Cámara de Diputados - Personas Mayores - 2 de diciembre de 2025

Estimados diputados, señoras diputadas. Solicito paciencia, porque es una cuenta un poco extensa; han pasado algunas semanas sin sesión y los documentos se han acumulado. Se han recibido los siguientes documentos: - Un oficio del Ministerio de Salud, que informa las medidas implementadas para evitar largas filas en los servicios de salud, destacando la aplicación del derecho a atención preferente para personas mayores, personas con discapacidad y cuidadores. Sobre el particular, se destaca la implementación de Telesalud, que permite solicitar atención sin acudir presencialmente y prioriza automáticamente a estos grupos. - Un oficio, Presidenta, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que responde a un requerimiento de esta Comisión e informa sobre el porcentaje de cumplimiento de la obligación de acceso universal a servicios y establecimientos públicos, según la Ley 20.422. Remite antecedentes proporcionados por Senadis, disponibles al 10 de julio de 2025, y actualiza la información señalando que al 20 de agosto de este año se ingresó a Contraloría un decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2025-2035, actualmente en proceso de toma de razón. - Una nota de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que remite el informe del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SISPER), a octubre de 2025. El informe entrega el listado de avances de la implementación del sistema creado por la Ley 21.500. Se destaca que Carabineros, la PDI y el Ministerio Público avanzan en la interoperabilidad del sistema, la validación de la plataforma web y la corrección de problemas técnicos. - Una minuta remitida por los directores de Pequeño Cotolengo, Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, Hogar San Ricardo y Fundación Coanil, sobre el desfinanciamiento del sistema residencial de adultos con discapacidad. Las fundaciones que administran estas residencias exponen la insuficiencia de la subvención per cápita entregada por Senadis, que cubre solo una fracción del costo real de operación, muy por debajo de lo necesario e inferior a lo que se entrega a residencias para niños, niñas y adolescentes. Valoran el aumento del 15% considerado para 2026 y su proyección para 2027 y 2028, pero advierten que la población adulta con discapacidad intelectual no puede esperar tres años, pues la brecha financiera amenaza la continuidad de los programas. Solicitan que en el presupuesto 2026 el incremento sea de un 30% desde enero, para cerrar la brecha y evitar una crisis como la que enfrenta el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Destacan que las fundaciones entregan un servicio especializado y de mayor calidad a un costo muy inferior al que tendría la administración directa del Estado. - Un oficio de la Municipalidad de Santo Domingo, que, en respuesta a un requerimiento de esta Comisión, informa que la municipalidad cuenta con un programa comunitario de adulto mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, establecido mediante decreto alcaldicio de 4 de febrero de 2025. - Un oficio del Subsecretario de Redes Asistenciales, que remite información correspondiente a la glosa presupuestaria que financia la entrega de pañales a personas mayores y personas con discapacidad con dependencia severa a través de los servicios de salud. - Una nota de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Unidad de Transdisciplina, que envía a la Comisión un policy brief titulado “Rehabilitación en personas tras un ataque cerebrovascular: ¿hacia dónde debemos avanzar?”. El documento busca aportar a la discusión pública en el contexto del Día Mundial de Lucha contra el ACV y propone recomendaciones para mejorar el acceso oportuno, la continuidad y la efectividad de la rehabilitación en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. La universidad destaca su compromiso institucional con la generación de conocimiento útil para la formulación de políticas públicas y pone el material a disposición para apoyar el debate legislativo. - Una carta del Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la Corporación de Universidades Privadas, que responde a un oficio de esta Comisión relativo a una alumna de la carrera de Derecho que expuso en esta instancia y que presenta trastorno del espectro autista. Se aclara el rol institucional del comité: promover la transversalización de la diversidad, la equidad y la inclusión en las universidades, mediante espacios de reflexión, intercambio de buenas prácticas, perfeccionamiento técnico y actividades formativas. Sin embargo, informan que no cuentan con facultades ni atribuciones legales para investigar o sancionar situaciones como la denunciada en instituciones universitarias.

