Señoras y señores senadores y diputados, se abre la sesión para efectos de elegir presidente o presidenta. ¿Hay alguna proposición? Se ha propuesto a la senadora Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda. ¿De acuerdo, colegas? Muchas gracias. Soy la única mujer, por eso me eligieron.
Secretaria, ¿nos daría un relato de la situación en la que nos encontramos? Los parlamentarios tienen frente a sí, como documentos, el oficio de la Cámara de Diputados en que se consignan las enmiendas que fueron rechazadas y pasaron a comisión mixta, y cuentan además con un comparado preparado por nuestra Oficina de Presupuestos, donde está el detalle de las normas.
Dentro de las normas que pasaron a comisión mixta, el oficio señala que, en el articulado, se rechazaron: el reemplazo de la oración final del número 11 del inciso primero del artículo 13; la incorporación de los artículos 37 y 45; el reemplazo del artículo 52; y la incorporación de los artículos 57, 58 y 59 nuevos. Se rechazó asimismo el reemplazo de la Partida 02, Congreso Nacional. En la Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, se rechazó lo relativo al Capítulo 05, Instituto Nacional de la Juventud. En la Partida 29, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se rechazaron las asignaciones relativas a sitios de memoria: Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional; Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas; y Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua; así como la asignación 003 del Fondo Programa Sitios de Memoria. Asimismo, se rechazó el reemplazo de la Partida 32, Ministerio de Seguridad Pública. Esas son las enmiendas del Senado rechazadas por la Cámara de Diputados y que pasaron a comisión mixta, Presidenta.
Le damos la palabra al ministro. Gracias, Presidenta. Si le parece, puedo hacer un planteamiento general respecto de cómo el Ejecutivo ve un posible acuerdo para ir bien al grano y partir, por supuesto, por agradecer cómo ha sido todo este proceso. Yo diría que, posterior al debate más difícil y al desencuentro que tuvimos en la Comisión Especial Mixta...
Con posterioridad ha habido un muy buen trabajo, tanto en la Cámara como en el Senado, que nos ha permitido mejorar de manera sustantiva, a nuestro juicio, la Ley de Presupuestos, aun cuando sabemos que subsisten ciertas diferencias. Hemos sido capaces de construir un acuerdo a pesar de ellas, diferencias que se seguirán expresando respecto de algunos elementos del presupuesto. Tal vez la prueba más palpable de aquello es que tenemos un conjunto de temas bastante acotados para ser discutidos en la Comisión Mixta. Ese es el primer planteamiento que me gustaría realizar.
Luego, respecto de los contenidos específicos —y no me voy a referir a todo, porque son muchas materias— me voy a centrar en los aspectos más sustantivos que, a nuestro juicio, nos podrían permitir llegar a un acuerdo. Lo primero, Presidenta, es que nos gustaría que fuéramos capaces de avanzar en lo que está rechazado en cultura, en la Partida de Cultura del Ministerio correspondiente. En el Senado habíamos construido una cierta visión común, y para nosotros fue muy sorpresivo que esa visión común no se reflejara en la votación del Senado en dos ámbitos bien específicos: uno, el hecho de que se rechazó completamente el Pase Cultural, a pesar de la disposición del Ejecutivo de reducir su financiamiento; y, dos, que se rechazaron un conjunto de sitios de memoria. La mayoría de esos rechazos fue revertida en la Cámara de Diputados, no así en el caso de la Fundación Presidente Salvador Allende.
Entonces, lo primero que nos gustaría es, ojalá, poder recuperar un diseño común en cultura que incorpore estos dos elementos: sitios de memoria y Pase Cultural. Podríamos hacer una propuesta concreta respecto de una reducción del Pase Cultural —además de lo que ya hemos planteado— que nos permita financiar otros aspectos relevantes de esta Comisión Mixta que describiré más adelante. Esto va en línea con lo que propuso, de hecho, la oposición en el Senado: que el presupuesto del Pase Cultural esté más alineado con su tasa de uso. Eso es lo que propondríamos en el caso de reponer la discusión del Pase, que, dicho sea de paso, al haber sido rechazado en ambas Cámaras, entendemos requiere unanimidad. Para que lo conozcan nuestros colegas diputados: desde la oposición, tal como señaló el ministro, la propuesta no era eliminar el Pase Cultural, sino llevarlo al monto de lo que efectivamente fue su uso. ¿Por qué? No porque estemos en contra del Pase, sino porque creemos que hoy hay otras urgencias y, si no se usó más, redirijamos esos recursos a otros ámbitos.
