Cámara de Diputados - Hacienda - 3 de diciembre de 2025

Se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Voy a dar cuenta de los documentos llegados para esta sesión; ya dimos cuenta en la mañana de todos los ingresados durante el día. Se excusa el señor Ministro de Hacienda, don Nicolás Grau, por compromisos impostergables previamente contraídos; en su reemplazo asiste el jefe del Subdepartamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera. El Ministro de Justicia también se había excusado, pero está ahora con nosotros. El Presidente ha hecho presente la urgencia, calificando de discusión inmediata el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público; y urgencia simple para los siguientes proyectos: el que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias; el que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el SERNAC; y el que modifica y regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones. Asimismo, urgencia simple para el proyecto que introduce beneficios tributarios a la clase media, compensados mediante la tributación, reduce exenciones y modifica otras disposiciones. ¿Algo sobre la cuenta? No habiendo observaciones, pasamos al Orden del Día. La tabla tiene por objeto recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo y las audiencias que a continuación se indican, respecto del proyecto de ley iniciado en Mensaje de S.E. la Vicepresidenta de la República, señora Carolina Tohá Morales, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, Boletín N° 16.374-07. A su término, y en su caso, se procederá a la votación de la iniciativa, que se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata. Están invitados: el Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, señor Jaime Gajardo Falcón; el Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, acompañado de su asesora, señora Gabriela Peña; el jefe de la División de Presupuestos, señor Héctor Opazo; y los abogados de la División Jurídica, señores Francisco Molina y Rodrigo Hernández. Asiste, además, el jefe del Subdepartamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera. En cuanto a las audiencias, intervendrán: por la Fiscalía Nacional, la Directora Ejecutiva Nacional, señora Mónica Naranjo López, junto con la gerenta de la Unidad de Estudios, señora Ana María Morales; el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo; y el profesional de la Unidad de Estudios, señor Gonzalo Droguett López. De la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), el director nacional, señor Erick Ramírez Valls. Asimismo, otras organizaciones se conectarán telemáticamente en calidad de oyentes.

Damos la bienvenida, junto con la directora regional, señora María Teresa Sepúlveda; de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, ANF, a su presidenta, señora Patricia Ibarra, junto con la periodista señora Soledad Medina; y de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias, Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN, a su presidenta, señora Macarena Pino Lorca. ¿Está por acá? Partimos entonces, ministro. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los honorables diputadas y diputados presentes. Efectivamente, en mi caso nos habíamos excusado porque tenemos sala del Senado al mismo tiempo, también para otro proyecto del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la sala del Senado aún no comienza; en cuanto lo haga, me cambiaré de corporación. Por eso había confirmado que el señor subsecretario realizará la exposición. De todas formas, me gustaría recalcar dos cuestiones. Primero, para nuestro sistema de seguridad pública y de justicia, el Ministerio Público es una de sus piedras angulares. Nuestro gobierno ha presentado dos proyectos: uno ya es ley, el que creó la Fiscalía Supraterritorial, presentado durante esta legislatura, que implicó una reforma constitucional y, posteriormente, una adecuación a la ley orgánica. Esa ley comenzará a regir el 1 de abril del próximo año. El segundo proyecto relevante en materia de fortalecimiento del Ministerio Público es precisamente el que hoy se discute; se encuentra en segundo trámite. Es una iniciativa que tuvo un largo trabajo de preparación con el propio Ministerio Público y luego una tramitación sustantiva tanto en el Senado como en esta corporación. Creemos que el proyecto ha alcanzado un nivel de maduración muy importante. Son recursos muy significativos los que se incorporan —en régimen, más de 40.000 millones de pesos anuales— para que el Ministerio Público pueda aumentar su dotación y disminuir las brechas entre la cantidad de funcionarios y funcionarias, en particular de fiscales, y la cantidad de delitos existentes. Para reducir esa brecha y permitir una mayor eficacia en la persecución penal, este proyecto es clave. Además, fortalece a la institución en su conjunto: se crean nuevas unidades, tal como lo señalará el señor subsecretario, y se refuerza la protección de víctimas y testigos, que es la otra función constitucional del Ministerio Público. Como ustedes saben, el Ministerio Público tiene dos funciones constitucionales centrales: ejercer la acción penal pública y la persecución penal, y la protección de víctimas y testigos. Ambos aspectos se fortalecen en el marco de este proyecto. Por todo ello, para nosotros es fundamental que esto pueda aprobarse a la brevedad, de modo que se transforme en ley de la República. Ya estamos en el último trámite legislativo, con el objetivo de que comience a operar el fortalecimiento del Ministerio Público, tan importante para la labor de la persecución penal. Muchas gracias, ministro. Le damos la palabra al subsecretario para que nos haga la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que ustedes ya cuentan con la presentación. Nos concentraremos en las materias propias del objeto de estudio de esta comisión. Como ha indicado el señor ministro, los antecedentes dan cuenta de un aumento no solo en número, sino también en la creciente complejidad del fenómeno delictivo, de los delitos violentos y del crimen organizado. Para enfrentarlo, así como se ha publicado la ley de Fiscalía Supraterritorial —que permite mayor flexibilidad para la persecución e investigación de delitos complejos—, también se requiere el fortalecimiento que propone este proyecto de ley. Es el fortalecimiento más importante desde la creación del Ministerio Público. En detalle, el contenido supone la modificación de tres artículos permanentes y ocho artículos transitorios, por medio de los cuales se modifica la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público...

