Habiendo quórum, nos ponemos de pie, por favor. Honorables diputadas y diputados de la Comisión, nos ponemos de pie. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de hoy.
El acta de la sesión 189 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 190 se pone a disposición de las y los integrantes de esta Comisión. Nuestra señora secretaria va a dar lectura a la cuenta.
Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos:
- Oficio Ordinario N° 1197 del alcalde de Puente Alto, mediante el cual da respuesta al Oficio N° 844 de esta Comisión, por el que se solicitó remitir antecedentes que habrían ocasionado el déficit de recursos de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de esa comuna.
- Oficio N° 1054 de la Secretaría General de la Universidad de Santiago de Chile, mediante el cual señala que, para brindar una respuesta completa y pertinente al Oficio N° 1029 de esta Comisión sobre un informe confidencial de diversos académicos de la Universidad de Santiago —a través del cual se advirtieron eventuales costos jurídicos y patrimoniales y se dan a conocer supuestas presiones del Ministerio en el contexto del proceso de compra del Instituto Profesional Arcos—, solicita que la Comisión le remita una copia del citado informe.
- Ordinario N° 7.973 de la Subsecretaría de Educación Superior, en el cual informa respecto del cumplimiento de las glosas de la Partida 09, Capítulo 90, de la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2025.
- Ordinario N° 1.167 de la Secretaría General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), por el que remite los informes establecidos en el artículo 14 de la Ley de Presupuestos del Sector Público y en las glosas de la Partida 09, Capítulo 09.
- Oficio Ordinario N° 1.562 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos, informa respecto de la glosa 09, Capítulo 11, P01, sobre el estado de avance de los proyectos de inversión y mejoramiento de jardines infantiles con cargo a los subtítulos 31 y 33; sobre el coeficiente entre el número de lactantes y párvulos atendidos y la cantidad de establecimientos con los que cuenta la red; así como el estado de las salas cuna y jardines infantiles que presentan condiciones de habitabilidad precaria o desgaste de mobiliario severo.
- Correo electrónico de la oficina de la diputada Daniela Cicardini, a través del cual solicita a la Comisión recibir a representantes del gremio de psicopedagogos y psicopedagogas del país, para que puedan plantear una serie de problemáticas que les afectan en torno al ejercicio de sus funciones en los establecimientos educacionales.
- Finalmente, correo electrónico de la presidenta del Sindicato Nacional N° 2 de la Fundación Integra, señora Giovanna Salinas, por medio del cual señala que los sindicatos nacionales de la Fundación Integra hicieron entrega formal a las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Fundación del proyecto de contrato colectivo, enfocado en el reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales para las y los trabajadores de la Fundación, correspondiente al período 2025-2026, adjuntando el documento titulado “Propuestas de condiciones laborales, de enseñanza y económicas para una política educativa inclusiva”.
Es toda la cuenta, Presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria. Se abre la palabra para quienes quieran referirse a algún punto de la cuenta.
Diputada Cicardini.
Muchas gracias, Presidenta. Gracias por endulzar la tarde. Presidenta, yo le quería solicitar —a través de un correo formal que le hicimos llegar a la Comisión de Educación— la posibilidad de que pueda recibir al gremio de psicopedagogos y psicopedagogas de Chile. Ellas y ellos, a lo largo del territorio nacional, han hecho un despliegue con sus distintos parlamentarios y con el Ejecutivo; por ello, solicitan ser recibidos por esta Comisión.
Diputada.— Este no es un tema que haya surgido el año pasado, sino que se arrastra por décadas; sin embargo, en el último tiempo se ha intensificado. Ello se vincula con la modificación del Decreto 170, que regula los programas PIE, particularmente respecto del reconocimiento del psicopedagogo para emitir diagnósticos en las áreas de dificultades específicas del aprendizaje. Estos temas han estado sobre la mesa y se han discutido con el Ejecutivo. Solo para transparentar las gestiones, sostuvimos una audiencia con el Ministro de Educación a mediados de año; se asumió el compromiso de avanzar en una mesa de trabajo que se constituiría, pero no hemos tenido respuesta. Me parece razonable que, al menos, estas demandas se atiendan en esta comisión y, ojalá, contar con la presencia del Ejecutivo en esa sesión. Gracias, Presidenta.
