Cámara de Diputados Recursos Hídricos

Cámara de Diputados - Recursos Hídricos - 2 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025
11:30

Contexto de la sesión

La sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, (boletín N° 11.608-09). - El asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Estévez.- El Vicepresidente Ejecutivo de ACADES, don Rafael Palacios.- El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, don Joaquín Villarino.- El Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), don Luis Manuel Rodríguez. Lugar: Sala Pedro Pablo Álvarez-Salamanca tercer nivel (Sesión presencial)

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5:00
Nos ponemos de pie. En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor Secretario, dé lectura a la Cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos: en primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley sobre el uso del agua de mar para desalinización, correspondiente al Boletín N° 11.608-09, actualmente en tabla.
10:00
También un correo del jefe de la bancada de Renovación Nacional, por medio del cual informa que en esta comisión el diputado Jorge Rathgeb reemplazará a la diputada María Luisa Cordero en la sesión del día de hoy. Y, por último, otra comunicación del jefe de la bancada del Frente Amplio e Independientes, que indica que en esta sesión la diputada doña Carolina Tello reemplazará de manera temporal a la diputada María Francisca Bello. Muy bien. Se abre la palabra sobre la Cuenta. ¿Algún punto, señoras y señores parlamentarios? Bien. La sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización, boletín N° 11.608-09. Hoy día se encuentran invitados el asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Estévez; la abogada asesora de la Dirección General de Aguas, señora María Graciela Beas; y el asesor legislativo, don Tomás Mendoza. También nos acompaña el vicepresidente ejecutivo de ACADES, don Rafael Palacios; el gerente de Regulación, don Jorge Bofill; y la gerente de Comunicaciones, señora Amparo Hernández. Asimismo, se encuentra presente el presidente ejecutivo del Consejo Minero, don Joaquín Villarino, y don José Tomás Morel. Nos solicitaron audiencia durante la semana, la que fue aceptada por el resto de los parlamentarios, por parte de SONAMI: don Luis Manuel Rodríguez y el asesor Marco Rivero, quienes nos acompañan hoy día. Retomando lo acordado en la última sesión, hoy día se iría a votar dicho proyecto, que viene con suma urgencia por parte del Gobierno. Vamos a invertir el orden para partir con SONAMI: don Luis Manuel Rodríguez y don Marco Rivero. Luego continuaremos con lo que quedó pendiente de la última sesión para responder algunas preguntas de los parlamentarios, y posteriormente procederíamos a la votación. Tiene la palabra don Luis Manuel Rodríguez. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Presidente, y honorables diputados, por esta invitación. Es importante para SONAMI poder estar presente y hacer algunas observaciones al proyecto. Quisiera primero, aunque es conocido, decir algo sobre SONAMI, que es una institución muy antigua en el país: tiene más de 140 años y agrupa a diversos tipos de productores de la pequeña, de la mediana y de la gran minería, tanto metálica como no metálica. Reúne 39 asociaciones mineras regionales, que representan a más de 2.000 pequeños productores, y 70 compañías de la mediana y gran minería, además de proveedores de la industria. Como se ve, el espectro que tenemos de asociados es muy variado respecto de los volúmenes de producción, lo que es importante para lo que diremos más adelante. Los asociados de SONAMI tienen una importante presencia en las distintas regiones del país y constituyen un relevante aporte económico a nivel regional y nacional. Desde su creación, SONAMI ha cumplido un importante rol como interlocutor entre el sector público y las empresas y la industria minera. Ahora bien, el tema que nos ocupa, la desalinización, es un pilar fundamental para la seguridad hídrica territorial, especialmente en el norte de Chile, donde están ubicados los principales yacimientos mineros, por cuanto permite reducir...