Se informa que carecen de atribuciones para realizar la labor solicitada y recomiendan derivar los antecedentes directamente a la universidad involucrada para su investigación. Finalmente, se ponen a disposición de esta Comisión. Se recibe una nota de un adulto mayor en situación de discapacidad, quien denuncia que su vehículo, adquirido con franquicia de SENADIS, fue objeto de una anotación de embargo en el Registro Civil, pese a que la ley prohíbe aplicar medidas de este tipo sin autorización. Señala que ello afecta su movilidad y autonomía e impide renovar el vehículo tras cumplir los tres años legales. Solicita que se gestione ante el Registro Civil la suspensión de la anotación de embargo. También se recibe una nota de SENADIS, que invita a la Comisión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, actividad cultural titulada “Encuentro de las Artes y la Cultura”, orientada a promover inclusión, participación, accesibilidad y derechos. El evento será el miércoles 3 de diciembre, a las 9:30 horas, en el Centro CAM. Reemplazos: se recibe un reemplazo del diputado Héctor Ulloa por la diputada Carolina Marzán; un reemplazo de la diputada Sofía Cid por la diputada Catalina del Real; y un reemplazo del diputado Andrés Celis por la diputada Carla Morales. Asimismo, se registra un pareo entre la diputada Marisela Santibáñez y don Renzo Trisotti para la votación de esta sesión. Y sería toda la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. A ver, hay varias cosas sobre la cuenta. Respecto del caso de la alumna que vino acá —de verdad fue bastante fuerte lo que escuchamos de acuerdo a su relato—, entendiendo que se nos señala que no se tienen atribuciones, nos dirigiremos directamente a la universidad; haremos llegar la solicitud y veremos a quién más oficiar. Esto no puede quedar en que nadie tiene atribuciones o que no se puede hacer nada; no corresponde. Por otro lado, tenemos la situación de una persona mayor: entiendo que, efectivamente, la ley indica que no puede ser embargado el vehículo, más aún tratándose de una franquicia especial. Por lo tanto, vamos a oficiar tanto a SENADIS como al Registro Civil para que se pronuncien respecto de esta situación en particular y ver cuáles son las acciones para dar cumplimiento a la ley. Esto no es antojadizo. Asimismo, a propósito de lo que se nos ha explicado respecto de las residencias de personas mayores con discapacidad, se entiende que hay una solicitud de aumento de los recursos en un 30% para que no se vea afectado su funcionamiento. Lo tendremos presente; acusamos recibo de esa solicitud en particular. No sé si alguien más quiere intervenir sobre la cuenta; si no, pasamos a asuntos varios antes de ir al motivo de la citación del día de hoy. Puntos varios. Diputada Marlene Pérez; después, el diputado Guzmán. Diputada Pérez.— Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos los integrantes de la Comisión y al secretario. Lamentablemente debo abordar un tema que me imagino pudieron ver a través de las redes sociales y de la prensa: una persona en situación de discapacidad, en Coronel, en la estación del tren, que fue agredida por una guardia de seguridad. Fue muy chocante ver la agresividad; en las imágenes se aprecia cuando la persona es empujada, botada...

