En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Presidente, no tenemos cuenta.
El primer proyecto que está en tabla es un proyecto que se consideró el día de ayer y respecto del cual se solicitó un plazo breve para presentar una indicación relativa a la imputación del gasto fiscal.
que se ingresó ayer y que correspondería votar ahora. ¿Está el ministro afuera?
Disculcho.
Buenos días.
Hombres online.
¿Qué tal?
La
Conserva.
Al menos el pasado.
Mucho más difícil.
¿Ahora lo estamos de menos?
En distintos países.
¿Dónde lo ves?
Cámbialo.
La seguridad que se porta.
La mochila.
No se puede.
También no, tiene que...
Fue mucho la renovación de Gol.
La continuidad hoy día que la representa Yanna.
Nunca.
Bienvenido, ministro. Este es un trámite breve. Ayer, como constató la comisión, revisamos el proyecto y solo quedó pendiente el ingreso de una indicación.
Que básicamente venía...
Dejar claro dónde estaba.
Asignado donde está imputado.
El presupuesto, que a su vez era indeterminado, de cuánto podía costar los mayores subsidios por creación de nuevos colegios en el caso de que haya.
Mayor demanda a la oferta existente en un determinado lugar.
Ya sea por creación de nuevos establecimientos educacionales o
Ampliaciones de
Los existentes siempre y cuando cumplan con ciertas normas de calidad y no haya una oferta de una institución gratuita que cumpla con esos mismos requisitos de calidad.
Entonces el Gobierno ingresó ayer.
La indicación, no sé si quiere usted, secretaria, leerla, por favor.
Presidente, la indicación incorpora un artículo tercero transitorio nuevo del siguiente tenor: Artículo tercero.- El mayor gasto
El gasto que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio de Educación. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes, se estará a los recursos que contemplen las respectivas Leyes de Presupuestos del sector público.
Presidente, muchas gracias. Saludo a los senadores presentes y a la Secretaría. Es simple: me interesa que todos comprendan por qué, a nuestro juicio, es indeterminado e incluso eventualmente no constituye mayor gasto. Esto por una cuestión esencial: el gasto operacional de tramitar estos procesos ya está considerado en los costos de operación de las seremías y del propio Ministerio. Por otro lado, el eventual mayor gasto podría venir por el lado de la subvención, que en estricto rigor no es mayor gasto, porque las subvenciones se pagan estén los alumnos en un establecimiento educacional u en otro. Por lo tanto, es un gasto que está considerado, o al menos proyectado, en el Programa 20 de la Partida del Ministerio de Educación, que es el de las subvenciones. Y, efectivamente, como la subvención es una proyección, en años anteriores ha faltado plata —lo que ha sido suplementado por el Ministerio de Hacienda, por tratarse de un cumplimiento legal— y en otros años ha sobrado, reasignándose a otras áreas del fisco o al Tesoro Público. Esa es la dinámica del Programa 20, dado que la proyección está asociada a la matrícula y también a la asistencia promedio por trimestre móvil. Esos flujos son variables y dependen, por ejemplo, de contingencias climáticas o de paralizaciones, lo que incide en si se gasta más o menos. Es indeterminado, pero en estricto rigor uno podría sostener que no representa mayor gasto, porque la subvención se paga a todo evento.
Gracias, Ministro. Aprovechando este tema —ayer algo lo conversamos—: la aguda caída de la natalidad en Chile debiera, en principio, producir una baja también aguda en la demanda por cupos en la educación. Usted comentaba que esto todavía no se nota tanto, básicamente por la compensación de flujos migratorios; incluso hay lugares en que casi el 80% de la matrícula corresponde a hijos de migrantes. ¿El Ministerio o la DIPRES han construido proyecciones de lo que esto significará en términos de gasto por matrícula y asistencia a través del tiempo? ¿Dónde estaremos en diez años más? Dado que es un gasto importante del Estado de Chile, imagino que debe estar de alguna manera calculado. ¿Tiene ese dato?