15:00
La presión sobre los acuíferos continentales exige destinar agua a usos prioritarios. La pequeña y mediana minería dependen críticamente de un suministro hídrico seguro para sostener su actividad, la que impacta directamente en el desarrollo local y el empleo regional. Me parece relevante mencionar que la mediana minería, respecto del cobre fino producido, es más intensiva en empleo que la gran minería; por ello, cualquier afectación a este segmento es muy significativa. Igual que en la minería en su conjunto —y como se señaló en la sesión anterior por el representante del Consejo Minero—, la recirculación de agua en los procesos de la mediana minería ha aumentado desde 74,4% en 2017 a 77,5% en 2021. Lamentablemente no tenemos cifras más recientes; estamos actualizando un estudio para contar con datos más precisos. Con todo, se observa una tendencia creciente en la recirculación. Asimismo, se ha reducido progresivamente el consumo gracias al uso de nuevas tecnologías, tales como los sistemas de relaves filtrados o espesados, que recuperan cerca del 80 a 85% del agua utilizada, la cual se reincorpora al circuito industrial. En lo relativo más directamente al proyecto, debe tenerse presente que las grandes compañías cuentan con la capacidad técnica y financiera para desarrollar plantas desalinizadoras propias. No así la pequeña y la mediana minería, que por su escala no disponen de esos recursos y carecen de esa posibilidad, por lo que dependerán completamente, en el futuro, del acceso a agua producida por terceros. Por eso, cualquier esquema regulatorio debe considerar requisitos proporcionales, de modo que las nuevas obligaciones ambientales, administrativas o de servicio no terminen excluyendo a la pequeña y mediana minería ni profundizando las brechas existentes. Cabe advertir, además, que en la transición desde el uso de agua continental a agua desalada se producen exorbitantes alzas de costos, dado que comprar agua desalada cuesta aproximadamente veinte veces más que extraer agua de un pozo. Este dato es real para la región de Atacama, comuna de Tierra Amarilla: extraer agua de un pozo cuesta hoy 0,3 dólares por metro cúbico, mientras que adquirir agua desalada puesta en la planta cuesta 5 dólares por metro cúbico. Es decir, un costo veinte veces mayor, lo que será un golpe importante para las pequeñas y medianas mineras. Se recomienda, por tanto, incorporar y promover mecanismos que aseguren el acceso equitativo al agua desalada, tales como infraestructura compartida, tarifas supervisadas o sistemas de acceso abierto. En su discusión particular, el proyecto debiese incorporar una fórmula mediante la cual la mediana y pequeña minería pueda acceder al recurso hídrico obtenido por las concesionarias o desalinizadoras en condiciones de acceso seguro, equitativo y justo; no necesariamente en las mismas condiciones, pero muy semejantes a las establecidas para el consumo humano. Ahora, yendo a las observaciones generales que tenemos al texto: primero, en cuanto a la duración de las concesiones y la continuidad, ya se ha señalado —y lo hacemos propio— que el proyecto establece concesiones de treinta años renovables. Sin embargo, es sabido que hay muchas operaciones mineras que trascienden esos plazos.
