Cámara de Diputados - Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural - 2 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la Cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al Boletín N° 17.006-01, que se encuentra actualmente en tabla. También, un correo del jefe de la bancada del Comité Republicano, por medio del cual informa que la diputada doña Sofía Cid reemplazará a don Benjamín Moreno en la sesión del día de hoy. Un correo del gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual comunica que, por razones de fuerza mayor, el Ministro no podrá asistir hoy a la Comisión y que, en su reemplazo, asistirá la subsecretaria, señora Gabriela Elgueta Poblete. Y, por último, una carta firmada por la diputada Carolina Marzán y el diputado Juan Antonio Coloma, por medio de la cual ponen en conocimiento de la Comisión que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 167 y 196 del Reglamento, han acordado un pareo para la sesión del día de hoy. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. Doy la bienvenida a todas y todos los invitados, especialmente a la Ministra; al asesor del Ministerio de Vivienda; al asesor del Ministerio de Agricultura; a la señora Gabriela, del Ministerio de Vivienda; y a nuestro director. Por un tema de tiempos acotados, ofreceremos en primer lugar, por un máximo de diez minutos, la palabra a don Óscar Camacho, Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, para que, de manera breve y cuidadosa, nos explique la situación de las cerezas en Brasil, respecto de la cual existen inquietudes en esta Comisión. Don Óscar, tiene la palabra. De acuerdo, diputada. Muy buenas tardes a todas y todos los parlamentarios presentes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentar esta situación, que ha tenido una connotación mediática importante y ha generado preocupación en el sector. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer esta plaga, se trata de Brevipalpus chilensis, conocida como la falsa arañita de la vid. Como indica su nombre, es una plaga endémica de Chile, está presente en el país y, por lo mismo, enfrentamos eventos durante todo el año. El proceso de inspección y certificación de frutas se realiza desde el huerto, el packing y, finalmente, en el sitio de exportación, donde está presente el SAG. Con cada país tenemos acuerdos específicos. En el caso de Brasil, tomamos muestras de cada partida: una cantidad de cajas equivalente aproximadamente al 2% del total, lo que otorga una representación estadística que nos da alrededor de un 95% de certeza respecto de la condición de la carga. Tenemos el detalle y podemos remitir el informe a la Comisión, conforme a lo solicitado. En esta oportunidad, para Brasil, el embarque correspondía a una carga pequeña, enviada vía aérea, de alrededor de una tonelada de cerezas. Se tomaron las muestras, se enviaron al laboratorio como es habitual, el análisis resultó negativo y, por lo tanto, se emitió el certificado fitosanitario y se exportó. Sin embargo, en el aeropuerto de Guarulhos, durante la inspección, se detectaron algunos especímenes de la plaga. No se trató de una presencia masiva, pero ello dio origen al rechazo de la mercancía.

Brasil no tiene autorizada la fumigación. Por lo tanto, cuando se detecta, se fumiga solo para asegurar la bioseguridad y luego se elimina. Ahora bien, la importancia que le dio Brasil fue prácticamente nula. Fuimos notificados recién: el día 30 llegó la notificación oficial a nuestro agregado agrícola en Brasil y el día 1 llegó al SAG. Antes de eso no nos habíamos enterado, al igual que el resto de la prensa. De manera que no hubo ningún impacto: la exportación a Brasil sigue absolutamente normal; no ha habido ninguna interferencia en nuestro mercado a ese país. Quiero dar plena seguridad a las diputadas y los diputados. Muchas gracias, don Óscar. Es importante entender que cada país tiene normas distintas; por lo tanto, hay países donde, al detectarse individuos muy pequeños, se aplica un tratamiento en frío o algún tipo de fumigación permitida por el país de destino y el producto sigue su curso sin mayor problema. Depende de cada país. En este caso, en Brasil no tenemos un convenio que permita aquello; eventualmente se podría haber reexportado la carga, cosa que no se hizo, pero eso es decisión del dueño. No pasó a mayores. Con usted a cargo, tengo la certeza de que el trabajo está bien hecho. ¿Alguna duda o consulta? ¿Ninguna? Don Óscar, entiendo que usted tiene otro compromiso, por eso le dimos la palabra primero. Le agradecemos su presencia y su clara explicación. Por favor, mantenga su micrófono apagado. Muchas gracias. