Ocho treinta minutos. En Cooperativa, Primer Foro Social Presidenciales 2025. Una invitación del Hogar de Cristo, Techo Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Servicio Jesuita a Migrantes y Fondo Esperanza. Con Cecilia Rovaretti.
Hola, muy buenos días. En este Primer Foro Social Presidencial de 2025 les damos la bienvenida. Saludamos a Jeannette Jara y a José Antonio Kast, los dos candidatos a dirigir nuestro país en los próximos cuatro años. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Muy bien. Bueno, el objetivo de este encuentro es conversar sobre la realidad que viven las personas más vulnerables: discriminación, pobreza, desamparo y el rol de la sociedad.
La sociedad civil, representada hoy por las organizaciones Fundación Superación de la Pobreza, Hogar de Cristo, Techo Chile, Fondo Esperanza y la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Queremos agradecer a estas instituciones que nos eligieron para hacer la radio que lleva este foro a todos los chilenos y al mundo a través de nuestras plataformas digitales. Para Cooperativa, esta oportunidad es la confirmación de su vocación de servicio, su adhesión a la democracia y al Estado de Derecho, que son inherentes a la libertad de expresión. Son las cosas en las que creemos, que dan sentido a nuestro quehacer y que reafirmamos especialmente en tiempos en que los medios de comunicación somos puestos a prueba, ahora además por los cambios tecnológicos y el desafío de los grandes operadores globales.
Vamos a comenzar hablando de la nueva realidad de la pobreza en Chile, una preocupación que ha pasado a un segundo plano en la agenda del país, y así lo refleja la encuesta CEP, que muestra cómo desde 1990 a la fecha la pobreza cae desde los tres primeros lugares de interés al número 17 en la actualidad. Sin embargo, como sabemos, la pobreza impacta en la vida de millones de chilenos y chilenas en múltiples dimensiones y territorios.
Vamos a saludar primero a Catalina Litin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Hola, Catalina, muy buenos días. Muy buenos días. Dos palabras sobre la fundación: a través de su programa Servicio País, moviliza cada año a cientos de jóvenes profesionales a aportar al desarrollo de las comunas con mayores índices de pobreza y rezago a lo largo del país.
Y vamos a las preguntas. Por sorteo realizado ante los comandos, responderá primero la candidata Jeannette Jara. Los invito a colocarse los fonos porque vamos a comenzar escuchando la consulta de una de las dirigentes comunitarias con quien trabaja la fundación: Julieta Cortés Jorquera, desde Canela, en la región de Coquimbo.
Hola, soy Julieta Cortés Jorquera, de la comunidad agrícola de Carquintaño, de la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. Vengo de un territorio campesino, donde la tierra es colectiva, donde mi familia se dedica a la crianza de cabras y a la agricultura de secano. Me han enseñado la importancia de cuidar nuestra identidad y nuestras formas de vida. He dedicado gran parte de mi vida a la dirigencia social, pero hoy enfrentamos una sequía permanente, aislamiento y desigualdades que hacen difícil sostener la vida rural. Necesitamos inversión, reconocimiento y un desarrollo que considere de verdad a las comunidades campesinas. En ese marco, quisiera saber: ¿Cómo enfrentará su gobierno el desarrollo de territorios como el mío, que presentan alta pobreza multidimensional, crisis hídrica y envejecimiento?
Bueno, ahí está la consulta de Julieta Cortés Jorquera desde Canela, en la región de Coquimbo. Interesantísima pregunta de fondo. Candidata Jeannette Jara, a usted.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Es una pregunta muy de fondo la que nos hace Julieta desde Canela, porque aborda con justa razón la postergación en la que se sienten muchos sectores rurales de nuestro país, ya sea en la zona norte o en la zona sur. En su caso, vinculados a la agricultura de secano; en el centro-sur, la agricultura familiar campesina, donde la desigualdad y la pobreza se siguen expresando con fuerza.
Lo primero es señalar que empatizo completamente con su realidad, porque en mi recorrido por Chile he visto muchas cosas que a quienes no vivimos en lo rural nos parecen evidentes y que no necesariamente existen en la ruralía. Por ejemplo, el acceso al agua potable. En este contexto, quiero contarles que una de las principales prioridades que persisten en la sociedad chilena, y por cierto en mi gobierno, es la necesidad de avanzar en infraestructura hídrica, como embalses, para uso tanto industrial y minero como humano. Lo digo porque en la región de Coquimbo tenemos proyectos en camino, uno asociado a Pelambres, de uso minero, y también la desaladora de Coquimbo, que es para uso mixto y que nos va a permitir generar mayor acceso al agua potable.