Senador Macaya: Sería útil, para esa discusión en particular del Pase Cultural, saber si se tiene el dato de la ejecución. He tenido la oportunidad de conversar con la ministra Carolina Arredondo y ella me indica que esto se empezó a implementar en junio o julio de este año. ¿Hay una proyección de cuántos usos? Y explicar un poco cómo opera: cuáles son los beneficiarios. Entiendo que el 90% de sus usos son en librerías. Si está bien sujeto al riesgo de fraude, son cuestiones relevantes respecto del instrumento en sí, para entenderlo.
Ministro: Sí. Un resumen de lo que ya hemos hecho y dónde está la discusión, y voy inmediatamente al punto que planteaba el senador Macaya, por su intermedio, Presidenta. Inicialmente, respecto del Pase, propusimos aumentar sus beneficiarios en dos grupos: jóvenes y adultos mayores. Ahora bien, cuando uno observa las tasas de uso, por distintas razones los jóvenes lo están utilizando mucho más y se está utilizando muy poco en adultos mayores, probablemente porque la forma en que los adultos mayores acceden a cultura es a través de otros mecanismos, por ejemplo, más relacionados con la oferta cultural que entregan los municipios, en fin. Entonces, lo primero que hicimos, reconociendo esa realidad —y en parte porque esto se implementó en una parte ya avanzada de este año—, fue ir aprendiendo del funcionamiento del instrumento al mismo tiempo que hemos estado en la discusión presupuestaria.
Entonces, recogiendo esa realidad, lo primero que hicimos fue decir: vamos a mantener la extensión de usuarios, que es básicamente ampliarla a más edades de gente joven, y excluir a los adultos mayores. Eso implicó una rebaja, si recuerdo bien, de alrededor de ocho mil millones de pesos.
Además, se nos planteó que, aun en el caso de los jóvenes, sin cambiar quiénes son los beneficiarios, se haga un mejor cálculo de cuál sería el uso real de ese beneficio. Eso es lo que estaríamos proponiendo ahora: una reducción del presupuesto de Cultura, no porque estemos cambiando la definición de los beneficiarios ni cómo serían beneficiados los jóvenes, sino, si me permiten la expresión, calculando mejor, con mejores antecedentes, cuál va a ser la tasa real de uso. Los demás antecedentes se pueden entregar. Eso es lo primero respecto de Cultura.
El segundo planteamiento, Presidenta, es que creemos que este ahorro de recursos en Cultura se podría traspasar íntegramente a la partida de seguridad. Para ser justos, la partida de seguridad ha sido criticada de forma bastante transversal. Nosotros, como Ejecutivo, la hemos defendido, pero describo un hecho: en la Cámara de Diputados fue rechazada de forma unánime y, después, en el Senado probablemente fue aprobada como una forma de no tener un rechazo en doble instancia. Entonces, propondríamos aumentar la partida de seguridad. ¿En qué ítems y de qué manera? Creemos que eso se puede discutir y convenir, porque también hemos tenido diferencias respecto de cómo se gastan los recursos en seguridad. Por lo tanto, estaríamos abiertos a construir un acuerdo respecto de cómo esos recursos se pueden gastar de mejor manera, de manera más eficiente, entendiendo que, como el presupuesto de Cultura no es de grandes montos, tampoco será un traspaso gigantesco; por lo mismo, debemos esforzarnos para que ese aumento se gaste de la mejor manera posible. Allí podemos construir con ustedes un acuerdo y recibir, eventualmente, propuestas de su parte.
Entonces, eso es Cultura; eso es Seguridad. Entenderíamos que, en el caso de la partida Congreso, lo que a nosotros nos gustaría es que se repusiera la glosa planteada en el Senado. Creemos que no debiera haber tanto debate respecto de ese punto, pero, por supuesto, es la postura del Ejecutivo; debemos escuchar la postura de ustedes.
Después, Presidenta, está el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Lo que ocurrió es que hubo un rechazo en el Senado y una aprobación en la Cámara, también con mucho debate, respecto de la partida del INJUV, que tiene una reducción en el presupuesto actual. Y también se rechazó en dos ocasiones —cuestión que a nosotros nos gustaría revertir— el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, una iniciativa impulsada durante el gobierno del Presidente Piñera.
—Sugiero, Ministro, que hagamos lo siguiente para ordenarnos: veamos todas las cosas que están en la mixta y, después, en un acápite aparte, las que no están y que le interese al Ejecutivo poder discutir. Para el orden, ¿le parece?