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto con discusión inmediata del Ejecutivo —el denominado de parcelaciones— que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Hemos avanzado poco y el proyecto ha estado entrampado. Hemos conversado con la Ministra de Agricultura; no así con el Ministro de Vivienda, respecto de ciertas preocupaciones que tenemos las y los diputados. Hoy nos acompaña la Ministra de Agricultura, señora María Ignacia Fernández. Asiste, además, la señora Gabriela Elgueta, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en representación del Ministerio, y un asesor del Ministerio de Vivienda; en la nómina aparece “Janet Tapia”, pero no corresponde. Tenemos a la vista el comparado que el señor Secretario envió al grupo de WhatsApp. Señor Secretario, por favor, explique el estado de tramitación. Gracias, Presidenta. Este proyecto se dejó de tramitar hace meses. Se avanzó poco, hubo bastante discusión. Quedamos en el artículo primero: su número 1 quedó pendiente para una discusión posterior que no se ha retomado, y se inició la votación a partir del numeral 2. En ese numeral se votaron los numerales e indicaciones referidos al artículo 55, letras A, B y C. Corresponde continuar la discusión a partir de la letra D propuesta para el artículo 55, que se propone reemplazar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ese es el estado del proyecto, siempre y cuando retomemos desde ahí y veamos si podemos desentrampar el tema. Entiendo entonces que el número 1 quedaría pendiente para más adelante, según los acuerdos que adoptemos. Si es una materia ya zanjada, podríamos no retomarla; si sigue pendiente, continuaríamos en el orden en que estábamos votando y dejaríamos aquello para más adelante. Hay, además, una indicación de los diputados Coloma y Baize —quienes desgraciadamente no están— que proponía suprimir...

Presidenta.— Y mire este numeral. La parte que va entre la palabra “establecer” y la frase “la superficie de subdivisión predial mínima”... No sé qué me sugiere usted para que podamos avanzar algo hoy día, señor Secretario. Secretario.— Depende de la voluntad de la Comisión, Presidenta. Ese artículo primero, dado que contenía materias de mayor complejidad, se dejó pendiente. Pero, respecto del numeral 1, si ya lo tienen resuelto, podrían pasar a la votación. Si aún queda algo por discutir, seguimos. Diputada/o.— Sobre la superficie de subdivisión predial mínima, ese tema no lo hemos conversado, ni con los asesores. Yo lo dejaría pendiente para revisarlo con ellos; me parece importante. Presidenta.— Bien. Ahora, en el artículo 2... ¿Esto por qué está en rojo? Secretario.— Lo votado y rechazado está en rojo, y lo aprobado, en verde. Presidenta.— Entonces, en el 2 estaríamos bastante listos hasta la letra C, ¿no? Ahí fue cuando quedamos entrampados, en la letra D, dentro de las excepciones. Respecto de este punto, conversamos con la Ministra de Agricultura. Lo que hemos planteado, para no ir en desmedro de las tierras dedicadas a la agricultura, es que esta Comisión tiene la obligación de resguardar que la tierra se destine a lo que corresponde: trabajo agrícola, no a construir viviendas per se. Mi propuesta, en lo personal —y habrá que escuchar a los demás colegas—, es establecer algún límite cercano al radio urbano que permita que, dentro de ese perímetro, existan excepciones para la construcción de villorrios o parcelaciones, etcétera, pero que en el resto la tierra se dedique a lo que debe. No sé si desde el Ministerio de Vivienda tienen alguna aproximación, o si la Ministra quiere intervenir antes de que las y los diputados planteen su opinión. Ministra, tiene la palabra. Ministra de Agricultura.— Gracias, Presidenta. Efectivamente, conversamos sobre este punto. Compartimos que debemos conciliar y compatibilizar la necesidad de avanzar en el desarrollo de asentamientos poblados, pero sin que ello implique —que es el corazón y espíritu de la ley— ir en desmedro del terreno agrícola. Además, si la distancia respecto de centros poblados actualmente existentes es demasiada, el impacto no solo es en términos de construcción de viviendas, sino también en los servicios que esos conjuntos habitacionales requerirán; por lo tanto, hay aún más pérdida de suelo agrícola. Quisiera señalar, asimismo, que el espíritu de apoyar la construcción de viviendas sociales, como se indica en la letra D, forma parte de compromisos más