Diputado Bobadilla.— Presidenta, respecto del punto planteado por la diputada, quiero dar fe de esto. Estos profesionales han tomado contacto conmigo y con muchos otros colegas, porque es un tema que no es reciente; viene desde hace ya mucho tiempo. También he recibido el mismo comentario: existió un compromiso por parte del Gobierno, del Ministerio de Educación, y al día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Por eso creo que la solicitud de recibirlos debiera tener fecha, y no como ocurre con otras solicitudes que se dejan pendientes y al final no pasa nada. Mi sugerencia es que hoy tomemos el acuerdo de recibirlos en la próxima sesión, de tal manera que tengan el tiempo y espacio para plantear directamente sus inquietudes ante esta comisión. He dicho, Presidenta.
Presidenta.— Gracias, diputado Bobadilla. Voy a recabar el acuerdo, pero no le voy a poner fecha porque hemos estado con varios proyectos de ley con distintas urgencias. Efectivamente, el acuerdo fue tener un listado de otras solicitudes de ustedes mismos, y debemos revisarlo. De todas maneras, a nosotros también, diputada Cicardini, como equipo de diputación, nos escribieron por redes sociales, por lo tanto entendemos la situación. Creemos que es muy importante que sean recibidos en esta instancia; incluyo esa solicitud de audiencia y que podamos invitar también al Ministro de Educación, para que estén presentes ambas partes. ¿Habría acuerdo de la comisión?
—Acordado.
Presidenta.— ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Por favor, apague su micrófono.
Presidenta.— Puntos varios. Diputada Schneider.
Diputada Schneider.— Muchas gracias, Presidenta. Quisiera poner en conocimiento de la comisión una situación ocurrida hoy en la mañana, en el marco de un acto de campaña del candidato José Antonio Kast, donde participó la directora del Liceo Bicentenario Patricio Mekis de Padre Hurtado, que es particular subvencionado. Si bien ella no es funcionaria pública, me surge la duda de si, en horario laboral, puede participar en actos políticos siendo presentada como directora. Lo señalo porque su establecimiento recibe recursos públicos y, como dije, esto habría ocurrido en horario laboral. Además, entiendo que se realizó una reunión privada con otros directores y directoras, lo que podría incurrir en la misma situación. Por ello, me gustaría oficiar al Liceo Bicentenario mencionado y, de no ser posible, a la Seremi de Educación o a la Superintendencia de Educación, para que se investigue y nos entreguen una respuesta sobre si esto se puede o no en horario laboral y cumpliendo un rol en una institución que recibe recursos públicos. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. ¿Es posible que la Secretaría aclare si podemos oficiar directamente al liceo?
Secretaría.— Sí, Presidenta. Son solicitudes de antecedentes; las comisiones pueden oficiar. No se trata de un acto de fiscalización.
Presidenta.— Perfecto. Entonces se oficiará al liceo y a la Superintendencia de Educación.
—Sobre el punto.
Presidenta, yo le pedí la palabra en varios, pero es sobre este punto en particular. Señora Presidenta, yo entiendo que la diputada Schneider esté haciendo este planteamiento, pero no lo comparto. A mí me habría gustado, y me gustaría, que tuviera la misma actitud cuando funcionarios públicos de este gobierno se involucran directamente emitiendo opinión en favor de la campaña de la candidata comunista. Creo que las peticiones en forma parcial y sesgada no son buenas; por eso, si va a pedir el acuerdo, yo no doy el acuerdo, porque la rigurosidad debe ser para todos. Debo aclarar lo siguiente: podrán existir recursos públicos involucrados, pero este se trata de un colegio particular subvencionado. Diferente es cuando actúan jefes de servicio o ministros en favor de la candidata comunista. He dicho, Presidenta.
Voy a recabar el acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider.
Muchas gracias, Presidenta. A diferencia de lo que señala el diputado Bobadilla, yo he traído dos casos a colación del mismo candidato, identificando con nombre y apellido las instituciones y las personas involucradas. Muy claramente aquí el diputado dice que hay funcionarios públicos que operan para Janet Jara, pero la verdad es que la opinión pública no conoce ninguno. Entonces, yo también llamaría a la rigurosidad: si vamos a hacer una denuncia, no busquemos el empate por el empate, sino que la presentemos con todos los antecedentes que correspondan. Eso es todo, Presidenta.
Comisión, ¿habría acuerdo para la solicitud de la diputada Schneider? Acordado. No se requiere unanimidad. ¿Se somete a votación o estábamos con la mayoría? Con la mayoría. Diputado Bobadilla, su punto varios.