En relación con la Ley N° 20.240, que perfecciona el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales, cabe señalar que, como indicaba el señor Ministro, este proyecto de ley se ha enfocado no solamente en la entrega de recursos, sino en el fortalecimiento institucional. Parte de ese fortalecimiento, señor Presidente, por su intermedio, consiste en determinar mecanismos de incentivos y de control de gestión, mediante la creación de instancias de gobernanza y de mecanismos de información que permitan al Ministerio Público eficientar el uso de los recursos. Se incrementa la dotación de personal, se mejora la persecución penal a través de modificaciones al modelo orgánico y se modernizan los mecanismos de gestión institucional e incentivos de remuneraciones contenidos en este proyecto. Con el propósito de contar con mejores herramientas en la persecución penal, el proyecto propone el mayor incremento de dotación desde la creación del Ministerio Público, con un total de 819 cargos a implementarse en cuatro años. Estos 819 cargos incluyen 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares. Este incremento permitirá reforzar la tramitación de causas mediante unidades especializadas dedicadas a asuntos de mayor complejidad y violencia; fortalecer la operación de los sistemas de turno y de flagrancia, mejorando la respuesta en las primeras horas siguientes a un hecho delictual; e incrementar los fiscales dedicados a la tramitación de causas en los juzgados de garantía y en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Respecto del fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, uno de los pilares del Ministerio Público en su función constitucional, el proyecto busca robustecer la dotación necesaria para instaurar un modelo enfocado en proporcionar comunicación oportuna a los usuarios, en especial a víctimas que requieren trato personalizado, como en casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales e ilícitos que involucran a niños, niñas y adolescentes. De este modo, se mejorará la cobertura y oportunidad del modelo de atención, protección y apoyo; se avanzará en respuestas diferenciadas para grupos en situación de vulnerabilidad; y se equilibrará la carga de trabajo de las unidades regionales de atención a víctimas y testigos. La creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal permitirá velar por el cumplimiento de las instrucciones generales y por la calidad y oportunidad de la persecución penal, mejorando las investigaciones y contribuyendo, junto con el modelo de atención de víctimas y usuarios, a fortalecer la confianza ciudadana, especialmente relevante en el contexto actual de cuestionamientos al sistema de justicia. Asimismo, se reestructuran divisiones funcionales y se dota de cuatro nuevos cargos directivos al ente persecutor: las jefaturas de la División Jurídica, de la Unidad de Academia de Fiscales y Funcionarios, de las Unidades Especializadas de Delitos Sexuales y Explotación Sexual, y de la nueva División de Planificación, Control de Gestión y Supervisión, que constituye la contrapartida de gobernanza del sistema de control y gestión de los recursos. Respecto de la gradualidad del incremento de la dotación de fiscales y funcionarios, en el año 1 se incorporarán 221 nuevos cargos; en el año 2, 357; en el año 3, 596; y se llegará en régimen a 819. El mayor foco está en fiscales y profesionales, a fin de contar con una estructura institucional suficiente para enfrentar estos desafíos. Finalmente, el proyecto incorpora una asignación profesional para administrativos y auxiliares que cumplan los requisitos respectivos, equiparándolos a los demás estamentos del Ministerio Público bajo condiciones similares a las del Poder Judicial. Este derecho aplica a quienes se desempeñen en jornada completa y cuenten con título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. El costo de esta asignación para los estamentos auxiliares y administrativos asciende a 3.307 millones de pesos.

