Cámara de Diputados - Familia - 1 de diciembre de 2025

En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión número 112 de hoy lunes 1 de diciembre de 2025, de la Comisión de Familia. El acta de la sesión 110 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 111 se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor Secretario dará lectura a la Cuenta. Gracias, señor Presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión: Oficio N° 912 de la Subsecretaría de la Niñez, señora Valeria Silva, por el cual se responde nuestro oficio N° 194, y se remite el oficio N° 888 del Director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo, relativo a antecedentes de índole presupuestaria acerca de organismos colaboradores acreditados de dicho Servicio. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre normativa de atención preferencial y prioritaria; y otro informe de la misma Biblioteca sobre atención preferente y priorización para prestaciones y beneficios sociales. Se informa, asimismo, que el Director Nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señor Claudio Castillo, se conectará a nuestra sesión de manera telemática, debido a que deberá recibir a una delegación argentina agendada con antelación. De igual forma, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Antonia Orellana, se excusó de asistir a la sesión de hoy por compromisos impostergables en Santiago, agendados con anterioridad. Carta del Ministro de Educación.

El señor Secretario da cuenta de la excusa del señor Nicolás Cataldo, quien se excusa de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos impostergables previamente agendados. Reemplazos: el diputado Cornejo por la diputada Natalia Romero. Pareo del diputado Cornejo y la diputada Carolina Tello. Es cuanto hay en la Cuenta. El señor Presidente: Gracias, señor Secretario. Sobre la Cuenta. Una señora diputada: Solicito el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional; si lo pueden enviar para tenerlo a disposición en esta sesión, idealmente por WhatsApp, para que todos podamos revisarlo, porque se va a votar hoy, al final de la sesión, el proyecto por el cual estamos citados. Un invitado: Por mis hermanos que ya han muerto... El señor Presidente: Todavía no partimos; estamos viendo temas administrativos y después podemos ver lo que usted sugiere. ¿Hay más intervenciones sobre la Cuenta? No habiendo, pasamos a Varios. A sugerencia de nuestro invitado, antes del punto Varios realizaremos un minuto de silencio. Con este proyecto, precisamente, buscamos resguardar y recuperar parte de la dignidad que el Estado les ha quitado. Se acoge el planteamiento y se procede. Puntos varios. La señora diputada Pizarro: Solo una cuestión de orden administrativo, presidente. Salvo aquellas respuestas a oficios que vengan con embargo de información o que deban revisarse por contener datos sensibles, solicito que, cuando lleguen oficios y documentos, la Secretaría los envíe por WhatsApp antes de iniciar la sesión. Ahora debemos discutir el proyecto de ley y no alcanzamos a leer la información de la BCN. Propongo tomarlo como acuerdo, como ocurre en otras comisiones. El señor Presidente: Los documentos se hacen públicos una vez que se da cuenta. Si por unanimidad se acuerda que los oficios de interés de las diputadas y los diputados sean enviados con antelación, no hay inconveniente en que la Secretaría los remita. Se acuerda por unanimidad. La señora diputada Muñoz: Gracias, presidente. Entiendo que la solicitud de la colega se refiere a un informe que entregó la Biblioteca para el estudio de un proyecto, lo que es distinto, pero el acuerdo adoptado lo cubre.

