Presidente del Comité de Vivienda de la Población Navarino de Miraflores, Viña del Mar, mediante la cual solicitan ser recibidos por la Comisión por un dictamen de la Excma. Corte Suprema que afectó sus intereses y en el que tuvo participación el señor Ministro Simpertigue. Esa es la cuenta, Presidenta, para el día de hoy.
Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Cuál es el nombre? Javier Alvarado Navarro.
Me va a tocar resolver a mí esa solicitud. La verdad es que, si bien creo que los hechos que se exponen son de suma gravedad, lamentablemente esos hechos no están contenidos en la acusación constitucional. Nosotros no podemos revisar hechos ajenos a los que se han expuesto en la propia acusación, porque eso rompería el mandato que tenemos como parlamentarios para revisar esta acusación. Así que yo, secretario, si lo tiene a bien, le pediría que pudiesen entregar por escrito los antecedentes para tenerlos a la vista. Sin embargo, no creo que sea pertinente recibirlos en esta comisión.
Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la tabla. Esta sesión tiene por objeto recibir las exposiciones de expertos en Derecho Constitucional y periodistas de investigación, quienes se referirán a los fundamentos de la acusación. Íbamos a recibir en primer lugar y de manera telemática a un profesor; sin perjuicio de ello, vamos a recibir de manera presencial a Paulina Toro, editora de CIPER Chile, periodista de investigación. Le vamos a dar 20 minutos para su presentación y luego habrá preguntas de las diputadas y los diputados. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a todos por convocarnos a entregar información o reforzar la información que ya hemos publicado a través de CIPER Chile. Para nosotros este caso, por supuesto, ha sido uno en que sus diversas aristas se han transformado casi en una dedicación exclusiva en nuestro quehacer de periodismo de investigación. Estamos muy preocupados, como medio, respecto de lo que pasa en las cortes, no solamente en la Corte Suprema, que es el motivo de esta acusación, sino también en las distintas Cortes de Apelaciones y las distintas capas que tiene todo ese mundo. En ese sentido, les quiero contar lo siguiente.
Nuestra aproximación al caso del señor Simpertigue, que ustedes recogieron en su acusación constitucional —digo, los parlamentarios que la patrocinaron—, no radica en una causa judicial específica, sino en una investigación propia que tiene que ver con el caso Fundamenta. Ustedes recordarán que el caso Fundamenta fue muy relevante para el Poder Judicial y terminó incluso con una disputa interna en la Tercera Sala relacionada con quién iba a presidirla. Brevemente: se trata de la paralización de un proyecto inmobiliario de una filial de Plaza Egaña SpA, empresa relacionada a la Inmobiliaria Fundamenta. En esa tramitación hubo dicha paralización; sin embargo, de acuerdo con distintas gestiones internas en la Tercera Sala, el asunto terminó finalmente destrabándose.
Cuando tuvimos acceso a toda la información relacionada con el Consorcio Belaz-Movitec (CBM), igual que todos ustedes —incluso cuando reportéabamos esto antes de que saliera a la luz pública—, nos dimos cuenta de distintas gestiones vinculadas a un anómalo tramitación de causas en el caso de CBM. Buscando otras causas y conversando con distintas fuentes, advertimos similitudes demasiado específicas entre la tramitación del llamado “caso bielorruso” —la disputa de Consorcio Belaz-Movitec con Codelco— y la tramitación del caso Fundamenta. Incluso el caso Fundamenta es anterior a lo que hoy conocemos como el caso CBM. Entonces, mirando en detalle todo esto, sin haber revisado nada relacionado directamente con la causa de CBM, nos dimos cuenta de esas similitudes.
Los mismos jueces que en CBM, ¿no? Estamos hablando de Ángela Vivanco y de Diego Simpertigue; Diego Simpertigue no siempre integra la Tercera Sala. Segundo, había dinero del Fisco involucrado; ustedes sabrán por qué luego, porque esto tiene una segunda parte. Tercero, según información a la que tuvimos acceso, gracias a que aquí, en esta sede legislativa, se tramitó una acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, pudimos acceder a antecedentes que él mismo aportó, relacionados con algunas relatoras que declararon notarialmente para esa tramitación. Ellas señalaban lo mismo que pasaba en CBM: que la exministra Ángela Vivanco pedía situaciones especiales, procuraba acelerar el fallo en esta causa, fundamental para la empresa Fundamenta, y conocía detalles de la causa que no eran de dominio general.