amplios; por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Rural, promulgada en el gobierno anterior, propicia el desarrollo de asentamientos poblados de menor tamaño, favoreciendo la provisión de bienes y servicios de calidad en aquellos de mayor densidad y mejorando el uso y la ocupación regular del territorio. Esa es la línea por la que debiéramos ir. En consecuencia, como Ministerio estaríamos de acuerdo en avanzar con esta letra, pero en el marco de la conversación que tuvimos: estableciendo un límite respecto de los actuales centros poblados o ciudades existentes y no más lejos. No tenemos claridad sobre cuántos kilómetros debiera ser, porque no es propio de la experticia del Ministerio de Agricultura; ahí es importante la opinión del Ministerio de Vivienda. Pero sí nos interesa que no queden en medio de tierras agrícolas que puedan perderse. Presidenta.— Muchas gracias, Ministra. Señora Subsecretaria. Subsecretaria.— Gracias. Respecto de aquello, es difícil establecer un kilómetro específico como mínimo o máximo, dada la diversidad del país. Tenemos distancias a centros poblados de 60 kilómetros, de 40 kilómetros; eso varía de región en región. Traje algunos ejemplos que podríamos revisar.

En Iquique está a 106 kilómetros; la localidad de Yastuco, en Máfil, a 40; Corral, a 23; Cerro Castillo, a 59. Por lo tanto, casarse con una distancia específica es muy difícil dada la diversidad de nuestras localidades. Y, compartiendo lo que comentó la ministra, no se trata solo de vivienda: la vivienda requiere otros equipamientos y servicios, lo que hace aún más complejo establecer la especificidad que aquí se solicita. Se ruega apagar su micrófono. Diputado Alinco, tiene la palabra. —Cerro Castillo, ¿a qué Cerro Castillo se refiere? —No, porque nosotros tenemos un Cerro Castillo allá, que seguramente no conocen. Gracias, diputado Alinco. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Alinco, tiene la palabra. Sí. La verdad es que este es un proyecto que abarca gran parte de nuestro país, y por eso, a mi juicio, debe tratarse de manera regionalizada. Lo señalaban la señora Ministra y la señora Subsecretaria: las condiciones en el centro del país o en la Región Metropolitana son diferentes a las de la Región de Aysén. Allá, en forma muy masiva, se han ido parcelando terrenos; incluso hay un informe de la Contraloría Regional que ratifica lo que señalo. Existe una incertidumbre bastante grande entre la gente que se ha instalado. No estoy en contra de que tengan una parcela; para nada. Todos tienen derecho, ya sea para descansar o como segunda vivienda. Pero el Gobierno, en este caso el Ejecutivo, tiene que definir qué va a privilegiar, señora Presidenta: si los intereses de las inmobiliarias, o bien resguardar los terrenos para que, de una vez por todas, en Chile logremos sembrar y producir al menos lo que necesitamos para comer. Por mucho tiempo, en el gobierno anterior —y lo dijo en muchas oportunidades el exministro Walker acá— se habló de una política profunda, seria y permanente sobre la agricultura familiar campesina. Pero eso, en la práctica, es teoría. Hoy, al menos en la Región de Aysén, se han ocupado tierras o territorios ganaderos y también agrícolas. Estoy hablando de la calidad de la tierra de Aysén, no de la zona central; son realidades muy diferentes. Las mejores tierras de Aysén se están destinando a viviendas sociales —y no estoy en contra de ellas, de ninguna manera— y también a proyectos privados. No me queda claro, porque da la impresión de que a veces priman los intereses de las inmobiliarias, que se están haciendo millonarias sobre millonarias: compran a diez y venden a cien, así de simple. Y hoy día, al menos en Aysén, con el abandono que, a mi juicio, muestra el Gobierno y el Ministerio de Vivienda respecto de los campesinos —como nunca lo había visto de forma tan brutal—, los campesinos están vendiendo sus predios. No porque quieran dejar sus campos: tienen toda una cultura campesina; no voy a decir milenaria, pero por lo menos de tercera o cuarta generación, gente que nació en el campo y que viene de sus tatarabuelos. Pero la necesidad tiene cara de hereje y tienen que vender sus predios por diferentes razones. Entonces, me preocupa que estemos ocupando nuestras mejores tierras. ¿Qué es lo que pasa? Y pregunto si es tanta la presión de las inmobiliarias —muchas de ellas empresas nacionales con apoyo financiero internacional— por apropiarse de los terrenos de la Patagonia chilena, especialmente en Aysén. Me preocupa, porque aquí no hay una definición clara.

