Buenos días, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Nos constituimos en comité para los efectos de abordar los temas.
Presidente, informar que ingresó a nuestra tabla de la Comisión un proyecto de ley iniciado en moción de las senadoras Núñez, Carvajal y Proboste, y de los senadores Bianchi y Saavedra, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de fortalecer la aplicación del trabajo a distancia o teletrabajo. Ingresa a la tabla de la Comisión, Presidente.
Respecto de todos nuestros invitados, se encuentran presentes. El señor Marcos Veragua, de Conapime, parece que todavía no ingresa, pero debe estar por llegar, Presidente. Informar también que se excusaron de participar los académicos señora Andrea Repeto y señor David Bravo, quienes ofrecieron en una próxima sesión presentar su opinión sobre el proyecto. Nada más, Presidente.
Vamos a dejar pendiente ambas exposiciones porque son interesantes para el tema que estamos abordando. Por lo tanto, ¿quién es el primer invitado?
Presidente, para ser justa con la forma en cómo fueron llegando, el señor y asesor de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, y que pertenece al Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño Pymes, don Roberto González, es el que llegó primero, Presidente, que está ahí. Ok, ya, entonces él tiene la palabra.
Buenos días. Primero que nada, deseo agradecer la invitación por parte de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Haré nuestra exposición respecto a la posición de la Confederación en cuanto al subsidio unificado del empleo.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNSC) es una organización que en diciembre del presente año cumplirá 72 años de existencia. Nos hemos declarado colaborativos con cada uno de los gobiernos del Estado de Chile y, durante este período, hemos aportado riqueza, prosperidad y trabajo a nuestro país. Siempre hemos creído en la asociatividad como forma de plantearnos de manera empresarial y creemos firmemente en la colaboración con el Estado.
Nosotros pertenecemos a la industria del transporte de carga, una industria estratégica en toda la economía de nuestro país. Aproximadamente, aportamos el 6% del PIB, lo que equivale a un valor cercano a los 20.000 millones de dólares. El 94% de la carga que se transporta en este país se realiza por camiones. Trasladamos aproximadamente 700 millones de toneladas al año y el parque automotriz lo componen más de 160.000 vehículos. Si consideramos tractocamiones y camiones remolques, estamos hablando de sobre 200.000 fuerzas motor. En términos de cantidad de personas que trabajan en la industria, estamos hablando de más de 500.000 personas.
Nuestra entidad es absolutamente PYME. El tejido empresarial de nuestros asociados es un 85% de pequeñas y medianas empresas, lo cual no difiere mucho del tejido empresarial de las MIPYMES en nuestro país. Las MIPYMES aportan aproximadamente el 50% del trabajo formal en Chile y, si desglosamos lo que es la microempresa y la pequeña empresa, estamos hablando de cerca del 35% de la fuerza laboral de nuestro país. Por lo tanto, somos un grupo socioeconómico bastante importante en lo que se refiere a la fuerza laboral en Chile.
Sin embargo, si analizamos la participación de mercado de las MIPYMES, esta no tiene una relación efectiva con la importancia que tienen en la fuerza laboral. Las MIPYMES hoy día tienen una participación de mercado que no alcanza el 12%, es un 11,7%, y durante los últimos 10 años hemos perdido más de 4 puntos de participación de mercado. El total de empresas MIPYMES es aproximadamente 800.000. Es importante mencionar que, de acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos, existen alrededor de 1.200.000 microempresas que son informales. Por lo tanto, es un punto que debemos tomar en cuenta y tratar de resolver.
Tal como indica el gráfico, participamos del 11,7% del mercado, lo que está muy lejos de los países de la OCDE en los cuales Chile participa. Si observamos el vecindario, en Argentina las MIPYMES participan en un 44%, en Colombia un 35%, y en México un 53%. Por lo tanto, el desafío es cómo conciliamos esta baja participación de mercado con la importancia que tienen en la generación de empleo.
Aquí tengo algunas cifras de lo que ha sido la evolución del empleo en nuestro país.
Los datos a septiembre de este año fueron enviados antes de que se publicara la cifra de desempleo del mes de octubre. Actualmente, estamos hablando de un desempleo nacional del 8,4%. En cuanto al desempleo femenino, es del 8,8%, habiéndose producido una baja importante en septiembre y octubre de 0,3 puntos porcentuales.