En segundo lugar, creo que es muy importante abordar lo que nos ha pasado con el APR, el Agua Potable Rural, para llegar con un acceso más oportuno. Hoy día estamos en varias comunidades con camiones aljibe.
Y eso realmente tiene que irse terminando. Es una realidad que para quien vive en una ciudad parece invisible, pero la verdad es que hay mucha gente que aún consume agua potable a través de camiones aljibe. En el caso de la cuarta región, la Región de Coquimbo, tenemos posibilidades de avanzar en desaladoras y en embalses; hay que acelerar estos proyectos y, luego del tema propiamente hídrico, mirar los caminos periurbanos y rurales —hay todo un programa para ese desarrollo— y la inclusión tecnológica de las comunidades. Por eso es importante llevar la red 5G a todos y, además, pensar en una infraestructura educativa y de salud que permita que la comunidad se desarrolle. Por ejemplo, proponemos los COSAM móviles, que son centros de salud mental que puedan hacer visitas a los territorios, y, a través de la red 5G, acceso a la telemedicina. Lo digo porque la pobreza es un tema multidimensional —aunque algunos a veces quisieran reducirlo a un eslogan—; en el país se ha ido superando en el tiempo, pero aún tenemos desafíos muy persistentes, que en la ruralidad se expresan con mayor fuerza. Es cosa de ver los indicadores de La Araucanía, donde la pobreza, sobre todo en el sector cordillera, es bastante severa. Ok, a ver, José Antonio Kast, ahora.
Sí. Bueno, se constata una realidad, una vez más, y por esto yo lo que he señalado y he realizado a lo largo de mi vida política es conocer Chile. Conozco Canela Bajo, Canela Alto, Huentelauquén, y la realidad de Canela y de toda la zona de los crianceros no es muy distinta. Si nos trasladamos aquí, claro, es más agrícola, campesino; pero si nos movemos un poquitito más al norte, a La Higuera, tenemos una situación similar, pero minera. Y tampoco tienen agua. La ideología, al final, ha matado la posibilidad de tener acceso a recursos básicos como el agua potable. El tema de las desaladoras es algo conocido hace mucho tiempo. El drama y el negocio de los camiones aljibe también se conoce hace mucho tiempo. Entonces, claro, uno dice: hoy día es poco digno recibir agua en camiones aljibe. ¿Y qué se ha hecho? Se han puesto trabas para avanzar en desaladoras. Veamos todo lo que ha pasado con la mina Dominga: diez años de trámite, siendo que en la comuna de La Higuera —y podría hacerse lo mismo en la comuna de Canela—, si se instalara una planta desaladora como la de Caldera, podrían tener agua potable permanente y de uso mixto: para consumo humano, para los animales y también para la agricultura. Los grandes embalses que hay en la zona están sin agua y, ahora, con un poquito más de lluvia, algo mejoró. Aquí yo creo que hay ignorancia, desconocimiento y abandono de estas localidades por parte de las autoridades; como son comunidades pequeñas, la verdad es que la autoridad no les pone toda la energía. Hay buenos caminos, relativamente buenos caminos; falta la conectividad. Pero, ¿qué le proponemos a lo que pregunta la vecina? Ella está preocupada del tema del agua, y la vía más rápida de solucionarlo, en nuestro programa, es con desaladoras. Canela Bajo está, ¿a cuánto?, a 15 kilómetros del mar; por lo tanto, incluso impulsar el agua hacia Canela desde una desaladora es fácil. Pero chocamos con la ideología, porque muchos dicen: no, es que la desaladora modifica la salinidad del mar. Me alegra que tengamos un acuerdo con Yasna de que las desaladoras necesitan un fast track. Si tuvimos senadores que querían ponerle impuestos a las desaladoras, y algunos grupos ambientalistas extremos dicen que no podemos instalarlas porque afectan las condiciones del mar. Por eso, creo que aquí hay una buena solución: queremos combatir los camiones aljibe —que son un negocio y no una solución real— y busquemos soluciones reales.