¿Qué es lo primero? Yo no estoy diciendo que haya que desechar alguna alternativa, pero ¿cuál es la prioridad: preservar las mejores tierras de cada región —Aysén en este caso— o privilegiar que surjan proyectos privados donde algunos magnates instalan sus cabañas de veraneo o de fin de semana, por sobre la actividad agrícola y campesina? Yo reclamo por Aysén, que es lo que conozco. Y no lo tengo claro, porque el anterior ministro y las políticas que sigue el Ministerio no lo definen con precisión. ¿Queremos fomentar principalmente la agricultura familiar campesina o la vida rural, ya sea en el sector agrícola como en el ganadero? Eso no lo he escuchado claramente de parte del Ministerio de Vivienda y, mucho menos, del Gobierno. Esa es mi duda. Presidenta.— ¿Algún otro diputado? Diputado Jürgensen. Diputado Jürgensen.— Gracias, Presidenta. Solo hacer la siguiente consulta: tengo entendido que trabajó una mesa técnica en estos temas. Me gustaría saber cuáles son sus resultados y conocer sus avances. Además, ponerla al tanto a usted y a los colegas de que, al menos en esa mesa técnica, no fue invitado un representante del Partido Republicano. Por lo tanto, nosotros estamos en el aire respecto de lo avanzado y no estamos dispuestos a continuar con este proyecto a partir de hoy. Presidenta.— Gracias, diputado Jürgensen. Lo que ocurre es que esa mesa quedó detenida cuando se suspendió el proyecto y nunca más se volvió a citar; no volvió a funcionar. Ahora, ¿por qué no se ha citado a representantes del Partido Republicano? Todos los comités tienen asesores, por eso pregunto. Asesoría.— Buenas tardes a todas y todos. Por su intermedio, señora Presidenta: se ha citado ya en tres ocasiones en el chat que tenemos con el asesor de la Presidenta de la Comisión; ahí está, por ejemplo, Hernán, y varios otros asesores. Han habido tres citaciones que el mismo día pidieron postergar. Presidenta.— ¿Hay algún asesor del Partido Republicano en ese chat? Asesoría.— Hoy día recién se sumó y se agregó a ese chat el representante del Partido Republicano. Presidenta.— Le encuentro toda la razón, diputado. Si es un grupo donde están los asesores del Ministerio y de los parlamentarios, debe haber representatividad. No puede ser que, habiendo dos diputados del Partido Republicano en esta Comisión, recién hoy se incorpore un asesor. No entiendo por qué. Asesoría.— Presidenta, es al revés, en todo caso: es un chat que tenían los asesores parlamentarios, cuyo administrador es Sergio. Nosotros fuimos invitados a ese espacio. Presidenta.— De acuerdo, vamos a hablar entonces con Sergio. Ese grupo de chat tenía a mi asesor y, en principio, estaban todos los asesores. Voy a preguntar por qué motivo no se incorporó antes al representante del Partido Republicano, porque me parece extraño. Diputada Labra.— Gracias, Presidenta. Solo para aclarar un punto: más allá de que se convoque a través de los asesores, los diputados tenemos que estar informados. Por supuesto que nuestros asesores nos informan, pero los asesores no se mandan solos, por decirlo coloquialmente, y nosotros debemos estar al tanto. Este es un proyecto de ley muy relevante; estas coordinaciones deben hacerse de manera más formal, clara y estructurada, atendiendo también lo planteado por el diputado Jürgensen. Presidenta.— Totalmente de acuerdo con usted, diputada Labra. Si no hay más opiniones sobre el proyecto, respecto de la mesa de asesores haremos lo siguiente: pediremos a cada parlamentario que, en el grupo de WhatsApp de parlamentarios, haga llegar el nombre y el teléfono del asesor que quiere que participe en esta mesa, para que puedan seguir trabajando. Este es un proyecto muy extenso y aún quedan muchos puntos por resolver.