…millones, que será asumido a partir del primer año de la publicación de la ley. También se generan otras modificaciones, como la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos una vez concluido su período. Todas estas materias han sido conversadas con el Ministerio Público y buscan fortalecer la institución, cerrando brechas operativas. Asimismo, se perfeccionan los mecanismos de incentivos institucionales: el actual bono por desempeño individual pasa a ser un bono por desempeño colectivo, basado en el grado de cumplimiento de metas anuales que fijarán las Fiscalías Regionales y la Fiscalía Nacional. Se crea una unidad de probidad interna, a cargo de un oficial de cumplimiento, que tendrá por finalidad proponer, implementar y supervisar políticas y procedimientos destinados a la prevención y detección de delitos, así como de conductas contrarias a la probidad institucional en el ámbito interno. Se prescribe la obligación del Fiscal Nacional de rendir cuenta pública anual ante las comisiones del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se establece, además, que las fiscalías unipersonales deberán contar con una dotación mínima de al menos un fiscal adjunto y dos abogados asistentes, requerimiento especialmente sentido en regiones para asegurar una adecuada prosecución penal. Se incorpora la obligación de someter a evaluación el funcionamiento del Ministerio Público cada tres años por una entidad externa, dando así una señal de transparencia y control para promover la mejora continua de la persecución penal y de la atención de víctimas y testigos. Adicionalmente, se crea la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Ministerio Público, que cumplirá un rol fundamental en diseñar e implementar programas y cursos para la formación y perfeccionamiento de los fiscales y la capacitación de los funcionarios. El informe financiero, en su resumen de gasto fiscal por iniciativa y año de implementación, contempla un gasto total de 15.395 millones de pesos en el año 1, y en régimen llegará a 47.550 millones de pesos, constituyendo la inversión más significativa desde la creación del Ministerio Público. En conclusión, señor Presidente, por su intermedio: este proyecto de ley es esencial para mejorar la persecución penal. Implica el mayor incremento en dotación de personal del Ministerio Público desde su creación, llegando en régimen a 1.034 fiscales. La implementación total del proyecto irrogará un mayor gasto fiscal en régimen de 47.550 millones de pesos y, a su vez, contempla mejoramientos de las condiciones funcionarias de los estamentos administrativo y auxiliar, junto con un régimen robusto de control interno y externo para asegurar el buen uso de los recursos fiscales. Eso tengo presente. La Presidencia: Le voy a dar la palabra a nuestros invitados de las asociaciones para que complementen con más información. Luego abriremos la ronda de preguntas. Solicitamos a los expositores ser concisos, para asegurar el debido intercambio. Tiene la palabra la señora Mónica Naranjo. Señor Presidente, muchas gracias, por su intermedio. Saludo a las señoras y señores diputadas y diputados de la Comisión, a la Secretaría y, por supuesto, a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para no repetirnos, quisiera…

Es una exposición bastante completa del proyecto; nosotros nos vamos a centrar en la necesidad de este fortalecimiento del Ministerio Público, que corresponde particularmente a la primera parte de esta presentación. El resto podría resultar redundante. En lo relativo a los antecedentes, la necesidad de este proyecto, que refuerza la dotación tanto de fiscales como de funcionarios del Ministerio Público, obedece a un déficit estructural de dotación frente al aumento de ingresos que ha tenido en los últimos años la institución y a la mayor complejidad de los casos. En el gráfico a mano derecha se observa la evolución de los ingresos del Ministerio Público desde 2006 a la fecha; para 2024, y así se vislumbra para 2025, se alcanzan picos históricos. Asimismo, se han dictado una serie de leyes que tipifican nuevos delitos o establecen nuevas obligaciones de intervención del Ministerio Público —por ejemplo, en atención a víctimas y testigos— sin dotación adicional. Un caso conocido es el de las entrevistas investigativas videograbadas a niños, niñas y adolescentes en delitos sexuales: supuso una carga de trabajo relevante sin entrega de dotación. En total, son más de 30 leyes que han generado aumento de carga. Actualmente, la institución cuenta con 795 fiscales adjuntos, con una tasa de 3,9 fiscales por cada 100.000 habitantes, relativamente baja en comparación internacional: Asia, 6,3; África, 7,5; Europa, 12,7; y América en general, 23,8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Además, los ingresos de delitos han aumentado alrededor de un 29% desde 2015, año en que se aprobó el último incremento de dotación —la primera ley de fortalecimiento— que entregó 577 funcionarios y