Solo para que no cunda la desinformación, que ha estado tan al día en esta campaña propiciada por el candidato Kast, quiero decir que la desaladora de Coquimbo ya está en plena licitación. Aquí no es la ideología la que empobrece a las personas; lo que las empobrece es la concentración económica de aquellos que no quieren que el desarrollo les llegue a todos, de quienes prefieren los mercados coludidos, de quienes amparan a corruptos. Eso es lo que pasa. Y si queremos que nuestro país avance, lo mínimo que tenemos que hacer es reconocer lo que hemos avanzado y también lo que nos queda. Pero la licitación de la desaladora de Coquimbo ya está en curso. Entonces, cuando se habla de que no se ha podido avanzar por una u otra cosa, lo único que uno tiene que hacer es proponer cómo va a seguir avanzando y dejarse de criticar. El país no se gobierna a punta de crítica; el país se gobierna con ideas, con capacidad y experiencia. Y eso es lo que yo pediría que se ponga sobre la mesa.
José Antonio.
Sí, el gobierno se tiene que dedicar a la buena gestión.
Estaba lista, funcionando, como la desaladora que hizo Minera Los Pelambres. Entonces, lo importante es tener claridad sobre las tramitaciones y la burocracia para poder licitar la de Coquimbo, teniendo ya ese ejemplo. Y cuando licitas, ¿a quién se la licitas? ¿A la misma empresa que provee el abastecimiento de agua, o la construye el Estado y luego la entrega? Porque si la construye el Estado y después la entrega, puede no cumplir con los requerimientos de la empresa sanitaria: la vas a tener, pero la sanitaria dirá “yo proveo el agua potable y la manera en que se hizo la desaladora no corresponde”. De nuevo, esto es gestión y conocimiento. Yo, al menos, creo que el agua tiene que llegar a todas las chilenas y chilenos; algunos creen que debe privatizarse y tratarse siempre como un bien de consumo, pero pienso muy distinto.
Demos la palabra a Catalina Litín. Catalina, si puedes formular una pregunta concreta, así avanzamos con lo que te interesa. Solo para cerrar: cuando se inauguró la planta desaladora de Los Pelambres, el Presidente de la República fue crítico con quienes la hicieron. Conversemos eso después; ahora respondamos a lo que planteó Julieta. Saludamos a la Fundación Superación de la Pobreza, que a través de su programa Servicio País aporta cada año al desarrollo local. Catalina, adelante con tu consulta.
Catalina Litín:
Estamos frente a una actualización de las mediciones de la pobreza, con un sistema más exigente, que nos entregará una cifra que, por ingresos, podría bordear el 24% —habrá que esperar las estimaciones finales—. Más allá de los subsidios monetarios que veo muy presentes en sus programas, ¿qué nuevas medidas podríamos destacar de su eventual gobierno para enfrentar esta nueva realidad de pobreza, que no se limitará a los ingresos y reflejará dimensiones relevantes para la vida de las personas? Además, ¿cómo distinguiremos entre lo que relata Julieta en territorios rurales y las manifestaciones en las ciudades del país, para que la respuesta pública sea pertinente a esas distintas realidades?
Janet Jara:
Gracias, y primero, felicitarlas por su trabajo. Conozco muy de cerca Servicio País y también un programa de tutorías educativas; en Conchalí participaron varios familiares y personas cercanas a mí. Es un gran aporte en esos lugares que a veces quedan olvidados y de los que algunos solo se acuerdan en campaña.
Respecto de la medición actualizada de la pobreza, hay dos maneras de abordarla: se puede hacer desde la lógica de la campaña, para pelear por si sube a tal o cual porcentaje, o hacerlo seriamente. Y hacerlo seriamente significa reconocer que Chile está actualizando su forma de medir: ya pasamos de medir solo por ingresos a la pobreza multidimensional, lo que es de toda justicia y nos pone en un escenario más exigente, que no se reduce a los ingresos.
En mis propuestas, lo primero es impulsar un crecimiento que le llegue a la gente, con un ingreso vital de 750 mil pesos. Siempre habrá trabajo, pero ese trabajo debe permitir vivir y pagar las cuentas. Además, quiero avanzar en poner fin a ciertos abusos que golpean el bolsillo de las familias. Con esto, y con políticas territoriales pertinentes —diferenciando lo urbano y lo rural—, podremos abordar de manera más efectiva las múltiples dimensiones de la pobreza que hoy se hacen visibles. Y, por cierto, con una gestión del Estado que reduzca burocracias inútiles sin perder estándares, para que las soluciones lleguen a tiempo donde se necesitan.