Entonces, para que estén todos incluidos, como corresponde. ¿Puedo hacer una pregunta? —Por supuesto, diputado. Para todos los diputados: yo siempre he tenido la siguiente duda. Entendiendo el trabajo importante que hacen los asesores técnicos, siempre he dicho que la Cámara de Diputados y esta comisión son un ente político. Y en este caso, de las parcelaciones sí o las parcelaciones no, se requiere un análisis, una discusión profunda y tomar en conjunto una decisión política. Política, cien por ciento política, incluso ideológica, aunque no les guste a algunos. Y en base a esa decisión que la comisión en su conjunto determine —diputados y diputadas de diferentes bancadas— entran a tallar nuestros equipos y asesores técnicos, en función de la decisión política adoptada por esta comisión. Es lo mismo que en otros proyectos; les menciono el de los retiros. Vinieron hasta personeros de la Corte Suprema a esta comisión. ¿Qué tienen que hacer acá? Nada. Es lo mismo que si nosotros, como diputados, fuéramos a intervenir y a dar una opinión en la Corte Suprema. Entonces, este es un ente político que necesita, obviamente, antecedentes técnicos, análisis, estudios históricos, todo lo que sea necesario; pero primero hay que definir qué es lo que privilegiamos nosotros como comisión. Ya lo dije anteriormente: la tierra para que produzca, para llevar adelante ese famoso eslogan de la agricultura familiar campesina, de la autonomía alimentaria de nuestro país; o, en cambio, proteger los intereses de las grandes empresas constructoras, que han ganado, siguen ganando y quieren seguir ganando miles y miles de millones a costa de la tierra que, desgraciadamente, los pequeños y medianos campesinos se ven obligados a vender a muy bajo costo. —Gracias, diputado Alinco. Sí, antes de darle la palabra a la ministra, solo dejar algo claro. A ver, bienvenida, ministra. Tome asiento, por favor. Diputado Alinco, una cosa es que los asesores se junten —obviamente con las instrucciones, definiciones y líneas rojas que los mismos parlamentarios fijan— y que ellos conversen; pero ellos no deciden. Los que decidimos somos nosotros. Ellos participan de la mesa técnica, nos hacen llegar propuestas de acuerdo, y somos nosotros quienes determinamos si sí o si no. Tener una mesa técnica no significa que la mesa técnica tome decisiones sin el parecer del parlamentario. En eso va el manejo que cada parlamentario hace de su equipo. Señora ministra, tiene la palabra. —Gracias, Presidenta. Quisiera volver un poco atrás en lo que ha sido la tramitación de esta ley, bien accidentada, por cierto. Parto señalando que, en su momento, se votó en general la idea de legislar, lo que asumo como un primer acuerdo político respecto de avanzar en este proyecto, porque esa votación en general se realizó en esta comisión y se acordó seguir adelante. Ahora, evidentemente, debemos ponernos de acuerdo para poder avanzar en los distintos artículos, a partir de esa voluntad general ya expresada. Entre septiembre y octubre de 2024 hubo seis sesiones de la mesa técnica. Sin embargo, hubo dificultades que impidieron avanzar más allá de lo que recién revisamos y que señalaba el secretario. Cuando asumí como ministra, en esta misma comisión —y en el marco de mi primera presentación— planteé la importancia de retomar la discusión de este proyecto y de reactivar la mesa técnica. Previamente, como subsecretaria, tuve experiencia en esta comisión con mesas técnicas que dieron buen pie a discusiones guiadas por ustedes, como parlamentarios, independiente de lo que los asesores discutieran en la mesa técnica. La dificultad que hemos tenido ahora, como decía recién Rocío, mi asesora legislativa, es que hemos citado tres veces a la mesa técnica. Y aquí pido disculpas a los parlamentarios cuyos asesores no estaban incorporados, porque la citación se hizo sobre la base de un chat que generamos desde el Ejecutivo y no de uno existente de la propia comisión. Hicimos tres intentos y siempre se postergó; en definitiva, no hubo sesión. La razón por la cual, en conjunto con el ministro Montes, decidimos ponerle urgencia al proyecto fue justamente para generar esta conversación y, si es necesario, que sea esta la conversación que haga posible que ahora sí, con todos los asesores, tengamos la mesa técnica y podamos avanzar. Esa es la voluntad que tenemos como Ejecutivo. Bienvenida sea, entonces, esta discusión.

