Cámara de Diputados - Sesión de Sala - 26 de noviembre de 2025

De pie, para empezar esta sesión en nombre de Dios y de la Patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión 84 se declara por aprobada. El acta de la sesión 85 queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos: - Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. - Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. - Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la ley...

Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de simple, para el despacho de los siguientes proyectos: - El que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. - El que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que indica. Oficio del Senado, por el cual informa que ha tomado conocimiento de la acusación constitucional declarada admisible por la Cámara de Diputados en contra del exministro de Energía, señor Diego Pardou Lorenzo, por la causal de infringir la Constitución o las leyes, establecida en la letra b) del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, y que, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 1 del artículo 53 de la Carta Fundamental, no acogió la referida acusación por no reunirse el quórum constitucional exigido al efecto, respecto de ninguno de los dos capítulos del libelo acusatorio. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón y Cordero y del diputado señor Castro, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la jornada laboral de los trabajadores del cine y el audiovisual. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Astudillo y Ahumada y de los diputados señores Bernales, Castro, Venegas y Winter, que modifica diversos cuerpos legales en materia de compensación por cortes no autorizados de suministro eléctrico e información al cliente. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Rivas, que modifica la Carta Fundamental para otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, Araya (don Jaime), Celis y Mulet, y de las diputadas señoras Ahumada, Cid, Ossandón y Riquelme, que exige a las empresas mineras mantener, en la región del yacimiento, un centro de comando y operación remota con trabajadores residentes en dicha región. Eso es todo, Presidente. Gracias; estaba firmando la autorización para las gift cards de las secretarias de cada uno de estos parlamentarios. Palabras sobre la Cuenta. No hay palabras sobre la Cuenta. Iniciado el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia, correspondiente al Boletín N° 16.481-25. Para la discusión de este proyecto se otorgarán hasta cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado don Jorge Alessandri. ¿De Constitución? No, alguien de Seguridad Ciudadana. Don Jaime Araya, si puede, por favor, hacer uso de la palabra y leer el informe. Ahora sí. Honorable Cámara, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. Boletín N° 16.481-25. El proyecto de la referencia se origina en moción de los senadores señores Rodrigo Galilea, José García, José Manuel Ossandón y Rafael Prohens. El fundamento del proyecto consiste en extender el plazo que determina el concepto de “tiempo inmediato” transcurrido entre la comisión de un delito, para efectos de la situación de flagrancia, en ciertas hipótesis, de 12 a 24 horas, cuando la detención sea realizada por agentes policiales. Se reconoce que el Ministerio Público y las policías han realizado grandes esfuerzos para tecnificar y generar las condiciones necesarias para perseguir los delitos con la mayor eficacia; no obstante, las técnicas delictuales son cada vez más sofisticadas.

Se trata de modalidades delictivas intrincadas y complejas de perseguir, razón por la cual resulta indispensable extender el actual plazo de 12 horas de flagrancia, a fin de que las policías puedan practicar detenciones, aumentando la eficiencia y la eficacia del sistema de seguridad en lo relativo a la gestión y persecución penal. Chile requiere una mirada pragmática de la seguridad, que permita enfrentar el fenómeno delictual de manera rápida y oportuna, otorgando una respuesta eficiente al ciudadano y mejorando la oferta de seguridad pública para disminuir la sensación de inseguridad. Por lo anterior, se concluye que es indispensable aumentar el tiempo de la flagrancia de 12 a 24 horas para arrestar al infractor penal y ponerlo a disposición de la justicia. Por mayoría, con los votos a favor de las diputadas Lorena Fríes y Alejandra Plasencia y de los diputados Henry Leal y Andrés Longton, y con la abstención de la diputada Maite Orsini, la Comisión de Seguridad Ciudadana propone las siguientes adiciones y enmiendas: - En el artículo único N° 2, literal a), reemplázase en el inciso primero del artículo 83 la expresión “Policía Marítima” por “Autoridad Marítima”. - Incorpórese el siguiente inciso segundo nuevo en el mismo artículo: “Si se produce la entrega voluntaria prevista en los literales e) y f), se adoptarán las medidas necesarias para resguardar la integridad y debida custodia de los registros, y se entregará a quien haya facilitado el registro un acta con el día y la hora de la entrega, la identificación de la persona que la efectúa y la del funcionario que la ha solicitado. Si la persona se negare a efectuar la entrega, se pondrá el hecho en conocimiento del fiscal, a fin de que éste evalúe proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9°”. - Sustitúyese el literal f) y agrégase el siguiente inciso final nuevo: “Las actuaciones señaladas en el inciso primero podrán ser realizadas por personal de Gendarmería, únicamente dentro del ámbito de sus competencias, conforme a su ley orgánica respectiva”. - Incorpórase un numeral tercero para reemplazar, en el inciso primero del artículo 85, la frase pertinente, precisando que los funcionarios policiales señalados en el artículo 83 son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. - Reemplázase el inciso segundo del artículo 130 por el que sigue: “Para los efectos de lo establecido, se entenderá por ‘tiempo inmediato’ todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de 24 horas cuando la detención se practicare por agentes policiales, o más de 12 horas cuando fuere realizada por cualquier otra persona. Tratándose de los delitos previstos en el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, se entenderá por ‘tiempo inmediato’ todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de 48 horas”. Por las razones señaladas, esta comisión recomienda la aprobación del proyecto. Es todo cuanto puedo informar. Gracias. Doña Marta Bravo. Entonces, don Miguel Becker tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Saludo a las diputadas y diputados presentes y al personal de la Corporación por su trabajo diario. Estimadas y estimados colegas, hablar de seguridad a pocos meses de que termine este Gobierno es hablar de una herida abierta, especialmente en La Araucanía, una región donde la violencia deja de ser noticia para convertirse en rutina; donde agricultores, emprendedores y trabajadores viven mirando a los lados antes de subirse a una camioneta u otro medio de movilización. Y, mientras tanto, aquí seguimos discutiendo decretos insuficientes y proyectos que llegan tarde, mal y nunca. Permítanme ser claro y directo, como corresponde a quien viene de La Araucanía y conoce el terreno: sin tecnología, sin inteligencia y sin un Estado que se tome en serio la persecución penal, da lo mismo si la flagrancia es de 24 o de 48 horas, porque si la policía no tiene las herramientas para saber dónde están los delincuentes, queda inhabilitada. En La Araucanía los grupos violentos operan con drones, radios encriptadas y conocimiento táctico.