Sí, Presidente, muchas gracias. Soy miembro incidental de esta Comisión hoy día, pero el tema educacional nos ha tocado vivirlo a lo largo del país, particularmente en mi condición de alcalde durante varios años. Una pregunta respecto de este particular: no sé si el concepto de “carácter indeterminado” en un proyecto es de uso corriente. Para mí es una nomenclatura novedosa y, como este Gobierno suele crear cosas novedosas, llama la atención la definición. Pero más allá del término, lo que dice el Presidente es cierto: se observa la caída de la matrícula en los establecimientos. Le cuento un caso del liceo emblemático de Coyhaique, el Liceo Josefina Aguirre Montenegro: cuando era alcalde tenía 1.700 alumnos; hoy día tiene 300 y tantos. Entonces, la pregunta es si en los últimos años ha habido creaciones de establecimientos —probablemente sí en el norte— y, a nivel nacional, si existe una cifra significativa de requerimientos de mayores ampliaciones de matrícula. ¿Hay información sobre eso?
Presidente, solo reiterar: es primera vez que me toca también el uso del concepto “indeterminado” en un proyecto de ley con incidencia presupuestaria, pero en este caso es preciso, porque la subvención que se ejecuta en el año depende de la matrícula y de la asistencia efectiva, variables que se proyectan y se ajustan conforme a la realidad.
Yo, hoy día, no sé cuánto se va a gastar el próximo año en subvenciones; y nadie lo va a saber hasta que concluya la ejecución. Lo que uno hace es proyectar, y esa proyección a veces queda grande y a veces queda corta. Si queda corta, habitualmente realizamos reasignaciones internas dentro del Ministerio de Educación, movilizando áreas con subejecuciones; y si llegara a faltar —cosa que no nos ha ocurrido en este período— el Ministerio de Hacienda tendría que proveer. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento legal. La subvención es ley; no puede no cumplirse.
La mayor parte de las veces, sin embargo, la subvención no se gasta completamente; lo proyectado queda largo. ¿Por qué? Porque hemos tenido disminución de la matrícula y una asistencia irregular. Solo como dato: este año proyectamos una subejecución de 30 mil millones al cierre. Es decir, se gastará menos de lo autorizado, no porque haya un problema de ejecución presupuestaria, sino por menores niveles de asistencia y matrícula. El año pasado fueron 150 mil millones. Hemos ido también precisando: a veces uno queda más largo en la subejecución y al año siguiente se ajusta un poco más, tratando de calibrar la puntería.
Como la subvención está asociada a la asistencia promedio por trimestre móvil de los estudiantes, hay factores especiales que inciden en su disminución. Por ejemplo, el terremoto en Atacama ocurrido este año afecta la asistencia en la región, de modo que Atacama aparecerá con indicadores más bajos el próximo año y, este año, se gastó menos en subvenciones por efecto de seis establecimientos que sufrieron daños y debieron hacer adecuaciones. Ayer lo conversábamos también en el proyecto de ley, Presidente: cuando un establecimiento pasa de Jornada Escolar Completa a media jornada, el valor de la subvención cambia, porque la subvención con Jornada Escolar Completa es más alta que con media jornada. Todos esos elementos influyen en la proyección. Por eso, la proyección nunca es cien por ciento precisa. De hecho, quedar con 30 mil millones de subejecución es muy preciso para una masa de más de 7 billones de pesos que, en su conjunto, implican las subvenciones de la partida de Educación. Treinta mil millones es casi acertar al centro de la diana.
Por lo anterior, uno podría señalar que el gasto es indeterminado; incluso, como la proyección ya está contemplada porque esos estudiantes ya están en el sistema, se podría sostener que no hay mayor gasto. En estricto rigor, no habrá mayor gasto porque, estén esos niños en el colegio 1, 2 o 3, la subvención se paga igual.