fiscales. Desde entonces no ha habido un aumento relevante. Por otra parte, los delitos de crimen organizado corresponden hoy aproximadamente al 5% de los ingresos, con picos en 2023 y 2024; las tipologías con mayor peso se vinculan a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas. Asimismo, se observa un aumento histórico en los denominados delitos de alta complejidad, que representan cerca de un 6% de los ingresos y presentan la mayor tendencia de crecimiento: entre 2006 y 2024 aumentaron en 1.289%. Ello obedece, principalmente, a regulaciones recientes y obligaciones de denuncia respecto de estafas y otras defraudaciones, así como del uso malicioso de tarjetas, lo que ha incrementado considerablemente las denuncias. Todo lo anterior da cuenta no solo de un mayor volumen de ingresos, sino también de una mayor complejidad de las investigaciones, con impacto directo en las actuales dotaciones del Ministerio Público. Respecto de los principales ejes del proyecto, la dotación que se propone, tal como señaló el subsecretario, tiene por eje central apoyar la operación. Ello es coherente con el aumento de ingresos y de complejidad, que hace necesario, en primer término, reforzar la operación. Luego, se contempla el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos; ajustes al modelo orgánico del Ministerio Público; la asignación profesional del estamento de administrativos y auxiliares, ya comentada; y el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos remuneracionales. Solo para detallar un punto en apoyo a la operación: la prioridad es reforzar e implementar los turnos de flagrancia. Con el actual Fiscal Nacional se han establecido turnos para primeras instrucciones y se implementó una plataforma para uniformar su funcionamiento, la denominada Bitácora Web Nacional. No obstante, es necesario reforzar la flagrancia; hoy, en verdad, lo estamos subsidiando de alguna manera.

Con los pocos funcionarios a honorarios con que contamos, que van precisamente a apoyar esa operación, parte importante de la dotación se destinaría a reforzar los turnos de flagrancia regional. Por otro lado, la Fiscalía Supraterritorial establece los sistemas de análisis criminal que vienen, de alguna manera, a reemplazar los actuales sistemas de los SACFI y que se complementan, además, con las unidades de alta complejidad. Sin embargo, la Fiscalía Supraterritorial no establece dotación para esos sistemas de análisis criminal, por lo que dicha dotación provendrá de este proyecto de ley. Asimismo, debido al importante incremento en materias de violencia intrafamiliar, delitos de género y delitos sexuales, se generarán unidades regionales para la atención de estos delitos. Finalmente, se establece por ley la necesidad de suplementar el cargo de abogado asistente en las 48 fiscalías unifiscales del país, incorporando un segundo abogado asistente. Todo lo señalado representa apoyo directo a la operación: aproximadamente el 88% de la dotación que contempla este proyecto de ley se orienta directamente al trabajo que realizan las regiones. En cuanto al fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos, esto se vincula con programas que se están implementando a nivel de la Fiscalía Nacional, con su correlato en las regiones. Uno de ellos es el Programa Especial de Protección de Testigos, dirigido a quienes se encuentran bajo riesgo vital por su colaboración en investigaciones y juicios penales. Si bien este programa ya está en implementación, se requiere reforzarlo con contrapartes en las fiscalías regionales para asegurar seguimiento y monitoreo permanentes de dichos testigos. Paralelamente, estamos desarrollando iniciativas para mejorar la calidad del servicio y la experiencia de las personas usuarias del Ministerio Público, lo que supone capacitación, desarrollo de competencias y levantamiento de diagnósticos frente a las brechas actuales. Parte de ello permitirá reforzar la atención de usuarios y equiparar el funcionamiento de las unidades regionales de atención de víctimas y testigos, actualmente bastante demandadas. Asimismo, se implementarán nuevos modelos de protección frente a la criminalidad asociada al crimen organizado y a la alta complejidad, que requieren ajustes específicos dada la distinta naturaleza de las víctimas y de los riesgos involucrados. Respecto del modelo orgánico, se crean nuevas unidades. En particular, la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal, inserta en una nueva División de Planificación, Control de la Gestión y Supervisión, cuyo objeto es velar por el cumplimiento normativo, el acatamiento de las instrucciones generales y la oportunidad en la persecución penal. Se crea también la Unidad de Integridad y Probidad Interna, destinada a establecer lineamientos y seguimiento en materia de probidad y a abordar eventuales delitos que pudieran cometerse en el marco del desarrollo de investigaciones penales. Esta unidad dependerá directamente del Fiscal Nacional. Finalmente, se