Que la discusión se dé aquí para que, efectivamente, podamos avanzar. Entendiendo, por cierto, que la mesa técnica es una instancia relevante y necesaria para destrabar este asunto. Muchas gracias, Ministra. Sí, efectivamente, concuerdo con usted y creo que la mesa técnica es de una tremenda ayuda, porque este es un proyecto largo, con muchos componentes; no es solo el punto en el que hoy estamos, sino mucho más. Pero hay definiciones fundamentales, y ahí coincido con el diputado Alinco, en lo siguiente: a mi modo de ver, existe una necesidad del Ministerio de Vivienda de crear lugares donde se puedan construir viviendas, y obviamente mientras más barato se compren los terrenos para poder construir y reducir costos, mejor. A la vez, hay una necesidad del sector Agricultura de resguardar tierras para que se trabajen como corresponde. Por lo mismo, si no tenemos una noción clara de la distancia al centro urbano más cercano, de modo tal que no se recargue a los municipios con el costo de proveer servicios a nuevas parcelaciones, y si no cuidamos que no cualquier tierra se pueda parcelar —porque existen distintas calidades y aptitudes agrícolas—, tendremos un problema. Es como ocurrió con el DL 701: se determinó que solo cierto tipo de suelos eran susceptibles de forestación; más allá de que luego no siempre se respetara, existía la premisa de que había tierras con aptitud agrícola que no debían plantarse con bosque. Aquí es algo similar. No podemos pretender, por ejemplo, que en sectores donde se siembra trigo, entre Victoria y Traiguén, se esté parcelando de manera continua a lo largo de la ruta —corrijo: la ruta 86—, al punto de casi unir puntos que están a 25 kilómetros de distancia. Esas tierras tienen aptitud agrícola. ¿Qué me pasa con este proyecto? Que, por un lado, mientras no avancemos con la legislación, se sigue parcelando indiscriminadamente: el que quiere, parcela donde se le ocurre, cerca o lejos de un pueblo, de un camino, da lo mismo, porque hoy no hay una normativa que verdaderamente se respete. Estas famosas “parcelas de agrado” en la práctica no se fiscalizan adecuadamente: se construyen dos o tres viviendas por predio, piscinas, canchas de tenis, etcétera, y cuando se fiscaliza, muchas veces es solo para efectos tributarios, cuando el daño ya está hecho. Por tanto, corremos el riesgo de que esto continúe, porque no contamos con una legislación que, sin prohibir, establezca límites necesarios para evitar perjuicios. La libertad es valiosa, pero termina donde comienza la libertad del otro; no podemos dañar bienes colectivos invocando la libertad individual. Por otro lado, también estamos entrampados porque el Estado requiere disponer de terrenos a precios menores, que obviamente no se encuentran cerca de los centros urbanos; es un hecho que un terreno alejado es más barato que uno a un kilómetro de la ciudad. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Creo fundamental retomar la mesa técnica con los asesores de todas y todos los parlamentarios, para que cada cual exponga con franqueza la problemática que ve y las soluciones que propone. Le pediré a Sergio que incorpore como administradora a la asesora del Ministerio de Agricultura y que también esté presente el Ministerio de Vivienda, a través de sus asesores, porque aquí tienen que conversar ambos ministerios. No sé, sinceramente, qué opinan ustedes: si conviene seguir avanzando hoy como está, o bien esperar a que esta mesa técnica se reúna y funcione. Déjenme darle la palabra a la diputada.