La única diferencia que vimos fue que aquí no aparecían, al menos a rostro descubierto —y lo digo con toda propiedad—, los abogados que sí tramitaron en CBM. Estamos hablando de Mario Vargas, Eduardo Lagos y un ex correligionario de ustedes, o mejor dicho, ex compañero de labores aquí en el Parlamento, el señor Gabriel Silber. De hecho, podemos decir que Gabriel Silber fue quien trajo el cliente a Eduardo Lagos, del estudio Lagos, Vargas y Silber.
Una vez que constatamos similitudes y una tramitación anómala, tal cual ocurrió en el caso CBM, fuimos en busca de más información y, como parte de la investigación que hay en CBM —algunas de estas materias incluso fueron mencionadas en audiencia—, detectamos que había pagos. Desde Fundamenta, o más precisamente desde Plaza Egaña S.P.A., la empresa que está detrás del proyecto Egaña, que había sido paralizado, se efectuaron pagos a estos abogados, pagos que incluso comenzaron mucho antes de que ellos realizaran alguna actuación visible en la causa.
Explico brevemente la línea de tiempo de cómo Fundamenta termina tramitando su causa. Primero, hubo una tramitación ambiental, en la que participaron abogados de la plaza con mucho prestigio. Luego, el asunto llegó a la Tercera Sala; quedó algo estancado y se dictó un primer fallo que no le convenía a Fundamenta —o, mejor dicho, a Plaza Egaña—. Ese fallo se demoró en ser redactado, lo suficiente como para que, dos días antes de que efectivamente fuera redactado, apareciera una publicación en un diario de circulación nacional donde se evidenciaba el conflicto de interés que tenía el ministro Sergio Muñoz. Como es de público conocimiento, él mantenía conversaciones; incluso se incorporó una declaración de una persona de Fundamenta que señalaba que su hija, Graciela Muñoz, había recibido recomendaciones relacionadas con este proyecto.
Se ingresa una recusación respecto del señor Muñoz, presentada por un abogado cuya única actuación en la causa fue esa. Nosotros pudimos constatar que ese abogado tenía relación con Mario Vargas y con Eduardo Lagos por distintas razones. Además, verificamos que hubo al menos seis pagos desde Plaza Egaña S.P.A. vinculados a la tramitación de este caso. Entre ellos se incluye un pago por 414 millones de pesos, en cuya glosa —según los documentos a los cuales tuvimos acceso— constaba: “recusación, estrategia”, lo que obviamente se vincula a la estrategia de recusación.
Decía: en el rol de la causa se recusó, es decir, se inhabilitó al juez Muñoz. Posterior a esa inhabilidad, la causa tomó otro rumbo en la Tercera Sala. Allí ocurre lo que algunos han llamado un “takeover” de la sala: la ministra Vivanco queda como presidenta y, en tal condición, solicita que, en vez de integrar la ministra Melo, lo hiciera el señor Simpertigue. Ese es otro detalle de la tramitación que nos llamó la atención.
Todo sucede en un lapso breve y, según las relatoras, la ministra planteó que era necesario sacar el fallo lo antes posible, porque hubo una vista clave el 24 de febrero de 2022. Ese hito fue decisivo para que se extinguiera la arista ambiental del caso —de modo que no se presentaran nuevos reclamos de vecinos ni se paralizara nuevamente el proyecto—. El fallo inicial, que era distinto, se anuló y se efectuó esa nueva vista del 24 de febrero de 2022. Ocurrido aquello, la ministra Vivanco, según la relatora, pidió que el proyecto de fallo se elaborara con celeridad y se demoraron menos de una semana; incluso la relatora debió enviarlo un día domingo. Ignoramos si ello es habitual en la tramitación de una causa, pero se justificó en que varios debían salir de vacaciones; de hecho, la propia ministra se va de vacaciones.
El fallo queda firme en marzo —aproximadamente el día 3—. Un mes después, como consignamos en otro artículo y gracias a que pudimos acceder a los registros de entradas y salidas de Migraciones —hoy en la palestra a raíz del caso CBM—, constatamos que el señor Simpertigue, Mario Vargas y el señor Lagos toman un crucero junto a sus respectivas cónyuges por el Mediterráneo. Este es un viaje anterior al que se conoció recientemente y que se relaciona con CBM.