Me preocupa mucho lo que ha pasado con la situación de los planes de salud, el pago de los colegios e incluso los arriendos. Lo tercero es que Chile tiene que abogar por una economía sana: que no haya coludidos, que no haya corruptos, que no haya gente que se oponga a levantar el secreto bancario y que, cuando se levanta, se descubra que venían pagados por esto. Creo que hay algo muy relevante para poder superar la pobreza en el país: mejorar la salud y, en particular, la educación cívica, para que las personas puedan ponderar bien las decisiones que tomen, por ejemplo, en las elecciones.
Primero, agradecer a las organizaciones de la sociedad civil; son más de 200.000. Quizás el golpe más duro que recibieron fue fruto del tema de los convenios, porque se sembró la desconfianza por culpa de unos pocos, en materias como campamentos y en el abuso de la confianza de las personas. Las organizaciones de la sociedad civil suplen gran parte de la labor que hace el Estado; el Estado no podría cumplir toda la función social si no estuvieran ellas. Así como hay abusos, también falta transparencia en el Estado al ejecutar y gastar.
En 2023 se presentó la CASEN y se dijo que bajó la pobreza; salieron grandes titulares: 6,5%. Parecía que estuviéramos en Dinamarca. Pero los índices dicen una cosa y la acción fue errada, porque no se consideró, por ejemplo, el aumento del valor de los arriendos. ¿Quién levantó la alerta? Jorge Quiroz, nuestro encargado en temas de Hacienda. Yo decía: esto no calza, que gracias a los subsidios se había derrotado la pobreza extrema y que era un milagro económico. No calzaba, y se hizo todo un análisis. Entonces, la transparencia es fundamental. La CASEN es una institucionalidad importante. Yo no estoy diciendo que los datos estén mal tomados; cuestiono la interpretación de los datos. Por eso, la transparencia es clave: si me dicen que la pobreza es 6,5% y la pobreza real es 11,5%, mis políticas públicas se van a mal enfocar. Tengo que tener una buena gestión porque hay pocos recursos, y la gracia de la CASEN es identificar dónde está la pobreza más dura. Para esa buena gestión necesito a las organizaciones de la sociedad civil; no puedo desconfiar de ellas. Hoy, a esas organizaciones, que son claves para el crecimiento y el desarrollo social, se les exige tanto documento y se genera tanta desconfianza por los abusos del Estado, que se termina haciendo trampa en solitario.
Saludamos ahora a la directora social nacional del Hogar de Cristo, una institución con más de 80 años de trayectoria que acompaña a personas en extrema vulnerabilidad, con apoyo y cuidado en áreas cruciales como vivienda, educación, salud y empleabilidad. ¿Cómo estás, Lilian? Muchas gracias. Vamos a escuchar primero la consulta que nos hace Rafael San Martín, persona rehabilitada, participante del Hogar de Cristo de La Serena.
Hola. Durante 30 años estuve bajo el consumo de droga y alcohol. Fui derivado al Hogar de Cristo, donde me recibieron. Voy a cumplir cinco años sin consumo de droga ni alcohol. Mi pregunta para su programa es: ¿qué consideran para las personas en situación de calle y sus familias?
Lo primero, felicitar a Rafael; es un tremendo ejemplo de esfuerzo. Esta es una historia que conocemos gracias a la labor de fundaciones, y también de iglesias evangélicas, que hacen un trabajo muy valioso. Es muy importante abordar tanto la situación de calle como la salud mental. No es que una persona elija vivir en la calle; esa es una falacia que a veces se instala y no se ajusta a la realidad. Nosotros proponemos abordar la situación de calle con dispositivos y acompañamiento integral, con atención de salud mental y adicciones, y en coordinación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil. Es algo que requiere recursos del país, pero que debemos priorizar y ejecutar con transparencia y buena gestión.
Para que el turismo, por ejemplo, despegue, no podemos seguir en la situación que vivimos con las personas en situación de calle. Si uno lo mira desde la perspectiva de las personas, merecen todo el respeto y toda la atención, con gasto social bien dirigido. Por eso insisto en mejorar la gestión, porque me preocupa que se propongan recortes como los del candidato Kast, de 6.000 millones de dólares, sin decir en qué se reducirá ese gasto. La salud mental es costosa, y los albergues también lo son; hay que hacerse cargo de la realidad que Chile tiene. Y, por favor, si la respuesta, otra vez, va a ser “los permisos”, avísenme, porque responder lo mismo ante todas las preguntas es complejo.