Ahora, sobre la proyección de población: lo explicaba ayer, estamos trabajando fuertemente en las estimaciones de déficit que tenemos a nivel nacional. Efectivamente, en el norte se han creado déficits de matrícula. Hemos visto que, a nivel agregado, la baja de estudiantes en el sistema todavía no impacta al sector escolar; está comenzando a impactar al sector parvulario. En las escuelas públicas que han ido creciendo en el tiempo, mayoritariamente lo que ha sucedido es que la población estudiantil se ha trasladado a otras dependencias administrativas. Este fenómeno lo estamos analizando con el Ministerio de Desarrollo Social y con el propio Ministerio de Educación, a través de la información que habitualmente nos entrega el SAE, lo que nos permite identificar dónde están esas presiones. Por ejemplo, en Iquique y Alto Hospicio; en Antofagasta y Mejillones; en Atacama este año ya no, pero el año pasado sí. Son lugares donde la matrícula está creciendo por movimientos de población. Y en el sur también hay un fenómeno especial —lo conversábamos ayer a propósito de las escuelas rurales—: la población urbana, pospandemia, en una proporción significativa se movió a zonas rurales o costeras. Por ejemplo, en el Litoral Central, en las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo y San Antonio, tenemos problemas de oferta educativa y hemos debido construir nuevas escuelas porque, pospandemia, mucha gente se fue a vivir a esa zona, lo que significó una presión sobre la oferta educacional.
Ministro.— Establecimientos educacionales que nunca habían tenido una demanda mayor que su capacidad de absorber, porque son poblaciones pequeñas. Además, se trata de localidades donde ha habido un movimiento migratorio interno; no hablamos de migrantes, sino de chilenos que se fueron de Valparaíso o de Santiago a vivir a la playa o a zonas cercanas a la playa. Es una zona muy linda, además. Entonces, efectivamente, eso sucede y la respuesta ha sido ir construyendo infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? Infraestructura modular.
Porque, como esto es parte de un fenómeno migratorio, el día de mañana podrían irse de ese lugar y la infraestructura podría quedar inmediatamente en desuso. Construir la reposición de una escuela mediana —entre 500 y 600 estudiantes, dependiendo del territorio— cuesta en general entre 25.000 y 35.000 millones de pesos. Se comprenderá que es una inversión que no se puede realizar con responsabilidad cuando los flujos de personas podrían hacer que la demanda cambie de un año para otro o incluso durante un mismo año. Por eso, la opción que hemos adoptado es la inversión en infraestructura modular.
Y no se imaginen, cuando hablo de modulares, contenedores. Las escuelas modulares hoy son, de verdad, mucho mejores que muchas escuelas regulares: aire acondicionado, termopaneles, aislamiento térmico, sistemas eléctricos de primer nivel. Uno las mira y es una escuela en regla, muchas veces mejor que la mayoría de las que tenemos. Con mantenciones regulares, su vida útil es de 10 a 15 años, tranquilamente. Hemos ido resolviendo por esa vía, con inversiones más baratas y más rápidas, para responder a este fenómeno y, además, si los movimientos de personas cambian, permiten desmontar y trasladar a otros lugares, si llega a ser necesario. Eso es lo que estamos trabajando, presidente, senador, por su intermedio.
Presidente.— Muy bien, gracias, Ministro. Secretaría, ponemos en votación la indicación.
Secretaría.— Se somete a votación la indicación del Ejecutivo para la incorporación del artículo 3º transitorio, sobre imputación de gasto fiscal. Senador Saavedra: A favor. Senador García: A favor. Presidente: A favor.
Presidente.— Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión y despachado el proyecto. Se va a Sala, pero no ahora; algún día irá a Sala este proyecto, ministro. Mantengamos la esperanza.
Presidente.— Como el senador Sandoval se retira porque tiene otra comisión, se autoriza que sea reemplazado por el senador Rojo Edwards.