Como el caso Fundamenta está siendo indagado con posterioridad, no fue difícil entender el mecanismo, análogo al ya archiconocido en CBM. Lo dijo primero la Comisión de Ética —integrada por los mismos ministros que después removieron a la ministra Vivanco—; esos mismos ministros han sido consistentes en procurar la remoción de quienes actúan de esa manera. Al advertir estas similitudes, salimos a buscar más y nos encontramos con este segundo crucero, donde personas cercanas al Poder Judicial nos confirmaron que efectivamente habían estado todos juntos. El señor Simpertigue ya había señalado al medio Reportea que él pagó sus pasajes. Y nosotros encontramos, además, que el señor Eduardo Lagos, poco antes de ese viaje, había comprado seis pasajes. La cifra no es casual: en ese crucero viajaron, al menos, seis personas. Ahora bien, no podemos afirmar que esos pagos estén relacionados; no podemos decir que el señor Eduardo Lagos los invitó a todos, porque los detalles de esa información no son públicos. Solo consta la compra.
Bueno, tenemos esa arista, que la semana pasada la Fiscalía hizo suya y está investigando, aparte de lo ya relacionado con CBM. El Fiscal Nacional asignó esa causa a la fiscal Gloria Bidberg para poder revisar bien todos estos detalles. Entiendo que ya podrían existir diligencias en curso, diligencias que nosotros no tenemos capacidad de realizar porque no contamos con facultades de medidas intrusivas; nos encantaría, pero no las tenemos.
También nos dimos cuenta, una vez que el medio Reportea publicó su reportaje relacionado con el caso CBM, que había sido el propio ministro Simpertigue quien redactó el fallo vinculado con uno de los pagos de CBM, pago que asciende a un poco más de mil millones de pesos, lo cual, por supuesto, es un dato relevante en términos de que él mismo se encargó de redactarlo. Son gestiones concretas que están haciendo los ministros sin siquiera señalar —porque ahí sí— la inhabilidad por amistad. Es absolutamente claro que tienen una relación de amistad permanente, no nueva sino antigua. Uno podría entender que, a lo mejor, en el caso Fundamenta aquello no estaba evidenciado y quizás la propia ministra Vivanco o el señor Simpertigue podrían decir: “no sabía”. Pero, a la luz de los hechos y del nivel de confianza, uno podría presumir —y lo digo con responsabilidad, solo presumir— que en algún momento pudieron haber tenido algún comentario. Era un cliente muy importante que, según las transferencias, significó para LBS Abogados 608 millones de pesos en total, porque los 414 millones que les comenté correspondían solo a una etapa.
¿Por qué es tan importante este caso? Porque también se vincula con dinero público. Una vez que Fundamenta, o Plaza Egaña SpA, logra despejar completamente el asunto ambiental —incluso los ejecutivos dan entrevistas destacando el “gran fallo de febrero”—, meses después aparecen Lagos, Vargas y Silber en una causa demandando al Fisco por 20.000 millones de pesos, asunto que hoy está abierto. Si uno mira, a raíz de que el proyecto estuvo paralizado durante todo ese tiempo, es decir, gracias al fallo habría un perjuicio —según ellos—, un daño moral y también relacionado con no haber trabajado durante aproximadamente un año y medio.
Entonces, lo que vemos acá es una estrategia interesante, en el sentido de que pudo haberse elaborado pensando en el futuro, sabiendo que a lo mejor les iba a ir bien. Lo otro que estuvimos mirando —y quizá aún no lo hemos concluido; se puede abordar con expertos— es si esos 608 millones están a precio de mercado o no. Es decir, ¿se paga por ese tipo de estrategia procesal, por recusar a un ministro, por toda esa cantidad de dinero? Porque, si uno piensa mal, podrían caber ahí, en algún momento, pagos a funcionarios públicos.
Eso. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputadas y diputados para preguntas. Tiene la palabra el diputado Manouchehri. Gracias, Presidenta.
Evidentemente, hay situaciones bastante extrañas en toda esta trama. Creo que corresponderá a la investigación judicial que lleva la Fiscalía determinar si esos viajes eran de placer o si, en el marco de ellos, se entregaba algo; incluso podría haber ocurrido ambas cosas. Asimismo, deberá investigarse estos pagos abultados que se recibían, donde pareciera que una parte de dichos montos correspondía a coimas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre: no son premios a los jueces, ni favores, ni regalos; son abiertamente coimas.