Es importante destacar que la evolución del mercado laboral ha estado bastante estancada en los últimos años. Si consideramos, por ejemplo, marzo de 2020, antes del inicio de la pandemia, la cifra de desempleo en Chile era de aproximadamente el 7%. Hoy, estamos alrededor del 8,4%, lo que representa un crecimiento significativo.
En relación a la informalidad, que es uno de los aspectos que aborda este subsidio único al empleo, las últimas cifras del INE indican que la informalidad en nuestro país alcanza el 26,2% de la fuerza laboral, lo que equivale a aproximadamente 2,5 millones de trabajadores. La curva de informalidad, al compararla con la composición etaria, tiene una forma de U. En los estratos etarios más jóvenes, entre 15 y 24 años, la informalidad alcanza el 37,4%. En personas mayores de 65 años, sorprendentemente, casi el 58% son trabajadores informales.
En términos de focalización del subsidio único, consideramos que está bien dirigido a mujeres de 25 a 54 años, donde el desempleo es mayor que el de los hombres; a jóvenes de 18 a 24 años, donde la informalidad es significativa; y a personas mayores de 55 a 64 años. Nos hubiera gustado que el subsidio también beneficiara a personas mayores de 65 años, donde la informalidad es notable.
El enfoque del subsidio ha cambiado. Anteriormente existían tres subsidios: el subsidio a la mujer, el subsidio al empleo joven y el bono de trabajo a la mujer. Fusionar estos tres subsidios en uno solo es beneficioso en términos de orden y burocracia, lo cual debería mejorarse. El nuevo subsidio se enfoca en los desempleados, considerando que los postulantes deben haber estado al menos seis meses sin cotizaciones, o bien ocho meses de manera discontinua. Esto otorga prioridad a las personas desempleadas, lo cual consideramos totalmente justificado.
De desocupación hoy día en el país, tal como lo mencioné anteriormente, es alrededor del 8,4%. También es importante que este nuevo subsidio aumente los valores que se van a otorgar. Eventualmente, se podría llegar hasta un monto de 185 mil pesos, lo que dista bastante de los 20 o 30 mil pesos que existen actualmente, que es lo que se beneficia a la empresa.
Aquí hay un punto importante: el subsidio considera un plazo máximo de 12 meses. Nosotros, como Confederación y como PYME, consideramos que el plazo es escueto y debería ser al menos de 18 meses. Además, nos llama la atención que, si bien podemos creer que la intención es bastante buena, y de hecho el proyecto de ley indica que se quiere beneficiar a las PYMEs al incorporar el subsidio a empresas, se limita el número de trabajadores a 200 personas. Creo que aquí es necesario hacer un punto importante, el cual hemos discutido varias veces en el Consejo Consultivo de Empresa de Menor Tamaño, y que está dentro de las observaciones que hicimos a la reforma del Estatuto PYME. Creemos que debe existir una uniformidad en los criterios de las diferentes entidades del Estado en lo que respecta a clasificar a las PYMEs. De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, se consideran pequeñas y medianas empresas aquellas que venden menos de 100.000 unidades de fomento, lo que equivale a alrededor de 4 millones de dólares. Tengo mis dudas de que una empresa que tenga 200 trabajadores sea una PYME; más bien, pensamos que se trata de una empresa grande. Por lo tanto, dentro de las observaciones que hacemos a este proyecto de ley, pensamos que debería existir una acotación más precisa respecto al beneficio que va a alcanzar a las PYMEs.
¿Qué es lo que debemos observar? Y esto es para finalizar. De acuerdo al monitoreo que se hizo de las cifras de la DIPRES, los subsidios actuales no alcanzan a un 20 o 30% de los beneficiarios. Creo que aquí existe muy poca información de parte de las entidades del Estado hacia las PYMEs. El grado de conocimiento de las PYMEs o el acceso a información de las PYMEs es bastante escaso, y por lo tanto consideramos que es pertinente que la información sea transparente y de más fácil acceso para las pequeñas y medianas empresas.
¿En qué debemos fijarnos también? Que el CENSE va a manejar esta nueva plataforma y se llenará de decenas de miles de solicitudes de subsidio. Por lo tanto, se requiere que la plataforma trabaje y opere de manera adecuada, y que se supervise también de manera adecuada. Tenemos la experiencia de lo que fue la plataforma de pago automático de la Tesorería General de la República, que se echó a perder a inicios del 2023 y entiendo que hasta ahora no está funcionando al 100%. Por lo tanto, llamamos a que esta plataforma del CENSE efectivamente opere como corresponde.