Presidenta, nos hemos enterado por la prensa de la adquisición, por parte de la Universidad de Santiago, del Instituto Profesional Arcos, un instituto total y absolutamente quebrado, en que el Estado estaría actuando o garantizando un préstamo por 32.000 millones de pesos. Yo creo que esto es arbitrario; creo que es ilegal. No en vano la Contraloría General de la República está cuestionando esta situación. Más aún, cuando existirían algunos personajes ligados a la ex Universidad Arcis involucrados en esta compra. Creo que la situación es de extrema gravedad, y por eso debiéramos invitar al ministro de Educación para que pueda dar una explicación respecto de esta situación, que no es menor: que el Estado esté avalando, con recursos de todos los chilenos, la compra de una institución educacional total y absolutamente quebrada. Creo que no corresponde; creo que hay otras necesidades más urgentes en que el Estado debiera actuar con mayor diligencia y comprometer recursos del Estado, y no como está ocurriendo ahora con la Universidad de Santiago, una universidad estatal, que estaría comprando este instituto. Por eso, Presidenta, le solicito que convoquemos al señor ministro para la próxima sesión, de tal manera que pueda entregarnos todos y cada uno de los antecedentes, para que tengamos claridad de por qué ocurrió esta situación y por qué la Contraloría la estaría cuestionando. Yo comparto esa preocupación; creo que aquí hay algún sesgo de ilegalidad, pero debe ser la Contraloría la que lo determine. Que el señor ministro nos venga a dar explicaciones en la próxima sesión. He dicho, Presidenta.
Gracias, diputado Bobadilla. Voy a recabar el acuerdo sin ponerle fecha. Además, como usted mismo lo menciona, si hay que esperar el pronunciamiento de Contraloría, quizás sería bueno esperar ese pronunciamiento para poder hacer la citación al ministro. ¿Hay acuerdo para la solicitud del diputado Bobadilla sin fecha? Acordado.
Diputado Barrios, su punto varios.
Ahí está. Aprovechando que está la Presidenta, por su intermedio, saludar a la señora Subsecretaria y a su equipo. Señalar que durante la semana anterior hemos vivido varios hechos de violencia; lo mencioné hoy en el hemiciclo, en la Hora de Incidentes: lo ocurrido en el Instituto Nacional, nuevamente profesores rociados con acelerantes; y lo ocurrido también en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un llamado anónimo advirtiendo de una posible masacre. Por lo mismo, quisiera solicitar al Ministerio y a los organismos competentes, aprovechando este punto en varios. De una u otra manera, hemos avanzado con la ley 21.188, que protege a los funcionarios de la salud y a los profesores ante agresiones, pero supone una situación limitada. Quisiera presentar cinco medidas que pudieran contribuir y que, si es posible, se oficie al Ejecutivo: primero, la actualización de la ley 21.188, incorporando a docentes universitarios y disposiciones especiales frente a amenazas graves o anónimas contra comunidades educativas; segundo, la definición de protocolos nacionales obligatorios de prevención y gestión de crisis en establecimientos educacionales y universitarios; tercero, el refuerzo de la presencia policial preventiva en zonas de alta vulnerabilidad educacional (esto no corresponde al Ministerio de Educación, pero estimo pertinente señalarlo); cuarto, un sistema de alertas tempranas, con trazabilidad de amenazas, para proteger efectivamente a las comunidades escolares y universitarias; y quinto, acceso inmediato a apoyo psicológico y jurídico para los docentes afectados. Propongo oficiar al Ministerio de Educación para que informe si existen antecedentes sobre estas materias y, en su caso, las medidas adoptadas. No es posible vivir en un clima de violencia, ni en el ámbito universitario ni en el escolar. Eso, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Barrios. ¿Habría acuerdo entonces para enviar este oficio con los puntos mencionados por el diputado? Acordado.
Puntos varios. Tiene la palabra la diputada Concha.