Presidente: Entonces, lo de la cuenta debe ser público durante la lectura de la cuenta. Son dos elementos distintos. Hay que tomar en cuenta ese detalle, pero, respecto del punto que hace la colega, efectivamente es un documento que se necesita para el estudio de un proyecto. Entonces, es distinto, presidente. En ese sentido, tomo el acuerdo para documentos que son para la tramitación de proyectos. Con respecto a documentos de la cuenta, son temas distintos. ¿Usted dice, diputada, respecto, por ejemplo, de los documentos que han sido solicitados? Hay que entender que son documentos de utilidad para el trabajo de la comisión para un proyecto; en ese sentido, se pueden mandar antes, se entiende el sentido natural de la petición. Ahora, cuando son oficios solicitados por los diputados por temas puntuales, hay que esperar a que se den cuenta y se hagan públicos. Pero, en este caso, tiene toda la razón la diputada Pizarro: habría que haberlo mandado antes, para conocimiento de los diputados, porque es para este proyecto. Se acuerda solicitar que, apenas estén los documentos disponibles, sean remitidos para el estudio de los proyectos. Acordado. Diputada: Gracias, presidente. Quiero hacerlo esta vez formalmente —lo pedí por el chat—. En Tiltil, un grupo de niños fue afectado por una intoxicación por medicamentos, aparentemente entregados por alguna educadora o alguien que trabaja en un jardín de la Fundación Integra. Esto tuvo graves consecuencias en la salud de los niños: presentaron somnolencia extrema, la cual impedía que reaccionaran a estímulos normales para un niño. Esto no puede pasar ni en Tiltil ni en ninguna parte de Chile, menos en un lugar a cargo del Estado. Por eso, me gustaría pedir el acuerdo de la Comisión para invitar a la directora de la Fundación Integra, para que no solo dé cuenta de esta situación, sino que además nos explique cómo vamos a evitar que esto vuelva a suceder en cualquier jardín de Chile. No son solo seis niños; en definitiva, son todos los niños de Chile bajo la tuición o el cuidado de Integra cuyos padres hoy están acongojados. Creo que es importante que dé cuenta ante la Cámara de Diputados, a pesar de que existe una investigación penal que espero avance con velocidad. Presidente: Gracias, diputada. Entonces, usted propone insistir en la invitación. ¿La directora se excusó o no respondió? Le hicimos una invitación con poco tiempo. Insistamos en la invitación. ¿Tenemos acuerdo para invitarla a la próxima sesión? Se cita a la directora de la Fundación Integra para el 15 de diciembre, considerando que el próximo lunes es feriado. Acordado. Diputada Gazmuri: Muchas gracias, presidente. Saludo a quienes nos acompañan hoy en la sesión y a mis colegas. Esta mañana acompañé a dirigentes en un punto de prensa: a los de ANTRAP, ANFUSEPNA y otras agrupaciones. Fue un punto de prensa doloroso; ya viene a ser la gota que rebalsó el vaso. ¿A qué se refería? A la situación en que quedan hoy día expuestos con el nuevo pronunciamiento de la Contraloría respecto de los pagos promedios. Esto afecta de forma muy importante a quienes trabajan en el sistema de protección. No solo tiene una dimensión vulneratoria de derechos laborales —sabemos que son trabajadores y trabajadoras bajo condiciones particularmente estresantes, presionantes, muchas veces no exentas de episodios conflictivos—, sino que además esos pagos permitían, de alguna forma, extender turnos y reemplazar a quien por alguna razón no estaba disponible. Con esta resolución, si se aplicara estrictamente, el Servicio estaría fallando en su cometido, porque tendría que dejar de atender a niñas, niños y adolescentes de la forma en que debe hacerlo. Lo digo como un corolario: ya es la gota que rebalsó el vaso.

El último problema viene a rebalsar el vaso, porque no es que haya aparecido recién; los problemas están reflejados y es muy importante tenerlo claro en el informe bastante profundo que se presentó en noviembre de este año por parte de ANTRAP, el Informe 2025, que da cuenta de la crisis histórica que tenemos en la protección de la niñez en Chile. Lo que está ocurriendo es sumamente grave. Creo que aquí se nos hace un llamado, una interpelación directa al Poder Legislativo respecto de lo que necesitamos corregir. Se nos demanda impulsar, con carácter de urgencia, una reforma legal express que determine la naturaleza especial del trabajo en el sistema de turnos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; establecer mediante ley una regla clara y permanente sobre el pago promedio, reconociendo estas horas como parte de la jornada ordinaria; y revisar el impacto del dictamen en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, considerando el deber estatal de protección reforzado y consagrado en la Ley 21.302. Asimismo, impulsar la discusión del sistema de cuarto turno en el Servicio de Protección. Estuvieron presentes el presidente de la CUT y el presidente de la ANEF; es un tema sensible por su