Fue agredida y, lamentablemente, la persona quedó en el suelo, porque no llevaba su pase de atención preferente de persona en situación de discapacidad, pese a que estaba en silla de ruedas. Fue un hecho evidente y, por lo mismo, creo que lo ocurrido en el Biotrén fue algo brutal. EFE es una empresa estatal y, por lo mismo, oficié al Ministerio de Transportes para que nos informe los protocolos que tienen las empresas de transporte estatales. Además, solicité una sesión especial, porque no es primera vez y nosotros tenemos leyes que protegen a las personas en situación de discapacidad, leyes que inclusive condenan con cárcel a quienes agreden a una persona en situación de discapacidad. Nosotros, como comisión, aprobamos y la Cámara también una ley de atención preferente y atención digna para las personas en situación de discapacidad, algo que lamentablemente en este caso no ocurrió. Como lo mencionaba, nuestra legislación penal sanciona incluso con cárcel a quienes maltratan y agreden a las personas en situación de discapacidad. EFE dio una declaración en donde mencionó que se trataba de una empresa externa de seguridad y que pidieron la desvinculación de la persona que agredió a esta persona en situación de discapacidad, lo que a mí me parece insuficiente. Creo que debemos ser súper categóricos y no aceptar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Por eso, me gustaría pedir a la comisión que también oficiemos como comisión al ministerio y veamos qué medidas se tomaron finalmente respecto a este hecho tan grave que ocurrió en Coronel, comuna que yo además represento como diputada. Lamento mucho lo que está viviendo la familia; esto no puede seguir ocurriendo. Espero que todos los comités y todos los parlamentarios, independiente de la bancada, podamos apoyar esta sesión especial para que, de una vez por todas, abordemos este tema y hablemos de una vulneración tan delicada como la que muchas veces sufren las personas en situación de discapacidad en el transporte público y en muchos servicios públicos que deberían dar el ejemplo en el trato a las personas con discapacidad. Solo eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Pérez. Me sumo a sus palabras y, como comisión, no podemos permitir que esto quede sin conocimiento de sanciones y de los procedimientos que se deben adoptar para que no se vuelva a repetir y no se replique en otros estamentos del Estado. ¿Les parece que tomamos el acuerdo, entonces, para oficiar, en los mismos términos solicitados por la diputada? Muchas gracias. Diputado Jorge Guzmán. Presidenta, muy buenas tardes. Saludo a los miembros de la comisión, a los invitados y a la secretaría. Usted es testigo, al igual que todos los colegas, de la lucha que hemos dado para que se mantenga el programa Más Adulto Mayor Autovalente (Más AMA). Este programa está presente en más de 260 comunas de Chile; son más de mil las duplas de profesionales que atienden y han atendido a cerca de dos millones de personas mayores en el país. Hemos visto las movilizaciones de las personas mayores y de los equipos, y finalmente también conseguimos más de 100 firmas transversales de la Cámara de Diputados, pidiéndole al gobierno mantener el programa en la forma en que estaba. Finalmente, nos vimos en la obligación de aprobar la Partida 16, la partida de Salud, que además incorporó una referencia explícita al programa Más AMA. Pero igualmente quedó algo dando vueltas que ha generado muchas dudas e incertidumbre, sobre todo en las personas mayores y en sus profesionales. Voy a leer textual cómo quedó en la Ley de Presupuestos: “La Subsecretaría de Redes Asistenciales informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado el rediseño, ejecución y evaluación que se realiza en el programa Más Adulto Mayor Autovalente y de los cuatro o más programas que se integrarán”. Esto teníamos que aprobarlo; no teníamos posibilidad de rechazar la partida. Pero, claramente, el que quede establecido un rediseño genera incertidumbre: ¿qué significa este rediseño? Es lamentable también contarle a la comisión que en algunas comunas de Chile se ha notificado el término de los contratos a las duplas de profesionales, lo cual, obviamente, está generando movilizaciones.