20:00
Son inversiones de más de cincuenta o sesenta años, por lo tanto es importante considerar ese hecho. Al término de la concesión se exige el retiro de las instalaciones, sin garantía de continuidad del servicio para usos no potables. Esto es especialmente relevante para los pequeños y medianos mineros. Es necesario que el régimen de concesiones asegure la continuidad del suministro para todos los usuarios, con criterios claros y objetivos de renovación, evitando la discrecionalidad. Segunda observación: régimen transitorio. Se requiere certeza para las inversiones existentes. El texto actual no define claramente qué obligaciones nuevas se aplicarán a las concesiones ya otorgadas. La obligación de destinar hasta el cinco por ciento al consumo humano no siempre será viable para plantas existentes, especialmente las de menor escala. Se requiere definir, en consecuencia, con claridad qué exigencias son aplicables a las plantas vigentes y cuáles no, prohibiendo expresamente la retroactividad de cargas económicas o de servicio. Tercera observación: procedimiento de otorgamiento, para evitar duplicidad regulatoria. Actualmente convergen permisos y autorizaciones sin coordinación suficiente entre distintos órganos: el Ministerio de Defensa (concesiones marítimas), el SEA y la DGA. Esta situación prolonga los plazos y encarece los procesos, generando incertidumbre para la minería. En consecuencia, se requiere un procedimiento único, claro y con plazos definidos, evitando duplicidades e implementando una ventanilla única. Observaciones adicionales que tenemos, como SONAMI: primero, asegurar el acceso equitativo y la competitividad territorial; promover modelos de infraestructura compartida, o “carreteras hídricas”, evitando posiciones dominantes de los concesionarios que limiten el acceso a productores mineros pequeños y medianos. Segundo, mantener coherencia con la Ley 21.770, sobre marco de autorizaciones sectoriales, de tal manera que se hagan exigibles y aplicables expresamente los principios contenidos en su artículo sexto: estandarización, facilitación, previsibilidad, proporcionalidad, simplificación administrativa y costo-efectividad. Tercero, analizar detenidamente las limitaciones al otorgamiento de las concesiones. La remisión a los procesos y mecanismos de la Ley 21.600, que ha estado muy en boga en estos días, atendidos los problemas y la falta de rigor técnico con que se implementa, puede producir dificultades adicionales al desarrollo de las concesiones. Por último, se deben armonizar y realizar las correcciones necesarias a este proyecto, estableciendo una preeminencia de sus normas respecto de otras iniciativas legislativas en discusión; en particular, la ley de contaminación lumínica, que puede tener consecuencias importantes en los proyectos en ejecución. En el plano se puede apreciar, por ejemplo, en la zona de Taltal, Región de Antofagasta, que, por la Ley 21.600 y por la ley de contaminación lumínica, numerosos proyectos próximos a ejecutarse —y algunos ya en ejecución—, así como también la propiedad minera, podrían verse afectados. Lo que queremos advertir con esto es que hay ciertos cuerpos legales, y otros que están en estudio, que pueden tener directa implicancia en el desarrollo productivo de todas las regiones.
25:00
Todo este tema de los sitios prioritarios se va superponiendo a los proyectos y a las faenas mineras, principalmente en la región del norte. Eso es lo que estamos advirtiendo con esta observación. Finalmente, como conclusión, creemos que este proyecto constituye una base adecuada para regular los sistemas de desalinización de agua de mar, pero requiere ajustes para otorgar un marco regulatorio estable, simple, sin duplicidades y con garantías de continuidad, que reconozca la segmentación por tamaño de productor minero y permita que la pequeña y mediana minería accedan al agua desalinizada en condiciones justas y competitivas. Eso es. No sé si alcanza el tiempo para… ¿Tiene algo que decir, Marco? Volver a este mapa que refleja un poco la situación. A mi juicio, falta un análisis integrado de toda la iniciativa. Ese mapa muestra, con claridad, cómo se superponen; las líneas azules corresponden a desaladoras ya operativas. ¿Y cómo queda, por ejemplo, la línea de 70 kilómetros de exclusión que se ha establecido por la presencia del Observatorio Paranal, que queda a poca distancia de eso? También la ley SBAP ha sido tremendamente cuestionada: la forma en que se están proponiendo las áreas protegidas llevó, de hecho, a que el Ministerio tuviera que suspender su aplicación por el nivel de afectación que implicaba. Entonces, tal vez corresponde una exhortación a realizar un análisis más integral de todas estas legislaciones que, nuevamente, recargan y vuelven a imponer nuevas exigencias de permisos y autorizaciones. Yo lo conversaba recién con el asesor del Ministerio de Obras Públicas: una mención explícita a la ley marco de permisos sectoriales sería muy útil. Las leyes que se mencionan expresamente en el proyecto son la N° 21.600, que es la del SBAP, y la N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. Bueno, ¿por qué no darle también un espacio expreso a la ley marco de autorizaciones sectoriales? Es una ley marco destinada a enmarcar el resto de las normativas, y en el proyecto advertimos una suerte de distanciamiento respecto de esta ley, que ha sido recientemente