En su momento dijimos con fuerza que podía existir un “tarifario” en el Poder Judicial con determinados jueces, entre ellos la ministra Vivanco, y hoy aparece involucrado en los mismos casos el ministro Simpertigue. Además, se han observado patrones relevantes: los pagos se reciben después de algún fallo particular, como si por cada fallo hubiese un pago asociado. Como señaló ayer el experto, señor Couso, probablemente estamos en presencia de la crisis más importante del Poder Judicial. De poco sirve profundizar en la agenda de seguridad ciudadana si, finalmente, vamos a tener jueces que se corrompen a este nivel. Quien está disponible para recibir una coima para acelerar un pago de una inmobiliaria o de una empresa, ¿por qué no estaría disponible para recibirla de un gran narcotraficante? No hay una distinción.
Quisiera también consultar respecto de una figura que aparece mencionada en algunos chats: el señor Aldo Cornejo. Se le nombra, pero no hay mayor profundidad al respecto. ¿Podría explicarnos en qué circunstancias aparece en esta trama y qué rol podría haber jugado?
Tengo, además, algunas preguntas. Este caso se diferencia del relativo al consorcio de origen bielorruso en que los abogados Vargas, Lagos y Silber no representan directamente a Fundamenta. Sin embargo, usted señaló que quienes presentaron la recusación eran abogados relacionados con Vargas y Lagos. ¿Qué tipo de relación existe y cómo llegó usted a la convicción de que había un vínculo entre ese abogado y los señores Vargas, Lagos y Silber?
En segundo término, respecto de la relación entre los abogados antes mencionados y el estudio jurídico que representa a Fundamenta o a Plaza Egaña, ¿el único vínculo entre ellos es el pago de aproximadamente 600 millones de pesos?
Finalmente, usted indicó que, luego de que la causa tomara otro rumbo tras la inhabilitación del juez Muñoz, la ministra Vivanco, en su calidad de presidenta de la Tercera Sala, solicitó que, en vez de que integrara el ministro Melo, integrara el ministro Simpertigue. Entiendo que usted no es abogada, pero, si tiene conocimiento, ¿es frecuente que un ministro de la Corte solicite cambiar a la persona que integra la sala? ¿Existe un mecanismo para aquello? ¿Por qué podríamos calificar ese hecho como irregular?
Por último, esto también lo preguntó el diputado Marcos Ilabaca el día de ayer, pero creo que es importante reiterarlo. Usted señala que, en el caso del consorcio de origen bielorruso, el ministro Simpertigue redacta el fallo. La pregunta es: ¿sabe si le correspondía a él redactar el fallo por turno, o si realizó alguna gestión para ser quien lo redactara? Esas son mis preguntas. Muchas gracias.
Según mi juicio, y a partir de lo que hemos podido observar hasta ahora —al menos por las dos intervenciones de ayer de los profesionales—, la cuestión fundamental es saber si el ministro debió haberse abstenido de participar en todo lo que le tocó, por sus relaciones con los implicados, en particular con los abogados. Porque, según lo que entendí de los profesores Couso y Zúñiga, eso configuraría abandono de deberes. Por la investigación y la información que usted maneja, ¿está o quedaría acreditado que el ministro tenía o tiene relaciones con los abogados de la contraparte, fuera de los correos y todo ese tipo de comunicaciones? ¿Se configuraría una relación clara como para sostener que debió haberse abstenido en toda su actuación?
Diputada Cicardini.— Muchas gracias, Paulina, por la exposición. Solo saber si ustedes tienen antecedentes o información sobre cuáles eran los contactos o vínculos políticos del señor Simpertigue.
Presidenta.— Ahora sí tiene la palabra para responder.
