Cámara de Diputados - Gobierno Interior - 9 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 226 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 227 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Muy buenas tardes, señor Secretario. Señor Secretario, tiene la palabra para dar lectura de la cuenta. Buenas tardes, Presidenta. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos: En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y otros cuerpos normativos que indica. En segundo lugar, un oficio del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, mediante el cual responde a una solicitud de esta Comisión en orden de informar sobre la remuneración mensual que recibe la integrante del directorio de ENAP, señora Laura Albornoz. En tercer término, un oficio de la alcaldesa subrogante de la Municipalidad de Nancagua, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, en orden de informar sobre los gastos realizados con cargo a los ingresos del royalty minero en los años 2024-2025. En cuarto lugar, una carta de la exdirectora regional de Sernatur Maule, señora Rosa Romero Delgado, a través de la cual remite, para conocimiento de la Comisión, antecedentes respecto de graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad que habrían ocurrido en Sernatur y en el Ministerio de Economía, y solicita investigar los hechos que denuncia, incluyendo, si la Comisión lo tiene a bien, que se la invite a exponer sobre el caso. En quinto lugar, un correo electrónico de don Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, mediante el cual comunica que, debido a un compromiso impostergable en Santiago, no podrá asistir a esta sesión, a la cual había sido invitado para exponer sobre el proyecto de ley de participación ciudadana. En sexto lugar, un correo electrónico del señor Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, en el que informa que, por tener también una actividad programada con motivo del Día Mundial de la Anticorrupción, no puede participar en esta sesión. Por otra parte, se recibió un reemplazo del diputado don Benjamín Moreno por don José Carlos Meza y un pareo del diputado Benjamín Moreno con la diputada Camila Musante. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado, palabras.

Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero hacer ver una situación que ya se está volviendo costumbre en un territorio insular como la isla Mocha, en la región del Biobío. Estimamos que hay una política del Gobierno que afecta no solo a los traslados y evacuaciones aeromédicas, sino también a muchos otros servicios que operan en territorios insulares, evidenciando una inequidad territorial. Por eso lo traigo a colación ante esta comisión, que aborda materias de descentralización. Hay personas que han sufrido accidentes graves en la isla Mocha y, lamentablemente, no cuentan con traslado aéreo para ser atendidas, porque se señala que los costos no estarían cubiertos por los servicios de salud. Estamos exponiendo la vida y la dignidad de las personas; esto es cada día más complejo. El día sábado, una mujer tuvo un accidente: cayó desde un roquerío, de aproximadamente cuatro metros, y pidió auxilio. No llegó ningún medio porque se dijo que no estaban disponibles, y se la debió evacuar en lancha a las 7 de la mañana del día siguiente, con traumatismo craneano y fracturas. Hoy, lo único que responde es la prensa, ante las denuncias que se hacen a través de medios nacionales, para visibilizar esto. Como representante del Distrito 21, también de la comuna de Lebu, capital provincial, reclamo ante el Ministerio de Salud esta indolencia y la falta de una respuesta coordinada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y solicito oficiar, a nombre de esta comisión, a ambos ministerios, porque lo que se vive en esta isla se puede estar replicando en otros territorios insulares. Sabemos que algunos parlamentarios aquí —y está presente también el diputado Bórquez— han tenido que exigir ambulancias; esto es una realidad en nuestro país. Por ello, me gustaría que esta comisión oficie también al Ministerio del Interior, a fin de que se dispongan los recursos y mecanismos necesarios, porque la alcaldesa de Lebu señala que no se tuvo o no se pudo aplicar un protocolo. Entonces, ¿de qué protocolo hablamos? ¿De salud? ¿De transporte? ¿A quién le corresponde? Hoy la gente no tiene dónde reclamar y, mientras tanto, lamentamos vidas. Como autoridad, una siente indignación y rabia ante esta situación de injusticia social. Solicito que podamos suscribir estos tres oficios y que, de existir responsabilidades, se asuman. Muchas gracias, diputada Joanna Pérez. Pido el acuerdo de la comisión para enviar los tres oficios. ¿Hay acuerdo? Se toma el acuerdo, diputada. Sí, diputada Pérez, tiene la palabra. En otra materia. En distintos medios —y esta comisión sabe que siempre hemos hecho seguimiento al proceso electoral y a los cambios legislativos—, hoy hemos asumido un cambio importante: el voto obligatorio, medida que hemos respaldado. Pero esto no va solo; debe ir acompañado de educación cívica, de voto informado y de campañas de difusión. Por algo hoy tuvimos tanto voto nulo y abstención. Tenemos un desafío. Me gustaría que pudiéramos oficiar al Ministerio de Educación para que informe de qué forma se está impartiendo la educación cívica desde la reforma de 2015, porque, si bien aquí se han dicho maravillas, todos sabemos que el sistema educativo ya no contempla las mismas horas de hace 15 o 20 años y es bastante sui generis. Me gustaría que hiciéramos seguimiento como comisión y que, una vez que pase esta segunda vuelta, Presidente, usted pueda disponer, con el debido tiempo, la comparecencia de las autoridades, para no estresar al servicio, y que den cuenta, porque se ha difundido mucha información falsa: que habría fraude, que las mesas están descuadradas. Eso no le hace bien a la democracia, al país ni a nuestras instituciones. Por ello, es conveniente que vengan las autoridades del SERVEL a esclarecer estos puntos y, por cierto, también la autoridad del Ministerio de Educación para informar cómo está operando y cómo operará, a partir de 2026, la educación cívica en cada nivel.