publicada y gozó de amplio respaldo. Asimismo, quisiera advertir a la Comisión que la aprobación por parte del Senado de este proyecto no fue tan transversal ni entusiasta como se pudiera suponer. En la última página, la 31, del oficio remitido a esta Cámara se señala que el proyecto fue aprobado en general por 14 votos favorables, de un total de 42 senadores en ejercicio; es decir, con el mínimo quórum exigido. Por lo mismo, estimo que la Cámara es la instancia de reposo para analizar este asunto; constitucionalmente es la Cámara revisora, y corresponde analizarlo con mucha profundidad. Creo que la aprobación en general es indiscutible y procede, pero, en la discusión particular, se deberían tomar los tiempos suficientes para evaluar todos los alcances y consecuencias que puede tener un proyecto como este. El sector minero, particularmente el que representamos, ha tenido experiencias que no han sido felices cuando se han sumado la indicación sustitutiva y, a continuación, la urgencia en su aprobación. Todavía estamos resolviendo temas que se produjeron a finales de la administración anterior con el pago de patentes; la ley SBAP también nos ha provocado dificultades. Si uno revisa cómo se legisló en esa materia, descubre que la combinación de la indicación sustitutiva —que en la práctica son textos totalmente diversos— con la urgencia del Ejecutivo conduce a legislaciones que después presentan tremendas dificultades para su implementación. Reitero, en línea con lo señalado por el Vicepresidente de SONAMI, que se requiere un examen exhaustivo, que no tiene por qué ser de un plazo infinito, pero que, tal como está, el proyecto presenta muchas correcciones que deben introducirse. Existen otras cosas menores; hoy día toda la administración y las regulaciones están apuntando a sistemas de georreferenciación.
30:00
…que se proponen en este proyecto, por ejemplo. Tenemos a Sernageomin migrando a un sistema denominado SIRGAS; aquí se vuelve a las UTM. Ojo que, a raíz de las servidumbres que este proyecto contempla, hay cuestiones muy relevantes. Por ello, exhorto a un análisis más detenido respecto de lo que significará la discusión particular que ustedes van a realizar. Eso simplemente. Muy bien, don Marco; agradecerle también a don Luis la exposición. Tomamos nota de lo señalado. Algunos de los puntos que expusieron ustedes también fueron planteados por parte del Consejo Minero: el tema de los plazos, las concesiones; me parece que es muy similar a lo que señalan ustedes. Creo que hay que considerar algunas de las indicaciones que proponen. Don Carlos. Gracias, presidente. Solo señalar que hay varios planteamientos que ha hecho SONAMI que nos parecen claramente razonables y que podemos discutir. En lo que se refiere a la Ley Marco de Permisos Sectoriales, nuestra posición, originalmente, siempre fue que la propia ley marco establece, en una disposición, que aplica supletoriamente a todas las leyes especiales. No obstante, no vemos inconveniente, ante cualquier resquemor, en que quede una remisión expresa a aquello. Quiero aclarar también que las normas de este proyecto de ley acortan más los plazos que la ley marco. En consecuencia, otorgar más atribuciones puede significar que los plazos sean más largos; es un tema de fondo que hay que evaluar. Lo que hace la iniciativa legal es ir acortando plazos que, en la ley marco, son más amplios en su mayoría. Pero, como se trataría de una referencia para que actúe de modo supletorio en lo que no está regulado, no vemos inconveniente. Para la comisión, preciso además que, cuando se ha señalado recientemente que no tuvo los consensos porque tuvo 14 votos en la aprobación en general, eso fue hace siete años. Era un proyecto de ley de cinco artículos, que no es el proyecto que estamos discutiendo. Cuando se dice que este proyecto se ha discutido durante siete u ocho años en el Senado, no es este articulado: es el mismo número de boletín, pero no lo que hoy tratamos. Y, claramente, cuando se votó recientemente en el Senado, con normas de quórum, hubo alta participación y, salvo una abstención, unanimidad. En aquel entonces, la discusión estaba centrada en un componente de propiedad vinculado al agua resultante de la desalinización, lo que hoy no es parte de la discusión ni del proyecto de ley. Lo aclaro para que no quede instalada esa idea en la comisión, presidente. Bien. Vamos a ir con la ronda de preguntas por parte de las diputadas y los diputados. Y luego, una vez respondido, deberíamos votar dicho proyecto. Como habíamos dicho en la sesión pasada, se reciben las preguntas y consultas que tenían de la exposición de la última sesión para el resto de los expositores. No hay consultas, parece. Diputada Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mi consulta es a la SONAMI, porque han planteado que la pequeña y, principalmente, la mediana minería —que entiendo representan mayoritariamente ustedes como gremio— no tienen acceso a plantas desalinizadoras o a los litros por segundo que requieren las operaciones. Entonces, quiero saber si existen otras experiencias que ya estén funcionando. Por ejemplo, tengo entendido que Quebrada Blanca, de Teck, en Tarapacá, sí utiliza agua desalinizada; por lo tanto, bajo la regulación actual pueden funcionar sin ningún tipo de problema ni impedimento. Me gustaría conocer si existen otras que prescindan de esta normativa.