Más que el Estado. ¿Y nuestro Estado qué tiene? Drones que están sin volar, sin operar; sistemas que no conversan entre sí; y una inteligencia de Estado frágil, sin capacidad real de anticipación. Esto es lo que permite que se sigan incendiando maquinarias, se destruyan predios, se amenace a familias completas y que, en los caminos secundarios, los ataques ocurran antes de que las patrullas reciban siquiera la alerta. Por eso digo, con toda responsabilidad: nada sirve si el Estado está ciego y sordo. Sin inteligencia operativa, sin análisis de datos, lo único que hacemos es llegar siempre después, siempre tarde. A mis años en el Ejército, aprendí algo básico: el que controla la información controla el terreno. Y en Chile, lamentablemente, grupos violentistas nos llevan la ventaja. Por eso, señor Presidente, La Araucanía no puede esperar a que este Gobierno siga improvisando. A este Gobierno le queda poco tiempo de mandato, el 11 de marzo de 2026, y no hemos visto la voluntad con la seriedad que amerita. El tiempo corre, Presidente, y mientras corre el tiempo, corre también la violencia. Si de verdad queremos que la flagrancia funcione, partamos por lo esencial y dotemos especialmente a los equipos en La Araucanía de un sistema de inteligencia robusto, profesional, moderno y coordinado. Sin estos ojos y oídos tecnológicos, ninguna policía podrá detener; ningún plazo de flagrancia podrá suplir lo que el Estado no es capaz de anticipar. Dios salve a Chile, Presidente. Araucanía, mi querida región de La Araucanía. Gracias, Presidente. Buenos días. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Iorana, muchas gracias, Presidente. Las dificultades para investigar delitos en flagrancia en el país, y en particular en el Gran Valparaíso, incluyen la necesidad de garantizar una respuesta policial rápida y eficiente, la cual a menudo se ve comprometida en áreas urbanas; la dificultad para reunir pruebas suficientes de forma inmediata; y la posible falta de recursos policiales. Estas dificultades son un obstáculo significativo en la identificación de los delincuentes, especialmente en el caso de ciudadanos chilenos sin registros de huellas dactilares o de extranjeros en situación migratoria irregular. Aproximadamente solo un 5% de los detenidos en flagrancia en la región tenía sus huellas registradas en un punto de control específico, lo que dificulta el seguimiento de sus antecedentes. Reportajes y centros de estudio locales han señalado cifras alarmantes de inseguridad en Valparaíso y la impunidad en el actuar de los antisociales, lo que refleja una insatisfacción ciudadana general con el sistema de persecución penal, incluyendo la respuesta a estos delitos flagrantes. Casos de alto perfil, como la fuga de reos de la cárcel de Valparaíso, han derivado en investigaciones penales y administrativas, lo que sugiere posibles fallas en los protocolos y en la actuación de funcionarios, incluso en situaciones que deberían ser de control inmediato. La ineficiencia en la pesquisa de delitos en flagrancia en la región de Valparaíso es un problema complejo que se atribuye a diversas causas sistémicas, incluyendo la falta de fiscales y recursos del Ministerio Público, problemas en la coordinación interinstitucional y la sobrecarga del sistema judicial. La proliferación de asentamientos irregulares y la alta densidad poblacional en zonas urbanas facilitan el asentamiento de redes criminales y dificultan el control estatal, lo que complejiza la labor policial en la detección y detención de estos delitos flagrantes. El aumento del crimen organizado en la región, que involucra tráfico de drogas, uso de armas y extorsión, presenta desafíos investigativos significativos. Estos delitos complejos requieren estrategias especializadas, como la implementación del SACFI, y la flagrancia puede ser solo un punto de entrada a estructuras criminales más difíciles de desarticular, lo que requiere más recursos y también mucho más tiempo. Esta iniciativa tiene por finalidad ampliar y precisar facultades de las policías.