crea la Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación, que otorga rango legal a un área que ya venimos desarrollando, con el propósito de formar y perfeccionar a fiscales y capacitar a nuestros funcionarios. En materia de asignación profesional, se cumple un anhelo institucional, compartido por el Fiscal Nacional: extender dicha asignación al estamento administrativo y auxiliar, dado que hoy solo se otorga a los estamentos profesional y técnico. Esto nos equipara al sistema remuneracional y a las asignaciones contempladas para situaciones análogas en el Poder Judicial. Por último, en el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional en materia remuneracional, el cambio principal es el reemplazo del bono de desempeño individual por un bono colectivo, que la institución considera positivo, pues permitirá aunar esfuerzos en torno a los ejes estratégicos tanto para fortalecer la persecución penal como para la protección de víctimas y testigos. La regulación de este bono colectivo quedará supeditada a la dictación de un reglamento y, adicionalmente, se establece la necesidad de realizar evaluaciones externas.

…a tres años, para fortalecer también los mecanismos de autoevaluación del propio Ministerio Público. Finalmente, en lo que corresponde a dotación, gradualidad y costos asociados, como señalaba el subsecretario, este proyecto tiene una implementación de cuatro años, logrando un aumento total de dotación de 819 personas, con un total de 205 fiscales, cuestión que, por supuesto, para la institución es una necesidad imperiosa. Si bien sabemos que los ingresos de causas y su complejidad seguirán aumentando, esto al menos permite paliar en parte el gran déficit estructural que tenemos hoy y que está complejizando la persecución penal, además de dificultar entregar la mayor protección posible a nuestras víctimas y testigos. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces a la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Después, cuando terminen las exposiciones, les invitaremos nuevamente por si hay preguntas de las señoras y los señores parlamentarios. Tiene la palabra don Erick Ramírez. ¿Está también la señora María Teresa Sepúlveda? Muy buenas tardes a todas y todos los honorables diputados. Por su intermedio, señor Presidente, quisiéramos exponer y complementar la información que ha sido compartida por el subsecretario y por nuestra Directora Ejecutiva Nacional, relacionada con el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, con presencia efectiva en todas las regiones del país, tiene a bien presentar, por su intermedio, señor Presidente, dos puntos sobre los cuales nos parece imperioso dar nuestra opinión, en base al conocimiento de la realidad institucional y a nuestro rol de representación de los funcionarios y funcionarias auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales del Ministerio Público. Primer punto: aumento de la dotación y colapso de la Fiscalía. Existe la necesidad urgente de aumentar la dotación de funcionarios y funcionarias. Hoy las fiscalías están trabajando al límite, señor Presidente. Tenemos un incremento permanente de causas, más audiencias, mayores exigencias de coordinación con policías, con tribunales, con servicios de protección de víctimas, y una ciudadanía que, con toda razón, exige respuestas más rápidas y de mejor calidad. ¿Qué ha pasado en la práctica? Se han creado nuevas funciones y obligaciones sin el personal suficiente para sostenerlas. Pensemos, por ejemplo, en lo que se mencionó hace un momento: las unidades de flagrancia. Son unidades que funcionan prácticamente 24/7, que deben enfrentar detenciones, audiencias de control de detención, formalizaciones, medidas cautelares. Eso supone equipos disponibles en horarios extendidos, fines de semana, noches. Pero la dotación no creció en la misma medida: se redistribuyeron las mismas personas y se cargó más trabajo sobre los mismos hombros de los funcionarios de las fiscalías locales para destinar personal a estas unidades. Otro ejemplo muy claro, también mencionado anteriormente, es la ley de entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes. La ley es un avance enorme en términos de derechos humanos y protección, y como funcionarios la valoramos profundamente. Pero se implementó sin incorporar los recursos necesarios. Eso implica que asistentes sociales, psicólogos, equipos de víctimas y testigos, administrativos y abogados asistentes tuvieron que asumir nuevas tareas de coordinación, preparación, registro, manejo y equipamiento técnico, sin que llegaran los refuerzos necesarios. Estos son solo dos ejemplos, señor Presidente, en una realidad mucho más amplia: se agregan tareas, programas y estándares, pero la planta no crece con la misma velocidad. El resultado es lo que nosotros llamamos un “colapso silencioso” de la Fiscalía: audiencias encadenadas sin tiempo suficiente para preparar causas y aumentos de licencias médicas, especialmente por salud mental.

