Bien, el acta de la sesión doscientos veinticinco ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión doscientos veintiséis se encuentra a disposición de las señoras y señores diputadas y diputados. A continuación, voy a dejar al presidente titular para que continúe con el tratamiento de los temas de hoy.
Muy buenas tardes. Señor secretario, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos:
En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Marta Bravo y Baeza, y de los diputados señores Benavente, Bórquez, Cornejo y Fuenzalida, que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para aumentar el número de patrocinios requeridos para inscribir candidaturas presidenciales independientes.
En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Cordero y del diputado señor Durán, don Eduardo, que modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para reducir el monto del reembolso por sufragios obtenidos en la elección anterior a candidatos presidenciales que indica.
En tercer lugar, una carta del jefe de gabinete del señor Director General de la Policía de Investigaciones, PDI, mediante la cual informa que, en la fecha y hora señaladas para esta sesión, en la cual había sido invitado, tiene programada una actividad con los tres planteles educacionales de la institución —Escuela de Investigaciones Policiales, Academia Superior de Estudios Policiales y Centro de Capacitación Profesional—, enmarcada en las actividades de egreso propias de fin de año y que requiere ser presidida por la máxima autoridad institucional. Sin embargo, considerando la relevancia de los temas que se abordarán en esta sesión y el permanente compromiso del Director General de la PDI en colaborar con los requerimientos de la Corporación, solicita, si la Comisión lo tiene a bien, se le invite para una próxima oportunidad.
En cuarto lugar, se ha recibido un correo electrónico del Gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, excusando la inasistencia del titular de esa cartera a la sesión de hoy por tope de agenda. Hace saber, al mismo tiempo, que asistirá en su representación el subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, aquí presente, quien estará acompañado por su asesora Gabriela Peña y por el profesional de la División de Presupuestos, don Miguel Ángel Cornejo.
Finalmente, se han recibido los siguientes reemplazos para esta sesión: doña Ana María Gazmuri; el diputado Matías Ramírez; y la diputada Marta González en reemplazo de la diputada Claudia Mix.
Esa es toda la cuenta, presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
No habiendo palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre varios.
No hay palabras sobre varios.
Yo quiero, señor secretario… Ah, el diputado Cosme Mellado tiene la palabra.
Presidente, hay una solicitud de la Región de O’Higgins, de una comunidad, una organización, que quiere venir a esta Comisión para exponer sobre la posibilidad de crear una nueva comuna en la ciudad de Rengo, en la localidad de Rosario. Es una comunidad que se ha organizado; Rosario es una localidad bastante populosa y que está muy alejada de la zona urbana de lo que significa el centro de la comuna de Rengo. La Comisión, si está de acuerdo, presidente, para que puedan asistir.
Gracias.
No tenemos problema en recibir a las personas de Rosario, así que lo coordinamos.
Yo, al señor secretario, le quería pedir si podemos insistir.
Con relación al director de la PDI, se acuerda invitarlo la próxima semana por el caso de los seis funcionarios que fueron detenidos. Se toma el acuerdo.
Ofrezco la palabra sobre varios. No hay palabras sobre varios, entonces pasamos a la tabla.
La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El primer punto es analizar, con la participación de autoridades de gobierno que están acá presentes, la crisis carcelaria por la que atraviesa el país, incluyendo las medidas que se han adoptado y se proyecta implementar para enfrentar el hacinamiento dentro de los recintos penales, la inseguridad en los mismos, los vínculos de algunas personas privadas de libertad con el narcotráfico y los planes para construir nuevas cárceles, sin perjuicio de abordar también hechos recientes vinculados con esta temática, como la fuga de un recluso desde el complejo penitenciario Colina 2, el caso de gendarmes detenidos por eventuales actos de corrupción y el anuncio gubernamental del término del penal de Punta Peuco como recinto destinado a albergar personas condenadas por causas de derechos humanos.
Se encuentran presentes el subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, a quien agradecemos su participación, acompañado por su asesora, señora Gabriela Peña, y el profesional de la División de Presupuestos, señor Miguel Ángel Cornejo; y el director de Gendarmería de Chile, señor Rubén Pérez, acompañado por el abogado asesor de la institución, señor Cristian Zavelli. En calidad de oyente se encuentra presente el señor Carlos Fernández, oficial mayor tercero, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, ANSOG.