Presidente.— Vamos a ver el proyecto sobre reactivación del turismo y fomento a la industria audiovisual. Ingresa la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner. Secretaría, explique por favor el estado de tramitación de este proyecto, para que toda la Comisión tenga claro lo ocurrido en Economía y en Hacienda y cuáles normas debemos ver en este caso.
Secretaría.— Presidente, este proyecto fue enviado en su oportunidad a la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda como comisiones técnicas, para ser informado en general y en particular por ambas comisiones. Luego, se resolvió que en el primer informe lo viera solo la Comisión de Economía y que la Comisión de Hacienda lo considerara en el segundo informe.
Como es de rigor, la Comisión de Economía, en su segundo informe, se pronunció reglamentariamente sobre las indicaciones que se formularon al proyecto. Fueron 63 indicaciones. El proyecto contiene 26 artículos permanentes y 6 artículos transitorios. Al pasar a la Comisión de Hacienda, en aplicación del artículo 41 del Reglamento, la segunda comisión se pronuncia sobre el texto que viene de la comisión anterior y no ya respecto de las indicaciones. Por lo tanto, tenemos abiertos en este momento los 26 artículos permanentes y los 6 artículos transitorios. Nuestra competencia, por lo tanto, es más amplia que la que tuvo la Comisión de Economía en el segundo informe.
En casos similares, la Comisión ha resuelto, habitualmente por unanimidad, analizar solamente las normas que fueron objeto de indicaciones o de modificaciones en la comisión anterior, y aquellas disposiciones que, si bien no tuvieron indicaciones o modificaciones, la Comisión estime importante revisar y, de ser el caso, enmendar; para ello se puede solicitar incluso un plazo adicional para presentar indicaciones en esta sede.
La idea planteada ayer por la Presidenta de la Comisión fue informar a las señoras y señores senadores de esta posibilidad, para encomendar a los equipos asesores la revisión del proyecto, ver si hay materias que interese analizar en particular y, de ser necesario, conversar también con los equipos del Ejecutivo.
En esta ocasión, escucharemos la exposición de la Subsecretaria y su equipo. Aprovechando que está presente el Senador Edwards, quien participó en este proyecto en la Comisión de Economía, también recogeremos sus puntos de vista. La Presidenta titular de la Comisión propuso, además, que los equipos de cada senador trabajen en conjunto con el Ejecutivo para revisar las disposiciones que puedan ser particularmente discutidas. Entiendo que hay temas relativos a la gobernanza del fondo que se crea a propósito del impuesto especial al turismo, entre otros aspectos que probablemente querremos revisar. Hoy haremos una primera vuelta y análisis del proyecto. Senador Edwards, si le parece; en su defecto, Subsecretaria Heidi, bienvenida. Tiene la palabra.
—Muchas gracias, señor Presidente. Por su intermedio, saludo a las señoras y señores senadores. Efectivamente, este es un proyecto que lleva su tiempo de tramitación y que hemos ido perfeccionando tanto en la Cámara como en la Comisión de Economía del Senado, donde, además del Senador Edwards, participa el Senador Saavedra. Por lo mismo, ambos ya conocen bastante el proyecto.
Este proyecto tiene como objetivo reactivar el turismo internacional. Es importante dejarlo claro: estamos hablando de turistas internacionales, extranjeros. Se busca recuperar la senda prepandemia, con la meta de aumentar, al menos, en un millón el número de turistas adicionales. Para ello, se incrementa el presupuesto destinado a la promoción turística internacional del país y se fortalece su institucionalidad. Asimismo, se genera una tasa de turismo aplicada al alojamiento de no residentes, con el objeto de obtener recursos para incrementar el presupuesto del Fondo de Promoción Turística. Este tipo de tasa es usual en países europeos.
En Europa, como Italia y España, pero además, como se verá más adelante en las normas específicas, hoy día los turistas extranjeros no pagan IVA por el alojamiento. Entonces, también considerar eso: en ese sentido, estamos en una posición distinta.
