Cámara de Diputados - Medio Ambiente - 3 de diciembre de 2025

you Se ha recibido un proyecto iniciado en moción. de varios diputados que modifica diversos cuerpos legales para otorgar la calidad jurídica de seres sintientes a los animales que señala. Otro proyecto de varios diputados que modifica la ley 21.600 sobre servicios de biodiversidad y áreas protegidas.

Se da cuenta de los siguientes antecedentes y comunicaciones: Un oficio de la ministra del Medio Ambiente mediante el cual responde a uno de esta Comisión e informa sobre la posibilidad de establecer instancias de coordinación con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura en relación con la gestión de residuos y el reciclaje de las municipalidades. Oficios de distintos servicios públicos que informan en relación con glosas presupuestarias por la Ley de Presupuestos del año 2025. Un oficio de la Coordinadora del Congreso Virtual que informa que, con fecha 27 de octubre, se publicó en la plataforma del Congreso Virtual el proyecto que regulariza la crianza sin jaulas de las gallinas. Al término de su publicación se entregará a la Comisión el reporte de participación ciudadana recibido. Un oficio del mismo servicio del Congreso Virtual relativo a la votación del proyecto que establece medidas de protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación, señalando que determinadas aseveraciones se alejan gravemente de la verdad; por esta razón, se acompañan antecedentes técnicos y documentales destinados a refutarlas y a contribuir, con el debido rigor, a aclarar los hechos en el marco de esa relevante discusión legislativa. Una copia de la carta del alcalde de Punta Arenas a la ministra de Medio Ambiente, relativa a la eliminación del Fondo para el Reciclaje en la Ley de Presupuestos de 2026, presentada por la Dirección de Presupuestos. Una denuncia de vecinos del lago Siete Islas en contra de una empresa de Puerto Montt, por amenaza ambiental desde febrero de 2025; se adjunta documentación del particular. Otra denuncia de la Corporación Costa Carrera, de la Región de Aysén, quienes informan de una investigación realizada al amparo de la Ley N° 20.285 de Transparencia, que demostraría que el segundo decreto de administración del Parque Nacional Patagonia, de diciembre de 2018, es inconstitucional, debiendo ser 306 hectáreas y no 304; faltarían 2.760 hectáreas que habrían sido cedidas ilegalmente a la minera australiana Equus para desarrollar el proyecto minero de extracción de oro y plata “Los Domos”. Una solicitud de audiencia del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, a fin de exponer en la discusión del proyecto que establece medidas para la protección de cielos en áreas de valor científico. Otra solicitud de audiencia de la comunidad andina de Putre, para exponer ante la Comisión la situación que afecta al medioambiente en la provincia de Parinacota, agravada por la frecuencia de accidentes de camiones provenientes de Bolivia, el más grave ocurrido recientemente, que afectó al lago Chungará y que está conectado con la laguna Cotacotani. Una solicitud de audiencia de la directora de Incidencia de la ONG Te Protejo, en relación con el proyecto que otorga la calidad jurídica de seres sintientes a los animales. Otra solicitud de audiencia de Fundación B para el mismo proyecto. Una denuncia de la presidenta de la Junta de Vecinos de Altos de Pichidangui por la grave situación que vive esa comunidad debido al proyecto “Planta de Pirolisis de Pichidangui”, de la empresa de transporte Chillepín Euro, que se está instalando frente a sus viviendas. Una comunicación del Defensor de Derechos Humanos y Activista Medioambiental Chile, mediante la cual solicita que la Comisión oficie al ministro de Medio Ambiente para iniciar, a la brevedad, un proceso de reconocimiento y declaración del tramo del río Maipo y su ecosistema ribereño. Una nota del Comité Mixto Social Cristiano, Nacional, Libertarios e Independientes, mediante la cual se informa que la diputada Yovana Ahumada reemplazará por esta sesión a la diputada Sara Concha. Otra nota del Comité Unión Demócrata Independiente.