Ya mencionábamos que nos gustaría que se precisara aún más el beneficio para las PYMEs. Ojalá hubiera otro enfoque en la clasificación del público objetivo. Y finalmente, mencionar que efectivamente es un...
Es un proyecto de ley que consideramos positivo, dado que unifica los tres subsidios que existen hoy día, lo que debería reducir la burocracia y aumentar los montos vigentes para los subsidios. Nuestra observación es que ojalá se tome en cuenta a las pymes, ampliando el plazo a 18 meses, y se precise que el límite de 200 empresas no corresponde a pymes, sino a medianas y grandes empresas. Muchas gracias por su exposición, don Roberto. Después juntaremos dos exposiciones y pasaremos a las preguntas.
Tiene la palabra la representante de la Central Unitaria de Trabajadores, la señora Gloria Soto, acompañada por Marcela Pérez.
Buenos días a todos los honorables y a quienes estamos participando, tanto empresarios como trabajadores. Esta información nos llegó recién el viernes, y hemos tratado de analizarla y tener una perspectiva clara. Por lo que revisamos, creo que todos estamos de acuerdo en que la homologación de los tres subsidios anteriores, que no eran eficaces, hacia el SUE nos parece adecuada. Que venga con todas las fiscalizaciones y esté bien regulado nos parece muy positivo. Sin embargo, nos preocupa, como dirigentes sindicales y como CUT, el tema de la estabilidad laboral. Dentro de esta propuesta, aunque no estamos en desacuerdo con apoyar a las pequeñas empresas, vemos que no se propone estabilidad para quienes son contratados bajo estas condiciones, ya que el subsidio es por un año solamente, y para personas con discapacidad es de 15 meses. Esto es insuficiente para que una persona se recupere desde el punto de vista laboral. La empresa puede seguir optando a los subsidios con otro trabajador, lo que nos preocupa.
Otro vacío que identificamos es respecto a las prácticas antisindicales. Aunque está estipulado que ninguna empresa con prácticas antisindicales será favorecida, el tema de los multirut no está atendido en la propuesta. También creemos que falta información sobre la modificación del Servicio Nacional de Capacitación o un nuevo estatuto de capacitación y empleo. El SUE es un tema complejo con muchas leyes involucradas que deben revisarse. Quizás no tuvimos tiempo suficiente para revisar todo, pero en general, como dirigentes, nos parece bien la iniciativa de que este subsidio sea eficaz. Sin embargo, hay vacíos de información que nos preocupan, especialmente en cuanto a la estabilidad laboral y las prácticas antisindicales.
La empresa puede contratar, pero a lo mejor por el multirut si tuvo prácticas antisindicales. Entonces, esos son los vacíos que uno ve ya en esta redacción. Le doy la palabra al dirigente Manuel. Gracias, presidente. Tiene toda la razón. Solamente para graficar un poco con datos de empresas donde ocurren este tipo de situaciones, particularmente en Walmart, donde se usan los subsidios laborales, contratan a un trabajador por cinco años, después es despedido inmediatamente y siguen ocupando el servicio cuando contratan uno nuevo. Sucesivamente, va ocurriendo un círculo vicioso respecto de estas situaciones. Por eso es que nosotros pedimos que debe darse una garantía laboral, una estabilidad laboral, por lo menos de cinco años, para todo tipo de trabajadores, sean discapacitados o no, resguardando la igualdad de condiciones para todos y evitando una base de abusos hacia los trabajadores.
Es importante profundizar en las empresas condenadas. Fíjese que Walmart ha sido condenada en varias oportunidades por temas del operador de tienda o por la mala utilización de algunos tipos de trabajo, donde el trabajador no tiene idea de qué debe hacer durante sus ocho horas de trabajo o menos. Esto ha causado condenas por este tipo de denuncias. ¿Qué ocurre? Se condena a la empresa mayor, Walmart Chile, pero ¿qué pasa con las empresas que dependen de Walmart Chile, como Iber, Express, A Cuenta, Mayorista, Econo? Siguen ocupando igual los beneficios. Por eso, apelamos a que cuando se condena a la empresa más grande, las empresas que dependen de ella, que son los formatos menores, también sean parte de la misma condena para que no puedan utilizar beneficios.