Para estos efectos, ha sido invitado y le ofrezco la palabra al subsecretario. Don Ernesto Muñoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en coordinación con Gendarmería de Chile, si a usted le parece, por su intermedio dividiremos esta presentación en dos partes. La primera será una exposición general sobre el marco rector que el Ministerio ha venido desarrollando para enfrentar el aumento significativo de la población penal. En la segunda parte, el director nacional se referirá a situaciones más específicas. Conforme a las preguntas que, por su intermedio, formulen las señoras diputadas y los señores diputados, evaluaremos solicitar que parte de la sesión sea reservada, en caso de tratar información sensible. Lo que presentaré ahora no tiene ese carácter.
Partiendo con el contexto del sistema penitenciario, este ha tenido una evolución en los últimos diez años bastante significativa desde el punto de vista de la población atendida por Gendarmería de Chile. Se observa un aumento, entre diciembre de 2021 y octubre de 2024, de un 34,1%. Esta población atendida no solo incluye a las personas privadas de libertad, sino también a quienes se encuentran en el medio libre.
En la siguiente lámina se aprecia la evolución a diez años de la población privada de libertad. Es claro el aumento: un 59,3%. Desde el año 2022 ha existido un incremento significativo, que es el que nos corresponde abordar como gobierno, pasando de aproximadamente 42.000 a 62.000, casi 63.000 personas privadas de libertad.
Es evidente que estas cifras pueden explicarse, entre otros factores, por una mayor efectividad de la persecución penal: el sistema está funcionando en el sentido de identificar, investigar y solicitar medidas cautelares para quienes están involucrados y son imputados en delitos. Cabe recordar que cerca del 35% de las personas privadas de libertad son imputadas; es decir, mantienen su proceso penal pendiente y gozan de presunción de inocencia, pero están sujetas a una cautelar de carácter privativo de libertad. Estas personas, entonces, forman parte de este fenómeno.
Hemos observado un aumento significativo. Si miramos el gráfico de la población privada de libertad extranjera, se aprecia un cambio relevante desde 2021: a octubre de este año, la población venezolana, con 2.935 personas privadas de libertad, superó a la colombiana; en tanto, la peruana y otras nacionalidades se han mantenido relativamente constantes. Ello refleja, por cierto, el incremento de personas extranjeras en el país y tiene impacto en el sistema penal, tanto respecto de imputados como de condenados.
En resumen, según estos gráficos que pondremos a disposición de la Comisión, la población carcelaria ha crecido alrededor de 35% desde 2022; hoy supera las 62.000 personas, alcanzando del orden de 63.000. Esto implica una ocupación promedio del 140% de la capacidad; y, como detallará el director, existen unidades con hacinamiento, con ocupaciones superiores al 200% de su diseño. Lo anterior impacta negativamente los procesos de reinserción y la capacidad operativa de Gendarmería de Chile, así como la seguridad de los recintos penitenciarios.
La proyección muestra una curva al alza sin señales de meseta, por lo que podríamos seguir creciendo por sobre las 63.000 personas. Debemos estar muy atentos, porque la sobrepoblación dificulta la supervisión y el control, especialmente en un contexto donde se detecta la presencia de redes de narcotráfico y crimen organizado que buscan incidir en la gobernanza interna. Por ello se requiere una estrategia integral que aborde el control de la sobrepoblación, defina estrategias de seguridad específicas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado dentro de las prisiones, y fortalezca políticas de prevención y rehabilitación que ataquen las raíces de la criminalidad.
Hemos asumido esta situación con seriedad; más adelante detallaremos las acciones. Las principales dificultades para Gendarmería dicen relación con la reinserción social —limitada por las condiciones de infraestructura— y con la mantención de la seguridad penitenciaria. Con todo, hemos mantenido el presupuesto y la dotación de Gendarmería y, en promedio, hemos reducido el número de eventos críticos: hoy tenemos menos eventos críticos que en 2022, cuando había alrededor de 42.000 personas privadas de libertad, y actualmente hay aproximadamente 63.000. Ello da cuenta del compromiso y profesionalismo que constatamos en cada visita a los recintos, aunque es un esfuerzo que debemos seguir respaldando.