—Lo puedo mantener; de hecho, ya casi no me quedan cosas que no estén. Planteo lo del programa porque, además, es relevante esa conversación respecto a los recursos.
—Sí, sí, pero, si le parece, separemos para tener orden mental todo, ¿ya? Y después, obviamente, escuchamos la propuesta. Senador Lagos, por cierto.
—No quiero entrar a negociar todavía; me parece bien como metodología. Solo la salvedad de que, más que si está o no en la mixta —porque son aquellos temas en los cuales hubo diferencias entre ambas Cámaras—, todo puede estar abierto en la mixta a ser propuesto, incluso aquello que ni siquiera se nos ocurre. Podemos tardar varios días; no limitemos nuestra imaginación.
Insisto: planteaba lo de ese programa porque tiene un presupuesto de ochocientos millones y, en lo sustantivo, el uso es muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, uno podría convenir hacer un presupuesto sustantivamente menor.
Voy a hacerme cargo de dos cuestiones que han sido planteadas en el debate. Primero, lo de INJUV, respecto de lo cual tenemos que construir una solución; y segundo, lo relativo al programa de la Fundación Deportistas por un Sueño, que generó mucho debate en el Senado y también en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aun cuando inicialmente estaba en el Tesoro Público, podría alojarse en MIDESO, cuya partida está abierta en esta Mixta; por eso lo planteo en ese contexto.
Por último, hay un conjunto de temas en el articulado —la mayoría de ellos radicados en la Mixta— que son muy relevantes para el funcionamiento de las finanzas públicas, más allá de los debates específicos que implican.
Lo primero es el artículo que mantiene como voluntaria la adscripción de los profesores de los colegios particulares subvencionados a la carrera docente. Esto es relevante por dos razones: muchos, pese a que podrían, no lo han hecho, lo que sugiere que algunos no quieren hacerlo; si se vuelve obligatorio —como quedaría si se rechaza este artículo— podría perjudicarlos. Y, además, tiene implicancias fiscales: hacerlo obligatorio supone un costo del orden de 100 millones de dólares. Propondríamos dejarlo, al menos por un año más, como voluntario. Así, nadie queda peor por ser voluntario y, usando las mismas tasas de uso existentes, puede proyectarse el efecto en ingresos: un impacto cercano a 100 millones de dólares, que no es irrelevante en esta conversación.
Algo similar ocurre respecto de uno de los fondos de Fuerzas Armadas que se discutió en el Senado: no tiene implicancias en el balance estructural, porque no es gasto “sobre la línea”, pero sí afecta la deuda. Estamos hablando de unos 0,3 puntos del PIB y, por tanto, si hubiera que financiarlo con deuda —lo que probablemente ocurriría— estaríamos ante un aumento de la deuda de 0,3 puntos del PIB.
Termino señalando, Presidenta, algunos artículos que fueron aprobados pero que, a nuestro juicio, son muy complejos y desafiantes para las finanzas públicas a futuro. Uno es el artículo 51, que incorpora un “gatillo” según el cual no se podrían entregar beneficios a menos que se cumplan ciertas condiciones macroeconómicas; en la forma en que está planteado, generará un problema operacional muy complejo, por lo que nos gustaría revisarlo. Y, por último, algo que se perdió en el Senado por muy poco, por tratarse de norma de quórum en la partida Tesoro Público: la posibilidad de que los GOREs hagan aportes a empresas públicas. Ayer esto fue planteado por el diputado Bianchi también en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Esos son nuestros puntos. En resumen, Presidenta: los dos movimientos más grandes tendrían que ocurrir en seguridad y en cultura. Son movimientos complementarios que van en línea con lo que nos han planteado oposición y oficialismo; los cambios en cultura, más bien desde la oposición; los cambios en seguridad, diría, son transversales. Planteamos total flexibilidad para buscar —condicionados a que tenemos recursos acotados y debemos mantener el diseño de responsabilidad fiscal— una reasignación de recursos en los términos propuestos, recogiendo en particular los planteamientos de la oposición respecto de su distribución. Ese es nuestro primer planteamiento; no entra en tanto detalle, pero da una idea general de por dónde creemos que se puede construir un acuerdo en esta Mixta, ojalá unánime, Presidenta.
—Ok, gracias, Ministro. Ofrezco la palabra al senador Bianchi… Perdón; es que lo tuve de colega diputado.