35:00
¿Cuál es el punto? Porque usted señala que sin una normativa —incluso más allá de la que hoy presenta el Senado— no se podrían realizar de manera efectiva las operaciones. Entonces, yo entiendo que la pequeña minería asociada a la SONAMI ya tiene desaladoras en algunos lugares del país funcionando; por lo tanto, no requeriría de la normativa que estamos legislando para su funcionamiento. Pongo el ejemplo de Teck Quebrada Blanca, Fase 2, creo. Lo que dije inicialmente es que los medianos y pequeños mineros, por su escala, no tienen la capacidad de construir sus propias desaladoras; no así las grandes mineras, que pueden integrarse verticalmente, producir agua y utilizarla. Lo que ocurre hoy día —conozco muy bien la Región de Atacama, donde trabajo también en una compañía minera— es que las medianas mineras tienen que comprar agua a proveedores multipropósito. No son solo productores de agua para la minería, sino que también venden para el consumo humano, como Econssa, por ejemplo. Y hay algunas compañías mineras que tienen excedentes que también los pueden vender a terceros, como CMP. No sé si Candelaria está vendiendo; Candelaria también tiene una desaladora. Hoy día, con el régimen actual, como usted señala, es posible comprar agua; no hay problema en eso. Creo que a lo que atiende el proyecto es más bien a la construcción y a la operación de las plantas desaladoras, que es distinto. Hoy, con lo que hay, hay acceso al agua, pero pagando el precio que cobre la compañía productora. Ahora, Teck es una gran minera; no es mediana ni pequeña. Y los pequeños mineros no son tan intensivos en el uso del agua: usan menos, usan camiones aljibe. Los que sí son intensivos son los medianos que tienen plantas de flotación, sobre todo. Pero, como dije, también hay tecnologías nuevas, como los relaves espesados, que permiten extraer el agua del relave y reutilizar el 80-85% del agua. Esa tecnología no solo tiene impacto en lo hídrico, sino que también en la estabilidad de los depósitos, porque son depósitos mucho más estables, más sólidos. No sé si con esto contesto su inquietud. Presidente, muchas gracias y buenos días. Por su intermedio, quisiera agregar algo respecto de la consulta de la diputada Castillo. Señaló la gente de la SONAMI que, efectivamente, una de las herramientas que necesita la pequeña y mediana minería para acceder al agua son los proyectos multipropósito, es decir, no proyectos dedicados exclusivamente a una faena minera. La diputada preguntaba si la regulación actual lo permite o no lo permite; en ese aspecto, este proyecto de ley —lo dijimos en presentaciones anteriores— entrega una herramienta fundamental para el desarrollo de proyectos multipropósito que efectivamente van a poder abastecer, eventualmente, a la pequeña y mediana minería: la servidumbre. Lo hemos planteado en otras ocasiones. Efectivamente, con la legislación actual, los proyectos multipropósito que tienen la posibilidad de abastecer a varios clientes —consumo humano, pequeñas y medianas minerías u otras industrias, incluso la agricultura— no cuentan con esa herramienta, que es precisamente lo que viene a entregar este proyecto. Por lo tanto, la nueva legislación va a ayudar, va a contribuir a generar ese abastecimiento al pequeño y mediano. Hagamos una cosa: juntemos las consultas. Me parece que el diputado Pino también tiene una pregunta. Yo quería agregar otra más. Muchos señalaron que el tiempo es muy acotado para las concesiones.