Presidenta: A la diputada, por favor. Tiene la palabra. Diputada Cid: Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a las ministras y a la subsecretaria. Estoy aquí reemplazando al diputado Benjamín Moreno, pero quisiera poner un tema en la mesa respecto de este proyecto. La realidad del norte, y en particular de la Región de Atacama, es de escasez hídrica. En la provincia de Chañaral prácticamente no hay agricultura; en la provincia de Copiapó es muy poca la agricultura que tenemos, y además somos la cuarta región más extensa en territorio. Como bien decía la Presidenta, cuando uno mira el mundo agrícola, la producción de alimentos se entiende perfectamente; sin embargo, también sería importante abordar la realidad de otras regiones. Mucha gente tiene el campo botado porque no hay agua, porque ya no hay nada que hacer, y la subdivisión les permite subsistir, ya que no pueden plantar nada por falta del recurso hídrico. Legislar estos temas pensando solo en un sector es complejo, más aún en un país tan extenso, con realidades tan distintas. En nuestra región, la mayor parte del territorio es desierto y lo que eran predios agrícolas hace años hoy ya no producen. Entonces, cuando a esa persona que quiere subdividir y vender se le dice que no puede, se genera un gran problema para nosotros en el norte. Eso quería incorporar, Presidenta, y ojalá que las y los integrantes de la Comisión de Agricultura lo consideren cuando vean el tema. Muchas gracias. Presidenta: Muchas gracias, diputada Cid. ¿Me había pedido la palabra la subsecretaria? Tiene la palabra. Subsecretaria: Gracias, Presidenta. Lo primero es recordar cuál ha sido el interés del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en promover esta iniciativa. Hoy se requiere actualizar la norma relativa a un fenómeno que existe —lo han explicado acá— que es el de las parcelaciones: no para prohibirlas para siempre, pero tampoco para autorizarlas en las condiciones actuales. Hoy opera una regla general y, con este proyecto, buscamos establecer reglas claras que permitan seguir operando, reconociendo un fenómeno existente y regulando adecuadamente lo que viene. En ese sentido, el proyecto establece reglas más específicas que permitan su compatibilidad ambiental, ecológica, productiva y también social. Un elemento esencial: al Ministerio de Vivienda no le interesa comprar terreno barato lejos de los centros urbanos; al revés. La política de integración y el Plan de Emergencia Habitacional han hecho justamente lo contrario. La experiencia demuestra que llevar viviendas lejos de la ciudad construida tiene un costo mayor para el Estado, porque después hay que habilitar autopistas, servicios de alcantarillado, urbanización y todo lo que sabemos. Así, una vivienda que cuesta 1.500 UF termina costando 5.000 UF para el Estado, además de todos los costos de transacción que implica la coordinación entre los servicios. Por lo tanto, ese nunca ha sido un objetivo. Sí lo es incorporar el elemento de planificación. Uno de los objetivos específicos es cómo la regulación intercomunal permite proteger las áreas de desarrollo rural. En eso se ha estado trabajando; Vicente Burgos, nuestro jefe de la División de Desarrollo Urbano, ha participado en la mesa técnica y, Presidenta, seguimos disponibles para avanzar. En segundo lugar, el artículo 55, que todos conocemos, mantiene la prohibición de construir en áreas rurales, y lo que sí establece son excepciones para ciertos tipos de equipamientos asociados a las actividades productivas de esos predios, siempre con acuerdo del SAG y de la SEREMI respectiva. Un tercer elemento del proyecto es que reconoce otra forma de parcelaciones que se ha mencionado aquí: los condominios residenciales rurales, que deberán hacerse cargo de los residuos que generan, del abastecimiento de agua en contexto de crisis hídrica, de las conexiones viales, de modo que no signifiquen una sobrecarga adicional para los municipios. En síntesis, buscamos que la función de planificar el territorio se exprese en esta normativa. Hoy existe una regla general; con estas especificidades podremos regular lo que ya existe, pero sobre todo regular a futuro. Presidenta: Gracias, subsecretaria. Diputado Rathgeb, tiene la palabra.

