Por favor, tomen asiento. Antes de que el señor Secretario proceda a leer la tabla, quiero dejar algo en claro y pedir disculpas a los invitados, a nombre de la Comisión. Quiero agradecer especialmente a los diputados Henry Leal y Stefan Schubert, que pudieron reemplazar a colegas de esta Comisión.
La verdad es que me da mucha lata, porque la Comisión de Agricultura está muy bien que sesione en Santiago para ciertas materias, pero tenemos el deber de conocer la realidad agrícola del país. Tomamos un acuerdo para venir acá; por lo tanto, cuando se adoptan acuerdos en una comisión y se establece un calendario de sesiones en regiones, los diputados que no van a poder asistir —porque es lógico, cada uno tiene sus temas— tienen el deber de, al menos, buscar reemplazos con tiempo y no a última hora.
Buenos días. Antes de iniciar, ofrezco disculpas a nuestros invitados por las dificultades de última hora para completar el quórum. Agradezco a los colegas que concurrieron para permitir la apertura de esta sesión especial.
Señor Secretario, dé lectura a la cuenta, por favor.
Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos:
- Un correo de los jefes de bancada del Comité Republicano y de la Unión Demócrata Independiente, por el cual informan que en la sesión especial del día de hoy el diputado Leal reemplazará al diputado Harry Jürgensen, de la Región de Los Lagos.
- Una nota de la bancada Republicana que comunica el reemplazo del diputado Benjamín Moreno para esta sesión.
- Un oficio firmado por las diputadas Paula Labra y Carolina Marzán, informando que acordaron un pareo para la sesión del día de hoy.
- Un correo de la Directora Regional de CONAF de La Araucanía, señora María Teresa Morayma Huentequeo Toledo, quien presenta excusas por compromisos adquiridos e informa que asiste en su reemplazo el Jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, don Mario Alvarado Aguirre, a fin de exponer sobre materias relacionadas con incendios forestales y el plan de prevención y mitigación en el marco de la temporada 2025-2026.
Eso es todo, Presidenta.
Muchas gracias, señor Secretario. Damos la bienvenida a cada uno de los invitados: al señor Fiscal, al Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, General de Brigada don Alejandro Moreno Jorquera; a los generales de Carabineros; a la representación de CONAF; a la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO); y a los gremios de agricultores de la región. Agradecemos especialmente a SOFO por su hospitalidad y por facilitarnos su sede para esta sesión.
Iniciaremos con la exposición del General de Brigada don Alejandro Moreno Jorquera, respecto del plan de seguridad para enfrentar la temporada que viene, particularmente en lo referido a la seguridad agroalimentaria —antes denominada “Cosecha Segura”—. General, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Saludo a todos y destaco la relevancia de esta reunión. Aunque no soy parte de la Comisión de Agricultura, valoro que se realice una sesión en la región y me habría gustado poder quedarme más tiempo, porque el tema es muy importante. Quisiera señalar que hoy existe una visión integral de la seguridad que trasciende la seguridad pública y policial, e incorpora dimensiones como el suministro de alimentos. Ello otorga a la agricultura una prioridad evidente: si la seguridad es prioritaria, asegurar el abastecimiento oportuno de alimentos es un componente esencial. Por eso, lo que ustedes van a abordar hoy es muy pertinente. Debemos relevar el rol de la agricultura dentro de esta mirada de seguridad y trabajar de manera coordinada para fortalecerla. Les deseo una exitosa sesión; lamentablemente, por compromisos previos, debo retirarme.
Muchas gracias. Efectivamente, el plan que comenzó como “Cosecha Segura” hoy se enmarca en la estrategia de seguridad agroalimentaria, y será uno de los ejes de trabajo que abordaremos en esta sesión junto con la prevención de incendios para la próxima temporada.
Esto partió de la mano de las autoridades policiales y militares, más el gremio de la SOFO y el gremio de agricultores de Malleco, como una manera de proteger y asegurar que los agricultores, que normalmente podían ser sujetos de incendios provocados, atentados, extorsiones, etcétera, pudieran realizar de manera segura sus cosechas. Esto comenzó hace tres años, en 2021, se ha mantenido y ha resultado un éxito. El mecanismo funciona de la siguiente manera: los interesados deben avisar para ingresar a un listado que ordena las faenas según el avance habitual de las cosechas, de norte a sur y de mar a cordillera, de modo que se vaya cosechando con seguridad para cada productor.