40:00
¿Les parece razonable establecerlo dentro del proyecto? Lo segundo que me llamó la atención: se habla mucho de los atravesamientos, por dónde van los ductos del agua. ¿Está siendo una complejidad mayor para dichos proyectos? Si nos pudieran contextualizar un poco más, porque a mí, más allá de lo técnico, el traslado del agua me parece uno de los principales cuellos de botella de estos proyectos. Si pudieran profundizar un poco más. Estaban la diputada González, el diputado Pino y la diputada Marlen también. Diputada González y luego el diputado Pino. ¿Se escucha? Sí. Bueno, agradecer esta nueva jornada donde tenemos invitados que son atingentes a este proyecto. Para nosotros es muy importante, como Comisión de Recursos Hídricos —y lo hemos planteado en otras instancias—, que la visión de todos los desafíos que hoy tenemos con la sequía y esta brecha hídrica se aborde como un plan macro, y no solo con esfuerzos aislados; entendiendo que nuestro país, con sus diferencias geográficas, enfrenta distintos desafíos que cumplir. En ese contexto, nos hace falta una política —insisto— más macro, que mire desde arriba todos los aspectos de esta crisis hídrica. También hemos planteado en otras ocasiones que no podemos mirar únicamente las plantas desalinizadoras que vendrán a suplir cierto problema si, por otro lado, no estamos recuperando la totalidad del agua que pudiésemos recuperar, reutilizar, ahorrar, etc. Si no está ese complemento, es como que por un lado derrochamos y por otro tratamos de sacar agua por otro punto. En ese sentido, nos gustaría que hubiese iniciativas más robustas; hay un despliegue de muchas cosas que se pueden hacer y hay varias personas innovando en ese sentido. Por ejemplo, cuando se habla de la descarga del baño, cómo se pudiese utilizar o reutilizar con el agua del lavamanos. Pongo ese detalle solo para ilustrar lo macro con que debiésemos tratar este tema hídrico. Por otro lado, cuando se aborda este tema de los recursos de todos los chilenos —así como ocurre con el cobre—, hoy día estamos considerando el mar, también recurso de todos los chilenos y de toda la humanidad, destinándolo a un uso. Y vuelvo al mismo punto: ¿cómo vamos a armonizar esto? Porque entendemos y valoramos el rubro de la minería —somos el primer productor de cobre en el mundo, etc.—, pero no podemos tener comunidades tremendamente rezagadas, poniendo todos estos esfuerzos para que la gran o pequeña minería sigan funcionando, mientras las comunidades se sienten resentidas y no escuchadas. En esta misma comisión hemos conocido casos de comunidades que han llegado a acuerdos con ciertas mineras que no se han cumplido, generando conflictos permanentes por incumplimientos de compromisos. Tampoco nos gustaría ver que todo este esfuerzo funcione —y esperamos que así sea— pero solo para un rubro, mientras hay comunidades sin acceso al agua, comunidades tremendamente precarizadas en la forma en que acceden a este elemento vital. Y, por otro lado, también están los temas de la agricultura, etc. Por eso insisto en mirar un poco más arriba: todo el plano, todas las aristas y todos quienes debiésemos beneficiarnos del uso del agua. En ese contexto, me gustaría preguntarles cómo ven ustedes la relación con las comunidades, cómo visualizan esto y cómo se pudiese armonizar; que no ocurra que en el futuro la minería funcione espectacularmente con el agua, pero al mismo tiempo tengamos comunidades súper precarizadas por la falta de acceso a este elemento tan vital. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada González. Diputado Pino; el diputado Venegas también me pidió la palabra y luego la diputada Tello. Diputado Pino. Gracias, Presidente. Saludar a nuestros invitados de hoy y a los colegas también.