José Antonio Kast, ahora. En respuesta a lo que plantea Rafael San Martín: ¿qué contempla su programa para abordar la salud mental?
Aquí hay un rol del Estado. En salud mental, en todo lo relativo a los COSAM, estamos muy al debe: nos faltan más de 100 centros, que entregan atención integral a la familia y a las personas afectadas, y eso requiere recursos. Cuando se malgastan o hay mala gestión, los recursos no alcanzan. Si no están todos los recursos, debemos colaborar con las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces pueden aportar hasta el 50% y necesitan que el Estado apalanque el resto. Hay un voluntariado dispuesto a entregar recursos médicos, terapéuticos y sociales para ayudar.
También debemos preguntarnos por qué las personas caen en situación de calle: muchas veces por la destrucción de la familia, ya sea por violencia intrafamiliar, delincuencia o marginalidad. El núcleo familiar acoge cuando tiene herramientas; por eso la ayuda no es solo para el individuo, sino para su familia. Cuando la familia no tiene herramientas ni recursos a dónde acudir, margina a la persona alcoholizada o con adicción para proteger al resto. Si no fortalecemos la unidad social de la familia y la apoyamos desde el Estado, será muy difícil. Lo otro es seguridad: muchas personas caen en el vicio por el acceso a drogas; antes era la pasta base, hoy es más la cocaína y otras sustancias que generan adicción, y tenemos fronteras permeables. El Estado, con sus COSAM, fortaleciendo a la sociedad civil y dando seguridad al país, debe cortar la línea de negocio a los narcotraficantes y al crimen organizado.
Bien. Liliana Cortés, directora social nacional de Hogar de Cristo, con la consulta.
Muchas gracias. Dos cosas importantes. Como decían Julieta y Rafael, la pobreza hoy va más allá de los ingresos; en esta mirada multidimensional que se ha mencionado, lo que permitirá la medición de la CASEN es conocer la intersección entre quienes viven la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Se estima que podrían ser incluso dos millones de personas. Desde ese punto de vista, la consulta apunta a la mirada intersectorial. Esto es vivienda, salud, educación, trabajo y redes de apoyo. ¿Cuáles son las medidas concretas para avanzar en la intersectorialidad, que es fundamental para que estas personas alcancen mayor bienestar y, en general, una mejor vida? Medidas concretas, justamente, es lo que quisiéramos conocer.
A ver, Janet Jara.
Lo primero es señalar que es bueno que el país cuente con una medición de pobreza rigurosa. La CASEN, que es una encuesta que nos muestra la evolución año a año, con actualizaciones metodológicas, ha ido recogiendo esta realidad más integral. Yo trabajaba en Desarrollo Social cuando se hizo el cambio metodológico de pobreza por ingreso a pobreza multidimensional. Algunos, en ese tiempo, no querían que esos datos se transparentaran; a mí me parece lo correcto, porque cuando una persona es pobre, no lo es solo porque le falta el pan: también le faltan la vivienda, una buena educación y una buena salud.
Dicho aquello, nuestras propuestas concretas, planteadas de frente al país, son que en Chile deben existir dos seguridades mínimas: la seguridad de llegar a fin de mes y la seguridad de vivir tranquilo. No es patrimonio de nadie el derecho a una seguridad pública adecuada; por eso, comparto plenamente la necesidad de controlar fronteras y de contar con más policías.
Es cierto que debemos contar con más herramientas de inteligencia. Pero, por ejemplo, para combatir al narco que daña tanto a la población chilena, creo que es importante poder levantar el secreto bancario, y eso nos diferencia profundamente del candidato José Antonio Kast. Si vemos la seguridad solo desde las policías, nos quedamos cortos, porque el esfuerzo de las personas debe retribuirse y llegar a fin de mes cuesta en Chile. Por eso, esa riqueza que genera Chile, con todos sus recursos —un país tan hermoso, con tanto futuro y tanta esperanza—, hay que distribuirla un poquito mejor. Y a eso algunos se oponen: los que promueven la colusión para ponerse de acuerdo y subirle los precios a la gente, en las farmacias, en los pollos. Teniendo un reproche legítimo al caso Fundaciones —que yo también comparto, porque además se especuló con los más pobres, con los de los campamentos—, si vemos después el caso Convenios, con el único diputado imputado, del Partido Republicano, también metido, entonces a esa gente hay que sacarla de estos equipos. Uno tiene que dar señales claras de anticorrupción y de que el país debe avanzar. Debe avanzar con un desarrollo integral, no solo para algunos.