dimensión laboral, pero, sobre todo, por la garantía de derechos. Traigo esto a la comisión porque nos interpela directamente como Poder Legislativo: debemos tomar acción. Va en la línea de lo que hemos venido trabajando y conversando aquí, pero tiene carácter de urgente; debe resolverse ya. De no hacerlo, la crisis se agudizará, peor aún de lo que estamos viviendo ahora. Eso, Presidente. Sí. Además de tomar conocimiento, quisiéramos oficiar al Servicio, manifestar nuestra preocupación y el apoyo a estas demandas, y hacernos cargo de cómo avanzamos para encontrar una solución a esta situación. Todavía no hemos iniciado formalmente la sesión, pero si el Director del Servicio de Protección, señor Claudio Castillo, está escuchándonos, quizás pueda tomar nota de lo planteado por la diputada Gazmuri y, eventualmente, brevemente darnos algún lineamiento, más allá de que nosotros podamos oficiar como comisión. Diputada Pizarro. Muy breve. En relación con lo señalado por la diputada Gazmuri, entiendo que esto se encuentra en la Contraloría. Yo oficiaría a la Contralora para que informe cuál es la determinación y en qué se basa para este tipo de decisión. Acá hemos discutido y hemos recibido muchas veces a los dirigentes de ANTRAP, también al Director, y, efectivamente, lo contrario de lo que aquí se plantea son horas disponibles o funcionarios que siempre faltan para la atención de niñas, niños y adolescentes. Solicitaría un oficio explicativo de la Contralora respecto de los fundamentos de esta determinación, porque es bien peligrosa a la luz de todo lo que hemos conocido; es bastante complejo. ¿Estamos de acuerdo con ese oficio a la Contraloría? Acordado. Valga decir que la semana pasada —o antepasada— se dio cuenta en esta comisión de la respuesta de la Dirección del Trabajo respecto del cuarto turno, donde se abrió la posibilidad de flexibilizarlo. Ya es una buena noticia: algo que tenían los LEAM; ahora, por lo menos, a los organismos colaboradores se les está dando la posibilidad de ejercer su función, que, por la naturaleza de su trabajo, tiene que ser permanente. Muchas gracias. ¿Algún otro punto en Varios? No. Entonces, vamos. Diputada Pizarro. La semana pasada quedamos en que íbamos a ponerle el pie al acelerador a nuestra mesa de las niñeces y adolescencia. Solo consultar si eso está avanzando o hay que reforzarlo esta semana, Presidente. Según me informó Mayda, el documento está listo; ahora se encuentra en revisión de sus propios asesores. Ustedes deben ver con ellos las observaciones, etcétera, para finalmente decidir qué haremos con él. Me da la impresión de que lo presentaremos al Ejecutivo para que, en base al presupuesto y a todo eso, desarrollen eventualmente un proyecto o un lineamiento. Gracias.

Tiene que apretar el botón que está bajo el micrófono y señalar su nombre. Mi nombre es Cristian Acosta, soy egresado de hogares de menores de Sename en los años 90. Quisiera plantear algo para que no se nos pase durante la sesión. En la reunión anterior que tuvimos con la Red de Egresados y con Voces ex Sename, se acordó hacer seguimiento al tema de la Comisión de Verdad de la Niñez: ver en qué se está trabajando, cómo podemos abordarlo a futuro y mantener estas reuniones para dimensionar el alcance real de este esfuerzo. Nos preocupa que, con un eventual cambio de gobierno, esta comisión pueda eliminarse o no tener continuidad, perdiéndose el trabajo realizado. Sería muy grave, además, jugar con las expectativas de los jóvenes y niños que ya entregaron su testimonio ante esta comisión. Eso sería muy serio si al término de este gobierno esto se corta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, cuando ustedes vinieron, a la sesión siguiente se invitó a la Directora de Presupuestos, al Ministro de Hacienda y a otros personeros. Lamentablemente ese punto fracasó: todos se excusaron de venir. Debemos perseverar, porque no solo está en riesgo por un eventual cambio de gobierno —donde siempre hay variaciones en políticas—, sino también por la precaria situación en que hoy se encuentra implementada la comisión. Recordamos que contaba con escaso presupuesto y con un plazo acotado, lo que no permite un trabajo de fondo. Lo que está en discusión es si planteamos al Gobierno —el actual o el siguiente— la continuidad de esta instancia y cómo entregar más recursos o, al menos, la disposición para que se desarrolle su labor. Lamentablemente no hemos tenido respuesta del Ejecutivo. Por eso corresponde discutir qué haremos como comisión: hay cosas en curso, pero también nos cabe la responsabilidad de representar estos temas. Cerrado ese punto, corresponde tratar el número uno de la tabla: recibir a la Presidenta de la Fundación Integra, señora María Victoria Peralta, para que exponga en el contexto de la denuncia realizada por apoderados de un jardín infantil Integra de la comuna de Tiltil, Región Metropolitana, donde sus hijos, bebés y menores de 3 o 4 años, habrían sido sedados y se les