General Moreno tiene la palabra.
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer a esta Mesa la oportunidad de exponer dos temas de trascendencia para la región: el plan de seguridad agroalimentaria y el plan piloto que se está implementando acá en la región. Hemos estructurado la presentación, en un primer momento, para dar a conocer el objetivo y los antecedentes de contextualización en los cuales se desarrollan estos dos planes: el plan de seguridad agroalimentaria, que será complementado también por el COE, y, en un segundo momento, el plan piloto del programa de quema controlada. El objetivo es analizar el plan de seguridad agroalimentaria y el plan piloto de quema controlada para la temporada 2026, a la luz de las coordinaciones de tipo interagencial que ejerce la Jefatura de la Defensa Nacional en la región.
En cuanto a los antecedentes de contextualización, pensando en que hay también diputadas y diputados de otras regiones que quizá no tienen plena claridad respecto de la nuestra, es importante señalar que nuestra superficie es de aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4,2% de la superficie nacional, y ocupamos el octavo lugar en cuanto a tamaño. En población, el último censo indica prácticamente un millón de habitantes, que representa el 5,5% del total nacional, ubicándonos en el quinto lugar. Las actividades económicas principales se relacionan con el agro —particularmente la agricultura y la silvicultura— y el turismo, especialmente en el extremo sur de la región. Ambos planes se desarrollan en un territorio con climas templados mediterráneos y templados lluviosos, según el sector.
Es importante tener presente que los dos planes se implementan bajo un Estado de Excepción Constitucional, vigente ya por alrededor de 1.300 días; estamos a punto de cumplir cuatro años en mayo del próximo año. Existen factores genéricos y específicos que influyen en todos estos planes: es un ambiente VUCA; es decir, volátil —por la velocidad de los acontecimientos, que cambian de un mes a otro—, incierto —por dificultades en la obtención de inteligencia que nos permita anticiparnos, principalmente frente a la delincuencia y a las amenazas en el mundo rural—, complejo —por la multiplicidad de actores y factores que concurren en el fenómeno— y ambiguo —por la calidad y certeza de la información—, lo que dificulta el empleo oportuno, eficiente y eficaz de los medios.
Sin embargo, todo esto se minimiza, como se ha señalado, con el trabajo sinérgico y multisectorial que realizamos prácticamente todos los actores aquí presentes. Si no fuera por la cohesión, el trabajo, el espíritu de cuerpo y la voluntad de cada uno, esto sería mucho más difícil. Es algo que corresponde destacar en el trabajo que se realiza en la región, con todos los actores, tanto del sector público como del sector privado.
Ahora bien, ¿por qué empezó toda esta situación del Estado de Excepción Constitucional? Bueno.
El alto nivel de cesantía y pobreza que tiene la región; somos, si no la región más pobre del país, estamos en el primer o segundo lugar. Ello obedece también a la ausencia, desde tiempo atrás, de un Estado robusto, que hay que ir consolidando para minimizar y bajar estos índices de pobreza y cesantía. Ha aumentado la actividad ilícita en la región; aunque no somos de las principales con los índices más elevados, sí se observa una tendencia leve al alza, por lo que debemos mantener la preocupación. Se ha utilizado la causa mapuche por parte de grupos más organizados con fines ilícitos, lo que hace que se tienda a confundir la causa mapuche con actos que son absolutamente delincuenciales.
Las fuerzas de orden y seguridad pública han estado sobreexigidas, lo que obligó a requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden público, la seguridad y el libre tránsito de la población, principalmente en rutas rurales, más apartadas y lejanas. Ello exige una coordinación estrecha, especialmente con Carabineros de Chile, para ejercer el control de rutas en la región.
En materia de usurpaciones y robo de madera, se ha observado una disminución asociada a la implementación de un nuevo marco legislativo y a acciones de interrupción de actividades delictuales, que son, principalmente, los temas que nos convocan en esta región.
