Cámara de Diputados - Deportes - 2 de diciembre de 2025

Sobre la cuenta: se da lectura a un correo electrónico de don Javier Gómez González, abogado, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Viña del Mar, mediante el cual solicita la supervigilancia del IND sobre la Federación Chilena de Tenis de Mesa, denunciando que se inició un procedimiento sancionatorio contra la mencionada asociación sin entregar los reglamentos y actas necesarios para ejercer la defensa, incumpliendo además la obligación legal de publicarlos. Pide paralizar dicho procedimiento por falta de garantías de debido proceso y remite la denuncia a la Comisión para que requiera informes a la Federación y al IND. Lo que podemos hacer es oficiar al Ministerio del Deporte, en los mismos términos expuestos por el señor Gómez, solicitando la supervigilancia del IND y los informes correspondientes. ¿Requiere acuerdo de la Comisión? Sí. ¿Acordado? Acordado. No habiendo más palabras sobre la cuenta, pasamos a Puntos Varios. Tiene la palabra la diputada Olivera. Gracias, presidente. Lo primero es enviar una nota de felicitación a todos los deportistas máster que estuvieron compitiendo durante la semana pasada en el Campeonato Sudamericano Máster de Atletismo, realizado en la ciudad de Santiago. Tuvimos una participación de más de 2.000 atletas máster, compitiendo en distintas categorías, partiendo desde los 30 años de edad; incluso vi a un atleta de 96 años compitiendo, siendo un gran ejemplo para muchos. Por lo tanto, solicito enviar una carta de felicitación a la Federación Máster de Chile. Entendiendo que hubo algunas situaciones entre medio, quiero destacar el evento y la participación de los atletas, especialmente de Chile, que —aunque no tengo el número exacto de medallas— les fue bastante bien. Por otro lado, presidente, la semana pasada tuvimos la presencia del Ministerio, del Instituto Nacional de Deportes y de un representante de la Corporación Santiago 2023. La verdad, no quedé conforme con lo ocurrido. Primero, porque se incumplió con lo que aquí se dijo: que la corporación terminaba su trabajo y toda su vigencia el día 26 de noviembre. No olvidemos que esto tenía que culminar el año 2024, pero que por estatuto se aplazó durante un año más. Finalmente, lo que vimos en esta comisión fue que no hubo ninguna memoria, no hubo balance, no hubo entrega de documentos ni informe. Además, para mi gusto, quedó en el aire cuándo vamos a poder tener información respecto de las rendiciones de lo que significó Santiago 2023. Me refiero a la corporación, no al evento. Por lo tanto, quisiera enviar los antecedentes a Contraloría, para que sea ésta la que se pronuncie respecto de esto. Si la contralora pudiese hacerse presente en esta comisión, para informarnos respecto de lo que ellos tienen al día de hoy como información en cuanto a rendiciones, y ver en qué porcentaje se encuentra la corporación con las rendiciones. Porque hay dos cosas que me llaman la atención: por su intermedio, el diputado Celis la semana pasada preguntó a cuánto equivalía la deuda, más o menos, que se tenía con los proveedores, y aquí se dijo que era un poco más de 9.000 millones de pesos. Y, por otro lado, lo que entendí es que...