De acuerdo al informe, el diputado Joaquín Lavín actuará en reemplazo del diputado Cristóbal Martínez. Asimismo, se registra un pareo entre el diputado José Carlos Meza y la diputada Camila Musante. ¿Ofrezco la palabra sobre la Cuenta? No habiendo intervenciones, pasamos a la Tabla. Punto número uno: iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para otorgar la calidad jurídica de seres sintientes a los animales que señala. Boletín N° 17.944-12. Me acompaña en la sesión la diputada Camila Musante, coautora de este proyecto. Para iniciar la discusión, quisiera brevemente exponer en qué consiste. Este proyecto viene a cambiar la categoría que tienen actualmente los animales en nuestro Código Civil, donde son considerados cosas muebles. Ello ha generado una serie de situaciones que permiten en nuestro país prácticas tremendamente cuestionables, muchas de ellas constitutivas de maltrato animal. Luego de varios intentos en esta y otras comisiones por abrir la legislación y reconocer a los animales como seres sintientes —es decir, sujetos susceptibles de sentir miedo, alegría, pena y dolor—, entendemos que dicho reconocimiento cambiaría naturalmente el tratamiento y los tipos de relación que la sociedad chilena mantiene con los animales. Este proyecto ha sido resistido por un sector político muy conservador, que estima que podría incidir en actividades productivas, básicamente la industria de la carne, al derivar la discusión hacia el tratamiento ético de los animales destinados a esa industria. Sin embargo, quienes somos impulsores de esta iniciativa buscamos precisamente cambiar esa categoría jurídica: ya no se puede sostener en Chile que los animales sean cosas, y particularmente cosas muebles, respecto de las cuales no se reconoce ningún atributo propio de los seres vivos. Nos parece un salto muy importante. Esperamos una tramitación legislativa seria, que se haga cargo de un tema trascendental, porque en esto vemos una respuesta más definitiva y radical frente a los actos de maltrato animal que nos toca presenciar y respecto de los cuales la actual categoría de cosa mueble impide un mejor abordaje. Invitamos a tratar esta legislación con rigurosidad y respeto. No nos parecen adecuadas las burlas que algunos sectores han emitido. Podemos entender que cierta soberbia haga pensar que se puede hacer cualquier cosa con los animales, pero creemos que Chile es un país maduro, donde los animales han ido ganando un espacio, especialmente en la familia chilena. Muchas mascotas hoy son consideradas miembros de la familia; cerca del 80% de los hogares tiene una mascota y alrededor del 70% de los chilenos siente que las mascotas son parte de la familia. Por lo tanto, prácticas de maltrato animal que algunos intentan amparar bajo el falso concepto de tradiciones van a chocar con una normativa como la que pretendemos impulsar, que declara de una vez por todas a los animales como seres sintientes. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley me parece que avanza en un cambio cultural. Las transformaciones culturales suelen ser lentas, pero también se vuelven inamovibles; es difícil volver atrás. Todas las reivindicaciones relacionadas con la abolición de la esclavitud, con los derechos de los niños, de las personas migrantes, de las mujeres, son procesos sólidos, aunque lentos. En este caso, en Chile este proceso avanza con fuerza, sobre todo en las nuevas generaciones, hacia el respeto por otros seres vivos, incluidos animales y plantas. Ahora, en la discusión de la Ley de Pesca surgió una controversia por una indicación del diputado Brito, que en el fondo lo que buscaba era que el trato o los actos que se realizaran en la pesca no implicaran crueldad innecesaria.

Peces como seres sintientes. La redacción —en una parte— fue poco feliz, porque hablaba de los efectos psicológicos en los peces. Ya que esta transformación cultural aún no llega a puerto, es difícil convencer a alguien que ni siquiera piensa que los animales tienen derechos —como lo ha expresado públicamente en la sala el diputado Kaiser y en los medios el candidato Kast— de que siquiera tiene mérito preocuparse de la salud psicológica de los animales. Por eso digo que es un proyecto que puede tener viento en contra; como usted bien lo ha dicho, presidente, de seguro lo tendrá. Tal vez piensan que esto tocará intereses económicos; probablemente así sea, aunque no en la medida que temen, porque hay otras leyes que por supuesto habría que cambiar también. Pero en ese trayecto de transformación cultural este proyecto ayuda mucho. Y creo que ese debate —que para algunos puede ser filosófico, pero es de fondo— se tiene que dar en el Parlamento. El Parlamento nunca ha representado plenamente a Chile; si así fuera, habría más mujeres y más gente joven. El que viene, en el próximo período, tampoco lo será plenamente. Por lo tanto, este proyecto necesita también el apoyo de las nuevas generaciones, a través de las redes sociales, de conversaciones y de reuniones de lobby con los parlamentarios, para que pueda ser aprobado. Yo quiero manifestarle, presidente, el total apoyo a avanzar en este proyecto; si bien no habla de todos los animales y hace énfasis en algunas especies, me parece que va en el sentido correcto. Eso, presidente. Señor diputado Félix González, ofrezco la palabra. Si no hay más palabras, vamos a pasar al número 2 de la tabla, que es conocer detalles del conflicto socioambiental de Quintero–Puchuncaví. Para estos efectos ha sido invitado el diputado Nelson Venegas, junto a las siguientes personas, que me imagino están acá: don Felipe Flores Cornejo; don Daniel Sepúlveda Rodríguez; la señora Pamela Silva Orellana; doña Paulina Santander Alarcón; don Eduardo Bahamondes Bahamondes; don Eduardo Brown García; y don Juan Peña Bernal, concejal de Puchuncaví. No sé si están todos aquí. Ah, perfecto: el diputado Venegas me ha dicho que ofrecerá la palabra a varias personas. De hecho, por eso destinamos casi la sesión completa para poder escucharlos con detalle. Muy buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados, señor presidente de la Comisión. Yo soy Felipe Flores Cornejo, abogado, en representación del Comité de Vivienda 9 de Mayo, del sector La Chocota, en Puchuncaví. Nuestro comité se ve afectado desde hace tiempo por la existencia de una planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en La Chocota. Es una planta que recolecta aguas servidas de diversos sectores de Puchuncaví y cuya etapa cúlmine, donde decanta, colinda con el predio del comité. En esta materia tenemos una situación con la Municipalidad de Puchuncaví, porque, pese a diversos reclamos e informes que se le han solicitado, no ha tenido la debida diligencia para atender las denuncias de los vecinos. Se está filtrando agua, que pasa al predio, no solamente en épocas de invierno, sino durante todo el año; esto es recurrente. Tenemos desbordes de aguas servidas, con presencia de residuos fecales en patios y calles; contaminación del suelo y del aire, con olores persistentes; y proliferación de vectores. Existe un riesgo para la salud pública, especialmente para niñas, niños y personas mayores del sector.