Es importante anticipar lo que se nos viene. De manera general, proyectamos catalizadores para el primer semestre de 2026, que podemos dividir en dos trimestres: enero-marzo y abril-junio. En el primer trimestre, donde existe mayor coherencia con los planes que vamos a desarrollar en esta reunión, destacan: los procesos judiciales de algunos comuneros, que —como es comprobable— elevan los índices de violencia rural como reacción de ciertos grupos; la entrada en operación del tren forestal de TRANSAP, a partir del 2 de enero, con una frecuencia de dos trenes cada dos días, trenes de madera de hasta 400 metros de largo, lo que requerirá una coordinación muy estrecha por parte de los organismos de seguridad y de las empresas ferroviarias; y la situación de proyectos e instalaciones en el sector sur de Temuco, que mantenemos bajo vigilancia permanente, con presencia de Carabineros y patrullajes especiales del Ejército, generando una dinámica específica de patrullaje en ese sector, así como en el aeropuerto.
Asimismo, el aniversario de Matías Catrileo, el 3 de enero, es otro catalizador que enfrentaremos en los primeros días del próximo año, para lo cual ya estamos preparando estrategias que minimicen la ocurrencia de hechos de violencia rural. También consideramos los eventuales atrasos en la entrega de títulos de dominio de tierras en algunos predios, que podrían generar acciones por parte de comunidades. Todo esto ocurre, además, en un escenario en que los primeros tres meses del próximo año estaremos abocados a los incendios forestales, derivando esfuerzos de distintos organismos para minimizar los efectos de esa amenaza; y, por último, al preámbulo del nuevo gobierno que asume el 11 de marzo, lo que podría generar reacciones derivadas de las expectativas existentes frente al gobierno que resulte electo.
En cuanto a los métodos de violencia más empleados por estos grupos, siguen siendo los cortes de ruta, los atentados incendiarios y los ataques armados, hechos que probablemente seguiremos observando. En los modos de acción se aprecia una evolución: se busca evitar el enfrentamiento con las fuerzas militares y policiales, evadiendo el contacto para no llegar a ese punto, y se observa un perfeccionamiento del accionar destinado a eludir la persecución penal.
Se señala que quienes cometen actos ilícitos están haciendo sus actos cada vez más “lícitos”, en el sentido de que aprenden de la experiencia para evitar su judicialización. Las inspecciones territoriales muestran que, si bien la atención se ha concentrado en ciertas comunas, se observa una metástasis del fenómeno en la región, lo que exige seguimiento para dividir esfuerzos y dirigir de mejor manera nuestros despliegues.
El accionar se ha trasladado a lugares sin presencia de fuerzas militares ni vigilancia, buscando objetivos donde ni siquiera hay nochero o guardia, como se vio en los últimos hechos ocurridos en Pitrufquén. Se ha incrementado la adjudicación de los hechos, principalmente por la WAM, y se observa el surgimiento de nuevos liderazgos jóvenes, radicalizados y violentos.
Respecto de la estadística, cabe precisar que cada institución utiliza metodologías distintas, pero lo relevante es que, con independencia de ello, las cifras muestran una tendencia a la baja en el número de hechos, aunque en algunos casos aumenta el nivel de violencia. A igual fecha del año pasado, bajo la metodología de la Jefatura de la Defensa, había 90 casos; hoy registramos 62, lo que representa un 31% menos. La mayor ocurrencia sigue concentrándose en la provincia de Malleco, con cerca del 70% de los casos. Por tipología, aproximadamente un 45% corresponde a ataques incendiarios, un 30% a ataques armados y un 25% a cortes de ruta. Se mantiene una tendencia de no adjudicación cercana al 70%, y ha aumentado la actividad atribuida a la RMM y a la WAM, con los porcentajes que se muestran en la lámina. Esta gráfica es clave, porque al superponerla con el Plan de Seguridad Agroalimentaria se aprecia dónde ocurren los incidentes y dónde está la mayor cantidad de predios adscritos al plan.
En cuanto al Plan de Seguridad Agroalimentaria, cabe una nota aclaratoria: los detalles y pormenores serán precisados por el General Mansilla, jefe en este caso. El objetivo del plan es prevenir y contrarrestar los delitos para dar seguridad a los trabajadores agrícolas y al desarrollo de las cosechas de granos y frutas en la Región de La Araucanía, sosteniendo el abastecimiento alimentario no solo regional, sino también nacional.