dificultades para atender adecuadamente a víctimas y testigos en contextos de alta vulnerabilidad. Cuando hablamos de aumentar la dotación, no estamos pidiendo un lujo, señor presidente. estamos hablando de lo mínimo necesario para que las reformas legales... que el mismo Congreso aprueba no se transformen en letra muerta o en una sobreexigencia que termine enfrentando al personal. Thank you Por lo tanto, señor presidente, necesitamos más fiscales y abogados asistentes para cubrir las audiencias y litigación cotidiana. más profesionales, psicosociales y personal de apoyo para la atención. directa de víctimas y testigos. Refuerzo real de administrativos y auxiliares, que son quienes sostienen la gestión diaria de causas, los sistemas y la atención del público. Si el fortalecimiento, señor presidente del Ministerio Público, no viene acompañada de un aumento real de la dotación, lo que tendremos será un fortalecimiento sobre el papel solamente, pero con funcionarios cada mes más agotados y fiscal... y fiscalías cada vez más colapsadas. El segundo punto, señor presidente, que también lo mencionó el subsecretario y nuestra directora, como Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, queremos partir recordando algo muy básico. El sistema descansa en las personas que lo hacen funcionar todos los días. Dentro de estas personas hay administrativos auxiliares que cuentan con título profesional y que, sin embargo, no reciben ningún reconocimiento económico por esa formación. En otros servicios públicos, la asignación profesional se paga independientemente del cargo. Precisamente porque se entiende que el conocimiento y las competencias profesionales agregan valor a la institución. Thank you En el Ministerio Público esto no está ocurriendo. Hoy tenemos funcionarios y funcionarias que cumplen tareas de alta complejidad, gestión de causas, apoyo jurídico, atención especializada a víctimas, manejo de sistemas informáticos críticos, pero siguen siendo remunerados como si su trabajo fuera meramente administrativo y básico. La ausencia de asignación profesional genera tres problemas graves. Uno, es una injusticia. Personas que estudiaron, que se especializaron, que asumen responsabilidades mucho mayores, no reciben el mismo trato que no otros organismos del Estado. Es una señal muy negativa para aquellos hoy... están sosteniendo el sistema, se les pide más. se las recarga más, pero no se las reconoce de manera coherente. Lo que estamos pidiendo, señor presidente, no es un privilegio o una excepción para el Ministerio Público. Es ponernos a la altura de lo que ya ocurre en otros servicios. La asignación profesional para administrativos y auxiliares con título es una medida de equidad mínima. Y, además, una inversión que mejora la estabilidad y la calidad de trabajo que entregamos a la ciudadanía. Por eso... Nuestro llamado a los señores y señores parlamentarios por su intermedio, señor presidente, es claro. Invertir en justicia es invertir en personas. La asignación profesional y el aumento de la dotación no son gastos superfluos. Son condiciones mínimas para que el Ministerio Público cumpla el mandato que este mismo Poder del Estado le ha entregado. Hacemos un llamado a aprobar el presente proyecto de ley con urgencia, por cuanto los temas de seguridad no pueden seguir esperando para los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias Don Eric, quedó súper bien expresado su mensaje. Le vamos a dar la palabra entonces ahora. Los invito a que permanezcan aquí en la sala, por favor. a la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, a su presidenta, la señora Patricia Ibarra. Ah, por acaso. Y si quiere la acompaña la señora Soledad. anggap aja Thank you. Thank you. Thank you Tiene la palabra señora Patricia. ¿Está encendido? Sí. Thank you Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También saludo. A todas las autoridades presentes. el Subsecretario de Justicia, la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público y los honorables diputados y diputadas, también los dirigentes gremiales de las demás organizaciones del Ministerio Público. Soy Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales y represento al 90% de los fiscales y fiscalas de Chile, 708 fiscales. Para nosotros es un anhelo muy antiguo el lograr el fortalecimiento del Ministerio Público y la verdad es que comparto lo que decía el subsecretario en cuanto a que este proyecto de ley es uno de los más importantes desde que se creó. el Ministerio Público hace 26 años. ¿Por qué lo señalo? Porque en el 2015 se fortaleció el Ministerio Público a través de una ley, y luego este año una nueva ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, pero en ambos casos... Gus