Posicionar a Chile como destino turístico requiere no solo atraer turistas con los incentivos que acá se proponen, sino también mostrar al país más allá del Fondo de Promoción Turística. Por eso se generan incentivos a los proyectos audiovisuales, con políticas similares a las existentes en Nueva Zelanda o Colombia; además, se fortalecen políticas de consumo de turistas extranjeros mediante la devolución de IVA, práctica conocida en otros países como España y también en la región, como Uruguay y Colombia. Asimismo, se busca aprovechar las condiciones naturales y logísticas de Chile como destino de congresos y seminarios internacionales, para competir con otros destinos de Sudamérica y Centroamérica.
A propósito del debate legislativo, se han incorporado acuerdos relevantes en la Comisión de Economía del Senado, como dotar de una mejor institucionalidad a la promoción turística mediante la conformación de una Comisión de Promoción Turística con amplia participación del sector privado, de composición público-privada, con 15 integrantes, diversidad de sectores turísticos y participación tanto de grandes empresas como de pymes. Asimismo, se propone incrementar a seis años el período de aporte fijo y variable a la promoción turística; establecer una evaluación externa obligatoria al quinto año de funcionamiento de la ley, que deberá ser presentada al Senado, para evaluar la pertinencia de continuar, modificar o eliminar componentes como la tasa de turismo, la devolución de IVA o el mismo fondo, según su funcionamiento. También se introdujeron mejoras al proceso de devolución de IVA a turistas para avanzar hacia un procedimiento más ágil, y se incorporaron dentro de los beneficios tributarios los congresos y seminarios internacionales.
En particular, el Título I del proyecto (artículos 1 al 4) trata de la devolución de IVA a extranjeros. En línea con otras jurisdicciones, se propone que los extranjeros que visiten el país puedan obtener la devolución del IVA por la adquisición de bienes durables durante su estadía. Se precisa que aplica solo a bienes durables que los turistas llevan consigo, que no sean de un solo uso y destinados al consumo personal; no aplica a actividades comerciales o industriales. La solicitud se realiza dentro de las 24 horas anteriores al momento de abandonar el país, acreditando la calidad de extranjero y los documentos tributarios que respaldan las compras efectuadas. Se establece un mínimo del valor del bien para acceder a la devolución, que no puede ser inferior a 0,5 UF, y un tope de 15 UF de devolución. Cabe recordar que esta devolución es respecto del IVA (19% del valor de la compra), no del valor total de la adquisición. La devolución estará a cargo del Servicio de Impuestos Internos, que podrá, de todas formas, licitar la operación del sistema, en línea con lo que ocurre en otros países.
El Título II (artículos 5 al 9) establece una tasa de turismo para personas sin domicilio ni residencia en Chile, de 1,25%.
Se propone una tasa de turismo de 1,25% aplicada sobre el valor del alojamiento, sin considerar otros impuestos, realizada en hoteles, aparthoteles, hosterías, residencias, cabañas, casas particulares destinadas al hospedaje y cualquier otro establecimiento que preste el servicio de alojamiento. Como señalé previamente, actualmente los extranjeros están exentos de IVA por concepto de alojamiento, por lo que esta es una tasa baja.
Cuando la reserva se realiza a través de plataformas digitales, será la plataforma la obligada a retener y pagar la tasa. Esto ya se está implementando: con motivo de la Ley de Cumplimiento Tributario, desde el 24 de octubre está en vigencia la norma que elimina el de minimis, que era la exención de IVA para paquetes de menos de 41 dólares. Hoy todas esas operaciones pagan IVA, y las plataformas se han inscrito ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y son ellas mismas las que cobran y enteran el impuesto. Lo mismo ocurre con las plataformas de alojamiento, que hoy son el principal canal para usuarios, especialmente extranjeros. Esta norma contribuye a la formalización del sector y a igualar la cancha.
La recaudación de la tasa será mensual, a través de la declaración mensual de impuestos por medios electrónicos. Esto se perfeccionó durante la tramitación del proyecto para que fuera un mecanismo simple, especialmente para los alojamientos que son pymes, muchos de los cuales desconocían la exención de IVA a extranjeros.