Además, cuando los trabajadores son beneficiados con este subsidio, los subsidios aumentan por IPC anualmente, pero las empresas no suben los sueldos de estos trabajadores, que deberían subir por el tema del IPC. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué pasa con el diferencial del dinero? Es necesario poner algunos resguardos en esta situación.
También está el mal uso de la discapacidad. A propósito de la Teletón reciente, las empresas, para no hacer cambios estructurales respecto de sus tiendas y cumplir con la ley de cuotas, contratan personas con algún tipo de discapacidad que les permita movilidad, como sordos mudos, pero no personas en silla de ruedas, para no tener que hacer cambios en la estructura del local. Esto produce discriminación. Debería existir una igualdad de condiciones respecto de los compañeros o trabajadores que tienen algún grado de discapacidad, para que no se discrimine porque las empresas no quieran hacer cambios estructurales en sus locales, como ascensores, lo cual genera un gasto.
Para complementar el tema de mi compañera Gloria, los subsidios deben ser reajustados de acuerdo al IPC anualmente y de manera real e informada a los trabajadores. Es bien sabido que la empresa se preocupa de hacerlo, pero quizás no lo informa ni lo entrega al trabajador. Muchas gracias. Ahora, con la presencia de tres senadores, se abre la sesión formalmente. Dicho eso, vamos a dar la última palabra y luego ofreceré la palabra para consultas a los tres expositores. Vamos a dar la palabra a la señora Bárbara Flores, que está por Zoom y es investigadora de CEAS, de la Universidad Mayor. Tiene la palabra por siete minutos. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio. Saludos a todas las personas en la sala. Muy agradecida de poder participar en esta sesión.
Gracias. No sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, para comenzar, hoy les quiero presentar muy brevemente cierta evidencia que he recogido a través de mi investigación con otros colegas, la cual apoya la idea de legislar y unificar los subsidios a la formalización del empleo.
En particular, quiero destacar que existen desigualdades en el acceso al empleo formal por género y tramos de edad, como se comentó en la presentación anterior. Esta política, por sí sola, no es suficiente para generar formalidad, ya que debe complementarse con otras políticas como capacitación y sistemas de cuidado.
Para justificar la legislación o la reforma de los subsidios actuales, quiero mencionar una investigación que realizamos con Alejandra Inostroza de la Universidad Católica, publicada este año. En ella, reforzamos la encuesta CASEN, que muestra que la informalidad afecta principalmente a jóvenes, personas mayores y mujeres, quienes tienen mayor probabilidad de ser trabajadores informales. El proyecto de ley aborda bien a estos grupos vulnerables en su acceso al empleo formal.
Existe evidencia robusta de que las responsabilidades de cuidado limitan principalmente a las mujeres en su acceso al empleo. No solo el cuidado infantil, sino también el cuidado de personas mayores, que se vuelve cada vez más importante debido al envejecimiento demográfico. Esto limita a las mujeres en edad de trabajar para optar por empleos formales con horarios fijos y rígidos. Es crucial considerar que, a medida que las personas mayores envejecen, sus niveles de dependencia aumentan, afectando la probabilidad de empleo de mujeres y algunos hombres cuidadores. Por lo tanto, es importante implementar políticas complementarias al subsidio.
Al analizar los subsidios de empleo actuales, como el subsidio de empleo joven o el bono de trabajo de la mujer, encontramos que la cobertura es baja: solo el 19% de las personas elegibles optan por estos subsidios. Además, hay un grado de desfocalización, ya que el 35% de los beneficiarios no pertenecen a los tramos de mayor vulnerabilidad. Los montos son bajos, alrededor de 3.000 pesos mensuales para el 60% más vulnerable de la población.
Un estudio financiado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica mostró que estos subsidios no incentivan la formalización de nuevos trabajadores, sino que benefician a aquellos que ya son formales. Es importante fomentar mayores tasas de participación y la entrada de nuevos trabajadores al empleo formal. Existen barreras de acceso a la información y complejidades en la difusión de las plataformas. Además, observamos que los trabajadores en empresas más grandes tienen mayor probabilidad de acceder a estos subsidios.