—Quiero saludar a usted, honorable Presidenta, senadora; a las y los honorables senadores, diputadas y diputados; a la Secretaría de esta Comisión Mixta; y a las ministras y subsecretarias. Colegas, efectivamente el Ministro hace un punto al final que…
Diputado Bianchi: Yo quiero profundizar brevemente en el punto. En la Cámara se votó en contra lo relativo al Tesoro Público y ustedes razonablemente votaron a favor, pero se cayeron normas que son de quórum, tal como se ha señalado. Hay una norma en la Partida 50, glosa 3, que tiene que ver con los aportes que los gobiernos regionales hacen a las empresas públicas; téngase, en el caso de Magallanes, a la Empresa Portuaria Austral (EPA). Magallanes, para los colegas de sectores políticos contrarios, tiene una realidad tremendamente distinta respecto de los puertos, donde no existe participación de privados. Está lo público, y lo público empuja a lo privado, fundamentalmente. Les pido considerar que todo el desarrollo del hidrógeno verde pasa por los puertos, y por eso es tan relevante el aporte que se solicita pueda efectuar el gobierno regional a una empresa pública. Esto además se vincula con el tema tributario y permite desarrollar la infraestructura portuaria. Esta disposición se cayó por un voto. Hubo una discusión distinta a esta y solo les pido encarecidamente que hagamos una profunda reflexión: el daño que se le provoca al territorio antártico y a la Patagonia es enorme si no avanzamos en desarrollo portuario. Por eso es tan relevante este punto, estimada Presidenta, y le solicito se incorpore en el resultado final de esta Mixta.
Diputado Sáez: Muchas gracias, Presidenta. Quiero refrendar el planteamiento hecho por el diputado Bianchi y ampliarlo. No es solamente la región de Magallanes la que se vería profundamente dañada si no se alcanza un acuerdo en esta comisión para que los gobiernos regionales efectivamente puedan aportar a empresas públicas. En general, esta situación podría afectar negativamente a Magallanes, Aysén y también a la región de Los Lagos. Si bien en Los Lagos hay participación de privados en el desarrollo portuario, el rol que juega la Empresa Portuaria de Puerto Montt, tanto para el movimiento de carga de distintas mercancías como para la conectividad, es muy relevante. Ocurre lo mismo con la Empresa Portuaria de Chacabuco, en la región de Aysén, que cumple un papel determinante en la conectividad y, finalmente, en la soberanía. Por lo tanto, es importante alcanzar un acuerdo en esta materia, comprendiendo además que los gobiernos regionales están en disposición de aportar recursos al desarrollo de estas empresas estratégicas para nuestras regiones. Dejo puesto este punto porque es muy importante para el sur de Chile.
Diputado Sauerbaum: Gracias, Presidente. Hay cosas que podemos zanjar rápidamente. Son propuestas que hicimos; por ejemplo, en el artículo 45, respecto de la redacción. Ministro, ahí tenemos una diferencia: no nos oponemos a la iniciativa del Gobierno, sino a cómo se establecen los plazos en lo relativo a la obligatoriedad del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Creo que eso podemos resolverlo con prontitud. Me preocupa, en particular, lo que está pasando con el INJUV, porque el 75% de lo que ustedes proponen se destina básicamente a remuneraciones, y no queda margen para disponer de recursos que permitan ejecutar políticas públicas. Como le repito, el 75% de lo presentado es, esencialmente, para financiar sueldos; por lo tanto, no hay espacio para implementar programas.
Senador Macaya: Gracias, diputado. Parece adecuado que ordenemos la discusión por temas para agilizar lo pendiente. A propósito de lo planteado por el diputado Bianchi y el diputado Sáez, entiendo que hay empresas del Estado que, por razones geopolíticas y de soberanía, no tienen la rentabilidad adecuada y requieren aportes de los gobiernos regionales y del propio Estado; asumo que ese es el caso de Magallanes. Pero quisiera entender, en un contexto más amplio, qué otras empresas o qué gobiernos regionales hoy están aportando recursos, porque, en el fondo, esta es una facultad bastante amplia que se entrega en términos generales. Y, particularmente, considerando que cuando una empresa del Estado funciona bien y es rentable, puede acceder a fianzas y garantías.
…instrumentos financieros del sector privado —y lo hacen de hecho las empresas que funcionan de esa manera, con las autorizaciones respectivas—, pero entiendo, además, que hay características muy particulares en las regiones donde se ejerce soberanía, particularmente en Magallanes. Tengo una duda respecto de la ley de puertos: el artículo 20 de la Ley 19.542, que moderniza el sector portuario, dispone que las empresas portuarias no pueden obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado. ¿Cómo se está haciendo eso en la práctica? Si hay una vulneración a esa norma, quiero entenderlo, porque quizás esta cuestión requiere una solución legislativa un poco más amplia, más allá de la Ley de Presupuestos. Gracias, señora Presidenta.