Existe el riesgo cierto de reclutamiento y expansión de bandas dentro de las cárceles. No estamos en la situación de otros países donde, desde las cárceles, grupos organizados articulan redes y controlan la gobernanza —como el Tren de Aragua en Venezuela, el Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital en Brasil—. Sin embargo, preocupa el contacto de estas bandas con el exterior, la posible coordinación de actividades delictivas desde el interior y la generación de entornos violentos que obstaculicen la rehabilitación y el control de la autoridad. Cuando afirmamos que el Estado tiene el control de las cárceles, no significa que no ocurran incidentes; en ningún sistema penitenciario deja de ocurrir nada. Sostener lo contrario desconoce la realidad.
No se oculta la realidad de las cárceles ni la labor que allí se desarrolla. Cuando corresponde, responde Gendarmería de Chile o, incluso, este subsecretario. Uno puede visitar cualquier cárcel en Chile y llegar hasta el último rincón de esa cárcel. No hay ningún espacio vedado para el Estado. Eso es un activo que debemos mantener a como dé lugar; es tan importante este tema.
Respecto del crimen organizado transnacional, se nos instalan desafíos a nivel del sistema de seguridad, del cual Gendarmería de Chile hoy día, por fin, es reconocida como parte. Hasta hace poco tiempo, Gendarmería no era considerada un componente integral y fundamental de un sistema de seguridad pública y de inteligencia que aporte de manera sustantiva al conocimiento de redes de crimen organizado, incluso extranjeras. Ese conocimiento va desde la jerga o “coa” particular que utilizan—que solo se descubre en el contacto directo y la observación permanente de estas personas—hasta su análisis y compartición con las policías y el Ministerio Público. Hoy día eso se está realizando y ha sido un avance significativo.
Las características del crimen transnacional suponen operaciones que cada vez menos respetan fronteras geográficas, con capacidad de infiltración y evolución, uso de tácticas sofisticadas y manejo a nivel de negocio. Es un negocio transnacional; eso es el crimen organizado. Por eso es tan relevante lo que el Gobierno ha impulsado, por ejemplo, en materia de levantamiento del secreto bancario: si no logramos observar las tácticas financieras del crimen organizado, difícilmente conoceremos sus estructuras y actividades.
En el ámbito estrictamente penitenciario, hay un desafío que se aborda en la Comisión Coordinadora de Justicia Penal vinculado a la información sobre antecedentes penales extranjeros. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del llamado sicario que fue ubicado en el extranjero mediante una orden de captura gestionada por Interpol. Muchas veces la caracterización de la peligrosidad u origen de estas personas se dificulta porque portan identidades falsas o entregan información incorrecta. La segmentación la realiza Gendarmería de Chile, desarrollando de manera continua inteligencia respecto de cada persona privada de libertad. Y, por cierto, otro de los peligros es la contaminación criminógena, asociada a la falta de capacidad de la infraestructura para separar de acuerdo con el perfil criminógeno y el nivel de compromiso delictual. Eso, sin duda, es uno de los problemas que debemos enfrentar.
Si uno revisa las medidas adoptadas contra el crimen organizado, se han conformado y ejecutado acciones para hacerse cargo de lo expuesto. Por ejemplo, existe cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y Gendarmería de Chile para mejorar la persecución penal de los delitos vinculados a bandas criminales. Este convenio se traduce en acciones concretas, como la participación de Gendarmería en reuniones periódicas en las que participan las policías, la Agencia Nacional de Inteligencia y, por cierto, el Ministerio Público, a fin de que el sistema reciba la información que Gendarmería está generando a través de la inteligencia penitenciaria.
Asimismo, se conformó un equipo de tarea cuyas funciones explicaremos, y se implementa un sistema de bloqueo de señal telefónica que, al término de este Gobierno, estará operativo para el 50% de la población penal. También se han desarrollado allanamientos masivos en todo el país: entre 2022 y 2024 se realizaron 43 operativos, y este año llevamos más de 10 operativos a nivel nacional, masivos y coordinados, una novedad que antes no se estaba haciendo.