Gracias, Presidenta. Quiero señalar que la educación hoy día no puede ser un campo de batalla para que grupos organizados desestabilicen la sociedad. La vida de nuestros profesores, por supuesto, y la de los estudiantes debe estar primero que todo. Lo digo justamente por lo que mencionaba el diputado Barrios: los gravísimos hechos ocurridos en el Instituto Nacional, donde estas tres profesoras no solo fueron agredidas, sino que rociadas con benzina. Eso no puede pasar en ninguna instancia; no se puede normalizar ni permitir. Por ello, además de lo solicitado por el diputado Barrios, pido que se invite a esta Comisión, en la próxima sesión, al ministro de Educación y, asimismo, al ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que nos informen cuáles son las medidas que se implementarán o se están implementando ya frente a estos gravísimos hechos de violencia. A comienzos de este período legislativo, el 2022, la primera sesión especial en este Congreso fue sobre violencia escolar. Creo que no se ha erradicado ni logrado contener totalmente; por el contrario, vemos hechos cada vez más graves. Por tanto, además de lo ya mencionado, solicito que se refieran a este alarmante aumento de la violencia escolar y a las medidas que se están implementando desde estos ministerios para prevenir, incluso, la utilización de estudiantes por parte de bandas criminales para cometer delitos. En la eventualidad de que esto esté ocurriendo —que estudiantes estén siendo utilizados o manipulados por grupos de personas con el fin de generar desmanes y actos delictuales—, se debe investigar y tomar las acciones correspondientes. Considero atingente invitar a los ministros para que expongan en esta Comisión las explicaciones y las acciones que ya se están adoptando. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, diputada Concha. ¿Habría acuerdo entonces para lo señalado por la diputada? Diputada Serrano, sobre el mismo tema.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, justamente quería referirme al punto, entendiendo también que hoy día cabe una responsabilidad muy importante en el sostenedor sobre los hechos del Instituto Nacional, y yo creo que para abordar este tema también es importante citar al...
Diputada Serrano: Presidenta, considero pertinente citar al alcalde Mario Desbordes, sobre todo porque, conociendo las declaraciones en prensa, para algunos bastaría invocar Aula Segura; sin embargo, incluso antes de estos hechos ya se estaba invocando y no han descendido los hechos de violencia. Para que podamos abordar esta situación, es importante contar con un pronunciamiento del municipio.
Por otra parte, estimo necesario pedir cuenta al Ministerio Público, especialmente respecto de los hechos acontecidos el año pasado. Se designó a un fiscal especial para encabezar la investigación de hechos que parecen ser sucesivos y, eventualmente, sistemáticos en liceos emblemáticos. A la fecha, no tenemos retroalimentación de los hallazgos principales. Hay mucha especulación —en algunos casos fundada— sobre la participación de personas ajenas a la comunidad educativa que estarían influyendo en estos episodios de violencia.
Dada la responsabilidad de esta Comisión, debemos evaluar cómo abordarlo, ya sea mediante oficios o solicitando a la Fiscalía información sobre el estado de avance de la investigación. Hasta donde entiendo, no contamos con resultados y es importante disponer de ellos para conocer antecedentes y causas que puedan ser considerados en la labor legislativa. Para redondear, pido: citar al municipio, en particular al alcalde Mario Desbordes, y oficiar a la Fiscalía para que informe, en lo posible, sobre las diligencias realizadas y los hechos que se encuentran detrás de la violencia en los liceos emblemáticos.
Presidenta: Gracias, diputada Serrano. Vuelvo a recabar el acuerdo de la Comisión respecto de lo señalado por el diputado Barrios, más lo añadido por las diputadas Concha y Serrano. ¿Habría acuerdo de la Comisión? Acordado. Diputado Rey, tiene la palabra.
Diputado Rey: Gracias, Presidenta. Quiero complementar lo señalado. Este no es un tema menor. No ocurre solo en un liceo emblemático, sino en varios. Si uno revisa lo sucedido en los últimos años, algunos estudios muestran que la caída de los resultados PAES en los liceos emblemáticos se relaciona con los graves hechos de violencia, especialmente en el Instituto Nacional. Estamos ante un proceso de deterioro de la educación pública, no frente a episodios aislados, y el Ministerio debe enfrentarlo con mucha más vehemencia y firmeza.
Mientras el Ministerio entrega explicaciones generales, vemos a un alcalde como Mario Desbordes que ha debido asumir medidas que debieran venir desde el nivel central: reforzar la seguridad, activar protocolos, apoyar a los equipos directivos y denunciar los hechos ante la justicia. Ese liderazgo municipal es el que necesitamos para recuperar la educación de nuestros jóvenes que quieren estudiar. Llamamos al Ministerio a sumarse con más fuerza a esa tarea, a recuperar la educación pública y a perseguir a quienes hoy cometen delitos, conforme a la normativa vigente.
Por lo mismo, propongo oficiar al Ministerio de Educación para que informe: cuáles son las medidas que está implementando para prevenir hechos de violencia en establecimientos públicos, especialmente en aquellos donde en los últimos meses se han cometido hechos delictivos; si presentará querellas o, en caso de haberlas presentado, qué acciones judiciales se encuentran en curso; y qué planes específicos existen para apoyar a los establecimientos más afectados.