Presidenta, yo creo que la mesa técnica es muy importante en el trabajo previo a la votación. De lo contrario, vamos a estar discutiendo un inciso toda la sesión y no avanzaremos nada en el fondo del asunto. Esta es una situación muy compleja que atraviesa realidades muy distintas: el extremo norte, el extremo sur y la zona central del país. No se pueden abordar con una sola norma. Hoy la situación está explotando por distintos lados. Primero, hay una dimensión medioambiental: la gente que se va a vivir a sectores rurales afecta la flora y fauna de esos territorios, a los crianceros de ganado y a las explotaciones agrícolas existentes. Y esto surge, entre otras razones, porque al agricultor hoy día no le resulta rentable seguir produciendo. Entre otras cosas, porque el sistema tributario chileno lo está ahogando a través de la renta presunta o de las contribuciones. Entonces, es más fácil subdividir en pequeñas parcelas que tampoco pagan contribuciones, y con eso se puede vivir o sobrevivir, porque los hijos o los nietos no están en condiciones de continuar en el mundo rural. Hay que hacer algo para poder sobrevivir. Por eso me parece bien que aquí estén integrados Agricultura, Vivienda y Medio Ambiente, porque se trata de un fenómeno muy complejo que, asuma quien asuma el próximo gobierno —y los que sigan—, será cada vez más difícil. Usted mencionó el ejemplo de la ruta Traiguén–Victoria: hoy está llena de parcelas donde unos se dedican a desarmadurías de vehículos, otros a la crianza de cerdos, otros al turismo y otros, sencillamente, a vivir ahí porque queda cerca de Victoria y de Traiguén para ir a trabajar. No hay extracción de basura; uno ve que la tiran hacia la ruta, no hay día ni horario de retiro, y la vía queda llena de bolsas por todas partes. En época estival, además, existe el riesgo de incendios porque nadie se preocupa de mantener cortafuegos; cada cual se las arregla por su cuenta. Es una situación muy compleja que puede agudizarse. Creo que debemos asumir nuestra responsabilidad. El Ejecutivo optó por tramitar este proyecto en Agricultura, considerando que la agricultura es la base que hoy debemos proteger, más allá de vivienda y medio ambiente. Partió por el Ministerio de Agricultura, por lo tanto es responsabilidad nuestra, mientras estemos en este cargo hasta el 11 de marzo, ver esta situación y hacerla avanzar. Créanme, yo que vivo en una zona rural, esta situación me angustia: cada día disminuye la superficie cultivable y disminuye la recaudación fiscal, porque terrenos que pagaban renta presunta y contribuciones hoy ya no lo hacen. Por el contrario, pasan a ser una carga para el Estado y para los municipios, que deben retirar basura, llevar agua, instalar electricidad y otros servicios que hoy como país no estamos en condiciones de sostener. Es nuestra responsabilidad —y de quien dirija los destinos de nuestra patria— establecer una legislación que mitigue o aminore la dificultad que puede generarse de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, cuando el problema puede tornarse irreversible. Porque todas aquellas parcelas que no cambian de destino siguen siendo de carácter agrícola, pero no producen: no se planta maíz ni se siembra papa. Son, en los hechos, habitacionales, pero no están declaradas como tales; si lo estuvieran, pagarían contribuciones y habría recaudación. Nos estamos engañando entre todos. De una vez por todas, coloquemos el cascabel al gato. Todos dicen que hay que hacerlo, pero nadie se atreve. Asumamos este tema. Sé que hay posiciones distintas y absolutamente legítimas respecto de la libertad de cada cual, pero veamos cómo enfrentaremos a futuro esta situación que está estrangulando, cada día más, a la agricultura, la vivienda y el medio ambiente.