Hemos logrado, además, aprobar—gracias a la colaboración y comprensión del Congreso—normas que permiten atacar este problema, como la Ley N° 21.636, que establece reglas especiales para la construcción, alteración, ampliación y reparación de establecimientos penitenciarios, y una ley recientemente aprobada que permitirá aún mayor celeridad, reduciendo hasta la mitad los plazos de construcción de recintos y posibilitando la implementación del plan maestro de infraestructura que revisaremos brevemente.
La ley 21.555 refuerza la competencia investigativa de Gendarmería de Chile; la 21.494 sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios; y estamos actualmente tramitando un proyecto de ley para tipificar el nuevo delito de lanzamiento de elementos prohibidos, los llamados coloquialmente “pelotazos”, cuyo respectivo boletín ya se encuentra ingresado.
También estamos avanzando en un proyecto de ley para que todos los funcionarios de Gendarmería deban efectuar declaración de intereses y patrimonio, enfrentando de manera directa la posibilidad de corrupción dentro de las filas, materia que asimismo hemos abordado decididamente en colaboración con el Ministerio Público.
Esta mañana se vio en la Comisión de Hacienda del Senado un proyecto para crear un nuevo régimen de seguridad especial, que eleva a rango legal características hoy contenidas en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, permite una segmentación adecuada, distingue regímenes de alta y máxima seguridad, protege la identidad de las personas que integren ese departamento especial y establece asignaciones para reconocer el mayor riesgo que asumen nuestros gendarmes.
Asimismo, tenemos en tramitación la modificación de la ley de expulsiones para permitir expulsar a extranjeros condenados por la ley 20.000.
Respecto de la implementación del sistema de inhibición de celulares, y solo para aclarar brevemente, no se trata de un sistema de jammer que “bota” la señal, sino de un sistema más complejo que identifica la señal y permite incluso utilizarla con objetivos de inteligencia. La cobertura alcanza hoy el 20% en Santiago Sur y Santiago Uno, y el 31% en nueve recintos de Arica, Copiapó, Colina, entre otros detallados. Esperamos llegar al 50% en marzo del próximo año; esa licitación ya se encuentra en implementación.
En cuanto al equipo de tarea, baste señalar que participa la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, con el objeto de diagnosticar bandas delictuales organizadas y los delitos de alta connotación más frecuentes, generar actuaciones preferentes del Ministerio Público y criterios de acumulación de investigaciones. Se ha materializado un canal técnico entre Gendarmería de Chile y el Ministerio Público para la transferencia de información criminológica. Hemos visto resultados concretos, como el operativo de hace unas semanas en Iquique, donde 19 gendarmes fueron detenidos por su vinculación con una red de narcotráfico, en colaboración con el Ministerio Público y con la Inteligencia de Gendarmería de Chile. A ello se suma la creación de la Oficina de Investigación Criminal y el establecimiento de acciones y plazos de actuación para abordar estas materias.
Respecto del crimen organizado e investigación penitenciaria, dejaré que lo explique el director. Solo señalar que existe un plan específico, con coordinaciones, incorporación de tecnología y especialización constante, que ha estado claramente dentro de las prioridades del director Pérez, junto con los recursos humanos necesarios para fortalecer este trabajo.
Para finalizar, señor Presidente, el Ministerio de Justicia ha realizado una labor muy intensa de cooperación internacional a través de diversas iniciativas de nivel regional. Quisiera destacar particularmente el Pacto, que es un grupo de trabajo existente en el marco de la cooperación.
En el marco de la cooperación con la Unión Europea, en su segunda versión, el Pacto 2.0, se han definido ejes prioritarios de trabajo. La primera etapa de colaboración se centró en cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. La etapa actual tiene como eje fundamental el combate al crimen organizado e incluye acciones como la visita de expertos internacionales para revisar el funcionamiento de la inteligencia penitenciaria y su ajuste a estándares europeos. Específicamente, recibimos en el segundo semestre la visita del fiscal italiano Tartaglia, con el fin de evaluar no solo las herramientas de persecución del crimen organizado que estamos desarrollando, sino también las políticas de anticorrupción al interior de los recintos penitenciarios.