Respecto de qué medidas se están implementando para trabajar con los docentes y con los equipos directivos en materia de convivencia escolar, y por supuesto, algo que no es menor, qué se está haciendo para revertir la caída sistemática y sostenida de los resultados de los colegios emblemáticos, recuperar la excelencia de esta educación y, por supuesto, también recuperar la adhesión de los estudiantes por querer estudiar en esos establecimientos, porque ha bajado mucho la demanda respecto de años anteriores. Además, creo que es importante señalar lo que dijo la diputada Serrano: solicitar a la Fiscalía que acelere las investigaciones y determine quiénes están detrás de estos delitos. No podemos permitir que grupos organizados destruyan escuelas y liceos, afecten a estudiantes, docentes y asistentes de la educación, y actúen con completa impunidad. La ciudadanía requiere saber quiénes los financian, quiénes los coordinan y quiénes encubren esas acciones. El año pasado se solicitó la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para esta situación, pero queremos saber cuáles son los resultados.
Por último, Presidenta, la educación pública fue durante muchas décadas, sobre todo en este establecimiento, una bandera de movilidad social y orgullo nacional. Hoy enfrenta violencia, deterioro académico y una falta total de conducción. Y por eso, cuando un alcalde se ve obligado a hacer lo que el Estado no hace, algo está mal. Chile necesita recuperar la autoridad, proteger a los estudiantes y devolver la excelencia a sus liceos. El Ministerio debe responder, actuar y hacerlo con celeridad. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
—Muchas gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado? Acordado.
—Diputado Barría, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta; por su intermedio, saludar a la Subsecretaria. En primer lugar, solicito que oficiemos a quien corresponda en la comuna de Purranque. Ayer en la mañana, muchos estudiantes que habían elegido la opción de rendir la PAES en Purranque se encontraron con la situación de que tenían que presentarse en Osorno. Puede haber un diagnóstico de fondo; me señalan que no se equivocaron, que eligieron la comuna que correspondía, pero debieron viajar rápidamente a Osorno, distante a media hora. Solicito que se nos informe de esta situación particular: qué ocurrió en esa comuna.
Por otra parte, Presidenta, la educación no se mejora despidiendo profesores y asistentes de la educación, fusionando cursos y cerrando escuelas. Por eso, solicito a todos los DAEM de la Región de Los Lagos, que represento, y también al SLEP Llanquihue, que nos informen cuáles son las estrategias y políticas para captar matrícula para el 2026. Aquí hay una responsabilidad: el SLEP ha logrado mejorar su gestión, pero vemos que muchos municipios cortan, de una u otra manera, despidiendo. Si se despide a un director, se despide a profesores y a asistentes de la educación. El sostenedor —que es el director del DAEM en muchos casos, y en otros el alcalde, porque hay un director DAEM subrogante— no tiene ninguna afectación; despiden, pero no sufren sanción ni ética ni moral, y a veces tampoco política. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay concejos municipales que están rechazando en bloque el PADEM al alcalde: pasó en San Pablo y ocurrió también en la comuna de Osorno.
Necesitamos poner énfasis en esa mirada. Se entregan muchos recursos a los municipios; ellos tienen cierta autonomía para invertir, y uno no ve la preocupación de generar campañas publicitarias, de marketing, ferias, para que los estudiantes lleguen a la educación municipal, a la educación pública. Por favor, que cada municipio de la Región de Los Lagos informe. Corporaciones prácticamente ya no hay porque pasaron al SLEP de Chiloé, donde había corporaciones educacionales; y los DAEM de las comunas que lo tengan, por favor, informen. Muchas gracias. Agregar también la cantidad de recursos que involucran esas campañas.
—Gracias, diputado Barría. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado? Acordado.
Diputada: Gracias, Presidenta. Quisiera solicitar a usted, como Presidenta de esta Comisión, la posibilidad de darle celeridad a un proyecto que ya fue declarado admisible y está radicado en esta instancia, para que pueda ser puesto en tabla en la medida de lo posible y a la brevedad, atendiendo las prioridades ya fijadas. Se trata del proyecto iniciado en moción, boletín N° 17930-04, que regula el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos. Solicito sus buenos oficios para ello. Gracias.