José Antonio Kast: Si vamos a llegar a esa interacción, a esa interconectividad, para eso cada órgano tiene que funcionar bien. Porque si junto a tres que funcionan mal, tendré un muy mal resultado. Si miro educación y veo hoy el dolor de la gente por la tómbola; veo que los liceos bicentenarios son víctimas de la violencia permanente y no se pone atajo; así, terminan niños en instituciones 2x1, como la que usted dirigía, donde los acogen, los capacitan y después además los proyectan y los acompañan para el trabajo. Entonces, la educación es fundamental y tiene que funcionar bien. Con la tómbola y con lo que ha ocurrido, no funciona bien. La salud tiene que funcionar bien. Si tenemos una lista de espera de dos millones de personas, si mueren 40.000 personas al año, quiere decir que tenemos un problema grave en la salud digna para las personas. Y en vivienda: si no se ha podido reconstruir, porque las autoridades no han sido capaces de reconstruir las viviendas quemadas en Viña del Mar, y cuando el ministro de la Vivienda dice que él no es el ministro de la Reconstrucción y tiene todos los recursos paralizados —los 800.000 millones de pesos—, el Estado tiene que empezar a funcionar para que yo pueda dar educación de calidad, atender dignamente en salud a las personas y devolverles, al menos, lo perdido a quienes perdieron sus viviendas en los incendios.
Conforme. Liliana, si quisiera precisar algo. Solo precisar: ¿cómo logramos que todos estos ministerios, entendiendo que cada uno tiene que cumplir una función, conversen, generen una interacción desde lo macro —desde el rol del ministerio— y que eso llegue a lo local? Yo creo que ese es el desafío y ahí quisiera que pudieran precisar un poco más. Janet, 30 segundos cada uno.
Janet: Mira, yo creo que en esto es muy importante que el Estado, más que desarmarlo y debilitarlo —dada la situación en que estamos, sobre todo en seguridad pública, porque donde no hay Estado entra el crimen organizado—, lo que hay que hacer es modernizarlo. Y eso es evidente. En eso, el rol del Ministerio de Desarrollo Social es muy importante, porque es precisamente el llamado a coordinar el subsistema de Seguridades y Oportunidades, el subsistema Chile Crece Contigo. Pero también hay un tercer elemento: junto con modernizar el Estado y ver que hay instituciones que son claves, como la de Desarrollo Social y Familia, por cierto, también hay que tener un liderazgo que contribuya con experiencia y gestión probada. Y lo digo porque a quien le toque el próximo año ser la Presidenta de Chile va a tener que implementar la Ley de Permisos, va a tener que implementar la Ley del Artesano, va a tener que hacer muchas implementaciones de leyes. Y como siempre se dice respecto del adversario, pero nunca de uno mismo, la verdad es que otra cosa es con guitarra. Y yo, que he sido subsecretaria y ministra, lo digo por mí misma, porque el aprendizaje y la experiencia sirven mucho.
José Antonio Kast: Se necesita un buen liderazgo para que los órganos funcionen. Quien ejerce el liderazgo tiene que determinar cuáles son sus prioridades y cumplir la palabra. Si yo le digo a alguien “no los vamos a dejar solos” y pasan dos años y los dejé solos —no les construyeron las viviendas—, se pierde la confianza en la autoridad. Y hay que cumplir metas. Si cuando uno está realmente ocupado y preocupado dice “tenemos que reconstruir tantas casas en tanto tiempo”, se debe cumplir la meta; y si no se cumple, la persona que estaba a cargo se tiene que ir. Si la meta es generar empleo y la persona no cumple con la generación de empleo, bueno, quiere decir que no cumplió, más allá de que tenga dedos para el piano o no —otra cosa es con guitarra—. Si me fijo una meta de tantos empleos y no la cumplo, honestamente digo: “¿Sabe qué más? No fui capaz; me voy”. ¿Cómo interactuar entre los ministerios? Esa era la pregunta. Por eso es bueno conocer el Estado. Por eso existe un Presidente de la República y tiene un gabinete, un gabinete que tiene ministros.