habría suministrado drogas o medicamentos sin autorización al interior del recinto; hechos que se habrían detectado por episodios de somnolencia extrema y falta total de reacción a estímulos, y que habrían comenzado el 15 de octubre recién pasado. La Presidenta María Victoria Peralta fue invitada y no ha dado respuesta; por lo tanto, ya tomamos acuerdo en esta comisión para insistir en su citación para el lunes 15. En consecuencia, pasamos al segundo punto de la tabla: continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Chiara Barchiesi, Sara Concha y Natalia Romero, y de los diputados señores Felipe Donoso, Jorge Saffirio, Stephan Schubert y Francisco Undurraga, que establece derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales, a personas que indica, Boletín N° 17.645-18, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para tales efectos, se escuchará la exposición de las organizaciones convocadas y, luego, se votará en general el proyecto. Se deja constancia de que los Ministros de Educación y de la Mujer y la Equidad de Género se excusaron y no enviaron representantes. Se encuentra, en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la señora Katherine Ortega, acompañada de la señora Janet Tapia.

En la mesa: el señor Cristian Acosta, acompañado por la señora Rosa Bratesco, de Voces Ex Sename. El secretario informa que se envió al WhatsApp de la Comisión el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional para quienes deseen revisarlo de cara a la votación que viene al final de la sesión. Sin más, se ofrece la palabra a don Cristian Acosta, de Voces Ex Sename, quien dispone de quince minutos para su planteamiento, considerando que hay más expositores y posteriormente habrá preguntas y un espacio de discusión para definir la votación al término de la comisión. Muchas gracias, presidente. Hoy vengo a hablar por quienes no tuvieron voz, por quienes han sido silenciados, por quienes murieron a manos del Estado que debía protegerlos. Vengo como sobreviviente del sistema, pero también como portavoz de quienes no pudieron llegar hasta aquí. Lo que sucede en el sistema de protección no es un error aislado: es una violación sistemática de derechos, sostenida por la negligencia en la protección y la falta de fiscalización real. En honor a algunas víctimas, nombro sus nombres y fechas: Griset Villa, fallecida el 11 de abril de 2016; Daniel Andrés Ballestero Pérez, asesinado el 23 de noviembre de 2013 en el Centro Metropolitano Norte de Tiltil; Sebastián, de 17 años, quien se suicidó el 9 de enero de 2025 en el CIP San Joaquín. Sus muertes no son números: son historias vivas de un sistema que no supo proteger. A esto se suma la existencia de redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que han captado a menores institucionalizados, muchas veces con la mirada pasiva de quienes debían cuidarlos. También están los organismos colaboradores, financiados por el Estado para administrar estas residencias, que en demasiados casos actúan bajo conflictos de interés: se prioriza el número de cupos y el convenio por sobre la dignidad de los niños. La fiscalización es débil, simbólica o nula. Hay residencias sin condiciones mínimas, profesionales insuficientes, jóvenes sobremedicados para controlarlos y denuncias que quedan sin consecuencias. Hoy se habla de reformas, de nuevos servicios y de modernización, pero para las víctimas nada ha cambiado: el dolor sigue siendo el mismo. Cambiar el nombre de un sistema no ha cambiado la lógica ni ha detenido la violencia. Esta no es solo una crisis administrativa; es una violación masiva y sostenida de los derechos de la infancia. Por eso exijo a esta Comisión crear mecanismos de fiscalización real, continua y efectiva en todas las residencias; buscar fórmulas que pongan fin a los conflictos de interés con los organismos colaboradores; y, junto al Ministerio de Justicia, establecer mecanismos claros para hacer efectivas sanciones claras y rotundas para quienes violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mis hermanos pequeños. No más dañados bajo la custodia del Estado. No más silencios cómplices. No más infancias destruidas. No más silencio. Creo que es muy importante que podamos avanzar de una vez por todas y no quedarnos en un maquillaje político o en una frase pomposa que solo pone el foco en algo. No: los niños deben ser primero, realmente, esta vez. Y ahora, señor Presidente, voy a lo que nos convoca hoy, que es la modificación del proyecto que estamos tratando. Señoras y señores de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados: el texto original del artículo 1 se limitaba únicamente a una atención preferente para mujeres embarazadas en trámites administrativos. Esta redacción, de carácter meramente declarativo, no genera obligaciones reales para el Estado; no establecía mecanismos de cumplimiento, no definía estándares mínimos de protección ni vinculaba dicha preferencia con la protección integral.