Presidenta: Gracias, diputada. Lo vamos a evaluar. No me comprometo, pero lo revisaremos, porque distintos diputados han solicitado priorizar proyectos radicados en la Comisión de Educación. Debemos, como mesa y junto al equipo, analizar qué viene, considerando también lo que provenga del Senado y en coordinación con el Ejecutivo.
Diputada: Presidenta, así como se dio prioridad a este tema, le solicito considerar prioridad también para ese proyecto. Gracias.
Presidenta: Gracias, diputada. ¿Nadie más en puntos varios? Bien.
Como es de conocimiento de la Comisión, el pasado 21 de octubre la Subsecretaría de Educación realizó una solicitud de modificación presupuestaria a la DIPRES, con el objeto de proceder al pago de deudas previsionales, al menos de las 30 comunas consideradas en dicha solicitud. En este marco, solicito el acuerdo de la Comisión para citar al Ministro de Educación, al Ministro de Hacienda, al Director de la Dirección de Educación Pública (DEP) y a la Directora de la DIPRES, a fin de que den cuenta del avance en la aplicación de este protocolo de pago, que se enmarca en el artículo 34 transitorio de la Ley N° 21.040. Asimismo, citar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para que se refiera al paso posterior del pago, esto es, el proceso de descuento de los montos que perciban por su participación en el Fondo Común Municipal, cuestión que aún no está del todo clara. Por último, solicito reiterar el oficio N° 1.040 de esta Comisión, dirigido a la Municipalidad de Queilén, para que informe las medidas adoptadas por el municipio a fin de subsanar la entrega de información relativa a la deuda previsional vigente con las y los trabajadores de la educación. ¿Habría acuerdo?
Comisión: Acordado.
Diputado Cornejo: Presidenta, a propósito del acuerdo para convocar a las autoridades que serán parte del proceso de pago de la deuda previsional por parte de algunos municipios y que luego será objeto de descuento, me parece particularmente importante que efectivamente asistan a la reunión. En especial, respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, aprovecho de dejar constancia de lo que, a mi juicio, es inaceptable: en más de una oportunidad, habiéndose solicitado formalmente audiencias, estas fueron suspendidas reiteradamente y sin justificación, incluso un día antes, para reunirnos con alcaldes. A diferencia de la Subsecretaría de Educación, que siempre tuvo toda la disponibilidad para realizar dichas reuniones, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo actuó de ese modo. Lo dejo en constancia y lo reiteraré cuando concurra esa autoridad a esta Comisión. Eso, Presidenta.
Presidenta: Que así conste. Muchas gracias, diputado Cornejo, por la información.
Entrando en la tabla, esta sesión ordinaria ha sido citada para ocuparnos de los siguientes asuntos: en primer lugar, recibir a la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins, quienes se referirán a las graves falencias estructurales, administrativas y de seguridad que actualmente afectan a la comunidad estudiantil de dicha universidad.
Vamos a escuchar al presidente de la Federación; invito a pasar a esta mesa al señor Benjamín Arenas Castro. Lo acompañan el consejero académico de la Federación, señor Luis Donoso Valdés; la coordinadora académica de la Federación, señora María Ignacia Maldonado Loarte; y el coordinador de comunicaciones de la Federación, señor Nicolás Romero Gajardo.
Sean muy bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Educación.
¿Quiénes van a exponer? ¿Benjamín? Ah, tiene una presentación. Por mientras, le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Educación, a quien también damos la bienvenida.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a diputadas, diputados y también a los estudiantes. Una acotación breve antes, para que después entremos de lleno en el tema. Solo plantear la total disposición del Ejecutivo —tanto del ministro como de esta Subsecretaría y las otras que correspondan— para abordar todos los temas que sean necesarios. En particular, respecto de los temas de violencia, quisiera señalar al menos tres elementos que están en curso.
Primero, este año, y a propósito de uno de los compromisos asumidos en el protocolo de acuerdo del Presupuesto del año pasado, estamos desarrollando el plan de liceos emblemáticos en el país. Son 28 establecimientos: 16 en la Región Metropolitana y al menos uno en cada una de las otras regiones. Este año se trabaja con 19 y el próximo año se incorporan los restantes. Se han desarrollado distintas líneas de trabajo y se está avanzando.
Segundo, ser muy clara —como lo ha sido el ministro y quiero reiterarlo—: ninguna acción de violencia de este tipo tiene cabida en nuestro espacio social, menos aún en los establecimientos educacionales. No existe razón que justifique medidas de violencia en esa línea. El ministro Cataldo se reunió hace un tiempo con el Fiscal Nacional para solicitar la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para estos temas. Como ustedes saben, no nos podemos querellar nosotros, pero hemos hecho las coordinaciones; de hecho, hay más de diez querellas presentadas, en curso y avanzando.