Respecto de la ejecución del plan 2025, aún no es posible referirse al 2026, dado que el día 16 del mes en curso se realizará la primera reunión para ajustar los detalles. El año pasado se cosecharon aproximadamente 40.000 hectáreas; fueron 15 las comunas impactadas por el plan; se adscribieron 135 predios y operaron cerca de 800 maquinarias en el marco de esta estrategia. Debe recordarse, a la luz de la ocurrencia de hechos de violencia rural por comuna, que hubo 17 comunas en las cuales no se ejecutaron tareas del plan por parte de los organismos involucrados; de 1 a 7 predios inscritos, hubo 12 comunas. Lo más relevante: 95 predios concentraron el 70% del trabajo en tres comunas —Traiguén, Ercilla y Victoria—; 35 de esos predios estuvieron en Ercilla y 43 en Victoria, lo que representa cerca del 60% del plan, coincidiendo con la mayor ocurrencia de hechos de violencia rural. De allí la necesidad de estrategias de seguridad detalladas, eficientes y eficaces.
Como antecedente de su importancia: el trigo, del cual alrededor del 42% del total nacional se produce en la región, exige resguardar la cadena productiva y la seguridad de las faenas.
El 58% de la avena, el 60% del trigo y el 20% de la fruta del país corresponden a producción de esta región. El último ciclo consideró 170.000 hectáreas cultivadas en distintos rubros, con 135 predios priorizados, 39.200 hectáreas efectivamente cosechadas y alrededor de 700 camiones trasladando grano desde las cosechas hasta los lugares de acopio. Todo ello se ejecutó con una coordinación cuyo resultado —lo digo con humildad— estuvo principalmente liderado por Carabineros. Si no existe la voluntad de cooperar y poner a disposición todas las capacidades, no es posible llegar a estos resultados. Con orgullo y humildad podemos afirmar que este plan, el año pasado, tuvo incidencia cero.
Ahora bien, en la lógica de la mejora continua, hemos detectado aspectos a perfeccionar. Uno de ellos es reducir la sensación de temor al empadronamiento: hay agricultores que evitan inscribirse por eventuales represalias, lo que puede distorsionar las estadísticas y, por ende, afectar el diseño de las políticas. Asimismo, y recogiendo la observación del diputado Rathgeb, debemos fortalecer la difusión del plan, para que la ciudadanía tenga claro qué debe hacer, cómo se ejecuta y cómo se inscribe. Vamos a optimizar esos procesos —empadronamiento, programación y ejecución— para que este año quede absolutamente claro el proceder.
Este trabajo se desarrolla mediante una coordinación interagencial con organismos de seguridad: la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA), la SEREMI de Seguridad Pública, Carabineros de Chile; con el sector productivo —SOFO y los productores de Malleco— y aliados estratégicos como CORMA y, principalmente en el norte de la región, CMPC. Sesionamos todos los días martes en la Prefectura COP de Carabineros, con representantes de estas entidades, para analizar la ejecución, revisar estadísticas, generar retroalimentación y realizar los ajustes necesarios. De allí surgen tareas que seguimos incrementando y optimizando, especialmente el empadronamiento y la programación de las medidas de seguridad, para culminar en su ejecución.
La ejecución considera acompañamiento de Carabineros en los lugares de cosecha y acompañamiento en ruta por parte de unidades del Ejército y, en algunos casos, de la Fuerza Aérea.
Esa es mi exposición con los principales datos. En una segunda instancia me referiré al Plan de Quemas Seguras. Muchísimas gracias.
—Muchas gracias, General. ¿Desean formular preguntas ahora o esperamos? Para mantener el orden, ofreceremos la palabra al Jefe de Zona COP, el General Cristián Mansilla Varas. Para que quede registrado: COP es Control de Orden Público. General Mansilla, ¿usted trae una presentación o complementará lo ya expuesto?