Paulina.— Gracias, Presidenta. Voy a responder por orden. A la pregunta del diputado Manouchehri: nosotros publicamos que Aldo Cornejo, en algún minuto, hizo gestiones. Previo a aquello, efectivamente él aparece como abogado asociado —por decirlo de algún modo—, abogado que trabajó en el estudio, al menos. Así lo demuestran varios pagos. Hay pagos que no tenemos totalmente trazados, pero entendemos que existen. Además, tuvimos acceso y publicamos que el señor Aldo Cornejo, según una declaración del presidente de Codelco, don Máximo Pacheco —quien aportó antecedentes en la causa—, lo contactó en el marco de esta disputa. En una conversación vía WhatsApp, de la que mostró respaldos, Cornejo le proponía una especie de acuerdo extrajudicial.
¿Qué idea nos formamos? Que cada uno tenía un rol: mientras uno litigaba en la Corte de Apelaciones de Copiapó, otro tenía a cargo la Corte Suprema y, además, había quien exploraba un arreglo por fuera. Más allá de interpretaciones, lo concreto es que Cornejo realizó esas acciones y hay pagos relacionados. Entendemos, además, que mantiene una relación cercana con el señor Gabriel Silber. Ambos aparecen vinculados a Vargas y Lagos en la misma época.
Respecto a la pregunta de la Presidenta: Marco Fuentes es el abogado que tramitó única y exclusivamente esa parte de la causa en Fundamenta, esto es, en Plaza Egaña SpA, porque esa es la empresa. Marco Fuentes —así nos lo dijo— fue compañero y amigo, desde hace unos quince años, del señor Mario Vargas. Han tramitado varias otras causas; él aparece en diversas causas con defensas coordinadas o, en su caso, cuando se requieren dos abogados en una misma defensa. Y lo que pudimos constatar es que, en la fecha en que ocurre todo esto, hay traspasos de dinero desde Mario Vargas al señor Marco Fuentes. Él nos señaló que obedecen a otra materia.
Probable, pero sí nos ayudó a confirmar el vínculo, que es importante. No era un abogado cualquiera que apareció de manera fortuita, sino alguien relacionado, como podría decirse del señor Aldo Cornejo.
Se me preguntó si ese era el único vínculo del señor Simpertigue con esta gente, o de Fundamenta con LBS. La pregunta apuntaba a que, si el abogado Marcos Fuentes era quien estaba realizando las diligencias, el señor Simpertigue no tenía cómo saber que el señor Fuentes estaba recibiendo pagos por parte de Vargas y Lagos; es decir, Simpertigue tenía vínculos con ellos, no con Marcos Fuentes, y por ende no podía conocer los vínculos de Fuentes con Vargas y Lagos. En el fondo: ¿el único nexo entre Marcos Fuentes y Vargas era el pago realizado? ¿Cómo podía saberlo para inhabilitarse? Ese fue, precisamente, el argumento que nos planteó la señora Ángela Vivanco cuando la contactamos para ese reportaje: que no tenía cómo enterarse.
Ahora bien, las anomalías de la causa están ahí y eso debiera ser objeto de investigación. Hubo una manera deliberada de no aparecer en la causa: reciben pagos, pero no litigan; actúa otra persona. No podemos quedarnos con que “no sabían” o “no se dieron cuenta”; hubo un diseño. Quizá recusar al ministro Sergio Muñoz no era fácil para cualquier abogado de la plaza. No se trataba solo de “hacer un negocio”, sino de sacar de la Tercera Sala a su presidente, inhabilitarlo además por un asunto vinculado a su hija; no debía ser sencillo para ningún abogado penalista.
Con todo, no hay un vínculo evidente, y estimamos que eso fue deliberado. La glosa del pago de 414 millones consigna el rol de la causa y menciona una recusación y la solicitud de nueva vista de la causa —tiene un nombre técnico—. Esa es una evidencia: se pagó una factura. Esta información proviene del Servicio de Impuestos Internos respecto de las facturas emitidas por LBS.
Sobre la integración, es un dato curioso por qué no podía integrar la ministra Soledad Melo. Según nos dijo la propia Ángela Vivanco, fue porque la ministra Melo no estaba muy relacionada con este tipo de causas. Para efectuar ese cambio debe pedirse autorización al Presidente de la Corte Suprema; no sabemos si existe un correo u otro documento que lo acredite, aunque cuando conversamos con ella, no lo negó y lo admitió: efectivamente hizo esa gestión porque consideró que la ministra Melo no estaba tan familiarizada con estas materias. Para nosotros, ese es un dato, considerando la “complicidad”, por decirlo así, no entre Vivanco y Simpertigue —no creemos que exista—, pero sí con los abogados.