Sin perjuicio de otros antecedentes que dejo a disposición, indico que contamos con un proyecto de ley que crea el Departamento de Seguridad Especial. Asimismo, quisiera referirme al Plan Maestro, respecto del cual, en su Cuenta Pública, el Presidente de la República dio cuenta de su inserción dentro de la política penitenciaria, estructurada en cuatro ejes: reinserción social, seguridad, infraestructura y personal. Este plan se basa en la determinación del déficit de plazas con sobreuso y en el pronóstico de la población privada de libertad. El Plan Maestro sigue recomendaciones internacionales y contempla seis proyectos ya en operación, catorce en marcha y once iniciativas propuestas, con una inversión total en ejecución de 1,2 billones de pesos. A la fecha, se contabilizan 2.327 plazas en operación (1.844 rehabilitadas y 483 nuevas) y se proyectan 12.029 plazas en desarrollo, aumentando la capacidad total a 40.607. La meta al año 2030 es sumar cerca de 15.000 plazas adicionales, para absorber adecuadamente el crecimiento de la población penal.
Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señor Presidente. Saludo respetuosamente a las autoridades presentes. Complementando lo indicado por el señor Subsecretario de Justicia, y conforme a los índices a los que ha aludido reiteradamente el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, podemos señalar que, respecto de años anteriores, hemos disminuido en un 32% las agresiones con resultado de muerte al interior de los 82 establecimientos penitenciarios del país y en un 50% los suicidios carcelarios.
En cuanto a las fugas desde el interior de establecimientos penitenciarios, podemos mencionar: año 2020, 10; 2021, 12; 2022, 10; 2023, 10; el año pasado, 6; y en lo que va de este año, 8. Es decir, con cerca de un 40% de población en cuantía mayor al año 2022, tenemos menos fugas hoy que en 2020, 2021, 2022 y 2023; solamente el año pasado tuvimos seis y ahora llevamos ocho.
La población es de 157 mil personas al día de hoy. En las cárceles, el predominio de delitos corresponde a infracciones a la ley de drogas (28,8%); robos (28%); robos no violentos (13,8%); delitos de leyes especiales, entendiéndose por estos los contemplados en la Ley N° 17.798 sobre control de armas y elementos similares —incluyendo tenencia y porte de armas de fuego, posesión de armas prohibidas, incumplimiento de autorizaciones para su posesión, y fabricación o modificación ilegal de armas, entre otros—; en quinto lugar, delitos contra la propiedad; y, en sexto lugar, homicidios, con un 11,9% del total de nuestra población.
En cuanto al uso de la capacidad de los establecimientos penitenciarios, a la fecha es de un 145,2% a nivel nacional. Por regiones: Arica, 108,5%; Tarapacá, 106%; Antofagasta, 170%; Atacama, 211,4% —aparece con cifras rojas por hacinamiento—; Coquimbo, 116,3%; Valparaíso, 179%; O’Higgins, 121%; Maule, 191,8%; Ñuble, 153,2%; Biobío, 117,2%; Araucanía, 172,2%; Los Ríos, 96,5% (excepcionalmente); Los Lagos, 115,1%; Aysén, 127,7%; Magallanes, 112,6%; y Metropolitana, 166%.
Dentro de las medidas anunciadas cuando, hace 90 días, me correspondió asumir como Director Nacional de Gendarmería, bajo circunstancias públicamente conocidas, enuncio brevemente las que están ejecutadas a la fecha: reforzamiento de la presencia operativa de funcionarios, derivando 500 funcionarios desde labores administrativas para ejercer un mejor control; fortalecimiento del rol de la Escuela de Gendarmería, con renovación de su jefatura, cumplimiento de su malla curricular y avance en su acreditación, con énfasis en la formación para enfrentar el crimen organizado; fortalecimiento del trabajo contra el crimen organizado por parte del Departamento de Inteligencia Penitenciaria y del Departamento de Investigación Criminal; implementación del régimen de máxima seguridad, con uso de uniforme y control permanente 24/7, implementado hace alrededor de 30 días en el penal de Antofagasta; Plan Nacional de Segmentación de la Población; disminución del ausentismo laboral; implementación del nuevo modelo de reinserción social; acciones de cooperación internacional; y allanamientos nocturnos simultáneos y sorpresivos a nivel nacional, que han traído importantes resultados y permiten disminuir la letalidad de la población entre sus pares.