Tercero, mantenemos coordinación con el Ministerio de Seguridad. Tenemos un plan de trabajo en comunas que presentan situaciones de violencia, tanto al interior de los establecimientos como en sus inmediaciones. Partimos con 50 comunas y ahora vamos llegando a 70 a lo largo del país. Estas comunas se definen por casos reportados en la Superintendencia y por situaciones de alta visibilidad pública, dada la criticidad de los hechos. Además, lanzamos a mediados de este año un programa de patrullajes preventivos inteligentes, también con el Ministerio de Seguridad, que realiza patrullajes basados en datos y antecedentes para identificar rutas de mayor riesgo en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. Eso ya se está implementando en 44 comunas del país.
Solo entregar esa información y, sin perjuicio de ello, manifestar toda la disposición para sostener una sesión específica. Este es un tema que no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, y lo estamos trabajando articuladamente con el intersector. A fines de agosto impulsamos la jornada nacional por la no violencia, que se realizó en todos los establecimientos educacionales del país. Reitero la disposición total a abordarlo con mayor profundidad en esta Comisión en una sesión dedicada. Eso, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Subsecretaria, por la información que nos entrega y también por la aclaración, porque justamente uno de los diputados estaba consultando si el Ejecutivo estaba pensando en querellarse o no. Bueno, no está el diputado, pero va a quedar en acta para que después pueda revisarlo.
Gracias a usted. Don Benjamín, muy bienvenido. Tiene la palabra.
Muchas gracias, honorables diputadas y diputados. Primero que nada, saludar la instancia.
Es un honor para nosotros, como Federación de Estudiantes de la Universidad de O’Higgins, estar acá, ante esta Comisión, pudiendo exponer las graves falencias estructurales, administrativas y de seguridad que presenta nuestra universidad. Esto es, en gran medida, producto de un desentendimiento por parte de la administración.
Estuvimos paralizados siete semanas. Intentamos conversar con la rectora; sin embargo, solo se sentó tres veces a negociar con nosotros, y lo que exigimos son cuestiones mínimas.
En materia de infraestructura, hace unos meses una ventilación cayó sobre una mesa del casino de la universidad; dos minutos antes, estudiantes estaban almorzando en esa mesa. En invierno, debemos comer entre basureros dispuestos en el casino para recoger el agua de las goteras. Los baños presentan serias falencias: son fotos actualizadas de la universidad, con problemas en todos los pisos. Muchos están cerrados y no podemos usarlos. En salas, hay estudiantes que toman clases con el proyector (“data”) sobre la mesa, y docentes que deben llevar su propio equipo porque los de la universidad no están en condiciones.
En el exterior existen hoyos muy peligrosos en zonas de tránsito diario del estudiantado. Un estándar mínimo de salud es contar con lavatorios en buen estado para poder lavarnos las manos; de cinco lavatorios, cuatro están malos y funciona solo uno, en casi todos los baños. Esa es la forma en que la administración nos informa que los lavamanos están malos. Además, hay vidrios rotos y peldaños a punto de romperse.
En el Campus Colchagua, la administración dio instrucciones de no regar las áreas verdes. Ello es particularmente grave porque allí se imparten Agronomía, Medicina Veterinaria e Ingeniería Ambiental. El área verde es esencial para su método de trabajo. La semana pasada verificamos un riesgo de incendio inminente: una chispa y ese pasto prende. Son hectáreas y hectáreas donde se verán afectados los trabajos académicos de los estudiantes.
Existe, asimismo, riesgo eléctrico en ambos campus. Los enchufes están en mal estado y hemos tenido estudiantes electrocutados dentro del campus. En esos casos, los estudiantes no han recibido apoyo de la administración ni de enfermería.
Carecemos de capacidad suficiente para imprimir. Para muchos podrá parecer un detalle, pero se nos exige llevar textos impresos y, de cinco impresoras, las cinco están malas. Nuevamente, los baños están sin tapa; donde hay cinco cubículos, los cinco están en las mismas condiciones.
Quiero subrayar que nuestra intención no es desprestigiar a la universidad. Nos importa que sea una institución bonita, digna, importante para la ciudad y para la región, porque es la promesa de la región. Se creó para mantener a los estudiantes dentro de la región. Por lo mismo, también importa que el frontis se vea en buen estado. Estas imágenes, de no más de una semana, muestran palmetas de cerámica que se están desprendiendo. Por ese espacio transitamos a diario; que una palmeta caiga sobre un estudiante puede tener consecuencias fatales.