45:00
Presidente, se hizo mención a la ley 21.770, que fue promulgada el 29 de septiembre de este año y publicada en el Diario Oficial. Esta ley marco de autorizaciones sectoriales, como bien señala don Carlos Estévez, va a suplir ciertas regulaciones en tiempos y plazos. Ahora, esta ley tiene que irse perfeccionando con el tiempo. Hay 382 permisos que hoy día están en estudio en los distintos ministerios y sectores, para poder ser entregados y permitir su implementación. Esta ley tiene un plazo de un año para implementarse; al 1 de octubre de 2026 debe estar operando con la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión, etc. Me tocó tramitar esa ley como presidente de la Comisión de Economía en esta Cámara y, por lo tanto, puedo decir con harto conocimiento que lo que señala don Carlos es cierto: esta ley se va a tener que ir modernizando por sí misma, vía decretos. El Ministerio de Economía y el Presidente de la República van a tener que ir haciendo los ajustes necesarios para que esto no quede entrampado. Eso por un lado. Segundo, en torno a lo que plantea la diputada González, corresponde recordar que hay proyectos en esta comisión; uno que ya está en la Sala es el relativo al reuso de aguas de los emisarios submarinos. Ese proyecto, que salió de esta comisión, está para ser votado en algún momento, pero no tiene que ver con este. Creo que mezclar un tema con otro no corresponde; son de diferente tenor y podemos tramitarlos de manera distinta. Entonces, Presidente, creo que podemos avanzar en esto. Hoy día no es la mirada de nosotros dilatar esta discusión; votemos este proyecto en general. Hemos tenido la semana para estudiar el texto y, quienes hemos sido diligentes, lo hemos hecho. Por lo tanto, si no hay más preguntas, que votemos. —Sí, de hecho no hay margen; se vota hoy día sí o sí. Diputada Tello. —Perdón, diputado Venegas; luego la diputada Tello, diputado González y luego diputado Arce. —Tiene la palabra la diputada Tello. —Sí, dele nomás. Presidente, durante mucho rato hemos venido discutiendo que no se dan soluciones concretas respecto de la crisis hídrica de acuerdo con la envergadura del proceso que estamos viviendo. Yo, por lo menos, lo he manifestado en reiteradas oportunidades: creo que este es un proyecto muy interesante en esa perspectiva. Es una solución concreta, está bien encaminado y ofrece la posibilidad cierta de enfrentar la sequía y el cambio climático de una manera diligente y con efectos reales en el tiempo. Por supuesto que hay muchas otras materias que seguir discutiendo en la discusión particular. A mí me preocupa, por ejemplo, los efectos medioambientales de la desalación; qué ocurre con la salmuera; o si efectivamente la neutralidad del agua se mide, por ejemplo, cuando hay marea estable, considerando que las mareas no funcionan de la misma manera todos los días. Por lo tanto, la salmuera puede dispersarse de distinta manera y generar efectos nocivos en el medioambiente, lo que debe ser una preocupación esencial. También, por supuesto, me interesa mucho el tema del consumo humano. Hay proyectos bien interesantes en desarrollo que han sido capaces de mitigar y compensar a los territorios y que, de otra manera, esas comunidades no tendrían siquiera agua para el consumo. Asimismo, en lo referente a la pequeña y la mediana minería, creo que tenemos que avanzar rápidamente en el Estatuto de la Pequeña Minería, no solo respecto de este tema, sino también en las condiciones que permitan equiparar y mejorar la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería, que muchas veces compite con la gran minería y a la que se le aplican las mismas normas regulatorias pese a no ser de igual escala o características. Por supuesto.
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