Respecto del niño por nacer, el texto original tampoco consideraba el contexto de riesgo social, sanitario o económico de la madre, ni articulaba la atención preferente con un sistema de apoyo efectivo. Asimismo, el texto primitivo no incluía ninguna referencia explícita a acompañamiento psicosocial, derivaciones obligatorias, atención prioritaria de salud mental, prevención de la violencia intrafamiliar o protección frente a redes de explotación. La propuesta sustitutiva presentada introduce un cambio estructural: establece deberes concretos para los órganos del Estado, mecanismos de exigibilidad, derivaciones obligatorias a programas de apoyo materno, acompañamiento psicosocial permanente y garantías mínimas para el bienestar del niño por nacer. Reemplaza la mera declaración por un sistema de protección activa, continuo y verificable. Respecto de los niños institucionalizados —que yo en todas partes les llamo mis hermanos, porque así lo son—, se abordan las violaciones sistemáticas que históricamente han afectado a miles de niños en residencias; la existencia de redes de explotación sexual vinculadas a actores públicos y privados; el negocio que se ha generado alrededor de los organismos colaboradores; y la captación de niños, niñas y adolescentes por parte del narcotráfico, facilitada por la falta de supervisión estatal real. También se reconoce la ausencia de mecanismos para escuchar a los propios egresados del sistema. La versión corregida incorpora estos elementos omitidos en el texto original, integrando por primera vez una perspectiva de responsabilidad activa en prevenir, investigar y sancionar la violación de derechos dentro de las instituciones públicas y privadas. Se incluye, además —y esto es muy importante, porque nunca se ha tomado en cuenta—, la participación obligatoria de egresados de SENAME en las labores de fiscalización, supervisión, seguimiento, evaluación y acompañamiento directo a niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Cabe destacar que nosotros sabemos, empatizamos con nuestros hermanos, dónde están los problemas, dónde podemos fiscalizar, dónde a los servicios muchas veces se les van algunos puntos; nosotros los sabemos identificar bastante bien. Se señala también —aquello que tampoco decía el texto inicial— que la institucionalización aumenta el riesgo de revictimización, explotación, violencia sexual, consumo problemático de drogas y trayectorias penitenciarias, considerando que más del 59% de la población penal pasó por residencias del antiguo SENAME. Como último, incorporamos un artículo que es muy importante y al que me gustaría que se le pusiera más atención de la que se le ha dado hasta ahora: se establece como prioridad la atención en salud mental para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que presenten daños psiquiátricos graves derivados de las violaciones, abusos o vulneraciones ocurridas bajo la responsabilidad del Estado y dentro del sistema de protección de menores. Esta prioridad deberá incluir también a sus madres y cuidadoras principales, quienes han resultado afectadas directa o indirectamente por dichas vulneraciones, reconociendo que muchas de sus vidas quedaron irreversiblemente dañadas. Se exige que el Estado otorgue atención especializada, continua, gratuita y con enfoque reparatorio integral, garantizando acceso oportuno, seguimiento permanente y medidas de apoyo comunitario orientadas a la recuperación y a la restitución efectiva de los derechos. Esto es lo que entregué como documento. Pero les quiero contar el caso de una madre que me ha autorizado, siempre, a relatar brevemente su historia. Ella estuvo institucionalizada desde los tres años. Siendo adolescente, se escapa del hogar e inicia una vida de prostitución y delincuencia por motivos de supervivencia en la calle. Cayó presa con un niño de meses de edad y otro de cinco años. Ambos —el niño de meses y el de cinco años— fueron ingresados al Servicio de Protección. A ella se le avisó, estando en la cárcel, que su hijo menor había sido dado en adopción.