Diputado.— Brevemente, estimado senador Macaya, comparto su postura. Entendí que esto no es para capitalización de empresas públicas; tiene que ver con determinados proyectos, y esa es la diferencia. En todo lo demás que usted señaló, comparto absolutamente su juicio. Por eso hay una excepcionalidad particular en lo que he planteado: esto es para proyectos que van en la línea de apoyo a la empresa privada —fundamentalmente hidrógeno verde—, pero que deben canalizarse mediante estos aportes del gobierno regional a la EPA, particularmente. Entonces, en todo lo otro comparto su juicio, pero no es este el punto que estamos discutiendo. Gracias.
Diputado Santana.— Gracias, Presidenta. Yo, al menos en esta discusión, estoy con la postura que ha planteado el senador Bianchi, entre otras cosas porque el diputado Bianchi también me confunde; a pesar de que no fui colega como senador, fui colega como diputado. El año pasado, en medio de esta misma discusión, se habilitó la posibilidad de que los gobiernos regionales pudiesen entregar recursos a empresas públicas. En el caso de la Región de Atacama, que me corresponde representar, esta discusión tiene un alto valor, entre otras cosas porque recordemos que el año pasado se cerró la fundición Paipote de la Empresa Nacional de Minería, una de las fundiciones más importantes para una región que es, justamente, de la pequeña y mediana minería. El proyecto de la nueva fundición superó las barreras del Servicio de Evaluación Ambiental y, gracias a que esto se habilitó el año pasado, el Gobierno Regional de Atacama pudo entregar recursos a la Empresa Nacional de Minería, sobrepasando los 8 millones de dólares que tenía la empresa para fines productivos. Me parece que, si los gobiernos regionales —que, dicho sea de paso, se crearon por una discusión que se dio en el Parlamento, en el ánimo de avanzar en la descentralización—, lo mínimo que puede hacer el Parlamento es tener coherencia con la necesaria autonomía que aquellos tienen a la hora de utilizar sus recursos regionales en cosas que les parecen pertinentes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que esto no dice relación con capitalizar empresas que se encuentran en mal estado financiero, sino con inyectar recursos para que puedan seguir cumpliendo la labor que en distintos sectores productivos realizan.
Lo segundo, Presidenta: quería hacer una consulta respecto de una de las cosas que mencionó el Ministro de Hacienda, relacionada con la posibilidad de aplicar la carrera docente en el caso de los docentes pertenecientes a colegios particulares subvencionados. No sé si hay alguno de los colegas que defienda esta indicación, porque yo, al menos, no la entiendo. No la entiendo porque me da la impresión de que los profesores de colegios particulares subvencionados tienen una mejor remuneración si uno hace un promedio, mientras que en el sector público hay una escala de cuatro tramos salariales de acuerdo con la carrera docente. Me gustaría saber la explicación de esta indicación, porque, más bien, me da la impresión —esto es un juicio personal— de que puede perjudicar a los docentes de los colegios particulares subvencionados. Si hay alguien que pueda argumentarla, sería de mucha utilidad para mi posición.
Presidenta.— Gracias, diputado. ¿Alguien más?
Senador Insulza.— Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha planteado el diputado que fue senador; no siempre con el senador que fue diputado, pero con el que fue. Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué no vamos ya avanzando en materia? Perdón, ¿y está en duda que haya cambio en cuatro años más? Porque puede no quererlo el senador; eso puede ser. En todo caso, mi posición no tenía que ver con eso, sino con el hecho de que ya avancemos, porque si vamos cada uno planteando el problema…
Presidenta.— Ok. Entiendo esta parte como más genérica para que todos puedan expresarse y luego vamos a bajar. Directora, me está pidiendo la palabra el diputado Barrera; se la daré a usted al final. Y luego, el diputado…
Gracias, Presidenta. Solamente para aclarar una duda respecto de lo planteado por el diputado Sauerbaum: ¿podría explayarse un poco más en relación al INJUV? Usted señaló que el presupuesto considera solamente contratación o pago de remuneraciones. ¿Lo que está solicitando específicamente es aumentar el presupuesto del INJUV para financiar programas? Es para entender la postura. Yo entiendo que es una decisión difícil, pero no podemos tener una institución que solo tiene personal, sin recursos para ejecutar ni operativizar ninguna medida. Ese es el tema. Cuando uno revisa los números, Ministro, no tiene ninguna justificación. Por ejemplo, hablé con ellos y reconocen que tienen personal, pero no recursos para ejecutar nada, y casi todo lo realizan de manera voluntaria. Me dieron un ejemplo concreto: cuando hay una inundación, hacen una campaña por redes sociales, convocan a gente, compran —con suerte— las palas, o se las traen ellos mismos, y salen a trabajar. Así funciona el INJUV, así de precario. Entonces, si vamos a tener una institución de ese tipo, en donde gastamos el 75% de los recursos solamente para mantener a la dotación, no tiene ningún sentido. Y le reitero, Ministro: el propio estudio sobre la ejecución del gasto público recomienda simplemente eliminarlo o financiarlo adecuadamente.