Los 122 fiscales del 2015 y los 35 fiscales de ahora vienen a cubrir una necesidad muy importante, pero acotada, como es el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Sin embargo, esta ley, por lo que entendemos y anhelamos, vendría a fortalecer a los otros fiscales que no investigan crimen organizado. Esto impacta en los fiscales y en las víctimas, porque fortalecer a los fiscales es fortalecer a Chile. Como directorio, hemos recorrido diversas fiscalías de nuestro país —Coyhaique, Iquique, Arica, Antofagasta— y me he entrevistado con los fiscales en reuniones consultándoles cuántas causas tienen vigentes. Me he encontrado con fiscales que tienen mil, setecientas o quinientas causas vigentes. No estoy hablando de la asignación; me refiero a fiscales que investigan delitos sexuales, violencia intrafamiliar, amenazas, robos y otros delitos que no son los que ya se fortalecieron, como el crimen organizado o los de alta complejidad. Por eso es tan importante este proyecto de ley, y solicitamos su aprobación. Pero también es insuficiente y tardío, lamentablemente. Este proyecto, que ya lleva dos años de tramitación, se basó en estudios de los ingresos que la Fiscalía tenía el año 2022, con aproximadamente un millón trescientos mil casos. En esa época hubo dos estudios; uno del Ministerio Público sugirió un aumento de dotación de 495 fiscales para Chile. En cambio, el proyecto de ley lamentablemente solo contempla 205 fiscales, que además se incorporarán de manera progresiva: 70 el primer año, 40 el segundo, 40 el tercero y 45 el último año. Durante el año pasado, tal como mostró la directora ejecutiva nacional, ya hubo ingresos por un millón setecientos mil casos, es decir, mucho más que al momento de presentarse este proyecto. Y este año ya ha habido un aumento de un 20% por sobre lo ingresado el año pasado. Por lo tanto, la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales y sus equipos lamentablemente no se va a resolver con este proyecto. No por ello lo paralizamos ni solicitamos que no se apruebe; por el contrario, queremos que se apruebe lo más rápido posible. Debo señalar, sí, que en este proyecto no se incorporaron materias muy importantes que fueron expuestas ante la Comisión de Constitución en abril de este año por los gremios, y que también hemos planteado al Ministerio de Justicia. Hemos solicitado reiteradas reuniones al Ministerio; teníamos una a las 17 horas de hoy, pero se suspendió por esta actividad. Le recordamos al subsecretario la importancia de recibirnos, porque se comprometió una mesa de trabajo para esas otras áreas que no se incluyeron: el incentivo al retiro, la carrera funcionaria permanente y, además, la eliminación del grado 8 de fiscales. El proceso de ascenso de fiscales termina este año; es el último. No hay incentivo al retiro; somos los únicos funcionarios públicos que no lo tenemos en el país. ¿Por qué? No lo sabemos, y nos gustaría que se nos responda desde el Ministerio de Justicia. Es muy lamentable, porque estamos viendo actualmente una fuga de fiscales: si no hay carrera funcionaria ni incentivo al retiro, no existe estímulo para que los mejores fiscales permanezcan en el Ministerio Público con su trayectoria y experiencia. En relación con el actual proyecto de ley, hemos hecho una presentación respecto de dos normas que estimamos deben ser observadas —insisto, proponiendo la aprobación del proyecto— y que están en el artículo 17 letra A, inciso segundo, y 17 letra N. La primera norma, el 17 letra A, se refiere a las facultades que se le otorgan al Fiscal Nacional para impartir o no instrucciones generales e instrucciones especiales. Estamos de acuerdo con la modificación que se hizo en la Cámara, porque se limitó en cierto modo...