las personas. No es un tema menor. La información sobre la propiedad de un vehículo puede usarse para ubicar a esas personas. ¿Quiénes deben tener acceso a esa información? Quienes lo necesitan para cumplir sus funciones: la policía y las autoridades competentes. Me gustaría escuchar al Ejecutivo y al Ministerio de Justicia sobre este punto.

La opinión del Ejecutivo respecto a esto: hoy la obligación implica tener un portal de acceso libre, sin ningún control, en el que se pueda saber quién es quién. Ese es el problema de fondo, que podemos perfectamente abordar buscando la mejor forma para lo que señala la moción. Pero, tal como hoy se accede a los datos y considerando el uso indebido que personas podrían hacer de ellos, se genera un problema. Esa es la consulta del Ejecutivo, señor Presidente. Gracias. Señor Presidente, yo quiero entender con mayor detalle la moción. Entendiendo lo loable o bien intencionada que es, me parece que está en un formato extremadamente genérico y, por lo tanto, carece de contornos. ¿En qué sentido? Por un lado, debemos conjugar dos derechos constitucionales: la privacidad de los datos de las personas y, por otro, la actuación con transparencia por parte del Estado; la plena transparencia del accionar estatal. Esos dos temas entran en colisión con una moción de este tipo. Por eso, para mí le faltan precisiones y, en lo mismo, me sumo a la solicitud del senador Moreira: me gustaría que no solo estuviera el Ejecutivo, sino también los representantes de quienes pretende beneficiar la moción, particularmente la Policía de Investigaciones y, eventualmente, también Carabineros. A mí me pasa algo; voy a hablar desde el sentido común, no soy experta en inteligencia. Si usted estipula por ley que se negará el dato a un tercero respecto de todo lo que pueda derivarse de una placa patente, ergo, cualquiera que consulte y no encuentre nada podría concluir: “ah, este es un agente encubierto”. ¿Me explico? Desde ese punto de vista, encuentro que la moción está poco pulcra; le falta algo que sea efectivamente operativo, que resguarde lo que debe resguardarse y que, a la vez, mantenga transparencia en lo que corresponda, para no terminar generando efectos indeseados. Además, quiero distinguir algo: ¿queremos realmente proteger a quienes están realizando labores contra el crimen organizado, o queremos proteger —y lo digo porque no me pareció el mejor ejemplo el que dio el senador Pugh— a alguien que tiene un alto patrimonio? Creo que lo segundo es materia de datos personales y debería estar cubierto por esa normativa; acá estamos viendo otra cosa. Si queremos hacernos cargo de por qué el retail tiene acceso a tantos de nuestros datos y nos llaman para ofrecernos cincuenta cosas que no necesitamos, perfecto, pero eso es para otro proyecto de ley; entiendo que no es la idea matriz de esta moción. Instalo estas inquietudes precisamente para reforzar la idea, señor Presidente, de poder dar este debate —entendiendo que es el inicio de la discusión— con la presencia del Ejecutivo y de los representantes de las policías, por favor. Señor Presidente, más allá de la moción, quería mencionar que el jefe de la Policía de Investigaciones destinado al Congreso Nacional falleció estos días. Estuvimos acompañando, junto con el senador Pugh, su funeral. Sería pertinente que la Comisión de Seguridad enviara una comunicación a la PDI en ese contexto, o pedir un minuto de silencio hoy en la Sala del Senado. —Sí, lo vamos a pedir. No era más que eso, señor Presidente. Yo coincido con usted en que deben escucharse a las policías y al ministro. Más allá de que el texto ya haya sido revisado por los equipos de las dos policías de orden y seguridad, si quisieran agregar o mejorar la redacción, estamos abiertos. Este es un tema de absoluta urgencia para las policías. Gracias, señor Presidente. —Muchas gracias, senador Chahuán. Senador Pugh. Gracias, señor Presidente. Tal vez no fui suficientemente amplio en señalar los riesgos que puede tener el que cualquiera…