Señora Presidenta, he estado revisando las notificaciones y, efectivamente, al tratarse de contratos a plazo fijo, se ha notificado el término del plazo, dejando abierta la posibilidad de recontratación del personal. Sin embargo, todo lo que hemos sabido genera dudas. Por lo mismo, llamé a la ministra de Salud, quien me señaló que está disponible para asistir. Solicito que citemos a la ministra y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que vengan a explicarnos. ¿Qué va a pasar con el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Más AMA)? ¿A qué se refieren con el “rediseño”? ¿Cuál es el sistema o qué pretenden hacer? ¿Estarán los recursos disponibles a partir de enero? Los contratos no pueden partir en marzo; deben tener continuidad. Es clave también saber qué ocurrirá con el programa Vida Sana y con otros programas sobre los cuales, en algún minuto, se habló de fusionar. Seguimos en un ambiente de mucha incertidumbre, Presidenta, y necesitamos que la autoridad sanitaria venga a aclarar esta situación, sin rodeos, indicando claramente cuándo empieza el programa, cuáles son los recursos disponibles, qué pasa con los profesionales, de qué se trata el rediseño; que no se nos siga enredando con esto. El ministro Grau fue bastante explícito en la comisión, se comprometió ante la Sala y dijo que el programa Más se mantiene; lo hemos dejado en forma expresa en la Ley de Presupuestos. Pero, insisto, la sola inclusión de la frase “rediseño” ha generado mucha incertidumbre entre los profesionales. Por tanto, solicito el acuerdo, Presidenta, para invitar a la ministra de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la próxima sesión, a fin de que expliquen en detalle qué pasa con el Más AMA y con los otros programas que eventualmente se planteaba fusionar o incorporar, cómo se va a llevar, y qué ocurre con los profesionales y con los beneficiarios. Señora Presidenta, sobre el punto: también he estado preocupada por la situación del Más AMA. Ayer tomé contacto porque nos informaron desde algunos lugares que se estaría despidiendo personas y había preocupación. Se me informó, y de hecho se me envió, la comunicación remitida el día viernes a los municipios sobre el Más AMA, reiterando —esto es textual— que los recursos destinados a las personas mayores, en particular a las acciones del Más Adultos Mayores Autovalentes, se encuentran debidamente resguardados; que el Ministerio de Salud, en coordinación con la DIPRES, está perfeccionando el mecanismo presupuestario y ajustando los objetivos, sin afectar las actividades, las prestaciones ni los recursos humanos asociados. Es muy claro el mensaje enviado a las municipalidades. Lo digo porque ya tengo esa información disponible. Me parece correcto que citemos a la ministra; si ella no puede asistir, que venga la subsecretaria, y que además nos remitan esto por oficio. Es importante una comunicación clara, porque hay dudas, pero hasta ahora se nos ha mostrado un compromiso expreso y bastante nítido, ratificado mediante comunicación formal a los municipios. Mejor aún si lo aclara la propia ministra. Señora Presidenta, también quisiera señalar que acá ha circulado información engañosa. El ministro fue muy claro: nunca habló de fusionar ni de rediseño. Sin embargo, como bien se ha dicho, en la ley aparece la referencia a la fusión de varios programas, y ¿saben lo que va a pasar? Que la atención que se necesita y el enfoque del programa Más AMA se va a dispersar en otros proyectos, y eso no es lo que corresponde. Él se comprometió derechamente a que los recursos estaban; muchos de nosotros lo anunciamos en nuestras redes sociales y lo celebramos. Hoy, agrupaciones de distintas comunas y regiones se están articulando; inclusive el día jueves se convocará a un movimiento y están citando a algunos parlamentarios, porque no podemos aceptar que se hagan cambios después de los compromisos adquiridos y de que, como parlamentarios, hayamos anunciado con alegría que logramos asegurar los recursos para mantener el programa. Por eso es importante que la ministra venga, y que no lleguemos el próximo martes a que nos informen que no pudo asistir y sigamos con esta incertidumbre. Finalmente, quiero señalar que, justamente, tengo conversaciones con el ministro Grau. Fui a la Comisión Mixta en el Senado —aun cuando no me correspondía— para corroborar y confirmar lo que él señaló.