Respecto de la descongestión, recuerdo que se inauguró a comienzos de 2025 el penal de La Laguna de Talca, con 2.320 plazas. Inaugurado el 16 de enero, actualmente se encuentra en proceso de operación progresiva, con un máximo de ocupación de 424 plazas para la etapa en que se encuentra. Los módulos en operación progresiva son el 3, 4 y 5, con seguridad física y electrónica. La población penal del CCP Talca al 1 de diciembre es de 420 privados de libertad. El plazo contractual de entrega con operación a plena capacidad es mayo de 2026; por lo tanto, existen 1.896 plazas por cubrir. El traslado de la población penal se realiza 24 horas después de aprobado el inicio de operación por parte del inspector fiscal de explotación. Contamos con el cronograma de ejecución; estamos seleccionando los perfiles de las personas a trasladar, priorizando, al menos, una cifra cercana a 800 internos provenientes del penal antiguo de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, que hoy presentan sobrepoblación relevante y altos niveles de violencia.
Aprovecho la oportunidad de manifestar a la autoridad de este Congreso que nos preocupa nuestro personal; y, sin dramatizar, aun cuando la situación es compleja, está siendo amenazado y atacado todos los días. Ayer se produjo un incidente que en este minuto está en investigación. Mañana irá personal que trabaja conmigo a recopilar más antecedentes de calidad para tomar mejores decisiones. Hubo cinco funcionarios lesionados.
En cuanto a la acción en ejecución del Programa de Concesiones, grupo 2, respecto de medidas de descongestión que se suman a lo ya mencionado: el Complejo Penitenciario de Antofagasta, con una capacidad de 1.392 plazas, se densificará con 232 plazas, en ejecución, con entrega el primer trimestre de 2026. El CP Biobío, con una capacidad de 3.082 plazas, tendrá una densificación de 285 plazas, en ejecución, con entrega en el segundo semestre de 2026. Total grupo 2, concepto de densificación: 517 plazas.
Y proyectos con inicio el primer semestre de 2026, en el marco de la densificación del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, grupo 1: Alto Hospicio, capacidad 2.351 plazas, densificación 336; La Serena, capacidad 2.318 plazas, densificación 331; Rancagua, capacidad 2.365 plazas, densificación 338. Lo anterior nos entrega otras 1.005 plazas, con un plazo máximo contractual a octubre de 2027.
Eso es por mi parte, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad.
—Muchas gracias, don Rubén Pérez.
Abro la palabra para los diputados y diputadas. Señor Miguel Ángel Cornejo, ¿desea intervenir? Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. Solo poner énfasis en el futuro de la infraestructura penitenciaria. Estamos ya con dos proyectos adjudicados desde el punto de vista de las licitaciones: el primero fue la cárcel de Talca, que se hizo el 2024, y el decreto de adjudicación de la cárcel de Copiapó está en la Contraloría para el trámite de toma de razón. Esperamos que en las próximas semanas sea publicado en el Diario Oficial y, a contar de ese momento, después de catorce años, se iniciarán las obras de construcción del nuevo Complejo Penitenciario de Copiapó.
Tenemos dos licitaciones en trámite para ser finalizadas antes del 11 de marzo, cuando termine esta administración. La primera es la ampliación de Santiago 1: 600 plazas en la primera etapa y otras 1.000 plazas en la segunda. Las bases de licitación están en la Contraloría; esperamos que tome razón en el corto plazo y podamos publicar el llamado para iniciar el proceso.
Finalmente, dentro de las licitaciones que se efectuarán en esta administración, está el Complejo Penitenciario de Calama, con otras 1.850 plazas. Las bases de licitación, en este caso, están en el Ministerio de Hacienda y, obteniendo su visto bueno, se podrá hacer el llamado a licitación.
A contar de marzo de 2026 quedan otras tres licitaciones que deben hacerse, independiente de la decisión de la nueva administración —la nueva administración podrá determinar más o menos plazas, pero corresponde porque los contratos se terminan—. Esas licitaciones son: Alto Hospicio y La Serena en la macrozona norte; Rancagua en la zona centro; y Puerto Montt y Valdivia en la zona sur. Las tres licitaciones incluyen ampliaciones y, por lo tanto, incorporarán plazas en un período no superior a cuatro o cinco años. Eso es lo que, en materia de Plan Maestro de Infraestructura, está programado.