Parto por lo primero: el acceso a información personal. Los secuestros, incluidos los secuestros exprés, no son al azar; saber dónde va la persona, qué auto utiliza y quiénes van en el vehículo es información crítica. También está la seguridad de los propios funcionarios y de nosotros mismos: basta con identificar en qué auto vamos para que se diga “busquen ese”, o para que se rastreen otros vehículos similares que podrían ser usados con fines institucionales. Hay muchas combinaciones que muestran que debemos proteger algo más que el simple vehículo institucional. Lo que pido es que, entendiendo que la idea matriz del proyecto es muy clara y necesaria, nos hagamos cargo del problema completo. En Chile, cuando iniciamos las leyes, a menudo no se considera debidamente la protección de los datos personales; y la placa patente puede incluso constituir un dato sensible, si uno lo escala. Debemos abordar los vehículos institucionales de todos los organismos, no solo de las policías; yo incluiría también a la Agencia Nacional de Inteligencia, porque se les van a otorgar capacidades en la nueva ley. Señora Presidenta, respecto del segundo punto que planteó el senador Chahuán: sí, señora, la ANI va a tener agentes; ese es un tema que le otorga capacidades. Y, en cuanto a la solicitud del senador Chahuán de rendir un homenaje al subcomisario Rodrigo Carreño Rodríguez, por los cuatro años de servicio que estuvo con nosotros aquí —con quien conversábamos muchos de estos temas—, si usted lo estima, además de una carta de condolencias, podríamos disponer hoy un minuto de silencio y, en su momento, rendir un homenaje a su familia en este lugar. Creo que, con el tiempo, eso podría ayudar. Gracias, señora Presidenta. Para cerrar el punto: este es un proyecto de artículo único; por lo tanto, podríamos votarlo en general y en particular y despacharlo a la Sala. Si se quiere ampliar, eso traerá situaciones más complejas. Someto a consideración que, dada la importancia del proyecto, lo votemos en general y en particular, y que, paralelamente, se siga analizando la ley de inteligencia, salvo que abramos un período de indicaciones. Por ahora, acordemos invitar para la próxima semana a los jefes máximos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros; allí evaluamos una nueva solicitud si se quisiera oficiar. ¿O abrimos indicaciones, senador Moreira? —No. Con lo que se ha pedido, también sugeriría consultar a la Agencia Nacional de Inteligencia; no sé si tiene o no tiene agentes. Habría que preguntarles si les parece que venga algún representante, porque pueden tener una lógica distinta a Carabineros e Investigaciones y quizá esta misma ley podría perjudicarles. Como es materia de inteligencia, está bien aprobar un proyecto de esta naturaleza, pero vamos piano piano; no se trata de equivocarnos, sino de que esto sea favorable y beneficioso para las instituciones que realizan inteligencia. También se podría remitir un oficio consultándoles. Yo los invitaría. Entonces, para la próxima semana se reitera la invitación al señor Ministro de Seguridad Pública, a los directores generales tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile, y a la Agencia Nacional de Inteligencia. Y ahí se resuelve cómo seguimos. ¿Le parece? Bien. Ah, y en relación con el trágico accidente que cobró la vida del jefe de la Brigada Congreso de la Policía de Investigaciones, agradeceré a la Secretaría poder redactar las condolencias, como Comisión de Seguridad Pública, para que sean enviadas a la familia.

Vamos al minuto de silencio que se solicitará al inicio de la sesión de Sala. Quiero informar también del sensible fallecimiento de un periodista que fue presidente del Congreso de los Medios de Comunicación desde 1990 hasta 2004. Se llamaba José Manríquez Contreras, “Pepe” Manríquez, quien trabajó junto a Germán Gamonal y era de Radio Chilena. Él falleció en Arica. Pasamos al segundo punto de la tabla. Presidente, creo que estamos haciendo lo correcto en dejar constancia de esto. Considerando que estamos invitando a distintas autoridades, yo invitaría también al Ministerio Público, pues se trata de una materia que puede afectar investigaciones que ellos lideran. Sería importante que estén en conocimiento y participen, para que tengamos a todos los actores presentes. Muchas gracias. Está más lúcido usted después del día de su cumpleaños. Bien, entonces pasamos al segundo lugar de la tabla. Saludamos nuevamente al Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, y a quienes lo acompañan: la asesora del Subsecretario, señora Gabriela Peña; el asesor legislativo, don Rafael Ferrada; y la abogada de la División Jurídica, señora María Florencia Draper. Si están todos, se les invita a pasar a la mesa para cualquier consulta que sea necesaria en el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante cometer el delito contra el personal de Gendarmería de Chile o de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Es el Boletín N° 17.524-25. Estamos viendo este proyecto justamente cuando se han producido hechos de amenazas a dos funcionarios de la ex Penitenciaría, a quienes se les han hecho llegar coronas de flores, lo que refuerza el sentido de oportunidad de esta iniciativa. Señor Secretario, la relación del proyecto, para luego darle la palabra al señor Subsecretario de Justicia. Gracias, Presidente. Este proyecto ya había tenido dos sesiones por parte de la Comisión. Se encuentra en primer trámite constitucional. Es una moción de los Honorables Senadores señora Núñez y señores Durana y Ossandón, a la que posteriormente adhirió también la Senadora Aravena. Inició su tramitación el 13 de mayo de 2025 y fue remitido para su conocimiento a esta Comisión. La iniciativa ha sido tratada por la Comisión en dos sesiones, el 10 de junio y el 1 de julio, hasta ese momento sin asistencia de autoridades del Ejecutivo, y actualmente se encuentra sin urgencia legislativa. En la moción, los autores señalan que se propone crear una nueva agravante general que garantice la certeza jurídica al personal de Gendarmería de Chile, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Con ese fin, proponen incorporar un numeral vigésimo quinto nuevo como agravante al artículo 12 del Código Penal, que consistiría en cometer el delito en contra del personal de Gendarmería de Chile, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y servicios bajo su dependencia, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Los autores fundan su iniciativa en que, en los últimos años, se ha constatado una preocupante pérdida de respeto hacia la autoridad legítimamente constituida y, en particular, hacia los abnegados integrantes de Carabineros de Chile, recordando el brutal asesinato de carabineros en la madrugada del 27 de abril de 2020.