Públicamente, después lo ratificaron en la Comisión Mixta. Yo lo dije, él lo volvió a leer explícito: que el programa Más AMA quedaba tal cual, que no era un rediseño, no había absolutamente nada. De hecho, le envié un pantallazo que me mandaron algunas dirigentas que estaban en reuniones con Minsal y con otros organismos en ese minuto, en plena discusión de presupuesto, y que no tenían certeza; incluso les habían dicho que el ministro estaba diciendo que eso iba a ser, pero que no era así. Volví a insistir con el ministro cuando volvimos a la sala. He estado haciendo seguimiento a eso justamente para dar certezas, porque, a pesar de lo que dijo, y él también lo repitió casi molesto, fue súper tajante: no hay ningún movimiento respecto al Más AMA, se mantiene tal cual, va a tener una glosa. De hecho, a mí la Directora de Presupuestos me lo dijo en la Comisión Mixta: hay una glosa específica, casi como que estaba más protegido que antes; esas fueron sus palabras. Entonces, que hoy día sigamos con esta angustia de verdad nos afecta a todos. ¿Qué decimos nosotros, que hemos ido a luchar por estos recursos, que hemos dado la cara y esto ha sido de manera transversal? Aquí estamos hablando, diputadas y diputados, de todos los sectores, y hemos tratado de traspasar la certeza y la tranquilidad de que no va a haber ningún movimiento, no habrá modificaciones. Por tanto, me sumo a la solicitud que se ha hecho, pero creo que igualmente alguien de la DIPRES o el propio ministro debe venir a nuestra comisión para poder dar certezas y tranquilidad, y que esa glosa específica, como la vayan a dejar en el presupuesto, quede aquí transparentada para que todos quedemos con tranquilidad. Porque, si no, vamos a estar todos estos días hasta la próxima sesión con la misma incertidumbre, y yo espero que no vuelvan a justificarse. Por favor, de verdad hago una solicitud desde aquí para que quienes citemos desde el Ejecutivo vengan, estén presentes y, dependiendo de cada una de las áreas, justifiquen y ratifiquen lo que se nos dijo en sala, lo que se nos prometió y lo que hoy día nos mantiene de nuevo en la misma angustia de antes del presupuesto. Eso no puede ser. Diputado Guzmán. Presidenta, comparto todo lo dicho. También tuve la misma conversación con el ministro Grau. Cuando votamos presupuesto nosotros cerramos un acuerdo de caballeros; aprobamos también otras partidas que estaban en juego, entendiendo que se reponían todos estos programas. Ellos nos plantearon que había que hacer una adecuación de objetivos, podemos entender eso, pero que no iba a afectar nada de lo que ya estaba. Así que, Presidenta, comparto que aquí tiene que venir la DIPRES, tiene que venir la Subsecretaria de Redes Asistenciales, tiene que venir la Ministra a explicarnos esto. Pero también esto se soluciona con un oficio del Ministerio de Salud a los Servicios de Salud de cada una de las regiones, y desde el Servicio de Salud a cada una de las comunas, explicando qué pasa con el Vida Sana, qué pasa con el AMA, qué pasa con el DIR. Porque yo tengo información, Presidenta, que no la tengo ratificada —por eso prefiero decirlo con cautela—, pero que ya hay desvinculaciones en comunas como María Pinto, Quinta de Tilcoco, Limache, Coronel, San Miguel, Arica, Ñuñoa, Lo Barnechea, Pitrufquén, Hualqui, Chiloé, San Antonio y Maule. Si se están tomando decisiones de desvinculación porque hay incertidumbre, o porque se entregó una información previa a la votación de presupuesto, eso se desmiente con un oficio como el que acaba de leer la diputada Camila Rojas, y que debiese estar en todos los Servicios de Salud de todas las regiones, diciendo: se renueva el programa. Porque la decisión de desvinculación, según la carta que yo estoy viendo, tiene que ver con el término del ejercicio presupuestario —se entiende, es un contrato a plazo fijo—, pero debiesen inmediatamente notificar que están renovados a partir del 1 de enero. Esa es una bajada que tiene que dar el Ministerio. Entonces, cuando el Ministerio deja abierto —y en lo que leyó la propia diputada Rojas— cierta incertidumbre, los municipios no quieren tomar decisiones sin tener los antecedentes claros. Por eso, Presidenta, comparto y creo que es bueno que llamemos directamente a la Ministra. Yo le dije que íbamos a pedir que la citaran; me dijo que ella iba a asistir. Pero es muy importante que ese oficio sea tramitado con forma urgente y, desde ya, pedir en el mismo oficio que el Ministerio haga llegar la información a los Servicios de Salud de cada una de las regiones, para efecto de que esta información baje a los equipos, a las duplas, a los profesionales que están a cargo de todos estos programas, que hoy día están en la incertidumbre de entender que el programa se acabó. Eso es lo que le llega también a las personas mayores y, al final, se van a movilizar. Como bien dijo la diputada Pérez, el día jueves hay una manifestación pacífica, como corresponde, con el legítimo derecho a manifestarse, en La Moneda, para exigir que esto también se aclare. En el fondo es transparencia, es tener claridad, certeza, porque todavía sigue... Sí, diputada. Cuando nosotros invitamos, Presidenta...