Diputada Erika Olivera.— Por juicios laborales se pensaba que el monto podía llegar a 430 millones de pesos. Entonces, Presidente, la matemática no nos falla: nos estamos acercando a los 10.000 millones de pesos, entendiendo que pueden haber otras cosas entremedio. Y, finalmente, mi conclusión es que la Corporación Santiago 2023 se extinguió el día 26 de noviembre y, de ahí en adelante, la corporación se lava las manos. Quiero que quede claro que no es una cuestión política ni de un gobierno en específico: por la corporación, por la organización de los juegos, pasaron tres gobiernos; por lo tanto, hacia atrás también hay responsabilidades, pero nadie las va a asumir. Por eso la semana pasada recordé lo ocurrido en 2014 y en 2017, y también lo que trabajamos durante estos años en la comisión especial investigadora que levanté, cuyos informes lamentablemente fueron rechazados. El informe que presenté era bien duro, hacía una crítica fuerte a la institución, pero esa comisión se quedó sin informe. Lamento mucho lo ocurrido a lo largo de estos años y pido que esto quede en acta, porque esto queda para la historia del deporte nacional. Insisto: no sé si esos más de 9.000 millones de pesos, el día de mañana, alguien se va a hacer responsable. La corporación, además, la persona que vino ni siquiera fue capaz de responder cuál era la autocrítica que se hacen como corporación. No hay autocrítica. Por lo tanto, son recursos que, para mi gusto, quien se va a tener que hacer cargo el día de mañana es el Fisco, porque no creo que las personas a las que se les adeuda se queden mirando sin importancia los recursos que no se les van a pagar por haber cumplido, ya sea proveyendo implementos o con el trabajo realizado. Por lo tanto, Presidente, quiero oficiar a la Contraloría para que se nos haga llegar la información. Si la Contralora puede asistir a esta comisión, sería mucho mejor, para tener claridad de lo ocurrido durante este tiempo en lo que tiene que ver con la rendición, específicamente, de la Corporación Santiago 2023. Y, si no tuviéramos información o a partir de la que se obtenga, en el futuro esto debiese remitirse al Consejo de Defensa del Estado si ahí se descubre algún perjuicio. Eso, Presidente, muchas gracias. Presidente.— Muchas gracias, diputada. Primero, nos vamos a sumar al reconocimiento y felicitaciones a los deportistas máster de Chile y vamos a oficiar a la Federación Máster de Chile en los términos planteados por la diputada Erika Olivera. ¿Acordado? Acordado. Muchas gracias. En segundo lugar, respecto de la Corporación Santiago 2023, la diputada Olivera nos pide oficiar a la Contraloría General de la República para que se haga un seguimiento a las rendiciones de la Corporación Santiago 2023, esto es, una auditoría a los recursos que han sido transferidos a la corporación y sus respectivas rendiciones. ¿Adherimos a dicha solicitud? Diputado Celis, tiene la palabra. Diputado Celis.— Gracias, Presidente. Me sumo a cada una de las palabras de la diputada y a que esto se pueda enviar a la Contralora General de la República, y que se puedan también remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Que el Consejo de Defensa del Estado pueda pronunciarse y remitirnos un informe respecto de si aquí hay algún perjuicio al Fisco. Porque claramente aquí hay materias, ya sea de índole laboral o con proveedores; estamos ad portas de que esta corporación, y lo más probable es que así ocurra, termine generando que el Fisco sea quien finalmente tenga que hacerse cargo de una deuda o un perjuicio que no es menor, de más de 9.000 millones de pesos. En definitiva, quien va a tener que accionar en contra de quienes resulten responsables es justamente el Consejo de Defensa del Estado.