Se consulta si las plataformas digitales estarán encargadas de retener y pagar también respecto de la hotelería establecida (por ejemplo, si un extranjero reserva en cadenas como Diego de Almagro o Sheraton). La respuesta es que depende de cómo se realice la reserva: si es a través de una plataforma digital, esa plataforma retiene y paga; si es directamente en la plataforma propia del hotel, no corresponde a una plataforma intermediaria.
Respecto de la devolución de IVA a las empresas extranjeras que realicen producciones audiovisuales en territorio nacional (Título III, artículos 10 al 14), se busca posicionar a Chile como un lugar atractivo para el desarrollo de cortometrajes, documentales, series y películas. La atracción de producciones audiovisuales tiene múltiples beneficios: aumenta el ingreso de divisas durante el rodaje, contribuye a mostrar el patrimonio cultural y natural del país, y transfiere experiencia y conocimiento a la industria audiovisual local.
Se establece un procedimiento de devolución de IVA para todos los servicios contratados en territorio nacional por empresas extranjeras no residentes que realicen proyectos audiovisuales. Para ello se crea un Registro de Prestadores Locales de Servicios Relacionados con la Industria Audiovisual, administrado por el SII, el cual consultará al Ministerio de las Culturas en caso de requerir información adicional. Las empresas no residentes podrán optar por contratar servicios a proveedores inscritos en este registro para facilitar la operatividad de la devolución del IVA.
Posteriormente, en el Título IV (artículos 15 al 18), relativo a la devolución de IVA por el desarrollo de seminarios y congresos internacionales, se recoge una muy buena idea surgida en la Comisión de Economía del Senado. Con ello se busca posicionar a Chile no solo desde la perspectiva de la industria audiovisual, sino también en distintos ámbitos.
...sino también que vengan por el turismo de congresos internacionales, que es una industria importante; por lo mismo, a ese tipo de eventos se les devolverá el IVA asociado a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción del seminario o congreso, salvo alcoholes. Existen antecedentes que dan cuenta de que los turistas que ingresan a este tipo de actividades gastan tres veces más que aquellos que ingresan con un fin exclusivamente turístico. También se establece un procedimiento de devolución de IVA a las empresas audiovisuales, similar a lo que estamos proponiendo. En este caso, Sernatur será el organismo a cargo de emitir el certificado de que el seminario o congreso cumple con los requisitos para acceder al beneficio. Y, para asegurar que efectivamente se trate de turistas extranjeros, se exige una asistencia mínima de diez personas, con al menos un 60% de ellas extranjeras.
Respecto de las bebidas alcohólicas, en los términos en que está diseñado el beneficio tributario, éste aplica a servicios o bienes esenciales para el desarrollo de un seminario o congreso. En principio, el consumo de bebidas alcohólicas no es necesario para su realización. Sí lo son el arrendamiento de espacios, de equipos y, eventualmente, la alimentación. Desconozco si existe algún seminario o congreso internacional específicamente relativo al vino u otros alcoholes que pudiera calzar; es un tema que podríamos analizar, evaluando una excepción cuando esa sea precisamente la materia del evento, caso en el cual podría considerarse esencial.
—Creo que deberíamos buscar alguna excepción para productos muy simbólicos e importantes para Chile, como el vino o el pisco.
—Por supuesto, será parte del debate.
Luego, el título quinto, artículos 20 y 21, crea el Fondo de Promoción Turística Internacional, destinado a financiar acciones de promoción turística internacional. Los recursos serán ejecutados a través del Servicio Nacional de Turismo. La ley compromete recursos que duplican el aporte actual que se realiza vía la Ley de Presupuestos de cada año, contemplando un aporte base y un aporte variable, por seis años. El aporte base es de 11.016 UTA, aproximadamente 10 millones de dólares anuales; además, por seis años existiría un aporte variable en consideración al ingreso de turistas, que el proyecto estima permitirá duplicar el financiamiento a 20 millones de dólares al año. Durante el año 2030 debe realizarse el estudio de evaluación externa mencionado al inicio, incorporado a propósito del trámite en la Comisión de Economía del Senado.