También se señala en la ley. Gracias. Se solicita el acuerdo para enviar esos oficios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se toma el acuerdo. Ofrezco la palabra al diputado Becker. Diputado Becker tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a los diputados de la mesa, al equipo de asesores que nos acompaña y a la secretaría, por supuesto. En el segundo punto de la tabla, a propósito de la discusión o el llamado a votar en relación a la modificación de la Ley N° 20.500, las personas que estaban por exponer no se presentarán. Solicito, si hay acuerdo unánime, prorrogar la votación. Tengo entendido que se requiere unanimidad para ello, presidente. Por mi parte, no otorgo la unanimidad, porque se hizo el llamado en esta comisión para votar hoy día. Si esas personas no pueden venir, lo siento mucho. Lamentablemente ya hemos tenido muchas personas en esa situación y hay invitados que van a exponer también. Así que se va a votar hoy día. Diputado Moreno, tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. ¿Ese fue un acuerdo que se tomó o simplemente la citación? No fue un acuerdo; fue la citación. ¿Hay palabras en Varios? No habiendo, pasamos al Orden del Día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, la participación del Director General de la PDI. Sin embargo, me han solicitado cambiar el orden, porque debe estar en el Senado por un lamentable hecho. Quiero pedir, además, un minuto de silencio por don Rodrigo Carreño, quien lamentablemente falleció en un trágico accidente. Guardemos un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Nuestras condolencias a su familia y a la PDI. Entonces, cambiado el orden de la tabla, pasamos al punto 2. Contamos con la presencia del presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil (CHILECOSOC), señor Daniel Oyarzún, a quien agradecemos su asistencia, para ver la discusión en general del proyecto de ley, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “simple”, que modifica la Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y otros cuerpos normativos que indica (Boletín N° 17.797-06). Este mensaje tiene vencimiento de la urgencia el 2 de enero. Tiene la palabra, don Daniel Oyarzún.