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, envió a esta comisión a una funcionaria. Ella señaló lo consignado en la Ley de Presupuestos: que habrá una fusión de programas; que el programa no va a desaparecer, sino que se fusionará y seguirá funcionando; y que, en definitiva, se mantendrá lo propuesto en primera instancia, que fue lo que finalmente quedó en el papel. Lo importante aquí es que se aclare y se entregue información transparente, porque las personas mayores no se merecen todo lo que han vivido desde que se enteraron de que podían perder este programa, que ha sido muy bien evaluado no solo por las personas mayores y por sus usuarios, sino también por los municipios, las DAS y los alcaldes. Todos están conformes con un programa muy significativo para las personas mayores. Hoy, con el presupuesto ya aprobado, hubo un acuerdo de palabra por parte del ministerio, y en lo personal manifesté una gran alegría por haber logrado finalmente los recursos para este programa que tanto quieren los adultos mayores. No podemos seguir jugando con las personas mayores. Vamos a ratificar entonces el envío de oficios y la citación para la próxima sesión a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, solicitando que remitan la información pertinente. Se toma el acuerdo. Quisiera tomarme unos minutos para formular una solicitud. La Ley N° 21.690, que reforma la Ley N° 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad, publicada en agosto de 2024, mandata al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a publicar un reglamento dentro de un año desde su vigencia; es decir, el 25 de agosto debiese estar publicado el reglamento que aterriza la reforma y entrega claridad relevante para que empresas y organismos públicos cumplan con ella. Eso no ha sucedido hasta el día de hoy. Por ello, solicitamos oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que informe sobre este asunto, en particular remitiendo los detalles de los nuevos aspectos normativos introducidos por la reforma. Enviaremos el detalle de lo requerido. Actualmente, solo el 23% de las empresas cumple; por falta de soporte o de información clara y oportuna, año a año no se da cumplimiento a lo establecido, lo que afecta a todo el ecosistema de inclusión laboral de personas con discapacidad. En rigor, necesitamos esa información: no sabemos si se cumplió con el reglamento ni cómo se está aplicando hoy la ley. Se propone tomar el acuerdo para oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto del reglamento vigente de la ley. —Perfecto, se toma el acuerdo—. Remitiré el detalle. Muchas gracias. Pasamos entonces a lo que nos convoca el día de hoy: iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que fortalece la protección de personas mayores, personas con discapacidad y personas neurodivergentes en el transporte remunerado de pasajeros, Boletín N° 17584-35. Para estos efectos, se encuentra citado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Asisten el Subsecretario de Transportes, don Jorge Daza, y la Directora Ejecutiva de CONASET, señora Luz Infante Acevedo, quienes participan de manera telemática. Tiene la palabra el Subsecretario. —Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo a todas las diputadas y a todos los diputados presentes. Quisiera partir por…—

Quisiera hacerme cargo de lo planteado por la diputada Pérez. Los hechos ocurridos en el Biotrén son condenables y, por cierto, no los compartimos. Es importante llegar al fondo e instruir las investigaciones que correspondan, porque como Gobierno y como Ministerio no avalamos ese comportamiento. Evidentemente, en el Biotrén hemos hecho esfuerzos relevantes, por ejemplo, estableciendo gratuidad para las personas mayores y para las personas con discapacidad; de hecho, es de los pocos sistemas de transporte en Chile que otorga ese beneficio. Por lo mismo, lo ocurrido no se condice con el trabajo que se realiza en el Biotrén. En consecuencia, estos hechos