Los seremis se vinculan con el delegado presidencial; el delegado presidencial se vincula con el gobernador. Yo les preguntaría: ¿cuántas mesas de trabajo en seguridad hay en las regiones? Ninguna. Y cuando llegan los delegados de seguridad, no tienen idea. Y cuando llega el delegado de Economía, no tiene idea, porque los van cambiando. Al final han ido poniendo personas más por el color político que por las capacidades que tienen para el cargo. Por eso, si no funciona la cabeza, no funciona ninguna parte del cuerpo. Entonces, esa es la promesa de José Antonio Kast y lo que decía Jeannette Jara. La promesa mía es que, si soy electo presidente, voy a hacer la gestión necesaria para que las cosas funcionen.
Vamos a ir a comerciales. Ya terminamos el primer bloque. Al regreso de comerciales, el tema será exclusión y discriminación. Estamos en este primer foro social presidencial. Despedimos a Catalina Litín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por volver a hablar de pobreza. Que les vaya muy bien. Es muy importante para nosotros.
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Bueno, seguimos con este foro social con los candidatos presidenciales, Janet Jara y José Antonio Kast. Como decíamos, en este bloque los temas son exclusión y discriminación. El aumento sostenido de la población migrante, que hoy supera 1.600.000 personas —equivalente al 8,8% del país—, ha ocurrido en un contexto donde, desgraciadamente, persisten los prejuicios y la distancia social. Es indispensable, entonces, fortalecer la inclusión y el encuentro como bases de la cohesión social. A la vez, los campamentos representan otra expresión significativa de la exclusión: más de 120.000 familias viven en 1.428 campamentos, asentamientos donde la falta de servicios básicos y la limitada presencia estatal profundizan desigualdades estructurales.
Saludamos a Isidora García, directora social de Techo Chile. Techo Chile, como sabemos, acompaña a miles de familias en 120 comunidades de 10 regiones; tienen más de 1.000 voluntarios y impulsan soluciones habitacionales definitivas, logrando así barrios más sostenibles y más seguros. ¿Cómo estás, Isidora? Buen día. —Muy bien, muchas gracias por estar aquí.
Vamos a comenzar, como hemos estado haciendo, escuchando la consulta, esta vez de Janet Carrillo. Ella es dirigente del campamento Suyay, en la región de Los Lagos. Escuchamos.
Mi nombre es Janet Carrillo, soy de la ciudad de Osorno, pertenezco al campamento Suyay. Nosotros llevamos cinco años acá en el campamento donde soy parte, donde el frío, el mal clima, el barro, muchas veces las casas mal hechas, y el poco apoyo que tenemos de las municipalidades en relación con las infraestructuras donde vivimos. La seguridad es algo que muchas veces se pasa por alto. Quisiera hacer una pregunta a ustedes como candidatos presidenciales: ¿qué plan, en su gobierno, proponen para fortalecer la seguridad comunitaria? Y también, ¿qué plan tienen en su gobierno, qué nos ofrecen a nosotros como campamentos en todo lo que tenga que ver con solución habitacional? Ya que en estos gobiernos que han pasado muchas veces nos han dejado abandonados en el tema habitacional.
Esta vez comienza José Antonio Kast respondiendo. Preguntas, les insisto, concretas; soluciones concretas, propuestas que tienen ustedes en sus programas de gobierno para estas inquietudes.
Sí, Janet. El primer tema que toca es la seguridad, y yo diría que es la mayor urgencia social que hoy día vivimos en Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y la Antártica Chilena, transversalmente: ciudades grandes, zonas rurales. Y nosotros ahí hemos puesto el foco. Decimos que Chile tiene tres crisis, y la principal es la de seguridad; por eso hemos hablado, primero, del cierre total de fronteras —y eso lo hemos ido explicando—, del control de rutas, y luego, a nivel de los barrios. Hemos planteado el rescate total de cinco capitales regionales. Hemos planteado recuperar la presencia policial en los más de 1.120 cuadrantes, para que haya presencia efectiva de Carabineros. También hemos planteado recuperar el control de las cárceles, porque hoy día el crimen organizado se instala dentro de ellas y desde ahí administra sus líneas de negocio —entre comillas, porque es crimen organizado—. Y también el fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales, el reconocimiento y el respaldo. Cada vez que alguien insulta o agrede a un carabinero, agrede al Estado.