¿El Estado pudiese emitir algún informe o pronunciamiento sobre cuáles son las acciones que se podrían entablar en contra de quienes resulten responsables? Me gustaría recabar el acuerdo de esta Comisión respecto de ese punto, presidente. Primero, respecto de lo solicitado por la diputada Olivera: oficiar a la Contraloría General de la República a fin de que se realice una auditoría a los gastos y a las rendiciones efectuadas por la Corporación Santiago 2023, con ocasión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ¿Acordado? Acordado. En segundo término, el diputado Celis solicita oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que, mediante un informe, señale las acciones que pudiese emprender ante un eventual perjuicio fiscal, considerando que existirían deudas con proveedores por más de 9.000 millones de pesos, demandas laborales ya interpuestas por más de 400 millones de pesos y potenciales demandas futuras de similar cuantía. Asimismo, que exponga los escenarios a futuro —incluso ante una eventual extinción de la Corporación— y las medidas para resguardar los intereses del Estado. ¿Tomamos el acuerdo para el oficio? Acordado. Bien. ¿Alguien más, en puntos varios? Muchas gracias, presidente. Todos fuimos testigos de los lamentables hechos ocurridos en el Estadio Santa Laura, en el marco del partido de O’Higgins. Sabemos que la violencia en los estadios no ha podido ser erradicada; periódicamente observamos hechos delictuales tanto fuera como dentro de los recintos deportivos. El domingo vimos un episodio que se ha viralizado en medios serios: aparece el delegado presidencial metropolitano con una camiseta de Unión Española, como un barrista más, en un conato con dos técnicos de O’Higgins que habían sido retirados del borde de la cancha. Hubo empujones, gritos y otras personas vitoreando. Independiente de las razones, me resulta inexplicable que el delegado presidencial se vea envuelto en este tipo de situaciones. Con autoridades encargadas de resguardar el buen comportamiento en los estadios actuando así, no vamos a llegar a ninguna parte. No voy a solicitar nada adicional, porque esta semana tanto las bancadas de Renovación Nacional como la que represento, la UDI, ya han oficiado a la Contraloría respecto de estos hechos y de la violencia en los estadios. Pero corresponde representarlo en todos los ámbitos donde nos toca actuar. La delincuencia en los estadios no se va a acabar si quienes están llamados a poner orden se comportan como lo hizo el delegado presidencial el sábado. No es un tema político; incluso el ministro Cordero lo reprendió públicamente. Concuerdo con él: es lo mínimo que se le puede exigir a un delegado presidencial.

Bien. Yo creo que, de una vez por todas, debemos poner estos casos sobre la mesa, criticarlos como corresponde y emprender las acciones que ya he señalado, al menos aquellas que hemos iniciado. Debiésemos estar todos de acuerdo en que las autoridades debiesen estar fuera de lo que corresponde al mal comportamiento en los estadios. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien sobre el punto? No. Bien, ¿alguien más en Puntos Varios? Tampoco. Cerramos Puntos Varios; pasamos entonces a la Orden del Día. Como fue comprometido con la diputada presidenta Alejandra Placencia, hoy día con derecho a voto, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: primero, continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Alejandra Placencia, Marisela Santibáñez, Daniela Serrano y Gael Yeomans, y de los diputados señores Erick Aedo, Boris Barrera, Luis Cuello, Jaime Mulet, Juan Santana y Cristian Tapia, que modifica la ley N° 19.327 para imponer nuevas obligaciones a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, boletín N° 17.757-29, en primer trámite constitucional y reglamentario. Damos la palabra a la señora Secretaria para efectos de contextualizar en qué etapa del proyecto estábamos. ¿Hay alguna indicación presentada? Y proceder a la votación. Estábamos en el numeral 3 del artículo único, que incorpora un artículo 5º bis. La diputada Placencia había presentado en la sesión pasada una indicación sustitutiva que se leyó y se analizó; ahora presenta una nueva para reformular algunos aspectos en base a esa discusión. Por lo tanto, se retira la que está en el comparado, en la página 4. Perfecto. Entonces, leo la indicación, que es para reemplazar la letra c) en el siguiente sentido: incorpora un nuevo artículo 5º bis, a continuación del artículo 5º, del siguiente tenor: "Los organizadores de espectáculos de fútbol profesional deberán participar