De trabajadores que acceden a este subsidio, por ejemplo, con datos del censo, vemos que empresas con 200 trabajadores o más emplean a más del 95% de las personas que acceden a los beneficios, es decir, concentran la mayor cantidad de beneficiarios. En esa línea, es importante poder limitar los subsidios para que empresas más pequeñas puedan optar a este beneficio, o para que los trabajadores en estas empresas puedan hacerlo. Este libro, "Propuesta para Chile", se publicó en abril, donde hacemos propuestas para mejorar los subsidios actuales. Coincidimos con el proyecto de ley porque hablamos de unificar subsidios, de focalizar en grupos más vulnerables, aumentar el monto, y como los recursos son limitados, aumentar los montos requiere necesariamente disminuir un poco la duración. Es crucial acceder de manera más accesible a la información y articular con otras políticas.
La evidencia que hemos levantado a través de la investigación nos lleva a creer que este proyecto de ley coincide con muchas de nuestras propuestas. Nos parece que sería muy beneficioso y ganaríamos en eficiencia si se unifican los subsidios. Especialmente sería beneficioso para mujeres jóvenes y personas trabajando en pequeñas y medianas empresas. Se podría fortalecer con políticas complementarias para personas con responsabilidades de cuidado, y también es importante proveer acceso preferente a capacitación para que las personas se mantengan vigentes y tengan las habilidades que el mercado laboral necesita. Muchas gracias, quedo atenta si tienen alguna pregunta. Muy amable por su exposición.
Voy a ofrecer la palabra al senador y la senadora. La académica, que tiene que ver además con lo que ustedes han planteado, pero con el estudio académico, es tan importante. Esto de que las empresas de 200 trabajadores o más emplean el 95% de los beneficios es brutal. Deberíamos precisamente focalizarlo hacia quienes más lo necesitan, que son las pymes. Como lo dijimos en la jornada anterior, cuando uno habla con el pequeño empresario dice: "Yo no contrato más, y las complicaciones que tenemos se nos cargan, y no tenemos ningún apoyo, ninguna ayuda". Esa ayuda es absolutamente insuficiente y engorrosa de realizar.
Fundamentalmente, lo que nos decían, y a lo mejor esa es la pregunta para la académica, es que la metodología para utilizar este subsidio es bastante compleja. Al final, lo terminan haciendo los contadores, quienes nos decían que son ellos quienes lo gestionan, convirtiéndose casi en un checklist. Sería interesante simplificar la metodología para que las pymes y microempresas puedan utilizarlo de mejor forma. Hay que preguntarle al Ejecutivo que se encuentra aquí, porque tiene sentido lo que tiene que ver con la retención del empleo. ¿Qué pasa con los 12 meses? Quizás después podríamos hacer un sistema escalonado, pero además de eso, ¿cómo hacemos para que esa empresa o pyme no despida? Esto debería ser una condicionante para seguir recibiendo subsidios. No debemos desligar una cosa de la otra.
Sería interesante decir: "Tengo 12 meses, ustedes quieren un poco más, perfecto, podemos ir escalonando". Estoy hablando como senadora Alejandra Sepúlveda, escuchando lo que ustedes plantean. En segundo lugar, ¿cómo enganchamos eso del no despido de los 12 meses o, en su defecto, lo paulatino que debería ser con el siguiente subsidio? Creo que ahí podríamos buscar una forma de aprender cómo no se transforma en un checklist de las grandes empresas y cómo seguimos focalizando en las pymes.
Si hacemos eso, vamos a transformar de nuevo en algo que las pequeñas y grandes empresas van a utilizar de alguna forma. No digo que sea malo, pero otros tienen más necesidad. Creo que debemos preguntar al representante de la Confederación Nacional las cifras que entregó en relación a cómo ha disminuido la participación de las pymes desde el año 2022. Sería útil que nos relatara las causas, ya que son multifactoriales. También sería interesante que el Ejecutivo, en su defecto, nos informara sobre lo que está ocurriendo con la baja participación. Estoy pensando en el pago a 30 días y otras cuestiones que afectan la supervivencia de las empresas, a pesar de la ley.
Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, quiero agradecer las exposiciones. Tengo una pregunta que quizás debería conocer, pero prefiero preguntar. El representante de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones mencionó que el subsidio podría llegar hasta 185 mil pesos mensuales. Me gustaría saber cuánto de eso va al trabajador y cuánto a la empresa. Es importante, porque quizás deberíamos multiplicar los subsidios, ya sea extendiendo los plazos o aumentando los montos. Tampoco sé cuánto destina el presupuesto de la Nación a financiar estos subsidios anualmente. Aunque acabamos de despachar el presupuesto para el 2026, no tengo esa información. Sería importante tener esos antecedentes para ver cómo podemos redistribuir y lograr un mayor efecto.