Ofrezco la palabra al diputado Becker; luego tiene la palabra la diputada Marta González.
—Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados en la mesa y a los invitados que están con nosotros: señor subsecretario, señor director y el encargado de infraestructura. Voy a tratar de ser breve, presidente, antes de que se ponga nervioso y me quiera cortar el micrófono. El anuncio de Su Excelencia, el Presidente de la República, de terminar el penal de Punta Peuco como una cárcel “especial”, que no tiene nada de especial, ha traído una serie de procedimientos y movimientos penitenciarios que se han traducido en distintas vulneraciones a los internos de este penal.
Todos son adultos mayores con enfermedades de base graves, las cuales se han incluso denunciado por la vía de recursos de protección y, en consecuencia, la Corte de Apelaciones respectiva ha acogido una orden de no innovar.
Dicho esto, presidente, me quiero referir a algunos temas que me gustaría que tanto el señor subsecretario como el señor director nacional de Gendarmería —ignoro su grado, señor director, disculpe; ¿coronel?— ah, muy bien, señor coronel Pérez, nos puedan ilustrar e informar, o responder parte de ellos por lo menos.
¿Quién dio las instrucciones concretas para retener los alimentos, la insulina, los medicamentos y artículos de primera necesidad enviados a internos con múltiples enfermedades de base? ¿Existe una resolución escrita que autorice dicha medida? ¿Qué funcionario autorizó o toleró que alimentos perecibles —que no pueden estar expuestos a temperaturas inadecuadas— quedaran sin cadena de frío debido al retiro de los refrigeradores con que contaban estas personas mayores, que, según tengo entendido, son alrededor de 140, la mayoría octogenarios y con patologías severas? ¿Se realizó algún informe sanitario o médico respecto del riesgo para los internos, especialmente para los insulinodependientes, considerando la necesidad de refrigeración de medicamentos e insumos sensibles?
Otra pregunta, señor presidente: ¿por qué se prohibió a los internos mantener en sus módulos un refrigerador destinado exclusivamente a medicamentos, vulnerando lo instruido por la Corte de Apelaciones en el Rol 17.423-2023? ¿Qué medidas adoptó Gendarmería para mitigar el riesgo sanitario derivado de estas decisiones? ¿Quién o quiénes evaluaron técnicamente una medida que afectaría la salud de enfermos crónicos?
Me interesa, si es posible, que esto se responda ahora o por escrito en algún momento; aunque, por mi experiencia en estos cuatro años en el Parlamento, esas respuestas por escrito rara vez llegan, no solo de Gendarmería, sino también de otras instituciones, como si la fiscalización de los diputados careciera de importancia.
¿Por qué se dispuso la restricción de llamadas telefónicas, fijando un tiempo máximo de quince minutos, sin fundamento legal ni reglamentario? Se están cortando las llamadas; no entiendo el sentido de ello. Se supone que existe un teléfono con monedas al interior, pero se están restringiendo los tiempos. ¿Cuántas quejas formales se han presentado por dificultades para comunicarse con abogados y familiares? ¿Existe un registro de esas quejas?
¿Se ha iniciado algún procedimiento disciplinario o administrativo por vulneración del derecho a la defensa de estos imputados o condenados? En relación con la manipulación, apertura o destrucción de encomiendas, solicito que se explique la cadena de custodia utilizada por Gendarmería para la manipulación de encomiendas en el centro de Tiltil. ¿Existen registros de alimentos e insumos dañados, abiertos o intervenidos sin la presencia del interno? ¿Es posible contar con evidencia al respecto? ¿En qué se respalda la decisión de impedir el ingreso de elementos permitidos, como ropa, artículos de aseo y alimentos no prohibidos?
Por otro lado, ¿cuándo fue la última inspección del Ministerio al Complejo Penitenciario de Tiltil respecto de las condiciones materiales de reclusión y del trato a los internos? No sé si ello se realiza regularmente, pero, en este caso, ¿cuándo fue la última vez? ¿Por qué el Ministerio no actuó previamente frente a reiteradas denuncias de vulneraciones de derechos en ese penal?