de las instancias de coordinación territorial convocadas por los órganos competentes y considerar los aportes, observaciones y comentarios de las organizaciones territoriales y comunitarias con domicilio en las inmediaciones del lugar donde se realizará el espectáculo deportivo, con el objeto de actualizar el plan de seguridad presentado a la Delegación y presentar medidas adicionales, en particular aquellas señaladas en la letra c) del artículo 3º de esta ley. Para tales efectos, los organizadores deberán: a) Informar, con al menos quince días de anticipación, a la municipalidad y a las personas domiciliadas en las inmediaciones del recinto o lugar en donde se realizará el evento, de manera previa, el día, la hora, el recinto o lugar de realización del evento y la cantidad estimada de asistentes. El cumplimiento de este deber, así como los medios a través de los cuales se deberá informar, se regulará mediante una ordenanza municipal. b) Habilitar canales de consulta y recepción de observaciones, de acceso físico o digital, mediante los cuales las personas y organizaciones del entorno puedan presentar sugerencias, consultas o reclamos antes y después del evento. c) Participar en las mesas de coordinación territorial y de seguridad que sean convocadas por los organismos del Estado competentes en la materia, incluyendo la Delegación Presidencial Regional respectiva, con el objeto de revisar todas las medidas y planes de acción que puedan afectar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes y de la comunidad. Para cumplir con el deber de resguardo de las inmediaciones, el organizador deberá asegurar la participación de las juntas de vecinos legalmente constituidas y con jurisdicción en el perímetro territorial definido como inmediaciones del espectáculo de fútbol profesional, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8º de esta ley, a fin de que sus inquietudes y observaciones sean consideradas en la adopción final de las medidas de seguridad. Las consideraciones formuladas en dichas instancias deberán ser debidamente ponderadas por el organizador, proponiendo a la Delegación Presidencial Regional respectiva medidas adicionales a las establecidas en el plan de seguridad, o bien la actualización de aspectos específicos del mismo. La Delegación Presidencial Regional deberá ponderar dicho informe para la calificación final del plan de seguridad y para la autorización del espectáculo." ¿Diputada Placencia? Sí, Presidenta. Agradeciendo nuevamente que tengamos la posibilidad de retomar esta tramitación, quisiera señalar que, recogiendo lo conversado la semana pasada y entendiendo que nuestras atribuciones son escasas en este tipo de debate, la redacción de esta nueva indicación primero no crea una nueva institucionalidad.

Diputada: Está dentro del marco de lo que rige la Constitución y la ley vigente, y las instancias de coordinación territorial ya existen. Lo que ocurre es que acá se hace una precisión para que los organizadores de espectáculos deportivos consideren también a las juntas de vecinos, que en general quedan fuera de estos espacios de definición. No genera gasto fiscal; más bien operativiza deberes ya previstos respecto de la mitigación y los efectos en el entorno, y además lo vincula a una ordenanza municipal, que como órgano regulador en lo local tiene atribuciones que el municipio ya posee. Entonces, en el caso de la Delegación Presidencial, más bien son insumos para lo que significa aprobar; no le da un estatus vinculante, sino que son antecedentes que la Delegación debe ponderar al evaluar el informe y calificar, finalmente, el plan de seguridad y la autorización del espectáculo en cuestión. Eso es lo que puedo aportar, presidente. Presidente: Muchas gracias, diputada. ¿Alguna observación? Diputado: Bien, yo tengo una. Efectivamente, la nueva redacción resuelve de buena forma la observación de inconstitucionalidad que habíamos planteado en la sesión anterior, ya que ahora no se crea un nuevo servicio ni se le asignan funciones. Pero en la letra C, en particular, el inciso segundo dice: “Para cumplir con el deber de resguardo de las inmediaciones, el organizador deberá asegurar la participación de juntas de vecinos legalmente constituidas”. Le estamos dando una obligación al organizador de convocar a las juntas de vecinos, y, a título personal, creo que esa es una responsabilidad más del Estado que del organizador. Tenía una propuesta para someter a consideración: que la letra C, sin modificar el resto, diga que el organizador deberá considerar, en la elaboración o actualización de