¿Tienes los datos allá? Son aproximadamente 200 millones de dólares. Porque se trata de distribuir ese presupuesto y saber cómo lo distribuimos entre las empresas y los trabajadores. No sé si escuché mal, pero alguien dijo que el subsidio por trabajador podía llegar a 3 mil pesos. ¿Lo escuché bien? No. Nadie ha dicho eso. Claro, porque 3 mil pesos es una cantidad muy baja que no incentiva. Conociendo esos montos, podemos pensar mejor en cómo apoyar más a las pymes. Comparto con la senadora Alejandra Sepúlveda que son quienes más necesitan apoyo, a pesar de que el objeto del subsidio es distinto. Crear empleo y capacitación, que las empresas más grandes tienen en mayor medida, pero creo que debemos fortalecer las pymes por la extensión territorial que tienen. En la mayoría de las comunas no hay grandes empresas.
Menos aún en las comunas rurales. Entonces, si queremos que haya más empleo y que el empleo se distribuya mejor territorialmente, también debiéramos lograr que los subsidios se distribuyan mejor territorialmente. Entonces, a ver si podemos tener esos datos. Gracias, Presidente. Las intervenciones están direccionadas, una al Gobierno, por los montos, que sería bueno esclarecerlos, al representante de los Camioneros y a la CUT. Yo hice una reflexión para la CUT, por eso le voy a ofrecer la palabra para que haya comentarios generales. Vamos a partir por nuestra investigadora que está presente. Bien, muchas gracias.
Respecto a los montos, efectivamente, los montos actuales son bajos. En esa línea, el proyecto de ley justamente se hace cargo de eso y aumenta los montos actuales. Nosotros, con la evaluación de transferencias monetarias, cuando tuvimos acceso al registro de información social, efectivamente veíamos que los montos en algunos casos llegaban a 3.000 pesos mensuales por trabajador. En el estudio que hicimos con la Universidad Católica, era alrededor de 7.000 a 7.500 pesos por trabajador al mes. Por lo tanto, creemos que efectivamente el monto actual es bajo y en esa línea el proyecto aborda este problema para mejorar montos que efectivamente incentiven a la formalización, principalmente con el monto al bolsillo que llega a cada trabajador o trabajadora.
Ligado a eso, ciertamente lo que comentaba la senadora Alejandra Sepúlveda respecto a la complejidad, porque actualmente lo que ocurre es que como los montos líquidos se demoran y los montos brutos, los sistemas de información se demoran en estar alineados y sistematizados en el sistema, muchas veces se paga subsidio, pero a veces hay que devolver los montos extras que se generaron por estos tramos de ingresos. Entonces, el sistema actual es realmente complejo y es importante que cada trabajador entienda cómo se calcula sus niveles de vulnerabilidad y sus ingresos brutos y desde qué base se calcula el monto de subsidio.
Para finalizar, las causas de baja participación laboral y baja participación también de los subsidios tienen que ver con que hay un costo burocrático importante para empresas, sobre todo para empresas pequeñas, porque no tienen justamente los contadores o sistemas contables más robustos. Por lo tanto, las empresas grandes tienen ventajas comparativas, donde pueden pasar sus planillas de trabajadores, subirlas rápidamente al sistema y recibir subsidios por cada uno de sus trabajadores. En el caso de empresas más pequeñas, los sistemas de información no son tan robustos y, por lo tanto, está una persona que tiene un costo de oportunidad muy alto en vez de estar en la plataforma llenando todo lo que se requiere para acceder al subsidio. Prefiere, por supuesto, dedicar tiempo a otros trámites administrativos. Entonces, esa limitación en recursos humanos, por supuesto, se debe considerar y simplificar el sistema y la ventanilla única va en esa línea.
Señor Presidente, muy amable. Estimado representante de la Confederación de Camiones, sí, muchas gracias. Respecto a la pregunta que hacía la senadora, si mal no recuerdo, era sobre las razones por las cuales las MIPIMES tenían muy baja participación de mercado. Bueno, efectivamente eso es así. En diez años pasamos del 15,7%, casi un 16%, al 11,7%, que es la última cifra que tenemos nosotros, que es de la encuesta que hace el Ministerio de Economía de Microemprendimiento. Las razones son muchas, pero a nuestro entender, una es la principal y se debe básicamente a cómo está estructurado el sistema económico hoy día en nuestro país.