Respecto de lo mismo, Presidenta, y también en relación con lo del PAIC, por el volumen de recursos del que estamos hablando —y como lo manifestó el Ministro en su intervención—, creo que todo debe tener cierta coherencia para alcanzar un acuerdo. Yo también conversé con los funcionarios del INJUV. Efectivamente, este es un servicio respecto del cual el Congreso debería sincerar su posición: o queremos ser los sepultureros de este instituto, o —como nos piden los funcionarios— alcanzar un acuerdo que les permita una operación real durante 2026, en la perspectiva de una reconfiguración institucional. De hecho, en la comisión asesora para el gasto hay recomendaciones en torno al INJUV, y sus funcionarios son conscientes de ello. Es evidente que, si uno revisa sus presupuestos, año a año han ido decreciendo; por lo tanto, hay que sincerar esa conversación. Me parece que debemos avanzar en garantizar sus recursos y que, a partir de enero del próximo año, exista un trabajo que impulse una reconfiguración institucional acorde a las nuevas demandas de la juventud de Chile y a cómo se ha ido configurando el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, a través de Mejor Niñez u otros servicios, donde finalmente no deberían funcionar de manera aislada como hasta ahora. Estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Sauerbaum, entendiendo que hoy la oferta programática es prácticamente nula y que lo que ejecutan lo hacen, más bien, a través de los gobiernos regionales o mediante el convenio con el PNUD, al que se puso término anticipado. Con todo, es plausible mantener esos recursos para asegurar la operación durante 2026 y establecer un compromiso de reconfiguración. Y me señala el diputado Santana que estos recursos permiten mantener la operación de dos sedes regionales, Maule y la Región de Aysén. Si hoy cerramos esa llave, en definitiva estamos clausurando este instituto en dos regiones donde también hay juventud y población que requiere sus prestaciones. Es una discusión que debe sincerarse: su configuración institucional está agotada y necesita actualización, pero eso no se logra dejándole las cuentas en cero.
Gracias, diputado. Antes de dar la palabra a nuestros diputados visitantes de la comisión, creo que este es un tema que probablemente va a exceder el ámbito de esta Comisión Mixta, y los datos son bien duros. El término anticipado del convenio con el PNUD significa que hay 37 personas que no van a seguir trabajando; significa que Aysén y Maule, cuyas oficinas se financiaban a través de ese convenio, no podrán seguir operando; significa que la presencia en Rapa Nui, que es de los pocos servicios que se mantiene allí, tampoco continuará. Y es extraño que un servicio, un instituto, funcione en esas condiciones.
Le cuesta ocho mil millones al fisco tener estos dramas y dilemas, y a Mejor Niñez le rebajamos cinco mil millones. Es contraintuitivo, no se entiende. Insisto: no lo vamos a resolver en esta comisión, pero claramente, a la luz de lo que nos plantean los propios miembros del INJUV, hay un problema que requiere una mirada mucho más amplia de rediseño institucional y una discusión aquí en el Parlamento. No puede ser que, por la vía del presupuesto, terminemos con el término de un espacio que, al menos para mí —hablo a título personal—, es importante. Los jóvenes debieran ser relevantes para la toma de decisiones políticas. Lamentablemente, año tras año se está decidiendo otra cosa; el PNUD es un buen ejemplo: no estamos poniendo el foco donde debiéramos. A partir de lo que plantea el diputado Sauerbaum —que tiene razón—, es extraño que tengamos un instituto que solo esté financiando remuneraciones, pero no cuente con un programa, con financiamiento y con una política pública orientada efectivamente a las y los jóvenes de nuestro país.