Quienes me precedieron en esta misma comisión, entre ellos Gonzalo de la Maza y un académico de la Universidad San Sebastián, precisaron algunos elementos puntuales en los cuales habría que profundizar respecto de los principios establecidos en el proyecto de ley. Creemos que hay aspectos importantes de destacar, presentes en buena parte de las áreas que han sido materia de discusión tanto en el diagnóstico de la Ley N° 20.500 realizado los años 2016 y 2017, como en el diagnóstico efectuado los años 2023 y 2024 a través del programa “Hablemos de Participación”, lanzado por la División de Organizaciones Sociales. En esa línea, me referiré a algunas conclusiones que surgieron de las reuniones de consejeros en el país, no solo a nivel comunal, sino también regional. Recordemos que hoy todas las regiones cuentan con consejos de la sociedad civil; se han instalado como COSOC en las dieciséis regiones. Prácticamente cuatrocientas organizaciones a nivel nacional son miembros de estos consejos. Hay consejos muy grandes, como el de la Región del Biobío, que tiene 52 miembros, y otros mucho más pequeños, como el de Tarapacá, que tiene 9. En general, existe una gran diversidad de organizaciones presentes en los consejos regionales. Ahora bien, nos parece indispensable una mirada más general y holística. Si la participación ciudadana es un deber ser del trabajo de la ciudadanía organizada en la gestión pública, entonces, considerando la lógica de la participación que surge en los COSOC comunales, que escala a los COSOC regionales y que culmina en los COSOC sectoriales en ministerios, servicios y subsecretarías, el proyecto de ley debiera reflejar un mayor enganche y articulación del trabajo de los COSOC. Sería deseable que los consejos desarrollaran una relación más fluida con su contraparte de nivel superior: los comunales con los regionales y estos con el nivel nacional. Ello permitiría que el diseño de las políticas públicas y la detección de problemáticas territoriales fueran más claros y precisos, favoreciendo una mejor ejecución. Recordemos también que el proceso en curso en Chile llevará a que los órganos del Estado, incluidas las seremis en las regiones, cuenten con sus propios consejos. Por lo tanto, si todos los COSOC comunales, regionales y los de la Administración del Estado se conforman, estaríamos hablando de que prácticamente un 10% de las organizaciones sociales del país —aproximadamente 20.000 organizaciones— integrarán algún Consejo de la Sociedad Civil en alguna parte del territorio. Por eso, señor Presidente, existe el deseo de que, si este proyecto fuera aprobado en su discusión general y pasara a la Sala, en la discusión específica se considere esta realidad ya instalada en el país. Asimismo, sobre materias que nuestros COSOC han planteado —algunas ya escuchadas y otras más novedosas—, sería muy conveniente armonizar este proyecto con el que actualmente se tramita en la Comisión de Hacienda sobre corporaciones y fundaciones, surgido a propósito de la situación de los convenios, cuyo carácter y gravedad son de público conocimiento. Ese nuevo proyecto establece requisitos adicionales para corporaciones y fundaciones; sería importante evitar contradicciones entre ambas iniciativas. Finalmente, nos parece fundamental que la Ley N° 20.500 incorpore sanciones al incumplimiento, por parte de los funcionarios públicos, de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. En Chile, la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública, ha funcionado adecuadamente, entre otras razones, porque contempla sanciones para el funcionario que no otorgue acceso a la información pública. En el mismo sentido, si el proyecto que se apruebe contemplara la posibilidad de establecer sanciones explícitas al incumplimiento de los mecanismos de participación, se fortalecería de manera efectiva el ejercicio de este derecho y su implementación en la gestión pública.

Si se sancionara el incumplimiento por parte de un funcionario público, tendríamos la posibilidad cierta de lograr un cumplimiento más general de los mecanismos de participación establecidos en la ley. Les quiero contar que durante los últimos catorce años, entre 91 y 126 comunas, según el período —en 2013-2014 fueron 126— no han constituido su Consejo de la Sociedad Civil. No los constituyen los alcaldes. Hemos asistido a la Contraloría General de la República en diversas ocasiones, primero con Ramiro Mendoza, después con Jorge Bermúdez y ahora con la actual Contralora, y siempre se nos ha señalado: “sí, puedo señalarle al alcalde que está incumpliendo la ley, pero no tengo sanción que aplicarle; por lo tanto, no puedo obligarlo”. Por otra parte, algunos alcaldes se excusan indicando que han llamado a elecciones y no han llegado candidatos en todas las áreas para constituir los COSOC. Sin embargo, las áreas con mayor cantidad de postulantes suman, entre sus candidatos, la mayoría necesaria de un COSOC; por ende, igual pudiera funcionar, al contar con más del 50% de sus miembros. Por lo tanto, el establecimiento de sanciones por la no implementación de los mecanismos de participación ciudadana —tema ya expuesto en esta sala, señor Presidente— es una necesidad que los COSOC requieren que sea considerada. También es indispensable que en los presupuestos de los organismos de la Administración Pública, centralizados o descentralizados, se incluya una glosa presupuestaria para participación ciudadana, adaptada