A las personas que hacen el bien. Por lo tanto, yo siempre he dicho: mire, si quiere ir por los carabineros, no vaya por ellos, venga por mí.
En el caso concreto que pregunta Janet Carrillo, sobre la seguridad en los campamentos y el tema habitacional: los campamentos son parte del barrio, son parte de la ciudad, pero tienen una realidad particular muy difícil. En general, cuando no funciona la unidad de los vecinos, llega la mafia, se instala y ocupa el campamento, como lo hemos visto en varios de Santiago, y se apodera el crimen organizado. Primero hay que identificar a esas personas y sacarlas; hay que intervenir los campamentos para erradicar al crimen organizado. Luego, terminar con los incentivos que fomentan la formación de campamentos, porque muchos de ellos son fruto de redes delictuales. Los comités de allegados están bien evaluados por la autoridad, pero no se les da la prioridad que corresponde. Hay que priorizar a quienes están en regla, en los comités de allegados, y no al que se salta la fila, se toma un terreno y después recibe ayuda del Estado. Eso es inaceptable. Las reglas claras mantienen la amistad.
Tenemos un déficit habitacional tan grande que no va a bastar con las soluciones tradicionales, y además ni siquiera están claras las cifras. ¿A cuántas soluciones habitacionales podemos comprometernos? Hemos hablado de cerca de 500.000 soluciones que incluyen viviendas y sitios urbanizados. Proponemos la Operación Sitios Urbanizados 3.0: entregar sitios urbanizados para que, bajo lineamientos de la autoridad, las familias puedan avanzar en autoconstrucción. Muchas personas tienen la capacidad de construir su vivienda, pero no tienen el sitio. Nosotros queremos más propietarios, no más arrendatarios.
Janet Jara: Muchas gracias por la pregunta; la encuentro muy interesante, porque cuando escucho a Janet, mi tocaya, hablar de lo rudo que es vivir en un campamento, quiero decirles que es parte de lo que he recogido en todo mi recorrido por Chile. A veces la gente no se imagina: vivir en un campamento no es algo opcional, ni porque tienen una segunda vivienda o vendieron la primera y se gastaron la plata, como algunos han intentado instalar. Este tema se ha banalizado y es importante decirlo. La gente pasa frío, tiene problemas de alcantarillado, muchas veces no tiene agua potable y, por cierto, está expuesta a la inseguridad y a múltiples vulnerabilidades.
Partiendo de ahí, sobre seguridad pública en campamentos: las preguntas generales se responden con respuestas generales, pero para dar gobernabilidad al país las preguntas precisas requieren respuestas precisas. Vamos a duplicar el Fondo de Seguridad Municipal, aumentando los recursos para los municipios, y a crear desde los municipios una guardia municipal comunitaria de acompañamiento a la comunidad. Impulsaremos la ley de seguridad municipal que está en proceso, y que hay que implementar, con interacción entre el gobierno central, regional y local.
Pero no es lo único. En campamentos hay cerca de 55.000 niños, de acuerdo con el último diagnóstico de TECHO. Y, para que se sepa —porque a lo mejor José Antonio no lo sabe—, el 70% de las personas que están en campamentos participa en comités de vivienda, según la encuesta de TECHO. No es gente que no quiera tener casa; es gente que, con mucho esfuerzo, no lo ha logrado. En materia de vivienda, además de continuar con el plan de emergencia —260.000 viviendas nuevas y 140.000 mejoramientos de vivienda—, y el “Chao Pie”, propuesta que recogimos de Evelyn Matthei, vamos a priorizar al 70% de las personas que están en campamentos, principalmente porque allí hay niños y niñas. Yo no quiero ese futuro para Chile. Quiero que los niños tengan un baño, tengan una cama y, ojalá, una pieza. Quiero que la gente surja en mi país.
Isidora García, directora social de TECHO-Chile: Mi pregunta es respecto a los campamentos, específicamente al crecimiento sostenido que han presentado en los últimos años. En 2010 había alrededor de 38.000 familias y ahora hay 120.000. ¿Cómo se revierte ese crecimiento sostenido sin generar mayor ausencia del Estado en estos lugares?