Ahora, para entender: se dice que el presupuesto del INJUV es de ocho mil millones, de los cuales cerca del 75% corresponde a remuneraciones y contratas —estamos hablando de unos seis mil millones de pesos—. La pregunta es si esos seis mil millones están en la categoría de gastos permanentes. ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? ¿Seguirían contratados igual, la mitad, o depende de la naturaleza jurídica de las contrataciones? Es importante entender el efecto de no hacer nada, si va a seguir funcionando igual o no.
Señora Presidenta, en esa línea: el INJUV no desaparece por el solo hecho de votar su presupuesto en contra. Efectivamente, permanecen los gastos permanentes; por lo tanto, tampoco necesariamente se termina el programa con el PNUD. Para despejar eso, lo relevante aquí es definir qué va a hacer el INJUV de aquí en adelante. Tenemos un problema real: si uno le pregunta a los jóvenes “¿a dónde vas cuando tienes problemas?”, no van al INJUV. Si necesitan pase para el transporte, van al Ministerio de Transportes; si requieren pase cultural, van a Cultura. No hay nada sustantivo que identifique a los jóvenes con el INJUV. Y, sin embargo, de ese otro 25% del presupuesto, hay un par de estudios cuyos alcances y resultados no tenemos claros. Entonces, sin plantearlo a la rápida ni proponiendo sacar a funcionarios a honorarios o a contrata —porque ellos son los que finalmente quedan en riesgo—, debemos darle un norte al instituto. Lo que no podemos hacer es mantener una oficina con un nombre que no representa la realidad ni las necesidades de la juventud.
Muy breve, Presidenta: a propósito de lo señalado por el diputado Donoso, concuerdo en que una institución que aborde políticas de juventud debe dotarse de mayor presupuesto, más programas y mayor incidencia en este sector. Pero no pretendamos que un instituto resuelva problemas estructurales como el empleo o la educación; no es su función. El INJUV debe diseñar políticas públicas que se adopten dentro del Estado para su implementación, y con ello contribuir a resolver o al menos avanzar en dichas problemáticas.
Me preocupa que la eliminación del presupuesto a los programas PNUD signifique, entre otras cosas, no solo un tema de remuneraciones, como aquí se ha señalado, sino también la desaparición de direcciones en dos regiones del país, Aysén y Maule. De hecho, acá hay representantes de esas dos regiones y, por lo tanto, creo que es importante que este Instituto, en el próximo gobierno —cualquiera que sea; yo espero que sea el de mi Presidenta Jara—, pueda robustecerse a través de un proyecto de ley, mejorar esta institucionalidad y fortalecerla desde el punto de vista presupuestario también.
Gracias, Presidenta. Para entregar algunos antecedentes a la discusión. Primero, sobre el INJUV, aclarar que su presupuesto efectivamente es de 8.000 millones de pesos, de los cuales 6.000 millones de pesos corresponden hoy a oferta programática. Es una oferta acotada, pero considera, entre otros, 700 millones de pesos en un programa de desarrollo juvenil cívico y social, además del Observatorio de la Juventud, el chat Hablemos de Todo y el programa Hablemos de Todo. Esa es la oferta programática vigente.
Perdón, Directora, una pregunta, porque es bien importante: ¿por qué en Mejor Niñez se recortaron 3.500 millones en personal?
Lo voy a revisar, pero en Mejor Niñez hicimos un aumento de como 40.000 millones de pesos.
Luego, en términos de leyes permanentes, de esos 8.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos son leyes permanentes; en gasto en personal son 1.200, más bienes y servicios de consumo por 30 millones de pesos. Es decir, 6.800 millones de pesos son no permanentes; eso se considera como el gasto variable del INJUV. ¿Qué comprende el gasto permanente? Principalmente la dotación de planta; los honorarios y las contratas están por otra parte.
Respecto del convenio con el PNUD —y esto es relevante para la discusión—, durante mucho tiempo existieron convenios donde no solo se financiaba el objeto del convenio, sino también gastos de operación o de personal de los ministerios. A partir, sobre todo, de la Ley de Presupuestos 2024, y en conjunto con las normas que los parlamentarios han ido aprobando, hemos buscado reflejar mejor aquello presupuestariamente, evitando que organismos multilaterales o fundaciones, a través de sus convenios, contraten personas que ya llevan cinco años dentro del servicio, que incluso a veces tienen correos electrónicos del servicio, etcétera. La idea es que el convenio financie su objeto —asistencia técnica— y no la operación del servicio. Si una oficina regional está siendo financiada por un convenio del PNUD, eso debiese ser parte del gasto operacional del servicio y no de un convenio.