su plan de seguridad, la información, observaciones y antecedentes que reciba de parte de la comunidad o de las instancias de coordinación territorial que funcionen conforme a la normativa vigente. Es decir, que los organismos del Estado convoquen mesas de trabajo y tomen decisiones, y esas definiciones se entreguen al organizador para que las considere en su plan de seguridad. Quería primero escuchar el texto presentado por la diputada, pero, a mi juicio —y esto es debatible—, estamos generando al organizador una responsabilidad que no le corresponde. Diputada Placencia: Sí, presidente, estoy de acuerdo en revisarlo. Mi única duda es si eso reemplaza toda la letra C, porque, de ser así, en este artículo 5° bis estamos estableciendo obligaciones para los organizadores; entonces, tampoco se le está dando a un organismo del Estado esa responsabilidad. Estoy disponible para mejorar el texto, pero quería saber cómo lo ven en ese sentido, porque comparto que es el Estado el que tiene que hacerlo; sin embargo, si no, caemos en crear una institucionalidad o dar responsabilidades a organismos del Estado que hoy día no las tienen contempladas. Diputado: Primero, dejando muy en claro, entiendo que ya se envió la propuesta al grupo. El artículo 5° bis queda igual, a excepción de la letra C. En lo esencial, proponemos modificar el párrafo segundo, que dice: “Para cumplir con el deber de resguardo de las inmediaciones…”. Ahí nos genera ruido, porque ¿quién tiene esa obligación? A nuestro juicio, el deber de resguardo de las inmediaciones es del Estado. Por eso, el enunciado que dispone que “el organizador deberá asegurar la participación de juntas de vecinos” es el que proponemos revisar.

El Presidente: Nuevamente, se trata de una responsabilidad del organizador. Entonces, y tomando los siguientes párrafos, proponemos que, para el organizador, sea una obligación considerar, en la elaboración o actualización de su plan de seguridad, la información, observaciones y antecedentes que reciba de parte de la comunidad o de las instancias de coordinación territorial que funcionen conforme a la normativa vigente. Es decir, cualquier instancia, sin crear una obligación ni una responsabilidad para algún organismo del Estado, puede y debe considerar las observaciones que se formulen desde mesas territoriales de trabajo, coordinaciones de vecinos, etcétera. Creemos que de esa forma no caemos en inconstitucionalidad y, asimismo, resolvemos observaciones que parecían generar una nueva obligación al organizador en materias que no le son propias, como la relación con juntas de vecinos. Una señora diputada: Comparto el sentido de lo que plantea el Presidente. Entiendo que esto reemplaza el inciso segundo de la letra C, y el resto se fusiona desde el segundo párrafo hacia abajo. Sin embargo, me parece que queda un poco débil el punto respecto de a quiénes debe considerar. Cuando se dice “de la comunidad” o “instancias de participación consultiva”, en nuestro país eso es muy amplio y podría ocurrir que el organizador solo considere a una organización con la que tenga cercanía, y no a quienes efectivamente se ven afectados en las inmediaciones. Las “inmediaciones”, además, están definidas en la ley, en el artículo 8°, que establece cuál es la inmediación al recinto. Por lo tanto, no sería cualquier junta de vecinos, sino aquellas ubicadas en las inmediaciones, conforme a esa definición. Entonces, podríamos ajustar su propuesta —que me parece bien en lo general— para no dejarlo tan genérico, porque pierde fuerza para el objetivo. Aquí escuchamos a la comunidad, que en general queda fuera de la toma de decisiones y no es incorporada en espacios de coordinación territorial, pese a que existen. Para que esto cumpla su objetivo, mantendría la referencia a las juntas de vecinos de las inmediaciones y, además, que la Delegación Presidencial deba ponderar, en su informe para la toma de decisiones, que esto efectivamente se haya realizado. De lo contrario, deja de ser una obligación escuchar a la comunidad, aunque no sea vinculante, y se desdibuja como buena práctica establecida al considerar los planes de seguridad. Eso pienso, señor Presidente. Diputado Celis: Quiero que me explique cuál es la diferencia, porque yo leo su indicación y me parece demasiado general. Me imagino un partido, no sé, Colo-Colo–Universidad de Chile: se va a juntar la junta de vecinos del sector y “considerar en la elaboración o actualización de su plan de seguridad la información…”. Esto, llevado a la práctica, ¿qué significa, versus la indicación de la diputada Placencia?