Respecto de la redacción del fallo, puede ser que le haya correspondido; no lo tenemos claro. En todo caso, cuando uno se enfrenta a abogados que son sus amigos, la inhabilidad es, por sí misma, un antecedente adicional.
No solamente votó, sino que además redactó el fallo. Es un antecedente más dentro de las posibles causales que, como ustedes señalan, podrían configurar abandono de deberes. Existe una discusión —no sé si la abordaron ayer— relativa a que, en ese momento, algunos ministros entendían que debían inhabilitarse respecto de las partes y no de sus abogados. Es un asunto jurídico al que hemos seguido con atención.
Quisiera comentar algo a propósito de los ministros Ulloa y Sabaj, de la Corte de Apelaciones de Santiago: uno fue removido por la Corte Suprema y el otro acusado constitucionalmente por esta Cámara. Se suele separar los nombramientos y las redes de amistades, por un lado, de los fallos, por otro; como si una cosa fuera vender fallos —para quien mal piensa— y otra muy distinta fuera nombrar personas o mantener amistades con abogados de la plaza. Nosotros creemos —y lo hemos constatado— que ambas dimensiones conversan. Si un ministro, o alguien con poder para influir en múltiples cargos, mantiene amistades y una cadena de favores, esa red puede facilitar el acceso y la incidencia en causas donde se involucran intereses económicos relevantes; la confianza puede llegar a niveles que habiliten, incluso en espacios informales, que se conversen y acuerden situaciones impropias. En el caso que analizamos, Ulloa aparecía vinculado principalmente a nombramientos —con Hermosilla incluido— y Sabaj a fallos; pero, visto en conjunto, esas confianzas cruzadas explican cómo se articulan.
Diputado, yendo a su pregunta: estábamos abordando si correspondía inhabilitarse. Según la interpretación que mayoritariamente ha cuajado —y que recogimos en nuestros artículos—, el señor Matus se inhabilitó con todos. No sabemos si esa inhabilidad se ejerció en los hechos de modo efectivo, pero la declaró, lo que reconoce esa interpretación y no la contraria.
En cuanto a los antecedentes sobre vínculos, de la investigación se desprende que existía una relación; los viajes están documentados y, al menos uno, fue reconocido por su propio protagonista. Él mismo señaló que viajó con estas personas poco antes de fallar, lo que supone una cercanía que no es casual.
Respecto de la señora Vivanco —cuyas actividades sociales se han viralizado—, en su momento sostuvo que su amistad era con el señor Ulloa y que este llevaba a Mario Vargas a su casa; eso fue lo que nos dijeron cuando publicamos esas imágenes. Sin embargo, también hemos observado que su pareja, Gonzalo Migueles, aparece involucrado y que, al menos dentro de un grupo, circulan dineros: hay flujos que van y vienen. No me corresponde calificarlo, pero sí consignar que existe una relación.
En suma, a juicio de varios penalistas y de abogados que han interpretado el régimen de inhabilidades, debieron inhabilitarse ambas autoridades involucradas, no solo el señor Simpertigue.
Los lazos políticos de Simpertigue no los tenemos acreditados con antecedentes concretos; por supuesto que nos interesaría mucho conocerlos. Sí existen algunos detalles, como lo publicado por Radio Biobío y contenido también en la investigación de CBM: se habría organizado una comida para conversar sobre futuros cargos judiciales en los que estaría involucrado el señor Simpertigue. No sabemos, no tenemos certeza de que esa comida se haya realizado, pero hay rastros de que podrían haber asistido determinadas personas si es que se concretó. Se menciona al senador Matías Walker, a quien hoy vemos vinculado, por una amistad íntima —como él mismo lo ha señalado—, con Sergio Llaver. Llaver es un eslabón muy relevante dentro de este grupo; lo venimos observando hace tiempo porque aparece en diversos eventos sociales con todos ellos. Fue quien le dio trabajo a Gonzalo Migueles, dato que es importante: en su momento uno podría preguntarse por qué un conservador le da trabajo al marido —o pareja— de una ministra.
También se ha hablado —ustedes lo habrán visto publicado— de que Simpertigue realizaría reuniones sociales con personas ligadas al mundo judicial, donde supuestamente estarían siempre estos abogados. Sin embargo, de contar con antecedentes verificables los habríamos publicado; hasta hoy no tenemos fehacientemente identificadas sus redes políticas.