Luego, en términos de gobiernos regionales y empresas del Estado, señalar primero que la glosa efectivamente no se trata de una capitalización de empresas estatales, sino de recursos que se autorizan mediante un convenio de programación o convenio de transferencia. Los convenios de programación no son programas de un año; en general, se trata de inversiones de más largo plazo, y la razón por la cual se incorporó esto es precisamente para incentivar y fortalecer inversiones de mayor plazo dentro de los gobiernos regionales. En particular, las empresas portuarias no son empresas deficitarias; en este sentido no se está financiando déficit, sino gastos de capital. Además, las empresas portuarias son de aquellas cuyas utilidades también llegan al Fisco; hay retiro de utilidades que, si bien no es de la magnitud de ENAP u otras empresas, en suma entre todos los puertos alcanza del orden de 10 a 15 millones de dólares, dejando, además, un porcentaje importante para que puedan reinvertir. ¿Qué tipo de convenios de programación…?
Algunos están totalmente tramitados y otros en trámite. En ENAMI se repusieron equipos chancadores en las comunas de Tocopilla y Taltal. En la Región Metropolitana, se efectuó el traslado de la ventilación de Baquedano en la Línea 1. En ENAMI, además, en las comunas de Copiapó y Chañaral, también se instalaron equipos chancadores.
En el caso del Gobierno Regional de Magallanes y de la Empresa Portuaria Austral (EPA), estos son los proyectos que están dentro del convenio de programación: la construcción del nuevo terminal de pasajeros del muelle Arturo Prat y el financiamiento del 60% de la inversión en la adquisición de grúas del puerto terminal en el puerto Mardones. Cabe señalar que, en los proyectos estratégicos de EPA, el GORE aporta alrededor del 37% y el resto de la inversión la realiza la empresa. Esto está habilitado por glosa para las empresas del sistema SEP, y lo relevante es que el Comité SEP de la CORFO les hace un seguimiento estratégico, de modo que no quedan únicamente con el apoyo presupuestario de la Dirección de Presupuestos.
Sólo para terminar, sobre el INJUV. Efectivamente, la Comisión de Gasto también reflexionó sobre cómo podemos remirar el INJUV, toda vez que cuando nació el instituto no existía la Subsecretaría de la Niñez, no existía el Ministerio del Deporte propiamente tal, ni el Ministerio de las Culturas. Si bien su propósito sigue vigente, cabe una reflexión que no es materia de la Ley de Presupuestos, sino de cómo el Ministerio de Desarrollo Social, en su momento, había pensado que estuviera en la Subsecretaría de la Niñez y no en la Subsecretaría de Servicios Sociales. Hay varias dimensiones que se podrían revisar con un estudio que muestre hacia dónde debiera vincularse. Institutos relativos a la juventud existen en varias partes del mundo también. Eso sería, Presidenta.
— Diputado Arroyo, usted quería plantear algo.
Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los senadores, diputadas y diputados, y a las autoridades presentes. Yo vengo a abogar por la Fundación Deportistas por un Sueño, que el año pasado apareció vía glosa con 90 millones, sólo para terminar el año. ¿Por qué vía glosa? Porque es la única manera de que esta institución pueda existir, puesto que no tiene línea de financiamiento ni de postulación, ya que atiende a niños enfermos, no a niños con discapacidad; por eso se incorporó vía glosa. En realidad, lo que ellos requieren anualmente son 350 millones. Conversé con la Ministra Toro en el presupuesto anterior, porque, como digo, no pueden postular; no existe esa línea y tampoco durante el año se generó para que pudieran ingresar de esta manera. Hay una transversalidad de diputadas y diputados, y también de senadoras y senadores, respecto de que esta es una obra que funciona, que tiene un instituto, una edificación, y que ha rendido todos los años como corresponde. Por eso solicitamos que el Gobierno, en compromiso ya con el Ministro Grau, pueda incorporar estos 350 millones para que esta obra funcione, para dar dignidad, en el caso de la muerte de los niños. No me voy a extender más. Espero que exista aquí un compromiso, porque sé que durante la discusión también había compromiso de parte de senadores y diputados. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputado. Queda consignado su planteamiento, que es algo que preocupa a muchos y a muchas, entre las que me incluyo.
Sí, gracias, Presidenta. Sólo en aras de avanzar, quería proponer que suspendiéramos la sesión para construir un acuerdo. Porque aquí podemos todos intentar arreglar el mundo a propósito de esta Comisión Mixta, pero tenemos que construir un acuerdo.