El título siete, artículos 25 y 26, introduce un perfeccionamiento y mejora de la institucionalidad de la promoción turística.
En el Fondo de Promoción Turística, el monto fijo más el monto variable se asocia, de alguna manera, a un cálculo de los ingresos provenientes del impuesto del 1,25%; esa es la parte variable, lo que dialoga con la meta de duplicar la cantidad de turistas.
Al considerar un factor de 1,25 sobre la cantidad de turistas extranjeros, estimamos que la recaudación podría alcanzar del orden de 20 millones de dólares, tomando 10 dólares como base. Debería ser más bien neutro desde el punto de vista fiscal. Respecto del fondo, y conforme revisaremos en el informe financiero, este proyecto sí genera gastos, dado el conjunto de exenciones contempladas para la industria audiovisual y para congresos.
En materia de institucionalidad y promoción, se fortalece el diseño y la ejecución de acciones de promoción turística mediante la Comisión de Promoción Turística Internacional, con integración público-privada y 15 integrantes. Su propósito es presentar el Plan de Marketing Internacional. Cinco representantes serán del sector público; nueve del sector privado, cuatro de los cuales deberán provenir de las cuatro macrozonas del país (uno por macrozona). Asimismo, al menos un representante deberá pertenecer al sector de agencias de viajes o tour operadores, uno al de alojamiento y uno al de restaurantes y similares. Además, se considera un representante de los gobiernos regionales, atendida su relevancia en la promoción turística de sus territorios, el cual deberá corresponder a la forma de asociación de gobiernos regionales con mayor representatividad. De este modo, la comisión mantiene mayoría del sector privado.
Se fortalecen los comités de mercado, órganos colaboradores de carácter público-privado encargados de proponer al Servicio Nacional de Turismo las acciones específicas de promoción en los mercados priorizados por el Plan de Marketing Internacional.
La comisión adoptará sus decisiones con un quórum de dos tercios de sus integrantes, de modo de favorecer acuerdos de consenso. El presidente estará encargado de convocar a las sesiones; sin perjuicio de ello, la mayoría de los miembros podrá citar a la comisión a sesionar y/o solicitar la realización de votaciones, hasta dos veces por semestre. La comisión no podrá destinar recursos a fines ajenos a la promoción del país en el exterior y se regirá estrictamente por las normas de probidad en el uso de recursos públicos. Sus integrantes deberán cumplir con las normas de probidad aplicables, incluida la obligación de declarar patrimonio e intereses.
En el Título VI (artículos 22 a 24), relativo a fiscalización y sanciones, se establece que los municipios deberán fiscalizar que los establecimientos turísticos cuenten con la patente respectiva. Cualquier persona podrá denunciar la falta de patente comercial. Los establecimientos que no cuenten con patente serán sancionados con una multa de 1 a 5 UTM por cada mes de incumplimiento.
En septiembre de cada año, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Turismo deberán informar a las Comisiones de Economía de la Cámara y del Senado respecto de los resultados de los beneficios contenidos en los Títulos III y IV —en particular, los relativos a la industria audiovisual y a los congresos—, así como sobre la recaudación de la tasa de turismo y el funcionamiento del fondo.
Finalmente, en cuanto a los efectos fiscales, se presenta un cuadro resumen del informe financiero con la estimación de recaudación de la tasa. Este proyecto fue presentado a trámite en mayo de 2024, como parte de los proyectos priorizados en el marco del pacto fiscal, especialmente aquellos orientados a impulsar el crecimiento sectorial. Entre ellos, permisos sectoriales ya se encuentra totalmente tramitado; el cabotaje marítimo, asimismo, está totalmente tramitado. Este proyecto forma parte de ese paquete y, por ello, su informe financiero contemplaba la expectativa de estar plenamente vigente durante 2025. Ello ya no ocurrió, por razones obvias: estamos en diciembre.