a necesidades específicas y que garantice igualdad de condiciones para participar a todos los ciudadanos. El actual proyecto de ley no es imperativo en este punto; dice: “podrán habilitarse recursos”, es decir, solo en caso de que los haya. Mire, estuve el fin de semana reunido con los COSOC de la provincia Cardenal Caro. Todas sus comunas —Navidad, La Estrella, Litueche, Marchigüe, Paredones y Pichilemu— tienen COSOC. Quisimos realizar una reunión conjunta entre los seis y nos vimos en dificultades porque, entre algunas comunas, ni siquiera hay buses rurales regulares para trasladar a la gente. Ahí los COSOC están integrados por dirigentes del mundo rural. Hubo que organizar todo un dispositivo para poder traer a los miembros del COSOC al lugar. Para nosotros es de tremenda importancia contar con un presupuesto y una glosa presupuestaria en las comunas que permita trasladar a los consejeros. Algunos, viviendo en sectores rurales, deben pernoctar en la cabecera comunal porque no pueden regresar hasta el día siguiente, cuando a primera hora sale el bus. No lo pueden hacer porque no hay recursos municipales para financiar estos gastos. Consideremos que en el país aún viven tres millones de ciudadanos en el mundo rural, y aquí hay representantes y legisladores que conocen esta realidad. Las autoridades superiores de cada servicio deberían asistir a las sesiones de los Consejos de la Sociedad Civil respectivos, siendo reemplazadas solo en casos excepcionales por la segunda autoridad jerárquica del servicio. Este ha sido un tema muy agudo en el mundo municipal; tiene menos problemática en la administración pública central y en los COSOC ministeriales y de las subsecretarías, pero a nivel de municipios cuesta mucho que los alcaldes asistan a las reuniones. No así a nivel regional: prácticamente todos los gobernadores regionales están participando en las reuniones de los COSOC de los gobiernos regionales, porque constituyen una fuerza viva y una organización relevante de todas las comunas. Por lo tanto, sería deseable que las autoridades no estuvieran condicionadas a asistir “a lo menos a dos reuniones”, como indica el proyecto de ley, sino a todas las que se efectúen del Consejo de la Sociedad Civil. La unificación de criterios también nos parece importante, señor Presidente: que el órgano se denomine “Consejo de la Sociedad Civil” o “Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil”, agregando la entidad a la que corresponda, de modo que exista una sola nomenclatura para los consejos en todos los niveles. Asimismo, que todas las organizaciones tengan como base jurídica de su constitución el Código Civil y, como normativa específica, la ley 20.500, la ley 20.285 y las demás que correspondan. Finalmente, que todas las organizaciones sean inscritas en el Registro Nacional.

El registro de personas jurídicas sin fines de lucro debe radicarse en el Servicio de Registro Civil e Identificación, o en el órgano que se proponga. El actual registro de personas jurídicas sin fines de lucro cuenta con un poco más de 353.000 organizaciones. Ignacio Irarrázabal, a quien escuché que no podrá estar presente, realizó en agosto de este año un levantamiento público —un “mapa de sociedad civil”— que arroja que existen cerca de 403.000 organizaciones, porque hay muchos registros que no están en el Registro Civil: cooperativas, gremios, algunas religiosas y otras del mundo indígena. Por lo tanto, sería deseable que todas las organizaciones pudieran incorporarse al Registro de Personas Jurídicas del Servicio de Registro Civil e Identificación, que dicho registro fuera público, abierto, transparente, de acceso universal, y que en él constaran los programas, proyectos y directorios de todas las organizaciones, cuestión que hemos conversado reiteradamente con el director del Servicio. Es deseable, asimismo, que todos los COSOC sesionen a lo menos una vez al mes. La dinámica propia del COSOC obliga a ello, y los consejeros esperan que así se apruebe, no bastando las cuatro reuniones anuales que fija la ley vigente. En el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento y en los consejos regionales debe establecerse un mecanismo de abstención en materias en que los consejeros sean incumbentes, para evitar la falta de postulantes a dichos consejos. La División de Organizaciones Sociales (DOS) ha señalado reiteradamente que no hay candidatos suficientes para completar los consejos regionales y el nacional, porque el consejero proveniente de la sociedad civil queda inhabilitado de presentar proyectos de su propia organización. Debiera existir un mecanismo de reemplazo o suplencia que le permita declararse inhabilitado, retirarse de la sesión o no participar en la votación correspondiente, sin perjuicio de mantener una adecuada dinámica de participación en los consejos del Fondo de Fortalecimiento. Los consejeros de todos los COSOC podrán tener un reemplazante de su misma organización. De a poco se ha ido asumiendo esa realidad, pero no era generalizada. En caso de incurrir en abandono por inasistencia del titular o del suplente, serán reemplazados por los candidatos presentados por la organización que les hayan seguido en la votación, por el período restante. Asimismo, debiera establecerse la obligación de adaptar justificadamente las disposiciones a las condiciones de comunas con gran superficie y escasa población, insulares o con preeminencia indígena. En Chile hay