Diputado.— Más específica, más en detalle. Entonces me gustaría ver su indicación en la práctica, en los hechos, versus la indicación de la diputada Placencia, porque la suya es muy genérica y la de la diputada Placencia es bastante específica. Presidente.— Bien, diputado. Para ser muy claro: estamos legislando para imponer nuevas obligaciones a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional. Por tanto, yo considero que la obligación planteada por la diputada Placencia se encuentra contenida en la letra c), en cuanto a que el organizador del evento deba considerar, en la actualización de su plan de seguridad, la información, observaciones y antecedentes que reciba de parte de la comunidad o de las instancias de coordinación territorial que funcionen de acuerdo con la normativa vigente. A diferencia de la letra c) planteada por la diputada Placencia, que de cierta manera le crea una obligación al organizador de convocar a la comunidad. Yo siento que el deber de resguardo de las inmediaciones no es del organizador del evento. El deber de resguardo recae en las autoridades públicas que tienen la obligación de resguardar la seguridad en el exterior de un evento. Son esas autoridades las que le exigen al organizador tomar ciertas medidas y determinaciones. ¿Y qué le corresponde al organizador? Acatar las medidas que le impone la autoridad. En la letra c) planteada por la diputada Placencia se le estaría entregando la obligación de convocar y gestionar, siendo que lo que le corresponde al organizador es respetar lo que le diga la autoridad. Esa es la diferencia práctica entre una y otra indicación. A nuestro juicio, el organizador tiene que cumplir lo que la autoridad le exige, y no él hacer las mesas de coordinación ni levantar las observaciones de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, por cuanto él es organizador de eventos y debe responder y cumplir con las obligaciones que le exija la autoridad al momento de otorgarle un permiso para un espectáculo, en este caso de fútbol profesional. Diputada Placencia.— Sí. En el concepto estoy de acuerdo con lo que usted plantea, presidente. Sin embargo, lo que yo había presentado la semana pasada y que iba en el mismo sentido fue declarado inconstitucional. Entonces, la pregunta es: ¿cómo resolvemos una necesidad de acuerdo con nuestras facultades? Si el organizador va a tener la responsabilidad de considerar a las juntas de vecinos que están en las inmediaciones —que están definidas por ley— al momento de elaborar el plan de seguridad, tanto de la puerta hacia adentro como de la puerta hacia afuera hay medidas que la autoridad sí le puede exigir en tanto organizador, considerando que ya entró en vigencia la Ley de Seguridad Privada. Pero la Ley de Seguridad Privada, básicamente, establece normas de la puerta hacia adentro, quedando un vacío en la responsabilidad de los organizadores de la puerta hacia afuera, estableciéndose además claramente que existe una delimitación de inmediaciones. Entonces, en ese vacío, lo que estamos intentando hacer con este proyecto es que el organizador contemple algunas medidas preventivas y de mitigación para los efectos que se dan en estas inmediaciones; que esas medidas sean incorporadas también sobre la base de conversaciones previas con la comunidad; y que, en ese plan que se presentará a la delegación presidencial, el delegado pueda ponderar estos elementos al momento de otorgar o no su aprobación. Y, si tuviese que hacer algún ajuste o incorporación nueva producto de la evaluación de ese informe por parte de la delegación presidencial respectiva, entonces la autoridad sí le estará mandatando al organizador que haga esos ajustes a su plan de seguridad, para prever situaciones no solo dentro del establecimiento —como hoy día ya lo contempla la ley, más allá de que uno pueda tener críticas o detectar falencias—, sino también en las inmediaciones.