—Muy buenos días. Soy el General Cristián Mansilla, Jefe de la Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur. Felicitar al General Moreno por una presentación muy detallada; los indicadores y dimensiones que abordó coinciden con los nuestros y trabajamos de manera muy coordinada. Por lo mismo, me referiré brevemente a la situación actual del plan. Efectivamente, hoy se denomina Plan de Seguridad Alimentaria; en 2021 se llamaba Plan Cosecha y cambió recientemente.
Efectivamente, esto se basa en tres grandes elementos. Primero, prevenir delitos, particularmente aquellos asociados a la violencia rural en el entorno, durante el desarrollo y en los desplazamientos de las cosechas. ¿Cómo actúa Carabineros? Con la estructura que tiene para desarrollar su servicio a través de recorridos y acompañamientos a las cosechas, con los agricultores y la coordinación permanente con ellos. Esto opera durante toda la temporada de cosecha, desde la primera hasta la última: no se detiene.
Algunos indicadores son bien potentes, como el muy buen trabajo de información, que es fundamental. Incluso tenemos un teléfono de contacto denominado Fono Cosecha. Ese Fono Cosecha es muy útil porque permite que todos los actores que trabajan en esto se comuniquen directamente con nosotros a través de una mesa central que tenemos en la base de Pailahueque, principalmente.
Luego viene todo un diseño de trabajo mediante una carta de servicios, la disponibilidad de medios y la ejecución de esos servicios, con un uso eficiente de los medios, incluidos vehículos blindados. Ustedes entenderán que no es un trabajo acotado: es muy amplio y significativo en términos de recursos humanos y materiales. Al mismo tiempo, debemos mantener una capacidad importante para la protección del resto de la ciudadanía, especialmente respecto de otras tipologías de delito y en otras comunas. Se registran atentados incendiarios, enfrentamientos armados y ataques contra Carabineros y contra personas; en esos casos debemos emplear medios blindados y recursos especializados. A veces, en el desarrollo del acompañamiento a la cosecha, puede ocurrir de todo.
El año pasado no tuvimos ningún incidente durante el período en que se realizó este servicio. Sí hubo hechos de violencia rural ocurridos fuera del plan.
Este servicio se realiza entre diciembre y marzo. El año pasado se cubrieron 155 predios y se cosecharon 39.371 hectáreas, lo que implica un cien por ciento de cumplimiento de este trabajo. Procuramos que no sea solo acompañamiento terrestre con vehículos blindados, sino que además haya vigilancia aérea preventiva, acompañamiento con drones y, ahora, el uso de nuestra aeronave institucional, que también apoyará estas tareas. Este año, además, solicitamos un avión desde Santiago para apoyar la vigilancia y el monitoreo, especialmente en la provincia de Malleco.
Creo que ahí estamos; Sebastián me puede ayudar un poco: el 2 de octubre partieron las primeras reuniones; el 19 de noviembre tuvimos otra reunión de coordinación, y el 16 de diciembre se realizará la reunión que permitirá precisar cuándo inicia la cosecha y cómo serán los despliegues. Esa estrategia no la puedo detallar aquí por razones de seguridad. Pero sí, estamos cien por ciento abocados a que este plan, que se viene ejecutando hace varios años, se siga realizando con alta planificación y metodología, evitando el desgaste innecesario de nuestro personal, que trabaja 24/7 y además debe cumplir otras funciones. En virtud de este plan, se ejecutará conforme a las coordinaciones que hemos hecho con SOFO, con los agricultores y, obviamente, con las autoridades locales de gobierno de la región.
Lo que haría ahora sería escuchar al SEREMI de Seguridad, porque después escucharemos a la parte productiva, por así decirlo, y podemos formular primero las preguntas del ámbito de seguridad. Entonces, don Israel Campusano. Y como ahora tenemos SEREMI de Seguridad, me pareció que correspondía invitar a don Israel y no al Delegado Presidencial, quien quiso asistir; señalé que no correspondía, porque la seguridad está a cargo del SEREMI. Podría haber venido como público, pero no…
Sí, está a disposición. Lo enviaremos en forma completa a la Comisión para su revisión y para que pueda ser remitido a las y los diputados.