unas 30 comunas con menos de mil habitantes. En ese contexto, las organizaciones sociales son escasas: habrá una junta de vecinos y uno o dos clubes de adultos mayores. Lo ideal es adecuar los marcos legales para que igualmente pueda funcionar un COSOC y, si ello no es posible en una comuna, que los COSOC de comunas vecinas, con población similar, puedan coordinarse para potenciar el trabajo en más de una comuna. Es deseable también, estimados miembros de la Comisión de Gobierno, que los plebiscitos comunales en Chile comiencen a ejecutarse. Son una manifestación plena de la ciudadanía en torno a la democracia participativa. Es cierto que resultan costosos y se ha planteado contar con un fondo común para los municipios; sin embargo, sería más simple aprovechar los procesos electorales regulares —en los que elegimos a nuestras autoridades— para incorporar, cuando corresponda, plebiscitos de una comuna o de una región, fortaleciendo así una democracia más participativa. Respecto del Registro de Personas Jurídicas, señalé recién que hay unas 353.000 organizaciones, de las cuales cerca de 100.000 no estarían vigentes; hay inscripciones que datan desde 1888. En Chile, las organizaciones se extinguen por dos razones: por disolución acordada por sus socios o por sentencia judicial. En consecuencia, mientras no ocurra alguna de esas causales, seguirán figurando vigentes. Por ello, es deseable establecer una norma expresa que permita declarar la disolución, por ejemplo, cuando transcurran diez años sin remover o sin renovar el directorio, lo que permitiría depurar el registro y mantenerlo activo con las organizaciones que realmente están presentes.

…y salir adelante con la periodicidad en la elección de su directorio. El proyecto no aborda suficientemente los aspectos relacionados con el voluntariado y con las y los voluntarios. En Chile, si seguimos la estimación de que existen unas 300.000 organizaciones, y cada una tiene un directorio de entre 3 y 5 personas, estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de habitantes que son dirigentes de alguna organización social: juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, organizaciones del medio ambiente, de la diversidad y de todos los ámbitos en que la sociedad civil chilena es transversal. Todos son voluntarios. Sin embargo, la ley N° 20.500 solo contempla dos artículos sobre voluntariado, el 19 y el 20: uno que reconoce el voluntariado y otro que entrega un concepto amplio. Estimado señor Presidente, esos dos artículos deben abrirse, incorporando mayores funciones y elementos más precisos, de modo que el voluntariado cuente con un mejor marco regulatorio para su desarrollo. El proyecto de ley se refiere únicamente al seguro asociado a esa labor y, dado que miles de organizaciones sociales son dirigidas de manera voluntaria, es necesario otorgar mayor claridad normativa sobre esta situación. Como ustedes habrán visto en la prensa, el 29 y 30 de septiembre estuvo en Chile la ex Primera Ministra de Nueva Zelandia, Helen Clark, para dar a conocer al Ejecutivo la aceptación de Chile en el estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), iniciativa que el presente Gobierno impulsó a principios de 2022. Chile es uno de los 55 países del mundo que adopta este estándar, el cual instala una mesa del Grupo Multipartícipe (GMP), con seis representantes de la sociedad civil, seis de la industria y seis del aparato estatal, todos con las mismas atribuciones. Es una mesa incidente y vinculante. Hemos escuchado muchas veces la pregunta de por qué los mecanismos no son más vinculantes; pues bien, en esa mesa dedicada a la transparencia de la industria minera en Chile, 18 personas trabajarán participativamente y con carácter vinculante por la transparencia del sector. Es un modelo que podríamos perfectamente replicar en otros ámbitos de la vida nacional. El Plan de Gobierno Abierto de Chile ya contempla una línea en materia de pesca que sería importante seguir de cerca. Le agradezco mucho, señor Presidente, haberme dado este tiempo y espero haber aportado algunos insumos desde las conversaciones con los colegas. Muchas gracias. —Muchas gracias, don Daniel Oyarzún, presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil (CHILECOSOC). Damos la bienvenida a la señora Grace Smith, jefa de gabinete del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, quien se encuentra en la Comisión de Educación en estos minutos; usted está en su representación. Tiene la palabra. —Gracias, señor Presidente. Por su intermedio, doy las buenas tardes y presento las excusas al resto de la Comisión por la ausencia del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, quien efectivamente se encuentra en la Comisión de Educación abordando el tema de los liceos emblemáticos. Muchas gracias. En este sentido, la Defensoría de la Niñez ha formulado recomendaciones respecto de este proyecto de ley en distintos instrumentos. Para iniciar esta exposición, es importante recordar que el derecho a ser oído y el derecho de asociación de niños, niñas y adolescentes se encuentran consagrados en diversos instrumentos nacionales e internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 12, señala que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a formarse su propio juicio, expresar su opinión libremente y ser escuchados; y en su artículo 15, reconoce su derecho a asociarse libremente y a celebrar reuniones pacíficas.