no deben volver a repetirse. EFE tampoco los comparte y, en primer término, se ha solicitado la separación de la persona involucrada, de modo que no continúe trabajando en la red del Biotrén. Asimismo, EFE tomó contacto con la persona afectada para brindarle asistencia y emitió, el mismo día, un comunicado condenando los hechos y señalando las medidas a adoptar como empresa. Quería dejarlo expresado, señora Presidenta, porque en esta Comisión es particularmente relevante. En cuanto al proyecto, en la discusión en particular y de cara a la votación, corresponde señalar lo siguiente respecto del punto número uno: no existe un examen que acredite que una persona sea consumidora habitual de drogas. Sí hay pruebas que permiten determinar si una persona consumió o no drogas en un período determinado, pero no hay un examen que establezca la habitualidad. En ese sentido, lo efectivo es implementar controles permanentes en el tiempo que permitan detectar consumos de drogas o alcohol incompatibles con la conducción de vehículos. Adicionalmente, es importante analizar en el proyecto quién debe asumir los costos de esos controles. No es un asunto menor: los exámenes de drogas son caros. El examen de alcoholemia es más económico y Carabineros lo aplica de manera masiva; en cambio, los exámenes de drogas generalmente se realizan mediante controles aleatorios por su mayor costo. Si se quisiera establecer su aplicación a todo el sistema de transporte, debemos discutir quién va a incurrir en ese gasto. Como punto número dos, nosotros...

Gracias, Presidenta. Creemos que las municipalidades hoy día tienen una recarga importante en materia de licencias de conducir, y en ese sentido, reducir el tiempo de vigencia de cuatro a dos años sería problemático, porque aumentaría la carga en la propia obtención y renovación de la licencia. Nos referimos a la licencia de conducir profesional. La reducción del plazo tampoco contribuye a mejorar los controles, porque ya existe un control cada cuatro años, y a nosotros nos cuesta, en el sistema de transporte público, conseguir conductores; tenemos un déficit de conductores y conductoras en todo el sistema. Agregar un elemento más de estas características, que podría de una u otra manera retrasar el proceso en las municipalidades, sería perjudicial para que más personas se incorporen como conductores profesionales. Hoy día, además, tenemos una competencia importante de otros sectores, como las regiones mineras: muchos conductores que estaban en el transporte público han migrado a la minería y no tenemos la capacidad de retenerlos. Por lo tanto, reducir de cuatro a dos años podría agravar el problema de obtención de conductores profesionales. Respecto del punto número 3, consideramos adecuado agregar al artículo 33 y especificar de mejor manera los contenidos; ello no debiera afectar la obtención de las licencias de conducir profesional. En el número 4, compartimos incorporar contenidos relativos al trato hacia las personas, especialmente hacia quienes tienen discapacidad o son neurodivergentes. Que estos contenidos se impartan de manera específica en los cursos para obtener la licencia profesional agregaría valor y mejoraría la capacitación para reaccionar ante diversas situaciones. Ahora bien, advertimos un déficit en el proyecto: es necesario establecer cuáles serán las sanciones para las empresas y para las personas, porque el texto no precisa qué sanciones se aplicarían frente a los incumplimientos que se señalan o se incorporan. Eso, Presidenta, como primera intervención. Perfecto, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación respecto de lo expuesto? Gracias, Presidenta. Solo señalar que, si bien lo aprobamos en general, varios de los puntos que plantea el Subsecretario fueron objeto de comentarios nuestros. Y ahora que llegó la diputada Pérez, quería saber si el Subsecretario tiene conocimiento de otro proyecto que trate materias similares respecto de modificar la normativa.