Ayer recibimos fotografías de baños con larvas y con moscos vivos. Y hoy nuevamente nos hemos encontrado con que las impresoras siguen malas. Diputadas y diputados, esto constituye un abandono por parte de la administración de la universidad. Muchas veces, cuando reclamamos por los baños, la respuesta fue: “es normal”.
¿Es normal que el día viernes los baños estén sucios? ¿Es normal que el día viernes no haya confort ni jabón? Porque no solamente la infraestructura está mala, diputados y diputadas; también es un tema de salubridad. Muchas veces nuestras compañeras deben preguntarnos a nosotros, los hombres, si tenemos confort en los baños de hombres para poder entregarles.
Junto con esto, no solo es un tema de infraestructura, sino también de seguridad. Hemos tenido variados casos durante el año académico, incluidos casos de acoso. Nuestra universidad es pública y no tenemos control de acceso. Sabemos que en Chile la mayoría de las universidades lo tienen; incluso el día viernes intentamos acceder a la Universidad de Chile y se nos negó el ingreso porque no teníamos la TUI, la tarjeta de identidad universitaria que permite el acceso. Eso en la Universidad de O’Higgins no pasa: ingresa cualquier tipo de persona y no hay guardias suficientes para ver quién entra y quién sale.
Como estudiantes pedimos torniquetes; se nos negó, porque la administración se negaba a instalarlos. Entonces pedimos un control de identidad, un control de acceso que registrara quién entraba y quién salía; también se negó. Durante el mes de paralización nunca vimos un plan de seguridad efectivo, pudiendo tenerlo porque los estudiantes no estaban en clases.
La administración permite que compañeras sean abusadas en los ascensores y en los baños por gente externa a la universidad, y la única respuesta que da a nuestras compañeras y compañeros es: “vuelvan a clases, eso ya pasó”. Eso no puede ser, cuando estamos viviendo en un ambiente de inseguridad, donde los estudiantes nos estamos sintiendo inseguros, vulnerando nuestros derechos. Hay compañeras que no han podido volver a clases porque se sienten inseguras. Y las respuestas de las autoridades universitarias son que los robos de bicicletas y computadores van en cero, y que el sentimiento de seguridad no se puede medir para definir medidas de resguardo. Esas son sus respuestas.
Sabemos que una institución pública no puede negarle el acceso a nadie, pero también queremos que se controle quién entra y quién sale; queremos saber por qué y a qué entra una persona. Tenemos casos, además, de guardias que se ríen de personas con discapacidad. La administración no se hace cargo de situaciones mínimas para que un estudiante pueda estar en un aula, en un espacio donde solo vamos a estudiar y queremos seguridad. En estos momentos no podemos ni siquiera dejar nuestras pertenencias en un lugar público porque las roban. Hemos tenido casos de personas en situación de calle que entran a pedir a las salas de clase y al casino; en medio de pruebas, compañeros han tenido que darles monedas. Esa es la situación que estamos viviendo.
Nuestra enfermería está abierta hasta las cinco de la tarde; si pasa algo de seis a siete de la tarde, no hay nadie que pueda cubrir el cargo de enfermería.
Las falencias son graves. Estamos aquí porque nos importa cómo los estudiantes vamos a desarrollarnos a lo largo de nuestros cinco, seis o siete años en una universidad pública, donde la administración se tiene que hacer completamente cargo de lo que está pasando en su universidad.
La administración está en su sexto piso, donde tiene control de acceso mediante tarjetas. A nosotros, los estudiantes, nadie nos controla nuestro acceso, ni el ingreso a clases ni a las aulas.
Tenemos profesores a quienes les dijeron que sus pagos de enero se verían reflejados en marzo; tenemos docentes a quienes se les paga con tres meses de atraso. No venimos a exponer solamente problemáticas de estudiantes; venimos también a exponer las problemáticas de los docentes. Porque sin docentes una universidad no es nada, y sin alumnos una universidad tampoco es nada: es simplemente un edificio.
Honorables diputadas y diputados, estamos sumamente preocupados y nuestra petición es poder oficiar a la administración de la Universidad, a la rectora Fernanda Kri Amar, y oficiar también a quien se estime conveniente, para poder llevar a cabo una buena ejecución de las medidas correspondientes.