Señala el artículo 24 de la presente ley que, sin perjuicio de lo anterior, la duración de los cargos no podrá ser inferior a dos años. Entonces, ¿qué es lo que se configura, a mi juicio, para los señores de la Comisión de Hacienda? Se configura una recaudación fiscal a través de un impuesto, pero con un ente total y absolutamente dominado por el gobierno de turno. Porque, finalmente, será el gobierno el que dicte el reglamento. Y la verdad de las cosas es que esos nueve representantes del sector privado son nombrados por el gobierno. Y el 50% de esas personas, lo que en principio me parece bien, debe representar a sectores pymes, que son más fácilmente convencibles, por ejemplo, a través de ayudas estatales, es decir, susceptibles de captura.
A mi juicio, para que sea más creíble el funcionamiento independiente de este mecanismo y para que represente los intereses de los chilenos, de los trabajadores y de quienes están en la industria —que es una industria con una gran cantidad de pymes—, el nombramiento de esas nueve personas, que serán quienes voten el plan de marketing, debe cumplir al menos dos criterios: estar geográficamente distribuido —no es lo mismo abogar por el turismo de Ñuble, en Arica o en Magallanes— y recaer en personas que representen gremios del sector privado, pero que sean independientes de las decisiones del gobierno. De lo contrario, si esto queda completamente determinado por el gobierno, a mi juicio no es más que una pequeña reforma tributaria, nada más, porque este fondo va a ser utilizado con ese sesgo.
Además, hay otra cosa. Este comité tiene como principal deber la realización de un plan de marketing internacional. ¿Qué es un plan de marketing? Es algo debatible, y también se puede prestar —sé que no es la intención de ningún gobierno y menos de la Subsecretaría— para cuestiones como la participación de Chile en ferias. Entonces, ¿quién decide quién va a la feria, quién va a la expo? Si el gobierno concentra la decisión, no está claro que las resoluciones se tomen finalmente en función de los intereses que se buscan. Por eso, para mí, la composición en número de la comisión es razonable, pero la forma de designación es problemática y me deja, al menos, disconforme con el proyecto.
Quiero mencionar, por su relevancia, algo que se incorporó buenamente en la conversación en la Comisión de Economía: por lejos, el turismo que más deja recursos es el turismo de seminarios. La persona que viene por un seminario suele venir pagada por empresas o gobiernos, por motivos específicos; son profesionales de alto ingreso y, por lo tanto, es el tipo de turismo que debemos favorecer con mayor fuerza. Lo que hoy se propone —y es un avance, por cierto— es que el 60% de los participantes tenga que ser extranjero. En el caso del vino: si usted organiza un seminario y vienen 500 extranjeros, maravilloso; deja una cantidad de recursos importante. Pero basta con que participen 500 viñateros chilenos para que ya no tenga la posibilidad de la devolución del IVA, por cómo está redactado. Creo que deberíamos avanzar —esto ya es de política pública— a un criterio distinto.
El mismo gobierno lo está haciendo para la industria audiovisual. En ese caso, se establece que, si usted viene —con ciertas condiciones— a realizar un proyecto audiovisual y gasta más de 25.000 dólares —me refiero al mínimo, según el artículo 11—, accede al beneficio. Por supuesto, lo ideal es que no exista un límite superior; hablo del mínimo de gasto. En el turismo de seminarios debería aplicarse un criterio análogo: el solo hecho de que lleguen 60, 70, 80 o 90 personas del extranjero ya nos dejará muchos recursos, y ese debería ser el umbral relevante. Si exigimos un 60% de participantes extranjeros, el organizador del seminario se verá obligado a ajustar artificialmente la composición. En cambio, como en audiovisual, fijar un mínimo de 25.000 dólares y, de ahí en adelante, muy bien.