Respecto del proyecto que se estaba viendo en la Comisión de Transportes, de acuerdo a lo planteado por la diputada Pérez, para no repetir y, en definitiva, si estos mismos temas están siendo abordados en el otro proyecto, se pudiera realizar algún tipo de fusión. Gracias, diputado Trisotti. Aclarar que —y puedo quedar por obstinada— en esa discusión nosotros entendemos que los proyectos que se estaban viendo en Transportes quedaron abandonados; quedaron durmiendo, no se vieron más. Entiendo, porque preguntamos, que se suponía que el Ejecutivo se iba a hacer parte, a colocar indicaciones sustitutivas o que de alguna manera eso iba a avanzar, y hasta el día de hoy eso no ocurrió. Por eso empujé a que este proyecto pudiera avanzar. Hoy estamos en esta discusión; creo que es importante que podamos avanzar en el proyecto. Y, haciendo mención a lo que usted indicaba sobre retener a los conductores profesionales y la problemática que hay, creo que una de las razones principales de que algunos conductores no se queden en el sistema público son las condiciones laborales. Obviamente ven en una empresa minera o en cualquier otra una posibilidad económica mayor, y eso los hace irse. No necesariamente por un test, por ejemplo; en la minería realizan muchos más test que en el transporte público, donde son sumamente aleatorios. Uno entiende que hay costos asociados, pero si no lo hacemos siempre vamos a tener esta brecha de algunos conductores que van a ser irresponsables y que les va a costar la vida a personas, como está en el origen de este proyecto, que representa muchas realidades, no solo lo ocurrido en el Biobío. Esto para aclarar por qué es necesario avanzar en la modificación legislativa; por supuesto que es importante que el Ejecutivo se hubiese hecho parte desde el principio, no solo con la crítica, sino también en cómo poder mejorar el proyecto o cómo podemos avanzar. Por otro lado, respecto de la renovación, entendemos que pospandemia hay complicaciones en la entrega de licencias. Pero acá hay una licencia en particular, la profesional, y quizás podríamos acotarla al transporte público como actividad. Antiguamente estaban las clases A1 y A2, que diferenciaban las licencias profesionales, y quizá ahí hay una opción. ¿Por qué es necesario renovar a dos, tres o cuatro años? Creo que es un espacio de conversación, pero se debe llevar a cabo el debate para ver cuáles son las mejoras que hay que hacer al sistema para contar con estos actores profesionales del sistema público de locomoción colectiva. Es importante enfocar lo que estamos hablando en lo que realmente busca el proyecto; no en el ámbito generalizado de las licencias de conducir profesionales cualquiera, porque no es lo mismo que un camión: estamos transportando a ciudadanos, principalmente —en este caso lamentable— personas mayores o personas con discapacidad, que han fallecido en este tipo de accidentes por consumo de drogas de choferes del transporte público. Quería ser más explícita en esto porque creo que ese es el foco y la razón de este proyecto. Podemos hacer muchas otras modificaciones, y se entiende, pero acá debemos enfocarnos en cómo mejoramos esto en particular, que hoy es un problema público. Por eso es tan importante que usted esté presente y nos pueda ayudar para sacar adelante este proyecto. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. También en el mismo ánimo, porque uno entiende que un proyecto de estas características busca resolver una dificultad que existe, y en ese sentido no es antojadizo, y no me gustaría que quedara la sensación de que nosotros estamos en contra de avanzar en un proyecto de estas características. Lo que a nosotros nos corresponde, más bien como ente técnico respecto de esto, es señalar los elementos que ya existen en la ley y algunos que se podrían perfeccionar.