Finalmente, en relación con los fallos judiciales, ¿qué medidas tomó el Ministerio para hacer cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones?
Relación, Rol 17.423-2023. ¿Qué ordenó, Presidenta? Garantizar condiciones mínimas, incluida la refrigeración de los medicamentos.
Por otro lado, ¿qué protocolos existen para el ingreso de medicamentos y artículos esenciales en los recintos penitenciarios? ¿Por qué dichos protocolos no se están cumpliendo en Tiltil? Me imagino que esto no es solo en esa cárcel, donde hay enfermos que requieren medicamentos que pueden ser traídos por los familiares o entregados por la institución, o el Estado en este caso.
¿Qué acciones se implementarán para impedir decisiones improvisadas o arbitrarias que vulneren los derechos básicos de las personas? ¿Cuál es la política actual del Ministerio respecto de los internos con enfermedades crónicas que requieren refrigeración de medicamentos? ¿Qué responsabilidad asume el Ministerio por los riesgos generados en personas diabéticas con tratamiento dependiente de cadena de frío, Presidenta?
Quiero comentarle, Presidenta, que el próximo jueves a las 11 de la mañana tengo una reunión precisamente sobre este tema con el señor ministro de Justicia, porque me parece importante que se pueda visualizar, y que las personas responsables lo respondan oportunamente, y no esperar que sigan muriendo, encadenados, personas que tienen más de 90 o 94 años y que se tienen que trasladar dentro de una intervención que se está haciendo en Tiltil. Se tienen que trasladar con bastones y otros apoyos de movilidad; personas mayores sobre 90 años, la mayoría de ellos.
En este caso también hay un problema grave respecto del agua potable: no existe agua potable y llegan camiones aljibe, pero no con la frecuencia respectiva, de acuerdo con la información que manejo. En ese sentido, ello ha ocasionado problemas gástricos, a propósito de que el agua se tiende a descomponer por no llegar en forma normal.
Eso es por ahora, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, diputado Becker. Solo para precisar: ¿su preocupación es por Punta Peuco o por todos los presos a nivel nacional?
Yo espero que esto sea una cuestión generalizada y que no sea solamente, en este caso, Punta Peuco a quienes estén tratando de maltratar de forma específica o especial. Debe ser una situación generalizada. No he podido visitar en este último tiempo los centros penitenciarios de mi distrito; a pesar de ello, tengo programadas visitas que espero se puedan concretar en el más breve plazo.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta González y, después, la diputada Joana Pérez.
Gracias, Presidenta. Me parece curioso, por su intermedio, lo que manifiesta el diputado Becker, en virtud de todas las cárceles que fueron analizadas y la sobrepoblación. Entiendo que la cárcel de Punta Peuco sería la que menos sobrepoblación tiene. Valoro mucho que avancemos a que todas las cárceles tengan el mismo estándar y que no existan presos de primera ni de segunda categoría. Sumándome a la preocupación —y atendibles algunos puntos que plantea el diputado Becker—, solicitaría que oficiáramos a todas las cárceles bajo los mismos estándares que él está planteando. Pediría a la Comisión que pudiésemos ampliar esos oficios y enviarlos a todos los recintos penitenciarios.
Valoro mucho la exposición que han hecho los invitados de hoy. En particular, que se ponga atención al trabajo contra el crimen organizado y las bandas de narcotráfico. Considero que es una especial preocupación desde el principio de este período parlamentario, y que hay que avanzar en medidas que internacionalmente se recomiendan en países que han luchado por décadas contra estas bandas. Una de esas medidas es el levantamiento del secreto bancario, un punto muy relevante frente al cual hoy nos resulta inentendible que algunos sectores de este Congreso todavía tengan resistencia. Me parece muy bien que se releve este tema en relación con el trabajo que está realizando Gendarmería.
Quisiera también detenerme en algunos puntos mencionados en las exposiciones: el riesgo de suicidio de las personas privadas de libertad, pero también los antecedentes de riesgo de suicidio entre los gendarmes, en la población de Gendarmería.