La explicación es la siguiente: los delitos de victimización directa, como el robo con violencia, han disminuido; en cambio, los delitos que se reflejan en resultados policiales —incautación de drogas e incautación de armas— han aumentado. Ello porque las policías, especialmente en materia de microtráfico, han implementado una estrategia distinta. Antes había una orientación hacia el volumen, por ejemplo, con procedimientos en carretera; hoy existe una focalización en el microtráfico que opera en barrios y en sectores rurales. Esto implica utilizar unidades especializadas, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, para atacar las vías de distribución más pequeñas que, finalmente, permiten desarticular redes criminales. A comienzos de año registrábamos un aumento superior al 70% en incautación de armas, y la incautación de drogas también va en aumento.
El trabajo colaborativo ha sido permanente con los gremios aquí presentes y con las instituciones del Estado, como CONAF, SENAPRED y el Ministerio del Interior, entre otras. Se han desarrollado planes conjuntos en materias como robo de madera y de salmones, entre otros ámbitos. Existe un trabajo público-privado dinámico, de alcance nacional y regional, continuo y permanente, con coordinaciones que eran mensuales y que hoy, incluso, se realizan semanalmente.
En este contexto, destaco un proceso liderado principalmente por el general Moreno, junto a los gremios y con nuestra participación: un plan piloto de manejo de riesgos orientado a la seguridad de las personas. Sin entrar en detalles —por razones obvias—, será una forma distinta de operar para concentrar recursos y distribuir los medios policiales y militares de manera más eficiente y focalizada en la protección de las personas.
Se mencionó también la extorsión. Es un fenómeno que se está abordando en todos los niveles, no solo en el agrícola, sino también en el comercio y en el ámbito de la prostitución, porque está presente en distintos sectores. Es un delito subdenunciado; la gente teme denunciar. Por tanto, debemos pesquisarlo proactivamente. En el Consejo contra el Crimen Organizado hemos avanzado en obtener información a través de diversas entidades. No puedo dar muchos detalles, pero, por ejemplo, desde el sector Salud se aporta información que nos permite definir directrices investigativas para avanzar en esta línea. Al mismo tiempo, debemos abordar delitos emergentes en la región, como el robo de insumos agrícolas.
Este fenómeno es emergente en la región, pero en otras, como O’Higgins, ya es un delito que se ha desarrollado por años. Esos mismos gremios nos han ido reportando lo que ocurre.
Señora Presidenta, cuando uno aborda estos delitos que no se estaban tratando de manera intensiva anteriormente, se encuentra con problemas, por ejemplo, en la tipificación: muchas veces quedan como hurto o robo en lugar no habitado. Por eso, hay que ir abordando el fenómeno para poder agruparlo adecuadamente, y ahí la Fiscalía nos ayuda mucho a ordenar el trabajo. Lo mismo se ha hecho coordinadamente con otros gremios y servicios.
Cada vez que aparece una nueva problemática, se coordina y se trabaja con las distintas instituciones para llegar mejor. Hoy estamos generando sistemas y estudios conjuntos; hay un trabajo de hilar más fino en estos delitos, con la visión policial y judicial, y con la información que nos aportan los propios usuarios.
En resumen, este es un plan integral que aborda todos los ámbitos de la seguridad agroalimentaria, desde las faenas hasta el transporte, con fuerzas operativas reforzadas, nuevos medios y tecnología. También hay un reforzamiento de funcionarios y funcionarias que se suman a estas labores. Por primera vez se incorporó a la Policía de Investigaciones, que no estaba incluida en estos planes, y hoy cumple un rol clave en las investigaciones posteriores a incendios y otros delitos, así como en la mejor articulación con el Ministerio Público.
La prevención nos obliga a tener nuevos focos de trabajo, nuevas líneas investigativas y estrategias operativas para proteger la seguridad de las personas. Por eso, contamos con una adaptabilidad estratégica que flexibiliza la forma de operar, la hace más impredecible para quien está al frente y, a la vez, más eficiente.
—Muchas gracias, señor Seremi. No sé si el general Miguel Herrera, general de zona, quisiera emitir una opinión. Le doy la palabra.