Diputado Manouchehri: Gracias. Quisiera consultarle respecto de dos materias que me parecen importantes. Primero, el rol de Francisco Cruz en toda esta trama. Él es nombrado y es una persona relevante: hablamos de un abogado integrante de la Corte, consejero del CNTV, exembajador. ¿Cuál es su rol? Porque pareciera que actúa como uno de los articuladores que organiza muchas de estas reuniones o fiestas sociales.
En segundo término, si pudiese profundizar respecto de la trama de los nombramientos de notarios. Esta trama tiene un componente muy relevante que, a mi juicio, no ha tenido el escándalo que debería en nuestro país. Hablamos de que el señor Llaver, en este caso, sería eventualmente el eslabón para lavar dinero en toda esta trama; por eso a él y a otro conservador se les investiga. Ahí suceden situaciones bastante complejas, como todo lo que ocurre en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde el señor Llaver era el ministro visitador, es decir, la persona que evalúa a los jueces que trabajan allí. Y, en ese contexto, aparece nombrado un familiar cercano —coloquialmente referido como su “yernísimo”, por ser la pareja de un hijo de su señora—, quien, con 32 años, resulta designado en notarías en circunstancias, al menos, inusuales. Evidentemente, el señor Llaver juega un papel en toda esta trama y hemos observado qué es lo que ha permitido este entramado de los nombramientos de notarios y conservadores: no solo se trata de ubicar a alguien en una posición, sino de lo que eventualmente puede hacer esa persona una vez que está en esa posición de poder.
Esa persona, además de los favores políticos que reparte —cuestión que la Fiscalía debe investigar—, porque si yo favorezco un nombramiento y luego esa persona me entrega dinero, en nuestro país ello está tipificado como tráfico de influencias, y eso es lo que eventualmente debe dilucidarse. Además, en este entramado parecería existir el uso de la red para el lavado de activos. Por ello, quisiera pedir que se profundice en esta arista relativa a los nombramientos de notarios, particularmente en San Miguel, y, en general, en toda la trama que los envuelve.
Sí, claro. Con respecto a Francisco Cruz, sabemos que fue asesor del señor Matías Walker hasta hace poco, tuvo varios cargos vinculados a distintos gobiernos y es una de las personas que opinaba en el chat expuesto por Radio Bío-Bío en relación con el posible encuentro con el ministro Cordero. Nos encantaría conocer más sobre el rol del señor Cruz, pero eso es lo que tenemos hasta ahora.
Sobre el sistema de nombramientos de notarios y conservadores: desde lo observable sin mayor reporteo, al nombrar a un notario o a un conservador —y considerando el registro que administrará y las funciones que ejercerá—, es previsible que su patrimonio crezca de un minuto a otro. Ello, en términos prácticos, abre espacios para eventuales actos de corrupción. Lo que hemos visto, y que ahora se supone podremos observar con mayor transparencia, es que en distintos Conservadores de Bienes Raíces y notarías del país se contrata a personas vinculadas al mundo político y a otros jueces; se otorgan empleos a cónyuges, hijas e hijos recién egresados, hermanos, etcétera. Se va generando una cadena de favores.
Partamos con el señor Gonzalo Migueles. A petición de la señora Ángela Vivanco, comenzó a trabajar con el señor Yáber. Ellos señalan que se conocían de antes, pero el señor Yáber relata que, en una comida en el norte, cuando recién les presentaron a la señora Vivanco, dijo: “Si salgo nombrado, voy a poder darle trabajo a Gonzalo”. Finalmente fue nombrado y le dio trabajo. Esa es la clase de cadena de hechos a la que nos referimos.
Luego vemos al señor Migueles en la primera publicación que hicimos: el pantallazo del señor Gonzalo Migueles realizando gestiones, supuestamente, para el nombramiento de fiscal nacional con el señor Carlos Palma. En esa nota abordamos otros antecedentes relativos al señor Migueles. Supimos que tomó contacto con el señor Carlos Sued cuando este concursaba para ser conservador en Valparaíso; según entendemos, el señor Migueles le sugirió que se bajara de ese concurso. Estamos, nuevamente, frente a gestiones vinculadas a nombramientos que el señor Migueles no tenía por qué realizar.