Afecta a todas las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades respiratorias. Evidentemente hay una falta de mantención y de fiscalización por parte de la municipalidad, así como de aplicación de medidas correctivas por la autoridad. Principalmente, se han presentado eventos como colapsos y desbordes reiterados del agua que emana de esta planta, con un evidente impacto sanitario. Se produce un aislamiento de la comunidad porque, en épocas de invierno, queda básicamente tapada en agua contaminada. Volvemos a lo mismo: hay una gestión deficiente en la administración de recursos. La comunidad ha solicitado reiteradamente a la municipalidad recursos para la mantención de esta planta; sin embargo, la respuesta que se les entrega a los vecinos son, coloquialmente, pastillas de cloro y otros líquidos que no tienen otra finalidad que disminuir el olor, sin existir un tratamiento adecuado en la planta. Finalmente, los recursos probablemente se están utilizando en otras operaciones municipales y no específicamente en remediar el daño ambiental que se provoca a esta comunidad. Hay una responsabilidad municipal y una utilización irregular de esta planta. Esta planta no tiene regularización, y así lo ha acreditado la Seremi y las distintas instituciones a las cuales se ha oficiado. Es decir, la planta nace a través de una construcción —entendemos que municipal—, pero no sabemos si cuenta con algún protocolo sustentado en un estudio de ingeniería que garantice su funcionamiento sin contaminar el ambiente. ¿Qué ocurre en la práctica? La planta recupera agua, se llena y, para poder vaciarse, en vez de evacuar por ductos especializados que no contaminen el suelo, descarga a través de una laguna construida adicionalmente, la cual evidentemente filtra agua hacia terrenos colindantes. Esa es la contaminación. No sabemos el impacto total hoy, porque podría llegar a muchas comunidades, considerando que en ese sector específico muchas localidades no tienen agua potable y dependen de pozos que, probablemente, están siendo contaminados por la utilización de esta planta. En cuanto a los costos de funcionamiento, de acuerdo con informes de la propia municipalidad —obtenidos por vía de Transparencia—, existe un presupuesto cercano a los 12 millones de pesos, montos que evidentemente no se traducen en mejoras a favor de la planta. No sabemos qué ocurre; probablemente el presupuesto se destina a otras actividades y no a la reparación. Hay una afectación a la Ley de Bases del Medio Ambiente. Existe responsabilidad civil por daño medioambiental. De hecho, el 10 de octubre de este año presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, buscando precisamente la determinación de responsabilidades y la paralización de la planta, a fin de que se aboque a una mejora ambiental y no se produzcan nuevos eventos de derrame. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, existe responsabilidad penal por omisión de deberes funcionarios. Al no existir una actividad presente de las autoridades municipales que implemente soluciones para la comunidad, se configura esta eventual responsabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias graves? Tenemos personas enfermas, con riesgo de enfermedades gastrointestinales; hay infecciones cutáneas —particularmente graves en niños—, problemas respiratorios crónicos, proliferación de vectores, contaminación del agua potable e impacto en la salud mental. Hay que recordar que en esta zona viven adultos mayores, en un sector que es tranquilo, y hoy ven que no pueden hacer uso del agua porque está contaminada. Se produce aislamiento y, además, la planta, al generar esta laguna interior, en verano, con el calor, incrementa los olores, profundizando las afectaciones a la comunidad.