Gracias, señora Presidenta. Quisiera retomar lo señalado por el señor Seremi respecto del robo de insumos y accesorios agrícolas. Efectivamente, es difícil la pesquisa o búsqueda de información en nuestros sistemas, porque, en general, estas denuncias quedan tipificadas como hurto o robo en lugar no habitado; cuando se trata de robo con violencia o con intimidación es un poco más fácil de identificar. Esto es una limitación interna asociada a cómo se tipifican los delitos conforme al Código Penal.
Sugiero evaluar la posibilidad de legislar o crear un sistema en el que los delitos que afectan específicamente al rubro agrícola tengan una connotación particular dentro del Código Penal o en los registros policiales, para poder pesquisarlos y desarrollar inteligencia de manera más eficiente. Sería de gran ayuda.
En lo que va del año 2025, en la Región de La Araucanía —y repito, esto es producto de una revisión caso a caso—, hemos tenido 14 eventos relacionados con el robo de accesorios o insumos agrícolas, tipificados principalmente como hurto o robo en lugar no habitado. Eso nos dificulta el análisis de los partes.
Ya hemos sostenido reuniones con la SOFO y con el Gremio de Agricultores para mejorar nuestros sistemas de inteligencia. Existen líneas investigativas en desarrollo, principalmente orientadas a identificar los lugares de comercio donde se revenden las especies sustraídas o si se están utilizando en faenas.
Las mismas plantaciones de las comunidades podrían estar realizando estos delitos. El OS-9 ya tiene líneas investigativas, especialmente con la SIP de Valdivia. La mayor parte de los robos se concentra en la comuna de Vallecó, seguida por Panguipulli y, en menor medida, en la Prefectura Villarrica. Este año registramos catorce eventos; no obstante, pueden haber muchos más que no se conocen aún y cuya calificación depende del análisis, caso a caso, de los partes policiales para verificar si se trata de insumos agrícolas.
Ahí necesitamos apoyo legislativo y, en paralelo, que nuestra dirección de análisis incorpore en los sistemas estadísticos el rubro agrícola, de modo que se identifique con claridad cuando el delito afecta a una empresa agrícola o a insumos para la agricultura. Se han robado computadores, motores, cabezales; fertilizante urea; cableado eléctrico de 12 polos; plantas de cerezo; y veinte envases de líquido fitosanitario de cinco litros. Como jefe de zona he impartido instrucciones para que, cuando personal de Carabineros se constituya en estos procedimientos, el parte policial y la narrativa consignen con claridad las especies sustraídas y se genere una alerta que nos permita iniciar labores de inteligencia y focalización en los lugares afectados.
Muchas gracias, general. Justamente, el diputado Leal y yo pertenecemos además a la Comisión de Seguridad Ciudadana. El diputado me ha pedido la palabra, porque respecto de este tema algo hemos avanzado. Existe un proyecto de ley que tipifica el robo de productos e insumos agrícolas, aprobado en primer trámite en la Cámara; hoy está en el Senado y luego deberá volver a la Cámara. Vamos a tratar de apurarlo. La idea, señora Presidenta, es sensibilizar e incentivar la denuncia. En el caso del fertilizante urea, que es más barato que otros fertilizantes más específicos, muchos agricultores no denuncian porque la bodega no tenía medidas de seguridad u otras circunstancias que los inhiben. Esa inhibición afecta los análisis de inteligencia que podemos realizar. De hecho, le pedimos información a SOFO, y la idea es conformar mesas de trabajo con las asociaciones de agricultores para sensibilizar sobre este tema.
Creo que tenemos que tomar algunos acuerdos, que pueden quedar propuestos para cuando la comisión los aborde adecuadamente. Efectivamente, hay una falencia importante respecto de este tema. Esto se planteó hace cuatro o cinco años, cuando se tramitó el proyecto sobre robo de madera; en paralelo se presentó uno sobre productos e insumos agrícolas, pero avanzó el de madera porque esa fue la prioridad del Ejecutivo en ese momento. Hoy es claramente más grave robar los insumos que ayudan a producir alimentos. La Comisión de Agricultura, y entiendo que la de Seguridad también, avanzaron en ese proyecto, que hoy está en el Senado. Sería bueno que usted canalizara esta inquietud de la comisión para que el Gobierno le otorgue urgencia. Asimismo, hay un proyecto que aumenta las penas y establece mayores medidas investigativas respecto del delito de abigeato.