La Observación General N° 12 del Comité de los Derechos del Niño entrega orientaciones para apoyar y estimular a los niños, niñas y adolescentes a formar sus propias organizaciones, incentivar que sean dirigidas por ellos mismos y crear espacios de participación y representación auténtica. Por su parte, el marco normativo interno se encuentra consagrado en la Ley N° 21.430, sobre Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en la cual se reconocen expresamente los derechos de participación, a ser oídos, y a la libertad de asociación y de reunión, contenidos en diversos artículos que no detallaré para no extendernos, señor Presidente, pero que incluyen los artículos 18, 22 y 31 de dicha ley de garantías. Respecto de la participación de niños, niñas y adolescentes, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez realizó un estudio de opinión en 2024 que identifica que el 63,6% de este grupo participó en algún tipo de instancia participativa durante el último año. En el caso de estudiantes de quinto básico a cuarto medio, el 58,6% señaló haber participado en organizaciones, cifra 5 puntos superior a la de 2019. La mayoría, un 44,6%, participa en organizaciones deportivas, y la participación escolar aumenta con la edad. Estos datos están disponibles en el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de derechos humanos, particularmente el Comité de los Derechos del Niño, el cual ha manifestado su preocupación por que la Ley N° 20.500 no reconozca expresamente a los niños como titulares del derecho de participación y porque no existan estructuras oficiales que les permitan participar en la elaboración de políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia, así como en procesos que demuestren de qué manera se toman debidamente en cuenta sus opiniones. El Comité recomienda, por tanto, revisar la Ley N° 20.500 para reconocer y garantizar este derecho, y establecer estructuras oficiales que permitan la participación en la elaboración, aplicación y supervisión de políticas a nivel nacional, regional y comunitario. Por otra parte, la Defensoría de la Niñez formuló recomendaciones para el período presidencial 2022-2026. En su recomendación N° 14 propone impulsar una reforma normativa para favorecer la participación. En este sentido, se sugiere que la Subsecretaría de la Niñez, junto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y con la activa opinión de niños, niñas y adolescentes, lidere una reforma que revise diversos cuerpos normativos de la Administración del Estado, tales como los relativos a formulación presupuestaria, transparencia, normas de instituciones específicas, salud, educación y la Superintendencia de Educación, entre otros, y en particular la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, a fin de reconocer y garantizar el derecho a participar de manera directa o asociada. Asimismo, la Agenda País para las recomendaciones del período presidencial 2025-2030, en su desafío N° 4, invita a promover una cultura favorable a los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo N° 2 es fortalecer y transversalizar garantías que permitan el ejercicio y goce de estos derechos, mediante la generación, ampliación y fortalecimiento de mecanismos existentes. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran los consejos consultivos, regulados y reconocidos en la Ley N° 21.430 ya mencionada. Tal vez no se trate de crear más instancias, sino de fortalecer las existentes y dotarlas de mayor fuerza en nuestro ordenamiento. Finalmente, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia incorpora una serie de medidas relativas a la participación ciudadana en el sector público y al fortalecimiento de la asociatividad, destacando, entre otras, las medidas 229 y 230, cuyas orientaciones, señor Presidente, quedan a disposición de los demás integrantes.